Más de 200 personas se movilizan en Tenerife por el derecho a la vivienda
Más de 200 personas se concentraron este jueves ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para mostrar su apoyo a una vecina de Granadilla de Abona cuyo desahucio, previsto inicialmente para este viernes, ha sido paralizado de forma temporal, según informó el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.
La convocatoria también sirvió para expresar solidaridad con Maricarmen, la mujer desalojada recientemente en Madrid. El colectivo indicó que la protesta fue organizada de urgencia el miércoles a las 23.00 horas, unas 19 horas antes de su celebración, y consideró la respuesta ciudadana una muestra de la capacidad de movilización vecinal ante la situación de la vivienda en Canarias.
El Sindicato de Inquilinas subrayó, no obstante, que la suspensión del lanzamiento no resuelve la situación de la afectada. La organización alertó de que el procedimiento de desahucio podría reactivarse próximamente y aseguró que, por el momento, se desconoce qué alternativa habitacional tendrá la vecina cuando concluya la paralización.
La entidad sostiene que la mujer se encuentra en una situación de “extrema vulnerabilidad” y reclama a las administraciones una respuesta que evite que dependa de nuevas movilizaciones ciudadanas para conservar su vivienda. “No podemos considerar una victoria definitiva” que una persona pueda permanecer en su casa únicamente tras una actuación “a contrarreloj” de colectivos y vecinos, señaló el sindicato en su comunicado.
Durante la concentración, el colectivo cargó contra los fondos de inversión y los grandes propietarios, a los que responsabiliza de alimentar la especulación en el mercado de la vivienda. También dirigió sus críticas al Gobierno central y al Ejecutivo canario por sus políticas en materia habitacional.
El sindicato afirmó que, tras el fin de las medidas conocidas como escudo social, más de 97.000 personas podrían verse afectadas en Canarias, una estimación atribuida a la propia organización. Asimismo, reclamó medidas contra los desahucios, límites a los alquileres y la aplicación de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda en las islas.
La organización advirtió de que, si las administraciones no atienden sus demandas, los barrios canarios podrían sumarse a una huelga general de alquileres. “La vecina de Granadilla se queda en su casa”, concluyó el Sindicato de Inquilinas, que considera la paralización una victoria provisional de la movilización vecinal y sindical.