El sindicato UGT ha impugnado la subida de precios de las hamacas de San Bartolomé de Tirajana por “falta de rigor económico y transparencia”, según ha informado este viernes en un comunicado la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (Fesmc).
UGT expone que esta subida “carece de informe económico y financiero riguroso, además de que no se ajusta a un proceso transparente”, por lo que ha presentado una demanda contencioso-administrativo contra el acuerdo del pleno municipal que modificaba los precios del servicio.
Esta medida judicial, que ha sido impulsada por el representante sindical de la citada federación y que cuenta con el apoyo de del sindicato FAOC, se suma a la petición de la suspensión cautelar de la ordenanza, que, si bien ha sido aprobada en el pleno municipal, “aún no se está aplicando en el Servicio Municipalizado de Hamacas y Sombrillas”.
La impugnación se basa en el informe económico-financiero en el que se sustenta dicha ordenanza municipal y que ha sido promovido por la concejalía de Turismo, dirigida por Ylenia Vega.
Desde la central sindical se considera que este informe “no se ajusta a la realidad del servicio”, que, de acuerdo al inventario de hamacas y sombrillas, sería incorrecto, con lo que los datos de ingresos estarían distorsionados y se imputan al servicio costes ajenos a su actividad, además, de que se apoya en una proyección salarial sin base legal, según la nota.
Asimismo, los representantes sindicales denuncian que dicho informe ha sido encargado a una empresa externa, “sin concurrencia ni motivación suficiente, pese a tratarse de un servicio de gran relevancia económica”, lo que a juicio del sindicado “deja patente la opacidad del trámite”.
UGT considera que la aprobación de esta ordenanza “responde a una decisión política que no se sustenta en datos económicos y financieros reales”, fijando precios a “a vuela pluma” con el riesgo de abrir la puerta a una privatización del servicio.
La federación ha recordado que se trata de un servicio municipalizado desde 1997 y aboga para que siga siendo así, ya que advierte de que, de imponerse el modelo planteado por CC y PP, “se pone en riesgo la estabilidad y los derechos laborales de toda la plantilla”.