“Tener un trabajo ya no basta para vivir”: Balears para contra el negocio de la vivienda y la precarización de los salarios
Trabajar y no poder pagar una vivienda. Tener un empleo durante todo el año y verse obligado a compartir habitación. Cobrar un salario y comprobar que una parte cada vez mayor desaparece en el alquiler antes de llegar a final de mes. Se trata de situaciones que se han convertido en parte de la vida cotidiana de miles de personas en Balears y que explican por qué la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre trasciende las reivindicaciones laborales tradicionales. El paro pretende poner en el centro una contradicción cada vez más difícil de sostener: en uno de los territorios con mayor actividad económica y riqueza turística del país, trabajar no basta para garantizar el derecho a vivir en él.
La convocatoria no se dirige exclusivamente a quienes no pueden comprar una primera vivienda o buscan emanciparse, sino al conjunto de la población trabajadora: desde quienes, pese a tener un empleo estable, no encuentran un alojamiento que puedan pagar hasta las familias que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler y los pensionistas que deben elegir entre mantener su casa y afrontar otros gastos esenciales. Por ello, para los organizadores, parar significa reconocer que detrás de cada alquiler inasumible, cada desahucio y cada joven que no puede emanciparse existe un problema colectivo que compromete el futuro de toda la sociedad, dado que las dificultades de acceder a un hogar repercuten en el mercado laboral, el consumo, la autonomía personal y las posibilidades de construir un proyecto de vida.
Parar significa reconocer que detrás de cada alquiler inasumible, cada desahucio y cada joven que no puede emanciparse existe un problema colectivo que compromete el futuro de toda la sociedad
La convocatoria ha logrado articular un frente común entre organizaciones sindicales y colectivos sociales que habitualmente operan en ámbitos distintos. CCOO, UGT, STEI, CGT, CNT y SATI, junto al Sindicat de Llogateres de Mallorca y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), han unido fuerzas para reclamar cambios en las políticas de vivienda, mejoras salariales y un reparto más equitativo de la riqueza.
En la movilización también se encuentran presentes Stop Desahucios así como la Acampada de Palma, cuyos integrantes, pese a reconocer que acabar con la especulación inmobiliaria es un objetivo difícil en un sistema capitalista que “prioriza los intereses de los poderosos” frente al bienestar de la clase trabajadora, defienden que aspirar a una utopía es el punto de partida de las transformaciones sociales. No en vano, recuerdan que conquistas como el voto femenino, la jornada laboral de ocho horas o las vacaciones pagadas también fueron consideradas utópicas antes de convertirse en derechos gracias a la movilización colectiva.
Una huelga contra un modelo que expulsa a sus trabajadores
Desde UGT, su secretario general en Balears, Pedro Homar, considera que el acceso a la vivienda para la clase trabajadora ha alcanzado “un estado de degradación máxima”. El dirigente sindical sostiene que la huelga impugna “todo un sistema” que ha permitido que los mercados se apropien de un derecho básico mientras la ciudadanía atraviesa crecientes dificultades. Por ello, reclama una participación “masiva, reivindicativa y serena”.
Durante una acción de difusión celebrada en el mercado de Pere Garau, Homar defendió la necesidad de “sacar la vivienda de la especulación, de la consideración de un bien de consumo y de un activo financiero”. También alertó de que hay trabajadores que no pueden permitirse una casa y personas que terminan viviendo en caravanas, tiendas de campaña o habitaciones compartidas. El sindicalista insiste en que la vivienda no puede seguir tratándose como un activo de inversión.
Por su parte, el secretario general de CCOO en las Islas, José Luis García, reconoce que secundar una huelga general supone un esfuerzo, especialmente para quienes trabajan en los sectores más precarios y no pueden permitirse perder una jornada de salario. Sin embargo, considera que el momento es especialmente oportuno. El sindicato denuncia que el modelo económico y turístico balear favorece a las élites y al rentismo, mientras los sueldos resultan insuficientes para afrontar el coste de la vivienda y de la alimentación. “Tener un trabajo ya no basta para vivir”, advierte la organización, que reclama un mejor reparto de los beneficios empresariales, un mayor control de los precios residenciales y medidas contra la inflación.
Desde UGT consideran que el acceso a la vivienda para la clase trabajadora ha alcanzado "un estado de degradación máxima". Por su parte, CCOO denuncia que el modelo económico y turístico balear favorece a las élites y al rentismo mientras los sueldos resultan insuficientes para afrontar el coste de la vivienda y de la alimentación
El secretario general del STEI, Miquel Gelabert, también ha reclamado una redistribución de la riqueza y ha situado el paro como una forma de trasladar un mensaje a quienes tendrán que gobernar después de las elecciones. Desde CGT, su portavoz, Yolanda Alonso, ha denunciado la violencia que, a su juicio, ejerce el mercado inmobiliario sobre las personas que no pueden acceder a una vivienda.
La reivindicación se extiende también a quienes se enfrentan directamente a la pérdida de su hogar. Stop Desahucios Mallorca denuncia que muchos de los procedimientos que atiende responden a la finalización de contratos de alquiler para volver a comercializar los inmuebles a precios superiores. Su portavoz, Joan Segura, ha advertido en varias ocasiones de que numerosos desahucios afectan principalmente a viviendas que habían pertenecido a grandes tenedores. La organización también critica la falta de mediación y de alternativas habitacionales para las familias vulnerables.
Mientras tanto, la portavoz del Sindicat de Llogateres de Mallorca, Celeste Rodríguez, defiende que la huelga debe servir para situar el derecho a la vivienda por encima de los intereses del mercado inmobiliario. La organización reclama contratos de alquiler estables, la expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión y entidades bancarias y la revocación de licencias de alquiler turístico para recuperar inmuebles destinados a usos residenciales. Su reivindicación parte de una premisa: los inquilinos no pueden vivir sometidos a la incertidumbre de que sus contratos finalicen y sus propietarios aprovechen para incrementar las rentas. “Las casas son para vivir, no para especular”, resume.
La PAH Mallorca, por su parte, insiste en que la crisis no puede abordarse como un problema individual de quienes no consiguen pagar una renta o se enfrentan a un desahucio. Su portavoz, Àngela Pons, ha animado a participar en la convocatoria a quienes no llegan a final de mes o no pueden asumir el alquiler. La plataforma considera especialmente significativo que organizaciones sindicales y colectivos por la vivienda hayan conseguido compartir una convocatoria: trasladar la reivindicación desde las movilizaciones vecinales hasta los centros de trabajo, donde se genera buena parte de la riqueza que sostiene la economía de las Islas.
Desde la Acampada per la Dignitat reconocen que acabar con la especulación inmobiliaria es un objetivo difícil en un sistema capitalista que, a su juicio, “prioriza los intereses de los poderosos” y relega el bienestar de la clase trabajadora a un segundo plano. Admiten que “tumbar el rentismo es un objetivo a largo plazo”, pero defienden que aspirar a una utopía es precisamente lo que permite impulsar los cambios sociales. Recuerdan que también fueron consideradas utópicas conquistas como el voto femenino, la jornada laboral de ocho horas o las vacaciones pagadas, derechos que hoy existen gracias a la movilización colectiva.
Los acampados reivindican que las protestas levantadas en distintas ciudades han contribuido a que los sindicatos convoquen una huelga general de 24 horas por la vivienda, una oportunidad que, aseguran, la ciudadanía no tenía desde hace 14 años para “parar la producción y el consumo” y recordar a las grandes empresas y a los responsables políticos “quién mantiene su sistema en funcionamiento y quién genera la riqueza”. Por ello, llaman a secundar el paro de este miércoles 11 de noviembre y a participar en la manifestación convocada a las 18.30 horas en la plaza de España de Palma. “Somos el motor del sistema capitalista y tenemos el poder de paralizarlo”, sostienen, antes de concluir: “Detengámoslo todo para detener el negocio de la vivienda”.
Detengámoslo todo para detener el negocio de la vivienda
Un parque residencial alejado de la residencia habitual
En Balears, uno de los territorios donde más difícil resulta acceder a una vivienda con los ingresos del trabajo, la dimensión del problema queda reflejada en las cifras. El encarecimiento de la vivienda sitúa a las islas en una posición extrema dentro del mercado inmobiliario español: en julio, el precio medio de la vivienda de segunda mano alcanzó los 5.100 euros por metro cuadrado, el más elevado de todas las provincias, frente a los 2.167 euros de media estatal, según los datos de Hogaria.net.
Por su parte, el Observatori de l'Habitatge de les Illes Balears, presentado por el Govern el pasado mes de septiembre, sitúa en 3.782 euros el metro cuadrado de las compraventas de vivienda en Balears durante 2025. En Formentera alcanzó los 6.148 euros, en Ibiza los 5.611 y en Mallorca los 3.652. El propio organismo señala que el precio medio de compra por metro cuadrado de los extranjeros es un 63% superior al de los compradores nacionales. La competencia entre residentes con salarios vinculados a la economía local y compradores con mayor capacidad adquisitiva, procedentes de otros territorios y países, añade presión a un mercado ya tensionado.
Durante el año pasado, los residentes de las islas tuvieron que destinar de media el 64% de su salario bruto al pago del alquiler, el tercer mayor esfuerzo de todas las comunidades autónomas, según un estudio de Fotocasa e InfoJobs. Al mismo tiempo, el mercado inmobiliario registra una creciente presencia de sociedades: las personas jurídicas adquirieron 2.139 de las 14.633 viviendas vendidas en las Islas durante ese ejercicio, el 14,62% del total. Es decir, prácticamente una de cada siete compraventas tuvo como comprador a una empresa, según los datos del Colegio de Registradores. No todas estas sociedades son fondos de inversión, pero la proporción evidencia el peso del capital empresarial en el mercado residencial.
La presión inmobiliaria convive, además, con un parque residencial en el que una parte importante de los inmuebles no se destina a vivienda habitual. El Censo de Población y Viviendas del INE de 2021 contabilizó 210.587 viviendas no principales en Balears, aproximadamente un tercio de las 652.132 viviendas familiares registradas. Esta categoría incluye segundas residencias y viviendas vacías, por lo que no puede interpretarse como el número de pisos desocupados que podrían incorporarse inmediatamente al mercado. Por su parte, el Govern reconoció en mayo de 2025 que tenía identificadas 461 viviendas vacías en manos de grandes tenedores, una cifra que no constituye un recuento exhaustivo de todos los inmuebles desocupados de estos propietarios.
La presión inmobiliaria convive, además, con un parque residencial en el que una parte importante de los inmuebles no se destina a vivienda habitual. El INE de 2021 contabilizó 210.587 viviendas no principales en Balears, aproximadamente un tercio de las 652.132 viviendas familiares registradas
La fotografía del mercado también evidencia el desequilibrio entre el crecimiento de la población y la generación de vivienda. El Observatori de l'Habitatge calcula un déficit acumulado de unas 17.000 viviendas durante los últimos 25 años. Entre 2000 y 2025, la población del archipiélago aumentó un 46,3%, mientras que el parque residencial creció un 31,5%. El organismo cifra en 10.006 las viviendas asequibles que se encuentran en distintas fases de planificación dentro del plan de choque autonómico, aunque esa previsión no equivale a inmuebles ya construidos y disponibles para los residentes.
La dimensión económica del negocio inmobiliario también aparece en las estadísticas fiscales. Según la Agencia Tributaria, las declaraciones del IRPF correspondientes a 2024 en Balears contabilizaron 1.708 millones de euros en ingresos íntegros de capital inmobiliario. Una vez descontados los gastos y aplicados los ajustes correspondientes, el rendimiento neto reducido de los inmuebles arrendados o cedidos a terceros ascendió a 770,2 millones de euros. La cifra permite dimensionar el volumen de rentas que genera la propiedad inmobiliaria declarada fiscalmente, pero no representa el conjunto de los ingresos de todas las actividades inmobiliarias ni los beneficios empresariales de los fondos de inversión.
Para las organizaciones convocantes, la crisis no puede resolverse exclusivamente construyendo más viviendas. También exige intervenir sobre el uso del parque residencial, las condiciones de comercialización de los inmuebles y la concentración de la propiedad. La huelga incorpora así una reivindicación que conecta directamente el mundo del trabajo con el mercado inmobiliario: de poco sirve mejorar los salarios si el incremento termina absorbido por los propietarios. La disputa no se limita a cuánto se cobra, sino a cuánto queda después de pagar por un derecho fundamental.
Parar para poder vivir
El debate sobre la vivienda en Balears remite inevitablemente al modelo económico del archipiélago. La actividad turística genera empleo, ingresos y beneficios empresariales, pero también incrementa la presión sobre un territorio limitado y sobre un mercado residencial que no responde únicamente a las necesidades de quienes viven y trabajan en él. La paradoja es que el mismo modelo que necesita trabajadores para sostener hoteles, restaurantes, comercios, servicios y actividades vinculadas al turismo puede terminar expulsándolos de los lugares donde desarrollan su actividad. La dificultad para encontrar alojamiento se convierte así en un problema laboral, social y territorial.
Por ello, los sindicatos defienden que la vivienda también es una cuestión de clase. La precarización salarial y la inseguridad residencial no son dos problemas independientes: se retroalimentan. Una subida del alquiler puede neutralizar una mejora salarial y la falta de vivienda asequible puede obligar a aceptar peores condiciones laborales, desplazamientos más largos o situaciones residenciales inestables.
Por ello, recalcan, parar significa hacer visible que la riqueza que genera Balears no aparece por sí sola: la producen quienes trabajan en sus hoteles, restaurantes, comercios, hospitales, escuelas y servicios. También significa recordar que esa actividad económica no puede sostenerse indefinidamente a costa de expulsar a sus propios trabajadores del territorio. Cuando el salario no alcanza para pagar una vivienda, cuando una mejora laboral termina absorbida por el alquiler y cuando tener un empleo estable no garantiza un lugar donde vivir, la crisis deja de ser un asunto privado para convertirse en un problema de modelo.
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