6,7 millones sólo en costes laborales

Las prebendas y ventajas repartidas por los antecesores de Paqutia Luengo al frente del ITC pasan ahora factura a la supervivencia de la empresa y de la totalidad de la plantilla. Hay datos sensibles que el Gobierno no quiere soltar ni a palos, pero otros están a disposición del público municipal y espeso a poco alguien le dé por investigar. Las cuentas anuales de esa empresa pública, por ejemplo, reflejan auténticas filigranas contables para ajustar los balances y no entrar en peligro de disolución. Por ejemplo, presenta un endeudamiento de 37 millones de euros y su principal deudor, curiosamente, es el Gobierno de Canarias. Chinche por chinche, todos nos rascamos. Sus activos de propiedad intelectual (patentes, modelos de utilidad, etcétera) son pobrísimos si tenemos en cuenta cuál es la actividad que desarrolla (I+D+i): sólo representan menos del 0,1% de su activo. Pero donde se detecta una auténtica sangría para las arcas públicas es en el coste de personal. Sus 105 trabajadores en Gran Canaria cuestan a la empresa entre salarios y Seguridad Social 4,5 millones de euros al año, es decir, un promedio de 38.000 euros al año por persona, que pasan a 6,7 millones si incluimos la totalidad de la plantilla, 165 personas. Comprensible si se tiene en cuenta que un ordenanza, la escala más básica, cobra 1.800 euros líquidos al mes tras la rebaja del 5% lineal aplicada el año pasado a todo hijo de vecino adscrito al sector público, o que uno de sus ejecutivos tiene un complemento personal de 23.000 euros al año. Un plus de transporte de 2.246 euros es aplicado a la nómina de los trabajadores de Pozo Izquierdo a partir del momento en que se abrieron esas instalaciones, pero ha pasado incomprensiblemente a formar parte de los conceptos fijos incluso de aquellos que viven en esa localidad de Santa Lucía de Tirajana o de los que fueron contratados a posteriori. Supone un desembolso total de 151.000 euros al año. Una discriminación si te tiene en cuenta que no lo cobran otros trabajadores de la casa que viven más lejos de sus puestos de trabajo pero que no han de ir a Pozo. O una bolsa de vacaciones de 609 euros por cabeza (97.000 euros en total) que se abona en junio, o un incremento sobre las pagas extra en equivalencia a los complementos específico y de destino que perciben los funcionarios públicos y que cada año cuesta más de 200.000 euros. Poco va a tardar el PP en utilizar estos datos para avergonzar al Gobierno, y más concretamente a su consejera Paquita Luengo, a la que tratan de convertir en diana de todos sus desvelos. Olvidarán, como hacen habitualmente, que el ITC existía cuando ese partido gobernaba con Coalición Canaria casi las dos últimas décadas y que fue durante esa etapa cuando se produjeron los mayores excesos que conducen ahora a esta empresa irreal. Por cierto, uno de los consejeros de Industria que estuvo al frente del invento durante los años 2003 a 2005 fue un tal Luis Soria, hermano de su Excelencia, aquel del concurso eólico, del viaje casual a Magdeburgo y del baño privado con bidé que se hizo arreglar en el edificio de Usos Múltiples.