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Los vertidos del Valle de Güímar engordan la mayor condena de la Unión Europea a España

El Consejo de Aguas de Tenerife sostiene que los vertidos con autorización y prórroga judicial "no están contaminando" gracias a un tratamiento previo, hasta que estén operativas dos depuradoras

El polígono industrial de Güímar, en una imagen de archivo

El polígono industrial de Güímar, en una imagen de archivo.

Una primera sanción de 12 millones de euros y una semestral que aumenta en 10,35 millones mientras perduren los incumplimientos. Esta fue la condena impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en julio 2018 a España por vulnerar las directrices europeas en la depuración de sus aguas residuales urbanas en varias aglomeraciones de todo el país, entre las que se incluye el polígono industrial del Valle de Güímar (Tenerife).

La cantidad a abonar, tras pasar más de 18 meses, ya suma 32,7 millones de euros, que seguirá aumentando a medida que continúen las deficiencias, como la de Güímar. Según El País, es la sanción más alta que ha tenido que pagar el Gobierno español a Bruselas, al superar la multa de 30 millones que tuvo que abonar porque el País Vasco no recuperó a tiempo unas ayudas ilegales concedidas a empresas, si bien en este caso fue la Comunidad Autónoma Vasca la que se hizo cargo de la sanción.

Aunque está previsto que en el valle tinerfeño de Güímar la sanción llegue a su fin con la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales de origen urbano y otra industrial, ya licitadas y que estarán finalizadas a finales de 2020 y 2021 respectivamente, el polígono industrial, formado por 250 empresas y 3.000 trabajadores, continúa vertiendo aguas a través de un emisario submarino con un permiso concedido por la Viceconsejería de Medio Ambiente del anterior Gobierno regional de Coalición Canaria. 

"Hay vertidos, pero previamente tratados. No se está contaminando", asegura el consejero Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife, Javier Rodríguez, quien explica que esta situación es fruto del desarrollo de "un plan de etapas" para trabajar de forma coordinada entre los ayuntamientos de Güímar, Candelaria y Arafo, la Corporación Insular y el Ejecutivo regional con el objetivo de cumplir unos plazos que se encaminen a "la solución definitiva": la construcción de las depuradoras.

Esta decisión se tomó después de que se abriera una causa penal de más de 17.000 folios y 10 investigados por presunta prevaricación y delitos contra el medio ambiente en el juzgado de Instrucción Número 1 de Güímar, tras una denuncia presentada en 2017 por Izquierda Unida Canaria y Sí Se Puede ante la Fiscalía de Medio Ambiente por los vertidos ilegales de origen industrial. El Consejo Insular de Aguas y los tres ayuntamiento implicados se vieron obligados por un auto dictado en junio de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife a tomar medidas para establecer las obras necesarias y evitar que se siguieran vertiendo aguas residuales industriales sin depurar, permitiendo que se siguieran llevando a cabo a través de un emisario submarino hasta marzo de 2018 bajo medidas de control y tratamiento.

Posteriormente, en junio de 2018, después de que el Ayuntamiento de Candelaria decretara el cierre del emisario submarino al cumplirse el plazo, el mismo juzgado, tras una solicitud de la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial del Valle de Güimar, dictó otra medida cautelar para ampliarlo y permitir los vertidos al constatar que el agua que llegaba al litoral estaba siendo controlada y tratada según los análisis realizados por la Universidad de La Laguna.

Aunque hasta que no se construyan las depuradoras, la depuración en el Valle de Güimar seguirá incluida en las sanciones de la UE a España, el consejero Insular de Aguas de Tenerife explica que "las cantidades se reducen a medida que se van solucionando los problemas" y espera que en 2021 el Polígono Industrial salga de esa lista que sigue engordando una sanción millonaria.

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