Tras el parón propiciado por la huelga de jueces y fiscales de la semana pasada, este martes se ha reanudado el juicio que dirime si los socios privados de Emalsa se apropiaron de forma indebida de 23,4 millones de euros. El protagonismo de esta quinta sesión ha recaído en los tres peritos judiciales de Godoy Consultores y Auditores que, en 2015, firmaron dos informes que analizaban los contratos suscritos a partir de 2008 con Sercanarias, filial de Saur y Sacyr-Valoriza, la parte privada (con el 66% de las participaciones en el momento de los hechos) de la compañía encargada del ciclo del agua en Las Palmas de Gran Canaria.
Durante un extenso y minucioso interrogatorio, los peritos han ratificado sus dictámenes y, de forma resumida, han extraído dos grandes conclusiones. La primera es que Sercanarias no cumplía uno de los requisitos para poder ser adjudicataria directa, a dedo, de contratos de Emalsa. La segunda, que la filial de los socios privados facturó de más a la empresa mixta en una decena de esos contratos.
Las defensas sostienen la legalidad de los contratos suscritos entre Emalsa y Sercanarias sobre la base de un informe elaborado por el despacho de abogados Gómez-Acebo y Pombo. La tesis de los acusados es que la filial de los socios privados pudo ser contratada a dedo porque el 80% de su volumen de negocio en los tres ejercicios precedentes procedía de la compañía de aguas.
Sin embargo, en su declaración de este martes, los peritos de Godoy han desmontado este argumento y han precisado que Sercanarias cumplía ese requisito en los años 2005 y 2006, pero no en 2007. En concreto, han señalado que su cifra de negocio en ese ejercicio rondó los 570.000 euros y que, de ellos, sólo 195.000 (el 33%) correspondía a ventas a Emalsa.
El pasado mes de octubre, durante el trámite de cuestiones previas, una de las defensas aportó un informe elaborado por la consultora Kroll para tratar de rebatir el contenido del escrito de acusación de la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos. En ese informe, Kroll sostiene, a partir de los datos del Registro Mercantil, que la facturación de Sercanarias a Emalsa ascendió en 2007 a 558.000 euros. Superior, por tanto, a ese 80%. Los peritos de Godoy consideran, en cambio, que se trata de un error, puesto que en esa cifra se incluye un contrato adjudicado a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Gestagua y Satocan, “no asociada” a Sercanarias.
“Vertiginoso aumento” de la facturación
Los informes de Godoy Auditores constatan el “vertiginoso aumento de la facturación” que experimentó Sercanarias a partir de 2008 y las “deficiencias” en la forma en que Emalsa contrataba a la filial de sus socios privados, sin proceso de licitación y, en ocasiones, sin pedir ofertas a otras empresas.
A lo largo de su extensa intervención, que se ha prolongado durante más de dos horas, la perito que ha llevado la voz cantante durante el interrogatorio ha desgranado las “incidencias” o “incumplimientos” de cada uno de los contratos de Sercanarias.
El más controvertido, y el que según la Fiscalía ocasionó el mayor perjuicio a las arcas de la empresa mixta (11,1 millones de euros), fue el de mantenimiento de la red de alcantarillado. Según la perito, Sercanarias facturó de más por este servicio 1,4 millones de euros entre 2009 y 2012. La declarante manifestó que ese contrato, al igual que varios de los suscritos con la misma empresa, establecía un límite anual de gasto que los socios privados sobrepasaban sin justificar el porqué.
Los informes de Godoy señalan que a esa cantidad hay que sumarle 2,2 millones de euros que corresponden a la “parte no ejecutada” sólo en materia laboral. Es decir, aquellos gastos de personal que no se han podido justificar con partes de trabajo. El escrito de acusación de la Fiscalía cifra en 7,5 millones el sobrecoste de personal por este contrato.
Las defensas, a partir de sendos informes elaborados por las consultoras Kroll y PricewaterhouseCoopers, sostienen que el contrato de mantenimiento y otros contemplaban la posibilidad de ampliar esos límites anuales de gasto. La perito de Godoy ha precisado, no obstante, que Emalsa “no ha aportado documentación que justifique esa necesidad de ampliación de las prestaciones”. Las propuestas de adjudicación estaban vinculadas con el “control presupuestario”, pero no incorporaban esas ampliaciones.
Con respecto al contrato de transporte de lodos, Godoy Auditores sí pudo contar con todos los partes de trabajo y detectó, a partir de ellos, que el número de horas no coincidía con las horas facturadas. Además, explicó que, a pesar de que el contrato endosaba a Sercanarias la responsabilidad sobre el mantenimiento de los vehículos, Emalsa pagó esos arreglos, una circunstancia que la perito entendía “razonable” en el momento en que Sercanarias asumió el servicio, debido a su mal estado, pero no en los años sucesivos.
Godoy también incluyó como perjuicio para Emalsa la indemnización de algo más de 22.000 euros que pagó a un trabajador que debía subrogar Sercanarias. Para la perito, no es razonable que la empresa mixta asumiera ese coste y que, años después, se volviera a recurrir a ese mismo empleado para hacer sustituciones. Las defensas sostienen que ese despido fue una exigencia de un técnico de Emalsa y que, por eso, fue esta compañía y no Sercanarias la que abonó su indemnización.
Aparte del exceso de facturación sobre el límite previsto en los contratos, los informes de Godoy también advierten de otras presuntas irregularidades en esos contratos, como la de otorgar “un precio privilegiado” a Sercanarias con respecto a otras contratistas, al aplicar exclusivamente a la filial de los socios privados un 15% de beneficio industrial sobre los precios unitarios; la aplicación inadecuada del IPC, o el pago a esta empresa por “visitas fallidas” al mismo precio que las visitas ejecutadas. Es decir, servicios que se facturaban aunque no hubieran sido prestados porque los técnicos habían acudido al lugar.
Perjuicio y penalización
A preguntas de una de las defensas, la perito de Godoy admitió que el primer informe cifraba en 2,3 millones de euros el perjuicio a Emalsa por una decena de contratos con Sercanarias y que en el segundo, el ampliatorio, consideró subsanadas ciertas deficiencias detectadas en el inicial.
Algunos de los contratos incluían una penalización del 1% en caso de retraso en la ejecución de los trabajos en el plazo estipulado. En los informes de Godoy aparecían “asteriscos” en cuatro de esos contratos (acondicionamiento del laboratorio, obras en la estación de bombeo de aguas residuales de El Sebadal, inventariado de datos de acometida y mejora de saneamiento en Paseo de Chil). Según la perito, eran una “llamada” para advertir de que esas penalizaciones debían ser devengadas siempre que el retraso fuera imputable a Sercanarias. A preguntas de la abogada Noelia Afonso, la profesional reconoció que no había podido acreditar ese extremo y que esas penalizaciones habrían ascendido a 2,1 millones, “el 92% del perjuicio estimado”.
También dijo la perito de Godoy que en cuatro contratos analizados no se había detectado ningún perjuicio y que en alguna de las adjudicaciones sí estaba previsto el pago por visitas fallidas o la aplicación del IPC en los términos en que se ejecutó.
Oliver Brousse
Antes de que diera comienzo la prueba pericial, compareció en la Sala uno de los acusados, Oliver Brousse, presidente ejecutivo de Saur desde mayo de 2008 hasta febrero de 2014, y miembro del Consejo de Administración de la empresa mixta de aguas desde enero de 2009 hasta febrero de 2014.
Brousse sólo contestó a las preguntas formuladas por su abogado, Ignacio Nestares, que antes de la declaración descartó que a su cliente le produjera indefensión el hecho de que no hubiera intérprete de francés.
El exdirectivo de Emalsa explicó que su oficina estaba en Paris y que sólo acudió a una reunión del Consejo de Administración de la compañía de aguas de Las Palmas de Gran Canaria para no retrasar la adopción de acuerdos por problemas idiomáticos. También ha negado haber formado parte o haber recibido retribuciones de la Comisión de Gerencia. “Mi sueldo lo pagaba Saur en Francia”, ha dicho.
Con respecto a las prestaciones especiales que se repartían los socios privados, Brousse sólo afirmó que firmó ese contrato después de que los servicios jurídicos de Saur lo tradujeran al francés.
El juicio continúa este miércoles con nuevas declaraciones de peritos. En esta causa se juzga a quince personas que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida o, de forma subsidiaria, de administración desleal.