Hace apenas un mes, Corea del Sur simbolizaba el entusiasmo inversor por la IA. Durante todo 2025, de hecho. Pero algo huele en su emblemático Índice Kospi que recuerda a la crisis monetaria de 1997. La atmósfera bursátil regional se ha deteriorado, hasta hacer cundir el nerviosismo desde comienzos de julio. Tras dispararse más de un 250% en un año, el MSCI Korea (Morgan Stanley Capital International), que controla la evolución de activos de compañías surcoreanas accesibles a inversores internacionales y determina sus flujos de capital, se ha contraído más del 30% desde sus máximos de junio. Con episodios de volatilidad desconocidos desde 1998. Ni siquiera unos beneficios récord de Samsung Electronics y SK Hynix han bastado para frenar una ola de ventas que cuestiona las valoraciones reales de las multinacionales del sector de los semiconductores.

Pero si el mayor de los tigres asiáticos –economía comparable en tamaño a la española– se está desmarcando del fervor inversor por la IA, en el que los chips han pasado a ser la estrella de las cotizaciones con Nvidia ya destacada como la empresa con mayor capitalización, Japón está protagonizando un viraje mucho más silencioso. Pero potencialmente más trascendental.

El rendimiento del bono soberano a 30 años ha escalado a máximos en tres décadas mientras el Banco de Japón (BoJ) desmantela, sin prisa pero sin pausa, la política monetaria ultra-expansiva, con tipos pegados a cero, que instauró hace treinta años para combatir la deflación y reanimar el gasto de un consumidor. Propenso hasta límites insospechados, al ahorro.

Este cambio de registro ha generado un verdadero interrogante inversor. Y no solo en el parqué japonés. También en las plazas internacionales. La cuestión no gira tanto en torno a averiguar cuánto y en qué momento el BoJ encarecerá el precio del dinero –asunto ya descontado– como en saber lo que ocurrirá si aseguradoras, bancos y fondos de pensiones japoneses comienzan a repatriar parte de los billones de dólares invertidos en EEUU y Europa.

A primera vista, ambos episodios no parecen conectados. Al fin y al cabo, el escenario bursátil en Asia podría entenderse como una corrección por un episodio febril agudo de la IA en un telón de fondo que augura el final del dinero barato en Japón. Pero el mercado empieza a consensuar que son dos actos de una misma pieza teatral: la de que el ahorro asiático –pilar neurálgico del sistema financiero internacional de las últimas tres décadas–, ha emprendido un giro de guion que retrotrae a los inversores a la crisis financiera de 1997. Desencadenada por la caída libre del bath tailandés y que contagió a la práctica totalidad de las divisas de los tigres asiáticos de forma fulminante, en una especie de carrera competitiva por ganar atractivo monetario que hizo saltar por los aires las frágiles costuras de sus economías.

Similitudes y diferencias de la crisis del 97

La comparación resulta inevitable, aunque, de momento, engañosa. Entonces, el problema fue la escasez de dólares y la fragilidad de los mercados emergentes. En la actualidad, sin embargo, el riesgo es de otra índole. Asia acumula exceso de ahorro, Japón sigue siendo el gran acreedor global y Corea del Sur presenta un patrón productivo sólido, alejado, aunque no del todo, de los viejos conglomerados industriales –chaebols– protegidos institucional y financieramente desde Seúl. De modo que la inquietud no reside ahora en un déficit de capital, como en los noventa, sino, más bien, en los daños colaterales de un cambio brusco de timón de esos flujos inversores.

De hecho, la fragilidad del MSCI Korea ha impulsado la predicción de la volatilidad a 60 días hasta su cota más alta desde 1998; incluso por encima de los registros del colapso crediticio de 2008. Tanto, que los denominados mecanismos automáticos de suspensión de la negociación (circuit breakers) se han activado siete veces este año. Algo sin parangón en el último cuarto de siglo.

El nerviosismo imperante resulta todavía más llamativo porque llega cuando los resultados y los fundamentos empresariales son extraordinariamente sólidos. Samsung acaba de multiplicar por 19 su beneficio trimestral y SK Hynix ha protagonizado la mayor salida a Bolsa de una empresa foránea en EEUU con una captación de 26.500 millones de dólares, lo que ha propiciado que su CEO, Kwak Noh-Jung, aventure que la escasez mundial de memorias avanzadas para IA podría prolongarse más allá de 2030.

Sin embargo, ni unas ganancias históricas ni unas perspectivas de demanda excepcionales han impedido que los inversores cuestionen unas valoraciones que parecían tener crecimientos sin límites. Por el contrario, esta semana ha ganado adeptos la consigna de mercado de diferenciar entre acciones de compañías de circuitos integrados con modelos de IA realmente vanguardistas o con exceso de equipaje inversor. Síntoma que se aprecia en el índice SOX norteamericano, que integra a firmas con el sello chip, y que revela una trayectoria plana desde finales de marzo. Los semiconductores han sustituido al software como el enfant terrible del boom tecnológico.

A más de mil kilómetros de Seúl, otro mercado aparentemente tranquilo, como el japonés, envía señales de alerta. En este caso, por el rendimiento de su bono soberano a 30 años, que ha rozado máximos inéditos desde los noventa, lo que refleja la brusquedad del volantazo monetario del BoJ y que parece acuñar el epitafio a las compras masivas de deuda y renovar los controles de la curva de rendimientos en su mercado de deuda. El cambio es gradual, pero supone el final del mayor experimento monetario de la historia contemporánea: tres décadas de dinero gratis, sin tipos.

Cambio de tercio inversor

Este viraje tiene implicaciones cruciales. Más allá de las fronteras de Japón. Durante décadas, el exceso de ahorro del país del sol naciente ha avalado gran parte de la deuda federal americana y soberana europea. Aseguradoras, bancos y gigantes como el Government Pension Investment Fund (GPIF) –el mayor fondo público de pensiones del mundo– mantienen billones de dólares invertidos en bonos del Tesoro, deuda europea y otros activos internacionales. Pero si, como ocurre ahora, las rentabilidades del bono doméstico nipón continúan aumentando, una porción de ese capital regresará a Japón, elevará el coste de financiación de gobiernos y de empresas en Occidente y alterará el equilibrio que durante años ha sostenido los mercados globales.

Esta coincidencia –una bolsa tecnológica con alteraciones extremas como la surcoreana, junto al despertar del mercado de deuda japonés– es la que ha emitido el sónar inversor hasta alterar el ánimo de gestores, bancos de inversión y bancos centrales. No parece que porque se avecine un episodio crítico inminente. Pero sí porque ambos casos se encaraman a una misma longitud de onda, la de que el ahorro asiático, más trascendental de lo que se interpreta en Occidente, está virando sus hojas de ruta.

Es decir, no hay pánico a otro estallido financiero como el de 1997 que, por otro lado, surgió casi de la nada, sin que ningún gendarme multilateral, como el FMI, o inversor de postín, alertara de ello. Entre otras razones, porque los tigres asiáticos –y Japón, China o India– no sufren ahora déficits exteriores ni deudas denominadas en dólares o reservas insuficientes de divisas. Aunque Corea del Sur mantenga una banda de fluctuación con cierta rigidez desde que se desplomó el won en 1997. Pero sí una percepción del riesgo que ha pasado del ámbito monetario al mercado de bonos.

Tokio y Seúl han reforzado su atractivo por las reformas en sus gobiernos corporativos, en sus sectores con la vitola de estratégicos tecnológicamente y altamente competitivos en el exterior y por unas divisas que se han depreciado moderadamente, pero lo suficiente para impulsar sus exportaciones.

Sin embargo, y paradójicamente, esa fortaleza les ha reportado otras vulnerabilidades. En Corea del Sur, Samsung Electronics y SK Hynix concentran cerca de dos tercios del índice MSCI Korea, de modo que cualquier corrección en sus cotizaciones amplifica automáticamente los temores del mercado. El auge de los ETF –fondos cotizados– que se centran en un único valor, el elevado grado inversor de los minoristas, y la extraordinaria concentración del capital internacional en los semiconductores, han convertido la bolsa surcoreana en uno de los mercados más sensibles a cualquier cambio de expectativas sobre la IA.

Ni siquiera el comportamiento del won responde a cánones tradicionales. Pese al espectacular ascenso de la renta variable, la moneda surcoreana permanece en su nivel más bajo en relación con el dólar desde 2009. Debido a que muchos fondos foráneos se ven obligados a reducir posiciones y rotar carteras y los inversores surcoreanos siguen suministrando miles de millones de dólares a los índices tecnológicos de Wall Street. Atraídos por bigtechs como Nvidia, Microsoft o Apple.

El capital retorna a Japón, pero huye de la región

El resultado es un flujo constante de salida de capitales que mantiene bajo presión a las divisas. A ello se une el hecho de que, si los bonos japoneses ofrecen retornos altamente atractivos, el incentivo de conservar posiciones en deuda estadounidense, europea o australiana se diluirá de forma significativa.

En otras palabras, el mayor acreedor global –Japón– podría dejar de actuar como estabilizador precisamente cuando las necesidades de financiación de las economías de rentas altas alcanzan niveles históricos, y los ratings de deuda y solvencia de sus compañías comienzan a atisbar unas necesidades de reajuste. Por si fuera poco, Indonesia, Filipinas, Malasia e India han certificado esta semana fugas de capital. También los indicadores chinos, especialmente los tecnológicos. Imbuidos por la pérdida de fuelle de su PIB en el tercer trimestre, que remontó un 4,3% a siete décimas del objetivo, ya oficios, de crecimiento, y las dudas sobre la estabilización de su sector inmobiliario y de los gastos de consumo de hogares y de inversión empresarial.

En medio de una climatología con nubes y claros por un dólar que recupera su músculo perdido en 2025 y que ha vuelto a inaugurar un baile de divisas que, en Asia, despierta pesadillas ocultas.

“El dinamismo de buena parte del continente tendrá que sortear presiones crecientes” alerta el economista jefe para Asia de HSBC, Frederic Neumann, para quien las autoridades monetarias de la región “deberán decidir entre subir los tipos para sostener sus monedas o proteger unas economías amenazadas por la desaceleración”. En sintonía con Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC, que advierte de que las intervenciones cambiarias de sus bancos centrales “solo podrán estabilizar temporalmente el mercado mientras persista el voltaje geopolítico y la deuda de las potencias industrializadas siga atenazando sus coyunturas y presupuestos”.

La historia invita a la prudencia, dice Rob Subbaraman, economista jefe de Nomura, al recordar que tanto en la crisis asiática de 1997 como en la de la deuda europea de 2012 las reservas de divisas parecían suficientes “hasta que los mercados cambiaron de opinión”. Cuando aumenta la percepción del riesgo, las primas exigidas por los inversores pueden dispararse en cuestión de semanas.

Hasta el retorno de Donald Trump al Despacho Oval, la creación de un ejército europeo parecía instalado en el limbo narrativo de Bruselas, aunque se reactivase con la invasión rusa de Ucrania. Ahora, el objetivo de independencia militar que Washington ha inculcado a sus socios europeos de la OTAN ha intensificado un debate de especial efervescencia para que los aliados atlánticos suscriban el cheque del 5% del PIB en gastos armamentísticos acordado el verano pasado. Justo en medio de otro periodo de displicencia presupuestaria, con la economía del euro al ralentí y el fantasma de la inflación arreciando. Incluso con un dinamismo productivo a medio gas y unas deudas soberanas desbocadas. Tanto de los socios comunitarios como —y sobre todo—, de EEUU.

La versión Trump 2.0 ha encendido de nuevo la mecha del debate. Desde el retorno de Trump a la presidencia estadounidense, los informes geoestratégicos europeos se han cargado de unas recurrentes apelaciones a la “autonomía defensiva” del Viejo Continente. Pese a que la totalidad de los miembros de su club pertenecen a la Alianza Atlántica.

Uno de los más entusiastas defensores del artificioso objetivo de gasto del 5% del PIB que exige EEUU a sus socios atlantistas es su secretario general, Mark Rutte, ex primer ministro holandés especialmente crítico con la propensión al gasto de los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) en la crisis de la deuda de 2012 como adalid de los contribuyentes netos de la UE. Rutte se opuso a distribuir a los socios del sur los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation que auparon el ciclo de negocios post-Covid, aunque se mostrara complaciente con los déficits fiscales del eje franco-alemán al frente del ejecutivo de Países Bajos y escenifique sin rubor esos mismos halagos hacia Trump como máximo dirigente de la OTAN.

El 5% del PIB no solo parece una cota puesta al azar. Es un límite surgido al antojo del líder MAGA sin consultar a ningún aliado. Sin embargo, en su empeño ha logrado transformar una aspiración política en un examen de contabilidad estratégica. Porque, ¿hasta qué cantidad debería ascender la factura europea que sufragaría la independencia militar de EEUU? Casi todos los cálculos giran en torno a los 800.000 millones de euros.

El cheque de los fondos Next Generation

Es, de hecho, casi el cheque que valoró Bloomberg Intelligence hace un año, cuando Trump subió por primera vez su órdago del 2% al 5% del PIB a los socios de la OTAN. En concreto, sus expertos lo situaron en 720.000 millones de euros, cantidad que guarda una relación casi mimética con los 723.000 millones iniciales de los fondos Next Generation, destinados a la reconstrucción de la economía europea tras la gran pandemia. Y con la cifra que deslizó Mario Draghi en su informe sobre competitividad de hace casi dos años para superar la brecha competitiva de la UE respecto a EEUU y China.

En concreto, Draghi habló de entre 750.000 y 800.000 millones de euros. Desembolsos similares a los PIB de Bélgica, Irlanda o Taiwán, y dirigidos a rivalizar con las dos superpotencias en una alocada carrera por la hegemonía de la IA, la seguridad económica, las tensiones geopolíticas y la reconversión industrial. El exjefe del BCE englobó el gasto militar en dotaciones específicas, dentro de este arsenal de recursos, para reconfigurar las cadenas de valor armamentísticas.

Ahora, con la cota del 5% encima de la mesa, esta cifra se ha convertido en una aportación anual. Es decir, ha dejado de ser un cheque inicial, conformado a partir de los gastos del 2%, para poder configurar el pilar esencial sobre el que edificar el Ejército europeo. De modo que Europa se ha visto inmersa, con los primeros desembolsos registrados en el último bienio, en el mayor ciclo de inversión militar desde la Segunda Guerra Mundial, con profundos efectos en sus finanzas y sus políticas industriales.

Así lo atestigua el Kiel Institute for the World Economy. Sus investigadores calculan que, si todos los socios europeos de la OTAN cumplen los requerimientos de Trump hasta 2035, el esfuerzo adicional alcanzará los 831.000 millones de euros anuales, casi un billón de dólares. En el Kiel se subraya, sin embargo, que el principal obstáculo no será acumular el dinero, “sino gastarlo con eficiencia”. Porque Europa ostenta una industria militar muy fragmentada, con una decena de sistemas armamentísticos incompatibles, programas nacionales duplicados y cadenas de valor y de suministro dispersas que limitan las economías de escala.

Para más inri, Fabrice Pothier, estratega de asuntos internacionales en Rasmussen Global, pone varias contradicciones geoestratégicas e interrogantes sin resolver en el club comunitario: ¿Qué hará Europa en materia nuclear? ¿El comandante en jefe del Ejército empleará armas atómicas francesas en misiones exteriores? ¿Es posible un proyecto militar con retos de mantenimiento de la paz en tiempos de tan alta incertidumbre, cuando su aliado tradicional, EEUU, se desmarca de esta doctrina y China, Rusia o Irán han pasado a desarrollar políticas exteriores ofensivas?

¿Son necesarios tantos recursos?

El debate trasciende, pues, del mero aumento presupuestario. Pero, como apuntan Guntram Wolff, analista del Instituto Bruegel, de perfil paneuropeo, y Alexander Burilkov, su colega en el think tank Kiel, la cuestión que subyace de fondo es monetaria y trata de concretar el coste para Europa de sostener por sí sola la defensa convencional del continente si EEUU reduce sus tropas y sus compromisos de defensa conjunta. Sus cálculos rebajan este esfuerzo financiero hasta los 250.000 millones de euros adicionales al año, lo que induce a pensar que las partidas del 5% son descomunales. Si bien, al mismo tiempo, admiten que la factura “podría dispararse” si se ponen en liza “una serie de transformaciones sin precedentes”.

Por ejemplo, programas nucleares conjuntos. Pero también planes exigidos desde la OTAN como el despliegue de 300.000 soldados adicionales, la creación de nuevas brigadas o la incorporación de 1.400 carros de combate, de miles de vehículos blindados o centenares de piezas de artillería y capacidades de ataque de largo alcance más potentes. O retos complejos como la unificación de sus agencias de inteligencia, vigilancia, transporte estratégico o de las cúpulas de mando que en la actualidad dependen sobremanera de Washington. Todo ello, conllevaría nuevas recursos y capitales.

Otros estudios apuntan en la misma dirección. Un informe de Bruegel estima que elevar el gasto europeo hasta el 3,7% del PIB —cuota planteada recientemente en la OTAN— exigiría 275.000 millones de euros adicionales cada año. El diagnóstico del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) sitúa este umbral en los 254.000 millones con desembolsos del 3,5%.

Aunque las cifras difieren según el escenario analizado, todas confluyen en la idea de que el salto al 5% supone un cambio de escala en el esfuerzo financiero europeo y la estrategia de la Alianza. Rutte se ha afanado en presentar decenas de miles de millones de dólares en contratos teñidos de industriales; desde aviones de vigilancia GlobalEye hasta drones estratégicos MQ-4C Triton o programas de misiles de precisión. Sin reparar en que el sacrosanto principio del 3% del déficit que se instauró en Maastricht y se aplica en el Pacto de Estabilidad surgió de una charla informal entre François Mitterrand y su director de presupuestos Pierre Bilger, allá por 1981, para acotar la propensión al gasto de varios de los ministros de su gabinete.

Riesgo de quiebras presupuestarias

En este contexto, no faltan voces críticas con el uso de unos recursos que mermarán las partidas de pensiones y servicios sociales, en el plano económico, y que alertan contra una ruptura de los lazos transatlánticos, desde la órbita diplomática.

Para muestra de las secuelas que dejaría este rearme sin parangón en las cuentas europeas, las de las tres grandes economías del continente.

Reino Unido aborda una senda fiscal insostenible, admite el nuevo líder laborista Andy Burnham, que se instalará en el 10 de Downing Street con un margen presupuestario muy ajustado. De hecho, la Office for Budget Responsibility (OBR) alerta de que, con las políticas actuales, la deuda remontará de forma desaforada por la presión demográfica y al aumento del gasto en sanidad, dependencia y pensiones. Para frenar el endeudamiento —que se ha triplicado desde 2005— en torno al 95% del PIB a partir de 2030, serán preciso ajustes que excedan de los 100.000 millones de libras anuales, con recortes de gasto y aumentos de impuestos.

Paul Johnson, que dirige el prestigioso Institute for Fiscal Studies cree que “Reino Unido no tiene un problema de déficit coyuntural, sino de presión permanente de gasto por el envejecimiento. Sin reformas de calado, cada presupuesto será más difícil que el anterior”.

Francia, la otra potencia nuclear europea, mantiene sin despejar la incógnita de cómo corregir su déficit sin ahogar el escaso dinamismo de su economía, reconocen en Fitch Rating, con unas previsiones oficiales del PIB a la baja y, por ende, una menor recaudación tributaria, que obliga al Palacio de Matignon a lanzar correctivos fiscales desde hace un lustro. Christopher Dembik, analista de Saxo Bank, dice que la segunda economía del euro “está bajo vigilancia constante de los mercados y que cualquier desviación presupuestaria puede traducirse en mayores costes de financiación”.

Pero, quizás, el ejemplo de mayor enjundia sea el alemán. El canciller Friedrich Merz ha puesto en marcha el mayor giro fiscal de la historia reciente del país que inculcó el austericidio fiscal de 2012 al financiar a costa de unas emisiones de bonos superiores a los 800.000 millones de euros hasta 2030. Justo el coste de crear el ejército europeo. Y entre las prerrogativas de esta agenda reformista se encuentra un ambicioso programa de rearme. Inaudito desde la Segunda Guerra mundial. Merz rompe así con décadas de ortodoxia presupuestaria y con la tradicional doctrina del Schwarze Null (déficit cero). A través de una reforma constitucional que permite excluir el gasto en defensa de los límites fiscales. La partida para Defensa alcanzará los 109.000 millones de euros en 2027 y los 183.600 millones en 2030. Sin contar con el apoyo militar a Ucrania.

Grégoire Roos, director en Chatham House, afirma que el rearme germano es “una redefinición en toda regla del papel geoestratégico y económico de Alemania en la UE”. Apunte que suscribe Nathalie Tocci, su homóloga en el Istituto Affari Internazionali (IAI), desde una óptica geopolítica. “La alianza transatlántica ha entrado en una fase de quiebra histórica e irreversible, más allá del mandato de Trump”, afirma. Porque EEUU ya no actúa como garante del sistema liberal, sino como potencia que cuestiona las reglas que creó. Pese a lo cual, Washington seguirá exigiendo —avisa Carlyle—, un cheque de 14 billones de euros el próximo bienio a la OTAN. Tanto, como el PIB conjunto de las cuatro mayores economías del Viejo Continente: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

El oro ha dejado de responder a los cánones del mercado. Durante décadas, el metal precioso ha ocupado un lugar casi místico en la praxis bursátil. Cuando la inflación repunta, las tensiones geopolíticas aumentan o la confianza en las divisas se resquebraja, el manual clásico recomienda adquirir sus onzas. Sin apenas límites de gasto en las carteras de capital. Sin embargo, 2026 está desmontando buena parte de ese relato.

El contexto es sumamente contradictorio y complica cualquier justificación que trate de analizar los cinco meses que el oro lleva a la deriva, en los que su cotización se ha dejado un 28% de su registro histórico de enero, cuando el valor de su onza tocó los 5.600 dólares. Después de un 2025 de bonanza excepcional, esta semana se ha acomodado por debajo de los 4.000 dólares.

No son pocas las causas que explican este fenómeno paranormal. Pero, entre todas ellas, resalta una. La corrección, de especial calibre, comparable a la de 2013, se produce cuando la inflación americana vuelve a máximos de tres años y supera el 4%, señal de corrección en Wall Street que, sin embargo, aún no se ha consumado.

Esta paradoja esconde un cambio estructural sobre la fijación de los precios de los activos y de los tipos de interés en unos mercados que navegan al son de la inteligencia artificial (IA) y su narrativa de inversiones billonarias para ganar productividad y llegar al final de la carrera competitiva global con el cetro de la hegemonía monetaria y económica.

En 2013, se adujeron motivos que, en la actualidad, pueden parecer peregrinos. Al menos, varios de ellos. Entonces, el nada articulado consenso del mercado hablaba de que la inflación, después del colapso crediticio de 2008 y de la crisis de la deuda europea de 2012, había muerto y que los bancos centrales, con tipos próximos a cero, imprimían dinero a mansalva, lo que generaría una inevitable escalada de precios. Otros expertos achacaron su reajuste al fin del pánico financiero que siguió a la quiebra de Lehman Brothers y, en consecuencia, al abandono inversor del metal precioso como valor refugio.

La ristra de causas asumió teorías manidas como la de una “normal” recogida de beneficios, una supuesta fragilidad de la economía china, que perdió lustre, pero que seguía con un dinamismo trimestral del 7,7% e incluso, tesis conspiranoicas que apuntaban al epitafio de la era del oro por el fulgurante despegue del PIB americano y de su dólar. Aunque, por encima de todas, destacó el factor bitcoin, la divisa digital a la que se le empezó a colgar el cartel del oro cripto.

Múltiples causas, ninguna de especial calado

Ninguna de estas valoraciones explicó, por sí misma, su debacle. Ahora, tampoco sobresale un argumentario fundamentado. Salvo ciertos vestigios de que ha perdido su oráculo geopolítico. Ya no parece que esté a expensas de la evolución del dólar o de la política monetaria de una Fed que —como admite su ya expresidente, Jerome Powell— está sometida a una “prueba de estrés” por la injerencia de la Administración Trump en su soberanía.

Por si fuera poco, tampoco sigue la estela del petróleo, el otro patrón que explicaba —al menos, hasta ahora— su comportamiento bursátil. Así lo admite Deutsche Bank: “La correlación entre el oro amarillo y el oro negro se ha difuminado”. Y de esta forma igual de elocuente, lo sintetiza Nikolaos Panigirtzoglou, estratega de JPMorgan, al valorar su desacoplamiento del bitcoin, su alma gemela en el negocio cripto. “No observamos un quebranto total entre ambos, pero sí el desmantelamiento simultáneo de la misma narrativa de inversión”, aclara.

Los inversores, en paralelo, están retirándose del llamado debasement trade, y ese repliegue “se ha acelerado especialmente con la caída flotante del bitcoin”, que ha firmado su peor mes, este pasado junio, desde la quiebra de la plataforma de negocio de criptodivisas FTX en 2022, con un retroceso del 20% en su valor. Por el empeoramiento del sentimiento inversor, la salida masiva de fondos desde Wall Street y las expectativas alcistas de los tipos de interés en EEUU.

El concepto debasement trade describe una estrategia de inversión basada en la idea de que los gobiernos, enfrentados a descomunales deudas y déficits, recurrirán a unas tácticas monetarias expansivas y tolerarán umbrales de inflación por encima de los estipulados en los estatutos de sus bancos centrales. Bajo este escenario, en el que también juega el actual baile de divisas, los inversores escogen activos escasos o no ligados a monedas, como el oro, la plata o el bitcoin.

Ahora, esta tendencia, ha saltado en pedazos. En especial por parte de la versión Trump 2.0 y su nuevo emisario en la Fed, Kevin Warsh, símbolo de la pérdida de soberanía monetaria.

Pero el oro posee un ADN más complejo: “No es un hedge (riesgo) automático contra la inflación, sino contra la pérdida de credibilidad de la política económica y monetaria de EEUU”, dice Mark Fandetti, de Armstrong Advisory Group. “Su cotización sube cuando la inflación es demasiado alta y las autoridades monetarias son pasivas, y deja de hacerlo cuando reaccionan con rapidez”.

Según Panigirtzoglou, el bienio trumpista actual ha situado a ciertos activos bajo unos relatos similares de protección frente a pérdidas de riqueza derivadas del ajuste de divisas —sobre todo, del dólar— y el aumento de la deuda soberana. Sin embargo, todo ha cambiado tras el giro de la Fed hacia posiciones restrictivas para frenar el shock de la energía por la guerra en Irán.

“El resultado es una fuga coordinada de capitales de ETF —vehículos de inversión a caballo entre fondos y acciones— respaldados por el oro y criptoactivos como bitcoin”, aclara Panigirtzoglou. Para Nicky Shiels de MKS PAMP, “la historia del mercado ha virado 180 grados”, ya que el dinero “ha dejado de perseguir la protección del metal precioso frente a la depreciación de monedas” y ahora se mueve “por criterios de IA y salidas a bolsa como las de SpaceX, Anthropic u OpenAI”. El relato debasement trade “ha perdido fuerza”, precisa. Así lo revela la corrección del oro en el segundo trimestre de 2026, en el que las hostilidades en Oriente Próximo han impulsado los IPC en todo el mundo. Pese a lo cual, la onza cedió un 14% desde abril, su peor caída trimestral.

Orden de prioridades: los tipos de interés de Warsh

Aunque también contribuye a su retroceso otro factor catalizador, la designación de Warsh. Tom Price, de Panmure Liberum, cree que el mercado ha asumido que la prioridad de la Fed vuelve a ser la derrota de la inflación, perspectiva que eleva el rendimiento de la deuda y los costes de poseer un activo que, como el metal precioso, no genera intereses.

El oro, pues, ha perdido varias de sus brújulas. Entre otras, su capacidad de amortiguación frente a riesgos geopolíticos o los impulsos del dólar. En Deutsche Bank ven un giro de prioridades. En esta renovada jerarquía de factores, el mercado “ha reordenado sus urgencias”. La geopolítica se ha vuelto secundaria y los tipos en EEUU, en la gran preocupación inversora. “Si el mercado descuenta un endurecimiento monetario futuro, el resto de factores se neutraliza”. El oro, al fin y al cabo, también compite contra el bono americano. Especialmente, el de 10 años, que rinde en torno al 4,5%. Es decir, rivaliza con un activo que ofrece beneficios.

Y Warsh, bien sea por quitarse el cartel de marioneta de Trump o por combatir una inflación que se traslada al bolsillo de unos consumidores que votarán en las midterm de noviembre, parece dispuesto a mover ficha al alza.

Goldman Sachs vislumbra escenarios diferenciados. Si la Fed mantiene tipos, el oro recuperará el nivel de los 4.800; si se materializa un ciclo de tres o cuatro subidas, su valor se hundirá hacia los 3.800 dólares.

Pero tampoco hay que desdeñar la resaca de una “exuberancia irracional” del mercado. Con un dólar que ha recuperado parte de su valor perdido en 2025 por el impulso que le otorgan siempre las tensiones geopolíticas como la guerra en Irán, el colapso de Ormuz y la escalada del petróleo. “Las bolsas llevan semanas corrigiendo estos excesos” dice Chris Beauchamp, de IG Markets: “es como si el valor de la onza sufriera la resaca de su propia efervescencia”, tras su escalada vertical de 2025, con la revitalización del dólar y las subidas de tipos como “detonantes de sus ventas”.

En esta reconfiguración ocupa otro lugar destacado el excepcionalismo estadounidense, suerte de principio sacrosanto en Wall Street que confiere mayores rentabilidades a activos americanos en el subconsciente inversor frente a cualquier valor foráneo. Es en este punto en el que juegan un papel protagonista las acciones vinculadas a la IA y su presunta burbuja especulativa. La bolsa surcoreana —y su índice Kospi, tecnológico— ha constatado varias caídas que apuntan a que los activos con sello algorítmico podrían haber ido demasiado lejos y que han personificado firmas de chips y de alta tecnología.

Fiebre amarilla en los bancos centrales

Aunque también surgen otros dos factores: el acopio de oro por parte de los bancos centrales y la especulación. Las autoridades monetarias están repatriando lingotes desde la invasión rusa de Ucrania de manera excepcional. Aducen que ya no se identifica el metal precioso como activo financiero, sino como un plácet de seguridad nacional en una era de fragmentación geopolítica y autonomía estratégica. En medio de movimientos de riesgos de capital con sello IA que actúan como imán bursátil.

Wall Street ha firmado entre abril y junio el mejor trimestre en renta variable desde 2020. Con tensiones bélicas, escalada del crudo y dudas sobre las valoraciones de la IA. Impulsado por la resistencia del PIB americano, beneficios empresariales sólidos y el entusiasmo por el algoritmo. El S&P 500 ha repuntado un 14,9%. “Comportamiento que describe un mercado maduro”, dice Jeff Buchbinder, de LPL Financial, pero que “no explica que todos los activos vinculados a la IA justifiquen su valoración”, advierte Torsten Sløk, economista jefe de Apollo. Para Jean Boivin, director del BlackRock Investment Institute, “todos los cambios estructurales suelen crear focos de exuberancia en los mercados” que demandan a los inversores distinguir los valores ganadores de los que se mueven por impulsos especulativos.

En este clima, los bancos centrales, según el World Gold Council, elevaron en 2025 en un 19% sus stocks de oro, buscando precisamente rebajar su exposición a estos gestos especulativos. El porcentaje de autoridades monetarias que mantienen reservas en el Banco de Inglaterra (BoE) cayó del 64% al 57% en un año, mientras la custodia de oro de la Fed descendió del 17% al 14% en el primer trimestre de 2026. La Banque de France repatrió 129 toneladas del metal precioso de Nueva York entre julio de 2025 y enero de 2026 y el de la India ha reducido sus reservas de oro en el exterior del 55% en marzo de 2023 al 22% en marzo de 2026.

La supervivencia política y económica de Cuba del último cuarto de siglo se entiende con nitidez si se acude a la biografía de Eusebio Leal Spengler (1942-2020), ensayista e investigador cubano, conocido como El historiador de La Habana. Su ciudad. La que le vio nacer y morir y, por encima de todo, la que le impregnó de su espíritu reformista indomable. Leal, discípulo de Emilio Roig, de quien heredó la nomenclatura de su cargo, hizo suyo también su reto, surgido en los ochenta, de restaurar íntegramente La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco. Pese a no tener acceso a créditos multilaterales por el veto de EEUU a una Cuba sometida al más prolongado embargo de la era moderna por decisión unilateral de su vecino del norte, después del triunfo de la revolución comandada por Fidel Castro que acabó, en 1959, con el régimen de Fulgencio Batista.

Leal, figura de reconocido prestigio dentro y fuera de la isla, se las ideó para seguir la estela de su mentor a través de una singular estrategia que combinó la lavada de cara de áreas como la del cinturón marítimo que rodea su puerto (El Malecón) o las de las plazas Vieja, de Armas o de la Catedral mientras creaba servicios sociales y proyectos habitacionales. Con una mezcla de aperturismo económico y emprendimiento privado que le reportó una red de recaudación de ingresos, principalmente recabados desde el negocio turístico. Haciendo uso, por ejemplo, de no pocos señuelos para captar divisas como el de los hoteles Ambos Mundos (donde se alojó el escritor Ernest Hemingway, gran amante de la isla), Santa Isabel, palacio colonial transformado en estancia de lujo o Conde de Villanueva, mansión del XVIII convertida en boutique hotelera especializada en turismo cultural.

Todo ello formó parte del llamado modelo Habaguanex, de la Oficina del Historiador, la gestora que reinvertía los beneficios larvados por el turismo en viviendas, escuelas, centros de mayores y servicios sanitarios del casco histórico. Sin préstamos del exterior, Leal tiró de ingenio y de la argucia cubana para revitalizar una ciudad que se movía entre la imagen decrépita del paso del tiempo y la belleza decadente, pero aún visible, de la Joya del Caribe. Al tiempo que demostraba que el rígido régimen revolucionario podía dejar margen de maniobra a una administración de la economía dotada de mayor pragmatismo privado. 

La Habana Vieja de Leal pudo ser un laboratorio del socialismo de mercado que en la actualidad parece inspirar las reformas liberalizadoras urgentes que el sucesor de los hermanos Castro --de Fidel y de Raúl-- ha impuesto para tratar de quitarse el yugo que le ha colocado la Administración Trump y su vuelta a la Doctrina Monroe. El gobierno de Miguel Díaz-Canel desea importar ahora el modelo instaurado por China bajo el mandato de Deng Xiaoping. Mientras desde Washington se presiona para que se materialice un cambio del orden político en su archienemigo regional.   

Cuba está más acorralada que nunca. Incluso más que tras la extinción de la Unión Soviética. El país no recuerda unos episodios de alarma socio-económica similares desde el llamado Periodo Especial que siguió a la caída del Muro de Berlín y la ruptura de sus alianzas geoestratégicas con el Kremlin de la vieja URSS. El escenario, agravado por el cierre de los flujos energéticos de crudo venezolano tras la detención de Nicolás Maduro, es de suma emergencia. Así lo admite el propio Díaz-Canel, cuando enfatiza que los problemas del país “no pueden atribuirse sólo al bloqueo estadounidense, sino también a la burocracia, la ineficiencia y los obstáculos internos que frenan la producción”. Todo un viraje de la narrativa oficial.

Detrás de las palabras de Díaz-Canel subyace un ejercicio de supervivencia. Cuba sigue alejada de las instituciones multilaterales, sin acceso a créditos del FMI ni a financiación de proyectos del Banco Mundial o instituciones regionales como el IADB, siglas en inglés del Interamericano de Desarrollo. Y sin rastro de que la oculta, aunque efectiva, diplomacia panda china, emita señal alguna de una cooperación intensa con La Habana. Pese al estrangulamiento de Washington, que no ha tenido reparo alguno en enviar a su jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a Guantánamo como signo del rescate de la Doctrina Monroe en la versión Trump 2.0 y su inserción en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional americana de 2025. Cuba está en su punto de mira.

La Monroe responde a la recuperación de la visión hemisférica de la década de los sesenta que eligió a la comunidad latinoamericana como prioridad exterior estadounidense. Su patio trasero. Restablecida ahora por obra y gracia del secretario de Estado, Marco Rubio, originario de la isla, adalid de los exiliados cubano-americanos de Florida y obsesionado con el derrocamiento del régimen, aduce ahora el riesgo de que potencias extrarregionales --alusión velada a China y su mano invisible inversora, comercial, financiera e industrial-- hagan uso de su poder e influencia geoestratégica en el continente.

Diagnóstico de choque con tratamiento ‘made in China’

La reacción de La Habana ante el cuello de botella energético, el desabastecimiento de bienes y servicios --muchos de ellos, de primera y urgente necesidad, con riesgo de desnutrición de niños y ancianos-- ha sido casi inmediata, con la aprobación de un amplio recetario de 176 medidas que supone, de facto, la mayor liberalización económica desde el triunfo de la revolución. Bajo la inspiración de las agendas reformistas del gigante asiático y, en menor medida, de Vietnam.

Quizás la de mayor enjundia sea la creación de la banca privada y el fin del monopolio financiero del Estado. Por primera vez desde las nacionalizaciones de la década de los sesenta. En busca de facilidades crediticias a empresas y hogares y de una mayor capacidad de atracción de capital dentro de un sistema productivo con serias dificultades para canalizar la inversión que demanda la modernización de su economía. En paralelo, se permitirá la entrada de accionariados privados en empresas públicas. Incluso foráneos. Todo un cambio de paradigma que rompe la esencia de la revolución castrista y la aproxima al modelo chino, en el que el Estado conserva y se reserva el control de sectores estratégicos, pero comparte capital y gestión con socios privados.

Pero Canel también abrirá el sector inmobiliario. Mediante autorizaciones de proyectos privados que anticipan liberalizaciones de suelo y demandan flujos de capital para rehabilitación urbana, construcción residencial y desarrollo turístico. Del mismo modo, la diáspora cubana dejará de ser un fenómeno externo. Los varios millones de nacionales residentes fuera de la isla tendrían seguridad jurídica, según La Habana, para repatriar fondos y realizar inversiones. La repatriación de talento y de las tasas de ahorro de sus exiliados están detrás de esta medida que se completa con ventajas para constituir pymes privadas porque --reconoce el ejecutivo cubano-- el Estado no dispone de recursos suficientes para seguir siendo el motor productivo del país.  

Junto a estos giros económicos irrumpen ajustes y devaluaciones monetarias. Cuba flexibiliza la política cambiaria para acometer depreciaciones del peso, corregir su distorsión con las grandes divisas globales y acercar así su valor oficial a la realidad económica. Estas maniobras implican riesgos inflacionarios y posibles pérdidas de poder adquisitivo. Además de instaurar un proceso de reducción de las trabas burocráticas, uno de los grandes cuellos de botella estructurales que pesa sobre el tejido productivo cubano. La reforma también incluye docilidad regulatoria para quienes produzcan, exporten o inviertan. Esencialmente, mediante recortes de requerimientos y permisos del sistema centralizado vigente durante más de seis décadas. 

En consecuencia, la inversión extranjera se erige en la tabla de salvación ante la falta de créditos multilaterales y de financiación internacional con la que suplir la escasez de divisas y modernizar las infraestructuras. Además de revitalizar sectores estratégicos como el energético, el industrial o el turístico. Un intento evidente de convertir la economía planificada en una de mercado que deja sin despejar la incógnita de si será factible la cohabitación pacífica entre el régimen político y la cambiante arquitectura productiva cubano y de si estas transformaciones se producirán con o sin conflictividad social, alertan los expertos.

Visión panorámica de los expertos

A diferencia de China, Cuba “no emprende esta reconversión desde una posición de fortaleza de su economía”, alerta Ricardo Torres, economista cubano y docente en la American University de Washington. Algo similar opina Carmelo Mesa-Lago, profesor en la Universidad de Pittsburgh y una de las voces más críticas en el exilio hacia el sistema productivo de la isla. A su juicio, el aperturismo de Díaz-Canel es un “reconocimiento implícito” de que el modelo estatal imperante no es capaz de crear prosperidad ni de disponer de divisas suficientes para sustentar su tejido productivo“.

Ted Henken, del Baruch College de Nueva York recalca que las nuevas medidas “reconocen una realidad que existe sobre el terreno”, la de que miles de pymes privadas “se han convertido en actores esenciales para el abastecimiento, el empleo y la generación de ingresos”.

Pero el éxito de la operación del delfín político de Raúl Castro no dependerá sólo de su habilidad para sujetar las riendas de Cuba. “La presión económica estadounidense sobre la isla ha dejado de ser una estrategia sancionadora” dice Stephen Walt, profesor de Asuntos Internacionales en la Harvard Kennedy School. Ahora, con la versión Trump 2.0, se ha transformado en “una táctica de asfixia con profundas implicaciones geopolíticas y humanitarias”, explica en Foreign Policy.

En apenas unos meses, Trump, que ha dado vía libre a Rubio para implantar la Doctrina Monroe, ha endurecido las multas a entidades vinculadas al conglomerado militar Gaesa, ha ampliado las restricciones financieras y energéticas y ha obtenido, además, un importante respaldo jurídico del Supremo estadounidense, al permitir a ExxonMobil reclamar compensaciones millonarias por activos expropiados tras la revolución de 1959.

Walt apunta a que la combinación de embargo, sanciones secundarias y presión sobre el sistema energético es una versión moderna de cerco económico. En línea con su colega Joseph Nye, que ostenta el estatus de profesor emérito en Harvard, y que recuerda que la influencia de la Casa Blanca “resulta más eficaz cuando contrarresta la coerción con poder para ordenar consensos”. Nye admite que bajo la perspectiva del actual inquilino del Despacho Oval, se corre el riesgo de provocar el efecto contrario y castigar a una economía que trata de avanzar con mecanismos de mercado y precisa que refuerza la narrativa histórica del régimen sobre la hostilidad de EEUU y dificulta que las reformas generen los recursos necesarios para estabilizar el país.

El acuerdo de paz sigue en el alero. EEUU, Irán y el país anfitrión (Suiza) admitieron la suspensión de la rúbrica en la estación invernal alpina de Bürgenstock y volvieron a situar en un limbo el enésimo intento de acabar con más de cien días de conflicto armado que ha sobrepasado los 100 días. En este caso, sobre la campana. Con Donald Trump a un paso de territorio helvético y rodeado de sus homólogos del G-7, el pacto, larvado tras unas arduas negociaciones, parecía el epitafio definitivo. Tanto, que se le había colgado el cartel de “consenso de la gran transacción”, porque sus 14 preceptos giraban en torno a la idea de intercambiar seguridad por prosperidad.

En una primera lectura, los observadores internacionales convinieron en precisar que había en el tratado un leit motiv que hilvanaba las narrativas discrepantes de Washington y Teherán sobre tres pilares. Por un lado, la estabilidad regional; por otro, los límites al programa nuclear iraní y, finalmente, la reinserción económica del régimen chií en los mercados exteriores.

Pero lo que inicialmente parecía la entente cordiale más ambiciosa entre ambos países desde 1979 se convirtió, incluso antes de su firma, a medida que se conocían los detalles, en un océano de suspicacias.

El memorando diseña una hoja de ruta de 60 días para convertir el alto el fuego en un marco de conveniencia geoestratégica. Con un objetivo prioritario, la desmilitarización del área, y una misión casi imposible, la ampliación de una tregua permanente a escenarios como el del Líbano, estado al que, a instancias de Teherán, recibía un compromiso de defensa hacia su soberanía sin contar con el beneplácito de Israel. Aunque el alto el fuego entre el gobierno de Benjamin Netanyahu y Hizbulá, según ha declarado un alto cargo estadounidense a varios medios, podría facilitar las cosas.

No es la única gran laguna diplomática de un acuerdo sujeto aún a una negociación posterior. Las incógnitas sobre si restablecerá el comercio, las inversiones y los negocios energéticos continúan sin despejarse. EEUU enfatizó que levantará el bloqueo sobre Ormuz e Irán que garantizará la plena reapertura marítima entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Algo ineludible para devolver el tránsito naval a esta pasarela por la que fluye casi la quinta parte del petróleo mundial y generar una mínima previsibilidad a una arteria marítima trascendental.

Sin embargo, la seguridad física de la navegación y las inciertas reglas del juego que deben regir el flujo naval --probablemente los dos factores que más preocupan a navieras, aseguradoras y operadores energéticos— siguen instaladas en un limbo geopolítico. Con independencia de la firma del pacto.

Tampoco la cuestión nuclear iraní arroja luz. Más bien, al contrario. Estrepitosamente, la paz se ha firmado antes de la resolución del asunto más espinoso para la delegación estadounidense. Y eso aduce la Casa Blanca para cancelar la rúbrica. El texto deja constancia del compromiso de Teherán de renunciar a las armas atómicas, congelar sine die su programa nuclear si se cumple lo pactado y de abordar en un futuro el uso --o cancelación, si el itinerario lleva a buen puerto-- de sus reservas de uranio enriquecido. Todo ello, supeditado a su formalización con supervisión y certificación internacional.

Pero también hay un tercer punto de colisión en las contrapartidas económicas reclamadas por Teherán. Una claudicación a los ojos del ala conservadora del partido republicano. Washington ha aceptado levantar progresivamente sus sanciones a Teherán, desbloquear los activos iraníes congelados y facilitar sus exportaciones de crudo. Además de dotar a Irán de ayudas financieras para su reconstrucción por valor de, al menos, 300.000 millones de dólares. Medida que obligó a Trump a circunscribir esta inyección al ámbito privado y a la involucración de los emiratos del Golfo.

Pero ¿resultan creíbles los buenos augurios iniciales? O, por el contrario, el tradicional avispero de Oriente Próximo desenterrará de nuevo el hacha de guerra. La ausencia de firma no anticipa una tregua precisamente duradera.

1.- La diplomacia del cheque. Reconstrucción económica a cambio de contención nuclear. Esta es la receta que se formuló en las negociaciones desde la delegación iraní y que se sustituiría las multas coercitivas por incentivos financieros. En busca de que el otrora corrupto y cruel régimen de los ayatolás retorne al capital internacional, recabe inversiones foráneas y obtenga alivio para sus arcas estatales. Todo, si abandona sus ambiciones atómicas en el terreno militar. Objetivo que la Casa Blanca no se creyó de camino a Suiza.  

Los expertos tampoco atisbaban la obligada seguridad jurídica que debe rodear a estos planes de despliegue de capitales. Brian Katulis, del Middle East Institute, dice que esta condicionalidad brilla por su ausencia y que resta eficacia a los mecanismos financieros que se aplicarían en las tareas de rehabilitación de Irán.

A ello se unía el coste político interno de este punto del acuerdo. La medida cogió al Grand Old Party (GOP) con el pie cambiado. Pero la reacción de su ala más conservadora fue feroz. Lindsey Graham, senador desde 2003 y aliado del difunto John McCain, comparó la propuesta con un “Plan Marshall para Alemania con los nazis todavía en el poder”. Pero también dejó traslucir una gran reticencia exterior: la falta total de empatía de los emiratos pérsicos con una letra pequeña del pacto que apuntaba, sin citarlos, a la implantación de vehículos de financiación provistos por el capital privado o fondos procedentes de los petroestados del Golfo.

Pero el respaldo de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) no es peccata minuta. Sobre todo, después de que Irán haya atacado, directamente --en esta contienda bélica-- o de forma velada --patrocinando supuestos actos terroristas--, plantas energéticas y cadenas logísticas. E Israel no se sumará con Benjamin Netanyahu a una iniciativa así, alertaban varias cancillerías occidentales.

Este giro dialéctico asustó tanto a Trump que se apresuró a señalar que no dará “ni 10 centavos” a ese hipotético Plan Marshall iraní, mientras su número dos, JD Vance, añadía dudas, tan solo unas horas antes de anunciar la cancelación de la firma del pacto, y explicar que la propuesta se ceñía a empresas y fondos de inversión interesados en el petróleo iraní tras el levantamiento de sanciones. Y que, en cualquier caso, está supeditado a la certificación del final del sueño nuclear del régimen de los ayatolás. De nuevo, el argumento del desencuentro final.

Ali Vaez, director del programa sobre Irán en International Crisis Group, cree, sin embargo, que la idea de este fideicomiso financiero, puesto en tela de juicio, convertiría a la reconstrucción del estado persa en el epicentro de una arquitectura de paz en Oriente Próximo. Postura con un planteamiento inteligente a largo plazo. “La fumata bianca busca convertir avales y créditos en garantías de seguridad regional” siguiendo una lógica que podría ser provechosa, la de “sustituir la presión militar por un aperturismo en los negocios con vigilancia nuclear y bajo un clima de estabilidad capaz de sostener una paz duradera”.

2.- Ormuz, la llave que sella la caja de los truenos. La reapertura del estrecho no impedirá que el petróleo siga cotizando al riesgo. Al menos, durante semanas. El precio del oro negro virará a la baja, porque la oferta supera con creces la demanda de barriles y gas licuado. Pero lo hará al ralentí. Entre otras razones, porque la prima de riesgo geopolítico y las pólizas de seguros del transporte marítimo se mantendrán en todos los contratos mercantiles. Con o sin acuerdo. El retorno a los 60 dólares no será inmediato, pronostican los analistas.

El memorando contempla la restauración del tráfico en 30 días. Sin embargo, su normalización será lenta. Antes será necesario despejar minas, reincorporar petroleros a las rutas del Golfo y recuperar la capacidad de refino. Además de restaurar la confianza de aseguradoras y agentes que intervienen en la operativa marítima y designar a la entidad gestora de Ormuz. Irán se ha apresurado a advertir que podría imponer peajes a buques y controles sobre el tráfico marítimo. Aunque la guerra concluya, el mercado seguirá descontando el temor a nuevas interrupciones.

Jorge León, vicepresidente de Análisis Geopolítico en la consultora Rystad Energy, estima que la incertidumbre sobre “la estabilidad futura del estrecho podría mantener una prima geopolítica de hasta 10 dólares por barril durante un periodo prolongado”. Desde S&P lo expresan de otra manera. Algo más optimista, pero tampoco exenta de peligros: “el acuerdo elimina el riesgo de colapso energético, aunque no devuelve al mercado al mundo anterior a la guerra. La reapertura de Ormuz reduce la escasez física de petróleo sin que se suprima el sobrecoste geopolítico, que aún perdurará meses.”

Para Morgan Stanley, el crudo registrará un déficit notable de oferta durante el tercer trimestre, lo que mantendrá la presión alcista sobre los precios, pese a la tregua. En gran medida, porque “muchos compradores seguirán actuando con cautela, dado que la reapertura formal de Ormuz no equivale a una restauración plena de la confianza comercial”, explica Tom Reed, director en Argus Media.

3.- La nueva asimetría del comercio. Fragmentación, cuellos de botella logísticos y resiliencia en las cadenas de valor. Durante las semanas de hostilidades, compañías industriales, navieras y operadores de transporte han rediseñado sus modelos productivos. También los estados, con la construcción urgente de carreteras transpeninsulares, puertos alternativos y vías ferroviarias. Con Arabia Saudí, EAU y Omán como protagonistas.

La reapertura de Ormuz recuperaría rutas convencionales, pero se acelerarían las alternativas logísticas surgidas en los 100 primeros días de conflicto. Peter Sand, estratega de la plataforma de transporte marítimo Xeneta, sostiene que la reanudación del tráfico naval por el estrecho ya no será igual. A su juicio, “la fragilidad geopolítica regional ha quedado incorporada de forma permanente a la planificación logística mundial” y el sector privado exigirá tránsitos fiables.

El alto el fuego preveía negociaciones entre Irán, Omán y otros Estados del Golfo sobre la futura “administración y servicios marítimos” de Ormuz, lo que ha activado las alarmas de las navieras ante la posibilidad de introducir aranceles similares a los del Estrecho de Malaca. Philip Belcher, director marítimo de Intertanko, alerta de que el chokepoint del Pérsico “debe permanecer libre de cargos”. En parecidos términos se manifiesta John Stawpert, de la International Chamber of Shipping, que cuestiona la creación de gravámenes por “servicios mercantes” en una zona donde nunca habían existido. Según datos analizados por el Financial Times y Kpler, más de 550 buques continúan bloqueados en el Golfo, incluidos unos 200 petroleros.

Este escenario dibuja un póker geopolítico en el que nadie puede proclamarse triunfador de la guerra, pero que pide “nuevas cartas de juego”. Es la tesis de Michael Froman, presidente del Council on Foreign Relations (CFR), para quien el conflicto en Oriente Próximo “demuestra los límites del poder militar en el siglo XXI” y plantea una cruda realidad, la de que destruir las capacidades del enemigo puede resultar relativamente sencillo, pero convertir esa superioridad en ventajas políticas duraderas “es mucho más difícil de conseguir”. En su opinión, el acuerdo “evita una derrota para todos, pero impide cantar una victoria plena a alguna de las partes”.

La guerra de Irán ha alterado cadenas de valor y de suministro, disparado los precios energéticos y obligado a los inversores a recalcular riesgos en prácticamente todos los sectores. Sin embargo, lejos de frenar el ciclo tecnológico, las hostilidades militares en Oriente Próximo han reforzado la percepción de que la IA es el nuevo El Dorado al que acuden a la desesperada tanto empresas como gobiernos.

Los ataques unilaterales de EEUU e Israel contra el régimen de los ayatolás, a finales de febrero, parecían firmar el epitafio del ciclo de negocios post-Covid. Pero no solo no ha sido así, sino que el diagnóstico deja riesgos de enjundia. El aterrizaje, de momento no forzoso, trae consigo otra escalada de precios que anticipa una estanflación latente y deja otro factor preocupante, porque los flujos de capital, lejos de esfumarse, se han redirigido hacia infraestructuras de IA, centros de datos y fabricantes de semiconductores.

Si la burbuja tecnológica existe, tardará aún en explotar. Porque en los 100 primeros días desde el inicio del conflicto armado con cierre de Ormuz de por medio, la IA se ha erigido en el valor refugio. Por encima del dólar, el franco suizo o el oro. Wall Street ha oscilado entre el temor a una escalada militar y el riesgo de tipos de interés más altos y a una posible burbuja tecnológica. Pero el mercado sigue valorando la IA como la única fuerza motriz capaz de amortiguar todos los daños económicos e inversores colaterales.

La guerra redefine el mapa empresarial

El bloqueo parcial o total de Ormuz, el encarecimiento de la energía y el regreso de las presiones inflacionistas han alterado las perspectivas de numerosos sectores. Algunos se han beneficiado del aumento del gasto militar, que el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, según sus siglas en inglés) cifra en 400.000 millones de dólares desde el primer ataque a Teherán, casi la mitad, en manos del Pentágono y que se sumarían a los 2,6 billones de factura militar en 2025.

Otros, han sabido surfear por la ola bursátil o ponerse a resguardo de la seguridad energética. Pero también hay industrias que han sufrido el impacto de unos costes más elevados y de unas expectativas de crecimiento más débiles.

Entre los primeros destaca el negocio energético. Morningstar resalta que su Índice Global de Exploración y Producción de Petróleo y Gas ha avanzado un 11,4% desde el inicio de la guerra, mientras las grandes petroleras se han revalorizado un 8,6% por el encarecimiento del crudo.

Las supermajors han asumido el rol de receptoras de flujos defensivos. Al igual que la industria de Defensa. Su índice MSCI sobre valores aeroespaciales y armamentísticos, ha acumulado una rentabilidad del 32% interanual en el primer trimestre, superando el 18,9% del último tramo de 2025 en el que los cheques militares ya repuntaban notablemente. En especial, en Europa, que demanda principalmente pedidos de sistemas antimisiles, drones, munición y equipos militares.

Un tercer bloque, el financiero, completaría el pódium. La banca de inversión se ha aprovechado de la volatilidad imperante. Sean Dunlap, de Morningstar, lo explica de forma elocuente: “los clientes quieren rotar sus carteras y operan con más frecuencia, lo que eleva la rentabilidad de los intermediarios financieros”. Entre enero y marzo Morgan Stanley elevó su beneficio un 29%, Goldman Sachs un 19% y JPMorgan un 13%.

Sin embargo, han sido los valores vinculados a la IA los que han monopolizado casi por completo los flujos de capital. Por delante de las energías renovables que han experimentado un frenético resurgimiento por los deseos globales de reducir la crudo-dependencia. Ni uno ni otro se pueden considerar un sector en sí mismo. Pero resultan determinantes en la carrera competitiva por la hegemonía tecnológica y geopolítica. La demanda de chips --otro espacio donde la innovación algorítmica se mueve como pez en el agua-- sigue en estado de solidez. Al igual que las fuentes renovables, que han vuelto a captar el interés inversor.

Nick Marro, analista de Economist Intelligence Unit (EIU) considera que la guerra ha reforzado la tesis de la seguridad energética, impulsado la transición limpia y diversificado sus canales de suministro. El índice S&P Global Clean Energy Transition ha registrado por avances interanuales puntuales del 70%.

Por contra, los sectores más sensibles a la fragilidad económica y las subidas de tipos de interés como la minería o las materias primas metálicas encabezan las pérdidas. Uno de sus indicadores más fiables, el que elabora Morningstar, pasó de ganar un 22,6% en los dos primeros meses del año a caer un 22,8% tras el estallido del conflicto. Coeur Mining, Hecla Mining o Southern Copper sufrieron descensos de entre el 27% y el 34%.

La construcción residencial y la financiación hipotecaria también han sido víctimas directas de un mercado que descuenta que los bancos centrales deberán instaurar políticas más restrictivas, debilitando la demanda inmobiliaria, dice el analista de esta firma financiera, Jon Mills.

Empresas ‘victoriosas’ de la volatilidad

Desde la órbita corporativa, las beneficiarias han sido las compañías que, como las petroleras, han sabido monetizar las oscilaciones bursátiles. BP, Shell y TotalEnergies generaron entre 3.300 y 4.750 millones de euros adicionales en el primer trimestre. En conjunto, esta triada petrolera elevó hasta un 69% sus beneficios. Repsol ganó 929 millones de euros en el trimestre, un 154% más respecto a enero-marzo de 2025.

Las dos grandes supermajors americanas --ExxonMobil y Chevron-- obtuvieron conjuntamente casi 6.400 millones de dólares de beneficio neto, si bien los analistas coinciden en que el impacto positivo del conflicto ha sido “proporcionalmente mayor” para las petroleras europeas gracias al peso de sus negocios de comercialización e intermediación en el mercado del crudo.

La segunda gran vencedora han sido las firmas de Defensa. Más en concreto, los fabricantes de misiles, sistemas antiaéreos y drones, principales receptores del aumento del gasto militar. Así, firmas como Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman o L3Harris Technologies han impulsado sus pedidos y sus valores bursátiles por la urgencia en reponer arsenales y acelerar la producción de armamento. Bloomberg calcula que este auge sumó 28.000 millones de dólares al patrimonio de grandes accionistas y familias en estos tres meses.

La tercera ganadora ha sido la cadena de valor de la IA, que ha ignorado prácticamente cualquier ruido geopolítico. Según Fortune, han sido las acciones más revalorizadas en 2026. En especial, fabricantes de memoria y almacenamiento como Micron Technology, SanDisk y Western Digital, impulsados por una demanda que crece muy por encima de la oferta. Micron elevó sus ingresos un 196% interanual, SanDisk un 97%. Ambos emporios mantienen planes de inversión cercanos a 670.000 millones de dólares este año. TSMC, firma de chips taiwanesa, incrementó en un 58% sus beneficios trimestrales, señal de que la guerra no ha alterado el ciclo inversor en IA, sino que lo ha reforzado como apuesta a largo plazo.

Economías con pies de barro

El recibo energético ha empeorado la coyuntura americana y global. El PIB de EEUU emite signos de resiliencia por el fuelle que le otorga unas inversiones próximas al billón de dólares en IA de su sector privado que aportarán 4 décimas a la mayor economía global y otras varias a mercados como el mexicano, el surcoreano o el taiwanés que se han valido del efecto balsámico que este tránsito de capitales genera en las cadenas de valor. Sin embargo, su IPC, en el 4,2% en mayo, podría instalarse durante meses por encima del 4% que los analistas juzgan como tope para que Wall Street emprenda correcciones masivas. Así ha sucedido en los últimos ajustes con escalada de precios en EEUU.

Para más inri, la actividad estadounidense, que emite dinamismo, lo hace a costa de necesidades de financiación más caras, con una curva de rendimientos tensionada y mercado de deuda cada vez más sensible a cualquier sorpresa inflacionista.

El bono del Tesoro a 30 años ha superado el 5%, riesgo inequívoco de que la confianza inversora en el PIB americano a largo plazo se contrae por la carestía crediticia. Ryan Crocker, experto del Carnegie Endowment, afirma que la guerra revela hasta qué punto la economía mundial “sigue siendo vulnerable al cuello de botella energético de Ormuz”.

Europa figura entre las regiones más dañadas por el cóctel de energía cara, menor crecimiento y endurecimiento financiero. Especialmente Alemania e Italia, por su dependencia industrial. En Asia, el impacto es aún más severo. Japón ha sufrido reajustes bursátiles y varios tigres asiáticos importadores de energía, tensiones de abastecimiento con caída de inventarios y reservas. En JPMorgan advierten que varias naciones asiáticas podrían enfrentarse a déficits de suministro si las restricciones marítimas en el Golfo se prolongan.

Entre los estrategas económicos se otorga cada vez más credibilidad a una combinación inaudita de petróleo caro, inflación persistente y tipos altos que drenen simultáneamente la actividad en EEUU, Europa y Asia. Y el BCE ha iniciado la fase restrictiva del dinero. En paralelo, además, surge otro factor nunca visto. El ciclo inversor de la IA supera en velocidad y volumen de capital, a las fases de esplendor de la revolución de internet o de la electrificación. Nvidia vale tanto como el PIB de Alemania. Bajo un apetito feroz en Wall Street, que espera impaciente la triple salida a bolsa de SpaceX, Anthropic y OpenAI para poder expandir las ganancias.

Desde el punto de vista geopolítico, “el balance resulta mucho menos favorable para Occidente que para el mercado”, dice el presidente emérito del Council on Foreign Relation, Richard Haass.

A su juicio, “la mayor victoria estratégica se la llevan China y Rusia”. Pekín, por afianzar su estatus de socio indispensable para el Sur Global y reforzar su acceso preferente a recursos energéticos; Moscú, por desviar la atención sobre Ucrania y beneficiarse de un precio del crudo que le otorga liquidez en tiempos convulsos para su economía militarizada.

En cambio, EEUU e Israel pierden dividendos en el orden global. Washington ha exhibido poderío militar a costa de reavivar la inflación, complicar la tarea a la Fed y minar su liderazgo exterior; Tel Aviv no ha traducido sus éxitos militares en ventajas geopolíticas y los emiratos han sufrido deterioro reputacional al mostrarse incapaces de influir decisivamente en el conflicto, pese a su relevancia energética.

Durante décadas, las revoluciones tecnológicas siguieron un patrón reconocible. Primero llegaba la innovación, después el entusiasmo, más tarde el dinero. Sin embargo, la IA está alterando esta normal evolución de los acontecimientos, hasta el punto de constatar que las futuras batallas por el cetro tecnológico del planeta no se librarán en laboratorios ni en centros de investigación, sino en los mercados de capitales.

En cuestión de semanas, tres multinacionales de nuevo cuño, surgidas en el último decenio, pero a las que Wall Street les ha concedido un papel digital estelar y reservado un lugar en el club de las Siete Magníficas –Nvida, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla– las emblemáticas bigtechs estadounidenses, registrarán sus actas de nacimiento como empresas cotizadas. Pese a que SpaceX, Anthropic y OpenAI no acuden al mercado para acaparar unos flujos de capital que, por su tamaño, quedaban hasta ahora reservados a las partidas presupuestarias estatales.

La operación de SpaceX, por ejemplo, podría recaudar hasta 86.000 millones de dólares, según la compañía de Elon Musk asumidos por la práctica totalidad de firmas de inversión. Una cifra similar a las partidas anuales de ministerios de gasto como los que gestionan las infraestructuras en las potencias industrializadas y que supera con creces a los presupuestos anuales promedio de las naciones en desarrollo. Incluso de varios mercados emergentes. 

Si las planificaciones corporativas se cumplen, SpaceX debutará presumiblemente el próximo 12 de junio en el parqué neoyorquino. Después de fijar el precio de su oferta la jornada precedente, con una valoración que el consenso valora en 1,8 billones de dólares, cantidad algo por debajo del PIB español. Anthropic, que ha iniciado los trámites regulatorios ante la SEC, aspira a superar el billón de dólares, casi el calibre de la economía polaca. Mientras OpenAI prepara su operación, en meses, tras calcular un valor de 850.000 millones; algo más que el PIB irlandés.

Tomadas desde un prisma individual, cada una de estas salidas a bolsa sería histórica. Pero si se observa conjuntamente, ganan en relevancia, porque esta Triple Corona representa el gran salto transformador de la IA hacia una nueva clase de activos. La primera oleada de esta revolución tecnológica estuvo dominada por aplicaciones capaces de crear texto, imágenes o códigos. Pero la segunda exige construir la infraestructura que debe alimentar sus sistemas. Desde centros de datos gigantescos, hasta redes eléctricas reforzadas, chips avanzados con elevadas capacidades de almacenamiento y conectividades universales.

Triple salto bursátil y ¿primer billonario?

La magnitud de este fenómeno en ciernes deja, sin embargo, una profunda paradoja. Esta triada de potenciales bigtechs no busca liquidez porque carezcan de ella, sino porque los cientos de miles de millones de dólares de los que disponen no son suficientes para financiar la competitiva y más costosa carrera tecnológica de la historia moderna. De modo que sus inversores no desean avalar sus aplicaciones. Más bien, pretenden invertir en la nueva arquitectura económica global.

SpaceX saldrá a bolsa a un precio de 135 dólares por acción. De subir apenas un 1,2%, hasta los 136,6 dólares, la fortuna de Musk le convertiría en el primer billonario de la historia. Hay muchas opciones de que lo consiga. JP Morgan ha convocado a 2.500 grandes patrimonios para acordar una oferta excepcional de adquisición de valores SpaceX en sus carteras y fondos de inversión. Mientras Anthropic ha elegido a Morgan Stanley y Goldman Sachs para liderar su OPV, prevista para octubre, al tiempo que estrecha sus lazos con Nvidia a través de un acuerdo con SpaceX para usar unos 325.000 circuitos integrados de alta gama del fabricante de chips californiano en sus servicios de computación para IA.  

En paralelo, desde China también se mueven fichas. DeepSeek, la start-up que logró zarandear los mercados en febrero de 2025 por la calidad de su IA hasta generar una preocupación general de las bigtechs americanas con Trump recién aterrizado en la Casa Blanca, está en la fase final de un acuerdo para recaudar hasta unos 7.400 millones de dólares. La mayor ronda de financiación conocida en la historia bursátil del gigante asiático, informa Bloomberg.

Para Matthew Kennedy, estratega de OPVs (oferta pública de acciones, que es como se conocen las salidas a Bolsa) en Renaissance Capital, la cuestión central no gira en torno a cuánto dinero recaudarán, sino en sus plácets de mercado. Sus estrenos les darán impulso para marcar el rumbo y la velocidad que tomará Wall Street con los valores vinculados a la IA, y condicionará la narrativa de los inversores, inmersos en un mar de dudas sobre si sus billonarias inyecciones de capital recibidas justificarán las predicciones de productividad y rendimiento de sus proyectos. Estas cartas de navegación —asegura Kennedy— son relevantes porque, por primera vez desde el auge de Internet varias tecnológicas con unas capitalizaciones cercanas al billón de dólares accederán simultáneamente a los grandes centros de negociación de valores. En un momento en el que Wall Street rebosa apetito por el riesgo.

De Marte a los centros de datos orbitales

La más espectacular de estas operaciones será, previsiblemente, la de SpaceX. Fundada en 2002 por Elon Musk, forma parte de la mitología de Silicon Valley. A raíz de un viaje de Musk a Rusia para adquirir viejos misiles balísticos y convertirlos en lanzaderas espaciales de bajo coste. Pese a que la negociación fracasó, durante su vuelo de regreso calculó la factura de fabricar cohetes baratos. Varios años de pérdidas y lanzamientos fallidos después, la firma sobrevivió. Gracias a un contrato de la NASA en 2008, a la puesta en órbita de Starlink, el principal operador mundial de viajes espaciales y a la integración en su estructura de xAI, su firma de IA.

En la actualidad, a los ojos de los inversores, su emporio espacial combina satélites, IA y negocios vinculados a Defensa, telecomunicaciones y centros de datos orbitales. El mercado no sólo está comprando cohetes, sino la visión muskiana de la infraestructura tecnológica que reclaman los avances del Siglo XXI.

Sin embargo, la OPV también destila incertidumbre. El folleto preliminar no descarta posibles pérdidas multimillonarias asociadas al negocio de la IA y una concentración de poder corporativo sin precedentes. Musk conservará alrededor del 85% de los derechos de voto y recibir incentivos de hasta 760.000 millones de dólares, lo que limita la influencia de los accionistas minoritarios. Además de presuntos conflictos de intereses, ya detectados por Bloomberg, que apunta a varios altos cargos del Gabinete Trump que compraron participaciones en SpaceX o xAI mientras la firma acumulaba contratos federales millonarios. Por si fuera poco, el modelo que representan SpaceX, Anthropic y OpenAI acelera procesos de automatización que, para Boston Consulting Group, podrían reducir miles de empleos técnicos y profesionales en los próximos años.

OpenAI: el laboratorio que cambió la historia

Si SpaceX simboliza la infraestructura física, OpenAI es el icono de la IA como fenómeno masivo y global. La compañía nació en 2015 de la mano de Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever y... Elon Musk –entre otros– sin aparente pecado original. Porque se concibió como entidad sin ánimo de lucro. Con la misión de evitar que la IA avanzada estuviera en manos de un ramillete de firmas.

Pero el altruismo dejó paso a la ambición. El diseño de modelos sofisticados requiere recursos financieros imposibles de obtener con métodos tradicionales, justifican ahora sus ejecutivos. De ahí que OpenAI creara una estrategia de negocio híbrida capaz de captar miles de millones de dólares y atraer socios estratégicos. Hasta el 30 de noviembre de 2022, fecha del lanzamiento de ChatGPT. Ninguna aplicación había alcanzado una devoción social tan fulgurante. En cuestión de meses, la empresa pasó de ser un laboratorio tecnológico a personificar la revolución de la IA. Su salida a bolsa adquiere un significado especial. Será la primera vez que Wall Street valorará directamente a la firma que había provocado el cambio de paradigma de la IA. Aunque deberá demostrar que su liderazgo puede generar rentabilidades sostenibles.

Adrian Cox, analista de Deutsche Bank Research, y sus colegas de HSBC ponen el dedo en la llaga al señalar los pros y los contras de la maniobra bursátil de Altman. “Una valoración superior al billón convertiría a OpenAI en una de las 15 compañías más valiosas del mundo desde el primer día de cotización, un hito sin parangón”, admite Cox. Pero, al mismo tiempo –dicen en HSBC– OpenAI podría perder hasta 14.000 millones de dólares y precisar otros 200.000 millones antes de 2030 para sostener su expansión.

Anthropic: la escisión que desafió al líder

La historia de Anthropic también tiene ínfulas de grandeza. Surgida en 2021 por exingenieros de OpenAI liderados por Dario y Daniela Amodei, que defendían un enfoque de mayor prudencia en el desarrollo de modelos avanzados, su escisión de esta última se calificó de distanciamiento intelectual. Los Amodei no dudaron del potencial de la IA, pero sí de su celeridad.

Sin embargo, su apuesta cayó también en saco roto. Claude, su plataforma de IA de rendimiento inmediato, se propagó entre las grandes empresas, mientras Mythos, su nueva generación de ciberseguridad, ha despertado un inusitado interés de gobiernos y entidades financieras.

La reciente negociación para facilitar el acceso de Mythos a empresas e instituciones de la UE refleja hasta qué punto el valor de la compañía trasciende del ámbito comercial. Bruselas teme que las ciberamenazas no procedan solo de grupos criminales o servicios de inteligencia, sino de sistemas de IA capaces de identificar vulnerabilidades y explotarlas en tiempo real. Mandeep Singh, director de investigación tecnológica de Bloomberg Intelligence, alerta de que el principal riesgo reside en “la creciente interconexión entre sistemas financieros, infraestructuras digitales y modelos avanzados de IA”. En un escenario extremo, “un ataque automatizado sería capaz de dañar simultáneamente redes de pagos, energía y banca, en una especie de ”cascada de alcance universal“.

Jay Ritter, director de la IPO Initiative de la Universidad de Florida, considera que el verdadero examen para Anthropic y OpenAI se producirá cuando se analicen sus cuentas de resultados en sus fases de madurez. A su juicio, ambas ostentan estructuras de costes gigantescas y demandas permanentes de capital. Advertencia que comparte Harrison Rolfes, de PitchBook: “el mercado está valorando unos negocios sin arquitectura visible y apostando por ingresos futuros”, lo que rememora la crisis de las puntocom.

El mercado del petróleo vuelve a instalarse en una arriesgada montaña rusa de emociones. Hace tres meses que está sometido a estos movimientos oscilatorios. Justo desde el inicio de la guerra en Irán. Hasta entonces, vivía una inusitada calma, dominada por un exceso de producción y una tendencia a cotizar en niveles próximos a los 60 dólares, calificados de moderados. Sin embargo, el conflicto armado en Oriente Próximo ha llevado al oro negro a soportar escenas de volatilidad máxima y a las autoridades económicas, monetarias y a los inversores de todo el mundo a tener que atravesar por una pesadilla tan recurrente como persistente.

Cada relato de Donald Trump, cada ataque selectivo en el Pérsico y cada amenaza de nuevos y más herméticos cercos del Estrecho de Ormuz desencadenan escaladas violentas del barril. Por contra, las narrativas sobre distensión diplomática, emitidas sin orden ni concierto desde la Casa Blanca en su desesperado intento de recabar algún guiño de Teherán para anunciar una tregua sostenible, empujan su valor por debajo de los triples dígitos de manera fulgurante. El último intento, un supuesto acuerdo para prorrogar otros 60 días la tregua, fue cortado de raíz por Irán: el memorándum existe, pero no está finalizado.

El negocio energético se mantiene, pues, sin rumbo y oscilante. Los altos el fuego fallidos como los tres emitidos por la Administración Trump esta semana sin ordenar siquiera interrumpir sus incursiones aéreas sobre Irán elevaron los barriles de Brent, de referencia en Europa, y WTI, en EEUU, por encima de los 100 dólares. Por el otro, mensajes como el de Teherán, con respaldo de China, que llevaba aparejado el reconocimiento de que la normalización de Ormuz requeriría un largo mes. Desenredar el nudo gordiano de este enclave neurálgico para el flujo del crudo y del gas pérsicos no será fácil, alertaba Teherán. Por unas horas, estos relatos desinflaron la cotización del oro negro hasta los 80 dólares.

Detrás de este combate dialéctico por controlar el relato de la guerra aparecen los halcones de ambos bandos, que desean romper cualquier cauce de paz.

Del lado americano, el “acuerdo inminente” que sugirió Trump con el argumento de facilitar a Irán su salida de la asfixia financiera por un bloqueo naval que ha paralizado también sus ventas de crudo, dio paso a un intento del ala republicana y los lobbies armamentísticos de intensificar, como Israel en Líbano y Gaza, la maquinaria bélica. En Irán, la facción ultraortodoxa Paydari ha criticado sin paliativos al presidente del Parlamento, Mohamed Bagher Ghalibaf, uno de sus mayores rivales internos, por sus supuestas concesiones hacia el programa nuclear, sobre el que ha impuesto sus líneas rojas. Acusan a Ghalibaf de ir “mucho más allá” en el diálogo con EEUU que el mandato que le ha otorgado el líder supremo, Mojtaba Jamenei. Entretanto, Washington ponía precio de recompensa a quienes aportaran datos que ayudara a descabezar la cúpula de la Guardia Revolucionaria iraní.

Una analista americana con pasado como alta funcionaria, Mona Yacoubian, lo expresa de forma elocuente. A su juicio, estas maniobras obedecen al incremento de la presión social por alcanzar un pacto que reduzca la inflación e impulse el consumo, pero “choca” con la obsesión de Trump de “lograrlo sin que parezca que Irán sale victorioso”. Y eso —dice esta investigadora del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, según sus siglas en inglés)— “va a ser extraordinariamente difícil”.

Esta encrucijada explica las oscilaciones del barril, que se han interpretado como un vestigio de que los países productores están dispuestos a invadir otra vez el mercado de crudo y quitarse el opresor corsé de la OPEP+ cuando se libere Ormuz. El cártel por antonomasia está cada vez más debilitado por la irrupción de más petro-estados —en especial, desde latitudes latinoamericanas— y la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU).  

Inflación, tipos altos y deuda cara

Los mercados han lanzado una verdad incómoda. La prolongación del conflicto, que ha devuelto el barril a los 90 dólares, no solo exporta inflación, vía energía, fertilizantes y alimentos, sino que ha distorsionado el mercado de bonos, donde se empieza a cuestionar la sostenibilidad fiscal de EEUU. Pese a la sorprendente capacidad de resiliencia de su consumo y su capacidad de empleo, los rendimientos de la deuda a 30 años del Tesoro suben con virulencia, señal de que la confianza a largo plazo en la primera economía internacional pierde fuelle porque el inversor empieza a descontar una coyuntura más inflacionaria, endeudada y estructuralmente más cara. Con tipos al alza que encarecen las obligaciones de pagos de la versión Trump 2.0.

Para Mohamed El-Erian, presidente del Queens’ College de Cambridge y ex CEO de Pimco, este estado de tensión permanente en Oriente Medio demanda una prima de paciencia geopolítica y garantías fiables de que no se va a disparar más el coste de vida. Son, a su juicio, dos factores que el líder republicano no puede prometer. Ni siguiera parando la guerra. Aunque lo intentará debido a las exigencias del Grand Old Party (GOP) por atender con ciertas opciones las elecciones de medio mandato de noviembre.

El gran reto para Trump —aduce El-Eiran, director en el pasado del FMI— es eludir una “segunda ola inflacionaria” provocada por una energía que eleva de forma persistente sus costes y que engordará los tres déficits —fiscal, comercial y corriente— de EEUU.

El petróleo tiene la llave, pero no abre todas las puertas. La intensificación de los ataques contra Irán catapulta el riesgo geopolítico justo cuando las reservas de gasolina americanas descienden con fuerza. Daniel Hynes, del banco australiano ANZ advierte que el mercado detecta un déficit de oferta de crudo este verano que traería más inflación y volatilidad y atraparía a los bancos centrales en su jeroglífico energético.

Es por ello por lo que las autoridades monetarias del G-7 observan este panorama con inquietud. Aún no saben si sus estrategias de wait and see inclinarán sus balanzas hacia un mantenimiento de tipos, a bajarlos para espolear sus economías o elevarlos para frenar sus IPC en sus citas de junio. Con todos sus índices por encima del 2% que marcan sus estatutos como tope para frenar los costes de sus cestas de la compra.

La pausa de las autoridades monetarias ha seguido parámetros de prudencia. A la espera de si la tregua en Ormuz y el mes de normalización que admite Teherán logran calmar las vibraciones en los precios del crudo y se cumple la teoría favorita —y excesivamente optimista— del mercado de un ajuste ordenado de la oferta y la demanda bajo un horizonte de alto el fuego acordado. Aunque la unanimidad brilla por su ausencia en esta predicción. Esencialmente, porque la mano invisible que se supone que rige en el orden capitalista-liberal ha dejado de ser el único as en la manga. Los vaivenes geopolíticos reclaman diagnósticos certeros sobre riesgo militar y cálculos diplomáticos para tomar decisiones bursátiles. Y eso, de momento, parece una entelequia.  

Presión sobre los bancos centrales

Al fin y al cabo, el tránsito marítimo por Ormuz nunca se ha detenido completamente, con Irán concediendo permisos soterrados a petroleros y metaneros y EEUU ejerciendo un cerco naval unilateral, por un lado. Y, por otro, con el régimen de los ayatolás ante la necesidad de continuar suministrando a sus clientes su oro negro, la práctica totalidad de Asia con la urgencia de adquirir crudo del Golfo y EEUU tratando de frenar una inflación que destroza la apuesta del dirigente MAGA de precipitar bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. En un momento en el que asume las riendas de la institución Kevin Warsh, designado a dedo por el propio Trump con la misión de abaratar el dinero a la menor oportunidad.

Incluso con una inflación persistente y ascendente como la actual. El IPC americano se situó en el 3,8% en abril, a solo a 2 décimas de la cota que el mercado establece para que se desencadene una especie de tormenta casi perfecta de precios desbocados, dinero propenso a encarecerse y bonos con rendimiento descontrolado o superiores al 5%. Con costes de vida sin control. El shock energético ya golpea directamente a los salarios reales en las economías de rentas altas.

Así en EEUU evolucionan 2 décimas por debajo del punto de inflación considerado crítico por los mercados y ya deteriora el poder adquisitivo de sus hogares. Para Diane Swonk, economista jefe de KPMG en Nueva York, dice que “la guerra está alterando las cadenas de suministro y seguirá empujando los precios del crudo al alza incluso si Ormuz reabre sus rutas”. Igual que en Reino Unido, donde James Smith, del think tank Resolution Foundation, resalta que afronta el cuarto episodio de caída de nóminas desde 2008 con debilidad de empleo. O en la eurozona, a la que Claus Vistesen, de Pantheon Macroeconomics augura una subida salarial cercana a cero en 2026 y “profundamente negativa” en Francia, con la economía alemana resistiendo por el alivio fiscal a combustibles y la española amortiguando el golpe con ayudas públicas y protección salarial.

El temor político en el G-7 es que el encarecimiento energético frene el consumo, el empleo y el dinamismo de sus PIB y que sus bancos centrales ataquen la inflación en vez de estimular sus patrones productivos y mercados laborales. La premier japonesa, Sanae Takaichi, se ha sumado a las críticas trumpistas por el alza de tipos del BoJ. Mientras en Europa, el repunte de los gastos militares y la fragilidad fiscal han elevado el peligro de colisión entre gobiernos y el BCE. Luis de Guindos, lanzó un cóctel molotov cargado de realpolitik al dejar su cargo como vicepresidente: la combinación de conflicto armado, inflación energética y tumbos arancelarios impulsados por Trump incrementa la amenaza de crisis financiera global, que “será de más envergadura cuanto más se prorrogue la guerra”.

En línea con los negros augurios del mercado. JP Morgan enfatiza que el shock actual carece de precedentes comparables en la historia moderna del crudo y Goldman Sachs alerta de que las reservas globales de petróleo y derivados retroceden al ritmo récord de 8,7 millones de barriles diarios con el suministro severamente restringido.

Gambito de Dama. Mythos, modelo algorítmico de ciberseguridad diseñado, generado y puesto en el mercado por Anthropic, parece haber emprendido su andadura como innovador escudo protector de e-crimes con la clásica y agresiva apertura de una partida de ajedrez que, en este caso, promete zarandear el orden tecnológico, económico y financiero global. La propia historia de su firma propietaria, Anthropic, que ha pasado en apenas un lustro de estar catalogada como una start-up californiana de relativo prestigio por haber sido armada, en 2021 por varios antiguos fundadores de OpenAI, a una compañía que coquetea con contabilizar su primer billón de dólares de capitalización bursátil, es un botón de muestra del fulgurante ritmo que ha cobrado la carrera competitiva por asumir el cetro de la tecnología IA.

Sin embargo, de vez en cuando, los ciclos de innovación capaces de proclamar el inicio de revoluciones industriales a gran escala como el actual, ponen una cierta pausa a los intentos desaforados del sector privado por estar en la cúspide financiera. Por mucho que históricamente hayan incitado a cambios del orden mundial imperante, teoría que suscriben no pocos analistas, entre otros, George Friedman, presidente de Geopolitical Futures.

Porque la irrupción de Mythos ha propiciado una reacción en cadena e inusual entre reguladores financieros, bancos centrales y expertos en ciberseguridad. La herramienta de Anthropic ha sido diseñada para detectar vulnerabilidades críticas en sistemas informáticos.

La señal de alarma aumentó después de que Anthropic asegurara hace un mes que Mythos había identificado miles de brechas graves en sistemas operativos y navegadores usados globalmente por el sector privado. El impacto de este mensaje potencial ha movilizado en las últimas semanas al Financial Stability Board (FSB) que preside el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE) Andrew Bailey, que solicitó reuniones técnicas con la compañía para evaluar los riesgos que la IA podría representar para la estabilidad financiera internacional.

En EEUU, la inquietud alcanzó a sus organismos supervisores federales. La Casa Blanca comenzó a estudiar posibles controles sobre modelos avanzados de IA tras realizar numerosas pruebas de seguridad, mientras el Tesoro y la Reserva Federal impulsaban de urgencia medidas para reforzar infraestructuras críticas frente a hipotéticos ciberataques impulsados por la IA. Paralelamente, organismos de regulación financiera y supervisión bancaria mantuvieron reuniones de urgencia con la gran banca para evaluar la exposición de sus sistemas a vulnerabilidades detectadas por Mythos.

Quizás sea una reacción alarmista. Pero el debate entre ciberseguridad e innovación está servido.  En el sector tecnológico y, dentro del mismo, en la comunidad de ciberseguridad han aparecido voces que rebajan los decibelios. Como la de Anthony Grieco, responsable global de seguridad de Cisco, que reconoce que Mythos supone un avance notable porque localiza vulnerabilidades con suma rapidez y reducir los falsos ciberataques, pero subraya que aprovechar plenamente su potencial requiere una enorme infraestructura computacional y personal altamente cualificado. “Si tienes un Fórmula 1 pero solo has conducido una bicicleta, quizá logres avanzar en línea recta, pero no sacarás todo el rendimiento”, resumió.

También la ex responsable de ciberseguridad del FBI Cynthia Kaiser, actual directiva de Halcyon, redunda en que las amenazas más sofisticadas dependen sobre todo de capacidades humanas y no solo de la IA. “Nuestros adversarios ya eran extremadamente buenos antes de la IA” cuando muchos ataques ransomware “lograban comprometer sistemas en menos de una hora”.

La dimensión geopolítica también entra en esta dialéctica. Chris McGuire, analista del Council on Foreign Relations (CFR) y exasesor del Consejo de Seguridad Nacional americano, considera que herramientas como Mythos se han convertido, casi de repente, en “las armas cibernéticas más poderosas jamás construidas” y defiende endurecer las restricciones tecnológicas contra China para preservar la ventaja estratégica de Washington en IA. El problema es que esta dicotomía se produce en plena carrera competitiva entre ambas superpotencias y con los valores de empresas que cotizan en Wall Street apostando por ingentes inversiones futuras en computación cuántica.

La posibilidad de que una IA extremadamente avanzada descubra y ejecute vulnerabilidades, de forma simultánea y combinada, en una multiplicidad de empresas, de instituciones y entidades bancarias que resultan estratégicas para el normal funcionamiento del comercio o de los centros bursátiles es un peligro a ojos de instituciones como el FMI. En un comunicado oficial y severo en su contenido, advierte que los nuevos modelos de IA pueden provocar “fallos sincronizados” capaces de desencadenar perturbaciones sistémicas en la arquitectura financiera internacional.

Acumulación de endeudamiento tecnológico

Este estado de incertidumbre, más o menos realista, describe una gran paradoja, porque aparece justo cuando las bigtechs de Silicon Valley atraviesan la oleada inversora de mayor intensidad de su historia reciente. Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta destinarán este año unos 725.000 millones de dólares a proyectos vinculados a la IA y sus infraestructuras asociadas, según cálculos publicados por Financial Times. Tras un primer trimestre con resultados bursátiles brillantes en casi la totalidad de las tecnológicas. Sin embargo —alerta el diario británico—, sus volúmenes de gasto están erosionando los flujos de caja de unas compañías acostumbradas a viajar ligeras de equipaje en cuanto a capital. En medio de otra amenaza latente, la del excesivo endeudamiento soberano; sobre todo, para las potencias de rentas altas, y muy en concreto, EEUU.

La magnitud de la inversión refleja hasta qué punto la IA se ha convertido en una cuestión cuasi religiosa para las plataformas de los gigantes tecnológicos. Hasta el punto de haber adquirido en los últimos tiempos el estatus de activo estratégico por su capacidad computacional para la fabricación de chips de alta gama, centros de datos o de redes cloud sobredimensionadas y cada vez más demandantes de energía. 

Anthropic quiere liderar precisamente esa carrera. La multinacional fundada y dirigida por Dario Amodei negocia una cartera de préstamos próxima a los 50.000 millones de dólares que podría elevar su valoración hasta casi un billón, por encima incluso de OpenAI. Sus ingresos anualizados rondan los 45.000 millones, impulsados por herramientas como Claude Code y, sobre todo, por la expectativa generada alrededor de Mythos.

Pero el ascenso de Anthropic deja en evidencia otra transformación de calado. Casi un paradigma empresarial nuevo, que tiene que ver con el desplazamiento de los avances tecnológicos desde los bancos hacia las compañías que controlan la infraestructura de IA y que genera una incógnita sin resolver: la de que las entidades financieras han pasado de depender únicamente de sus entes reguladores y bancos centrales a la hora de proteger su estabilidad operativa y negocios, a hacerlo de empresas con habilidad para detectar vulnerabilidades de manera preventiva.

Es la nueva asimetría del mercado. Socios estratégicos de Anthropic como JPMorgan, Amazon o Microsoft reciben acceso temprano a los hallazgos de Mythos y a los parches derivados de esos descubrimientos. Mientras numerosas entidades europeas o emergentes permanecen fuera de ese perímetro de protección. Todo ello, ha configurado un ecosistema defensivo desigual, donde algunas instituciones conocen antes que otras dónde están las grietas del sistema.

Activos tóxicos, ‘momento Oppenheimer’

La historia económica demuestra que las grandes crisis rara vez emergen del activo más visible. Surgen donde la complejidad supera a las habilidades e instrumentos de supervisión. En 2008, el colapso crediticio emergió por derivados hipotecarios e interconexiones aparentemente nada visibles en los balances bancarios. Los denominados activos tóxicos. Swaps y productos de gran riesgo por su sofisticación. En 2026, el detonador podría ser la concentración tecnológica.

El FMI asume que las defensas cibernéticas serán superadas. Es decir, que la cuestión no reside tanto en impedir el próximo ataque, sino en evitar que esta patología digital derive en epidemia financiera, lo que obligaría a redefinir conceptos clásicos de estabilidad bancaria, desde el capital hasta la liquidez o los estándares de solvencia. La era Mythos apunta a que quien controle la IA y su infraestructura crítica dominará el orden financiero.

Atravesamos el “momento Oppenheimer” de la IA. De esta manera tan elocuente compara este cambio de rumbo Rafe Pilling, director de inteligencia de Sophos, que ha definido en FT a Mythos como “el descubrimiento del fuego” por ser una tecnología “capaz de perfeccionar radicalmente la vida digital o provocar daños masivos si se gestiona mal”. Pero Pilling lleva su analogía a una etapa más cercana. El instante Oppenheimer —creador de la bomba atómica de EEUU— ilustra el súbito pasaje en el que una innovación científica deja de ser un avance técnico para convertirse en un conflicto geopolítico estratégico. Pilling lo define como dual use technology o doble uso de la tecnología que impulsa la innovación tanto como los riesgos sistémicos.

Habrá, en consecuencia, más ciberterrorismo, atentados más rápidos y a precios más reducidos. Pero también un auge de deepfakes —material falso de gran calidad—, de fragilidades en torno al teletrabajo, actos contra cadenas de suministro e intrusiones automatizadas en las estructuras empresariales, de hospitales o redes eléctricas. Jadee Hanson, directora de seguridad de Vanta, anticipa que las firmas que no secundan el ritmo de la IA “estarán, sencillamente, expuestas” a ciberataques.

¿Ciclón de los negocios o exuberancia irracional?

El fulgurante ciclo de negocios de la IA —S&P apunta a un beneficio cercano al 44% interanual del sector tecnológico en Wall Street—, que mantiene la resiliencia del PIB estadounidense y que se ha convertido en el principal vector del dinamismo corporativo, coquetea, sin embargo, con esa exuberancia irracional de los mercados de la que alertó en su día el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Antes y durante la inestabilidad bursátil de las punto-com en 2000 y del colapso crediticio de 2008.

El segmento del software también ha emitido una doble señal de alerta. Frente a la opulencia de la IA en los mercados y frente a la profusión de un crédito privado de dudosa fiabilidad. Quizás el relato de Tony Yoseloff, CIO de Davidson Kempner Capital Management, sea premonitorio. En su opinión, la IA amenaza modelos de negocios al mismo ritmo que empeora la deuda. “Mi gran preocupación es su potencialidad para recuperar activos y regenerar obligaciones de pagos, muy en especial, en la industria del software”, el gran destino del capital privado en EEUU.  

Bajo esta climatología adversa, Europa ha trasladado su intención de acceder a Mythos como la herramienta con la que blindar su sistema financiero frente a la IA ofensiva. Ante el temor a que las empresas estadounidenses asuman con antelación sus capacidades defensivas y ofensivas. El comisario de asuntos económicos, Valdis Dombrovskis, y el Eurogrupo insisten en que la UE debe integrar la gobernanza algorítmica en su regulación financiera en términos de seguridad nacional y soberanía digital. Es como si Mythos hubiera dado el pistoletazo de salida para incorporar estas novedades legislativas al acervo comunitario.

Sin embargo, analistas como Rowan Wilkinson, de Chatham House, atisban dificultades legales. La coordinación internacional en torno a la IA “está políticamente bloqueada y probablemente solo avanzará tras una crisis grave”. A su juicio, la rivalidad geopolítica entre EEUU y China y los poderes desproporcionados de las bigtechs hacen inviable una gobernanza efectiva de la IA en un escenario de exuberancia bursátil como el que criticó Greenspan en su época al frente de la Fed.

Rusia entra en factura de guerra. Al encaminarse al primer lustro de enfrentamiento militar con Ucrania, Vladímir Putin sostuvo que el Kremlin podía librar una contienda bélica larga y, al mismo tiempo, mantener su economía en un estado de estabilidad. En los albores de la invasión, la resistencia del rublo a las sanciones occidentales, el aumento de las exportaciones energéticas hacia Asia y el empleo de buques fantasma para negociar el precio del barril del petróleo y gas siberiano al mejor postor o la catapulta del gasto militar sobre el dinamismo del PIB parecían demostrar que el Kremlin había encontrado una fórmula inesperadamente eficaz para soportar el veto del G-7 a usar el dólar como divisa en las transferencias internacionales o la vigilancia y el tope de venta del crudo que las potencias industrializadas le exigieron con posterioridad.

Pero las primeras señales de fatiga empiezan a aparecer. Y lo hacen en el peor momento posible para Moscú. The Economist acaba de certificar, por medio de un rastreador de guerra nutrido con sistemas satelitales que detectan en tiempo real la actividad bélica y los trasladan a mapas del Institute for the Study of War (ISW), que el ejército ruso encadena pérdidas territoriales en Ucrania “por primera vez desde octubre de 2023”, después de varios meses en los que su ofensiva se había estancado. Una señal que corroboraría la escasa presencia de vehículos y armamento pesados y los pobres fastos del Desfile de la Victoria de 2026 en la Plaza Roja y que podría desvelar una inclinación de la iniciativa militar en favor de Kiev. A pesar del enorme coste humano desplegado por el Kremlin.

En el terreno económico, el panorama también comienza a mostrar un horizonte desolador. Los precios no dejan de encarecerse, los salarios crecen a ritmos incompatibles con la productividad y el déficit presupuestario se expande tras más de cuatro años de economía de guerra. El Banco Central de Rusia (BCR) se ha visto obligado a sostener unos tipos de interés demasiado elevados para frenar la escalada inflacionista, lo que ha elevado los costes crediticios y frenando los flujos de capital privados. Al mismo tiempo, la escasez de mano de obra generada por la movilización intensiva de empleo en la industria armamentística y la emigración de varios cientos de miles de trabajadores cualificados fuera del país, han incrementado los salarios en sectores estratégicos para la economía rusa. Novena del planeta, con 2,6 billones de dólares, algo más de medio billón por encima del PIB español y que apenas crecerá un 1% en 2026, según el FMI.

“Rusia ha logrado evitar el colapso, pero no ha eludido su desgaste”, dice Alexandra Prokopenko, ex asesora del BCR e investigadora del Carnegie Russia Eurasia Center, para quien el dinamismo actual “depende cada vez más del gasto militar y menos de una actividad económica sostenible”, lo que ha configurado una paradoja de difícil aceptación para el Kremlin, ya que es precisamente el propio esfuerzo bélico el que está “deformando la economía”, aduce. O, dicho de otra forma: la industria de Defensa absorbe recursos, talento y financiación mientras otros sectores de corte civil pierden competitividad.

Por si fuera poco, el consumo se sostiene artificialmente gracias al gasto público y a los salarios vinculados al complejo militar-industrial, mientras la productividad permanece estancada. “Es una economía que remonta por el propio impulso de la guerra” resume un economista europeo especializado en Rusia. A su juicio, el gran problema es que este modelo “resulta muy difícil de desmontar sin provocar una desaceleración brusca”.

Visita apresurada de Putin a China

Quizás por esta pérdida súbita de musculación, azuzada por el clima geopolítico global y por el shock petrolífero derivado del cierre del Estrecho de Ormuz, Putin ha dirigido sus pasos hacia el gigante asiático. Tan solo unos días después de la visita de Donald Trump. En Pekín, el dirigente ruso, que debutó como primer ministro a finales de 1999, quiso reforzar la imagen de la alianza estratégica con Xi Jinping. Pero el contexto global es radicalmente distinto al de febrero de 2022, cuando ambos líderes proclamaron “una asociación bilateral sin límites” unas semanas antes de la invasión de Ucrania. Tanto, que según Financial Times, Xi habría sugerido a Trump durante su reciente encuentro en Pekín que Putin podría acabar “arrepintiéndose” de la invasión y estar en disposición de negociar un alto el fuego definitivo.

El mensaje, cuidadosamente ambiguo como acostumbra a expresar la diplomacia china, refleja un viraje de rumbo que podría ser trascendental. China sigue necesitando a Rusia, pero empieza a percibir la guerra contra su vecino meridional como una fuente inagotable de incertidumbre y de costes geopolíticos y económicos para Pekín. Buena prueba de ello es la asimetría que, en el plano energético, deja el acuerdo planteado casi a la desesperada por parte de Moscú para sellar el proyecto del gasoducto Power of Siberia 2 que conectaría las reservas gasísticas rusas con el gigante asiático. Los analistas del mercado convienen en asegurar que esta iniciativa pretende paliar el cierre del grifo de este combustible hacia Europa.

El consenso habla de que Pekín negocia con Putin desde una posición de fuerza, manteniendo sus compras de energía rusa barata, aunque sorteando cualquier compromiso que aumente en exceso sus vínculos y dependencia con los combustibles fósiles rusos.

Durante los primeros tres años, Putin convirtió la guerra en una demostración de resistencia del modelo productivo nacional. Pero las contiendas militares largas rara vez terminan únicamente en el frente. A menudo empiezan a perderse lentamente por presiones inflacionistas, los hondos desequilibrios fiscales y el agotamiento de un frenesí económico difícil de consolidar, advierten los observadores internacionales. Todo ello deriva de unos ingresos petrolíferos y gasísticos que han descendido en el primer trimestre del año en un 38% en términos interanuales. Al tiempo que la factura del conflicto se sigue disparando y obligando al Estado a absorber cada vez más recursos.

Lo que en una primera instancia funcionó como un gigantesco estímulo fiscal, comienza ahora a parecerse a una economía sobrecalentada por su dependencia del gasto militar. Así lo considera Alexey Kovalev, periodista ruso en el exilio, en una pieza en Foreign Policy en la que describe a Rusia como “economía bifurcada” donde las fábricas militares funcionan a tres turnos, absorben recursos humanos, salarios y subsidios mientras la agricultura, las infraestructuras o la industria manufacturera entran en “una silenciosa contracción”. El Kremlin ya normaliza el reclutamiento de adolescentes y trabajadores foráneos para fabricar drones, “una señal inequívoca --asegura-- de una escasez laboral extrema y probablemente irreversible por razones demográficas.

En su opinión, Putin ha sacrificado las bases del crecimiento ruso futuro para eludir el colapso de la economía, al reorientar la producción al terreno militar, multiplicar el gasto público y usar el déficit fiscal como un instrumento estratégico.

En el último bienio, las fábricas de armamento trabajaban a pleno rendimiento, el desempleo retrocedía a mínimos históricos del 2,2% y los salarios galopaban al calor de la demanda militar. Pero, ahora, la realidad ha terminado por emerger. Según Bloomberg Economics, Rusia requiere, con urgencia, unos 1,5 millones de trabajadores adicionales para equilibrar la intensa demanda de su mercado laboral. La gran patronal rusa aumenta este diferencial respecto a los niveles de oferta incluso más allá, hasta los 3 millones, antes de 2030. Para más inri, esta rigidez socio-económica tiene raíces estructurales. Al fin y al cabo, la guerra solo ha acelerado una crisis demográfica que era palpable antes de la invasión. Si bien, ya ofrece cifras devastadoras. Porque entre muertos, heridos y movilizados, el conflicto ha expulsado del mercado de trabajo a varios cientos de miles de hombres en edad productiva.

El think tank CSIS, especializado en geopolítica y en análisis militar, estima las bajas rusas en el frente bélico en 1,2 millones. Incluso las estimaciones más conservadoras sitúan el número de muertos por encima de los 300.000. Cifra a la que hay que sumar la fuga de talento cualificado tras la movilización parcial de 2022 y el freno migratorio procedente de Asia Central. De modo que la economía rusa se enfrenta a un fenómeno poco habitual. Una escasez de trabajadores en una fase de plena desaceleración económica.

La gobernadora del BCR, Elvira Nabiullina, ideóloga de las exitosas réplicas monetarias a las sanciones occidentales en los primeros años de guerra, admite que la Rusia contemporánea nunca había experimentado una falta de mano de obra tan aguda. Al tiempo que reconoce que el problema ha trascendido a la esfera política. El Kremlin necesita mantener salarios elevados para sostener la legitimidad social de la contienda armada, pero esos incrementos salariales son los que alimentan una inflación pertinaz que oscila entre el 5,5% y el 6% y obliga a situar los tipos de interés en estratos de altura (14,5%) que estrangulan el crédito privado y la inversión civil, al situarse en un promedio del 8,4% desde el inicio de la invasión rusa.  

A su manera, Nabiullina asume que la industria militar absorbe la casi totalidad de los recursos mientras el resto de la economía cae en un escenario de baja productividad.

La autarquía rompe las costuras productivas

El modelo autárquico impulsado por Putin agrava las deficiencias estructurales de la coyuntura rusa. Las sanciones occidentales obligaron a Rusia a reconstruir cadenas tecnológicas de valor más caras y menos eficientes, dependientes de intermediarios en Asia Central, China o el Golfo Pérsico. La supresión paulatina de importaciones se convirtió en doctrina económica y redujo la capacidad de innovación nacional que ha dado lugar a una economía cada vez más pertrechada, menos competitiva y subordinada a los pedidos manufactureros militares.

Esta fragilidad ha irrumpido con especial nitidez en el sector energético, la verdadera columna vertebral del Kremlin. Ucrania ha pasado de ataques simbólicos a operaciones quirúrgicas contra infraestructuras críticas de refinado y distribución. En Foreign Policy citan al ex comandante americano Ben Hodges para resumir esta lógica de guerra ucraniana que pasa por destruir la infraestructura petrolera y gasística de su enemigo hasta hacer insostenible el esfuerzo bélico. Reuters calcula que los ataques habían reducido un 40% la capacidad exportadora de petróleo ruso.

Ese deterioro habría sido severo y todavía más sorprendente porque Kiev lo ha puesto en liza sin ayuda indirecta de Washington. La Administración Trump acaba de renovar temporalmente las exenciones que permiten seguir comercializando cargamentos de petróleo ruso embarcados, con el argumento de estabilizar el mercado energético global tras el estallido de la contienda en Irán. La decisión revela hasta qué punto el mercado petrolero global continúa dependiendo del crudo ruso. Incluso en medio del régimen sancionador occidental. E ilustra una contradicción central de la estrategia occidental: la asfixia financiera a Moscú provoca un shock energético de dimensión universal.

Michael Kofman, del Carnegie Endowment, asegura sin tapujos que “el tiempo no corre del lado de Rusia”. Percepción que algunos analistas dicen que se extiende en el seno del propio aparato político. En el Kremlin está calando la idea de que el auto-aislamiento de Putin y sus frecuentes desplazamientos restringidos, visitas frecuentes a búnkeres y temores a un asesinato selectivo no son un ejercicio de ficción de las cancillerías occidentales.

El dirigente ruso muestra una mayor preocupación por su seguridad que denota, según anticipan en el centro Robert Lansing Institute de análisis de amenazas híbridas, inteligencia y seguridad geopolítica, una convicción “más o menos consciente de que el equilibrio que le ha sostenido en el poder durante más de dos decenios y medio se está erosionando”. Aunque voces como las de Sean Wiswesser, antiguo oficial de inteligencia americano, sostienen que muchos rumores sobre miedo, purgas o fracturas internas en el Kremlin pueden estar siendo instrumentalizados por el propio aparato de seguridad ruso para justificar nuevas oleadas represivas. Wiswesser se hace eco de “una creciente vigilancia digital y un endurecimiento represivo” que responderían a una “lógica clásica de supervivencia autoritaria” por parte de Putin.

El G-7 se encuentra ante una de esas encrucijadas de la que no suele salir bien parado. O, para ser más precisos, de la que le cuesta emerger. Los selectos socios de este club, otrora el más rico del planeta, no se sienten nada cómodos cuando sus coyunturas se debilitan sincronizadamente. Sus recesiones colectivas de 2009 tras el colapso crediticio --primera de su historia-- o de la Gran Pandemia --segunda y última, hasta el momento-- se superaron con recetas aisladas y sin un ritmo sostenido en sus ciclos de negocios. Tampoco por casualidad, tres de ellos (Japón, Alemania y Reino Unido) han sido diagnosticados como enfermos económicos en los últimos decenios.

Ahora, las potencias industrializadas se enfrentan a uno de sus peores enemigos: la estanflación. Fenómeno que, por razones bien fundadas, atenaza a sus bancos centrales. Subir tipos de interés para contener repuntes drásticos de precios choca con la predisposición de sus autoridades a empujar el crecimiento y estimular el empleo. Es como una dicotomía existencial. El objetivo de control inflacionista --quizás, el prioritario en su escalafón estatutario-- entra en colisión con sus otros dos principios sacrosantos: el dinamismo productivo y del mercado laboral, que reclaman un precio del dinero barato para proyectar prosperidad.    

Ante esta tesitura, la Reserva Federal es la que afronta un escenario más delicado. No solo por el alza de su IPC, que ha saltado al 3,8% en abril --cota máxima del último trienio--, sino porque la Administración Trump ha invocado el fantasma de la injerencia monetaria y ha provocado un conflicto bélico en Oriente Próximo que ha ocasionado la parálisis del Estrecho de Ormuz, el colapso de los flujos de crudo y gas y, por efecto contagio, de fertilizantes y bienes alimenticios. A lo que se unen las perspectivas pesimistas sobre una tregua garantizada con el régimen iraní, que no invitan a pensar en un inminente control de los precios por debajo del 2%, sino, más bien a presenciar futuros intentos del líder republicano para que la Fed baje tipos.

Detrás de esta estratagema está el nombramiento de Kevin Warsh como relevo en la presidencia de la Fed de Jerome Powell, a quien ha perseguido política y judicialmente en los últimos meses.

Los cambios nunca suelen ser una garantía irrebatible de estabilidad en los bancos centrales. Y menos cuando la gasolina se ha disparado más del 50% desde el inicio de la guerra en Irán en un país en el que la inflación despierta descontento en el subconsciente colectivo. Como sabe el propio Donald Trump, que supo tocar su tecla en campaña presidencial hasta situar al IPC --por encima del 2%, pero en descenso tras el shock energético de la guerra de Ucrania-- en el centro del debate económico. Ahora, con el indicador espoleado por otra contienda bélica, el mercado descarta cualquier atisbo de recorte de tipos en EEUU este año.

La Fed se enreda en su laberinto

Warsh no lo tendrá fácil. La coyuntura no incita a decretar un dinero barato. Pese a lo cual, desde la Casa Blanca se siguen reclamando rebajas urgentes. Y su nombramiento le exige una narrativa que preserve la credibilidad de la Fed frente a las embestidas dialécticas contra su soberanía del inquilino del Despacho Oval. “Está entrando en una situación imposible” aduce David Wilcox, ex economista de la Fed y analista del Peterson Institute, sobre Warsh y las renovadas presiones a las que será sometido con una inflación rampante.

Mary Daly, responsable de la Reserva Federal de San Francisco, añade más leña al fuego a esta transición presidencial al avisar de que las cadenas de suministro “siguen atascadas” y podrían mantener la inflación por encima del 2% durante bastante tiempo. Al igual que Austan Goolsbee, su homólogo de Chicago, que rechaza la idea de que la eclosión de la IA vaya a permitir descenso de tipos por el supuesto efecto deflacionista de sus inversiones. Otro mantra que se ha instalado en el clima bursátil. El nuevo ciclo tecnológico –manifiesta sin tapujos Goolsbee-- “también está elevando costes y tensiones de inversión”.

Pero hay más. Goldman Sachs, en una nota a clientes, califica el panorama actual de Wall Street de “episodio de espuma especulativa”, insiste en un cóctel de valoraciones elevadas, optimismo inversor casi unánime y una complacencia excesiva hacia los riesgos geopolítico y sistémicos. Sus expertos enfatizan que cuando el S&P 500 superó la barrera de los 7.100 “hicimos disparar las alarmas de un colapso bursátil […] quizás no inminente, pero que debería entenderse como un aviso a navegantes”.

Las últimas crisis financieras --la punto.com, en 2000, y el colapso crediticio de 2008-- se saldaron con recesión del PIB americano. Pero los meses precedentes se emitieron signos de peligro con récords de capitalización, aducen en Goldman Sachs, desde donde recuerdan que es el inversor particular el que sale peor parado de las burbujas especulativas con secuelas inflacionistas.

El Nobel Paul Krugman también se ha apuntado a esta oleada de críticas. “EEUU empieza a oler a estanflación”, con un petróleo disparado, una economía y un empleo en resiliencia activa, pero con malos augurios a medio plazo, y una Fed atrapada y sin margen para rebajar tipos sin avivar más los precios. Powell rechaza el paralelismo con los años setenta, en los que la reacción tardía de la Reserva Federal encareció aún más los precios. Sin embargo, Krugman atisba “demasiadas señales similares”. Desde una inflación persistente previa al colapso energético, hasta un voltaje geopolítica intenso y un dinamismo que pierde vigor. Antes de señalar a los aranceles recíprocos y al excesivo coste de la vivienda como “aceleradores silenciosos” de esta compleja coyuntura.

BCE, BoE, BoJ, la otra sopa de letras del G-7

En Europa tampoco hay mucho espacio para la complacencia. Ni para movimientos bruscos en su estrategia monetaria. Aunque la economía de la eurozona parte de una posición más frágil, con pulso productivo anémico y aminoramiento de la demanda interna, el cierre de Ormuz ha elevado el nivel de amenaza de la estanflación. Justo cuando el BCE confiaba en iniciar un ciclo de relajación monetaria más profundo en 2027 para espolear la economía del euro. Hay quien, incluso, no descarta, desde el mercado, que Fráncfort otorgue mayor trascendencia al impulso del PIB y del empleo que a la inflación. Sobre todo, si el futuro depara a corto plazo el final de las hostilidades en Oriente Próximo.

Aun así, el consenso se inclina por una subida del 0,25% en junio y otra similar en septiembre.

En paralelo, el BCE también ha comenzado la batalla por la sucesión de Christine Lagarde, cuyo mandato expira en un año y a la que ya se le atribuye el sillón presidencial del World Economic Forum (WEF), entidad gestora de las cumbres de Davos. En esta carrera, gana posiciones Pablo Hernández de Cos, ex gobernador del Banco de España y una figura respetada tanto en Fráncfort como en los mercados globales por su perfil técnico. Todo ello añade dosis de incertidumbre a la estrategia de la autoridad monetaria, en cuyo consejo de gobierno son habituales las luchas entre halcones y palomas; entre ortodoxos --escrupulosos con el mandato inflacionista, de perfil neoliberal-- y keynesianos, más partidarios de potenciar la economía y el empleo.

En este dilema, unos y otros velan armas antes de enterrar sus políticas de wait and see de los últimos meses. Desde el inicio del conflicto en Irán. Con la inflación armonizada en el 3% en abril --por debajo de las predicciones--, pero con un augurio de crecimiento de apenas 8 décimas para 2026. Y en retroceso por los daños colaterales de la guerra. De modo que las espadas monetarias están en alto en Fráncfort. Isabel Schnabel, miembro de su ejecutiva, ha dejado claro que el BCE “tendrá que encarecer el dinero” si la escalada energética se traslada a la inflación subyacente. Mientras su colega Boris Vujcic insiste en que “el riesgo se está moviendo hacia la estanflación con nitidez”, aunque matiza que “subir tipos muy rápido amenaza con asfixiar” a una economía exhausta, con inflación elevada, dinamismo débil y margen político muy limitado.

Casi el mismo dilema se reproduce en el Banco de Inglaterra (BoE). Londres se mantiene en ese compás de espera. Con un IPC de marzo revisado al alza, hasta el 3,4%, unos tipos en el 3,75% y una crisis abierta contra el aún premier, Keir Starmer, que podría adquirir una dimensión de calado financiero y fiscal. La rentabilidad de los bonos a 30 años se ha disparado a máximos en casi tres decenios y la losa de una pérdida de valor de la libra en los mercados cambiarios como la que se llevó a la conservadora Liz Truss en 2022 ha vuelto a la arena política. Aunque de momento los economistas no aprecian retoques en el BoE, pese al temor de estanflación y las vulnerabilidades en productividad, ingresos tributarios y gestión de la deuda. O las nuevas tierras movedizas en el 10 de Downing Street.

Japón representa, quizás, el cambio más simbólico. Tras décadas de deflación y tipos negativos, el BoJ se ha visto forzado a normalizar su política monetaria precisamente por un shock externo que amenaza con desanclar las expectativas de inflación. La autoridad monetaria japonesa dejó los tipos en el 0,75% en su última cita, pero 3 de los 9 miembros del consejo votaron ya a favor de una subida inmediata. Kazuo Ueda, su gobernador, reconoce que la institución deberá actuar si la energía genera una segunda ronda alcista de salarios y precios. La OCDE prevé que Japón eleve tipos hasta el 2% antes de 2027 tras décadas luchando contra la deflación.

Horizontes lejanos con cumbres borrascosas

Las tensiones coyunturales actuales, sin embargo, no deberían impedir ver un futuro a largo más complejo. El propio Hernández de Cos, desde su posición ejecutiva en el Banco Internacional de Pagos (BIS, según sus siglas en inglés) viene advirtiendo de que los bancos centrales afrontan un cambio de régimen. De Cos lo achaca a los múltiples efectos de una deuda soberana desbordada, un comercio fragmentado, la financiación de la transición climática o la puesta en liza de divisas digitales. Si los gobiernos usan estímulos fiscales permanentes para diluir tensiones energéticas o episodios de descontento social --alerta-- los bancos centrales aplicarán estrategias de tipos de interés elevados durante periodos más prolongados.

El BCE, por ejemplo, se opone a las stablecoins que empiezan a forjar las bigtechs y los poderosos bancos de inversión estadounidenses. Es una de las bazas que tendrán que jugar las autoridades monetarias más allá del precio del petróleo.

De hecho, Lagarde acaba de rechazar el modelo regulatorio estadounidense de las stablecoins. A pesar de que estos activos ya superan los 300.000 millones de dólares, por estar vinculados al dólar. Europa teme una pérdida de soberanía monetaria y peligros latentes en la fijación futura de tipos fuera de la esfera de influencia del billete verde. Hernández de Cos alerta, por su parte, de que pueden desestructurar el sistema financiero si no se someten a supervisión bancaria.

Mientras todos ellos --la Fed, el BCE, el BoJ y el BoE-- llevan varios ejercicios incorporando el riesgo climático a sus estrategias tras certificar unas pérdidas aseguradoras de 140.000 millones en 2025. Funcas advierte de que el cambio climático puede consolidar una inflación más persistente y volátil, encareciendo la energía, los alimentos y los seguros y estrechando la capacidad de los bancos centrales para hacer maniobrar sus estrategias monetarias.

Fortunas internacionales están apostando por valores asociados al escenario geopolítico imperante, con empresas y sectores estrechamente vinculados a la contienda militar en Oriente Medio. Las mutaciones del orden mundial están reconfigurando el enfoque de los inversores milmillonarios y con oscilaciones notables, una clara tendencia especulativa al alza está catapultando sus rendimientos bursátiles desde el inicio de la guerra en Irán. 

Bloomberg recoge tres altos patrimonios que han elevado sustancialmente sus beneficios en bolsa recientemente. Uno de ellos es Jaime Gilinski, la mayor fortuna de Colombia y ex accionista de Banco Sabadell, que ha incrementado su participación en GeoPark, firma productora de petróleo y gas en América Latina. 

Junto a su hijo, Gilinski ha invertido 107 millones de dólares en esta compañía desde marzo por considerarla una opción prioritaria en el reparto del suculento pastel del crudo venezolano desde la detención ilegal de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que propició el cambio de poder político (sin alternancia ideológica) en Caracas.

A tenor del rumbo que han tomado sus inversiones, Gilinski confía en la reactivación de la industria del oro negro de Venezuela, que cuenta con la mayor reserva de petróleo del planeta y que, por designación de Donald Trump, tendrá ahora mayor presencia del sector privado exterior (especialmente, estadounidense, aunque también de otras como la española Repsol), tras levantar la Casa Blanca su veto a las exportaciones de crudo venezolano. 

Pero hay más balas milmillonarias en este revólver inversor. El family office de los herederos del magnate sueco del petróleo y la minería Adolf Lundin destinó en marzo unos 29,5 millones de dólares a aumentar sus participaciones en empresas de cobre y diamantes con sede en Vancouver y aprovechar las restricciones en las cadenas de suministro. Los portafolios familiares tras la marca de automóviles de lujo Ferrari o el emporio mediático estadounidense Cox vienen eligiendo firmas emergentes del sector de defensa como Hermeus, que construye el avión a reacción no tripulado más rápido de la historia para el Pentágono.

El Índice de Milmillonarios de Bloomberg desvela que estas cuatro familias poseen un patrimonio neto conjunto de casi 90.000 millones de dólares y carteras de inversión intergeneracionales que se remontan a 1898. 

Varias de las mayores riquezas del planeta están impulsando sus apuestas en los mercados de capital hacia sectores y empresas involucradas en el elevado voltaje geopolítico que ha dominado el escenario global desde finales de febrero, cuando comenzaron las hostilidades en Irán.

Esto evidencia la relación directa entre la guerra y las fluctuaciones de activos con protagonismo bélico, energético o geoestratégico. Un fenómeno constante desde el inicio de la versión Trump 2.0, que extiende sus tentáculos hacia valores como el oro, que en los últimos meses ha experimentado revalorizaciones fulgurantes y cotas de precio históricas, acompañando los giros económicos, comerciales, financieros, regulatorios y geopolíticos del líder MAGA sobre el orden mundial. 

Valores asociados a estos negocios se han visto alterados por los aranceles recíprocos, la debilidad del dólar, las embestidas dialécticas trumpistas para invadir Groenlandia, desintegrar la OTAN, amenazar a Cuba tras entrar ilegalmente en Venezuela o detonar otro conflicto militar en Oriente Próximo.

Carlos Slim, primera fortuna mexicana, con una riqueza valorada en 125.000 millones de dólares, el 6,7% del PIB de su país, está entre ellos y dispone de un currículum bursátil cargado de excelsas ganancias cuando irrumpen crisis financieras. 

Altas rentabilidades

Solo en valores con sello de Defensa, un selecto club de ultrarricos ha acumulado más de 20.000 millones de dólares en medio de perturbaciones energéticas y de otras materias primas como el cobre o los minerales críticos, indispensables para la tecnología de la IA, que hacen más visible la ganancia de pescadores en río revuelto. 

Expertos de Bloomberg cifran en 658.000 millones de dólares el tesoro conjunto de estas fortunas. Su ranking detecta una concentración masiva de capital en lo que denomina “economía del conflicto”, con pingües beneficios.

Bancos de inversión como JP Morgan admiten que la geopolítica se ha convertido en un factor de riesgo predominante en las dinámicas inversoras. Empieza a perfilarse como su principal motivo de decisión en un contexto de mutaciones horarias de carteras. Las gestoras reconocen soterradamente que la fragmentación del orden mundial ha convertido la Defensa en un activo estructural, lo que explica su entrada en startups militares y aeroespaciales. Family offices de fortunas del sector del lujo y la automoción han comenzado a diversificar hacia valores de tecnología militar, tras decenios centrados exclusivamente en bienes de consumo.

Todo ello se une a la denuncia vertida desde Financial Times que documenta la sucesión de movimientos billonarios y opacos de capital en Wall Street previos a anuncios oficiales de la Casa Blanca sobre escaladas o distensiones del conflicto contra Irán. En algunos casos, asociados a un núcleo cercano al líder republicano que habría recibido alertas tempranas sobre decisiones de alto nivel que han condicionado la evolución de las bolsas.

Apuestas por encima de los 1.000 millones de dólares surgieron en varias plataformas predictivas (esencialmente en las dos más utilizadas, Kalshi y Polymarket) con un acuse de recibo claramente vinculado al desarrollo del conflicto. Muchas, según el diario británico, justo antes de eventos clave como ataques o anuncios de tregua. Este rotativo reveló el viernes la apuesta milmillonaria de dos hijos de Trump por sectores apadrinados por el presidente, como los drones.

Sin embargo, hay cierto margen para la esperanza. En EEUU, la senadora demócrata Elizabeth Warren ha vuelto a situar en la conciencia colectiva la necesidad de gravar a las grandes fortunas, al presentar un proyecto de ley que recaudaría billones de dólares en ingresos federales en una época marcada por un agujero presupuestario del 7% del PIB y una deuda que roza los 37 billones de dólares.

Esta iniciativa impondría un gravamen anual del 2% sobre los patrimonios netos de hogares que superen los 50 millones de dólares y un tipo impositivo adicional del 1% sobre la riqueza de los multimillonarios. Afectaría a unos 260.000 hogares.

David Dayen asegura en The American Prospect, con citas a los trabajos de campo de Emmanuel Saez, profesor en la University of California, Berkeley, y de Gabriel Zucman, discípulo de Thomas Pikkety y director del UE Tax Laboratory, que la riqueza de los milmillonarios se ha duplicado con creces desde finales de la década pasada. Sólo las 19 mayores fortunas de EEUU añadieron un billón de dólares en 2024, más que el PIB suizo, mientras el 1% concentra 55 billones de dólares (31,7% de la riqueza total).

Algo se mueve

En este club de acceso restringido destacan nombres del establishment financiero y tecnológico estadounidense y figuras de la élite energética, inmobiliaria y de los fondos de inversión. Muchos radicados en Nueva York, cuyo alcalde, el progresista Zohran Mamdani, plantea el debate de la desigualdad social en EEUU sin paños calientes y ha hecho de la fiscalidad de los grandes patrimonios su campo de batalla política.

En su agenda prolifera el respaldo a nuevos impuestos sobre las propiedades de alto valor (como las segundas residencias de lujo), con la airada reacción de grandes inversores inmobiliarios y financieros como Ken Griffin, multimillonario gestor de hedge funds que compró un ático de 238 millones de dólares en Manhattan; inversores como Bill Ackman o promotores como Alex Witkoff, que han advertido de que una fiscalidad más agresiva podría acelerar la salida de capital hacia otras jurisdicciones como Florida.

Mamdani ha puesto el dedo en la llaga y ha centrado el debate en el punto de ebullición justo: la necesidad de financiar servicios públicos en grandes ciudades altamente desiguales frente a la movilidad extrema del capital de alto nivel.

También el senador demócrata Bernie Sanders incide en que figuras como Elon Musk o Jeff Bezos pagan tipos efectivos muy inferiores a los de trabajadores medios, y ofrece propuestas impositivas para paliar esa asimetría y crear una estructura que obligue a la riqueza acumulada de forma fulgurante a afrontar gravámenes acordes. En una línea similar a la propuesta de Warren, critica que el sistema fiscal americano no capta adecuadamente el ascenso del capital financiero y que su propagación por la élite patrimonial de la gran potencia económica global supera la capacidad redistributiva del Tesoro.

Paraísos fiscales

Oxfam recuerda que los perjuicios no solo son morales, sino económicos y que suceden por la persistencia de paraísos fiscales y centros offshore. Según esta ONG británica, los milmillonarios de todo el mundo habrían ocultado a sus autoridades tributarias hasta 3,55 billones de dólares en el último bienio. Una porción de los más de 13 billones que atesoran en paraísos fiscales. El 80% de estos activos pertenecería al 0,1% más rico de la población mundial.

El propio Zucman alertó a comienzos de 2024 de que la montaña de activos en estos enclaves impositivamente dañinos por su baja tributación había crecido desde la Gran Pandemia de 2020 un 25% hasta superar los 45 billones de dólares. Cantidad similar al PIB conjunto de EEUU y China, que convertiría a estas jurisdicciones (entre ellas, el estado de Delaware, en EEUU, o las del Mar del Norte bajo soberanía británica), en la primera potencia económica global.

Además de rebajar a la mínima expresión el principio de la progresividad impositiva, la existencia de paraísos fiscales distorsiona la medición real de la riqueza global, ya que una parte notable de los capitales en manos de ultrarricos no aparece en estadísticas oficiales.

Estudios recientes muestran que las decisiones de arraigo de los grandes patrimonios no responden únicamente a factores personales o familiares, sino a consideraciones impositivas. La movilidad del capital añade presión a los sistemas fiscales, con competencia entre jurisdicciones y trabas a la capacidad de mantener bases impositivas estables, difuminando la tenue línea entre optimización y evasión fiscal. 

Porque, en paralelo, ha emergido una potente cruzada de gestores encargados de adelgazar las presiones tributarias sobre las ganancias de sus clientes. Herramientas de ingeniería contable que bordean la legalidad y se ocupan de compensar pérdidas o diferir pagos en busca de rentabilidad financiera.  

Para el fiscalista Steve Rosenthal, del Tax Policy Center, “los sistemas tributarios mundiales no han conseguido seguir el ritmo de la ingeniería financiera moderna” al permitir un ecosistema en el que la rentabilidad depende del diseño fiscal o del desempeño del activo bajo una atmósfera de tensión geopolítica, con altas expectativas de rentabilidad y baja propensión a cumplir las obligaciones tributarias. En especial, entre los más pudientes. 

Dos décadas después de sacudir la globalización con su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su avalancha de manufacturas baratas, China vuelve a alterar el orden mundial. Esta vez, el golpe en la mesa de Pekín no procede de sus bajos costes, factor que le ha otorgado el estatus de Gran Factoría Global, sino de una reconfiguración deliberada, planificada y bien pergeñada de su modelo productivo.

Lo sorprendente es que este cambio de paradigma se está vislumbrando con suma nitidez en pleno voltaje geopolítico por la guerra en Irán. El conflicto ha encarecido la energía, tensionado el comercio y reordenado las cadenas de suministro y valor en todo el planeta, y ha dejado traslucir una inusitada capacidad de resiliencia en la segunda superpotencia económica del planeta.

El PIB chino ha retornado a la recién abandonada meta de crecimiento del 5% entre enero y marzo después de acelerar una mutación estructural que ha empezado a mostrar mayor musculatura e influencia internacional.

El contraste de la coyuntura global es ya revelador. Mientras las potencias industrializadas temen por la denominada estanflación (inflación y estancamiento económico) y otros mercados importadores de combustibles fósiles acusan el shock del oro negro, Pekín está amortiguando este impacto. Lo ha hecho gracias a años de diversificación energética, con un aumento de la extracción de carbón, proliferación de reactores nucleares y, sobre todo, fuentes renovables, lo que ha elevado sus reservas estratégicas y reducido su dependencia del crudo del Golfo Pérsico.

China, en definitiva, ha reforzado sus escudos de seguridad energética. Tanto, que ahora actúan como estabilizadores automáticos dentro de un entorno volátil. La escalada bélica no ha hecho descarrilar un patrón de crecimiento que parece blindado ante shocks externos.

Pero el auténtico cambio de paradigma emerge bajo la superficie de estos datos agregados. El vigor del PIB sigue apoyado en la industria y las exportaciones, aunque ya no tanto en sectores tradicionales que definieron el llamado primer shock chino, en el inicio del milenio. Ahora son los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los negocios digitales los que propulsan la actividad. La producción de alta tecnología crece a doble dígito, la automatización industrial se acelera y la IA se integra en el tejido productivo con la aquiescencia del Estado y sus recursos.

Todo ello ha engendrado un nuevo escenario. China sigue compitiendo vía precios. Pero también lo hace en la escala tecnológica y con férreos controles sobre sus cadenas de valor y de suministro.

Este viraje está respaldado por una estrategia política explícita, además de en sus planificaciones plurianuales. El liderazgo de Xi Jinping enfatiza la autosuficiencia tecnológica, la construcción de modelos industriales “de gestión controlables” y la expansión de la demanda interna, genuina definición de las economías de rentas altas, aunque aún incipiente en el gigante asiático, como complemento a su motor exportador. Un modelo que no obstante muestra fuertes déficits, entre otros, un débil consumo de hogares, una inversión privada que fluctúa pero revela descensos, un mercado laboral con contracciones y episodios de deflación.

“La agenda reformista de Jinping no está exenta de fricciones”, anticipa el economista Hao Zhou, quien augura una transición con grandes vaivenes. En especial, porque el pulso competitivo y la rivalidad geoestratégica con EEUU puede pausar su itinerario.

En este contexto, la anunciada y no corroborada cita entre Donald Trump y Jinping de mediados de mayo deja varias incógnitas sin resolver y de especial enjundia. Las negociaciones entre las dos superpotencias no se reducen únicamente a un acuerdo sobre aranceles o a una rivalidad geopolítica stricto sensu. Washington y Pekín revelan un choque de modelos económicos en una alocada carrera por la hegemonía internacional. Mientras EEUU intenta contener el ascenso tecnológico de Pekín con vetos comerciales, subsidios industriales y presión sobre sus aliados, China responde con más autonomía, ingentes inversiones en innovación, diversificación productiva y refuerzo de su capacidad para sobreponerse a un horizonte de fragmentación de mercados.

Estas son las pautas que definen el segundo shock chino, que rezuma una enorme habilidad para adecuar el boom tecnológico a su estrategia económica planificada y a su tejido productivo. A diferencia de su anterior modelo, basado en exportar deflación a costes reducidos, el actual combina sus excedentes industriales con un liderazgo creciente en sectores neurálgicos para la transición energética y la digitalización.

Este salto adelante, además, provoca daños colaterales a discreción, y no solo en adversarios como EEUU, que ve cuestionada su supremacía tecnológica. También en socios comerciales como la UE, que se enfrenta a una nueva oleada de competencia en energías verdes; y en sus vecinos asiáticos, que rivalizan entre sí por integrarse en cadenas de valor dominadas por Pekín.

La guerra en Irán evidencia la resiliencia activa china a partir de una arquitectura económica que ha empezado a no depender del orden liberal para prosperar y que marcará el reencuentro entre Trump y Jinping.

La triple palanca IA-tierras raras-chips

El almirante estadounidense Brad Cooper lo resumía con crudeza al describir el impacto de la IA en la guerra: “Estos sistemas convierten procesos de horas o días en segundos”. La aceleración operativa define el nuevo campo de batalla económico y China ha decidido dominarlo desde la base industrial hasta el control de insumos críticos (bienes e instrumentos esenciales para crear escalas de valor).

El resultado es una demanda global creciente (y cada vez más incómoda para Occidente) de tecnología china. Es otro signo de identidad de la versión made in China 2.0: catálogo de servicios y productos avanzados que combinan calidad, escala y precio. De sensores para vehículos eléctricos a robots industriales o baterías, las empresas chinas están colonizando segmentos de alto valor a una velocidad que desconcierta a sus rivales. “Las que sobreviven en el mercado del gigante asiático son imbatibles en cualquier lugar del mundo”, admite un inversor del sector que subraya un ecosistema donde la competencia feroz comprime márgenes, pero multiplica la eficiencia.

Esta dinámica no es casual. Responde a una sucesión de factores de difícil réplica armada desde Pekín con subsidios masivos, abundancia de ingenieros, integración productiva vertical de cadenas de suministro y presión competitiva que obliga a innovar continuamente. El resultado es una deflación tecnológica global articulada con un extenso catálogo de ofertas sofisticadas a precios decrecientes que acaba expulsando a los competidores occidentales, incluso en sectores tradicionalmente protegidos.

La batalla por la hegemonía de los chips es el arma más precisa de esta guerra sin tregua por la soberanía digital. China, lejos de quedar rezagada por las restricciones de Washington, ha logrado redoblar su capacidad de autosuficiencia. Programas de ayudas masivas como el de Shanghái se han revelado excelentes en el desarrollo de chips domésticos, hasta el punto de que los componentes más famosos de los circuitos integrados podrían representar el 55% del mercado nacional de aceleradores de IA en 2027, frente al 17% en 2023. “Los controles a la exportación han creado una oportunidad única para los fabricantes locales”, señalan analistas de Bernstein. Incluso con limitaciones tecnológicas, firmas como Huawei están cerrando la brecha digital y consolidando un ecosistema menos dependiente de Occidente.

Sin embargo, el cambio de paradigma no se limita a vender más tecnología, sino a controlar su difusión. Pekín ha pasado de facilitar la transferencia tecnológica a restringirla con vetos a ventas al exterior, pero también con supervisión política a la concesión de licencias que buscan evitar que su know-how estratégico deje el país. “Es poco probable que China permita que salga algo realmente valioso”, dice un funcionario comercial occidental. La paradoja resulta evidente para Financial Times: el mundo quiere tecnología china, pero Pekín decide quién puede acceder a ella y en qué condiciones.

Este soft power chino se amplifica con su dominio de las tierras raras y su poder para estrangular los cuellos de botella de un mercado clave para la industria de los semiconductores, la defensa o la automoción eléctrica. China concentra desde hace decenios su producción global, lo que le ha reportado un arma estructural que se ha convertido en palanca geopolítica con el boom de la IA.

Un arma contra Occidente, que construyó sus industrias “sobre bases inestables” al beneficiarse de materiales baratos cuyo verdadero coste (ambiental y estratégico) no fue digerido por sus sistemas productivos, precisa Patrick Schröder, investigador en Chatham House. Para Wendy Cutler, antigua negociadora americana con China, el encuentro Trump-Jinping de este mes va a ilustrar, de nuevo, la asimetría entre ambas superpotencias en chips avanzados. Pekín –avisa– negocia cada concesión a cambio de un precio. E incluso cuando concede treguas, “conserva intacta su capacidad de presión”.

Bo Zhengyuan, socio de la firma de investigación de mercados Plenum, anticipa que “no habrá un ganador claro en la próxima década”. En su opinión, está en juego un desafío doble. Por un lado, por el liderazgo tecnológico y, por otro, por el dominio de la arquitectura del poder económico global.

Control comercial, energía verde y orden monetario

Pero los esteroides geoestratégicos de Pekín no se reducen solo a la revolución tecnológica que inició hace un decenio y aceleró tras la Gran Pandemia. También se aprecia en su control sobre puertos y rutas comerciales. Es una piedra angular de su edificio multilateralista, en el que Pekín desea instaurar su renovado poder económico. China ha tejido estos años una red inversora muy tupida e hilvanada de enclaves portuarios en más de 90 naciones con una factura financiera de unos 24.000 millones de dólares que sigue una trayectoria geoestratégica nítida: gestionar los cuellos de botella que atenazan el comercio mundial. Es decir, las pasarelas como Suez, Malaca o Panamá.

Dylan Spencer, académico especializado en el análisis de rutas e infraestructuras comerciales, cree que esta proyección del capital chino en el exterior “no es una fórmula aleatoria, sino que se agrupa en torno a corredores de riesgo y valor elevados, donde el control logístico equivale a influencia económica sostenida”. A ello, añade, se suma la integración de cadenas críticas de suministro: desde puertos conectados a hubs productivos, de transporte, energía o rutas de exportación.

Alexander Wooley, del laboratorio de investigación AidData, añade que Pekín busca garantizarse “la seguridad estratégica” de flujos comerciales. “Están tejiendo una arquitectura marítima que redefine la globalización desde las redes de infraestructura”.

El pulso entre Pekín y Washington también se libra en el orden monetario global. China busca internacionalizar el yuan –o el renminbi, su unidad en el mercado cambiario- sin renunciar al control estatal. Zongyuan Zoe Liu, investigadora en el Council on Foreign Relations, advierte, sin embargo, que la expansión de stablecoins vinculadas al dólar –un negocio potencial que se valora en 1,75 billones—supone una amenaza para los intereses de Jinping. “Abriría un canal de transacciones en billetes verdes americanos que Pekín no podría fiscalizar y erosionaría los pilares de su soberanía financiera”.

Sin duda por ello –alerta en Foreign Policy—, China impulsa sus propias alternativas: desde el sistema de pagos CIPS hasta experimentos con el yuan digital y stablecoins offshore en Hong Kong. Eso sí, con protocolos que priorizan la trazabilidad y supervisión de los movimientos monetarios. Aun así –sostiene Josh Lipsky, director en el Atlantic Council–, el auge internacional del yuan “no puede ser una mera coincidencia” con el surgimiento de crisis o la instauración de sanciones occidentales a terceros países, que les obliga a diversificar transferencias.

El dólar mantiene una ventaja estructural difícil de erosionar a corto plazo. Pero no es un aval eterno. El avance del yuan tiene visos de realpolitik. En marzo, superó el 56% de las transacciones vinculadas a China y su sistema CIPS ha procesado, con éxito, más de 1,2 billones de yuanes diarios.

El fuego cruzado azuzado por EEUU e Israel contra el régimen de los ayatolás iraníes a finales de febrero ha cogido a los petroestados del Golfo Pérsico con el pie cambiado. Tanto, que quizás sean los países que más ansían, desde el punto de vista inversor, una tregua permanente. No por casualidad, el conflicto armado contra el enemigo chií ha sacudido los cimientos del cambio de paradigma productivo que Arabia Saudí y sus reinos vecinos han puesto en liza durante este último decenio para diversificar sus economías y captar flujos de capitales del exterior.

Las monarquías del Golfo están detectando fugas de capital. Los daños en sus infraestructuras energéticas y en sus hubs tecnológicos y logísticos propiciados por el conflicto armado han sido los detonantes de una crisis de identidad inversora que pone en tela de juicio el futuro de unas ambiciones geoestratégicas que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman forjó a mediados la de pasada década en su famosa Visión 2030. Y que en los años posteriores ha sido emulada por sus hermanos de sangre azul. Especialmente, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) que siempre ha seguido la estela geoestratégica de Riad. En el reto de transformar sus patrones de crecimiento en economías más diversificadas y basadas en servicios, industrias avanzadas y la alta tecnología, con megaplanes digitales, y en el desafío de asentarse en el bando geopolítico de EEUU en Oriente Próximo.

Esta renovada arquitectura productiva ha dejado vestigios de cierta espectacularidad. Solo en la ciudad de Neom, paradigma de este viaje al futuro saudí, se suceden proyectos que superan los 100.000 millones de dólares. Aunque, sobre todo, estos centros tecnológicos se han convertido en instrumentos diplomáticos de primer orden para interceder en mercados exteriores. A partir del poder de su gran fondo soberano, que opera como arma de influencia global; especialmente, en Wall Street y en sus cada vez más efervescentes procesos de fusiones y adquisiciones (con o sin OPAs hostiles), dirigidos en gran medida a dominar la carrera tecnológica global de la IA, por un lado, y el espacio ideológico estadounidense, por otro. No en vano, el dinero pérsico, en este caso saudí y de EAU, ha fluido en apoyo de Paramount para ganar la partida a Netflix en la toma accionarial de Warner Bros y así hacerse con el relato de parte de la industria de Hollywood.

En las monarquías del Golfo no daban puntadas sin hilo. Hasta el inicio de las hostilidades contra Irán. Porque el desencadenamiento de las hostilidades contra su gran rival geoestratégico en la región ha pausado las inversiones foráneas en los nodos tecnológicos, logísticos y comerciales de estos petroestados y paralizado las operaciones en el exterior de sus fondos soberanos. Hubs como los de Dubái o Riad han dejado de ser, al menos momentáneamente, refugios del capital en Oriente Próximo.  

El impacto ha sido severo, avisa el analista de Goldman Sachs Farouk Soussa. Sus cálculos hablan de que Catar y Kuwait podrían registrar contracciones de sus PIB de hasta el 14% en un escenario de conflicto prolongado, desplomes desconocidos desde los años noventa. Y a Arabia Saudí y a EAU no les iría mucho mejor. Pese a que ya gozaban de una mayor capacidad de diversificación logística, sus recesos productivos alcanzarían un 3% y un 5%, respectivamente, anticipan en este banco de inversión con intereses en la zona, desde donde también se alerta de que, en términos de reputación, los daños colaterales pueden ser todavía más profundos. “Para las economías del Golfo, la guerra podría ocasionar un cortocircuito mayor que la Covid-19”, admite Soussa antes de subrayar que las cicatrices en la confianza inversora “podrían perdurar varios ejercicios”.

Adalides del capital instrumental

Las monarquías del Golfo han construido su creciente poder sobre lo que el mercado denomina capital instrumental. O uso estratégico de fondos soberanos, alianzas público-privadas y grandes proyectos para sumar rentabilidades económicas e influencias geopolíticas. No es un fenómeno marginal. Los recursos bajo gestión de las autoridades pérsicas superan los 5 billones de dólares, cantidad similar al PIB de Alemania, tercero del planeta, y podría aproximarse a los 8 billones en 2030, auguran varias consultoras. En 2025, estos vehículos suponían el 43% de sus inversiones estatales y consolidaron a la región como focos de atracción preferente del capital internacional.

A pesar del alto voltaje en Oriente Próximo en el último trienio, enclaves como Dubái, Abu Dabi o Riad se han reinventado hasta casi aislarse del caos regional y ganar ventajas competitivas en un mundo cada vez más complejo. A través de una tupida y efectiva red de hubs especializados. Así, por ejemplo, en el plano logístico, puertos como Jebel Ali en Dubái o las plataformas saudíes en el Mar Rojo se han integrado con aeropuertos de escala global --como los de Dubái, Doha o Abu Dabi-- para crear corredores comerciales que conectan Asia, Europa y África que acortan tiempos y costes en unas cadenas de valor y suministro cada vez más sensibles a la geopolítica.

A estas plataformas se suman zonas francas y parques industriales con una fiscalidad ventajosa y regulaciones flexibles, diseñados para atraer firmas transnacionales y de tecnología avanzada. Sobre todo, centros de datos, computación, e-commerce y empresas de distribución.

En paralelo, sus nodos energéticos han evolucionado desde la venta directa del oro negro hasta complejos integrados que combinan refino, petroquímica, gas natural licuado y nuevas apuestas como el hidrógeno o las renovables, con el objetivo de capturar más valor añadido y posicionarse en la transición energética global.

En el orden financiero y tecnológico, los petroestados pérsicos han impulsado distritos digitales para competir con las principales capitales globales. Zonas como el DIFC en Dubái, el ADGM en Abu Dabi o el King Abdullah Financial District en Riad operan con leyes propias para atraer banca global, fondos y firmas de capital riesgo.

Toda esta multiplicidad de hubs ha dotado a los emiratos y a Riad de unos instrumentos de alta diplomacia capaces de atraer talento y de reconfigurar el estatus del Golfo como nodo del capital e innovación globales. Con el inestimable músculo financiero de sus fondos soberanos. Es lo que Soussa señala como primer factor de estos cambios de estatus. De inversores pasivos a activos. Capaces de abanderar fusiones y adquisiciones (M&A), moldear sectores enteros y competir en la economía digital. Arabia Saudí, EAU o Catar empezaban a dejar de depender exclusivamente del petróleo para apostar por la IA, el Big Data, las fintechs o ciertas energías limpias. Solo en el primer semestre de 2025, la inversión en startups en Oriente Medio y Norte de África alcanzó los 2.100 millones de dólares; un repunte interanual del 134%. Mientras multiplicaban por cinco su financiación en IA.

Hasta que los ataques con misiles y drones contra sus infraestructuras perforaron sus narrativas de “oasis seguros”. No pocas instalaciones en Qatar, Kuwait o Bahréin han sufrido daños de un cierto calado; Arabia Saudí ha visto cómo sus refinerías y oleoductos se convertían en objetivos recurrentes y varios de los emiratos que componen EAU, catalogados como los grandes hubs tecnológico de la zona, han sido golpeados con extrema intensidad por la guerra. Incluso activos de multinacionales occidentales --centros de datos y estructuras energéticas-- han entrado en la ecuación del riesgo.

Pérdida de atractivo inversor

Esta erosión de la confianza ha tocado de lleno al corazón del modelo, ya que Dubái, Abu Dabi o Riad no solo competían por capital, sino por el talento, con empresas tecnológicas y cadenas de valor globales. Amazon ha admitido ataques contra sus centros de datos, mientras Nvidia, Microsoft o Google han sido señaladas explícitamente por Teherán como objetivos.

Entonces, ¿ha desaparecido el atractivo de Dubái y Abu Dabi? “Tendremos que verlo”, señalaba hace unas fechas Adam Farrar, analista de geoeconomía en Bloomberg Economics y ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU. La cuestión –añade-- no atañe únicamente a una ineludible reconstrucción, sino que debe responder a una disyuntiva clave, la de si estos estados podrán seguir atrayendo el talento para sostener sus ecosistemas tecnológicos. O, dicho de otro modo: “el riesgo no es coyuntural, sino estructural” en un clima con vientos bidireccionales. Por un lado, los del capital extranjero, que procede casi en un 60% de la UE y EEUU. Por otro, los de los fondos soberanos arábigos, que se despliegan por casi todas las latitudes del planeta bursátil.

Esta atmósfera inversora supone, en ocasiones, una fortaleza, pero en otras, son unos canales de transmisión de riesgos, explica Farrar. En especial --apunta-- bajo el influjo de las armas, como en la actualidad.    

Aun así, las reacciones de los fondos soberanos sugieren que sus capitales no se han retraído. Más bien, se está adaptando. Desde el inicio de la guerra, sus recursos han protagonizado unas operaciones de M&A que han rebasado los 47.000 millones de dólares, un 120% más que en el primer trimestre de 2025. Todo un desafío en plena desaceleración económica global.

Abu Dabi, por ejemplo, ha continuado desplegando capital a través de vehículos como Lunate o Emirates International Investment, con participaciones en empresas de consumo y gestión de activos. Arabia Saudí y su Public Investment Fund (PIF), ha reforzado sus apuestas por sectores estratégicos, como sus nuevas inyecciones en el fabricante de vehículos eléctricos Lucid. Y sus equivalentes Qatar Investment Authority y Kuwait Investment Authority mantienen su perfil de diversificación de riesgos y exploran nichos en Europa, Asia y América.

Toda esta actividad no debe entenderse como anecdótica. Es el reflejo del ADN de este tipo de capital instrumental, diseñado para operar especialmente en contextos de incertidumbre.

Sin embargo, no elimina ciertas tensiones inherentes al modelo. La guerra ha puesto de relieve divergencias estratégicas entre los países del Golfo. Qatar y Omán apuestan por la contención y la diplomacia. EAU muestra más agresividad y Arabia Saudí o Kuwait confían en su ambigüedad calculada. Estas discrepancias afectan a la imagen del bloque y a la percepción de área de riesgo inversor. Pese a que, de momento, los mercados muestran optimismo relativo en la gestión del shock petrolífero que emana del control iraní del Estrecho de Ormuz y que les reporta ingresos adicionales por un barril que oscila en torno a los triples dígitos según como se revele la escalada militar.

Presión y distensión hacia la Casa Blanca

La guerra, pues, ha reconfigurado el equilibrio geopolítico del Golfo con EEUU, erosionando, sin llegar a romper, su dependencia estratégica. Así lo cree Firas Maksad, de Eurasia Group, para el que “los petroestados no tienen alternativas al paraguas de seguridad americano”; China puede ser su primer socio comercial, pero “no ofrece defensa militar”. Sin embargo, los ataques iraníes exponen el coste de esa dependencia, enfatiza en Foreign Policy, ya que las bases militares y las alianzas que antes garantizaban estabilidad se han convertido en objetivos iraníes. “Veremos en ellos ofensivas diplomáticas, no militares” en busca del respaldo europeo y de los mecanismos multilaterales para contener a Teherán.

Para el politólogo Steven Cook, la guerra pone en jaque su modelo porque su pilar esencial --la seguridad-- ya no es un aval.

Estas tensiones también las desvela Financial Times. EAU --a través de Abu Dabi--, Qatar y Kuwait han recurrido a colocaciones privadas de deuda por unos 10.000 millones de dólares eludiendo mercados públicos para asegurar costes y rapidez en un clima de volatilidad e incertidumbre por el cierre de Ormuz y que les ha obligado a suspender exportaciones de sus combustibles fósiles. “Los emiratos conservan su acceso a la financiación, aunque en condiciones más exigentes”, dice el diario británico que resalta la petición de los emiratos --muy en concreto, la de EAU-- al Tesoro americano para abrir líneas de swaps en dólares, mecanismo de liquidez usado para estabilizar sistemas financieros.

El fortalecimiento del dólar por el conflicto presiona a economías con unas divisas vinculadas al billete verde y las obligan a intervenir para evitar venta de activos. Aunque las autoridades de EAU rechazan que sus finanzas emitan vulnerabilidad por su dependencia del dólar en el acceso a financiación internacional.

Hasta los recientes ataques iraníes con drones y misiles a territorio israelí, la narrativa económica dominante en el país hebreo era la de un patrón de crecimiento capaz de absorber shocks con notable rapidez. En la actualidad, sin embargo, la guerra abierta desatada contra Irán para afianzar el proyecto del Gran Israel que se ha propuesto imponer Benjamin Netanyahu ha mermado la confianza ciudadana, empresarial e inversora en el poder de resistencia de un PIB tasado en 666.400 millones de dólares, similar al de Argentina, Suecia o Singapur, que empieza a mostrar fisuras profundas y cada vez más estructurales.

El año de conflictividad geopolítica y militar para expandir el sueño del gubernamental Likud y de otros partidos ultraortodoxos en Oriente Próximo e instaurar la hegemonía israelí en la región ha dejado muestras de resiliencia, con un impactante repunte de la actividad del 3,1% en 2025. Muy por encima del 1% del ejercicio precedente, el peor dato en dos decenios, con la excepción de los primeros latidos del ciclo de negocios post-Covid surgido con fórceps monetarios y fiscales en todo el mundo para sacar a la economía global de su hibernación por la pandemia.

Pero el dinamismo israelí encierra un riesgo latente y cada vez más visible. El cheque militar de abordar dos misiones bélicas simultáneas –ocupación del sur de El Líbano y la aniquilación del régimen de los ayatolás en Irán, su enemigo irreconciliable dentro de la región más convulsa del planeta– empieza a alterar sus cuentas públicas.      

La alerta no procede de ningún agente antisemita. Ni de instituciones multilaterales de las que reniega Tel Aviv casi tanto como la Administración Trump. Es el propio Banco Central de Israel el que ha emitido las señales de alarma. El coste acumulado de la guerra equivale ya al 8,6% del PIB, unos 177.000 millones de shekels (57.000 millones de dólares). Pero, además, la coyuntura israelí deja un nítido desequilibrio. “La economía se ha asentado sobre el impulso reciente de su sector exterior, que sigue certificando un sólido rebote que contrasta con un consumo familiar y una inversión empresarial cada vez más débiles” aduce Nicholas Farr, de Capital Economics.

De modo que el PIB continúa instalado en una senda del crecimiento, aunque lo hace “de forma distorsionada, muy dependiente de factores ajenos a su dinámica doméstica y con la necesidad de recibir estímulos extraordinarios para afrontar sus ascendentes gastos en Defensa”, previene Farr.

El FMI, que acaba de rebajar dos décimas (desde febrero) su predicción de crecimiento global en 2026, hasta el 3,1% por “la contracción del flujo energético por Ormuz, daños a infraestructuras energéticas por el conflicto armado y disrupciones en las cadenas de valor y de suministro”, no ha pronosticado una valoración sobre los efectos de la guerra en la economía israelí, que fía a la revisión de los organismos oficiales del país. Pero resulta elocuente su visión previa al comienzo de las hostilidades. En febrero, el Fondo emitió su informe del Artículo VI –diagnósticos anuales a todos sus estados miembros– en el que auguraba un incremento del PIB del 3,5% con tendencia al alza, aunque “condicionada” a la inexistencia de conflictividad bélica regional.

En caso contrario –alertaban sus expertos bajo un escenario en el que la dialéctica geopolítica ya había elevado la tensión militar– “se producirán caídas temporales de inversión y empleo”, según la duración de contienda, y “aumentos graduales y, en ocasiones, exponenciales, del gasto por los costes asociados a la factura bélica”. También en los precios, que experimentarían repuntes desde una inflación “relativamente controlada” en el entorno del 2,6% antes de la guerra.

Economía tecnológicamente avanzada con fuga de talento

“El shock geopolítico mantiene el dinamismo israelí por debajo de su potencial de crecimiento”, al que contribuyen especialmente el alto componente tecnológico de su tejido productivo y su capital humano. El Fondo apostaba por un déficit del 3,9% en 2026, un objetivo loable, aunque insuficiente para reducir su deuda, del 67,2% del PIB al término de 2025, y que llegó a suponer el 99% del PIB al inicio del milenio.

En sintonía con el Banco de Israel, que proyectaba que la economía remontara un 5,2% este año para estabilizar el endeudamiento soberano. Su gobernador, Amir Yaron, avisa ahora de que el incremento del desequilibrio presupuestario y la revisión a la baja del vigor del PIB van a elevar “inevitablemente” la ratio de deuda. La reciente aprobación del gabinete de Netanyahu de un cheque extra de 13.000 millones de dólares para financiar la guerra refuerza esa tendencia.

Pero el conflicto armado no solo acarrea disfunciones fiscales contables. También pone en un brete la inserción internacional de Israel. El deterioro de las relaciones diplomáticas, en especial con ciertos socios europeos, tiene efectos tangibles en unas exportaciones que han descendido en 8 miembros de la UE más críticos con la ofensiva de Tel Aviv en la región. Ya en 2024, las ventas al mercado interior cayeron en 1.000 millones de dólares, mientras que el año pasado se contabilizaron 1.500 millones menos. El propio banco emisor israelí sugiere, no sin un poso de cautela, que “las posiciones políticas están influyendo en los volúmenes comerciales”.

Al desgaste externo, sostén de momento del dinamismo económico actual, se suman las dudas sobre la duración de la guerra con Irán. Las mismas incertidumbres que el FMI menciona con insistencia para justificar la fragilidad de las treguas, la provisionalidad de sus predicciones y los riesgos de que el colapso energético derive en una debacle financiera. Una nota de JP Morgan a clientes introduce una variable decisiva. “El impacto económico mundial y regional dependerá, sobre todo, del tiempo”. A partir del cual, sus analistas presentan un escenario base que varía a medida que el conflicto armado se prolonga e introduce variables como una escalada militar de mayor entidad en Oriente Próximo, cambios en los objetivos militares –como la renuncia tanto de la Casa Blanca como de Tel Aviv, forzado o no por las circunstancias, a un cambio de régimen en Irán– o, la más extendida en el calendario, una deriva hacia una guerra de desgaste.

Las perspectivas sobre este último horizonte son sombrías. Más movilización de reservistas, una mayor disrupción productiva, presiones alcistas sobre los precios y menor margen para recortes de tipos de interés. Con independencia del panorama, el banco de inversión ha reducido su meta el crecimiento para Israel en 2026 al 4,1%, mientras anticipa la implantación de una estrategia monetaria más restrictiva el resto del año. Por la “resiliencia operativa” para conservar su ritmo de actividad “parcialmente y bajo condiciones de guerra” por su rápida capacidad institucional, tecnológica y social a panoramas bélicos, con periodos de transición económica y de flexibilidad productiva adecuados a los cambios coyunturales.

No obstante, “esta resistencia activa contiene límites”, advierten en JP Morgan. Y son de calado estructural. Porque el cóctel de conflictividad duradera, tensiones diplomáticas y posibles fugas de talento preocupa cada vez más a las autoridades del país y amenaza con erosionar una arista esencial de su modelo económico: su marcado perfil innovador con una amplia inserción global.

El ecosistema de alta tecnología israelí es el motor de las exportaciones, el gancho de la inversión extranjera y el acicate de la notable productividad registrada por Tel Aviv en tiempos de paz. O, dicho de otro modo: es el gran amortiguador frente a inestabilidades externas. Una guerra sin cuartel, sin fecha de alto el fuego y con una permanente movilización de reservistas deteriora la fuerza laboral, altamente cualificada, y eleva el riesgo de los inversores internacionales, con los inmediatos efectos reputacionales, de fugas de talento y de corrosión de la ventaja competitiva labrada por Israel en los últimos años.

El banco central habla de amenaza de brain drain (fuga de cerebros) por la guerra en su último informe de situación. Es decir, de temor a salidas masivas de capital humano de alta cualificación técnico-profesional que traerían unos efectos destructivos multiplicadores. Entre otros, menor innovación, arritmias en el crecimiento, déficits fiscal y comercial estructurales, encarecimiento del dinero e impulso de la deuda. Una bomba de relojería que se encargaría de rebajar el atractivo financiero, poner en alerta a las agencias de ratings para reducir las calificaciones soberanas de Israel y limar la capacidad de respuesta gubernamental ante futuras crisis. “La resiliencia israelí tiene un umbral temporal a partir del cual el deterioro se acelerará de una forma no lineal, sino exponencial”, alertan en JP Morgan. Farr, por su parte, enfatiza el probable aumento de los costes crediticios si la tensión bélica y geopolítica se perpetúa. “Sería el detonante de una parálisis de la actividad”.

Privatizaciones en Defensa para costear la guerra

Este temor a la huida de talento y al agravamiento de las tensiones presupuestarias, financieras y tecnológicas por la escalada militar ha empujado ya al gabinete de Netanyahu a acometer una medida poco habitual en Israel. El país digitalmente más avanzado de la región ha decidido que tiene que competir fiscalmente por atraer y fidelizar la destreza profesional. Con incentivos para repatriar pericia tecnológica en plena carrera por la hegemonía de la IA y la economía del dato y el algoritmo. Toda vez que la fuga de trabajadores cualificados ha repuntado en un 45% desde 2023. Dror Bin, de la Autoridad de Innovación israelí, reconoce que “el capital humano es lo que hace que el sector tecnológico, que representa la sexta parte del PIB y más de la mitad del sector exterior, tenga éxito” 

El desgaste económico de la guerra también se vislumbra en el ámbito financiero. La Bolsa de Tel Aviv, tras un repunte inicial ante la expectativa de una guerra corta con Irán, ha perdido parte de las ganancias iniciales. El índice TA-125 ha retrocedido con fuerza en las últimas semanas, a pesar del pulso alcista de esta semana al calor de los vientos favorables a un acuerdo de alto el fuego. Más allá de comportamiento puntuales, los mercados de capital israelíes reflejan con una meridiana nitidez el contagio por el impacto del encarecimiento energético, la ralentización del turismo y los episodios de rampante incertidumbre global.

Aun así, subyacen comportamientos paradójicos como el de la divisa israelí. En general, el shekel ha resistido. Incluso se ha apreciado por momentos, llegando a registrar niveles superiores a las 3 unidades por dólar al comienzo de las operaciones militares. En gran medida, como fruto de la fortaleza de la confianza inversora en su industria tecnológica. Aunque también ha mostrado signos de debilidad. En función de las revelaciones sobre el coste de la guerra que han surgido a cuentagotas. La mayor caída del peso monetario del shekel se produjo en Semana Santa, cuando Tel Aviv admitió que el coste directo superaba ya varias decenas de miles de millones de dólares y que las pérdidas podrían rebasar los 9.000 millones de shekels semanales bajo una climatología adversa de movilización general.

La preocupación del equipo económico de Netanyahu ha llevado al gabinete a estudiar procesos de privatización de firmas estatales estratégicas como Israel Aerospace Industries. “La necesidad de obtener recursos adicionales para Defensa obliga a monetizar activos públicos”, justificaba hace varias jornadas Yali Rothenberg, alto cargo del Ministerio de Hacienda a Financial Times. Y a recibir críticas del mercado por la falta de previsibilidad del gobierno. Eran Yashiv, profesor en la Universidad de Tel Aviv detecta riesgo de erosión en el modelo de “startup nation” de Israel, de una economía abierta a otra más cerrada por falta de planificación de un gabinete al que le obsesiona la victoria militar a cualquier precio.  

En similares términos contesta Daniel Byman, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), para quien los conflictos en los que está involucrado Tel Aviv no se ganan solo en el plano militar. Irán -alerta- está logrando desplazar los costes al sistema global, encareciendo la energía y tensionando las economías. Incluso en un escenario de triunfo táctico-militar, “podría darse una derrota económica, aunque sea parcial, de Israel”.

La tregua de dos semanas aceptada por EEUU e Irán y surgida con fórceps bajo una sorprendente mediación paquistaní con influencia soterrada de China, nació herida de gravedad. En apenas unas horas, emergieron varias variables geoestratégicas de primer orden que advertían de que la desconfianza entre Washington y Teherán es profunda y difícil de desenredar. La principal de ellas, para el régimen iraní, es la interrupción de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano. Para el intimidador Donald Trump, la reanudación del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz, que desencadenó su amenazante mensaje de arrasar “la civilización persa” para forzar el alto el fuego. Podría parecer un nuevo episodio de su relato TACO.

Ese Trump Always Chickens Out que se podría traducir como un “siempre se achanta” que, en esta ocasión, más que en sus escenificaciones en el ámbito comercial, contuvo el aliento de todo el planeta.

La aceptación inicial de Teherán de permitir el flujo naval por Ormuz concedió un fugaz balón de oxígeno energético a una larga lista de países crudo-dependientes y un cierto respiro a la burbuja petrolífera que empezaba a tomar cuerpo, bajo la estrecha vigilancia de los bancos centrales.

Sin embargo, en apenas unas horas, el voltaje geopolítico y la inquietud económica y bursátil se volvieron a hacer patentes y el shock energético global que había emergido las jornadas previas y posteriores a la Semana Santa cristiana volvió a reaparecer. El pacto trabado a contrarreloj por la Administración Trump y el régimen de los ayatolás era demasiado débil y exigía, como admitió la Casa Blanca el pasado jueves, negociaciones directas con los asuntos más espinosos sobre la mesa. Entre ellos, la reclamación iraní del final de las hostilidades en territorio libanés que, hasta entonces, estaba fuera del radar militar y diplomático estadounidense. 

Todo ello hizo oscilar el precio del oro negro en torno a los triples dígitos. Pero la cotización del barril y el exceso de crudo en el mercado no son los únicos barómetros de un shock energético que tiene aristas más pronunciadas que limar. Entre otras, la seguridad del transporte marítimo y de los centros productivos e infraestructuras de petróleo y gas en Oriente Próximo, castigadas por el largo mes de guerra —todavía sin provocar el cierre del grifo energético, precisan los analistas del mercado—, sin olvidarse de la gestión de los inventarios de crudo o de las primas de riesgo a las navieras y sobre las facturas de los combustibles fósiles en circulación.

Una voz autorizada como la de Michael Singh, ex responsable del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, anticipaba a la agencia Bloomberg estas dificultades nada más proclamarse la tregua. “No es una resolución de paz, sino, más bien, un respiro en la escalada bélica” que atestigua que ambas partes “están muy lejos de cualquier entente cordiale” porque el escenario no apunta precisamente a una sustitución en la cúpula de poder iraní, la misión que activó, teóricamente, las hostilidades de la Casa Blanca en Oriente Próximo y que escondía la contribución de Trump a la construcción del Gran Israel que persigue Benjamín Netanyahu.

Los mercados “se han tomado un descanso para tomar aire”, aunque la economía mundial “siga plenamente expuesta”, alertaba Singh. Incluso tras el reinicio de las hostilidades posteriores, al que Irán puso otra pausa casi inmediata al suspender sus ataques ante la opción de diálogo con el nuevo emisario americano, el vicepresidente JD Vance. Pero para bancos de inversión como Goldman Sachs, el Brent, barril de referencia en Europa, promediará ya los 100 dólares en 2026 si Ormuz permanece cerrado un mes más. Su estratega Daan Struyven precisa en una nota a sus clientes que la tregua “seguirá siendo demasiado sensible”, incluso con la mediación del número dos de la Administración Trump, y que “los riesgos futuros sobre el precio del crudo se inclinan al alza”.

En cambio, si la pasarela marítima controlada por Teherán reanuda el tránsito marítimo, el Brent se situaría en los 82 dólares en el tercer trimestre y en los 80 en el último del año. 

La descongestión naval, pues, sigue siendo una incógnita. Aún continúan hacinados en las aguas del Golfo Pérsico alrededor de 800 buques —la mayoría, cargados de crudo, gas natural licuado o combustibles refinados, según cálculos del mercado— incapaces de seguir sus rutas mercantes. Solo una veintena de ellos llegaron a recibir custodia oficial de la Guardia Costera iraní durante las jornadas previas al final del ultimátum de Washington. 

Eso sí, previo pago de peajes monetarios que han engrosado las arcas iraníes. Y con la exigencia de que cada naviera pagara sus peajes a través de criptomonedas. Así lo asegura Hamid Hosseini, portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, al Financial Times, arguyendo “la necesidad de controlar el tráfico de armas” y alertando que estos procedimientos “llevarán su tiempo para supervisar buque a buque”. Pero Irán —precisa— “no tiene ninguna prisa”.

En los instantes de tregua, la amplificación del colapso energético y de las disrupciones logísticas parecieron relajarse. Reflejo de que las aguas inversoras eran turbulentas y que los mercados navegan sin apenas visibilidad. Y a pesar de las artimañas que Teherán lleva usando para sortear las sanciones occidentales a sus ventas de crudo y que son lo suficientemente extensas como para alterar el negocio petrolífero. 

Quejas petroleras, daños en países crudo-dependientes

Del lado de la oferta, los ejecutivos de las grandes petroleras, desde la saudí Aramco hasta Exxon Mobil, incidían antes de la tregua en que, pese a los beneficios caídos del cielo durante semanas, el mercado del crudo no está en condiciones de reajustar precios de forma sostenible en medio de una crisis geopolítica de esta magnitud. Esencialmente, porque actúan dentro de horizontes de inversión de décadas, lo que limita su capacidad para reaccionar ante shocks de corto plazo. Incluso con precios elevados, las incertidumbres —agravadas por decisiones políticas cambiantes y mensajes contradictorios desde Washington— frenan sus expectativas productivas y crean una paradoja compleja. El sector teóricamente más beneficiado por la crisis es incapaz de ejercer de amortiguador del sistema.

Aducen que los daños ocasionados a refinerías, campos extractivos y plantas de exportación han alterado su capacidad física para suministrar energía y transformado la crisis en un problema de seguridad industrial y logística en toda regla. Algo que excede de los parámetros del mercado y que deja entrever que, en opinión de las supermajors, las disrupciones de la guerra tendrán unos efectos duraderos y que la reconstrucción de sus activos energéticos requerirá años y miles de millones de inversión. Incluso después de que cesen las hostilidades. Es decir, que la contienda no solo ha distorsionado sus perspectivas de acumulación de reservas estratégicas o búsquedas de nuevas balsas energéticas y de fuentes alternativas y limpias, sino que ha puesto en el punto de mira la urgente necesidad de reconfigurar la arquitectura energética global. En términos de seguridad productiva y de suministro.

Chevron o ConocoPhillips, dos de las petroleras estadounidenses más expuestas a la guerra en el Golfo, han expresado directamente a la Administración Trump mensajes de protección de sus activos estratégicos en la región.

En cambio, en el lado de la demanda, la guerra abierta ha pasado facturas cuantiosas a los países altamente dependientes de los combustibles fósiles. El impacto más tangible se ha concentrado en Asia. En economías como las de Filipinas, Tailandia y Sri Lanka donde la restricción energética se ha traducido súbitamente en espirales inflacionistas con tensiones sociales. En Filipinas, con una intensa necesidad de importación de crudo, su IPC saltó hasta el 4,1%, muy por debajo del 2,4% de febrero por el encarecimiento de la gasolina y el diésel mientras el tipo de cambio de su peso se hundía hasta registros históricamente bajos respecto al dólar, lo que obligó a Manila a declarar el estado de emergencia energética.

Tailandia, por su parte, ha recurrido a subsidios y medidas de contención para evitar un traslado completo a la inflación general, mientras Sri Lanka —el mercado más vulnerable a los ojos del FMI, junto a Pakistán, mediador en el alto el fuego—, reintrodujo racionamientos de combustible y limitaciones en las jornadas laborales y salarios.

Esta tríada de países asiáticos componen un patrón de comportamiento que deja como secuela el conflicto armado en Irán. Una energía más cara que implica un transporte más costoso y unas cestas de alimentos de primera necesidad que se han disparado y erosionado a una velocidad inaudita el poder adquisitivo de sus familias.

India e Indonesia también se han enfrentado a presiones sobre sus divisas. Al igual que Corea del Sur a unos inusitados riesgos comerciales. O China a un desabastecimiento de sus sectores; especialmente, industriales. Así lo advierte Musa Kim Jong-do, director de la oficina de Trends Research & Advisory en Seúl y profesor de Korea University. “El encarecimiento sostenido de los flujos energéticos fósiles amenaza con erosionar la competitividad industrial y trasladar inflación al resto del mundo a través de las exportaciones chinas” en el continente.

Los daños colaterales, a su juicio, no van a ser lineales, ya que afectan también a los fertilizantes, el transporte marítimo y las cadenas manufactureras completas, amplificando el impacto inicial del crudo, mientras dure el reajuste. No en vano, casi las tres cuartas partes de la población del planeta —el 74%— habita en países importadores netos de combustibles fósiles, según el grupo global de expertos en energía, con mercados como el japonés, el surcoreano, el alemán o el turco con más de las dos terceras partes de las fuentes fósiles de sus mix energéticos adquiridas del exterior.

Contagio a las coyunturas industrializadas

También EEUU parece cercado, en cierto modo, por el shock energético global. Algunos analistas situaban sus previsiones de IPC en el 4,1% en abril antes de la tregua con “escasas posibilidades” de que la Reserva Federal, como desea y presiona Trump, relaje el precio del dinero. Al menos, hasta el otoño, aunque algunos lo retrasan hasta diciembre. Toda vez que la creación de empleo vuelve a emitir señales de vitalidad en primavera. Pese a que en 2019 la primera potencia global mostró su capacidad para convertirse en primer exportador neto de crudo, una tecla que Trump puede tocar para regar de nuevo de oro negro estadounidense el mercado haciendo uso de sus reservas estratégicas. La gasolina se ha disparado en EEUU un 36,7% desde el inicio de la guerra; el gas en Europa, un 46,9%. El BCE podría subir tipos ya este mes si los halcones ganan la batalla en su cúpula ejecutiva.  

De igual modo, los petroestados del Golfo están reconsiderando a marchas forzadas desviar su flujo petrolífero a través de oleoductos transversales con destino al Mar Rojo. El llamado Este-Oeste de Arabia Saudí se considera un adelantado a los tiempos para paliar los cuellos de botella de Ormuz. Bajo gestión de Aramco, sufrió uno de los primeros ataques con drones iraníes en la falsa tregua, si bien su propietaria, la petrolera saudí, se mostró optimista de poder reparar los daños ocasionados en varios puntos de sus 1.200 kilómetros de recorrido. Los emiratos barajan ahora varias tuberías con destino al Mar Rojo que fueron rechazadas por sus autoridades por su elevado coste y los riesgos de ataques de hutíes yemeníes y piratas somalíes. 

Pero donde la estanflación parece haberse instalado con más comodidad es en Europa. “Energía cara implica importación de inflación”, recordaba estos días Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE para quien la ruptura de las cadenas energéticas y daños en infraestructuras provocan que “la normalización de los precios sea lenta” y efectos “potencialmente duraderos” de estancamiento económico con espiral inflacionista en la zona del euro. Un pesimismo que se traslada al ámbito político. El comisario de Energía, Dan Jørgensen, advierte de un shock “de largo recorrido” con precios elevados durante bastante tiempo que propician la aprobación de medidas excepcionales como el uso de reservas estratégicas o el racionamiento de combustibles en tiempos de “cautela presupuestaria” que podrían derivar en “consecuencias fiscales graves”.

Irán ha convertido la guerra en un pingüe beneficio. En las mismas narices de sus dos agresores: Estados Unidos e Israel. Una tupida y eficiente red de negocios opacos vinculados al tránsito petrolífero y gasístico con peaje por el geoestratégico estrecho de Ormuz, bajo el estricto control del régimen de los ayatolás y vigilancia aún más férrea de la Guardia Revolucionaria, ha sacado de la UVI a la maltrecha economía persa. Los ingresos caídos del cielo de un barril que se ha disparado hasta los triples dígitos y las regalías adicionales solicitadas a buques bajo bandera de países a los que la cúpula dirigente iraní otorga el plácet de amistad diplomática —como India, que inició el tráfico de petroleros por la pasarela del Golfo Pérsico—, han proporcionado los balones de oxígeno que las arcas iraníes demandaban como agua de mayo para sanear las cuentas estatales.

Teherán ha convertido la presión geopolítica global en ventaja estratégica al cumplir el mandato de Alí Jamenei de regionalizar, primero, y globalizar, después, las hostilidades armadas. El líder espiritual asesinado por los ataques aéreos de EEUU e Israel al inicio del conflicto estaba en lo cierto. Su país tenía la capacidad de protagonizar un doble efecto bumerán. Dañar, por un lado, a la economía mundial y sanear, al mismo tiempo, la suya propia en caso de guerra abierta con Washington y Tel Aviv.

El sistema productivo persa ha entrado en una fase de rápida y profunda transformación. Desde una economía sometida al yugo de las sanciones internacionales por los avances en su programa nuclear —siempre declarado de uso civil por parte del régimen— hacia un modelo en emergencia de guerra sofisticado y capaz de extraer rentas extraordinarias del encarecimiento del oro negro. Ormuz ha devuelto recursos a las desangeladas arcas iraníes mientras fragmentaba en paralelo el orden internacional. En varios frentes. Desde el temor de los principales bancos centrales a una estanflación que les obligaría a retomar la senda restrictiva de tipos de interés y a formalizar ventas masivas de bonos del Tesoro americano para apuntalar sus economías y divisas, hasta el riesgo de un colapso energético que el mercado, que viene de registrar un marzo negro, todavía no descarta. 

Por el contrario, la guerra, que para no pocos analistas tendría que haber precipitado a Irán a la quiebra técnica por su fragilidad productiva, la escasez de su cesta de divisas internacionales y una galopante y persistente inflación provocada, en gran medida, por las sanciones y embargos occidentales, ha impulsado la mutación hacia una economía militarizada a marchas forzadas que ha generado una sorprendente rentabilidad. Así lo subraya The Economist en un reciente análisis en el que asegura que el régimen puede estar siendo golpeado en el campo de batalla, pero está ganando, al mismo tiempo, la contienda energética. Esencialmente, por el shock de oferta en el crudo y el gas.

El bypass de Ormuz ha mermado las ventas de combustibles fósiles de sus vecinos pérsicos —los emiratos y Arabia Saudí—, mientras Teherán hace caja con su combinación de peajes de tránsito, una sutil tolerancia del riesgo mediante permisos de tránsito a una selecta lista de petroleros y metaneros y la experiencia larvada en décadas para eludir las sanciones occidentales con cargos en alta mar que esperan contratos al mejor postor y rumbos sin definir.

El resultado es una paradoja que, a buen seguro, no estaba en los esquemas de la Administración Trump. Ni del Gobierno de Benjamín Netanyahu: cuanto más se desestabiliza el mercado, mayor es la rentabilidad potencial para que Irán siga operando con sus márgenes de beneficio.

Para más inri, esta estrategia dista mucho de ser improvisada. Durante años, Irán ha puesto en liza una estructura paralela a la que opera en los circuitos globales para comercializar su petróleo sin represalia alguna. Formalmente, su venta la gestiona la todopoderosa Guardia Revolucionaria, que acapara cada vez más control sobre las finanzas estatales. Pero, en la práctica, el régimen de los ayatolás ha configurado una arquitectura disgregada en una multiplicidad de actores que ejercen distintos poderes e influencias. Desde líderes religiosos, hasta militares o miembros del establishment administrativo que se reparten las cuotas de crudo y las convierten en liquidez a través de redes propias de negocios.

Una tupida y efectiva red de control económico

Esta descentralización a golpe de botín energético resulta ineficiente en tiempos de estabilidad geoestratégica, pero se muestra especialmente resistente con el ruido de las armas.

Desmantelar este modus operandi requeriría para los agresores del régimen atacar de una forma simultánea a decenas de nodos de poder dispersos, algo prácticamente inviable incluso con la superioridad aérea estadounidense e israelí. Aunque sea la cúpula de la Guardia Revolucionaria la que marca el paso. Desde hace décadas este estamento militar acumula músculo económico. Hasta el punto de operar como un conglomerado empresarial dentro y fuera de las fronteras de Irán.

Es este cuerpo de asalto del régimen chií el que ejerce el dominio estricto de las rutas marítimas, el que escolta a los buques, monetiza los peajes navales, ordena los ataques a las instalaciones energéticas de sus vecinos pérsicos y maneja el caudal exportador con métodos coercitivos.

La dimensión logística de esta transformación es igualmente reveladora. Ante la vulnerabilidad de infraestructuras clave como la isla de Jarg, Teherán ha diversificado sus terminales y rutas, distribuyendo riesgos y aumentando los ingresos monetarios. Este enfoque implica más costes, pero responde a la lógica de supervivencia de todo conflicto bélico que se precie, en los que la resiliencia sustituye a la eficiencia como criterio económico. Y, en este sentido, la red de pagos a la sombra generada por la Guardia Revolucionaria y sustentada en miles de cuentas fiduciarias, empresas-pantalla y mini-bancos —sobre todo, asiáticos— es un aval de garantía demostrada.

No por casualidad, Irán emplea este mecanismo desde que soporta el régimen sancionador del exterior. Con él canaliza ingresos petroleros a través de múltiples capas de intermediación que dificultan tanto el rastreo internacional como doméstico. Con la inestimable cooperación china. Porque el gigante asiático no solo absorbe la inmensa mayoría del crudo iraní mediante su cada vez más extensa constelación de refinerías independientes, sino que también ofrece un entorno financiero lo suficientemente flexible como para sostener estas operaciones. Como detalla The Economist, este artificio contable ha alcanzado tal densidad que incluso las autoridades iraníes tienen dificultades para rastrear completamente los flujos.

La relación con China deja traslucir varias sinergias. Todas de calado. A Pekín, el petróleo iraní le resulta indispensable para abastecer su tejido productivo en tiempos disruptivos, mientras que, a Teherán, el gigante asiático le aporta un comprador fiel y dispuesto a actuar fuera del sistema mundial. Así lo explica Ahmed Aboudouh, investigador de Chatham House: la aparente pasividad de China respecto a la guerra “no debe confundirse como debilidad o abandono, sino que responde a una lógica estratégica deliberada”. Xi Jinping ha evitado implicarse en el plano militar y económico porque prioriza mantener la estabilidad regional y preservar así sus relaciones con múltiples actores, incluidos rivales de Irán.

Este enfoque —dice Aboudouh— deja un rasgo diferencial con la política exterior estadounidense. “Mientras Washington tiende a actuar de una manera reactiva y coercitiva, la diplomacia china apuesta por una acumulación gradual de influencia desde la prudencia”. A corto plazo, puede parecer inacción, pero, a la larga, va a permitir a Pekín “posicionarse como actor imprescindible en cualquier escenario postconflicto y ganar competitividad global”.

Ormuz actúa de marcapasos recaudatorio

A ello se suma que la demostrada capacidad iraní para sellar o restringir el tránsito de Ormuz le otorga una herramienta de presión directa sobre la economía global. Más allá del crudo y el gas le concede la posibilidad de institucionalizar el cobro de peajes y, con ello, pasar de ser un mero exportador de energía a convertirse en un recaudador de rentas geopolíticas derivadas del flujo energético mundial. Las dobles primas de riesgo —sobre el barril y los seguros mercantes— ayudan a elevar la factura petrolífera iraní. Pero, por encima de todo, la mayor contribución a las arcas la aporta la veintena de barcos que han empezado a pasar a diario por el estrecho. Con pasajes y vetos discriminatorios de por medio.

El cambio de relato de Donald Trump —del ultimátum para destruir centros energéticos y redes de distribución de agua a avanzar que la guerra terminará “en dos o tres semanas” con la reserva de retirar al Ejército estadounidenses incluso sin victoria militar— responde al incómodo dilema que le ha creado su guerra ilegal. O aceptar un nuevo equilibrio en la región con un régimen que permanece en el poder en Irán o arriesgarse a una escalada geopolítica e inflacionista de difícil resolución.

Algunos analistas ya anticipan un IPC en EEUU del 4% este año y el siguiente, lo que dejaría sin opciones a sus nuevos delfines en la Reserva Federal, con su futuro presidente, Kevin Warsh, a la cabeza, sin margen para maniobrar a la baja los tipos como desea el líder MAGA. A medio año vista de las elecciones midterm para renovar el Congreso y gobernadores de estados de la Unión. Con la intención de voto republicano a la deriva.

Aun así, en el lado iraní, la guerra, pese a consolidar una alternativa económica adaptada a unos parámetros globales más inestables, fragmentados y competitivos, también engendra un patrón menos transparente y eficiente y, por el contrario, con más capacidad coercitiva y basado en un precio del petróleo caro y en una tela de araña clientelar de puertas adentro. 

Del ataque sin cuartel al alto el fuego

En las últimas horas, la balanza geoestratégica parece inclinarse del lado del alto el fuego. No es fruto de la casualidad que este clima en favor de la paz surja en las horas más bajas de Trump en las cinco semanas de conflicto. O que se haya dado relevancia en las cancillerías occidentales al plan conjunto de Pakistán, mediador desde hace una quincena entre Washington y Teherán, y China. Sin embargo, de formalizarse, el escenario en Irán tampoco invita al optimismo. Varias voces de observadores internacionales y analistas económicos alertan de un peligro de colapso postbélico, con repunte del desempleo, interrupción de negocios y retrocesos del comercio con recortes salariales. Una especie de contracción en diferido que podría traducirse en un malestar social una vez desaparezca el riguroso control militar actual por la urgencia bélica.

Ali Ansari, profesor de Historia Moderna de la universidad escocesa de Saint Andrews, de origen iraní, recuerda a Reuters que su país ya atravesaba por “profundos problemas” económicos con anterioridad al conflicto y que la guerra solo agravará una crisis política y social previa. A su juicio “reaparecerán con más fuerza y generarán inestabilidad interna” porque su coyuntura “no será capaz de absorber el shock sin consecuencias civiles e institucionales significativas”. También el director de Human Rights Watch Louis Charbonneau cree que “si el deterioro de la actividad se acompaña de una intensificación de la represión, con arrestos de disidentes y descontentos, los enfrentamientos estallarán y volverán a estar a la orden del día”.

Bajo unas condiciones económicas débiles, que acrecientan la amenaza de una recaída. El FMI preveía antes del conflicto armado que el PIB iraní creciera un 1,1% en 2026, lejos del 4% de los mercados emergentes en su conjunto, con una inflación que superó el pasado año el 40% anual, una depreciación constante del rial y unas necesidades de financiación del gasto público a través de los ingresos petrolíferos demasiado elevadas.

El primer aniversario del proclamado a bombo y platillo Día de la Liberación Arancelaria deja un balance a medio camino entre el asombro y la inquietud. El experimento proteccionista de la Administración Trump de reconstruir la supremacía industrial de EEUU bajo un nuevo sistema global del comercio ha infringido un parte de siniestros casi total sobre el castigado entramado de intercambio de mercancías, servicios, capitales y trabajadores, Hasta hacerlo, si cabe, todavía más frágil, impredecible e inestable.

El mapa del comercio internacional se ha distorsionado. La imposición de aranceles recíprocos, articulada a través de poderes de emergencia, ha erosionado la credibilidad de EEUU como socio fiable y garante del libre comercio. Porque más que rediseñar el sistema, la versión Trump 2.0 lo ha desordenado.

No tanto como para colapsarlo, porque por las arterias comerciales sigue fluyendo productos y servicios. Pero sí para ralentizar su fluidez. Así lo cree Gary Clyde Hufbauer, experto del Peterson Institute for International Economics, quien subraya que la balanza bilateral americana con sus socios estratégicos apenas cambió en 2025, al tiempo que enfatiza que “esta estabilidad resulta porque se produce en un contexto de aminoramiento del comercio mundial”, señal inequívoca de un deterioro relativo que podría agravarse. “No es una ruptura inmediata, sino una erosión progresiva e ineludible”.

Entre otras razones –aduce– porque las cadenas de valor y suministro globales, profundamente integradas, “no pueden reconfigurarse sin costes significativos” y las empresas –incluso las que han reaccionado con estrategias defensivas como anticipación de pedidos exportadores, desvío de rutas marítimas o presiones para obtener exenciones y ayudas estatales para amortiguar sus impactos a corto plazo– “no podrán evitar ineficiencias productivas” por la interrupción de sus redes de abastecimiento. Y esas anomalías, además, acabarán acumulando gastos innecesarios, precisa. El resultado será un comercio menos transparente, costoso y condicionado por políticas volátiles.

A este escenario se suma la incertidumbre jurídica. La decisión del Tribunal Supremo americano de declarar ilegales los aranceles recíprocos que ha ido forjando a golpe de amenazas coercitivas el líder MAGA, lejos de restablecer la estabilidad, ha abierto un nuevo frente de conflicto. Desde la Casa Blanca se ha respondido al fallo judicial buscando resquicios legales alternativos –desde invocaciones normativas a la seguridad nacional hasta apelaciones a las desventajas comerciales externas– para reconstruir su muro arancelario. De modo que la resolución de los magistrados del Supremo –de marcado signo conservador— ha convertido la política comercial de EEUU en un terreno de disputa permanente entre el poder ejecutivo y los límites legales.

Este cuadro de mando ha conducido a 12 meses en los que la prometida tierra liberada de Trump ha dado paso a un orden comercial caótico. Sin quiebra del transito de mercancías ni decoupling de la globalización en sentido estricto. Pero con reglas incoherentes y polarización geopolítica que se ha acrecentado desde el 2 de abril de 2025.

1. Cuellos de botella crecientes y más agobiantes

En román paladino, ineficiencia inestable. Es la percepción del Nobel de Economía Michael Spence. A su juicio, la fragilidad actual responde a un problema de diseño. Su tesis parte de una verdad incómoda. “La economía mundial no está diseñada para ser resiliente, sino para ser eficiente”. Durante décadas, empresas e inversores han optimizado costes, anulado redundancias y concentrado producción en nodos competitivos que alumbró un sistema “extraordinariamente ágil en condiciones de normalidad comercial, si bien muy vulnerable cuando algo deja de funcionar”. Taras que no necesariamente tienen que ser extraordinarias. Basta con cerrar un estrecho marítimo, con dejar una fábrica esencial fuera de servicio o restringir la exportación de un insumo –o producto– crítico.

El listado de riesgos sistémicos de Spence se refiere a factores que pueden llegar a desencadenar disrupciones en cascada. Desde la energía, hasta los semiconductores o tierras raras, pasando por las infraestructuras digitales. La globalización no ha eliminado los cuellos de botella; tan solo los ha redistribuido y, en muchos casos, los ha intensificado, precisa en Project Syndicate.

En su opinión, la cuestión no es solo técnica, sino económica. La resiliencia es un bien público mal financiado, cuyos beneficios --evitar crisis sistémica-- se reparten entre todos y sus costes --duplicar proveedores, mantener inventarios y sacrificar eficiencia— recaen sobre los actores particulares. En un sistema competitivo, el resultado es predecible porque se invierte poco en resiliencia. “Sin embargo, nadie quiere pagar por un seguro cuyo beneficio principal lo disfrutan otros”, apunta el también profesor emérito de Economía de la Escuela de negocios de Stanford.

2. ¿Corregir desequilibrios? Los aranceles acarrean gastos

Erica York, de Tax Foundation, avisa de que el incremento de la presión arancelaria hasta niveles no vistos desde mediados del siglo XX actúa como un impuesto regresivo al elevar las facturas de hogares y empresas sin que se corrijan con ellos los déficits –comercial y por cuenta corriente-- externos. La persistencia del agujero comercial de EEUU durante el segundo semestre de 2025 y enero pasado evidencia que los aranceles no atacan las heridas económicas profundas vinculadas al ahorro, la inversión y los flujos de capital. Ni acelera la relocalización productiva o el reforzamiento de la seguridad o la autonomía geoeconómica, acredita York. A partir de datos de este think tank que afirma tener como objetivo fundacional el escrutinio de los recursos federales.

En 2025, los aranceles supusieron un coste de alrededor de 1.000 dólares por hogar; en 2026, serán varios cientos adicionales. Para York, “una subida de impuestos, indirecta, pero tangible, en toda regla”. Los cálculos de Tax Foundation revelan que el peaje promedio pasó de una cota del 2% a otra del 8% en el conjunto del año --los aranceles entraron en vigor en agosto--, lo que devolvió a la primera economía global al escenario comercial de entreguerras. Sin reajuste en la balanza comercial y con el peligro añadido de que sus costes más relevantes son acumulativos.

Las reducciones en el dinamismo del PIB, aunque sea de décimas, significa recortes de inversión, pérdida de productividad y, en ultima instancia, de renta familiar e ingresos corporativos. Así como la pérdida de recaudación de 175.000 millones de dólares por parte del Tesoro federal.

3. Desorden global sin seguridad jurídica

Tax Policy Center afirma que EEUU se ha adentrado en un terreno excepcional para una economía avanzada como ha plasmado la corrección del Supremo al invalidar los aranceles impuestos bajo la International Emergency Economic Powers Act. Su resolución no solo redefine los límites del poder ejecutivo, sino que transforma los flujos financieros asociados al comercio en una escala sin precedentes. Porque lo que durante meses fue una fuente de ingresos públicos se convierte ahora en una obligación de devolución masiva. Bajo una lógica aplastante --si los gravámenes son ilegales, el Tesoro no puede retener la cuantía recaudada--, su mandato de rebajar los peajes a la importación y la puesta en liza de mecanismos de compensación automáticos que trasladen la carga al sistema administrativo y judicial, se abre una fase de litigios, procedimientos aduaneros y medidas políticas aún por definir y de recobros inciertos.

Para las empresas, el fallo revela otra balanza de riesgo y oportunidades. Los importadores son los beneficiarios directos de las devoluciones. Pero el acceso efectivo a esos fondos depende de su capacidad para avanzar en un proceso técnico y exigente de revisión de entradas aduaneras, presentación de protestas dentro plazos estrictos y reconstrucción documental de los pagos ya realizados, alertan los bufetes de abogados.

4. Readaptación incierta de las cadenas de valor

Otro análisis, del Centre for Inclusive Trade (CfIT), incide en que las políticas ineficientes como las arancelarias de Trump generan facturas adicionales. Las empresas se adaptan a los cambios con mayor celeridad de lo que los políticos transforman. Ante los gravámenes y las amenazas, han desviado sus rutas, han reetiquetado sus productos, han buscado intermediarios o negociado exenciones, mientras tratan de amoldarse a la doble prima de riesgo, energética y al transporte mercante. El comercio no ha desaparecido, pero ha mutado. Sigue funcionando con más fricción. Los investigadores del CfIT Nicolò Tamberi y Alan Winters aseguran que el impacto más relevante “no es la destrucción del comercio, sino la incertidumbre que lo rodea”, a la que también califican de “impuesto”; en este caso, “particularmente corrosivo”.

Las empresas --dicen-- no solo reaccionan a lo que ocurre, sino a lo que podría ocurrir. Si la política comercial es volátil --aranceles que aparecen, se suprimen o cambian de base legal--, la inversión se ralentiza, las decisiones estratégicas se posponen, la planificación a largo plazo se sustituye por ajustes tácticos y el diagnóstico es un sistema reactivo e ineficiente. A ello se suma un efecto colateral: el sistema multilateral de comercio, con sus reglas, procedimientos y previsibilidad se ha debilitado. Cuando la primera potencia global actúa unilateral y erráticamente, las normas importan menos. Otros mercados como el europeo buscan alternativas en acuerdos regionales de libre comercio -Mercosur, Canadá, India o Australia- para ganar en diversificación y poner parches a su fragmentación. Aunque el comercio “dependerá cada vez más de decisiones de soberanía gubernamental”.

5. Mercancías al ralentí sin gobierno comercial

La OMC acaba de pronosticar su descenso. De un dinamismo del 4,6% en 2025 al 1,9% este año y el 2,6% en 2027. También el de servicios se retraerá hasta el 4,8% en 2026 desde posiciones cercanas ya al doble dígito. Por el agotamiento importador, el impacto en diferido de los aranceles y la incertidumbre comercial. Incluso dibuja un panorama aún más adverso --de medio punto a la baja, hasta el 1,4%-- si el caos arancelario o las tensiones geopolíticas se agudizan. Con un diagnóstico nítido: el comercio global resiste, pero readaptándose constantemente a un entorno menos cooperativo y sus cadenas de valor en estado de mutación. Solo el comercio digital amortigua la desaceleración, así como los flujos ligados a la IA. Dinámicas que operan pese al sistema multilateral, no gracias a él.

La propia OMC admite que la ausencia de represalias ha evitado un deterioro mayor, aunque sin un marco normativo plenamente operativo, difícilmente habrá una regeneración adecuada. Su papel de árbitro y garante del comercio justo está sometido a una crisis de identidad debido a la indiferencia de Trump y a la paralización de sus mecanismos de resolución de disputa. En una época en la que sus estatutos resultan insuficientes para abordar distorsiones contemporáneas como los subsidios masivos, las restricciones tecnológicas o la coerción económica.

El desprestigio de la OMC es tan alarmante con la versión Trump 2.0 que Ignacio García Bercero, del Instituto Bruegel, apunta a una estrategia pragmática, la de reforzar el sistema reglado actual sin esperar a un consenso internacional pleno que combina la defensa de este ente multilateral con la firma de acuerdos globales y regionales en áreas como el comercio digital o instrumentos de facilitación de inversiones y mecanismos alternativos de arbitraje. Una especie de equilibrio inestable en el que los aranceles dejarían de ser meras barreras económicas para convertirse en síntomas de una transición más profunda. Mientras se decide si la OMC continuará o no siendo el arquitecto del comercio mundial o si se idea su reemplazo bajo otro orden mundial.

6. La guerra de Irán atenaza la resiliencia activa

Otra pica sobre el desorden comercial. El cierre del Estrecho de Ormuz no solo ha interrumpido el tránsito de hidrocarburos. También ha colapsado nodos logísticos críticos que conectan Asia, Europa y África. El impacto inmediato se concentra en la energía, cuyo encarecimiento se transmite con rapidez a los costes del transporte y de los alimentos e importa inflación; especialmente a los países crudo-dependientes.

Aunque también en este punto, los daños colaterales son mayores. Las disrupciones de crudo se amplifican a lo largo de cadenas de valor, sobre todo, las asiáticas, donde grandes centros de refinado redistribuyen productos energéticos y petroquímicos a escala global. La perturbación inicial se convierte en una cascada que ahoga los insumos industriales, fertilizantes y bienes intermedios, elevan su producción y erosionan el comercio más allá del sector energético.

El presidente estadounidense ha vuelto a montar otro TACO, acrónimo acuñado con sorna en las firmas de inversión de los últimos meses para describir sus secuencias recurrentes de amenazas apocalípticas seguidas de repliegues de postura del líder MAGA. En 2025, utilizó a destajo esta desconcertante dialéctica a cuenta de la implantación de los aranceles recíprocos de EEUU y sus posteriores tiras y aflojas con aliados y rivales geoestratégicos y culminó con un rapapolvo del Supremo americano.

Este año, la arena donde se escenifica la estrategia comunicativa trumpista, a golpe de clic, se sitúa en el mercado del petróleo, ecosistema ideal para trasladar casi sin solución de continuidad las consignas geopolíticas a la especulación bursátil por el amplio abanico de parámetros que se conjuran para fijar el precio del barril. 

TACO responde a la apelación Trump Always Chickens Out (algo así como Trump siempre se acobarda) y, hasta ahora, antes de atestiguarse unos sospechosos movimientos de enriquecimiento rápido con indicios de tráfico de influencia en el círculo próximo a Trump –a propósito de sus amenazas y repliegues sobre un alto el fuego en la guerra ilegal contra Irán que él mismo inició— regía en los círculos inversores la certeza de que “la única posición perdedora es tomarse la retórica trumpista al pie de la letra”. Lectura con claros tintes irónicos.

Sin embargo, el negocio del petróleo es más peliagudo. Suma factores más peligrosos a los mensajes coercitivos con rectificación del mandatario americano que los de una reconfiguración global de los entramados arancelarios que han sepultado el principio de la libre circulación de mercancías y servicios.

El crudo es el fertilizante más propicio para que germinen tomas de decisiones geopolíticas en los mercados de capitales. Es donde campa a sus anchas la idea de que la volatilidad propicia incertidumbre, pero también oportunidades. Así lo constataba Financial Times en la mañana de una de las jornadas clave de la pasada semana, cuando se ejecutaron operaciones en futuros de Brent y WTI –barriles de referencia en Europa y EEUU, respectivamente– por valor de 580 millones de dólares. Apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara avances en las conversaciones con Irán, que el régimen de los ayatolás se apresuró a desmentir.

Pero el relato cumplió su misión. Desencadenó una caída inmediata del petróleo con repuntes de otros activos, lo permitió capturar beneficios rápidos y cuantiosos. ¿Tráfico de influencias? Presumiblemente. Aunque no se hayan identificado a los operadores ni haya todavía pruebas de ilegalidad, el cariz anómalo de estos movimientos concertados un día sin datos relevantes ni catalizadores evidentes alimenta la sospecha de que un selecto club de inversores próximo al circuito personal del presidente opera con ventajas informativas de carácter privado. “Alguien se hizo mucho más rico en horas”, asumían varias voces del mercado.

Al margen de esta seria advertencia de los efectos que puede ocasionar la jerga TACO, esta alerta de súbitos incrementos patrimoniales para unos pocos parece certificar que el precio del crudo ya no responde únicamente a interrupciones del suministro o a cambios en la demanda, sino a la gestión –y anticipación– de información geopolítica de primera mano. Así lo asegura Robert Rennie, responsable de materias primas en Westpac Banking Corporation, para quien el negocio petrolífero “oscila entre escenarios de escalada y de final negociado sin criterios definidos sin inclinarse por ninguno”. En parecidos términos se manifiesta Charu Chanana, de Saxo Markets. En su opinión, “las recientes caídas de precios responden a un recorte de la prima de riesgo, pero no a una normalización real de un mercado que descuenta la paz sin confiar de lleno en ella”.

La consecuencia es una dinámica pendular. El Brent ha pasado de rozar los 120 dólares a situarse por debajo de la psicológica barrera de los triples dígitos en días, sin flujos de oferta y demanda que lo explique ni fundamentos económicos que lo sustenten. Ni siquiera el cierre del estrecho de Ormuz justifica sus fluctuaciones. Entre otras razones, porque la actividad militar continúa. Y cada vez con mayor intensidad. Pese a lo cual, parece bastar con una insinuación de diálogo para borrar miles de millones de dólares en valor.

La dinámica de fuerzas que mueve el petróleo

A esta fragilidad se suma una inquietud creciente sobre el propio funcionamiento del mercado. Las oscilaciones extremas y ciertas operaciones de gran tamaño han reavivado especulaciones sobre posibles intervenciones –directas o indirectas– en los mercados de futuros. Tim Skirrow, de Energy Aspects, admite que algunas transacciones recientes “han sido inusualmente grandes para momentos sin factores económicos claros” y alerta de que el “riesgo de erosionar la confianza inversora se palpa en el ambiente”. Terry Duffy, consejero delegado de CME Group, alerta de que cualquier percepción de intervención gubernamental, por parte de la Casa Blanca o de otro productor, en la formación de precios “podría tener consecuencias sistémicas”.

¿Un colapso energético? En apariencia, los mercados creen en el dogma de fe neoliberal de que nadie juega con ventaja. Pero esta creencia se tambalea cuando la geopolítica se convierte en el motor de los precios y el petróleo, más que una mercancía física, se comporta como un activo narrativo. El efecto TACO no es solo una etiqueta ingeniosa. Es el certificado de que la volatilidad ha dejado de ser una señal de incertidumbre para convertirse en un instrumento de oportunidad forjada por el tráfico de influencias.

Entonces, ¿qué interpretan los inversores? Y, sobre todo, ¿qué factores intervienen en el clima de los negocios petrolíferos?

La guerra de Irán ha disparado su rango de fluctuación, aunque sin generar, por ahora, un shock sostenido de oferta. Los inversores parecen más pendientes de la geopolítica que de los daños reales en infraestructuras energéticas. Así como de la narrativa TACO. Pero al mismo tiempo, el conflicto ha propiciado sinergias cruzadas con otros activos. Entre otras, en el orden monetario. Los bancos centrales han optado por la cautela ante el repunte energético, manteniendo tipos mientras evalúan el impacto inflacionario. También en terreno cambiario. El dólar ha cobrado nuevos bríos, parece haber superado la aversión al riesgo que se había instalado en el mercado al calor del encarecimiento del crudo y vuelve a coquetear con su estatus de valor refugio en tiempos en que los tipos de interés han entrado en territorio restrictivo por el peligro a una estanflación en Europa y, posiblemente, en EEUU.

En consecuencia, el oro negro y el gas vuelven a actuar como catalizadores de expectativas financieras. Como si la Vieja Economía fósil nunca hubiera dejado su histórico dominio de los ciclos de negocios. Pese a los avances hacia la sostenibilidad y el tránsito energético de fuentes renovables en la era post Covid. O la resistencia de los mercados emergentes a las embestidas bursátiles exteriores. Desde estas latitudes se emiten rendimientos de valor moderadamente alcistas. Señal digna de mención especial, dadas las tiranteces en el crédito privado que atenaza a entidades bancarias americanas y al influjo de la burbuja especulativa ligada a los valores IA.

Por si fuera poco, el negocio petrolífero continúa operando con numerosas teclas geopolíticas y especulativas que tocar. Se define como un sistema híbrido donde convergen la realidad física y la anticipación financiera. En su base está el mercado spot, que determina precios para entrega inmediata de crudo, al reflejar las condiciones diarias de oferta y demanda. Pero sobre este, se superpone el de futuros, donde miles de contratos mercantiles estandarizados —normalmente, de 1.000 barriles— permiten a empresas e inversores cubrir riesgos o especular a precios futuros.

A menudo, sin intención de recibir barriles físicos, ya que la gran parte de ellos se liquidan en efectivo antes del vencimiento.

En paralelo, sus referencias globales —el Brent (Europa) o el WTI (EEUU)— actúan como anclas, pese a que en sus precios finales se incorporan expectativas, tensiones geopolíticas y decisiones de cárteles productores (especialmente la OPEP+), que ajustan la producción para influir en el crudo que sale al mercado. A menudo, con incumplimiento de sus cuotas acordadas.

A este entramado se añade otra losa. Los brokers intermedian entre productores y compradores sin poseer el crudo facilitando transacciones, aportando información y, en teoría, asegurando el cumplimiento normativo. A cambio de comisiones. Para más inri, estos flujos físicos pueden adaptarse casi en tiempo real. Es cuando los petroleros cambian de destino en alta mar en busca de mejores precios a través de arbitrajes, desvíos por primas de riesgo en pasarelas neurálgicas para el tráfico marítimo como Ormuz o Suez o por decisiones forzadas por el encarecimiento de los seguros en zonas de conflicto. La congestión portuaria o las sanciones también alteran rutas y tiempos.

Una bifurcación de estrategias energéticas

La intención velada de Trump con su TACO petrolífero la esbozó el primer ministro canadiense Mark Carney en la cita de Davos de este año, cuando advirtió que el orden internacional liberal había terminado. Pero Nils Gilman, director del Instituto Berggruen, think tank con sede en Los Ángeles, cree que el diagnóstico de Carney se queda corto. “Lo que realmente está en juego son los modelos energéticos”, dice en Foreign Policy. Trump reconfigura alianzas para llevar el final de la civilización fósil ante una transición conflictiva. El futuro orden mundial no se decidirá en instituciones multilaterales, sino por el control de energía, los minerales y la tecnología, dando lugar a una “Guerra Fría ecológica” entre petroestados, con sangre fósil en vena para hacer funcionar sus arterias productivas y electroestados, que se decantan por inyectar más fuentes renovables en sus mix energéticos.

EEUU apuesta por mantenerse en el primer grupo, China por saltar al segundo. Mientras Europa, que acaba de realizar un alegato a favor de una agenda verde defenestrada por la ultraderecha que lanza sus tentáculos nacional-populistas hacia las jefaturas de gobierno por toda la UE, sigue sin perfilar su hoja de ruta. Pese a que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, acaba de volver a situar la transición energética en el centro de la estrategia comunitaria tras definirla como “nuestra principal tarea” y vincularla de forma explícita “a la seguridad energética y a los avances en la carrera por la competitividad internacional”. Junto a la integración de mercados de capital. Los dos grandes retos marcados por los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta.

En este marco, Gilman describe a EEUU como líder de un eje de petroestados que busca alargar la hegemonía fósil —la Vieja Economía que se resiste a manejar los hilos de los ciclos de negocio que describió Jeff Curry, ex estratega jefe de materias primas durante la escalada energética que surgió el otoño previo a la invasión rusa de Ucrania—, mientras China encabeza un bloque de naciones que creen en una electroindustria basada en renovables, baterías y cadenas minerales. Europa aparece como una hipotética tercera vía. Una potencia regulatoria que intenta equilibrar descarbonización, seguridad energética y gobernanza, pero cuya influencia global dependerá de su capacidad para traducir normas en músculo industrial y en control de recursos en un entorno crecientemente competitivo.

Estos virajes geoestratégicos se producen en medio de una fractura energética global provocada por la guerra de Irán e ilustrada en el control del estrecho de Ormuz, que revela la ambigüedad entre Washington y Teherán. Ambas capitales negocian, se supone, un alto el fuego. Aunque sin garantías visibles de éxito y bajo unos cauces de diálogo, con mediación pakistaní, que se alejan de la diplomacia clásica y en los que cada movimiento militar o retórico impacta de inmediato en la oferta y en la psicología de un mercado energético convertido en el verdadero campo de batalla global. Pero que también deja secuelas domésticas. Porque la credibilidad de Trump se mide también en las gasolineras del país y en un cada vez más complejo equilibrio entre presión militar, estabilidad de precios y coste político con elecciones Midterm en otoño y una Fed en la que ha retornado la visión de los halcones inflacionistas.

Puede que esta vez su dialéctica TACO deje de ser efectiva y su retórica coercitiva de efectos correctores retardados ejerza un efecto bumerán dentro y fuera de las fronteras americanas. 

Las guerras modernas no se libran tan solo con misiles o incursiones aéreas. También se disputan en el orden económico y en los mercados de capitales. El conflicto armado desatado por EEUU e Israel contra Irán ha desempolvado uno de los secretos a voces mejor guardado por los centros de análisis del negocio energético: las primas de riesgo asociadas al barril de petróleo. Capaces de aparecer o de brillar por su ausencia en función de si el mercurio del termómetro geopolítico global se dispara o, por el contrario, se hunde hacia el fondo. Es el precio a pagar por garantizarse el abastecimiento de los combustibles fósiles; en especial, el oro negro, aunque también el gas.

El Estrecho de Ormuz se ha convertido en el barómetro de estos acontecimientos. Hasta el punto de determinar el calibre de este doble impuesto revolucionario que grava en principio la energía, pero que también lanza sus tentáculos hacia el tránsito marítimo. Es decir, no solo a petroleros o metaneros, sino también a los buques mercantes que atraviesan por una de las zonas de mayor tráfico naval, bajo la amenaza de dejar de ofrecer garantías para alcanzar sus puertos de destino. Todo este collage amenaza con romper contratos mercantiles y encarecer cargos.

Son mecanismos suficientemente conocidos en el funcionamiento de los mercados energéticos. Sin embargo, las primas de riesgo asociadas al crudo siempre han sido un tributo invisible en un orden económico mundial que ha vuelto a dominar, desde la Gran Pandemia, la vieja economía, la de los combustibles fósiles, según preconizó Jeff Curry, entonces estratega jefe de Goldman Sachs. Con objeto de restablecer su influencia en los ciclos de negocios ante la pérdida de sus cuotas de mercado por la irrupción de las fuentes renovables y la avalancha de inversiones ESG que empezaba a emerger en las carteras de capital. 

Este diezmo petrolífero, que no exige pasar por aduana alguna, irrumpe cada vez que el mercado percibe riesgos reales de interrupción en el suministro. A modo de sabotajes a infraestructuras, tensiones geopolíticas o, como ocurre ahora, por el cierre casi hermético de un corredor naval de especial valor estratégico como el Estrecho de Ormuz, chokepoint que separa Irán de Omán y conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. De apenas 21 millas náuticas de anchura es un punto neurálgico por el que circulan a diario entre 18 y 20 millones de barriles de crudo, la quinta parte del consumo global. Toda perturbación por ese paso crea volatilidad energética inmediata.

Desde el inicio de la guerra, el Brent –de referencia en Europa– oscila en torno a la barrera de los 100 dólares por barril. Las jornadas que se asienta por debajo, los expertos del sector lo achacan a entregas de cargas de petroleros parias –la mayoría rusos, bajo bandera de conveniencia– que vagan por los mares en busca del mejor postor para colocar barriles siberianos sometidos a los topes de 60 dólares impuestos por el G7. Aunque ahora, estos límites acaban de ser liberados por EEUU. A instancias de la Administración Trump, que teme desabastecimientos y escaladas del barril que impulsen la inflación e impidan bajar tipos como exige desde hace un año a la Fed. A media semana, con la intensificación de los ataques, el crudo tocó los 119 dólares.

El nerviosismo se instala en la Casa Blanca

De hecho, el líder MAGA, acaba de aprobar una exención temporal de 60 días de la Ley Jones, la normativa marítima vigente en EEUU desde 1920 y que obliga a que el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses se realice en barcos construidos y registrados con pasaporte de EEUU. La medida permitirá a buques con bandera extranjera transportar petróleo, gas y otros productos energéticos dentro del país. Con la finalidad de reducir costes de transporte y frenar la subida de los combustibles, que ya empieza a retroalimentar un IPC que, por otro lado, nunca ha estado a raya, por debajo del 2%. Según fuentes oficiosas americanas, el cierre de Ormuz ha blanqueado –permitido actos de piratería petrolera–alrededor de 15 millones de barriles diarios y acrecentado las tensiones energéticas globales.

No por casualidad, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha calificado la disrupción actual como la mayor en la historia del oro negro. El galón de gasolina en EEUU ha remontado un 22% desde el inicio de las hostilidades en Irán, hasta superar los 3,70 dólares. El gran temor de Trump es que estos precios colapsen la actividad industrial y retraigan el consumo. Bancos de inversión como JP Morgan no descartan que el barril se eleve a los alteres de los 200 dólares si Ormuz perpetúa su cierre.

Que el shock energético empieza a tomar forma y que su evolución no gusta precisamente a la Casa Blanca se revela en un informe del Consejo Nacional de Comercio que dirige Peter Navarro, uno de los más fieles delfines trumpistas, donde se sostiene que el riesgo vinculado a la guerra en la región ha añadido históricamente entre 5 y 15 dólares por barril a su precio comercial. En sus cálculos, el conflicto contra Irán ha llevado el crudo a una primera escala de subidas del 21%, cota que coincide el consenso del mercado sobre el montante del impuesto revolucionario que se ha exigido esta semana.

JP Morgan lo cifra ente el 15% y el 20%. Sin resquicios para el optimismo. Porque lo estipula así pese a que productores como Arabia Saudí logren desviar sus flujos por su oleoducto East-West y embarcarlo a través del Mar Rojo, aduciendo que esta canalización solo puede transportar un caudal de entre 3 y 4 millones de barriles diarios, muy por debajo de los cargos de la ruta Ormuz. Por si fuera poco Teherán ha declarado objetivo militar a los centros logísticos y de servicios que apoyan al portaaviones estadounidense Gerald R. Ford, que transita por el Mar Rojo. Entre otros, el oleoducto saudí. Pero incluso sin ataques iraníes, este enclave marítimo, avisa David Oxley, economista en Capital Economics, “no era precisamente un bastión de estabilidad geopolítica” sin la presencia de la armada americana.

Según estimaciones de JPMorgan, incluso con estos desvíos por oleoducto, persistiría una prima de riesgo de entre el 15% y el 20%. Ormuz es más trascendental que el Mar Rojo. Las previsiones de este banco de inversión son de un calibre bastante más pronunciado que el impuesto que se exigió los años que precedieron y sucedieron al colapso crediticio de 2008, estipulado en el 12%.

Eso sí, con un barril que marcó su cota histórica, en los 147,50 dólares, en julio de ese año, justo tres meses antes de la quiebra de Lehman Brothers. Justificado, entonces, por la amenaza de los ataques yihadistas a instalaciones pérsicas. Y, por supuesto, por encima de la cuota, algo menor, por casus belli, que fue añadida durante la invasión de Kuwait en 1990 o de Irak en 2003, en las que el petróleo tocó techos que se moderaron una vez las cadenas de suministro superaron sus disrupciones.

Primas extraordinarias por travesías marítimas

Pero el conflicto armado actual presenta otra factura de riesgo adicional, la del transporte naval. La prima marítima es el seguro –en este caso, de nuevo, por amenaza bélica– que los buques se deciden a pagar como cobertura de sus hojas de ruta. La aseguradora Lloyd’s of London calcula que este war risk insurance ha pasado de significar aproximadamente el 0,25% del valor de cada barco mercante al 1,5%. Por travesía. En términos financieros, este salto es enorme. Porque para un superpetrolero valorado en 100 millones de dólares, el seguro ha pasado de un coste de unos 250.000 dólares –montante previo a la guerra– a alrededor de 1,5 millones por viaje. Y en ciertos desplazamientos de especial peligro, los brokers marítimos estiman aumentos del 1000%.

El Golfo Pérsico ha reconfigurado su calificación en los cuadros de mando de las aseguradoras. Ahora, se la declara zona de guerra marítima, lo que implica renegociar pólizas con frecuencia –en ocasiones, cada semana– por el incremento del riesgo financiero de armadores y compañías de seguros. Por supuesto, este encarecimiento se traslada inmediatamente al precio del crudo y, por ende, a los ingresos de los hogares y a las cuentas de resultados de las empresas.

A ello se suma el pánico a los fletes. Las tarifas diarias de los superpetroleros VLCC, capaces de transportar 2 millones de barriles, han alcanzado casi 800.000 dólares al día, aproximadamente cuatro veces más que antes del conflicto. Y en algunos cargamentos por el Golfo, su transporte puede añadir una penalización de más de 20 dólares por barril, un coste equivalente a una cuarta parte del precio del crudo. El 20% de sus 100 dólares actuales. “Son niveles de terror”, empiezan a admitir analistas del sector, porque la tarifa del seguro “no es el único problema”, sino que se une la “disponibilidad, cada vez menor, de barcos dispuestos a cruzar estas latitudes”.

Las citas surgen de un informe de S&P Global Commodity Insights que resumen con crudeza el panorama: “conseguir una cobertura es una cosa; atravesar el Estrecho de Ormuz es otra muy distinta”. Numerosos capitanes y armadores han decidido simplemente evitar el área por motivo de seguridad de la tripulación. El daño colateral ha sido fulminante. El estrangulamiento logístico ha llevado a que el tránsito marítimo haya caído drásticamente. Solo 47 buques lo realizaron en las dos primeras semanas de conflicto.

Reducción del tráfico naval, retención de buques y, por supuesto, interrupciones más o menos parciales de exportaciones energéticas. Impulsadas, además, por unas intervenciones armadas que han puesto en el punto de mira iraní instalaciones petrolíferas y de gas en territorio de los emiratos y Arabia Saudí y, en el caso de los ejércitos americano e israelí, contra la isla de Jark, estratégica para el negocio de crudo de Teherán, o contra el yacimiento de gas más importante del mundo, de copropiedad irano-catarí.

Las autoridades monetarias, en alerta

Pero hay, además, más efectos secundarios. La decena de bancos centrales que se han reunido esta semana han aplicado una política de prudencia. Solo el australiano ha encarecido el precio del dinero. El resto, han optado por esperar hasta ver el grado de importación inflacionista que recala en sus economías a través del barril de crudo y de los nuevos cheques del gas, que se ha instalado por encima de los 50 dólares y ha llegado a superar los 70.

Para más inri, desde Goldman Sachs se advierte de que una prolongación sine die del conflicto o superior a un mes- podría dar lugar a una escalada energética de calado de los combustibles refinados –diésel, queroseno o diésel– porque “dependen de crudos pesados del Golfo difíciles de sustituir”. En algunas regiones asiáticas, sus precios ya se han duplicado. No por casualidad, más del 80% del petróleo que atraviesa Ormuz se dirige a China, India, Japón y Corea del Sur. A lo que hay que unir que el enclave del Pérsico es una arteria también esencial del comercio de fertilizantes, productos petroquímicos o helio industrial.

En todos estos destinos, la doble prima –energética y marítima– se traduce en inflación galopante y presión sobre las balanzas comerciales. Pero también genera nuevas encrucijadas monetarias a sus bancos centrales. En general, el fantasma de la estanflación –estancamiento económico y precios disparados– es el escenario que los bancos emisores nunca desean abordar.

El conflicto iraní ha llegado a instalar en el mercado la idea de una transformación internacional del negocio asegurador. Así lo cree Andrew Westlake, socio del despacho Kennedys. A su juicio, la guerra abre la puerta a una ola potencial de reclamaciones por violencia geopolítica, daños a infraestructuras y pérdidas comerciales en el Golfo. A raíz de reclamaciones multimillonarias por pólizas de daños a activos privados. “Y abrir un frente legal entre armadores y fletadores”, si los buques quedan atrapados meses al activarse las cláusulas por caída de ingresos y detención del buque. O incluso por pérdida total si la retención supera los plazos previstos en las pólizas.