La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide 79 años de cárcel para seis acusados de estafa continuada y organización criminal

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido 79 años de cárcel y el pago de 194.000 euros para seis ciudadanos de origen nigeriano a los que se acusa de estafa continuada, blanqueo de dinero, formar y dirigir una organización criminal y lesiones a dos policías. Por este último delito, la Fiscalía pide para uno de los procesados por dos supuestos atentados a la autoridad, 9 meses de prisión y el pago de 700 euros.

El Ministerio Público cree demostrado que los componentes de este grupo se encargaban de gestionar por el sistema de boca a boca estancias en hoteles y billetes de avión a través de un portal online de una agencia de viajes cargando los importes a tarjetas de entidades extranjeras sin consentimiento de sus titulares.

La Fiscalía da por probado que conformaban una organización criminal cuyo objeto era la comisión reiterada de delitos contra el patrimonio, en la que dos de los procesados ocupaban los puestos más altos siendo responsables del funcionamiento y dirección.

Uno de ellos se encargaba de la operación de compra en el portal de manera que la agencia cargaba los importes por vía electrónica con los códigos necesarios para poder hacer uso del billete o la reserva.

Los precios eran cobrados mediante un intermediario, lo fijaban los miembros de este grupo, a un valor muy inferior al del mercado y debían ser ingresados en una cuenta cuya numeración se les facilitaba en efectivo o por transferencia.

Cuando se verificaba el ingreso, los miembros de la escala más baja se encargaban de los trámites con los clientes, entre ellos darle los códigos para que pudieran imprimir y a la vez hacer uso del billete o reserva correspondiente. Todo ello, con el fin de dificultar en lo posible que se descubriera la identidad de los integrantes de este grupo a cuyas cuentas bancarias iban a parar los ingresos.

Pasado un tiempo de que se hubiera hecho uso del servicio, la entidad que emitió la tarjeta de crédito rechazaba el pago al no estar autorizado por su titular, con el consiguiente perjuicio para el banco que había adelantado el dinero y de la agencia que debía abonarlo.

Los acusados presuntamente también se dedicaban a la compra de bienes con tarjetas extranjeras utilizadas en la estafa y con parte de los beneficios de su actividad y que posteriormente eran revendidos por los acusados en España o en Nigeria, donde un miembro de la banda poseía una tienda.

Otro de los integrantes se ocupaba de la venta de la mercancía y de garantizar la seguridad de las operaciones de compraventa de billetes, asesorando a los demás y otro era intermediario en la compraventa de billetes y guardaba en su vivienda muchos de los bienes adquiridos y los vendía.

La pareja de otro de los supuestamente implicados tenían abierta una cuenta a su nombre entre las utilizadas para recibir los ingresos, y su función principal era la realización de reintegros y transferencias, al igual que otro acusado más.

Los seis acusados fueron detenidos durante la entrada y registro llevada a cabo a raíz de la investigación judicial en una vivienda situada en Toledo y en la que uno de ellos llegó a agredir a dos policiales. La responsabilidad civil se fija por el dinero que la agencia de viajes tuvo que abonar en billetes y hospedajes que no pudo cobrar.

Según la Fiscalía, los acusados también habrían intentado sin éxito comprar billetes y hospedajes del modo anteriormente descrito en la agencia de viajes por un importe de otros 143.486,01 euros, aunque en aquellas ocasiones, la maniobra fue detectada a tiempo.