El Cabildo sigue sin arreglar la situación de 30 trabajadores del ITER en condiciones de extrema precariedad

Instalaciones del ITER, empresa pública del Cabildo de Tenerife, en la zona costera de Granadilla

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

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El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, a través de la consejera María José Belda, ha preguntado en el último pleno insular, celebrado este jueves, al equipo de Gobierno de CC-PSOE por las soluciones a la situación laboral en la que se encuentran actualmente alrededor de 30 personas trabajadoras del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife (ITER), las mismas que se hallan vinculadas a dicha entidad pública del Cabildo a través de contratos temporales de larga duración. En algunos casos, estos han llegado a prolongarse hasta 20 años, lo que deja a esas personas en una situación total de precariedad e inestabilidad laboral, afirma en una nota el citado partido en la oposición.

Belda informó de que su partido ha querido conocer “de boca de Carlos Alonso, presidente y máximo responsable de esa compañía propiedad del Cabildo de Tenerife y de titularidad 100% pública, desde cuándo se conoce tal situación, cómo se ha procedido para llevar a cabo la regularización de esos contratos y qué medios se han puesto a disposición de las trabajadoras y trabajadores del ITER para tratar el asunto”.

Sin embargo, sostiene la consejera insular, la respuesta ofrecida por el grupo de Gobierno “no ha sido dada directamente por el presidente, que de nuevo elude su responsabilidad en un asunto que es de su competencia directa, sino que esta la delegó en la directora insular de Recursos Humanos”.

La consejera de la formación morada considera que la respuesta ofrecida por el grupo de Gobierno “no se corresponde con las informaciones que nos han hecho llegar a nuestro grupo, ya que ellos afirman conocer esta problemática desde 2018, pero sabemos que la empresa ha reconocido que tuvo oportunidad de regularizar la situación de todas esas personas en 2013 y finalmente no se hizo”.

“Tampoco nos han aclarado cuestiones como los indicios de que los contratos temporales actuales se encuentran en situación de fraude de ley; la falta de documentación relativa a la situación de los contratos que supuestamente debería haber llegado ya a la plantilla, pero que todavía no ha sido así, o la solicitud de una reunión informativa por parte del personal a la que aún no se ha dado respuesta”, se indica en la misma nota.

Belda considera que lo que “nos hace ver todo esto es que se ha actuado dando información confusa o equivocada a las personas trabajadoras, haciendo caso omiso a las solicitudes de información o cambiando continuamente el discurso, como así nos lo han hecho saber las personas afectadas por estos contratos precarios”.

Se ha trasladado al personal temporal del ITER -en torno al 15% de la plantilla, según afirma la directora insular de Recursos Humanos- la idea de realizar una serie de pruebas selectivas para regularizar esa situación, “pero nos preguntamos cuál es el motivo por el que el 85% restante no ha tenido que someterse a dichas pruebas para pasar a ser personal fijo”.

La consejera del grupo de Podemos también menciona que en una reunión que mantuvieron en febrero, “solicitada por las personas trabajadoras del ITER a través de un abogado, no se permitió a la plantilla acudir acompañada del representante legal ni grabar la reunión y en ella se les comunicó que pasarían a ser interinos, ya que la alternativa era ser personal indefinido no fijo”.

Sin embargo, Belda recuerda que “no existe ese tipo de figura en estas empresas, y además, teniendo como referencia el dictamen del Tribunal Supremo con la sentencia del Canal Isabel II, tendrían que pasar a ser personal fijo”. 

Ante este panorama, la formación morada propone que se “conforme una comisión que indague en los mecanismos de contratación que se han llevado a cabo hasta ahora en el ITER y que también se investigue pormenorizadamente cómo se invierten los medios y recursos, tanto humanos como económicos, en esa empresa pública del Cabildo de Tenerife, de la que su presidente es el máximo y último responsable”.

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