Pero mantiene al sector en pie de guerra

El anuncio de Soria de hacer una excepción con Canarias no va a calmar sin embargo al sector español de las renovables, que está que se sube por las paredes desde que la semana pasada se publicara el Real Decreto 1/2012. No dan crédito aún a una decisión tan perjudicial para el país, consistente en seguir quemando hidrocarburos en un momento en que se dispara el coste del barril del petróleo por la crisis en torno a Irán; seguir subvencionando el carbón cuando la tendencia irrefrenable es a reducir las subvenciones para rebajar el déficit público, y abandonar un sector innovador que genera fuertes inversiones y crea miles de puestos de trabajo. La excusa ha sido el déficit tarifario, la diferencia entre lo que las eléctricas dicen que le cuesta producir la electricidad y lo que realmente están pagando los consumidores. Una decisión de tal calado, que echa por tierra la exitosa tendencia de liderazgo mundial español en el campo de las renovables, no parece sin embargo haberse madurado con responsabilidad. Porque este pasado jueves el Ministerio de Industria se dirigió a la Comisión Nacional de la Energía para pedirle que abriera un periodo de consulta con el sector para escuchar propuestas encaminadas a acabar con el déficit tarifario. Si no lo tenía tan claro cuando dictó el polémico real decreto, ¿por qué lo hizo? Muy sencillo, por un insuperable deseo de agradar a las grandes compañías eléctricas, entre las que muy pocas, dicho sea sin ánimo de ponernos nacionalistas, son españolas. El sector de las renovables, sin embargo, mayoritariamente español, sufre un certero golpe que supondrá merma en sus inversiones y pérdidas de miles de puestos de trabajo.