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Opinión - Luchando por asuntos vitales. Por Rosa María Artal

Afectados por el macrodesalojo de Arona mantienen la acampada de protesta pese a la denuncia de los propietarios

Campamento de desahuciados en Arona, frente al edificio Chasna A.

Álvaro Morales

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Cuando casi se cumplen dos meses de uno de los mayores desalojos por ocupación vividos en Canarias, 30 de esos desalojados mantienen su acampada de protesta junto a la edificación, pese a haber sido denunciados por la propiedad por ocupar parte de ese espacio privado. Un extremo que los movilizados niegan al sostener que los dueños delimitaron un perímetro para vallar el edificio que ocupa zona de serventía y suelo público en la vertiente norte.

El desahucio, ocurrido el pasado 12 de marzo en el edificio Chasna A, en Costa del Silencio (Arona, en el sur de Tenerife), afectó a 270 personas que, en algunos casos, llevaban hasta 8 años viviendo en un inmueble nunca terminado, abandonado y levantado en la década de los 70 del siglo XX,

El portavoz de los afectados por el macrodesalojo, Eloy Outerial Miniño, indicó este miércoles a Canarias Ahora que la intención de estos 30 “irreductibles”, que hace un mes se elevaban a 50, es seguir con su protesta y su lucha judicial porque consideran que tienen razón o, al menos, motivos para buscar el amparo de la Justicia. Además, se queja de que la mayoría de las 270 personas desalojadas aquella mañana del martes 12 de marzo, sin que se produjera ningún incidente reseñable entonces pese o precisamente por el gran despliegue policial que hubo, no hayan contado con alternativas habitacionales sólidas. De hecho, explica que algunos han optado por ocupar nuevos inmuebles cercanos en esta zona de la costa de Arona, con el consiguiente riesgo de un nuevo desalojo.

“Lo que sí nos han ofrecido con seguridad, se ve que porque se trata de ayudas de fuera, son 3.000 euros para alquiler, pero solo sirven para 6 meses (500 al mes), no tienen en cuenta los precios que se están pidiendo en el sur de Tenerife y se agotan en ese sexto mes”. El portavoz subraya que buena parte de las 30 personas que siguen en coches, furgonetas y casetas junto al edificio Chasna A trabajan por la zona, pero sus ingresos no les dan para poder costearse un alquiler, mucho menos para intentar adquirir una casa, una de las grandes paradojas de estas Islas de récords turísticos constantes en un modelo con temporada todo el año y comarcas sur colmatadas desde la recuperación postCOVID.

Eloy Outerial lamenta también que las ayudas que estaban recibiendo de diversas ONG y entidades hayan ido disminuyendo en este tiempo “porque, según nos dicen, tienen que afrontar más casos de emergencia social en otros sitios”. Por eso, critica con fuerza la gestión que ha hecho, en especial, el Ayuntamiento de Arona (PP-CC-Más por Arona), así como el resto de administraciones, pese al respaldo inicial en el caso de familias con menores y mujeres embarazadas. “Al final, la gran mayoría de las 90 familias desalojadas ha tenido que buscarse la vida”, remarca.

Outerial, no obstante, subraya que seguirán con su lucha, que no prevén levantar o reubicar el campamento, que esperan contrarrestar la denuncia de la propiedad por ocupación ilegal y que no necesitan subir a sus antiguas casas a buscar algunas de las pertenencias que no pudieron llevarse los días previos al desalojo, aunque haya habido sugerencias en ese sentido pese a que se supone que el edificio tiene problemas estructurales.

En realidad, estos desalojados sostienen que hubo una confusión entre el edificio Chasna A número 8 y el 10, ya que el 8, que era el que utilizaban, no presenta los problemas estructurales que sí parece tener el otro. No obstante, y como han hecho en sus recursos jurídicos, dudan de que exista un informe técnico definitivo y exhaustivo (con catas y demás) que demuestre esos problemas estructurales, más allá de observaciones oculares desde fuera.

La familia ucraniana, con alternativa habitacional

Entre las novedades resaltables de las últimas semanas respecto a los afectados por este desalojo, destaca el hecho de que la familia ucraniana Pantsulaia, integrada por Mirian (75 años), su esposa Tamar Janiashvili (61), su hija, Hana Pantsulaia (47), y su nieto, Stanislav Medvediev (29), sí cuentan ya con una alternativa habitacional. Tras las gestiones realizadas con la embajada de Ucrania en España y con otras instituciones, se confirmó que le correspondía un piso por la condición de refugiados oficiales y de larga duración de la hija y el nieto por la guerra en Ucrania, dado que el matrimonio sí lleva en Canarias mucho más tiempo. 

Frente a este feliz desenlace (al menos de momento), entre las muchas paradojas que sigue dejando este caso es que, en pleno debate en Canarias sobre el modelo de desarrollo, el turismo, el reparto de la riqueza, los espacios naturales y la sostenibilidad, justo al lado de este edificio Chasna A y esta acampada, el Chasna B presenta, a pie de calle, tras pisos casi seguidos con el cartelito de VV.

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