Las claves que dejó el principal testigo de la acusación en el caso Emalsa: “No hubo una defensa eficaz del interés general”

Jueves, 26 de junio de 2025. Cuarta sesión del juicio sobre el presunto quebranto de 23,4 millones de euros que los socios privados (Saur y Valoriza-Sacyr) habrían ocasionado a Emalsa, la empresa mixta encargada del ciclo integral del agua en Las Palmas de Gran Canaria. Para esa jornada están previstas dos declaraciones (un acusado y un testigo) y la reproducción del testimonio que prestó en fase de instrucción el funcionario Rafael Bolívar, fallecido en 2022.

Con el acusado José Manuel Calderero sentado ya frente al tribunal y preparado para explicarse, uno de los abogados de la defensa, Nicolás González-Cuéllar, toma la palabra para solicitar a los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas (Pedro Herrera, Secundino Alemán y Francisco Liñán) que se dé por reproducido el testimonio de Bolívar, que no se escuche en la sala, puesto que ya obra en las actuaciones y los magistrados pueden ilustrarse con su visionado.

El resto de defensas se adhiere a esa petición. Las acusaciones no se oponen, aunque el representante del Comité de Empresa de Emalsa recuerda que se trata de un juicio “oral y público”. La fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, sólo pide que también se incorpore como medio de prueba la declaración que prestó Bolívar ante ella en 2016, durante unas diligencias preprocesales de investigación. Nadie lo discute y el tribunal lo aprueba.

El testimonio de Rafael Bolívar y sus informes son cruciales para las acusaciones en esta causa. Bolívar era ingeniero superior y funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tras una excedencia de diez años, se reincorporó a esta administración en octubre de 2010 y en abril de 2012 fue designado jefe de la Unidad Técnica del Agua.

Apenas unos meses después, pasó a liderar el equipo técnico que debía analizar las relaciones entre Emalsa y la administración y el grado de cumplimiento de los contratos. En marzo de 2014, el gobierno municipal encabezado por Juan José Cardona (en aquellos momentos en el Partido Popular), a la vista de los informes elaborados por ese grupo, decidió ir un paso más allá y aprobó la intervención de la empresa mixta, colocando al frente de este proceso al propio Bolívar.

En dos documentos a los que ha tenido acceso Canarias Ahora, Bolívar aporta claves que sustentan las tesis incriminatorias de las acusaciones. “A pesar de que el Ayuntamiento sabe que Emalsa no cumple en debida forma los contratos, nunca ha tenido una relación proporcionada hasta la intervención” de la empresa, resumía el funcionario, que también calificaba de “irregular” la subcontratación con Sercanarias, filial de los socios privados.

El primer documento, fechado el 23 de septiembre de 2015, es un informe que el funcionario elaboró para los servicios jurídicos del Ayuntamiento con el objetivo de defender los intereses municipales en el marco del procedimiento judicial que enfrentaba a Emalsa con el Ayuntamiento por el impago de las facturas del contrato de saneamiento entre enero de 2013 y abril de 2014. Había sido el propio Bolívar quien había paralizado esos pagos al negarse a dar el visto bueno a unas facturas que, en su opinión, no estaban justificadas.

Aquel procedimiento acabó con una condena para el Ayuntamiento, que tuvo que pagar 6,6 millones de euros (más intereses) a Emalsa. El mismo día que se dictaba esa sentencia, el 29 de enero de 2016, una diligencia del mismo juzgado incorporaba a la causa un anexo de documentación del informe de Bolívar, más de mil folios que los servicios jurídicos municipales habían olvidado aportar cuando presentaron el escrito.

“Si el Ayuntamiento sospecha o entiende que el servicio no está siendo prestado de forma adecuada, o que existen irregularidades en la subcontratación de servicios, deberá acudir a los procedimientos legalmente establecidos para la imposición de penalidades o para la resolución contractual, pero, en ningún caso, las circunstancias expuestas le habilitan para condicionar el abono de las facturas presentadas al cumplimiento de unas formalidades no contempladas en el contrato y que, además, no habían sido exigidas en los más de diez años de su vigencia”, rezaba el fallo.

El Ayuntamiento no recurrió esa sentencia, en una decisión muy cuestionada por Bolívar y su entorno. De hecho acabó llegando a un acuerdo extrajudicial para abonar a la empresa mixta otros ocho millones de euros por el impago de las facturas del mismo contrato desde abril de 2014 hasta diciembre de 2015.

Del olvido del anexo de mil folios se quejó Bolívar cuando prestó declaración ante la fiscal Evangelina Ríos apenas un mes y medio después, el 15 de marzo de 2016, en el marco de las diligencias de investigación que el Ministerio Público había abierto tras recibir una nueva denuncia por presuntas irregularidades vinculadas con el servicio de aguas. El acta de aquella declaración, el segundo documento, también recoge aseveraciones relevantes para la acusación.

Saneamiento

El contrato de saneamiento es el más controvertido de cuantos son objeto de enjuiciamiento en la vista que se celebra desde hace dos semanas en la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas. En su comparecencia de 2016, Bolívar explicó a la fiscal que hasta su llegada a la Unidad Técnica de Aguas ese servicio se facturaba “sin soporte documental justificativo” de que los trabajos hubieran sido efectivamente prestados.

Cuando accedió al cargo, solicitó información a la entonces directora general de Emalsa, Laura Rivero,. Como esa documentación “no se aportó”, el funcionario se dirigió a la intervención general del Ayuntamiento para ponerle de manifiesto “que había tramitado la facturación correspondiente” porque “era su obligación”, pero al mismo tiempo le advertía de que esas facturas no estaban justificadas y recomendaba la creación del equipo técnico que finalmente se conformó. “Tenía motivos para sospechar que no se estaba procediendo por parte Emalsa de la forma debida”, dijo. Las facturas se dejaron de pagar en enero de 2013.

Años antes, otro funcionario, José Matías Ramos, había dejado sobre la mesa un expediente para aumentar la tarifa del agua porque “no vio claro” el cumplimiento de determinadas obligaciones por parte de Emalsa, tal y como reveló en el juicio.

El contrato de saneamiento y depuración data de 1998, pero es en 2008 cuando lo asume Sercanarias, la filial de los socios privados de Emalsa en aquellas fechas. Saur y Sacyr-Valoriza ostentaban cada una el 33% de las acciones de la compañía. El 34% restante correspondía a la parte pública, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Sercanarias sucedió a Urbaser como adjudicataria de ese contrato sin someterse a licitación alguna. Emalsa se comprometía a poner a disposición de la adjudicataria los medios necesarios para su realización, desde los vehículos hasta el mantenimiento de las oficinas. Y la filial de los socios privados debía asumir sólo el coste del personal subrogado. Es decir, 1,3 millones de euros. El importe inicial del contrato era de 1,9 millones anuales, aunque se incrementó hasta los 2,8 millones tras una serie de modificaciones que obligaban a Sercanarias a asumir funciones o costes que hasta ese momento eran responsabilidad de Emalsa, como el vestuario, combustibles y fungibles de taller o el mantenimiento de las oficinas.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no pagó a Emalsa las facturas de saneamiento desde enero de 2013 hasta diciembre de 2015 porque Rafael Bolívar entendía que la empresa no justificaba la realización de los servicios.

En el informe que remitió a los servicios jurídicos municipales, Bolívar concluía que el nivel de cumplimiento del contrato de saneamiento era “francamente bajo” y que la adjudicación a Sercanarias era “irregular”, no había sido autorizada por el Ayuntamiento, “alejaba el control” del Ayuntamiento y dificultaba “conocer los costes reales” del servicio. Como interventor, Bolívar entendía que la relación contractual entre la empresa mixta de aguas y la corporación local no defendía “eficazmente” el interés general.

Informe de Análisis Ingenieros y KPMG

Durante su etapa como interventor, Bolívar encargó un estudio a la empresa Análisis Ingenieros (por 18.000 euros) para que evaluara “en euros” el grado de cumplimiento del servicio de saneamiento. En virtud de ese contrato, Emalsa estaba obligada a la limpieza ordinaria de la red de alcantarillado (350 kilómetros en aquel momento) dos veces al año. Es decir, 700 kilómetros anuales, además de atender “las necesidades de carácter puntual”.

Como recordó el entonces jefe de la Unidad Técnica de Aguas a la fiscal en aquella declaración, la cláusula 3 establecía que Emalsa “debía certificar los servicios” que pestaba.

El informe de Análisis Ingenieros concluyó que en 2013 el grado de cumplimiento sólo alcanzó el 10%. En términos económicos, sólo se pudieron justificar unos 580.000 de los 4,8 millones de euros facturados.

Sin embargo, el entonces concejal de Aguas, Martín Muñoz-García de la Borbolla (PP). solicitó un segundo informe a la misma mercantil que determinó que para ese año “el nivel de medios puestos a disposición y los servicios prestados” alcanzaban “el 90% de lo estipulado en el contrato”.

Bolívar no estuvo de acuerdo con ese segundo informe porque entendía que carecía “de una sólida base”. De hecho, “no tramitó el pago”. La razón es que, además de que “no tenía el mismo objeto que el primero” (uno analizaba el grado de cumplimiento del contrato y, el otro, los medios con que contaba), el segundo tenía una importante limitación, la de “no tener acceso a la documentación propia de Secanarias”.

En ese informe, el interventor de Emalsa recalca que “no se puede valorar el grado de cumplimiento del contrato como medios puestos a disposición”, ya que el de saneamiento no es un contrato “por administración”, donde el contratista “aporta unos medios y luego se hace lo que se puede”, sino que “tiene objetos definidos que han de ejecutarse a riesgo y ventura del contratista”. “Menos cuando dichos medios han sido subcontratados a Sercanarias, empresa vinculada al capital privado de Emalsa”, añadía Bolívar, que propuso la devolución a Análisis Ingenieros del segundo informe, “al no constar en el Ayuntamiento encargo alguno sobre el particular”.

En ese informe que remitió a la asesoría jurídica del Ayuntamiento para que defendiera en los juzgados la decisión de dejar de pagar las facturas del contrato de saneamiento desde enero de 2013, el interventor exponía que el incumplimiento por parte de la empresa no se limitaba a ese ejercicio. “Probablemente, no lo ha hecho nunca (cumplir)”, decía.

En paralelo a los de Análisis Ingenieros, el Ayuntamiento de la capital grancanaria había encargado otro informe a KPMG Abogados (también por 18.000 euros) para que se posicionara sobre la “exigibilidad” de las facturas del contrato de saneamiento presentadas por Emalsa en 2013. Bolívar entendió que esta consultora “no atendió a los requerimientos municipales”, al “ni siquiera posicionarse sobre la subcontratación de Sercanarias”, y propuso rescindir el contrato.

El funcionario contó a la fiscal que, a pesar de KPMG debía esperar a conocer los informes de Análisis Ingenieros para emitir el suyo, esta emprea estuvo presentado escritos desde mucho antes y fue contratada por la propia Emalsa por un importe muy superior (244.000 euros).

Depuración y lodos

Sobre la base de ese contrato de mantenimiento, Emalsa se comprometía a depurar unos 27.000 metros cúbicos de agua al día, lo que suponía un coste de “452 millones de pesetas” al año (2,8 millones de euros), según los cálculos de Bolívar.

Ante la fiscal, Bolívar recordó que el Ayuntamiento estaba obligado a depurar “todas las aguas”. Sin embargo, por un lado, el contrato estipulaba 27.000 metros cúbicos y a la depuradora llegaban “44.000”. Y, según el funcionario, ni siquiera depuraba lo que estaba obligado. “Desde el inicio del contrato hasta el año 2012 había depurado diez millones menos de metros cúbicos de lo que les correspondía”, dijo a la representante del Ministerio Público.

Emalsa facturaba a sus clientes por agua suministrada, no por agua depurada. Según los cálculos de Bolívar, la sobrefacturación de la empresa mixta por este servicio durante todos esos años rondaba los veinte millones de euros.

El ingeniero añadió otro dato relevante. El agua de la cuenca de Jinámar se depuraba en una instalación propiedad del Consejo Insular de Aguas (dependiente del Cabildo, no del Ayuntamiento) y Emalsa cobraba a los ciudadanos de esta localidad por ese servicio que no prestaba. “Cuando el Cabildo (de Gran Canaria) se da cuenta de esto y, tras reclamar el importe al Ayuntamiento, le acaba imponiendo una compensación de inversión en obras futuras que ascendía a 1,5 millones de euros”, relató.

Con respecto al contrato de lodos firmado en 1998, Bolívar apuntó que el año anterior se había concluido la estación depuradora de Barranco Seco, que incluía una planta de biometanización para tratar los lodos de manera que quedaran “mucho más secos y menos pesados”. Sin embargo, esa planta “dejó de usarse en el mismo 1997, sin que a ciencia cierta se sepa el motivo”. Desde ese año, advertía el funcionario en su declaración ante la fiscal, “Emalsa ha seguido vertiendo los lodos al mar sobre la base de un decreto de emergencia que se dictó antes de la firma del contrato y cobrando por ello”.

En el último informe de intervención, remitido a la Junta de Gobierno en septiembre de 2015, Bolívar hablaba de un “deficiente cumplimiento de la concesión y sus contratos”, de una relación contractual entre Emalsa y el Ayuntamiento que “no defiende eficazmente el interés general” y lanzaba una advertencia: de mantenerse aquel escenario, “desprovisto de un marco relacional claro”, las consecuencias serían “de muy difícil reparación para la gestión del ciclo integral del agua de Las Palmas de Gran Canaria”.

Cuando prestó esa declaración ante la fiscal, hacía apenas dos meses que Bolívar había sido destituido de su cargo. En diciembre del año anterior, Emalsa había presentado una querella contra él que fue finalmente archivada. La intervención de la compañía de aguas fua anulada por los juzgados por un error formal. Bolívar falleció en junio de 2022.