La Fiscalía mantiene la petición de cárcel para los acusados por la construcción de El Trompo
Cuatro sesiones y 15 horas de juicio no han sido suficientes para cambiar la opinión de la Fiscalía. María Isabel Silva, representante del Ministerio Público, mantuvo este viernes la petición de penas de prisión para los acusados por la construcción del centro comercial El Trompo, en el municipio de La Orotava: tres años y medio de cárcel para el exalcalde Isaac Valencia y el secretario municipal, Juan Carlos de Tomás, y dos años para el promotor del edificio, Ambrosio Jiménez.
La fiscal elevó a definitivas, durante la penúltima jornada de la vista, las conclusiones de su escrito de acusación, al que se adhirió el abogado de los denunciantes, Pedro Fernández Arcila. Silva considera al constructor autor de un delito contra la ordenación del territorio, del que también responsabiliza al exdirigente de Coalición Canaria y al funcionario del Ayuntamiento tinerfeño. A ambos les suma otro de prevaricación urbanística. Además de las penas de cárcel, la representante del Ministerio Público solicita 10 años de inhabilitación para Isaac Valencia y el secretario.
Los tres abogados de las defensas tampoco variaron su posición inicial, que pasa por reclamar la libre absolución de los acusados. Los argumentos de los letrados se vieron este viernes respaldados por la declaración de sus peritos: Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, y el arquitecto José Ángel Domínguez Anadón.
Luciano Parejo, hermano del exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo, avaló la teoría de las defensas que sostiene que el suelo donde se construyó el centro comercial no era rústico sino urbano consolidado, en contra de lo que declararon este jueves hasta ocho peritos, entre ellos los dos técnicos judiciales que informaron durante la instrucción. Una hipótesis que se sustenta en la idea de que la cooperación interadministrativa que dio lugar a la urbanización de la zona, con la construcción de viales y demás servicios, modificó el uso de la parcela.
El catedrático de Derecho Administrativo fue el autor del informe externo que solicitó el Ayuntamiento de La Orotava antes de conceder en octubre de 2002 la licencia de obra mayor. El entonces alcalde se apoyó en ese dictamen, y en el criterio del secretario municipal, para otorgar el permiso al promotor. Como también plasmó en su respuesta a las conclusiones del perito judicial, que una vez más dijo que “no compartía”, Parejo tiene claro que la licencia “se podía dar y después modificar el planeamiento”, que en aquel momento clasificaba los terrenos como rústicos potencialmente agrícolas.
Luciano Parejo admitió que “formalmente el suelo era rústico”, pero la construcción de “las carreteras y la rambla” modificó el uso, “que legalmente era urbano consolidado”. Es decir, “la transformación de la realidad y la puesta en marcha de los servicios” cambió la clasificación sin necesidad de que fuera reflejado en el Plan General de Ordenación (PGO) vigente, según explicó el perito solicitado por las defensas. “La jurisprudencia así lo recoge; el planeamiento no es algo estático, es un proceso, por eso el Tribunal Supremo habla del poder de lo fáctico”, aseveró el catedrático ante la mirada de satisfacción de la abogada de Ambrosio Jiménez.
Ni el discurso de Parejo, ni la posterior intervención de Domínguez Azadón, hicieron dudar a la fiscal. La representante del Ministerio Público, incluso, mostró su satisfacción después de escuchar al arquitecto reconocer que parte del centro comercial, unos 700 metros cuadrados, se construyó sobre suelo rústico. “Sí”, contestó con resignación el perito de las defensas a la pregunta de María Isabel Silva. “Es una irregularidad que luego fue subsanada por el PGO de 2004”, se apresuró a aclarar después.
Antes del cara a cara con la fiscal, Anadón tuvo tiempo de contestar a la abogada del promotor y desarrollar el informe que elaboró como réplica al dictamen del perito judicial que, durante la instrucción, concluyó que El Trompo sobrepasa en más de 2.100 metros cuadrados la superficie permitida por el planeamiento actual. El arquitecto insistió en que Ambrosio Jiménez no solo no superó la edificabilidad recogida en el PGO, “sino que tiene un sobrante de más de 500 metros cuadrados”.
Domínguez Anadón, que también se ha posicionado públicamente en contra de la sentencia firme que obliga a derribar el mamotreto de Las Teresitas, cuestionó el método utilizado por el perito judicial, que se basó “en mediciones sobre plano que deforman la realidad”, sin utilizar recursos “topográficos”. El arquitecto manifestó que la “mayor discrepancia” se produce en la decisión del experto del Juzgado en “medir como una fachada lo que en realidad es un túnel que está cerrado”, por lo que “no deberían haber computado unos 1.600 metros cuadrados”. También mostró su desacuerdo con otras decisiones del informe que sustenta parte de la acusación de la Fiscalía contra Jiménez, “como equivocarse al incluir un porche o el acceso al garaje”.
El arquitecto fue el último en intervenir en la cuarta sesión del juicio por la construcción del centro comercial El Trompo. La vista concluirá el lunes 27 de junio con la lectura de los informes de las partes. Será entonces cuando las acusaciones y las defensas desarrollen las conclusiones que este viernes elevaron a definitivas.
