Las universidades públicas endurecen su rechazo al plan de financiación del Gobierno: “No cubre ni los gastos estructurales”

Los rectores de la ULL y la ULPGC, Francisco Rodríguez (izquierda) y Lluís Serra (derecha)

Europa Press

6 de agosto de 2026 13:46 h (Hora canaria)

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Los rectores de las dos universidades públicas canarias han reiterado este jueves su rechazo a la propuesta de financiación plurianual presentada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, al considerar que el documento, remitido el pasado 28 de julio tras un año de espera, resulta insuficiente para garantizar el funcionamiento de ambas instituciones.

En un comunicado conjunto, Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL) sostienen que la oferta del Ejecutivo autonómico perpetúa la infrafinanciación de las universidades públicas del Archipiélago, ya que los recursos previstos no compensan el incremento de los gastos estructurales acumulado en los últimos años, como los costes de personal, suministros, mantenimiento y reparación de infraestructuras.

De hecho, señalan que, desde agosto de 2025, los equipos de gerencia de las dos universidades públicas, tras varias reuniones técnicas con la Consejería, habrían remitido informes detallados en los que describían “una pérdida de unos 25 millones de euros” en el período 2022-2026 para afrontar sus gastos estructurales.

No incorpora los costes que vienen determinados por la normativa estatal

Concretamente, para 2027, las dos universidades públicas calculan 290,4 millones para garantizar su sostenimiento, y, sin embargo, advierten en el comunicado, la propuesta financiera plurianual de la Consejería “sólo contempla 286,9 millones de euros, por lo que sólo para el próximo año se estima un desfase de 3,5 millones de euros”.

Además, si a ello añaden el incremento retributivo que exige la ley estatal, “este desfase se incrementaría en 11 millones de euros más, lo que supone un total de 15 millones”.

En el documento remitido a la consejera Migdalia Machín, ambas instituciones públicas recuerdan, asimismo, que las universidades comunicaron estos impactos de incrementos retributivos de 2025 y 2026 desde febrero de este año 2026, por lo ahora manifiestan su incomprensión con que se configure una propuesta de instrumento financiero “que no incorpore, al menos, estos costes, que vienen determinados por la normativa estatal”. Como resultado, ambas universidades han calculado que la financiación total para afrontar sus gastos estructurales en 2027 es de 307.780.422 euros.

Reducir dependencia

Entre otras cuestiones, los rectores han hecho especial mención a la necesidad de reducir la dependencia de las universidades de la comunidad autónoma en materia financiera, expresada por la consejera tras la presentación de su propuesta de financiación plurianual.

Los rectores recuerdan a la consejera que “la principal alternativa para reducir esta dependencia consiste en la elevación de los precios públicos de las enseñanzas, siendo esta una competencia del Gobierno de Canarias. En su escrito, sin embargo, los rectores también destacan que, al margen de la financiación autonómica, ambas universidades han demostrado ”una notable capacidad“ de captar recursos en convocatorias científicas competitivas estatales y europeas, así como en actividades de transferencia de conocimiento.

Sin embargo, agregan, esta financiación “no puede ser dedicada a los gastos estructurales de las instituciones”, puesto que “deben invertirse en los proyectos de investigación y cooperación que se aprobaron y deben desarrollarse a lo largo de varios años”.

Predisposición al diálogo

Por último, las dos universidades han mostrado su “sorpresa” por la introducción de penalizaciones en la propuesta del Gobierno canario, que pueden llegar hasta el 3,5% de la financiación básica, así como la abundancia de límites, reglas, auditorías e informes que se exigen. “Año tras año, cumplimos con el mandato de equilibrio presupuestario que nos impone la ley autonómica, las cuentas anuales y los informes de auditoría”, han puntualizado.

A pesar de las quejas y alegaciones expresadas al documento de la Consejería, los rectores han expresado a la consejera “su plena disposición al diálogo y análisis ampliado, realizando un detalle pormenorizado” de cada aspecto descrito en estas consideraciones.

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