La Fiscalía mantiene la acusación de cohecho para los tres procesados del caso Mediador que piden su absolución

El fiscal Anticorrupción, Jaime Serrano ha mantenido este martes que los tres acusados de la primera pieza que se juzga del caso Mediador, son autores de un delito de cohecho impropio para los tres acusados mientras que sus defensas han pedido su absolución.

La Fiscalía mantiene su calificación de cohecho impropio, que sería pasivo en el caso del exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa y activo para el empresario, Antonio Batista y el intermediario Marco Antonio Navarro.

En la última jornada previa a conocer el veredicto que probablemente será emitido mañana miércoles, los encausados defendieron también su inocencia y por lo tanto pidieron al jurado la absolución.

El Ministerio Público ha insistido,como ha hecho en las anteriores sesiones, que un funcionario como era el militar, no puede recibir regalos ni dinero al ser incompatible con su condición y cree que tan sólo el haber reconocido que aceptó 1.500 de los 19.500 que se movieron en la supuesta trama implica su condena.

Atribuye a Espinosa haber utilizado sus contactos para que Batista intentara cerrar su negocio de placas fotovoltaicas en las islas después de haberlo conocido por medio del mediador y de cobrar por ello.

A Batista le atribuye también el supuesto soborno al exgeneral por medio de regalos como cajas de puros, comidas, viajes y hacerle llegar por medio de Navarro Tacoronte comisiones de entre 1.500 y 3.000 euros, tal y como éste dijo en una anterior declaración que ha negado posteriormente.

“No tenemos la foto de la entrega de los sobres pero de resto hay suficientes pruebas” ha dicho el fiscal, en referencia a una presunta trama de sobornos a empresarios ofreciéndole favores, que en este caso nunca se concretaron.

El abogado del empresario dice que siempre actuó de buena fe y fue tanto una víctima como un chivo expiatorio y llamó la atención de que siempre exigió que los pagos contaran con facturas y prueba de que no se hacían en B sería que se utilizaban transferencias.

El letrado ha indicado que el único pago que llegó al general fue el mencionado de 1.500 euros cuando éste ya no ejercía este cargo y ya operaba en la esfera privada.

El letrado de Espinosa pidió al Jurado que base su veredicto en pruebas no en sospechas o palabras llamativas como “soborno” y las acusaciones iniciales del mediador llena de “zafiedades” las atribuye a que llevaba varios días en el calabozo y hubiese contado “cualquier cosa que le dijeran”.

También ha relatado la humillación que ha sufrido Espinosa que estuvo cuatro meses en prisión provisional y esta trama lo ha convertido en “un cadáver social” pese a que no hay pruebas de que cobrara sobornos ni en las conocidas fiestas.

El papel en este entramado tan sólo ha sido el de una persona que ha hecho un favor a otra y puso a un empresario en contacto con amigos suyos de Las Palmas de Gran Canaria y que nada de lo que está bajo sospecha puede relacionarse con su función militar.

El defensor de Navarro Tacoronte siguió el relato que éste hizo a primera hora de la mañana y redundó en que su misión era la de ejercer como un intermediario y cobraba por ello y en este caso consiguió que Batista cerrara un acuerdo con una empresa de alquiler de coches.

Otro tanto ocurrió con la inscripción gracias a sus labores de esta entidad en la Zona Especial Canaria (ZEC), lo que según el empresario en realidad nunca le trajo beneficio alguno sino pérdidas.

El hecho de que en sus teléfonos se encontraran miles de conversaciones, videos y documentos, lo atribuye a que carecía de contratos formales y por lo tanto esta era la única manera de que quedara constancia de su trabajo.

El abogado ha dicho que su representado no encaja ni en el lugar de un empresario ni en el de un funcionario por lo que no cabe condenarlo por presunto soborno.

Otra prueba de su inocencia sería que la declaración que hizo tras quedar en libertad en enero de 2023 no se corresponde a la forma de expresarse de Navarro Tacoronte de manera que se plantearía la sospecha de que fue inducida.

Llamó la atención sobre el hecho de que nunca ha sido sancionado por Hacienda por la forma que tenía de hacer los cobros.