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Un Miércoles Santo

El inicio de un ‘puente’ de cuatro días es la fecha ideal para que declare un presidente como investigado o para intervenir la Fundación CajaCanarias, como hizo el Gobierno el Miércoles Santo de 2013

La campaña electoral canaria se enciende con la última macroencuesta del CIS, que vaticina la sustitución del nacionalismo canario por el nacionalismo español en el Congreso de los Diputados

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias y Ana Oramas, candidata al Congreso de los Diputados por Coalición Canaria.

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias y Ana Oramas, candidata al Congreso de los Diputados por Coalición Canaria.

Un Miércoles Santo. Ésa es la fecha que ha escogido la jueza de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, para llamar a declarar como investigado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien por fin tendrá la oportunidad de responder por las acusaciones vertidas contra él en la denuncia formulada hace ya dos años por dos de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna. Dos años -bueno es recordarlo para aquellos que quieren convertir al encausado en víctima del sistema- que se han consumido en idas y venidas de la causa a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la mayor parte de las veces por sus propias maniobras, destinadas básicamente a dejarse acurrucar por el presidente de la Sala de lo Civil y Penal, Antonio Doreste, donde antes eran investigados los aforados que ya no lo son.

La elección del Miércoles Santo podríamos atribuírsela al mismísimo Clavijo si aplicáramos la regla con la que se verifica a quién beneficia tan señalada fecha. Para que se hagan una idea del efecto que produce una noticia la víspera de un largo puente de Semana Santa, han de saber que ésa es la que eligió el Gobierno de Canarias en 2013 para intervenir la Fundación CajaCanarias y llevarse por delante nada más y nada menos que a un presidente de la entidad que parecía intocable, Álvaro Arbelo.

CajaCanarias lo fue todo para la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), el gérmen de Coalición Canaria, y su consejo de administración (con una única y honrosa abstención) fue clave para el pelotazo de Las Teresitas, cuyo desenlace último acaba de empezar a producirse con el desfile de los condenados en dirección a la prisión Tenerife II. Sin aquella entidad bancaria, que concedió un crédito de 30 millones de euros a un empleado del empresario Ignacio González, quizás no se habría producido la componenda.

Una Caja así no merecía otro final que el tuvo a manos precisamente de un Gobierno integrado por Coalición Canaria y el Partido Socialista, pero con un presidente como Paulino Rivero que acabó defenestrado por los suyos para abrir paso al Fernando Clavijo que, cinco miércoles santos después, ocupará la primera página de los diarios por motivos menos edificantes.

Es más que probable que la jueza Blanco no reparara en el favor que hacía al presidente citándolo a declarar en la víspera de un puente. Como tampoco reparó en lo oportuno de su decisión de suspender la primera declaración de Clavijo el 15 de marzo pasado. Ambas cosas las pidió con posterioridad el encausado, al menos formalmente, porque públicamente empezó a pregonarlo desde que vio que ya no quedaba ningún cartucho más que quemar en el TSJC.

La estrategia político-procesal de Clavijo ha sido un auténtico desastre, seguramente por fiarse de quienes le aseguraron que todo acabaría diluyéndose en Casa Doreste. Ahora tendrá que declarar en plena campaña electoral y los efectos de su declaración se prolongarán más allá del Domingo de Ramos porque en esta ocasión ya no se trata de la intervención de una entidad bancaria, sino del primer presidente de la Comunidad Autónoma en activo investigado por delitos relacionados con la corrupción, y el primer alto cargo que se ve en esta tesitura ante un juzgado ordinario despojado ya de la vieja condición de aforado.

No podemos saber aún qué es lo que va a contestar, ni siquiera si contestará a las acusaciones y a la Fiscalía Anticorrupción. Sí sabemos que va a intentar demostrar que el caso Grúas fue una operación “de éxito” para La Laguna. Un exitazo.

También sabemos que basará su defensa en las contradicciones del Ministerio Fiscal, para lo cual ya ha remitido a la jueza a informaciones periodísticas que hicieron referencia a la existencia de un informe interno en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma en el que, al parecer, no se apreciaban delitos en su comportamiento. Un informe que jamás se oficializó y que cayó en el olvido al decidirse esperar por la abolición de los aforamientos sin mayores pronunciamientos de fondo. De existir tal informe, al parecer obra del fiscal Demetrio Pintado, queda absolutamente sepultado por el primer escrito que ha presentado en el juzgado María Farnés Martínez, que aprecia indicios de delito en el desempeño que tuvo el presidente Clavijo mientras fue concejal y alcalde de La Laguna, así como en el de los otros imputados, entre los que se encuentran el actual alcalde y el portavoz de CC en la Corporación, José Alberto Díaz (hermano del abogado que actúa en nombre de Clavijo), y Antonio Pérez-Godiño, respectivamente.

La acusaciones, por su parte, harán valer una batería de argumentos entre los que se detecta, por la lectura de sus escritos, el conocimiento que Clavijo y sus compañeros de Corporación debían tener de la catadura de los siete trabajadores a los que el alcalde-presidente puso al frente de la grúa municipal, a los que otorgó un préstamo con dinero público y a quienes prorrogó la concesión, siempre en contra de los criterios del interventor municipal. Varios de ellos se encuentran imputados en otro juzgado de la ciudad por haber desguazado y presuntamente vendido por piezas los coches custodiados en el potrero municipal. Las acusaciones han pedido que esos testimonios se incorporen al caso Grúas para mejor proveer.

¿Un Congreso sin nacionalistas canarios?

En estas disquisiciones andábamos cuando hizo aparición en nuestras vidas la última macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) previa a las elecciones generales del 28 de abril. A escala nacional puede decirse que los resultados son apoteósicos, se miren por, dónde y cómo se miren. El revolcón que, según este sondeo, se llevan los dos partidos que llevan pidiendo elecciones desde hace diez meses es memorable, como para que se les quiten las ganas de berrear de por vida. Que la suma de las derechas no dé nada más que para una noche de cañas, quiebra de repente la tendencia andaluza y, de producirse en las urnas el día 28, es muy probable que convierta al PP en el gran derrotado en las siguientes elecciones del 26 de mayo.

Por lo que respecta a Canarias y aplicando las naturales prevenciones por el proverbial desacierto del CIS en estas dos asirocadas circunscripciones,  no se producen excesivas sorpresas con respecto a la tendencia nacional. El PSOE sucede al PP en el liderazgo alterno del bipartidismo de los últimos tiempos con acentuada caída de los populares, a los que Vox le hace mucha pupa entrando con determinación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y con algo menos de furor torero en la de Las Palmas. El nacionalimo español sucede en Santa Cruz al canario porque o Ana Oramas espabila o el séptimo escaño que la candidata de CC no tiene asegurado se lo lleva el PSOE.

En Las Palmas, siempre según el CIS, Nueva Canarias pierde el sillón de Pedro Quevedo y la entrada de Vox está supeditada a que Ciudadanos no consiga su segundo escaño.

De confirmarse estos datos asistiríamos a un acontecimiento singular: la desaparición del nacionalismo canario, en cualquiera de sus formas, en el Congreso de los Diputados desde la invención de Coalición Canaria, que llegó a formar incluso grupo parlamentario en los gloriosos tiempos de la cohabitación de la extrema derecha de Mardones con el comunismo isleño de Mauricio. Potaje hábilmente bautizado por este irrepetible estratega como nacionalismo canario. Y dos piedras.

Para poder decir que le queda algo de voz en Madrid, a Coalición Canaria siempre le quedará la opción de mandar a Clavijo al Senado en la modalidad designación de la Comunidad Autónoma, como hizo con Miguel Zerolo para intentar que el aforamiento de allá alargara su agonía judicial. Si el alcalde-presidente llega al 26 de mayo imputado y esa condición entorpece que el partido continúe en el poder, su destino parece escrito. Al fin y al cabo, el código ético de CC solo obliga a dimitir cuando hay condena, lo que coloca a ese partido a la cola de las exigencias éticas, por detrás del PP, que expulsa con la apertura de juicio oral.

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