El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entonces gobernado por el Partido Popular (PP), dejó de pagar a Emalsa desde enero de 2013 hasta diciembre de 2015 las facturas del contrato de mantenimiento de la red de saneamiento. Hasta entonces, la corporación abonaba unos 375.000 euros al mes (4,5 millones al año) por un servicio que la empresa mixta de aguas de la capital había subcontratado cinco años antes a Sercanarias, filial de sus socios privados (Saur y Sacyr-Valoriza).
Durante su declaración como testigo en la tercera sesión del juicio por el presunto quebranto a Emalsa, Martín Muñoz García de la Borbolla, concejal de Urbanismo y Aguas en aquel momento, ha explicado que adoptó esa decisión junto con el entonces jefe de la Unidad Técnica de Aguas del Ayuntamiento, el ya fallecido Rafael Bolívar, porque entendían que la empresa no había justificado la realización de esos trabajos.
“Yo no firmo un documento en blanco”, dijo para justificar su negativa a firmar las facturas. Y si él no firmaba, no se pagaban. El exedil explicó que la empresa no aportaba certificaciones ni una “explicación detallada de los servicios que prestaba en la ciudad”. Muñoz García de la Borbolla sitúa ahí el origen de las desavenencias entre el Ayuntamiento y Emalsa. “Exigimos explicaciones desde el minuto cero”. Según el testigo, a partir de ese momento la empresa empezó a darlas. Sin embargo, para Bolívar no eran suficientes. “Él exigía más, a veces más de la cuenta. Era muy exigente y entró en una dinámica de rigor absoluto”, ha manifestado.
El contrato de saneamiento es una de las claves de la causa que se juzga desde esta semana. La Fiscalía cifra en 11,1 millones el quebranto que el incumplimiento de ese contrato por parte de los socios privados habría ocasionado en la empresa mixta. Es decir, casi la mitad de los 23,4 millones en que cuantifica el Ministerio Público el perjuicio total de un procedimiento en que los acusados se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida o, de forma alternativa, de administración desleal.
Una sentencia de 2016 obligó al Ayuntamiento a devolver a Emalsa 6,6 millones de euros por el impago desde enero de 2013 hasta abril de 2014. En aquel momento, el Consistorio, liderado por el PSOE, decidió no recurrir y llegar a un acuerdo con la empresa para pagarle el resto (8,7 millones) y evitar que esa cantidad se incrementara con las costas judiciales.
“Ningún perjuicio” a la empresa
Sobre ese contrato de saneamiento se le ha preguntado también a Mercedes Fernández-Couto, directora general de Emalsa desde octubre de 2012 hasta la actualidad (salvo un breve lapso de meses). A lo largo de un extenso (cerca de dos horas y media) y exhaustivo interrogatorio, Fernández ha ratificado un certificado que presentó al consejo de administración de Emalsa en abril de 2024 y que concluía que las actuaciones de los socios privados no habían ocasionado ningún perjuicio a la empresa mixta de aguas de la capital.
Con respecto al saneamiento, la directora de Emalsa ha precisado que Sercanarias asumía “una parte importante” del servicio, pero no toda. En concreto, la limpieza de la red de alcantarillado y la reparación de averías. La testigo ha asegurado que los técnicos de Emalsa tenían que “emitir las certificaciones y visar los trabajos” de Sercanarias y que “no se podían facturar los trabajos que no se hubieran ejecutado”. “Hay una cadena de control”, ha subrayado a preguntas de una de las abogadas de la defensa.
“Son los técnicos de Emalsa quienes deciden los trabajos y los asignan a Sercanarias”, ha insistido la directora general de la empresa de aguas, que además ha precisado que para determinados contratos no se podía precisar “el número de unidades de ejecución”. En esos casos, según ha explicado, se presupuestaba sobre la base del coste de los dos años anteriores, pero se dejaba abierto y se facturaban los servicios ejecutados.
Con respecto a otro de los contratos objeto de este procedimiento, el de depuración, ha reconocido que la tasa se cobra por metros cúbicos suministrados, no depurados. “Si se hiciera por agua depurada, el coste sería superior”, sostiene la testigo, que añade que es “imposible” facturar por el agua depurada, porque sería necesario “tener otro contador” en cada domicilio.
Una deuda “de entre 16 y 17 millones”
Como en el resto de las sesiones del juicio, también se ha aludido a diversos informes vinculados con el proceso de control y posterior intervención de la empresa mixta. Sobre el que realizó Auren en 2014, Fernández-Couto explicó que no vio perjuicio ni incumplimiento alguno, que sólo proponía “algunas mejoras”, y precisó que el encargo inicial alcanzaba “todas las operaciones entre socios”, incluidas, por tanto, los contratos con Sercanarias, pero también las obligaciones del Ayuntamiento.
La directora general de Emalsa contó que el entonces alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, le remitió una carta en la que le pedía que se cambiara el alcance de ese informe y que se dejara fuera al Ayuntamiento. Según la testigo, en aquel momento la administración local debía a Emalsa “entre 16 y 17 millones de agua” y, además, se había negado a revisar las tarifas del agua. Un extremo que confirmó el exconcejal Muñoz García de la Borbolla, que explicó que ello era así porque “había gastos no justificados o excesivos”, como el del alquiler de la sede en el Centro Comercial de Las Ramblas, en un edificio propiedad de la constructora Satocan.
A preguntas de la Fiscalía, la directora de Emalsa reconoció que, meses antes de la intervención de la compañía, el funcionario Rafael Bolívar, como director de la comisión técnica de control del Ayuntamiento, propuso llegar a un acuerdo con un “saldo de obligaciones recíprocas”. Es decir, se trataba de ver qué debía cada parte y resolver las discrepancias. Emalsa lo rechazó, según Fernández-Couto, “por las circunstancias de aquel momento”, ya que la administración había dejado de pagar las facturas del contrato de saneamiento y las relaciones eran tensas.
Otros de los informes a los que se alude de forma recurrente son los que firmó la empresa Análisis Ingenieros. Un primero que concluía que el grado de cumplimiento del contrato de saneamiento rondaba el 10% (500.000 de los 4,5 millones de euros) y un segundo que se refería a “los medios puestos a disposición” por parte de la empresa y que elevaba ese porcentaje por encima del 90%.
Según Fernández-Couto, y a diferencia de lo que han dicho otros testigos en el juicio, esos informes tenían el mismo objeto. La diferencia, ha precisado, es que para el primero “no dejaron contactar” a Análisis Ingeniero con Emalsa y en el segundo la empresa mixta de aguas “aportó toda la información” y el ingeniero fue a las instalaciones de la compañía para comprobar las condiciones in situ. Las conclusiones acreditaron, según esta testigo, que esos trabajos tenían un coste superior al que abonaba el Ayuntamiento.
La directora de Emalsa, que también es miembro de su Consejo de Administración, señaló que los contratos con Sercanarias nunca fueron cuestionados en esas reuniones y que los servicios “se prestaban con normalidad” y en las mismas condiciones que otras contratas. Fernández-Couto apuntó que esos trabajos podían hacer sido realizados por personal propio de la compañía de aguas, pero los costes hubieran sido más elevados por los convenios aplicables.
“Prestaciones especiales”
Otro de los asuntos que se abordó en esta tercera sesión fue el pago a los socios privados de Emalsa de las denominadas “prestaciones especiales”. La Fiscalía cifra en 4,5 millones de euros el perjuicio causado a Emalsa por “pagos no justificados” a los socios privados.
La empresa pagaba 450.000 euros anuales a cada uno de los socios (Saur y Sacyr-Valoriza) por “asesoramiento técnico”. Sin embargo, según el Ministerio Público, esas facturas no describían “ni la prestación” que se abonaba “ni el personal” al que se hacía ese pago, por lo que no era posible determinar si esa prestación “tenía o no la consideración de especial”.
Preguntada por esta cuestión, Fernández-Couto manifestó que esas prestaciones se pagaban por el “saber hacer” de los socios privados. “Se necesita conocer bien ese servicio, han desarollado tecnologías para ser más eficientes, tienen aplicaciones internas que ponen al servicio de Emalsa, hacen investigación....”, ha dicho. Según la directora de Emalsa, con esas prestaciones se paga a los directivos dedicados en “exclusiva” a la compañía.
Por último, con respecto al alquiler de la sede de Emalsa, explicó que en la actualidad la empresa sólo ocupa una de las tres plantas que arrendó en 2008 y que el coste se ha reducido de los 60.000 a los 22.121 euros.
En la sesión de este jueves también ha declarado Josefa Luzardo, alcaldesa de la ciudad entre 2003 y 2007 con el Partido Popular (PP) y concejal de la oposición en el siguiente mandato. Manifestó que se opuso a la adjudicación del contrato de saneamiento a Sercanarias a finales de 2007. “No era bueno adjudicar a dedo”, dijo. La vista continúa la próxima semana.