El rebumbio del caso Reparos
No corren buenos tiempos para el buen nombre de la justicia. Bueno, en realidad, nunca han corrido buenos tiempos para el buen nombre de la justicia. Pero ahora que determinadas asociaciones de jueces y juezas, determinados partidos políticos y abundantes todólogos, todos ellos y ellas con debilidad por la derecha, se escandalizan por las críticas que ese poder del Estado recibe, parece conveniente recordar algo que parecía indiscutible: que todas las resoluciones judiciales son criticables y sus autores se tienen que aguantar. Con jota. El de las resoluciones extrañas, incluso estrafalarias e injustas, es un asunto muy recurrente, sobre todo para periodistas que hemos visto burros volando en las sedes judiciales de aquí o de allá. Pero hoy vamos a referirnos a uno que sigue dejando secuelas porque su sonoro carpetazo por parte del Tribunal Supremo está sufriendo una mala digestión. Me refiero al caso Reparos, uno de los dos que condujeron a Fernando Clavijo a aforarse ante el más alto tribunal de la patria y hacerse en el mismo lote con los servicios de José Antonio Conseguidor Choclán. Resulta enternecedor que un presunto nacionalista se vea obligado a creer más en la justicia que se imparte en la metrópolis que la que pueda impartir un juez o una jueza en su propia tierra, donde se supone que habrían de tenerse más en cuenta todas esas cosas de las circunstancias territoriales, la idiosincrasia, o lo que su propio partido ha dado en llamar “el modo canario de hacer política”. O quizás haya sido por eso por lo que el actual presidente hizo que el Parlamento canario lo nombrara senador por la Comunidad Autónoma y lo aforara ante el todopoderoso Manuel Marchena, que también es canario y tiene su propio modo de impartir justicia. Debe haber influido también de manera decisiva que unos meses antes de aforarse se aprobara la reforma del Estatuto de Autonomía, en la que se incluyó la desaparición del aforamiento para las autoridades autonómicas. Es decir, Clavijo no iba a poder ser investigado o juzgado en su caso por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al que su partido eligió para tan alta empresa.
La desidia de la Fiscalía
De todos los asuntos turbios en los que se vio envuelto Fernando Clavijo durante su etapa como concejal y luego alcalde de La Laguna, el caso Grúas y el caso Reparos fueron los que más se le atragantaron. El caso Grúas se lo despachó rapidito Manuel Marchena en el Supremo en 2020 echando por tierra la exposición razonada que envió el juez de Instrucción 2 de La Laguna y el fiscal, que apreciaban delitos de prevaricación y malversación en lo que había hecho aquel concejal de Seguridad y luego primera autoridad municipal con la empresa (que tenía a un amigo dentro) que se había hecho con el servicio previa privatización: prestarle 120.000 euros de dinero municipal para rescatarla. Los demás implicados en este asunto quedaron inmediatamente exonerados en aplicación del contagio supremo, que basó el archivo en que el Ayuntamiento había actuado basándose en un informe de dos catedráticos de la Universidad de La Laguna. El caso Reparos era un poco más enrevesado y se le puso cuesta arriba a Clavijo especialmente desde que la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, cuanto estaba a cargo de María Farnés Martínez, decidió intervenir por petición expresa del denunciante, Santiago Pérez, cansado de la desidia con la que actuaba el fiscal encargado del Juzgado de Instrucción 4 de esa ciudad, contagiado quizás por la quietud (vamos a decirlo así) de la jueza titular de esa plaza. Pérez denunció que Clavijo y su sucesor en la alcaldía, José Alberto Díaz, además de algunos de sus lugartenientes, aprobaron en esos dos mandatos casi 200 decretos para levantar otros tantos reparos de la intervención, y de ese modo, según la denuncia, beneficiar a determinadas empresas que sacaban suculentas tajadas de una excepcionalidad que, siempre según la causa penal, no era tal. Coalición Canaria nunca le quiso dar mucha importancia a este asunto, y el demoledor informe de 120 folios de la fiscal María Farnés Martínez lo contestaron acusándola de pro gubernamental. Hasta que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife empezó a revocar los autos de archivo de la jueza y a ordenar que siguiera adelante con la instrucción. Hasta el momento se lo ha ordenado dos veces. Así que, lo mejor, al igual que el caso Grúas, era ponerse en manos del Supremo, que se lo archivó exclusivamente para él en 2023. La causa, sin embargo, continúa a día de hoy viva para el exalcalde Díaz y ocho personas más, que ocupaban la Junta de Gobierno del consistorio porque el denunciante ha vuelto a presentar un tercer recurso contra el tercer intento de archivo.
El denunciante, fuera de la política institucional
Las primeras ayudas a Clavijo vinieron de sus socios naturales en Canarias, los del PP, el partido que presume de tener el control de una puerta de esa sala de lo Penal del alto tribunal español. Allí, en manos de Manuel Marchena, Clavijo no se tuvo ni que sentar en el banquillo. Sin escuchar a la acusación particular, el Supremo archivó el asunto con unos argumentos muy singulares: “Las resoluciones adoptadas por el entonces alcalde (casi un centenar), aunque pueden ser irregulares, no fueron arbitrarias”. Y para que esas irregularidades puedan ser consideradas delito de prevaricación “se requiere que la resolución sea arbitraria, es decir, que roce lo groseramente ilegal por responder al mero capricho o voluntarismo de quien la dicta, a quien no importa su mayor o menor ajuste a una legalidad que desprecia”, dice literalmente la resolución. Las siguientes ayudas vinieron del PSOE, aunque cueste creerlo. Clavijo pidió a Ferraz, con quien negociaba el apoyo de Coalición Canaria a Pedro Sánchez, que ordenara a Santiago Pérez retirar la denuncia contra los compañeros que se quedaban en el barco del caso Reparos. Y como Pérez se negó a hacerlo, el tal Cerdán hizo que se quedara fuera de las listas al Senado, donde ocupaba plaza, en las elecciones de 2023. Ante esa posición del denunciante, a la tropa imputada no le quedaba otra que atenerse a la vía judicial de modo que, utilizando el archivo del Supremo respecto de Clavijo, la causa quedara archivada también en La Laguna. Así que se activó la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, esa en la que manda el tal Luzón, el que tiene tan contento a Víctor de Aldama. Luzón ordena a sus subordinados de que se opongan al tercer recurso de Pérez contra el archivo y encarga el primer escrito de oposición nada menos que a su lugarteniente, Antonio Romeral, el que tiene tan contento a Cristóbal Montoro. La fiscalía, al igual que los abogados de las personas que siguen imputadas, intenta que se aplique en Canarias la misma tesis del Supremo, amparada en otra innovación: “el tronco común”, que viene siendo una variante de la doctrina del árbol envenenado, pero en esta ocasión a favor del reo. Obviando, naturalmente, que cada uno de los casi 200 decretos investigados tiene identidad propia, cada uno de ellos puede ser constitutivo de delito de prevaricación y de malversación sin necesidad de tronco común ni nada que se le parezca, por lo tanto, han de ser analizado individualmente. Es la misma tesis que sostiene la Audiencia Provincial. Ya no está María Farnés Martínez en Canarias. La nueva fiscal general se la ha llevado a la Fiscalía del Supremo. Le sustituyó primero en la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife y ahora opta a ocupar su plaza de fiscal superior Jaime Serrano-Jover González, que casualmente tiene los mismos apellidos que la magistrada Ana Serrano-Jover González, que intentó desde Instrucción 4 de La Laguna archivar por dos veces el caso Reparos, lo que le impidió la Audiencia Provincial.
El decreto más grosero, el de Urbaser
Para archivar el caso Reparos respecto de Clavijo, el Supremo puso el listón muy bajo. Dijo que tiene que ser muy grosera la resolución administrativa para poder hablar de algo más que una “irregularidad”, término que no existe en el Derecho Administrativo. Así que si hablamos de grosería, hay un ejemplo muy elocuente en esta instrucción: las ampliaciones del contrato de limpieza y recogida de residuos urbanos a la empresa Urbaser, que lo llevaba prestando desde 2008. Hubo dos prórrogas, una firmada por Clavijo y la otra por su sucesor, José Alberto Díaz, un contrato de 150 millones de euros, más o menos lo que viene costando actualmente la Televisión Canaria. En ambos casos, el Ayuntamiento inició el procedimiento de adjudicación una semana antes de que venciera la segunda y última prórroga y se le pidió a la empresa que siguiera prestando el servicio en las mismas condiciones. Pero una de esas condiciones -aquí empiezan las groserías- imponía a Urbaser que la flota del servicio de limpieza debía pasar a ser del Ayuntamiento, exigencia que no sólo no se cumplió sino que a) el Ayuntamiento le siguió pagando por el mantenimiento de los camiones y b) el Ayuntamiento exoneró a Urbaser de la obligación de renovar 32 de los 46 vehículos que componían la flota. Por falta de groserías que no sea.