Revés para Primero Canarias: una jueza mantiene la declaración de “tránsfugas” para los cargos que abandonaron NC
Revés judicial para Primero Canarias Municipalistas. La magistrada Beatriz Rallo, titular de la sección Civil del Juzgado de Instancia 4 de Las Palmas de Gran Canaria, ha desestimado la solicitud de medidas cautelares presentada por el Bloque Nacionalista Rural (BNR, el partido de Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar e impulsor de Primero Canarias) y por Samuel Henríquez, concejal de San Bartolomé de Tirajana, contra el acuerdo adoptado por el Consejo Político Nacional de Nueva Canarias- Frente Amplio (NC-FAC) y su entonces presidente, Román Rodríguez, el 22 de diciembre. Un acuerdo que incluía la declaración de “tránsfugas” de los cargos electos que habían decidido abandonar Nueva Canarias, entre ellos el propio Henríquez.
Los demandantes perseguían la suspensión inmediata de ese acuerdo y, en consecuencia, paralizar cualquier comunicación a los ayuntamientos donde ejercen sus concejales.
Y es que la consecuencia directa de esa declaración de “tránsfugas” es que esos concejales pasarían a tener la condición de “no adscritos”, lo que limitaría sus derechos económicos y políticos, ya que en ningún caso podrían ser superiores a los que les hubiera correspondido en caso de haber permanecido en su grupo original (Nueva Canarias-Bloque Canarista).
Los concejales de Primero Canarias niegan esa condición de tránsfugas. Sostienen que abandonaron Nueva Canarias, pero no la coalición electoral (Nueva Canarias- Frente Amplio Canarista) en su conjunto, que estaba formada por otros partidos, como el referido Bloque Nacionalista Rural, al que aseguran ahora pertenecer.
En un auto fechado el pasado 6 de marzo, la jueza reconoce la existencia de la urgencia y el riesgo de perjuicio por la demora procesal, puesto que NC ya había notificado esa resolución a los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y de Moya.
Sin embargo, la magistrada ha denegado la solicitud de Samuel Henríquez y del BNR al entender que no se cumple el requisito indispensable de la “apariencia de buen derecho” (fumus boni iuris) de los demandantes. El auto se ampara en las disposiciones del Pacto Antitranfuguismo, que estipula explícitamente que dentro de una candidatura promovida por una coalición se considera tránsfuga a la persona electa que abandona el partido político que propuso su incorporación (NC-BC), incluso si recala en otro espacio de la coalición (BNR), “siempre que lo haga sin el consentimiento del partido original”.
La magistrada subraya que los demandantes, que pidieron la medida cautelar inaudita parte (sin escuchar a la otra parte), no aportó los estatutos del partido en el que Samuel Henríquez causó baja (NC-BC).
Según detalla el fallo, Henríquez fue incluido en la lista por Nueva Canarias-Bloque Canarista al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y, según la jueza, no se han aportado indicios de que este partido consintiera su pase al Bloque Nacionalista Rural (BNR) dentro de la misma coalición. El auto señala que este abandono “no previsto en el pacto de coalición” supone a primera vista “una transgresión y un fraude de ley”.
La jueza recuerda que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que los miembros que abandonen su grupo de procedencia adquirirán la condición de no adscritos. Así, aunque conservan sus derechos fundamentales de participación, como la voz y el voto en los plenos, sus derechos políticos y económicos quedan limitados.
El auto también alude al reglamento del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que contempla expresamente que el abandono de la formación política implica convertirse en concejal no adscrito.
El fallo impone al BNR y a Samuel Henríquez el pago de las costas procesales, pero no es firme. Se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Esta reciente resolución judicial incide en el pulso abierto en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana. El alcalde, Francisco García, y los cinco concejales que se fueron de NC a Primero Canarias siguen intentando evitar que se les considere tránsfugas, apoyándose en un informe del Gobierno de Canarias, mientras que el secretario municipal defiende lo contrario y NC mantiene que deberían pasar a ser miembros no adscritos.