Reventar el sistema hasta que la derecha gobierne
La casualidad, o vaya usted a saber qué, quiso que esta pasada semana coincidieran en Gran Canaria dos personalidades que encarnan los dos mundos de lo que está sucediendo con la justicia, con la judicatura, en España, y en consecuencia, en torno al pulso entre el Estado de Derecho y el todo vale para con tal de que regrese la derecha al poder.
Me refiero al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y al expresidente de la Sala Segunda del Supremo Manuel Marchena. El primero acudió a una conferencia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por la asociación Democracia Canarias XXI. El segundo, para recibir el agasajo de los colegios oficiales de abogados y de procuradores de la provincia de Las Palmas en forma de sus más elevadas distinciones.
Álvaro García Ortiz fue recibido con un espontáneo aplauso por las personas congregadas en el Paraninfo de la Universidad, todas puestas en pie, seguramente en reconocimiento al calvario que ha tenido que pasar como consecuencia de la justicia politizada que sufrimos en España y de la que Manuel Marchena es uno de sus máximos representantes, como puso de manifiesto él mismo al día siguiente cuando recogió la medalla de oro del Colegio de Abogados de Las Palmas en reconocimiento a su trayectoria profesional.
Manuel Marchena fue también muy aplaudido en aquel ambiente concreto, que acabó como acaban esos agasajos, con un vino español.
García Ortiz hizo duras críticas a ese sistema que ha catapultado hasta ese tipo de reconocimientos al magistrado que en 2018 el Partido Popular identificó claramente como su infiltrado para controlar “por detrás” la Sala Segunda del Supremo, en aquel WhatsApp de Ignacio Cosidó. El ex fiscal general criticó, entre otras cosas, el poder omnímodo de los jueces de instrucción, que operan sobre la vida de los justiciables sin apenas control de legalidad; censuró el sistema de aforamiento que conduce ante el Tribunal Supremo, concretamente hasta su Sala Segunda, no solo al presidente del Gobierno, a los diputados y diputadas, senadores y senadoras, presidentes y presidentas de ambas cámaras, ministros, ministras, presidentes y presidentas del Consejo de Estado, de la Audiencia de Cuentas… sino también a la presidenta misma del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Marchena y sus compañeros de Sala, los que condenaron a García Ortiz por “divulgar” (verbo repetido 23 veces en la sentencia) y no por revelar (secretos, el delito) asuntos relacionados con la causa abierta al ex novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tienen más poder que cualquier consejo de ministros, cualquier pleno de las cámaras elegidas por la ciudadanía.
Manuel Marchena, al día siguiente, optó por contar lo que él siente ostentando ese poder: yo prefiero ser jugador que árbitro, dijo a modo de resumen de lo que viene ejerciendo desde que el PP lo elevó al Tribunal Supremo, previo paso por la Fiscalía General del Estado de la mano del que entonces era su titular, Eligio Hernandez, cuyo nombramiento fue luego declarado nulo por, ¡oh, sorpresa!, la Sala Tercera del Supremo cuando todavía gobernaba Felipe González y ya había prisas porque lo sustituyera José María Aznar. A estas alturas del siglo, González y sus más conspicuos seguidores (Guerra, Page, Corcuera…) ya han olvidado aquellas ofensas y se han sumado al aquelarre.
Desgraciadamente, Canarias Ahora no pudo cubrir el magno acontecimiento de la imposición de la medalla de oro del Colegio de Abogados de Las Palmas a Manuel Marchena porque no nos llegó la convocatoria y nos enteramos de refilón por una abogada que nos alertó de lo que estaba sucediendo. Por suerte, el periódico La Provincia publicó una amplia reseña que fue complementada por un artículo de opinión de su director, Fernando Canellada, desplegando una sentida oda al magistrado Marchena en la que se incluyeron algunas inexactitudes para tratar de demostrar que es imparcial ante las distintas sensibilidades políticas, como que archivó la causa contra la magistrada Victoria Rosell promovida por el exministro José manuel Soria de la mano del entonces abogado Eligio Hernández. Lo cierto es que no solo no hizo lo que debía cuando Rosell dimitió como diputada y perdía su aforamiento ante el Supremo, sino que pidió a la Junta Electoral que la vigilara, no fuera a ser que se presentara a las siguientes elecciones, y así poderse quedar él con aquella causa en la que estaba muy metido el ex juez corrupto Salvador Alba, que mantenía un apasionado intercambio de resoluciones con Marchena para que pudiera prosperar la iniciativa de Soria. Solo la publicación en este periódico de la grabación del empresario Miguel Ángel Ramírez hizo que Marchena se rindiera.
Marchena encarna uno de los baluartes de la derecha para cargarse el sistema democrático a mayor gloria de la recuperación del poder institucional (allí donde todavía no lo tiene) por parte de la derecha. Su denodado esfuerzo por torcer el brazo del poder legislativo en asuntos como la ley del solo sí es sí, la amnistía a los condenados por el procés de Catalunya y el juicio mismo del procés, son solo algunos ejemplos de los servicios que el magistrado canario viene prestando a la causa por la puerta de delante.
En Canarias conocemos otros que en la Península pueden considerarse de menor cuantía, como los archivos propinados a las causas de corrupción en las que estuvo implicado el presidente Fernando Clavijo, el caso Grúas y el caso Reparos, para los cuales se aforó convenientemente ante la referida Sala Segunda a través de uno de los abogados fetiches de la misma, José Antonio Choclán.
García Ortiz, por el contrario, representa para mucha gente a las víctimas de la persecución política desde las instancias judiciales. Su juicio fue todo un ejemplo de atropello judicial, de construcción artificial de una causa para arremeter contra el Gobierno destruyendo a la máxima autoridad de una de las instituciones más señeras del Estado. La sentencia será algún día estudiada como una de las arbitrariedades más extremas de la democracia española, y el papel del tribunal que juzgó la causa, como uno de los ejemplos más palmarios de parcialidad y de injusticia. Despreciar como despreció el testimonio de media docena de periodistas que declararon en el plenario que sus fuentes no fueron nunca el fiscal general ni nada que se le pareciera es un hito difícilmente repetible.
Estas dos visitas a Gran Canaria coinciden en el tiempo con una serie de acontecimientos que no animan a creer en la separación de poderes en España. Y no porque ese ataque a las esencias constitucionales las esté promoviendo el Gobierno, que teóricamente es quien debería tener más capacidades para hacerlo, sino por la oposición y por los poderes que la animan.
Estamos asistiendo asombrados a acontecimientos muy preocupantes en torno a la Audiencia Nacional, donde algunas investigaciones sufren retrasos inexplicables que terminan en la reducción drástica de condenas por dilaciones indebidas, frente a meteóricas instrucciones cuando las personas investigadas tienen que ver precisamente con el Gobierno o con el PSOE. Vemos cómo la sentencia del caso Kitchen, por el que se juzgó la corrupción del PP que la misma Audiencia Nacional limitó muchísimo para que no alcanzara a Dolores de Cospedal o a Mariano Rajoy, no se hace pública más de tres meses después de cerrarse el juicio, seguramente porque convendrá más que se conozca después de las elecciones generales del día 29.
Por contra, asuntos que potencialmente perjudican al Gobierno o al PSOE, caminan con inusitada diligencia en los mismos juzgados de la Audiencia Nacional. Ahí tienen el caso Leyre o la investigación de la crisis de Ceuta, que por cierto dirige sin el más mínimo recato la jueza María Tardón, que fue concejala de Madrid con el PP y que figura en el listado de ilustres juristas que van a participar la semana que viene en las jornadas jurídicas que organiza el digital ultra OK Diario, el mismo que ha pagado a la abogada de Koldo García como anticipo o algo así por no sé qué documental con el que tratar de perjudicar a Pedro Sanchez para meterlo en algún embolado judicial.
Porque el deterioro del sistema no se queda desgraciadamente en las altas esferas de la Administración de Justicia, aquella en la que las designaciones de jueces y juezas, de magistrados y magistradas, se eligen por mayorías parlamentarias, es decir, por el PSOE y el PP, lo que ha derivado en una manera de actuar más política que técnica, ajena a la imparcialidad a la que deberían estar un poquito más obligadas sus señorías. También afectan a otros elementos cruciales de la democracia, como la Policía o los medios de comunicación.
Recientemente conté en este mismo boletín mis impresiones sobre cúal está siendo en estos últimos años la deriva de la Policía, cada vez más alejada de los principios democráticos que está obligada a defender.
El papel de los medios
También hay que referirse a la prensa, el llamado cuarto poder, que está desempeñando un papel determinante en este ambiente de involución, de quiebra del sistema democrático para facilitar el regreso de la derecha al poder.
El descubrimiento de que OK Diario está en una operación corrupta de compra del testimonio de un testigo para perjudicar al Gobierno y al PSOE es solo la punta del iceberg de lo que están haciendo muchos otros medios de la derecha con tal de provocar la caída de Pedro Sánchez y, consecuentemente, la llegada al poder del PP y de Vox, que es lo que realmente se persigue para que los poderes que están detrás de esta operación alcancen sus objetivos.
Nada se sabe de investigación judicial alguna sobre este escándalo.
El periódico de Eduardo Inda tiene encima el cuajo de organizar unas pretendidas “jornadas jurídicas” con las que congraciarse con determinados jueces y juezas a los que este año invita a Marbella a mayor gloria de la exaltación de la independencia judicial en pay per view, a mil euros por cabeza. Las jornadas de este año tienen como lema, atención, el siguiente: “La independencia judicial, la politización de la Justicia, el futuro de los grandes despachos y el Derecho concursal”. Por si había alguna duda.
Y en la presunta noticia en la que el digital explica cómo van a ser las jornadas se puede leer esto tan elocuente: “Eduardo Inda llega a Marbella junto a magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de tribunales superiores de justicia. También intervendrán representantes de la política nacional, de la Policía y de los fiscales”. Las pretensiones no son secretas, como puede apreciarse. Porque aquí nadie disimula, como hizo tan insigne periodista hace algunas semanas en un programa ultra de Cuatro indicando públicamente a Feijóo cómo actuar en la polémica de las pensiones: no decir nada hasta después del 29N.
Los demás medios de la derecha y la ultraderecha no han llegado de momento tan lejos como OK Diario, al menos que sepamos hasta ahora. Pero el comportamiento generalizado es el de la utilización de bulos, de testimonios emitidos por fuentes no confiables y sin contrastar, la manipulación de datos para que parezcan algo distinto de lo que realmente dicen y las insinuaciones más burdas prohibidas en esta profesión por todos los códigos éticos. Esa es la práctica más que frecuente en la mayoría de las cabeceras de la derecha y de la ultraderecha: las digitales y las de toda la vida. No hay mucha diferencia entre ellas.
Pero volviendo al mundo judicial, aquí, en Canarias, sin ir más lejos, tenemos una dilatada experiencia de lo que ahora se está viendo en el ámbito nacional en todo su esplendor. Puede servir de ejemplo el penúltimo asunto que protagonizó el ex presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, antes de salir de las Islas rumbo a su nuevo destino. Siendo todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de su Sala de lo Civil y Penal, Navarro Miranda presidió el juicio contra varias personas por el llamado caso Grupo Europa, entre los que se encontraba un aforado, el diputado del Partido Popular Jorge Rodríguez, a la sazón responsable de Economía del PP canario y mano derecha de José Manuel Soria, que entonces era ministro con Mariano Rajoy.
Navarro Miranda figuraba entre los aspirantes a presidir la Audiencia Nacional y su nombramiento, oh casualidad, le fue comunicado cuando estaba a punto de dictar sentencia sobre aquel alto cargo del PP canario. Se le acusaba de un delito de tráfico de influencias por haber presionado a ayuntamientos del PP en Gran Canaria para que contrataran los servicios de una empresa, Grupo Europa, que efectivamente fue contratada para satisfacer sus deseos. Pero el tribunal, compuesto por Navarro Miranda y dos jueces de adscripción territorial (JAT) decidió que aquello era poca influencia como para mandar a la cárcel a aquel pobre hombre.
En medio de aquel juicio, era nombrado presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro Miranda, al que muchos lectores recordarán por sus animadas conversaciones con el que fuera secretario de Estado de las cloacas del Ministerio del Interior con el PP, el tal Francisco Martínez, uno de los imputados en el caso Kitchen ese cuya sentencia la Audiencia Nacional parece haber decidido retrasar hasta después de las elecciones, para hacer bueno aquello de “el que pueda hacer que haga”, de la factoría Aznar.
El acusado por aquella bondadosa sentencia de Navarro Miranda, Jorge Rodríguez, dirige ahora un despacho al que se ha incorporado el ex juez corrupto Salvador Alba, que ejerce como abogado no colegiado y como cliente de Rodríguez en la causa que Alba y su mujer siguen contra mí en los juzgados de Madrid a ver si me meten 22 años por revelación de secretos (contar las andanzas corruptas del ex juez delincuente) y acoso (contar sus andanzas corruptas del ex juez delincuente).