La Justicia investiga al “neuropsiquiatra” que elaboraba informes para Suárez Gil por falsificación
El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto un procedimiento para investigar, por un delito de falsificación de certificado médico, al doctor que firmaba los certificados psiquiátricos del expresidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, José Miguel Suárez Gil, en base a la querella interpuesta por la exmujer del empresario, Josefina Navarrete.
Según se desprende de la querella a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, Navarrete denunció que el doctor R.L.R. firmó un informe médico en el que diagnosticó a Suarez Gil un trastorno depresivo mayor y una insuficiencia vascular por cardiopatía obstructiva, por los que consideraba contrario a su salud mental y psíquica su ingreso en prisión, así como su asistencia a un juicio oral.
Una comparecencia ante la Justicia que el empresario ya había retrasado en diversas ocasiones - lo que extendía en el tiempo los procesos judiciales - por diferentes motivos, que variaban desde la imposibilidad de hacerle llegar la citación, hasta haber sufrido un ataque de ansiedad y haber sido atendido por el departamento de Urgencias del Hospital Insular.
Tanto el Juzgado de Instrucción 3 de la capital grancanaria, que investigaba a Suárez Gil por un delito fiscal, como el de lo Penal 5, que lo hacía por quebrantamiento de condena, ordenaron entonces que un médico forense visitara al imputado, que concluyó que las enfermedades de tipo físico y psíquico no le impedían acudir a declarar ante un juez.
Del susodicho diagnóstico forense recogido en la querella, destaca que “a pesar de sus manifestaciones de que ”no está para nada“ no ha perdido el juicio, ni su capacidad intelectual o volitiva, lo que se deduce de la entrevista mantenida con el mismo, la exploración psicopatológica, los informes aportados y los tratamientos que sigue actualmente”.
Al sospechar de una falta de imparcialidad por parte del médico que firmó el primer informe, que podría responder a “una maniobra urdida para dilatar la acción judicial y agotar anímicamente a las personas llamadas a dichos procedimientos”, la representación legal de Navarrete estudió el documento y descubrió una serie de incongruencias.
La primera de dichas incoherencias, según se explica en la denuncia, se encuentra en la propia especialidad del médico, detallada como “neuropsiquiatría”, que no se encuentra reconocida actualmente. La segunda es que el profesional aparece colegiado en el Colegio de Médicos de Las Palmas, pero no registrado en ninguna especialidad.
Por estos motivos, la abogada de Navarrete encargó a un perito externo que evaluara el informe de R.L.R., que puso en evidencia numerosas deficiencias en el documento y concluyó que “hay una sobredimensión de las consecuencias de la condición clínica que presenta el informado”.
Para la querellante, “la obtención de un certificado médico acorde a sus pretensiones ha logrado dilatar la celebración de un juicio oral durante meses y la efectiva tramitación de unas diligencias previas que podían ya haber sido finalizadas de no ser por lo retrasos en su citación y comparecencia”.
Más aún teniendo en cuenta que una vez el Juzgado de lo Penal 5 avisó a Suárez Gil de que si no comparecía sería puesto en busca y captura “se presenta espontáneamente en dependencias judiciales” con una “lozania y perfecto estado de ánimo que contradice el penoso retrato que ha efectuado el facultativo”.
“Para conseguir tales fines, la cooperación del hoy querellado mediante la elaboración de dicho informe es obvia; al igual que resulta palpable el conocimiento por parte del autor del mismo de la falta de veracidad de los datos aportados, la inexistencia de criterios médicos válidos en los que apoyar su tesis y la voluntad de obtener el fin perseguido (no acudir a juicios, posteriormente no ingresar en prisión) mediante la sobredimensión de los síntomas padecidos por el paciente y sus consecuencias”, resume la querella.
El médico se ratifica en su informe
R.L.R., que compareció el pasado lunes ante el Juzgado de Instrucción 7 de la capital grancanaria, por el presunto delito de falsificación de certificados, manifestó ser únicamente licenciado en medicina y cirugía y ratificó las conclusiones que firmó en su certificado.
Según se desprende de su declaración, manifestó dedicarse a la “neuropsiquiatría” desde el año 1983, una especialidad que según explicó se econtraba recogida en la legislación española hasta el año 1992, fecha en que “se dividió en neurología y psiquiatría en Las Palmas, pero en Tenerife no”. Sin embargo, reconoció no tener el título de las especialidades, porque “no le dejaron presentarse”.
Cabe destacar que R.L.R resultó absuelto por el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife tras ser denunciado por el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas por un delito de intrusismo y una falta de estafa.
