El mercado del petróleo vuelve a instalarse en una arriesgada montaña rusa de emociones. Hace tres meses que está sometido a estos movimientos oscilatorios. Justo desde el inicio de la guerra en Irán. Hasta entonces, vivía una inusitada calma, dominada por un exceso de producción y una tendencia a cotizar en niveles próximos a los 60 dólares, calificados de moderados. Sin embargo, el conflicto armado en Oriente Próximo ha llevado al oro negro a soportar escenas de volatilidad máxima y a las autoridades económicas, monetarias y a los inversores de todo el mundo a tener que atravesar por una pesadilla tan recurrente como persistente.

Cada relato de Donald Trump, cada ataque selectivo en el Pérsico y cada amenaza de nuevos y más herméticos cercos del Estrecho de Ormuz desencadenan escaladas violentas del barril. Por contra, las narrativas sobre distensión diplomática, emitidas sin orden ni concierto desde la Casa Blanca en su desesperado intento de recabar algún guiño de Teherán para anunciar una tregua sostenible, empujan su valor por debajo de los triples dígitos de manera fulgurante. El último intento, un supuesto acuerdo para prorrogar otros 60 días la tregua, fue cortado de raíz por Irán: el memorándum existe, pero no está finalizado.

El negocio energético se mantiene, pues, sin rumbo y oscilante. Los altos el fuego fallidos como los tres emitidos por la Administración Trump esta semana sin ordenar siquiera interrumpir sus incursiones aéreas sobre Irán elevaron los barriles de Brent, de referencia en Europa, y WTI, en EEUU, por encima de los 100 dólares. Por el otro, mensajes como el de Teherán, con respaldo de China, que llevaba aparejado el reconocimiento de que la normalización de Ormuz requeriría un largo mes. Desenredar el nudo gordiano de este enclave neurálgico para el flujo del crudo y del gas pérsicos no será fácil, alertaba Teherán. Por unas horas, estos relatos desinflaron la cotización del oro negro hasta los 80 dólares.

Detrás de este combate dialéctico por controlar el relato de la guerra aparecen los halcones de ambos bandos, que desean romper cualquier cauce de paz.

Del lado americano, el “acuerdo inminente” que sugirió Trump con el argumento de facilitar a Irán su salida de la asfixia financiera por un bloqueo naval que ha paralizado también sus ventas de crudo, dio paso a un intento del ala republicana y los lobbies armamentísticos de intensificar, como Israel en Líbano y Gaza, la maquinaria bélica. En Irán, la facción ultraortodoxa Paydari ha criticado sin paliativos al presidente del Parlamento, Mohamed Bagher Ghalibaf, uno de sus mayores rivales internos, por sus supuestas concesiones hacia el programa nuclear, sobre el que ha impuesto sus líneas rojas. Acusan a Ghalibaf de ir “mucho más allá” en el diálogo con EEUU que el mandato que le ha otorgado el líder supremo, Mojtaba Jamenei. Entretanto, Washington ponía precio de recompensa a quienes aportaran datos que ayudara a descabezar la cúpula de la Guardia Revolucionaria iraní.

Una analista americana con pasado como alta funcionaria, Mona Yacoubian, lo expresa de forma elocuente. A su juicio, estas maniobras obedecen al incremento de la presión social por alcanzar un pacto que reduzca la inflación e impulse el consumo, pero “choca” con la obsesión de Trump de “lograrlo sin que parezca que Irán sale victorioso”. Y eso —dice esta investigadora del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, según sus siglas en inglés)— “va a ser extraordinariamente difícil”.

Esta encrucijada explica las oscilaciones del barril, que se han interpretado como un vestigio de que los países productores están dispuestos a invadir otra vez el mercado de crudo y quitarse el opresor corsé de la OPEP+ cuando se libere Ormuz. El cártel por antonomasia está cada vez más debilitado por la irrupción de más petro-estados —en especial, desde latitudes latinoamericanas— y la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU).  

Inflación, tipos altos y deuda cara

Los mercados han lanzado una verdad incómoda. La prolongación del conflicto, que ha devuelto el barril a los 90 dólares, no solo exporta inflación, vía energía, fertilizantes y alimentos, sino que ha distorsionado el mercado de bonos, donde se empieza a cuestionar la sostenibilidad fiscal de EEUU. Pese a la sorprendente capacidad de resiliencia de su consumo y su capacidad de empleo, los rendimientos de la deuda a 30 años del Tesoro suben con virulencia, señal de que la confianza a largo plazo en la primera economía internacional pierde fuelle porque el inversor empieza a descontar una coyuntura más inflacionaria, endeudada y estructuralmente más cara. Con tipos al alza que encarecen las obligaciones de pagos de la versión Trump 2.0.

Para Mohamed El-Erian, presidente del Queens’ College de Cambridge y ex CEO de Pimco, este estado de tensión permanente en Oriente Medio demanda una prima de paciencia geopolítica y garantías fiables de que no se va a disparar más el coste de vida. Son, a su juicio, dos factores que el líder republicano no puede prometer. Ni siguiera parando la guerra. Aunque lo intentará debido a las exigencias del Grand Old Party (GOP) por atender con ciertas opciones las elecciones de medio mandato de noviembre.

El gran reto para Trump —aduce El-Eiran, director en el pasado del FMI— es eludir una “segunda ola inflacionaria” provocada por una energía que eleva de forma persistente sus costes y que engordará los tres déficits —fiscal, comercial y corriente— de EEUU.

El petróleo tiene la llave, pero no abre todas las puertas. La intensificación de los ataques contra Irán catapulta el riesgo geopolítico justo cuando las reservas de gasolina americanas descienden con fuerza. Daniel Hynes, del banco australiano ANZ advierte que el mercado detecta un déficit de oferta de crudo este verano que traería más inflación y volatilidad y atraparía a los bancos centrales en su jeroglífico energético.

Es por ello por lo que las autoridades monetarias del G-7 observan este panorama con inquietud. Aún no saben si sus estrategias de wait and see inclinarán sus balanzas hacia un mantenimiento de tipos, a bajarlos para espolear sus economías o elevarlos para frenar sus IPC en sus citas de junio. Con todos sus índices por encima del 2% que marcan sus estatutos como tope para frenar los costes de sus cestas de la compra.

La pausa de las autoridades monetarias ha seguido parámetros de prudencia. A la espera de si la tregua en Ormuz y el mes de normalización que admite Teherán logran calmar las vibraciones en los precios del crudo y se cumple la teoría favorita —y excesivamente optimista— del mercado de un ajuste ordenado de la oferta y la demanda bajo un horizonte de alto el fuego acordado. Aunque la unanimidad brilla por su ausencia en esta predicción. Esencialmente, porque la mano invisible que se supone que rige en el orden capitalista-liberal ha dejado de ser el único as en la manga. Los vaivenes geopolíticos reclaman diagnósticos certeros sobre riesgo militar y cálculos diplomáticos para tomar decisiones bursátiles. Y eso, de momento, parece una entelequia.  

Presión sobre los bancos centrales

Al fin y al cabo, el tránsito marítimo por Ormuz nunca se ha detenido completamente, con Irán concediendo permisos soterrados a petroleros y metaneros y EEUU ejerciendo un cerco naval unilateral, por un lado. Y, por otro, con el régimen de los ayatolás ante la necesidad de continuar suministrando a sus clientes su oro negro, la práctica totalidad de Asia con la urgencia de adquirir crudo del Golfo y EEUU tratando de frenar una inflación que destroza la apuesta del dirigente MAGA de precipitar bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. En un momento en el que asume las riendas de la institución Kevin Warsh, designado a dedo por el propio Trump con la misión de abaratar el dinero a la menor oportunidad.

Incluso con una inflación persistente y ascendente como la actual. El IPC americano se situó en el 3,8% en abril, a solo a 2 décimas de la cota que el mercado establece para que se desencadene una especie de tormenta casi perfecta de precios desbocados, dinero propenso a encarecerse y bonos con rendimiento descontrolado o superiores al 5%. Con costes de vida sin control. El shock energético ya golpea directamente a los salarios reales en las economías de rentas altas.

Así en EEUU evolucionan 2 décimas por debajo del punto de inflación considerado crítico por los mercados y ya deteriora el poder adquisitivo de sus hogares. Para Diane Swonk, economista jefe de KPMG en Nueva York, dice que “la guerra está alterando las cadenas de suministro y seguirá empujando los precios del crudo al alza incluso si Ormuz reabre sus rutas”. Igual que en Reino Unido, donde James Smith, del think tank Resolution Foundation, resalta que afronta el cuarto episodio de caída de nóminas desde 2008 con debilidad de empleo. O en la eurozona, a la que Claus Vistesen, de Pantheon Macroeconomics augura una subida salarial cercana a cero en 2026 y “profundamente negativa” en Francia, con la economía alemana resistiendo por el alivio fiscal a combustibles y la española amortiguando el golpe con ayudas públicas y protección salarial.

El temor político en el G-7 es que el encarecimiento energético frene el consumo, el empleo y el dinamismo de sus PIB y que sus bancos centrales ataquen la inflación en vez de estimular sus patrones productivos y mercados laborales. La premier japonesa, Sanae Takaichi, se ha sumado a las críticas trumpistas por el alza de tipos del BoJ. Mientras en Europa, el repunte de los gastos militares y la fragilidad fiscal han elevado el peligro de colisión entre gobiernos y el BCE. Luis de Guindos, lanzó un cóctel molotov cargado de realpolitik al dejar su cargo como vicepresidente: la combinación de conflicto armado, inflación energética y tumbos arancelarios impulsados por Trump incrementa la amenaza de crisis financiera global, que “será de más envergadura cuanto más se prorrogue la guerra”.

En línea con los negros augurios del mercado. JP Morgan enfatiza que el shock actual carece de precedentes comparables en la historia moderna del crudo y Goldman Sachs alerta de que las reservas globales de petróleo y derivados retroceden al ritmo récord de 8,7 millones de barriles diarios con el suministro severamente restringido.

Gambito de Dama. Mythos, modelo algorítmico de ciberseguridad diseñado, generado y puesto en el mercado por Anthropic, parece haber emprendido su andadura como innovador escudo protector de e-crimes con la clásica y agresiva apertura de una partida de ajedrez que, en este caso, promete zarandear el orden tecnológico, económico y financiero global. La propia historia de su firma propietaria, Anthropic, que ha pasado en apenas un lustro de estar catalogada como una start-up californiana de relativo prestigio por haber sido armada, en 2021 por varios antiguos fundadores de OpenAI, a una compañía que coquetea con contabilizar su primer billón de dólares de capitalización bursátil, es un botón de muestra del fulgurante ritmo que ha cobrado la carrera competitiva por asumir el cetro de la tecnología IA.

Sin embargo, de vez en cuando, los ciclos de innovación capaces de proclamar el inicio de revoluciones industriales a gran escala como el actual, ponen una cierta pausa a los intentos desaforados del sector privado por estar en la cúspide financiera. Por mucho que históricamente hayan incitado a cambios del orden mundial imperante, teoría que suscriben no pocos analistas, entre otros, George Friedman, presidente de Geopolitical Futures.

Porque la irrupción de Mythos ha propiciado una reacción en cadena e inusual entre reguladores financieros, bancos centrales y expertos en ciberseguridad. La herramienta de Anthropic ha sido diseñada para detectar vulnerabilidades críticas en sistemas informáticos.

La señal de alarma aumentó después de que Anthropic asegurara hace un mes que Mythos había identificado miles de brechas graves en sistemas operativos y navegadores usados globalmente por el sector privado. El impacto de este mensaje potencial ha movilizado en las últimas semanas al Financial Stability Board (FSB) que preside el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE) Andrew Bailey, que solicitó reuniones técnicas con la compañía para evaluar los riesgos que la IA podría representar para la estabilidad financiera internacional.

En EEUU, la inquietud alcanzó a sus organismos supervisores federales. La Casa Blanca comenzó a estudiar posibles controles sobre modelos avanzados de IA tras realizar numerosas pruebas de seguridad, mientras el Tesoro y la Reserva Federal impulsaban de urgencia medidas para reforzar infraestructuras críticas frente a hipotéticos ciberataques impulsados por la IA. Paralelamente, organismos de regulación financiera y supervisión bancaria mantuvieron reuniones de urgencia con la gran banca para evaluar la exposición de sus sistemas a vulnerabilidades detectadas por Mythos.

Quizás sea una reacción alarmista. Pero el debate entre ciberseguridad e innovación está servido.  En el sector tecnológico y, dentro del mismo, en la comunidad de ciberseguridad han aparecido voces que rebajan los decibelios. Como la de Anthony Grieco, responsable global de seguridad de Cisco, que reconoce que Mythos supone un avance notable porque localiza vulnerabilidades con suma rapidez y reducir los falsos ciberataques, pero subraya que aprovechar plenamente su potencial requiere una enorme infraestructura computacional y personal altamente cualificado. “Si tienes un Fórmula 1 pero solo has conducido una bicicleta, quizá logres avanzar en línea recta, pero no sacarás todo el rendimiento”, resumió.

También la ex responsable de ciberseguridad del FBI Cynthia Kaiser, actual directiva de Halcyon, redunda en que las amenazas más sofisticadas dependen sobre todo de capacidades humanas y no solo de la IA. “Nuestros adversarios ya eran extremadamente buenos antes de la IA” cuando muchos ataques ransomware “lograban comprometer sistemas en menos de una hora”.

La dimensión geopolítica también entra en esta dialéctica. Chris McGuire, analista del Council on Foreign Relations (CFR) y exasesor del Consejo de Seguridad Nacional americano, considera que herramientas como Mythos se han convertido, casi de repente, en “las armas cibernéticas más poderosas jamás construidas” y defiende endurecer las restricciones tecnológicas contra China para preservar la ventaja estratégica de Washington en IA. El problema es que esta dicotomía se produce en plena carrera competitiva entre ambas superpotencias y con los valores de empresas que cotizan en Wall Street apostando por ingentes inversiones futuras en computación cuántica.

La posibilidad de que una IA extremadamente avanzada descubra y ejecute vulnerabilidades, de forma simultánea y combinada, en una multiplicidad de empresas, de instituciones y entidades bancarias que resultan estratégicas para el normal funcionamiento del comercio o de los centros bursátiles es un peligro a ojos de instituciones como el FMI. En un comunicado oficial y severo en su contenido, advierte que los nuevos modelos de IA pueden provocar “fallos sincronizados” capaces de desencadenar perturbaciones sistémicas en la arquitectura financiera internacional.

Acumulación de endeudamiento tecnológico

Este estado de incertidumbre, más o menos realista, describe una gran paradoja, porque aparece justo cuando las bigtechs de Silicon Valley atraviesan la oleada inversora de mayor intensidad de su historia reciente. Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta destinarán este año unos 725.000 millones de dólares a proyectos vinculados a la IA y sus infraestructuras asociadas, según cálculos publicados por Financial Times. Tras un primer trimestre con resultados bursátiles brillantes en casi la totalidad de las tecnológicas. Sin embargo —alerta el diario británico—, sus volúmenes de gasto están erosionando los flujos de caja de unas compañías acostumbradas a viajar ligeras de equipaje en cuanto a capital. En medio de otra amenaza latente, la del excesivo endeudamiento soberano; sobre todo, para las potencias de rentas altas, y muy en concreto, EEUU.

La magnitud de la inversión refleja hasta qué punto la IA se ha convertido en una cuestión cuasi religiosa para las plataformas de los gigantes tecnológicos. Hasta el punto de haber adquirido en los últimos tiempos el estatus de activo estratégico por su capacidad computacional para la fabricación de chips de alta gama, centros de datos o de redes cloud sobredimensionadas y cada vez más demandantes de energía. 

Anthropic quiere liderar precisamente esa carrera. La multinacional fundada y dirigida por Dario Amodei negocia una cartera de préstamos próxima a los 50.000 millones de dólares que podría elevar su valoración hasta casi un billón, por encima incluso de OpenAI. Sus ingresos anualizados rondan los 45.000 millones, impulsados por herramientas como Claude Code y, sobre todo, por la expectativa generada alrededor de Mythos.

Pero el ascenso de Anthropic deja en evidencia otra transformación de calado. Casi un paradigma empresarial nuevo, que tiene que ver con el desplazamiento de los avances tecnológicos desde los bancos hacia las compañías que controlan la infraestructura de IA y que genera una incógnita sin resolver: la de que las entidades financieras han pasado de depender únicamente de sus entes reguladores y bancos centrales a la hora de proteger su estabilidad operativa y negocios, a hacerlo de empresas con habilidad para detectar vulnerabilidades de manera preventiva.

Es la nueva asimetría del mercado. Socios estratégicos de Anthropic como JPMorgan, Amazon o Microsoft reciben acceso temprano a los hallazgos de Mythos y a los parches derivados de esos descubrimientos. Mientras numerosas entidades europeas o emergentes permanecen fuera de ese perímetro de protección. Todo ello, ha configurado un ecosistema defensivo desigual, donde algunas instituciones conocen antes que otras dónde están las grietas del sistema.

Activos tóxicos, ‘momento Oppenheimer’

La historia económica demuestra que las grandes crisis rara vez emergen del activo más visible. Surgen donde la complejidad supera a las habilidades e instrumentos de supervisión. En 2008, el colapso crediticio emergió por derivados hipotecarios e interconexiones aparentemente nada visibles en los balances bancarios. Los denominados activos tóxicos. Swaps y productos de gran riesgo por su sofisticación. En 2026, el detonador podría ser la concentración tecnológica.

El FMI asume que las defensas cibernéticas serán superadas. Es decir, que la cuestión no reside tanto en impedir el próximo ataque, sino en evitar que esta patología digital derive en epidemia financiera, lo que obligaría a redefinir conceptos clásicos de estabilidad bancaria, desde el capital hasta la liquidez o los estándares de solvencia. La era Mythos apunta a que quien controle la IA y su infraestructura crítica dominará el orden financiero.

Atravesamos el “momento Oppenheimer” de la IA. De esta manera tan elocuente compara este cambio de rumbo Rafe Pilling, director de inteligencia de Sophos, que ha definido en FT a Mythos como “el descubrimiento del fuego” por ser una tecnología “capaz de perfeccionar radicalmente la vida digital o provocar daños masivos si se gestiona mal”. Pero Pilling lleva su analogía a una etapa más cercana. El instante Oppenheimer —creador de la bomba atómica de EEUU— ilustra el súbito pasaje en el que una innovación científica deja de ser un avance técnico para convertirse en un conflicto geopolítico estratégico. Pilling lo define como dual use technology o doble uso de la tecnología que impulsa la innovación tanto como los riesgos sistémicos.

Habrá, en consecuencia, más ciberterrorismo, atentados más rápidos y a precios más reducidos. Pero también un auge de deepfakes —material falso de gran calidad—, de fragilidades en torno al teletrabajo, actos contra cadenas de suministro e intrusiones automatizadas en las estructuras empresariales, de hospitales o redes eléctricas. Jadee Hanson, directora de seguridad de Vanta, anticipa que las firmas que no secundan el ritmo de la IA “estarán, sencillamente, expuestas” a ciberataques.

¿Ciclón de los negocios o exuberancia irracional?

El fulgurante ciclo de negocios de la IA —S&P apunta a un beneficio cercano al 44% interanual del sector tecnológico en Wall Street—, que mantiene la resiliencia del PIB estadounidense y que se ha convertido en el principal vector del dinamismo corporativo, coquetea, sin embargo, con esa exuberancia irracional de los mercados de la que alertó en su día el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Antes y durante la inestabilidad bursátil de las punto-com en 2000 y del colapso crediticio de 2008.

El segmento del software también ha emitido una doble señal de alerta. Frente a la opulencia de la IA en los mercados y frente a la profusión de un crédito privado de dudosa fiabilidad. Quizás el relato de Tony Yoseloff, CIO de Davidson Kempner Capital Management, sea premonitorio. En su opinión, la IA amenaza modelos de negocios al mismo ritmo que empeora la deuda. “Mi gran preocupación es su potencialidad para recuperar activos y regenerar obligaciones de pagos, muy en especial, en la industria del software”, el gran destino del capital privado en EEUU.  

Bajo esta climatología adversa, Europa ha trasladado su intención de acceder a Mythos como la herramienta con la que blindar su sistema financiero frente a la IA ofensiva. Ante el temor a que las empresas estadounidenses asuman con antelación sus capacidades defensivas y ofensivas. El comisario de asuntos económicos, Valdis Dombrovskis, y el Eurogrupo insisten en que la UE debe integrar la gobernanza algorítmica en su regulación financiera en términos de seguridad nacional y soberanía digital. Es como si Mythos hubiera dado el pistoletazo de salida para incorporar estas novedades legislativas al acervo comunitario.

Sin embargo, analistas como Rowan Wilkinson, de Chatham House, atisban dificultades legales. La coordinación internacional en torno a la IA “está políticamente bloqueada y probablemente solo avanzará tras una crisis grave”. A su juicio, la rivalidad geopolítica entre EEUU y China y los poderes desproporcionados de las bigtechs hacen inviable una gobernanza efectiva de la IA en un escenario de exuberancia bursátil como el que criticó Greenspan en su época al frente de la Fed.

Rusia entra en factura de guerra. Al encaminarse al primer lustro de enfrentamiento militar con Ucrania, Vladímir Putin sostuvo que el Kremlin podía librar una contienda bélica larga y, al mismo tiempo, mantener su economía en un estado de estabilidad. En los albores de la invasión, la resistencia del rublo a las sanciones occidentales, el aumento de las exportaciones energéticas hacia Asia y el empleo de buques fantasma para negociar el precio del barril del petróleo y gas siberiano al mejor postor o la catapulta del gasto militar sobre el dinamismo del PIB parecían demostrar que el Kremlin había encontrado una fórmula inesperadamente eficaz para soportar el veto del G-7 a usar el dólar como divisa en las transferencias internacionales o la vigilancia y el tope de venta del crudo que las potencias industrializadas le exigieron con posterioridad.

Pero las primeras señales de fatiga empiezan a aparecer. Y lo hacen en el peor momento posible para Moscú. The Economist acaba de certificar, por medio de un rastreador de guerra nutrido con sistemas satelitales que detectan en tiempo real la actividad bélica y los trasladan a mapas del Institute for the Study of War (ISW), que el ejército ruso encadena pérdidas territoriales en Ucrania “por primera vez desde octubre de 2023”, después de varios meses en los que su ofensiva se había estancado. Una señal que corroboraría la escasa presencia de vehículos y armamento pesados y los pobres fastos del Desfile de la Victoria de 2026 en la Plaza Roja y que podría desvelar una inclinación de la iniciativa militar en favor de Kiev. A pesar del enorme coste humano desplegado por el Kremlin.

En el terreno económico, el panorama también comienza a mostrar un horizonte desolador. Los precios no dejan de encarecerse, los salarios crecen a ritmos incompatibles con la productividad y el déficit presupuestario se expande tras más de cuatro años de economía de guerra. El Banco Central de Rusia (BCR) se ha visto obligado a sostener unos tipos de interés demasiado elevados para frenar la escalada inflacionista, lo que ha elevado los costes crediticios y frenando los flujos de capital privados. Al mismo tiempo, la escasez de mano de obra generada por la movilización intensiva de empleo en la industria armamentística y la emigración de varios cientos de miles de trabajadores cualificados fuera del país, han incrementado los salarios en sectores estratégicos para la economía rusa. Novena del planeta, con 2,6 billones de dólares, algo más de medio billón por encima del PIB español y que apenas crecerá un 1% en 2026, según el FMI.

“Rusia ha logrado evitar el colapso, pero no ha eludido su desgaste”, dice Alexandra Prokopenko, ex asesora del BCR e investigadora del Carnegie Russia Eurasia Center, para quien el dinamismo actual “depende cada vez más del gasto militar y menos de una actividad económica sostenible”, lo que ha configurado una paradoja de difícil aceptación para el Kremlin, ya que es precisamente el propio esfuerzo bélico el que está “deformando la economía”, aduce. O, dicho de otra forma: la industria de Defensa absorbe recursos, talento y financiación mientras otros sectores de corte civil pierden competitividad.

Por si fuera poco, el consumo se sostiene artificialmente gracias al gasto público y a los salarios vinculados al complejo militar-industrial, mientras la productividad permanece estancada. “Es una economía que remonta por el propio impulso de la guerra” resume un economista europeo especializado en Rusia. A su juicio, el gran problema es que este modelo “resulta muy difícil de desmontar sin provocar una desaceleración brusca”.

Visita apresurada de Putin a China

Quizás por esta pérdida súbita de musculación, azuzada por el clima geopolítico global y por el shock petrolífero derivado del cierre del Estrecho de Ormuz, Putin ha dirigido sus pasos hacia el gigante asiático. Tan solo unos días después de la visita de Donald Trump. En Pekín, el dirigente ruso, que debutó como primer ministro a finales de 1999, quiso reforzar la imagen de la alianza estratégica con Xi Jinping. Pero el contexto global es radicalmente distinto al de febrero de 2022, cuando ambos líderes proclamaron “una asociación bilateral sin límites” unas semanas antes de la invasión de Ucrania. Tanto, que según Financial Times, Xi habría sugerido a Trump durante su reciente encuentro en Pekín que Putin podría acabar “arrepintiéndose” de la invasión y estar en disposición de negociar un alto el fuego definitivo.

El mensaje, cuidadosamente ambiguo como acostumbra a expresar la diplomacia china, refleja un viraje de rumbo que podría ser trascendental. China sigue necesitando a Rusia, pero empieza a percibir la guerra contra su vecino meridional como una fuente inagotable de incertidumbre y de costes geopolíticos y económicos para Pekín. Buena prueba de ello es la asimetría que, en el plano energético, deja el acuerdo planteado casi a la desesperada por parte de Moscú para sellar el proyecto del gasoducto Power of Siberia 2 que conectaría las reservas gasísticas rusas con el gigante asiático. Los analistas del mercado convienen en asegurar que esta iniciativa pretende paliar el cierre del grifo de este combustible hacia Europa.

El consenso habla de que Pekín negocia con Putin desde una posición de fuerza, manteniendo sus compras de energía rusa barata, aunque sorteando cualquier compromiso que aumente en exceso sus vínculos y dependencia con los combustibles fósiles rusos.

Durante los primeros tres años, Putin convirtió la guerra en una demostración de resistencia del modelo productivo nacional. Pero las contiendas militares largas rara vez terminan únicamente en el frente. A menudo empiezan a perderse lentamente por presiones inflacionistas, los hondos desequilibrios fiscales y el agotamiento de un frenesí económico difícil de consolidar, advierten los observadores internacionales. Todo ello deriva de unos ingresos petrolíferos y gasísticos que han descendido en el primer trimestre del año en un 38% en términos interanuales. Al tiempo que la factura del conflicto se sigue disparando y obligando al Estado a absorber cada vez más recursos.

Lo que en una primera instancia funcionó como un gigantesco estímulo fiscal, comienza ahora a parecerse a una economía sobrecalentada por su dependencia del gasto militar. Así lo considera Alexey Kovalev, periodista ruso en el exilio, en una pieza en Foreign Policy en la que describe a Rusia como “economía bifurcada” donde las fábricas militares funcionan a tres turnos, absorben recursos humanos, salarios y subsidios mientras la agricultura, las infraestructuras o la industria manufacturera entran en “una silenciosa contracción”. El Kremlin ya normaliza el reclutamiento de adolescentes y trabajadores foráneos para fabricar drones, “una señal inequívoca --asegura-- de una escasez laboral extrema y probablemente irreversible por razones demográficas.

En su opinión, Putin ha sacrificado las bases del crecimiento ruso futuro para eludir el colapso de la economía, al reorientar la producción al terreno militar, multiplicar el gasto público y usar el déficit fiscal como un instrumento estratégico.

En el último bienio, las fábricas de armamento trabajaban a pleno rendimiento, el desempleo retrocedía a mínimos históricos del 2,2% y los salarios galopaban al calor de la demanda militar. Pero, ahora, la realidad ha terminado por emerger. Según Bloomberg Economics, Rusia requiere, con urgencia, unos 1,5 millones de trabajadores adicionales para equilibrar la intensa demanda de su mercado laboral. La gran patronal rusa aumenta este diferencial respecto a los niveles de oferta incluso más allá, hasta los 3 millones, antes de 2030. Para más inri, esta rigidez socio-económica tiene raíces estructurales. Al fin y al cabo, la guerra solo ha acelerado una crisis demográfica que era palpable antes de la invasión. Si bien, ya ofrece cifras devastadoras. Porque entre muertos, heridos y movilizados, el conflicto ha expulsado del mercado de trabajo a varios cientos de miles de hombres en edad productiva.

El think tank CSIS, especializado en geopolítica y en análisis militar, estima las bajas rusas en el frente bélico en 1,2 millones. Incluso las estimaciones más conservadoras sitúan el número de muertos por encima de los 300.000. Cifra a la que hay que sumar la fuga de talento cualificado tras la movilización parcial de 2022 y el freno migratorio procedente de Asia Central. De modo que la economía rusa se enfrenta a un fenómeno poco habitual. Una escasez de trabajadores en una fase de plena desaceleración económica.

La gobernadora del BCR, Elvira Nabiullina, ideóloga de las exitosas réplicas monetarias a las sanciones occidentales en los primeros años de guerra, admite que la Rusia contemporánea nunca había experimentado una falta de mano de obra tan aguda. Al tiempo que reconoce que el problema ha trascendido a la esfera política. El Kremlin necesita mantener salarios elevados para sostener la legitimidad social de la contienda armada, pero esos incrementos salariales son los que alimentan una inflación pertinaz que oscila entre el 5,5% y el 6% y obliga a situar los tipos de interés en estratos de altura (14,5%) que estrangulan el crédito privado y la inversión civil, al situarse en un promedio del 8,4% desde el inicio de la invasión rusa.  

A su manera, Nabiullina asume que la industria militar absorbe la casi totalidad de los recursos mientras el resto de la economía cae en un escenario de baja productividad.

La autarquía rompe las costuras productivas

El modelo autárquico impulsado por Putin agrava las deficiencias estructurales de la coyuntura rusa. Las sanciones occidentales obligaron a Rusia a reconstruir cadenas tecnológicas de valor más caras y menos eficientes, dependientes de intermediarios en Asia Central, China o el Golfo Pérsico. La supresión paulatina de importaciones se convirtió en doctrina económica y redujo la capacidad de innovación nacional que ha dado lugar a una economía cada vez más pertrechada, menos competitiva y subordinada a los pedidos manufactureros militares.

Esta fragilidad ha irrumpido con especial nitidez en el sector energético, la verdadera columna vertebral del Kremlin. Ucrania ha pasado de ataques simbólicos a operaciones quirúrgicas contra infraestructuras críticas de refinado y distribución. En Foreign Policy citan al ex comandante americano Ben Hodges para resumir esta lógica de guerra ucraniana que pasa por destruir la infraestructura petrolera y gasística de su enemigo hasta hacer insostenible el esfuerzo bélico. Reuters calcula que los ataques habían reducido un 40% la capacidad exportadora de petróleo ruso.

Ese deterioro habría sido severo y todavía más sorprendente porque Kiev lo ha puesto en liza sin ayuda indirecta de Washington. La Administración Trump acaba de renovar temporalmente las exenciones que permiten seguir comercializando cargamentos de petróleo ruso embarcados, con el argumento de estabilizar el mercado energético global tras el estallido de la contienda en Irán. La decisión revela hasta qué punto el mercado petrolero global continúa dependiendo del crudo ruso. Incluso en medio del régimen sancionador occidental. E ilustra una contradicción central de la estrategia occidental: la asfixia financiera a Moscú provoca un shock energético de dimensión universal.

Michael Kofman, del Carnegie Endowment, asegura sin tapujos que “el tiempo no corre del lado de Rusia”. Percepción que algunos analistas dicen que se extiende en el seno del propio aparato político. En el Kremlin está calando la idea de que el auto-aislamiento de Putin y sus frecuentes desplazamientos restringidos, visitas frecuentes a búnkeres y temores a un asesinato selectivo no son un ejercicio de ficción de las cancillerías occidentales.

El dirigente ruso muestra una mayor preocupación por su seguridad que denota, según anticipan en el centro Robert Lansing Institute de análisis de amenazas híbridas, inteligencia y seguridad geopolítica, una convicción “más o menos consciente de que el equilibrio que le ha sostenido en el poder durante más de dos decenios y medio se está erosionando”. Aunque voces como las de Sean Wiswesser, antiguo oficial de inteligencia americano, sostienen que muchos rumores sobre miedo, purgas o fracturas internas en el Kremlin pueden estar siendo instrumentalizados por el propio aparato de seguridad ruso para justificar nuevas oleadas represivas. Wiswesser se hace eco de “una creciente vigilancia digital y un endurecimiento represivo” que responderían a una “lógica clásica de supervivencia autoritaria” por parte de Putin.

El G-7 se encuentra ante una de esas encrucijadas de la que no suele salir bien parado. O, para ser más precisos, de la que le cuesta emerger. Los selectos socios de este club, otrora el más rico del planeta, no se sienten nada cómodos cuando sus coyunturas se debilitan sincronizadamente. Sus recesiones colectivas de 2009 tras el colapso crediticio --primera de su historia-- o de la Gran Pandemia --segunda y última, hasta el momento-- se superaron con recetas aisladas y sin un ritmo sostenido en sus ciclos de negocios. Tampoco por casualidad, tres de ellos (Japón, Alemania y Reino Unido) han sido diagnosticados como enfermos económicos en los últimos decenios.

Ahora, las potencias industrializadas se enfrentan a uno de sus peores enemigos: la estanflación. Fenómeno que, por razones bien fundadas, atenaza a sus bancos centrales. Subir tipos de interés para contener repuntes drásticos de precios choca con la predisposición de sus autoridades a empujar el crecimiento y estimular el empleo. Es como una dicotomía existencial. El objetivo de control inflacionista --quizás, el prioritario en su escalafón estatutario-- entra en colisión con sus otros dos principios sacrosantos: el dinamismo productivo y del mercado laboral, que reclaman un precio del dinero barato para proyectar prosperidad.    

Ante esta tesitura, la Reserva Federal es la que afronta un escenario más delicado. No solo por el alza de su IPC, que ha saltado al 3,8% en abril --cota máxima del último trienio--, sino porque la Administración Trump ha invocado el fantasma de la injerencia monetaria y ha provocado un conflicto bélico en Oriente Próximo que ha ocasionado la parálisis del Estrecho de Ormuz, el colapso de los flujos de crudo y gas y, por efecto contagio, de fertilizantes y bienes alimenticios. A lo que se unen las perspectivas pesimistas sobre una tregua garantizada con el régimen iraní, que no invitan a pensar en un inminente control de los precios por debajo del 2%, sino, más bien a presenciar futuros intentos del líder republicano para que la Fed baje tipos.

Detrás de esta estratagema está el nombramiento de Kevin Warsh como relevo en la presidencia de la Fed de Jerome Powell, a quien ha perseguido política y judicialmente en los últimos meses.

Los cambios nunca suelen ser una garantía irrebatible de estabilidad en los bancos centrales. Y menos cuando la gasolina se ha disparado más del 50% desde el inicio de la guerra en Irán en un país en el que la inflación despierta descontento en el subconsciente colectivo. Como sabe el propio Donald Trump, que supo tocar su tecla en campaña presidencial hasta situar al IPC --por encima del 2%, pero en descenso tras el shock energético de la guerra de Ucrania-- en el centro del debate económico. Ahora, con el indicador espoleado por otra contienda bélica, el mercado descarta cualquier atisbo de recorte de tipos en EEUU este año.

La Fed se enreda en su laberinto

Warsh no lo tendrá fácil. La coyuntura no incita a decretar un dinero barato. Pese a lo cual, desde la Casa Blanca se siguen reclamando rebajas urgentes. Y su nombramiento le exige una narrativa que preserve la credibilidad de la Fed frente a las embestidas dialécticas contra su soberanía del inquilino del Despacho Oval. “Está entrando en una situación imposible” aduce David Wilcox, ex economista de la Fed y analista del Peterson Institute, sobre Warsh y las renovadas presiones a las que será sometido con una inflación rampante.

Mary Daly, responsable de la Reserva Federal de San Francisco, añade más leña al fuego a esta transición presidencial al avisar de que las cadenas de suministro “siguen atascadas” y podrían mantener la inflación por encima del 2% durante bastante tiempo. Al igual que Austan Goolsbee, su homólogo de Chicago, que rechaza la idea de que la eclosión de la IA vaya a permitir descenso de tipos por el supuesto efecto deflacionista de sus inversiones. Otro mantra que se ha instalado en el clima bursátil. El nuevo ciclo tecnológico –manifiesta sin tapujos Goolsbee-- “también está elevando costes y tensiones de inversión”.

Pero hay más. Goldman Sachs, en una nota a clientes, califica el panorama actual de Wall Street de “episodio de espuma especulativa”, insiste en un cóctel de valoraciones elevadas, optimismo inversor casi unánime y una complacencia excesiva hacia los riesgos geopolítico y sistémicos. Sus expertos enfatizan que cuando el S&P 500 superó la barrera de los 7.100 “hicimos disparar las alarmas de un colapso bursátil […] quizás no inminente, pero que debería entenderse como un aviso a navegantes”.

Las últimas crisis financieras --la punto.com, en 2000, y el colapso crediticio de 2008-- se saldaron con recesión del PIB americano. Pero los meses precedentes se emitieron signos de peligro con récords de capitalización, aducen en Goldman Sachs, desde donde recuerdan que es el inversor particular el que sale peor parado de las burbujas especulativas con secuelas inflacionistas.

El Nobel Paul Krugman también se ha apuntado a esta oleada de críticas. “EEUU empieza a oler a estanflación”, con un petróleo disparado, una economía y un empleo en resiliencia activa, pero con malos augurios a medio plazo, y una Fed atrapada y sin margen para rebajar tipos sin avivar más los precios. Powell rechaza el paralelismo con los años setenta, en los que la reacción tardía de la Reserva Federal encareció aún más los precios. Sin embargo, Krugman atisba “demasiadas señales similares”. Desde una inflación persistente previa al colapso energético, hasta un voltaje geopolítica intenso y un dinamismo que pierde vigor. Antes de señalar a los aranceles recíprocos y al excesivo coste de la vivienda como “aceleradores silenciosos” de esta compleja coyuntura.

BCE, BoE, BoJ, la otra sopa de letras del G-7

En Europa tampoco hay mucho espacio para la complacencia. Ni para movimientos bruscos en su estrategia monetaria. Aunque la economía de la eurozona parte de una posición más frágil, con pulso productivo anémico y aminoramiento de la demanda interna, el cierre de Ormuz ha elevado el nivel de amenaza de la estanflación. Justo cuando el BCE confiaba en iniciar un ciclo de relajación monetaria más profundo en 2027 para espolear la economía del euro. Hay quien, incluso, no descarta, desde el mercado, que Fráncfort otorgue mayor trascendencia al impulso del PIB y del empleo que a la inflación. Sobre todo, si el futuro depara a corto plazo el final de las hostilidades en Oriente Próximo.

Aun así, el consenso se inclina por una subida del 0,25% en junio y otra similar en septiembre.

En paralelo, el BCE también ha comenzado la batalla por la sucesión de Christine Lagarde, cuyo mandato expira en un año y a la que ya se le atribuye el sillón presidencial del World Economic Forum (WEF), entidad gestora de las cumbres de Davos. En esta carrera, gana posiciones Pablo Hernández de Cos, ex gobernador del Banco de España y una figura respetada tanto en Fráncfort como en los mercados globales por su perfil técnico. Todo ello añade dosis de incertidumbre a la estrategia de la autoridad monetaria, en cuyo consejo de gobierno son habituales las luchas entre halcones y palomas; entre ortodoxos --escrupulosos con el mandato inflacionista, de perfil neoliberal-- y keynesianos, más partidarios de potenciar la economía y el empleo.

En este dilema, unos y otros velan armas antes de enterrar sus políticas de wait and see de los últimos meses. Desde el inicio del conflicto en Irán. Con la inflación armonizada en el 3% en abril --por debajo de las predicciones--, pero con un augurio de crecimiento de apenas 8 décimas para 2026. Y en retroceso por los daños colaterales de la guerra. De modo que las espadas monetarias están en alto en Fráncfort. Isabel Schnabel, miembro de su ejecutiva, ha dejado claro que el BCE “tendrá que encarecer el dinero” si la escalada energética se traslada a la inflación subyacente. Mientras su colega Boris Vujcic insiste en que “el riesgo se está moviendo hacia la estanflación con nitidez”, aunque matiza que “subir tipos muy rápido amenaza con asfixiar” a una economía exhausta, con inflación elevada, dinamismo débil y margen político muy limitado.

Casi el mismo dilema se reproduce en el Banco de Inglaterra (BoE). Londres se mantiene en ese compás de espera. Con un IPC de marzo revisado al alza, hasta el 3,4%, unos tipos en el 3,75% y una crisis abierta contra el aún premier, Keir Starmer, que podría adquirir una dimensión de calado financiero y fiscal. La rentabilidad de los bonos a 30 años se ha disparado a máximos en casi tres decenios y la losa de una pérdida de valor de la libra en los mercados cambiarios como la que se llevó a la conservadora Liz Truss en 2022 ha vuelto a la arena política. Aunque de momento los economistas no aprecian retoques en el BoE, pese al temor de estanflación y las vulnerabilidades en productividad, ingresos tributarios y gestión de la deuda. O las nuevas tierras movedizas en el 10 de Downing Street.

Japón representa, quizás, el cambio más simbólico. Tras décadas de deflación y tipos negativos, el BoJ se ha visto forzado a normalizar su política monetaria precisamente por un shock externo que amenaza con desanclar las expectativas de inflación. La autoridad monetaria japonesa dejó los tipos en el 0,75% en su última cita, pero 3 de los 9 miembros del consejo votaron ya a favor de una subida inmediata. Kazuo Ueda, su gobernador, reconoce que la institución deberá actuar si la energía genera una segunda ronda alcista de salarios y precios. La OCDE prevé que Japón eleve tipos hasta el 2% antes de 2027 tras décadas luchando contra la deflación.

Horizontes lejanos con cumbres borrascosas

Las tensiones coyunturales actuales, sin embargo, no deberían impedir ver un futuro a largo más complejo. El propio Hernández de Cos, desde su posición ejecutiva en el Banco Internacional de Pagos (BIS, según sus siglas en inglés) viene advirtiendo de que los bancos centrales afrontan un cambio de régimen. De Cos lo achaca a los múltiples efectos de una deuda soberana desbordada, un comercio fragmentado, la financiación de la transición climática o la puesta en liza de divisas digitales. Si los gobiernos usan estímulos fiscales permanentes para diluir tensiones energéticas o episodios de descontento social --alerta-- los bancos centrales aplicarán estrategias de tipos de interés elevados durante periodos más prolongados.

El BCE, por ejemplo, se opone a las stablecoins que empiezan a forjar las bigtechs y los poderosos bancos de inversión estadounidenses. Es una de las bazas que tendrán que jugar las autoridades monetarias más allá del precio del petróleo.

De hecho, Lagarde acaba de rechazar el modelo regulatorio estadounidense de las stablecoins. A pesar de que estos activos ya superan los 300.000 millones de dólares, por estar vinculados al dólar. Europa teme una pérdida de soberanía monetaria y peligros latentes en la fijación futura de tipos fuera de la esfera de influencia del billete verde. Hernández de Cos alerta, por su parte, de que pueden desestructurar el sistema financiero si no se someten a supervisión bancaria.

Mientras todos ellos --la Fed, el BCE, el BoJ y el BoE-- llevan varios ejercicios incorporando el riesgo climático a sus estrategias tras certificar unas pérdidas aseguradoras de 140.000 millones en 2025. Funcas advierte de que el cambio climático puede consolidar una inflación más persistente y volátil, encareciendo la energía, los alimentos y los seguros y estrechando la capacidad de los bancos centrales para hacer maniobrar sus estrategias monetarias.

Fortunas internacionales están apostando por valores asociados al escenario geopolítico imperante, con empresas y sectores estrechamente vinculados a la contienda militar en Oriente Medio. Las mutaciones del orden mundial están reconfigurando el enfoque de los inversores milmillonarios y con oscilaciones notables, una clara tendencia especulativa al alza está catapultando sus rendimientos bursátiles desde el inicio de la guerra en Irán. 

Bloomberg recoge tres altos patrimonios que han elevado sustancialmente sus beneficios en bolsa recientemente. Uno de ellos es Jaime Gilinski, la mayor fortuna de Colombia y ex accionista de Banco Sabadell, que ha incrementado su participación en GeoPark, firma productora de petróleo y gas en América Latina. 

Junto a su hijo, Gilinski ha invertido 107 millones de dólares en esta compañía desde marzo por considerarla una opción prioritaria en el reparto del suculento pastel del crudo venezolano desde la detención ilegal de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que propició el cambio de poder político (sin alternancia ideológica) en Caracas.

A tenor del rumbo que han tomado sus inversiones, Gilinski confía en la reactivación de la industria del oro negro de Venezuela, que cuenta con la mayor reserva de petróleo del planeta y que, por designación de Donald Trump, tendrá ahora mayor presencia del sector privado exterior (especialmente, estadounidense, aunque también de otras como la española Repsol), tras levantar la Casa Blanca su veto a las exportaciones de crudo venezolano. 

Pero hay más balas milmillonarias en este revólver inversor. El family office de los herederos del magnate sueco del petróleo y la minería Adolf Lundin destinó en marzo unos 29,5 millones de dólares a aumentar sus participaciones en empresas de cobre y diamantes con sede en Vancouver y aprovechar las restricciones en las cadenas de suministro. Los portafolios familiares tras la marca de automóviles de lujo Ferrari o el emporio mediático estadounidense Cox vienen eligiendo firmas emergentes del sector de defensa como Hermeus, que construye el avión a reacción no tripulado más rápido de la historia para el Pentágono.

El Índice de Milmillonarios de Bloomberg desvela que estas cuatro familias poseen un patrimonio neto conjunto de casi 90.000 millones de dólares y carteras de inversión intergeneracionales que se remontan a 1898. 

Varias de las mayores riquezas del planeta están impulsando sus apuestas en los mercados de capital hacia sectores y empresas involucradas en el elevado voltaje geopolítico que ha dominado el escenario global desde finales de febrero, cuando comenzaron las hostilidades en Irán.

Esto evidencia la relación directa entre la guerra y las fluctuaciones de activos con protagonismo bélico, energético o geoestratégico. Un fenómeno constante desde el inicio de la versión Trump 2.0, que extiende sus tentáculos hacia valores como el oro, que en los últimos meses ha experimentado revalorizaciones fulgurantes y cotas de precio históricas, acompañando los giros económicos, comerciales, financieros, regulatorios y geopolíticos del líder MAGA sobre el orden mundial. 

Valores asociados a estos negocios se han visto alterados por los aranceles recíprocos, la debilidad del dólar, las embestidas dialécticas trumpistas para invadir Groenlandia, desintegrar la OTAN, amenazar a Cuba tras entrar ilegalmente en Venezuela o detonar otro conflicto militar en Oriente Próximo.

Carlos Slim, primera fortuna mexicana, con una riqueza valorada en 125.000 millones de dólares, el 6,7% del PIB de su país, está entre ellos y dispone de un currículum bursátil cargado de excelsas ganancias cuando irrumpen crisis financieras. 

Altas rentabilidades

Solo en valores con sello de Defensa, un selecto club de ultrarricos ha acumulado más de 20.000 millones de dólares en medio de perturbaciones energéticas y de otras materias primas como el cobre o los minerales críticos, indispensables para la tecnología de la IA, que hacen más visible la ganancia de pescadores en río revuelto. 

Expertos de Bloomberg cifran en 658.000 millones de dólares el tesoro conjunto de estas fortunas. Su ranking detecta una concentración masiva de capital en lo que denomina “economía del conflicto”, con pingües beneficios.

Bancos de inversión como JP Morgan admiten que la geopolítica se ha convertido en un factor de riesgo predominante en las dinámicas inversoras. Empieza a perfilarse como su principal motivo de decisión en un contexto de mutaciones horarias de carteras. Las gestoras reconocen soterradamente que la fragmentación del orden mundial ha convertido la Defensa en un activo estructural, lo que explica su entrada en startups militares y aeroespaciales. Family offices de fortunas del sector del lujo y la automoción han comenzado a diversificar hacia valores de tecnología militar, tras decenios centrados exclusivamente en bienes de consumo.

Todo ello se une a la denuncia vertida desde Financial Times que documenta la sucesión de movimientos billonarios y opacos de capital en Wall Street previos a anuncios oficiales de la Casa Blanca sobre escaladas o distensiones del conflicto contra Irán. En algunos casos, asociados a un núcleo cercano al líder republicano que habría recibido alertas tempranas sobre decisiones de alto nivel que han condicionado la evolución de las bolsas.

Apuestas por encima de los 1.000 millones de dólares surgieron en varias plataformas predictivas (esencialmente en las dos más utilizadas, Kalshi y Polymarket) con un acuse de recibo claramente vinculado al desarrollo del conflicto. Muchas, según el diario británico, justo antes de eventos clave como ataques o anuncios de tregua. Este rotativo reveló el viernes la apuesta milmillonaria de dos hijos de Trump por sectores apadrinados por el presidente, como los drones.

Sin embargo, hay cierto margen para la esperanza. En EEUU, la senadora demócrata Elizabeth Warren ha vuelto a situar en la conciencia colectiva la necesidad de gravar a las grandes fortunas, al presentar un proyecto de ley que recaudaría billones de dólares en ingresos federales en una época marcada por un agujero presupuestario del 7% del PIB y una deuda que roza los 37 billones de dólares.

Esta iniciativa impondría un gravamen anual del 2% sobre los patrimonios netos de hogares que superen los 50 millones de dólares y un tipo impositivo adicional del 1% sobre la riqueza de los multimillonarios. Afectaría a unos 260.000 hogares.

David Dayen asegura en The American Prospect, con citas a los trabajos de campo de Emmanuel Saez, profesor en la University of California, Berkeley, y de Gabriel Zucman, discípulo de Thomas Pikkety y director del UE Tax Laboratory, que la riqueza de los milmillonarios se ha duplicado con creces desde finales de la década pasada. Sólo las 19 mayores fortunas de EEUU añadieron un billón de dólares en 2024, más que el PIB suizo, mientras el 1% concentra 55 billones de dólares (31,7% de la riqueza total).

Algo se mueve

En este club de acceso restringido destacan nombres del establishment financiero y tecnológico estadounidense y figuras de la élite energética, inmobiliaria y de los fondos de inversión. Muchos radicados en Nueva York, cuyo alcalde, el progresista Zohran Mamdani, plantea el debate de la desigualdad social en EEUU sin paños calientes y ha hecho de la fiscalidad de los grandes patrimonios su campo de batalla política.

En su agenda prolifera el respaldo a nuevos impuestos sobre las propiedades de alto valor (como las segundas residencias de lujo), con la airada reacción de grandes inversores inmobiliarios y financieros como Ken Griffin, multimillonario gestor de hedge funds que compró un ático de 238 millones de dólares en Manhattan; inversores como Bill Ackman o promotores como Alex Witkoff, que han advertido de que una fiscalidad más agresiva podría acelerar la salida de capital hacia otras jurisdicciones como Florida.

Mamdani ha puesto el dedo en la llaga y ha centrado el debate en el punto de ebullición justo: la necesidad de financiar servicios públicos en grandes ciudades altamente desiguales frente a la movilidad extrema del capital de alto nivel.

También el senador demócrata Bernie Sanders incide en que figuras como Elon Musk o Jeff Bezos pagan tipos efectivos muy inferiores a los de trabajadores medios, y ofrece propuestas impositivas para paliar esa asimetría y crear una estructura que obligue a la riqueza acumulada de forma fulgurante a afrontar gravámenes acordes. En una línea similar a la propuesta de Warren, critica que el sistema fiscal americano no capta adecuadamente el ascenso del capital financiero y que su propagación por la élite patrimonial de la gran potencia económica global supera la capacidad redistributiva del Tesoro.

Paraísos fiscales

Oxfam recuerda que los perjuicios no solo son morales, sino económicos y que suceden por la persistencia de paraísos fiscales y centros offshore. Según esta ONG británica, los milmillonarios de todo el mundo habrían ocultado a sus autoridades tributarias hasta 3,55 billones de dólares en el último bienio. Una porción de los más de 13 billones que atesoran en paraísos fiscales. El 80% de estos activos pertenecería al 0,1% más rico de la población mundial.

El propio Zucman alertó a comienzos de 2024 de que la montaña de activos en estos enclaves impositivamente dañinos por su baja tributación había crecido desde la Gran Pandemia de 2020 un 25% hasta superar los 45 billones de dólares. Cantidad similar al PIB conjunto de EEUU y China, que convertiría a estas jurisdicciones (entre ellas, el estado de Delaware, en EEUU, o las del Mar del Norte bajo soberanía británica), en la primera potencia económica global.

Además de rebajar a la mínima expresión el principio de la progresividad impositiva, la existencia de paraísos fiscales distorsiona la medición real de la riqueza global, ya que una parte notable de los capitales en manos de ultrarricos no aparece en estadísticas oficiales.

Estudios recientes muestran que las decisiones de arraigo de los grandes patrimonios no responden únicamente a factores personales o familiares, sino a consideraciones impositivas. La movilidad del capital añade presión a los sistemas fiscales, con competencia entre jurisdicciones y trabas a la capacidad de mantener bases impositivas estables, difuminando la tenue línea entre optimización y evasión fiscal. 

Porque, en paralelo, ha emergido una potente cruzada de gestores encargados de adelgazar las presiones tributarias sobre las ganancias de sus clientes. Herramientas de ingeniería contable que bordean la legalidad y se ocupan de compensar pérdidas o diferir pagos en busca de rentabilidad financiera.  

Para el fiscalista Steve Rosenthal, del Tax Policy Center, “los sistemas tributarios mundiales no han conseguido seguir el ritmo de la ingeniería financiera moderna” al permitir un ecosistema en el que la rentabilidad depende del diseño fiscal o del desempeño del activo bajo una atmósfera de tensión geopolítica, con altas expectativas de rentabilidad y baja propensión a cumplir las obligaciones tributarias. En especial, entre los más pudientes. 

Dos décadas después de sacudir la globalización con su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su avalancha de manufacturas baratas, China vuelve a alterar el orden mundial. Esta vez, el golpe en la mesa de Pekín no procede de sus bajos costes, factor que le ha otorgado el estatus de Gran Factoría Global, sino de una reconfiguración deliberada, planificada y bien pergeñada de su modelo productivo.

Lo sorprendente es que este cambio de paradigma se está vislumbrando con suma nitidez en pleno voltaje geopolítico por la guerra en Irán. El conflicto ha encarecido la energía, tensionado el comercio y reordenado las cadenas de suministro y valor en todo el planeta, y ha dejado traslucir una inusitada capacidad de resiliencia en la segunda superpotencia económica del planeta.

El PIB chino ha retornado a la recién abandonada meta de crecimiento del 5% entre enero y marzo después de acelerar una mutación estructural que ha empezado a mostrar mayor musculatura e influencia internacional.

El contraste de la coyuntura global es ya revelador. Mientras las potencias industrializadas temen por la denominada estanflación (inflación y estancamiento económico) y otros mercados importadores de combustibles fósiles acusan el shock del oro negro, Pekín está amortiguando este impacto. Lo ha hecho gracias a años de diversificación energética, con un aumento de la extracción de carbón, proliferación de reactores nucleares y, sobre todo, fuentes renovables, lo que ha elevado sus reservas estratégicas y reducido su dependencia del crudo del Golfo Pérsico.

China, en definitiva, ha reforzado sus escudos de seguridad energética. Tanto, que ahora actúan como estabilizadores automáticos dentro de un entorno volátil. La escalada bélica no ha hecho descarrilar un patrón de crecimiento que parece blindado ante shocks externos.

Pero el auténtico cambio de paradigma emerge bajo la superficie de estos datos agregados. El vigor del PIB sigue apoyado en la industria y las exportaciones, aunque ya no tanto en sectores tradicionales que definieron el llamado primer shock chino, en el inicio del milenio. Ahora son los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los negocios digitales los que propulsan la actividad. La producción de alta tecnología crece a doble dígito, la automatización industrial se acelera y la IA se integra en el tejido productivo con la aquiescencia del Estado y sus recursos.

Todo ello ha engendrado un nuevo escenario. China sigue compitiendo vía precios. Pero también lo hace en la escala tecnológica y con férreos controles sobre sus cadenas de valor y de suministro.

Este viraje está respaldado por una estrategia política explícita, además de en sus planificaciones plurianuales. El liderazgo de Xi Jinping enfatiza la autosuficiencia tecnológica, la construcción de modelos industriales “de gestión controlables” y la expansión de la demanda interna, genuina definición de las economías de rentas altas, aunque aún incipiente en el gigante asiático, como complemento a su motor exportador. Un modelo que no obstante muestra fuertes déficits, entre otros, un débil consumo de hogares, una inversión privada que fluctúa pero revela descensos, un mercado laboral con contracciones y episodios de deflación.

“La agenda reformista de Jinping no está exenta de fricciones”, anticipa el economista Hao Zhou, quien augura una transición con grandes vaivenes. En especial, porque el pulso competitivo y la rivalidad geoestratégica con EEUU puede pausar su itinerario.

En este contexto, la anunciada y no corroborada cita entre Donald Trump y Jinping de mediados de mayo deja varias incógnitas sin resolver y de especial enjundia. Las negociaciones entre las dos superpotencias no se reducen únicamente a un acuerdo sobre aranceles o a una rivalidad geopolítica stricto sensu. Washington y Pekín revelan un choque de modelos económicos en una alocada carrera por la hegemonía internacional. Mientras EEUU intenta contener el ascenso tecnológico de Pekín con vetos comerciales, subsidios industriales y presión sobre sus aliados, China responde con más autonomía, ingentes inversiones en innovación, diversificación productiva y refuerzo de su capacidad para sobreponerse a un horizonte de fragmentación de mercados.

Estas son las pautas que definen el segundo shock chino, que rezuma una enorme habilidad para adecuar el boom tecnológico a su estrategia económica planificada y a su tejido productivo. A diferencia de su anterior modelo, basado en exportar deflación a costes reducidos, el actual combina sus excedentes industriales con un liderazgo creciente en sectores neurálgicos para la transición energética y la digitalización.

Este salto adelante, además, provoca daños colaterales a discreción, y no solo en adversarios como EEUU, que ve cuestionada su supremacía tecnológica. También en socios comerciales como la UE, que se enfrenta a una nueva oleada de competencia en energías verdes; y en sus vecinos asiáticos, que rivalizan entre sí por integrarse en cadenas de valor dominadas por Pekín.

La guerra en Irán evidencia la resiliencia activa china a partir de una arquitectura económica que ha empezado a no depender del orden liberal para prosperar y que marcará el reencuentro entre Trump y Jinping.

La triple palanca IA-tierras raras-chips

El almirante estadounidense Brad Cooper lo resumía con crudeza al describir el impacto de la IA en la guerra: “Estos sistemas convierten procesos de horas o días en segundos”. La aceleración operativa define el nuevo campo de batalla económico y China ha decidido dominarlo desde la base industrial hasta el control de insumos críticos (bienes e instrumentos esenciales para crear escalas de valor).

El resultado es una demanda global creciente (y cada vez más incómoda para Occidente) de tecnología china. Es otro signo de identidad de la versión made in China 2.0: catálogo de servicios y productos avanzados que combinan calidad, escala y precio. De sensores para vehículos eléctricos a robots industriales o baterías, las empresas chinas están colonizando segmentos de alto valor a una velocidad que desconcierta a sus rivales. “Las que sobreviven en el mercado del gigante asiático son imbatibles en cualquier lugar del mundo”, admite un inversor del sector que subraya un ecosistema donde la competencia feroz comprime márgenes, pero multiplica la eficiencia.

Esta dinámica no es casual. Responde a una sucesión de factores de difícil réplica armada desde Pekín con subsidios masivos, abundancia de ingenieros, integración productiva vertical de cadenas de suministro y presión competitiva que obliga a innovar continuamente. El resultado es una deflación tecnológica global articulada con un extenso catálogo de ofertas sofisticadas a precios decrecientes que acaba expulsando a los competidores occidentales, incluso en sectores tradicionalmente protegidos.

La batalla por la hegemonía de los chips es el arma más precisa de esta guerra sin tregua por la soberanía digital. China, lejos de quedar rezagada por las restricciones de Washington, ha logrado redoblar su capacidad de autosuficiencia. Programas de ayudas masivas como el de Shanghái se han revelado excelentes en el desarrollo de chips domésticos, hasta el punto de que los componentes más famosos de los circuitos integrados podrían representar el 55% del mercado nacional de aceleradores de IA en 2027, frente al 17% en 2023. “Los controles a la exportación han creado una oportunidad única para los fabricantes locales”, señalan analistas de Bernstein. Incluso con limitaciones tecnológicas, firmas como Huawei están cerrando la brecha digital y consolidando un ecosistema menos dependiente de Occidente.

Sin embargo, el cambio de paradigma no se limita a vender más tecnología, sino a controlar su difusión. Pekín ha pasado de facilitar la transferencia tecnológica a restringirla con vetos a ventas al exterior, pero también con supervisión política a la concesión de licencias que buscan evitar que su know-how estratégico deje el país. “Es poco probable que China permita que salga algo realmente valioso”, dice un funcionario comercial occidental. La paradoja resulta evidente para Financial Times: el mundo quiere tecnología china, pero Pekín decide quién puede acceder a ella y en qué condiciones.

Este soft power chino se amplifica con su dominio de las tierras raras y su poder para estrangular los cuellos de botella de un mercado clave para la industria de los semiconductores, la defensa o la automoción eléctrica. China concentra desde hace decenios su producción global, lo que le ha reportado un arma estructural que se ha convertido en palanca geopolítica con el boom de la IA.

Un arma contra Occidente, que construyó sus industrias “sobre bases inestables” al beneficiarse de materiales baratos cuyo verdadero coste (ambiental y estratégico) no fue digerido por sus sistemas productivos, precisa Patrick Schröder, investigador en Chatham House. Para Wendy Cutler, antigua negociadora americana con China, el encuentro Trump-Jinping de este mes va a ilustrar, de nuevo, la asimetría entre ambas superpotencias en chips avanzados. Pekín –avisa– negocia cada concesión a cambio de un precio. E incluso cuando concede treguas, “conserva intacta su capacidad de presión”.

Bo Zhengyuan, socio de la firma de investigación de mercados Plenum, anticipa que “no habrá un ganador claro en la próxima década”. En su opinión, está en juego un desafío doble. Por un lado, por el liderazgo tecnológico y, por otro, por el dominio de la arquitectura del poder económico global.

Control comercial, energía verde y orden monetario

Pero los esteroides geoestratégicos de Pekín no se reducen solo a la revolución tecnológica que inició hace un decenio y aceleró tras la Gran Pandemia. También se aprecia en su control sobre puertos y rutas comerciales. Es una piedra angular de su edificio multilateralista, en el que Pekín desea instaurar su renovado poder económico. China ha tejido estos años una red inversora muy tupida e hilvanada de enclaves portuarios en más de 90 naciones con una factura financiera de unos 24.000 millones de dólares que sigue una trayectoria geoestratégica nítida: gestionar los cuellos de botella que atenazan el comercio mundial. Es decir, las pasarelas como Suez, Malaca o Panamá.

Dylan Spencer, académico especializado en el análisis de rutas e infraestructuras comerciales, cree que esta proyección del capital chino en el exterior “no es una fórmula aleatoria, sino que se agrupa en torno a corredores de riesgo y valor elevados, donde el control logístico equivale a influencia económica sostenida”. A ello, añade, se suma la integración de cadenas críticas de suministro: desde puertos conectados a hubs productivos, de transporte, energía o rutas de exportación.

Alexander Wooley, del laboratorio de investigación AidData, añade que Pekín busca garantizarse “la seguridad estratégica” de flujos comerciales. “Están tejiendo una arquitectura marítima que redefine la globalización desde las redes de infraestructura”.

El pulso entre Pekín y Washington también se libra en el orden monetario global. China busca internacionalizar el yuan –o el renminbi, su unidad en el mercado cambiario- sin renunciar al control estatal. Zongyuan Zoe Liu, investigadora en el Council on Foreign Relations, advierte, sin embargo, que la expansión de stablecoins vinculadas al dólar –un negocio potencial que se valora en 1,75 billones—supone una amenaza para los intereses de Jinping. “Abriría un canal de transacciones en billetes verdes americanos que Pekín no podría fiscalizar y erosionaría los pilares de su soberanía financiera”.

Sin duda por ello –alerta en Foreign Policy—, China impulsa sus propias alternativas: desde el sistema de pagos CIPS hasta experimentos con el yuan digital y stablecoins offshore en Hong Kong. Eso sí, con protocolos que priorizan la trazabilidad y supervisión de los movimientos monetarios. Aun así –sostiene Josh Lipsky, director en el Atlantic Council–, el auge internacional del yuan “no puede ser una mera coincidencia” con el surgimiento de crisis o la instauración de sanciones occidentales a terceros países, que les obliga a diversificar transferencias.

El dólar mantiene una ventaja estructural difícil de erosionar a corto plazo. Pero no es un aval eterno. El avance del yuan tiene visos de realpolitik. En marzo, superó el 56% de las transacciones vinculadas a China y su sistema CIPS ha procesado, con éxito, más de 1,2 billones de yuanes diarios.

El fuego cruzado azuzado por EEUU e Israel contra el régimen de los ayatolás iraníes a finales de febrero ha cogido a los petroestados del Golfo Pérsico con el pie cambiado. Tanto, que quizás sean los países que más ansían, desde el punto de vista inversor, una tregua permanente. No por casualidad, el conflicto armado contra el enemigo chií ha sacudido los cimientos del cambio de paradigma productivo que Arabia Saudí y sus reinos vecinos han puesto en liza durante este último decenio para diversificar sus economías y captar flujos de capitales del exterior.

Las monarquías del Golfo están detectando fugas de capital. Los daños en sus infraestructuras energéticas y en sus hubs tecnológicos y logísticos propiciados por el conflicto armado han sido los detonantes de una crisis de identidad inversora que pone en tela de juicio el futuro de unas ambiciones geoestratégicas que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman forjó a mediados la de pasada década en su famosa Visión 2030. Y que en los años posteriores ha sido emulada por sus hermanos de sangre azul. Especialmente, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) que siempre ha seguido la estela geoestratégica de Riad. En el reto de transformar sus patrones de crecimiento en economías más diversificadas y basadas en servicios, industrias avanzadas y la alta tecnología, con megaplanes digitales, y en el desafío de asentarse en el bando geopolítico de EEUU en Oriente Próximo.

Esta renovada arquitectura productiva ha dejado vestigios de cierta espectacularidad. Solo en la ciudad de Neom, paradigma de este viaje al futuro saudí, se suceden proyectos que superan los 100.000 millones de dólares. Aunque, sobre todo, estos centros tecnológicos se han convertido en instrumentos diplomáticos de primer orden para interceder en mercados exteriores. A partir del poder de su gran fondo soberano, que opera como arma de influencia global; especialmente, en Wall Street y en sus cada vez más efervescentes procesos de fusiones y adquisiciones (con o sin OPAs hostiles), dirigidos en gran medida a dominar la carrera tecnológica global de la IA, por un lado, y el espacio ideológico estadounidense, por otro. No en vano, el dinero pérsico, en este caso saudí y de EAU, ha fluido en apoyo de Paramount para ganar la partida a Netflix en la toma accionarial de Warner Bros y así hacerse con el relato de parte de la industria de Hollywood.

En las monarquías del Golfo no daban puntadas sin hilo. Hasta el inicio de las hostilidades contra Irán. Porque el desencadenamiento de las hostilidades contra su gran rival geoestratégico en la región ha pausado las inversiones foráneas en los nodos tecnológicos, logísticos y comerciales de estos petroestados y paralizado las operaciones en el exterior de sus fondos soberanos. Hubs como los de Dubái o Riad han dejado de ser, al menos momentáneamente, refugios del capital en Oriente Próximo.  

El impacto ha sido severo, avisa el analista de Goldman Sachs Farouk Soussa. Sus cálculos hablan de que Catar y Kuwait podrían registrar contracciones de sus PIB de hasta el 14% en un escenario de conflicto prolongado, desplomes desconocidos desde los años noventa. Y a Arabia Saudí y a EAU no les iría mucho mejor. Pese a que ya gozaban de una mayor capacidad de diversificación logística, sus recesos productivos alcanzarían un 3% y un 5%, respectivamente, anticipan en este banco de inversión con intereses en la zona, desde donde también se alerta de que, en términos de reputación, los daños colaterales pueden ser todavía más profundos. “Para las economías del Golfo, la guerra podría ocasionar un cortocircuito mayor que la Covid-19”, admite Soussa antes de subrayar que las cicatrices en la confianza inversora “podrían perdurar varios ejercicios”.

Adalides del capital instrumental

Las monarquías del Golfo han construido su creciente poder sobre lo que el mercado denomina capital instrumental. O uso estratégico de fondos soberanos, alianzas público-privadas y grandes proyectos para sumar rentabilidades económicas e influencias geopolíticas. No es un fenómeno marginal. Los recursos bajo gestión de las autoridades pérsicas superan los 5 billones de dólares, cantidad similar al PIB de Alemania, tercero del planeta, y podría aproximarse a los 8 billones en 2030, auguran varias consultoras. En 2025, estos vehículos suponían el 43% de sus inversiones estatales y consolidaron a la región como focos de atracción preferente del capital internacional.

A pesar del alto voltaje en Oriente Próximo en el último trienio, enclaves como Dubái, Abu Dabi o Riad se han reinventado hasta casi aislarse del caos regional y ganar ventajas competitivas en un mundo cada vez más complejo. A través de una tupida y efectiva red de hubs especializados. Así, por ejemplo, en el plano logístico, puertos como Jebel Ali en Dubái o las plataformas saudíes en el Mar Rojo se han integrado con aeropuertos de escala global --como los de Dubái, Doha o Abu Dabi-- para crear corredores comerciales que conectan Asia, Europa y África que acortan tiempos y costes en unas cadenas de valor y suministro cada vez más sensibles a la geopolítica.

A estas plataformas se suman zonas francas y parques industriales con una fiscalidad ventajosa y regulaciones flexibles, diseñados para atraer firmas transnacionales y de tecnología avanzada. Sobre todo, centros de datos, computación, e-commerce y empresas de distribución.

En paralelo, sus nodos energéticos han evolucionado desde la venta directa del oro negro hasta complejos integrados que combinan refino, petroquímica, gas natural licuado y nuevas apuestas como el hidrógeno o las renovables, con el objetivo de capturar más valor añadido y posicionarse en la transición energética global.

En el orden financiero y tecnológico, los petroestados pérsicos han impulsado distritos digitales para competir con las principales capitales globales. Zonas como el DIFC en Dubái, el ADGM en Abu Dabi o el King Abdullah Financial District en Riad operan con leyes propias para atraer banca global, fondos y firmas de capital riesgo.

Toda esta multiplicidad de hubs ha dotado a los emiratos y a Riad de unos instrumentos de alta diplomacia capaces de atraer talento y de reconfigurar el estatus del Golfo como nodo del capital e innovación globales. Con el inestimable músculo financiero de sus fondos soberanos. Es lo que Soussa señala como primer factor de estos cambios de estatus. De inversores pasivos a activos. Capaces de abanderar fusiones y adquisiciones (M&A), moldear sectores enteros y competir en la economía digital. Arabia Saudí, EAU o Catar empezaban a dejar de depender exclusivamente del petróleo para apostar por la IA, el Big Data, las fintechs o ciertas energías limpias. Solo en el primer semestre de 2025, la inversión en startups en Oriente Medio y Norte de África alcanzó los 2.100 millones de dólares; un repunte interanual del 134%. Mientras multiplicaban por cinco su financiación en IA.

Hasta que los ataques con misiles y drones contra sus infraestructuras perforaron sus narrativas de “oasis seguros”. No pocas instalaciones en Qatar, Kuwait o Bahréin han sufrido daños de un cierto calado; Arabia Saudí ha visto cómo sus refinerías y oleoductos se convertían en objetivos recurrentes y varios de los emiratos que componen EAU, catalogados como los grandes hubs tecnológico de la zona, han sido golpeados con extrema intensidad por la guerra. Incluso activos de multinacionales occidentales --centros de datos y estructuras energéticas-- han entrado en la ecuación del riesgo.

Pérdida de atractivo inversor

Esta erosión de la confianza ha tocado de lleno al corazón del modelo, ya que Dubái, Abu Dabi o Riad no solo competían por capital, sino por el talento, con empresas tecnológicas y cadenas de valor globales. Amazon ha admitido ataques contra sus centros de datos, mientras Nvidia, Microsoft o Google han sido señaladas explícitamente por Teherán como objetivos.

Entonces, ¿ha desaparecido el atractivo de Dubái y Abu Dabi? “Tendremos que verlo”, señalaba hace unas fechas Adam Farrar, analista de geoeconomía en Bloomberg Economics y ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU. La cuestión –añade-- no atañe únicamente a una ineludible reconstrucción, sino que debe responder a una disyuntiva clave, la de si estos estados podrán seguir atrayendo el talento para sostener sus ecosistemas tecnológicos. O, dicho de otro modo: “el riesgo no es coyuntural, sino estructural” en un clima con vientos bidireccionales. Por un lado, los del capital extranjero, que procede casi en un 60% de la UE y EEUU. Por otro, los de los fondos soberanos arábigos, que se despliegan por casi todas las latitudes del planeta bursátil.

Esta atmósfera inversora supone, en ocasiones, una fortaleza, pero en otras, son unos canales de transmisión de riesgos, explica Farrar. En especial --apunta-- bajo el influjo de las armas, como en la actualidad.    

Aun así, las reacciones de los fondos soberanos sugieren que sus capitales no se han retraído. Más bien, se está adaptando. Desde el inicio de la guerra, sus recursos han protagonizado unas operaciones de M&A que han rebasado los 47.000 millones de dólares, un 120% más que en el primer trimestre de 2025. Todo un desafío en plena desaceleración económica global.

Abu Dabi, por ejemplo, ha continuado desplegando capital a través de vehículos como Lunate o Emirates International Investment, con participaciones en empresas de consumo y gestión de activos. Arabia Saudí y su Public Investment Fund (PIF), ha reforzado sus apuestas por sectores estratégicos, como sus nuevas inyecciones en el fabricante de vehículos eléctricos Lucid. Y sus equivalentes Qatar Investment Authority y Kuwait Investment Authority mantienen su perfil de diversificación de riesgos y exploran nichos en Europa, Asia y América.

Toda esta actividad no debe entenderse como anecdótica. Es el reflejo del ADN de este tipo de capital instrumental, diseñado para operar especialmente en contextos de incertidumbre.

Sin embargo, no elimina ciertas tensiones inherentes al modelo. La guerra ha puesto de relieve divergencias estratégicas entre los países del Golfo. Qatar y Omán apuestan por la contención y la diplomacia. EAU muestra más agresividad y Arabia Saudí o Kuwait confían en su ambigüedad calculada. Estas discrepancias afectan a la imagen del bloque y a la percepción de área de riesgo inversor. Pese a que, de momento, los mercados muestran optimismo relativo en la gestión del shock petrolífero que emana del control iraní del Estrecho de Ormuz y que les reporta ingresos adicionales por un barril que oscila en torno a los triples dígitos según como se revele la escalada militar.

Presión y distensión hacia la Casa Blanca

La guerra, pues, ha reconfigurado el equilibrio geopolítico del Golfo con EEUU, erosionando, sin llegar a romper, su dependencia estratégica. Así lo cree Firas Maksad, de Eurasia Group, para el que “los petroestados no tienen alternativas al paraguas de seguridad americano”; China puede ser su primer socio comercial, pero “no ofrece defensa militar”. Sin embargo, los ataques iraníes exponen el coste de esa dependencia, enfatiza en Foreign Policy, ya que las bases militares y las alianzas que antes garantizaban estabilidad se han convertido en objetivos iraníes. “Veremos en ellos ofensivas diplomáticas, no militares” en busca del respaldo europeo y de los mecanismos multilaterales para contener a Teherán.

Para el politólogo Steven Cook, la guerra pone en jaque su modelo porque su pilar esencial --la seguridad-- ya no es un aval.

Estas tensiones también las desvela Financial Times. EAU --a través de Abu Dabi--, Qatar y Kuwait han recurrido a colocaciones privadas de deuda por unos 10.000 millones de dólares eludiendo mercados públicos para asegurar costes y rapidez en un clima de volatilidad e incertidumbre por el cierre de Ormuz y que les ha obligado a suspender exportaciones de sus combustibles fósiles. “Los emiratos conservan su acceso a la financiación, aunque en condiciones más exigentes”, dice el diario británico que resalta la petición de los emiratos --muy en concreto, la de EAU-- al Tesoro americano para abrir líneas de swaps en dólares, mecanismo de liquidez usado para estabilizar sistemas financieros.

El fortalecimiento del dólar por el conflicto presiona a economías con unas divisas vinculadas al billete verde y las obligan a intervenir para evitar venta de activos. Aunque las autoridades de EAU rechazan que sus finanzas emitan vulnerabilidad por su dependencia del dólar en el acceso a financiación internacional.

Hasta los recientes ataques iraníes con drones y misiles a territorio israelí, la narrativa económica dominante en el país hebreo era la de un patrón de crecimiento capaz de absorber shocks con notable rapidez. En la actualidad, sin embargo, la guerra abierta desatada contra Irán para afianzar el proyecto del Gran Israel que se ha propuesto imponer Benjamin Netanyahu ha mermado la confianza ciudadana, empresarial e inversora en el poder de resistencia de un PIB tasado en 666.400 millones de dólares, similar al de Argentina, Suecia o Singapur, que empieza a mostrar fisuras profundas y cada vez más estructurales.

El año de conflictividad geopolítica y militar para expandir el sueño del gubernamental Likud y de otros partidos ultraortodoxos en Oriente Próximo e instaurar la hegemonía israelí en la región ha dejado muestras de resiliencia, con un impactante repunte de la actividad del 3,1% en 2025. Muy por encima del 1% del ejercicio precedente, el peor dato en dos decenios, con la excepción de los primeros latidos del ciclo de negocios post-Covid surgido con fórceps monetarios y fiscales en todo el mundo para sacar a la economía global de su hibernación por la pandemia.

Pero el dinamismo israelí encierra un riesgo latente y cada vez más visible. El cheque militar de abordar dos misiones bélicas simultáneas –ocupación del sur de El Líbano y la aniquilación del régimen de los ayatolás en Irán, su enemigo irreconciliable dentro de la región más convulsa del planeta– empieza a alterar sus cuentas públicas.      

La alerta no procede de ningún agente antisemita. Ni de instituciones multilaterales de las que reniega Tel Aviv casi tanto como la Administración Trump. Es el propio Banco Central de Israel el que ha emitido las señales de alarma. El coste acumulado de la guerra equivale ya al 8,6% del PIB, unos 177.000 millones de shekels (57.000 millones de dólares). Pero, además, la coyuntura israelí deja un nítido desequilibrio. “La economía se ha asentado sobre el impulso reciente de su sector exterior, que sigue certificando un sólido rebote que contrasta con un consumo familiar y una inversión empresarial cada vez más débiles” aduce Nicholas Farr, de Capital Economics.

De modo que el PIB continúa instalado en una senda del crecimiento, aunque lo hace “de forma distorsionada, muy dependiente de factores ajenos a su dinámica doméstica y con la necesidad de recibir estímulos extraordinarios para afrontar sus ascendentes gastos en Defensa”, previene Farr.

El FMI, que acaba de rebajar dos décimas (desde febrero) su predicción de crecimiento global en 2026, hasta el 3,1% por “la contracción del flujo energético por Ormuz, daños a infraestructuras energéticas por el conflicto armado y disrupciones en las cadenas de valor y de suministro”, no ha pronosticado una valoración sobre los efectos de la guerra en la economía israelí, que fía a la revisión de los organismos oficiales del país. Pero resulta elocuente su visión previa al comienzo de las hostilidades. En febrero, el Fondo emitió su informe del Artículo VI –diagnósticos anuales a todos sus estados miembros– en el que auguraba un incremento del PIB del 3,5% con tendencia al alza, aunque “condicionada” a la inexistencia de conflictividad bélica regional.

En caso contrario –alertaban sus expertos bajo un escenario en el que la dialéctica geopolítica ya había elevado la tensión militar– “se producirán caídas temporales de inversión y empleo”, según la duración de contienda, y “aumentos graduales y, en ocasiones, exponenciales, del gasto por los costes asociados a la factura bélica”. También en los precios, que experimentarían repuntes desde una inflación “relativamente controlada” en el entorno del 2,6% antes de la guerra.

Economía tecnológicamente avanzada con fuga de talento

“El shock geopolítico mantiene el dinamismo israelí por debajo de su potencial de crecimiento”, al que contribuyen especialmente el alto componente tecnológico de su tejido productivo y su capital humano. El Fondo apostaba por un déficit del 3,9% en 2026, un objetivo loable, aunque insuficiente para reducir su deuda, del 67,2% del PIB al término de 2025, y que llegó a suponer el 99% del PIB al inicio del milenio.

En sintonía con el Banco de Israel, que proyectaba que la economía remontara un 5,2% este año para estabilizar el endeudamiento soberano. Su gobernador, Amir Yaron, avisa ahora de que el incremento del desequilibrio presupuestario y la revisión a la baja del vigor del PIB van a elevar “inevitablemente” la ratio de deuda. La reciente aprobación del gabinete de Netanyahu de un cheque extra de 13.000 millones de dólares para financiar la guerra refuerza esa tendencia.

Pero el conflicto armado no solo acarrea disfunciones fiscales contables. También pone en un brete la inserción internacional de Israel. El deterioro de las relaciones diplomáticas, en especial con ciertos socios europeos, tiene efectos tangibles en unas exportaciones que han descendido en 8 miembros de la UE más críticos con la ofensiva de Tel Aviv en la región. Ya en 2024, las ventas al mercado interior cayeron en 1.000 millones de dólares, mientras que el año pasado se contabilizaron 1.500 millones menos. El propio banco emisor israelí sugiere, no sin un poso de cautela, que “las posiciones políticas están influyendo en los volúmenes comerciales”.

Al desgaste externo, sostén de momento del dinamismo económico actual, se suman las dudas sobre la duración de la guerra con Irán. Las mismas incertidumbres que el FMI menciona con insistencia para justificar la fragilidad de las treguas, la provisionalidad de sus predicciones y los riesgos de que el colapso energético derive en una debacle financiera. Una nota de JP Morgan a clientes introduce una variable decisiva. “El impacto económico mundial y regional dependerá, sobre todo, del tiempo”. A partir del cual, sus analistas presentan un escenario base que varía a medida que el conflicto armado se prolonga e introduce variables como una escalada militar de mayor entidad en Oriente Próximo, cambios en los objetivos militares –como la renuncia tanto de la Casa Blanca como de Tel Aviv, forzado o no por las circunstancias, a un cambio de régimen en Irán– o, la más extendida en el calendario, una deriva hacia una guerra de desgaste.

Las perspectivas sobre este último horizonte son sombrías. Más movilización de reservistas, una mayor disrupción productiva, presiones alcistas sobre los precios y menor margen para recortes de tipos de interés. Con independencia del panorama, el banco de inversión ha reducido su meta el crecimiento para Israel en 2026 al 4,1%, mientras anticipa la implantación de una estrategia monetaria más restrictiva el resto del año. Por la “resiliencia operativa” para conservar su ritmo de actividad “parcialmente y bajo condiciones de guerra” por su rápida capacidad institucional, tecnológica y social a panoramas bélicos, con periodos de transición económica y de flexibilidad productiva adecuados a los cambios coyunturales.

No obstante, “esta resistencia activa contiene límites”, advierten en JP Morgan. Y son de calado estructural. Porque el cóctel de conflictividad duradera, tensiones diplomáticas y posibles fugas de talento preocupa cada vez más a las autoridades del país y amenaza con erosionar una arista esencial de su modelo económico: su marcado perfil innovador con una amplia inserción global.

El ecosistema de alta tecnología israelí es el motor de las exportaciones, el gancho de la inversión extranjera y el acicate de la notable productividad registrada por Tel Aviv en tiempos de paz. O, dicho de otro modo: es el gran amortiguador frente a inestabilidades externas. Una guerra sin cuartel, sin fecha de alto el fuego y con una permanente movilización de reservistas deteriora la fuerza laboral, altamente cualificada, y eleva el riesgo de los inversores internacionales, con los inmediatos efectos reputacionales, de fugas de talento y de corrosión de la ventaja competitiva labrada por Israel en los últimos años.

El banco central habla de amenaza de brain drain (fuga de cerebros) por la guerra en su último informe de situación. Es decir, de temor a salidas masivas de capital humano de alta cualificación técnico-profesional que traerían unos efectos destructivos multiplicadores. Entre otros, menor innovación, arritmias en el crecimiento, déficits fiscal y comercial estructurales, encarecimiento del dinero e impulso de la deuda. Una bomba de relojería que se encargaría de rebajar el atractivo financiero, poner en alerta a las agencias de ratings para reducir las calificaciones soberanas de Israel y limar la capacidad de respuesta gubernamental ante futuras crisis. “La resiliencia israelí tiene un umbral temporal a partir del cual el deterioro se acelerará de una forma no lineal, sino exponencial”, alertan en JP Morgan. Farr, por su parte, enfatiza el probable aumento de los costes crediticios si la tensión bélica y geopolítica se perpetúa. “Sería el detonante de una parálisis de la actividad”.

Privatizaciones en Defensa para costear la guerra

Este temor a la huida de talento y al agravamiento de las tensiones presupuestarias, financieras y tecnológicas por la escalada militar ha empujado ya al gabinete de Netanyahu a acometer una medida poco habitual en Israel. El país digitalmente más avanzado de la región ha decidido que tiene que competir fiscalmente por atraer y fidelizar la destreza profesional. Con incentivos para repatriar pericia tecnológica en plena carrera por la hegemonía de la IA y la economía del dato y el algoritmo. Toda vez que la fuga de trabajadores cualificados ha repuntado en un 45% desde 2023. Dror Bin, de la Autoridad de Innovación israelí, reconoce que “el capital humano es lo que hace que el sector tecnológico, que representa la sexta parte del PIB y más de la mitad del sector exterior, tenga éxito” 

El desgaste económico de la guerra también se vislumbra en el ámbito financiero. La Bolsa de Tel Aviv, tras un repunte inicial ante la expectativa de una guerra corta con Irán, ha perdido parte de las ganancias iniciales. El índice TA-125 ha retrocedido con fuerza en las últimas semanas, a pesar del pulso alcista de esta semana al calor de los vientos favorables a un acuerdo de alto el fuego. Más allá de comportamiento puntuales, los mercados de capital israelíes reflejan con una meridiana nitidez el contagio por el impacto del encarecimiento energético, la ralentización del turismo y los episodios de rampante incertidumbre global.

Aun así, subyacen comportamientos paradójicos como el de la divisa israelí. En general, el shekel ha resistido. Incluso se ha apreciado por momentos, llegando a registrar niveles superiores a las 3 unidades por dólar al comienzo de las operaciones militares. En gran medida, como fruto de la fortaleza de la confianza inversora en su industria tecnológica. Aunque también ha mostrado signos de debilidad. En función de las revelaciones sobre el coste de la guerra que han surgido a cuentagotas. La mayor caída del peso monetario del shekel se produjo en Semana Santa, cuando Tel Aviv admitió que el coste directo superaba ya varias decenas de miles de millones de dólares y que las pérdidas podrían rebasar los 9.000 millones de shekels semanales bajo una climatología adversa de movilización general.

La preocupación del equipo económico de Netanyahu ha llevado al gabinete a estudiar procesos de privatización de firmas estatales estratégicas como Israel Aerospace Industries. “La necesidad de obtener recursos adicionales para Defensa obliga a monetizar activos públicos”, justificaba hace varias jornadas Yali Rothenberg, alto cargo del Ministerio de Hacienda a Financial Times. Y a recibir críticas del mercado por la falta de previsibilidad del gobierno. Eran Yashiv, profesor en la Universidad de Tel Aviv detecta riesgo de erosión en el modelo de “startup nation” de Israel, de una economía abierta a otra más cerrada por falta de planificación de un gabinete al que le obsesiona la victoria militar a cualquier precio.  

En similares términos contesta Daniel Byman, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), para quien los conflictos en los que está involucrado Tel Aviv no se ganan solo en el plano militar. Irán -alerta- está logrando desplazar los costes al sistema global, encareciendo la energía y tensionando las economías. Incluso en un escenario de triunfo táctico-militar, “podría darse una derrota económica, aunque sea parcial, de Israel”.

La tregua de dos semanas aceptada por EEUU e Irán y surgida con fórceps bajo una sorprendente mediación paquistaní con influencia soterrada de China, nació herida de gravedad. En apenas unas horas, emergieron varias variables geoestratégicas de primer orden que advertían de que la desconfianza entre Washington y Teherán es profunda y difícil de desenredar. La principal de ellas, para el régimen iraní, es la interrupción de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano. Para el intimidador Donald Trump, la reanudación del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz, que desencadenó su amenazante mensaje de arrasar “la civilización persa” para forzar el alto el fuego. Podría parecer un nuevo episodio de su relato TACO.

Ese Trump Always Chickens Out que se podría traducir como un “siempre se achanta” que, en esta ocasión, más que en sus escenificaciones en el ámbito comercial, contuvo el aliento de todo el planeta.

La aceptación inicial de Teherán de permitir el flujo naval por Ormuz concedió un fugaz balón de oxígeno energético a una larga lista de países crudo-dependientes y un cierto respiro a la burbuja petrolífera que empezaba a tomar cuerpo, bajo la estrecha vigilancia de los bancos centrales.

Sin embargo, en apenas unas horas, el voltaje geopolítico y la inquietud económica y bursátil se volvieron a hacer patentes y el shock energético global que había emergido las jornadas previas y posteriores a la Semana Santa cristiana volvió a reaparecer. El pacto trabado a contrarreloj por la Administración Trump y el régimen de los ayatolás era demasiado débil y exigía, como admitió la Casa Blanca el pasado jueves, negociaciones directas con los asuntos más espinosos sobre la mesa. Entre ellos, la reclamación iraní del final de las hostilidades en territorio libanés que, hasta entonces, estaba fuera del radar militar y diplomático estadounidense. 

Todo ello hizo oscilar el precio del oro negro en torno a los triples dígitos. Pero la cotización del barril y el exceso de crudo en el mercado no son los únicos barómetros de un shock energético que tiene aristas más pronunciadas que limar. Entre otras, la seguridad del transporte marítimo y de los centros productivos e infraestructuras de petróleo y gas en Oriente Próximo, castigadas por el largo mes de guerra —todavía sin provocar el cierre del grifo energético, precisan los analistas del mercado—, sin olvidarse de la gestión de los inventarios de crudo o de las primas de riesgo a las navieras y sobre las facturas de los combustibles fósiles en circulación.

Una voz autorizada como la de Michael Singh, ex responsable del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, anticipaba a la agencia Bloomberg estas dificultades nada más proclamarse la tregua. “No es una resolución de paz, sino, más bien, un respiro en la escalada bélica” que atestigua que ambas partes “están muy lejos de cualquier entente cordiale” porque el escenario no apunta precisamente a una sustitución en la cúpula de poder iraní, la misión que activó, teóricamente, las hostilidades de la Casa Blanca en Oriente Próximo y que escondía la contribución de Trump a la construcción del Gran Israel que persigue Benjamín Netanyahu.

Los mercados “se han tomado un descanso para tomar aire”, aunque la economía mundial “siga plenamente expuesta”, alertaba Singh. Incluso tras el reinicio de las hostilidades posteriores, al que Irán puso otra pausa casi inmediata al suspender sus ataques ante la opción de diálogo con el nuevo emisario americano, el vicepresidente JD Vance. Pero para bancos de inversión como Goldman Sachs, el Brent, barril de referencia en Europa, promediará ya los 100 dólares en 2026 si Ormuz permanece cerrado un mes más. Su estratega Daan Struyven precisa en una nota a sus clientes que la tregua “seguirá siendo demasiado sensible”, incluso con la mediación del número dos de la Administración Trump, y que “los riesgos futuros sobre el precio del crudo se inclinan al alza”.

En cambio, si la pasarela marítima controlada por Teherán reanuda el tránsito marítimo, el Brent se situaría en los 82 dólares en el tercer trimestre y en los 80 en el último del año. 

La descongestión naval, pues, sigue siendo una incógnita. Aún continúan hacinados en las aguas del Golfo Pérsico alrededor de 800 buques —la mayoría, cargados de crudo, gas natural licuado o combustibles refinados, según cálculos del mercado— incapaces de seguir sus rutas mercantes. Solo una veintena de ellos llegaron a recibir custodia oficial de la Guardia Costera iraní durante las jornadas previas al final del ultimátum de Washington. 

Eso sí, previo pago de peajes monetarios que han engrosado las arcas iraníes. Y con la exigencia de que cada naviera pagara sus peajes a través de criptomonedas. Así lo asegura Hamid Hosseini, portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, al Financial Times, arguyendo “la necesidad de controlar el tráfico de armas” y alertando que estos procedimientos “llevarán su tiempo para supervisar buque a buque”. Pero Irán —precisa— “no tiene ninguna prisa”.

En los instantes de tregua, la amplificación del colapso energético y de las disrupciones logísticas parecieron relajarse. Reflejo de que las aguas inversoras eran turbulentas y que los mercados navegan sin apenas visibilidad. Y a pesar de las artimañas que Teherán lleva usando para sortear las sanciones occidentales a sus ventas de crudo y que son lo suficientemente extensas como para alterar el negocio petrolífero. 

Quejas petroleras, daños en países crudo-dependientes

Del lado de la oferta, los ejecutivos de las grandes petroleras, desde la saudí Aramco hasta Exxon Mobil, incidían antes de la tregua en que, pese a los beneficios caídos del cielo durante semanas, el mercado del crudo no está en condiciones de reajustar precios de forma sostenible en medio de una crisis geopolítica de esta magnitud. Esencialmente, porque actúan dentro de horizontes de inversión de décadas, lo que limita su capacidad para reaccionar ante shocks de corto plazo. Incluso con precios elevados, las incertidumbres —agravadas por decisiones políticas cambiantes y mensajes contradictorios desde Washington— frenan sus expectativas productivas y crean una paradoja compleja. El sector teóricamente más beneficiado por la crisis es incapaz de ejercer de amortiguador del sistema.

Aducen que los daños ocasionados a refinerías, campos extractivos y plantas de exportación han alterado su capacidad física para suministrar energía y transformado la crisis en un problema de seguridad industrial y logística en toda regla. Algo que excede de los parámetros del mercado y que deja entrever que, en opinión de las supermajors, las disrupciones de la guerra tendrán unos efectos duraderos y que la reconstrucción de sus activos energéticos requerirá años y miles de millones de inversión. Incluso después de que cesen las hostilidades. Es decir, que la contienda no solo ha distorsionado sus perspectivas de acumulación de reservas estratégicas o búsquedas de nuevas balsas energéticas y de fuentes alternativas y limpias, sino que ha puesto en el punto de mira la urgente necesidad de reconfigurar la arquitectura energética global. En términos de seguridad productiva y de suministro.

Chevron o ConocoPhillips, dos de las petroleras estadounidenses más expuestas a la guerra en el Golfo, han expresado directamente a la Administración Trump mensajes de protección de sus activos estratégicos en la región.

En cambio, en el lado de la demanda, la guerra abierta ha pasado facturas cuantiosas a los países altamente dependientes de los combustibles fósiles. El impacto más tangible se ha concentrado en Asia. En economías como las de Filipinas, Tailandia y Sri Lanka donde la restricción energética se ha traducido súbitamente en espirales inflacionistas con tensiones sociales. En Filipinas, con una intensa necesidad de importación de crudo, su IPC saltó hasta el 4,1%, muy por debajo del 2,4% de febrero por el encarecimiento de la gasolina y el diésel mientras el tipo de cambio de su peso se hundía hasta registros históricamente bajos respecto al dólar, lo que obligó a Manila a declarar el estado de emergencia energética.

Tailandia, por su parte, ha recurrido a subsidios y medidas de contención para evitar un traslado completo a la inflación general, mientras Sri Lanka —el mercado más vulnerable a los ojos del FMI, junto a Pakistán, mediador en el alto el fuego—, reintrodujo racionamientos de combustible y limitaciones en las jornadas laborales y salarios.

Esta tríada de países asiáticos componen un patrón de comportamiento que deja como secuela el conflicto armado en Irán. Una energía más cara que implica un transporte más costoso y unas cestas de alimentos de primera necesidad que se han disparado y erosionado a una velocidad inaudita el poder adquisitivo de sus familias.

India e Indonesia también se han enfrentado a presiones sobre sus divisas. Al igual que Corea del Sur a unos inusitados riesgos comerciales. O China a un desabastecimiento de sus sectores; especialmente, industriales. Así lo advierte Musa Kim Jong-do, director de la oficina de Trends Research & Advisory en Seúl y profesor de Korea University. “El encarecimiento sostenido de los flujos energéticos fósiles amenaza con erosionar la competitividad industrial y trasladar inflación al resto del mundo a través de las exportaciones chinas” en el continente.

Los daños colaterales, a su juicio, no van a ser lineales, ya que afectan también a los fertilizantes, el transporte marítimo y las cadenas manufactureras completas, amplificando el impacto inicial del crudo, mientras dure el reajuste. No en vano, casi las tres cuartas partes de la población del planeta —el 74%— habita en países importadores netos de combustibles fósiles, según el grupo global de expertos en energía, con mercados como el japonés, el surcoreano, el alemán o el turco con más de las dos terceras partes de las fuentes fósiles de sus mix energéticos adquiridas del exterior.

Contagio a las coyunturas industrializadas

También EEUU parece cercado, en cierto modo, por el shock energético global. Algunos analistas situaban sus previsiones de IPC en el 4,1% en abril antes de la tregua con “escasas posibilidades” de que la Reserva Federal, como desea y presiona Trump, relaje el precio del dinero. Al menos, hasta el otoño, aunque algunos lo retrasan hasta diciembre. Toda vez que la creación de empleo vuelve a emitir señales de vitalidad en primavera. Pese a que en 2019 la primera potencia global mostró su capacidad para convertirse en primer exportador neto de crudo, una tecla que Trump puede tocar para regar de nuevo de oro negro estadounidense el mercado haciendo uso de sus reservas estratégicas. La gasolina se ha disparado en EEUU un 36,7% desde el inicio de la guerra; el gas en Europa, un 46,9%. El BCE podría subir tipos ya este mes si los halcones ganan la batalla en su cúpula ejecutiva.  

De igual modo, los petroestados del Golfo están reconsiderando a marchas forzadas desviar su flujo petrolífero a través de oleoductos transversales con destino al Mar Rojo. El llamado Este-Oeste de Arabia Saudí se considera un adelantado a los tiempos para paliar los cuellos de botella de Ormuz. Bajo gestión de Aramco, sufrió uno de los primeros ataques con drones iraníes en la falsa tregua, si bien su propietaria, la petrolera saudí, se mostró optimista de poder reparar los daños ocasionados en varios puntos de sus 1.200 kilómetros de recorrido. Los emiratos barajan ahora varias tuberías con destino al Mar Rojo que fueron rechazadas por sus autoridades por su elevado coste y los riesgos de ataques de hutíes yemeníes y piratas somalíes. 

Pero donde la estanflación parece haberse instalado con más comodidad es en Europa. “Energía cara implica importación de inflación”, recordaba estos días Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE para quien la ruptura de las cadenas energéticas y daños en infraestructuras provocan que “la normalización de los precios sea lenta” y efectos “potencialmente duraderos” de estancamiento económico con espiral inflacionista en la zona del euro. Un pesimismo que se traslada al ámbito político. El comisario de Energía, Dan Jørgensen, advierte de un shock “de largo recorrido” con precios elevados durante bastante tiempo que propician la aprobación de medidas excepcionales como el uso de reservas estratégicas o el racionamiento de combustibles en tiempos de “cautela presupuestaria” que podrían derivar en “consecuencias fiscales graves”.

Irán ha convertido la guerra en un pingüe beneficio. En las mismas narices de sus dos agresores: Estados Unidos e Israel. Una tupida y eficiente red de negocios opacos vinculados al tránsito petrolífero y gasístico con peaje por el geoestratégico estrecho de Ormuz, bajo el estricto control del régimen de los ayatolás y vigilancia aún más férrea de la Guardia Revolucionaria, ha sacado de la UVI a la maltrecha economía persa. Los ingresos caídos del cielo de un barril que se ha disparado hasta los triples dígitos y las regalías adicionales solicitadas a buques bajo bandera de países a los que la cúpula dirigente iraní otorga el plácet de amistad diplomática —como India, que inició el tráfico de petroleros por la pasarela del Golfo Pérsico—, han proporcionado los balones de oxígeno que las arcas iraníes demandaban como agua de mayo para sanear las cuentas estatales.

Teherán ha convertido la presión geopolítica global en ventaja estratégica al cumplir el mandato de Alí Jamenei de regionalizar, primero, y globalizar, después, las hostilidades armadas. El líder espiritual asesinado por los ataques aéreos de EEUU e Israel al inicio del conflicto estaba en lo cierto. Su país tenía la capacidad de protagonizar un doble efecto bumerán. Dañar, por un lado, a la economía mundial y sanear, al mismo tiempo, la suya propia en caso de guerra abierta con Washington y Tel Aviv.

El sistema productivo persa ha entrado en una fase de rápida y profunda transformación. Desde una economía sometida al yugo de las sanciones internacionales por los avances en su programa nuclear —siempre declarado de uso civil por parte del régimen— hacia un modelo en emergencia de guerra sofisticado y capaz de extraer rentas extraordinarias del encarecimiento del oro negro. Ormuz ha devuelto recursos a las desangeladas arcas iraníes mientras fragmentaba en paralelo el orden internacional. En varios frentes. Desde el temor de los principales bancos centrales a una estanflación que les obligaría a retomar la senda restrictiva de tipos de interés y a formalizar ventas masivas de bonos del Tesoro americano para apuntalar sus economías y divisas, hasta el riesgo de un colapso energético que el mercado, que viene de registrar un marzo negro, todavía no descarta. 

Por el contrario, la guerra, que para no pocos analistas tendría que haber precipitado a Irán a la quiebra técnica por su fragilidad productiva, la escasez de su cesta de divisas internacionales y una galopante y persistente inflación provocada, en gran medida, por las sanciones y embargos occidentales, ha impulsado la mutación hacia una economía militarizada a marchas forzadas que ha generado una sorprendente rentabilidad. Así lo subraya The Economist en un reciente análisis en el que asegura que el régimen puede estar siendo golpeado en el campo de batalla, pero está ganando, al mismo tiempo, la contienda energética. Esencialmente, por el shock de oferta en el crudo y el gas.

El bypass de Ormuz ha mermado las ventas de combustibles fósiles de sus vecinos pérsicos —los emiratos y Arabia Saudí—, mientras Teherán hace caja con su combinación de peajes de tránsito, una sutil tolerancia del riesgo mediante permisos de tránsito a una selecta lista de petroleros y metaneros y la experiencia larvada en décadas para eludir las sanciones occidentales con cargos en alta mar que esperan contratos al mejor postor y rumbos sin definir.

El resultado es una paradoja que, a buen seguro, no estaba en los esquemas de la Administración Trump. Ni del Gobierno de Benjamín Netanyahu: cuanto más se desestabiliza el mercado, mayor es la rentabilidad potencial para que Irán siga operando con sus márgenes de beneficio.

Para más inri, esta estrategia dista mucho de ser improvisada. Durante años, Irán ha puesto en liza una estructura paralela a la que opera en los circuitos globales para comercializar su petróleo sin represalia alguna. Formalmente, su venta la gestiona la todopoderosa Guardia Revolucionaria, que acapara cada vez más control sobre las finanzas estatales. Pero, en la práctica, el régimen de los ayatolás ha configurado una arquitectura disgregada en una multiplicidad de actores que ejercen distintos poderes e influencias. Desde líderes religiosos, hasta militares o miembros del establishment administrativo que se reparten las cuotas de crudo y las convierten en liquidez a través de redes propias de negocios.

Una tupida y efectiva red de control económico

Esta descentralización a golpe de botín energético resulta ineficiente en tiempos de estabilidad geoestratégica, pero se muestra especialmente resistente con el ruido de las armas.

Desmantelar este modus operandi requeriría para los agresores del régimen atacar de una forma simultánea a decenas de nodos de poder dispersos, algo prácticamente inviable incluso con la superioridad aérea estadounidense e israelí. Aunque sea la cúpula de la Guardia Revolucionaria la que marca el paso. Desde hace décadas este estamento militar acumula músculo económico. Hasta el punto de operar como un conglomerado empresarial dentro y fuera de las fronteras de Irán.

Es este cuerpo de asalto del régimen chií el que ejerce el dominio estricto de las rutas marítimas, el que escolta a los buques, monetiza los peajes navales, ordena los ataques a las instalaciones energéticas de sus vecinos pérsicos y maneja el caudal exportador con métodos coercitivos.

La dimensión logística de esta transformación es igualmente reveladora. Ante la vulnerabilidad de infraestructuras clave como la isla de Jarg, Teherán ha diversificado sus terminales y rutas, distribuyendo riesgos y aumentando los ingresos monetarios. Este enfoque implica más costes, pero responde a la lógica de supervivencia de todo conflicto bélico que se precie, en los que la resiliencia sustituye a la eficiencia como criterio económico. Y, en este sentido, la red de pagos a la sombra generada por la Guardia Revolucionaria y sustentada en miles de cuentas fiduciarias, empresas-pantalla y mini-bancos —sobre todo, asiáticos— es un aval de garantía demostrada.

No por casualidad, Irán emplea este mecanismo desde que soporta el régimen sancionador del exterior. Con él canaliza ingresos petroleros a través de múltiples capas de intermediación que dificultan tanto el rastreo internacional como doméstico. Con la inestimable cooperación china. Porque el gigante asiático no solo absorbe la inmensa mayoría del crudo iraní mediante su cada vez más extensa constelación de refinerías independientes, sino que también ofrece un entorno financiero lo suficientemente flexible como para sostener estas operaciones. Como detalla The Economist, este artificio contable ha alcanzado tal densidad que incluso las autoridades iraníes tienen dificultades para rastrear completamente los flujos.

La relación con China deja traslucir varias sinergias. Todas de calado. A Pekín, el petróleo iraní le resulta indispensable para abastecer su tejido productivo en tiempos disruptivos, mientras que, a Teherán, el gigante asiático le aporta un comprador fiel y dispuesto a actuar fuera del sistema mundial. Así lo explica Ahmed Aboudouh, investigador de Chatham House: la aparente pasividad de China respecto a la guerra “no debe confundirse como debilidad o abandono, sino que responde a una lógica estratégica deliberada”. Xi Jinping ha evitado implicarse en el plano militar y económico porque prioriza mantener la estabilidad regional y preservar así sus relaciones con múltiples actores, incluidos rivales de Irán.

Este enfoque —dice Aboudouh— deja un rasgo diferencial con la política exterior estadounidense. “Mientras Washington tiende a actuar de una manera reactiva y coercitiva, la diplomacia china apuesta por una acumulación gradual de influencia desde la prudencia”. A corto plazo, puede parecer inacción, pero, a la larga, va a permitir a Pekín “posicionarse como actor imprescindible en cualquier escenario postconflicto y ganar competitividad global”.

Ormuz actúa de marcapasos recaudatorio

A ello se suma que la demostrada capacidad iraní para sellar o restringir el tránsito de Ormuz le otorga una herramienta de presión directa sobre la economía global. Más allá del crudo y el gas le concede la posibilidad de institucionalizar el cobro de peajes y, con ello, pasar de ser un mero exportador de energía a convertirse en un recaudador de rentas geopolíticas derivadas del flujo energético mundial. Las dobles primas de riesgo —sobre el barril y los seguros mercantes— ayudan a elevar la factura petrolífera iraní. Pero, por encima de todo, la mayor contribución a las arcas la aporta la veintena de barcos que han empezado a pasar a diario por el estrecho. Con pasajes y vetos discriminatorios de por medio.

El cambio de relato de Donald Trump —del ultimátum para destruir centros energéticos y redes de distribución de agua a avanzar que la guerra terminará “en dos o tres semanas” con la reserva de retirar al Ejército estadounidenses incluso sin victoria militar— responde al incómodo dilema que le ha creado su guerra ilegal. O aceptar un nuevo equilibrio en la región con un régimen que permanece en el poder en Irán o arriesgarse a una escalada geopolítica e inflacionista de difícil resolución.

Algunos analistas ya anticipan un IPC en EEUU del 4% este año y el siguiente, lo que dejaría sin opciones a sus nuevos delfines en la Reserva Federal, con su futuro presidente, Kevin Warsh, a la cabeza, sin margen para maniobrar a la baja los tipos como desea el líder MAGA. A medio año vista de las elecciones midterm para renovar el Congreso y gobernadores de estados de la Unión. Con la intención de voto republicano a la deriva.

Aun así, en el lado iraní, la guerra, pese a consolidar una alternativa económica adaptada a unos parámetros globales más inestables, fragmentados y competitivos, también engendra un patrón menos transparente y eficiente y, por el contrario, con más capacidad coercitiva y basado en un precio del petróleo caro y en una tela de araña clientelar de puertas adentro. 

Del ataque sin cuartel al alto el fuego

En las últimas horas, la balanza geoestratégica parece inclinarse del lado del alto el fuego. No es fruto de la casualidad que este clima en favor de la paz surja en las horas más bajas de Trump en las cinco semanas de conflicto. O que se haya dado relevancia en las cancillerías occidentales al plan conjunto de Pakistán, mediador desde hace una quincena entre Washington y Teherán, y China. Sin embargo, de formalizarse, el escenario en Irán tampoco invita al optimismo. Varias voces de observadores internacionales y analistas económicos alertan de un peligro de colapso postbélico, con repunte del desempleo, interrupción de negocios y retrocesos del comercio con recortes salariales. Una especie de contracción en diferido que podría traducirse en un malestar social una vez desaparezca el riguroso control militar actual por la urgencia bélica.

Ali Ansari, profesor de Historia Moderna de la universidad escocesa de Saint Andrews, de origen iraní, recuerda a Reuters que su país ya atravesaba por “profundos problemas” económicos con anterioridad al conflicto y que la guerra solo agravará una crisis política y social previa. A su juicio “reaparecerán con más fuerza y generarán inestabilidad interna” porque su coyuntura “no será capaz de absorber el shock sin consecuencias civiles e institucionales significativas”. También el director de Human Rights Watch Louis Charbonneau cree que “si el deterioro de la actividad se acompaña de una intensificación de la represión, con arrestos de disidentes y descontentos, los enfrentamientos estallarán y volverán a estar a la orden del día”.

Bajo unas condiciones económicas débiles, que acrecientan la amenaza de una recaída. El FMI preveía antes del conflicto armado que el PIB iraní creciera un 1,1% en 2026, lejos del 4% de los mercados emergentes en su conjunto, con una inflación que superó el pasado año el 40% anual, una depreciación constante del rial y unas necesidades de financiación del gasto público a través de los ingresos petrolíferos demasiado elevadas.

El primer aniversario del proclamado a bombo y platillo Día de la Liberación Arancelaria deja un balance a medio camino entre el asombro y la inquietud. El experimento proteccionista de la Administración Trump de reconstruir la supremacía industrial de EEUU bajo un nuevo sistema global del comercio ha infringido un parte de siniestros casi total sobre el castigado entramado de intercambio de mercancías, servicios, capitales y trabajadores, Hasta hacerlo, si cabe, todavía más frágil, impredecible e inestable.

El mapa del comercio internacional se ha distorsionado. La imposición de aranceles recíprocos, articulada a través de poderes de emergencia, ha erosionado la credibilidad de EEUU como socio fiable y garante del libre comercio. Porque más que rediseñar el sistema, la versión Trump 2.0 lo ha desordenado.

No tanto como para colapsarlo, porque por las arterias comerciales sigue fluyendo productos y servicios. Pero sí para ralentizar su fluidez. Así lo cree Gary Clyde Hufbauer, experto del Peterson Institute for International Economics, quien subraya que la balanza bilateral americana con sus socios estratégicos apenas cambió en 2025, al tiempo que enfatiza que “esta estabilidad resulta porque se produce en un contexto de aminoramiento del comercio mundial”, señal inequívoca de un deterioro relativo que podría agravarse. “No es una ruptura inmediata, sino una erosión progresiva e ineludible”.

Entre otras razones –aduce– porque las cadenas de valor y suministro globales, profundamente integradas, “no pueden reconfigurarse sin costes significativos” y las empresas –incluso las que han reaccionado con estrategias defensivas como anticipación de pedidos exportadores, desvío de rutas marítimas o presiones para obtener exenciones y ayudas estatales para amortiguar sus impactos a corto plazo– “no podrán evitar ineficiencias productivas” por la interrupción de sus redes de abastecimiento. Y esas anomalías, además, acabarán acumulando gastos innecesarios, precisa. El resultado será un comercio menos transparente, costoso y condicionado por políticas volátiles.

A este escenario se suma la incertidumbre jurídica. La decisión del Tribunal Supremo americano de declarar ilegales los aranceles recíprocos que ha ido forjando a golpe de amenazas coercitivas el líder MAGA, lejos de restablecer la estabilidad, ha abierto un nuevo frente de conflicto. Desde la Casa Blanca se ha respondido al fallo judicial buscando resquicios legales alternativos –desde invocaciones normativas a la seguridad nacional hasta apelaciones a las desventajas comerciales externas– para reconstruir su muro arancelario. De modo que la resolución de los magistrados del Supremo –de marcado signo conservador— ha convertido la política comercial de EEUU en un terreno de disputa permanente entre el poder ejecutivo y los límites legales.

Este cuadro de mando ha conducido a 12 meses en los que la prometida tierra liberada de Trump ha dado paso a un orden comercial caótico. Sin quiebra del transito de mercancías ni decoupling de la globalización en sentido estricto. Pero con reglas incoherentes y polarización geopolítica que se ha acrecentado desde el 2 de abril de 2025.

1. Cuellos de botella crecientes y más agobiantes

En román paladino, ineficiencia inestable. Es la percepción del Nobel de Economía Michael Spence. A su juicio, la fragilidad actual responde a un problema de diseño. Su tesis parte de una verdad incómoda. “La economía mundial no está diseñada para ser resiliente, sino para ser eficiente”. Durante décadas, empresas e inversores han optimizado costes, anulado redundancias y concentrado producción en nodos competitivos que alumbró un sistema “extraordinariamente ágil en condiciones de normalidad comercial, si bien muy vulnerable cuando algo deja de funcionar”. Taras que no necesariamente tienen que ser extraordinarias. Basta con cerrar un estrecho marítimo, con dejar una fábrica esencial fuera de servicio o restringir la exportación de un insumo –o producto– crítico.

El listado de riesgos sistémicos de Spence se refiere a factores que pueden llegar a desencadenar disrupciones en cascada. Desde la energía, hasta los semiconductores o tierras raras, pasando por las infraestructuras digitales. La globalización no ha eliminado los cuellos de botella; tan solo los ha redistribuido y, en muchos casos, los ha intensificado, precisa en Project Syndicate.

En su opinión, la cuestión no es solo técnica, sino económica. La resiliencia es un bien público mal financiado, cuyos beneficios --evitar crisis sistémica-- se reparten entre todos y sus costes --duplicar proveedores, mantener inventarios y sacrificar eficiencia— recaen sobre los actores particulares. En un sistema competitivo, el resultado es predecible porque se invierte poco en resiliencia. “Sin embargo, nadie quiere pagar por un seguro cuyo beneficio principal lo disfrutan otros”, apunta el también profesor emérito de Economía de la Escuela de negocios de Stanford.

2. ¿Corregir desequilibrios? Los aranceles acarrean gastos

Erica York, de Tax Foundation, avisa de que el incremento de la presión arancelaria hasta niveles no vistos desde mediados del siglo XX actúa como un impuesto regresivo al elevar las facturas de hogares y empresas sin que se corrijan con ellos los déficits –comercial y por cuenta corriente-- externos. La persistencia del agujero comercial de EEUU durante el segundo semestre de 2025 y enero pasado evidencia que los aranceles no atacan las heridas económicas profundas vinculadas al ahorro, la inversión y los flujos de capital. Ni acelera la relocalización productiva o el reforzamiento de la seguridad o la autonomía geoeconómica, acredita York. A partir de datos de este think tank que afirma tener como objetivo fundacional el escrutinio de los recursos federales.

En 2025, los aranceles supusieron un coste de alrededor de 1.000 dólares por hogar; en 2026, serán varios cientos adicionales. Para York, “una subida de impuestos, indirecta, pero tangible, en toda regla”. Los cálculos de Tax Foundation revelan que el peaje promedio pasó de una cota del 2% a otra del 8% en el conjunto del año --los aranceles entraron en vigor en agosto--, lo que devolvió a la primera economía global al escenario comercial de entreguerras. Sin reajuste en la balanza comercial y con el peligro añadido de que sus costes más relevantes son acumulativos.

Las reducciones en el dinamismo del PIB, aunque sea de décimas, significa recortes de inversión, pérdida de productividad y, en ultima instancia, de renta familiar e ingresos corporativos. Así como la pérdida de recaudación de 175.000 millones de dólares por parte del Tesoro federal.

3. Desorden global sin seguridad jurídica

Tax Policy Center afirma que EEUU se ha adentrado en un terreno excepcional para una economía avanzada como ha plasmado la corrección del Supremo al invalidar los aranceles impuestos bajo la International Emergency Economic Powers Act. Su resolución no solo redefine los límites del poder ejecutivo, sino que transforma los flujos financieros asociados al comercio en una escala sin precedentes. Porque lo que durante meses fue una fuente de ingresos públicos se convierte ahora en una obligación de devolución masiva. Bajo una lógica aplastante --si los gravámenes son ilegales, el Tesoro no puede retener la cuantía recaudada--, su mandato de rebajar los peajes a la importación y la puesta en liza de mecanismos de compensación automáticos que trasladen la carga al sistema administrativo y judicial, se abre una fase de litigios, procedimientos aduaneros y medidas políticas aún por definir y de recobros inciertos.

Para las empresas, el fallo revela otra balanza de riesgo y oportunidades. Los importadores son los beneficiarios directos de las devoluciones. Pero el acceso efectivo a esos fondos depende de su capacidad para avanzar en un proceso técnico y exigente de revisión de entradas aduaneras, presentación de protestas dentro plazos estrictos y reconstrucción documental de los pagos ya realizados, alertan los bufetes de abogados.

4. Readaptación incierta de las cadenas de valor

Otro análisis, del Centre for Inclusive Trade (CfIT), incide en que las políticas ineficientes como las arancelarias de Trump generan facturas adicionales. Las empresas se adaptan a los cambios con mayor celeridad de lo que los políticos transforman. Ante los gravámenes y las amenazas, han desviado sus rutas, han reetiquetado sus productos, han buscado intermediarios o negociado exenciones, mientras tratan de amoldarse a la doble prima de riesgo, energética y al transporte mercante. El comercio no ha desaparecido, pero ha mutado. Sigue funcionando con más fricción. Los investigadores del CfIT Nicolò Tamberi y Alan Winters aseguran que el impacto más relevante “no es la destrucción del comercio, sino la incertidumbre que lo rodea”, a la que también califican de “impuesto”; en este caso, “particularmente corrosivo”.

Las empresas --dicen-- no solo reaccionan a lo que ocurre, sino a lo que podría ocurrir. Si la política comercial es volátil --aranceles que aparecen, se suprimen o cambian de base legal--, la inversión se ralentiza, las decisiones estratégicas se posponen, la planificación a largo plazo se sustituye por ajustes tácticos y el diagnóstico es un sistema reactivo e ineficiente. A ello se suma un efecto colateral: el sistema multilateral de comercio, con sus reglas, procedimientos y previsibilidad se ha debilitado. Cuando la primera potencia global actúa unilateral y erráticamente, las normas importan menos. Otros mercados como el europeo buscan alternativas en acuerdos regionales de libre comercio -Mercosur, Canadá, India o Australia- para ganar en diversificación y poner parches a su fragmentación. Aunque el comercio “dependerá cada vez más de decisiones de soberanía gubernamental”.

5. Mercancías al ralentí sin gobierno comercial

La OMC acaba de pronosticar su descenso. De un dinamismo del 4,6% en 2025 al 1,9% este año y el 2,6% en 2027. También el de servicios se retraerá hasta el 4,8% en 2026 desde posiciones cercanas ya al doble dígito. Por el agotamiento importador, el impacto en diferido de los aranceles y la incertidumbre comercial. Incluso dibuja un panorama aún más adverso --de medio punto a la baja, hasta el 1,4%-- si el caos arancelario o las tensiones geopolíticas se agudizan. Con un diagnóstico nítido: el comercio global resiste, pero readaptándose constantemente a un entorno menos cooperativo y sus cadenas de valor en estado de mutación. Solo el comercio digital amortigua la desaceleración, así como los flujos ligados a la IA. Dinámicas que operan pese al sistema multilateral, no gracias a él.

La propia OMC admite que la ausencia de represalias ha evitado un deterioro mayor, aunque sin un marco normativo plenamente operativo, difícilmente habrá una regeneración adecuada. Su papel de árbitro y garante del comercio justo está sometido a una crisis de identidad debido a la indiferencia de Trump y a la paralización de sus mecanismos de resolución de disputa. En una época en la que sus estatutos resultan insuficientes para abordar distorsiones contemporáneas como los subsidios masivos, las restricciones tecnológicas o la coerción económica.

El desprestigio de la OMC es tan alarmante con la versión Trump 2.0 que Ignacio García Bercero, del Instituto Bruegel, apunta a una estrategia pragmática, la de reforzar el sistema reglado actual sin esperar a un consenso internacional pleno que combina la defensa de este ente multilateral con la firma de acuerdos globales y regionales en áreas como el comercio digital o instrumentos de facilitación de inversiones y mecanismos alternativos de arbitraje. Una especie de equilibrio inestable en el que los aranceles dejarían de ser meras barreras económicas para convertirse en síntomas de una transición más profunda. Mientras se decide si la OMC continuará o no siendo el arquitecto del comercio mundial o si se idea su reemplazo bajo otro orden mundial.

6. La guerra de Irán atenaza la resiliencia activa

Otra pica sobre el desorden comercial. El cierre del Estrecho de Ormuz no solo ha interrumpido el tránsito de hidrocarburos. También ha colapsado nodos logísticos críticos que conectan Asia, Europa y África. El impacto inmediato se concentra en la energía, cuyo encarecimiento se transmite con rapidez a los costes del transporte y de los alimentos e importa inflación; especialmente a los países crudo-dependientes.

Aunque también en este punto, los daños colaterales son mayores. Las disrupciones de crudo se amplifican a lo largo de cadenas de valor, sobre todo, las asiáticas, donde grandes centros de refinado redistribuyen productos energéticos y petroquímicos a escala global. La perturbación inicial se convierte en una cascada que ahoga los insumos industriales, fertilizantes y bienes intermedios, elevan su producción y erosionan el comercio más allá del sector energético.

El presidente estadounidense ha vuelto a montar otro TACO, acrónimo acuñado con sorna en las firmas de inversión de los últimos meses para describir sus secuencias recurrentes de amenazas apocalípticas seguidas de repliegues de postura del líder MAGA. En 2025, utilizó a destajo esta desconcertante dialéctica a cuenta de la implantación de los aranceles recíprocos de EEUU y sus posteriores tiras y aflojas con aliados y rivales geoestratégicos y culminó con un rapapolvo del Supremo americano.

Este año, la arena donde se escenifica la estrategia comunicativa trumpista, a golpe de clic, se sitúa en el mercado del petróleo, ecosistema ideal para trasladar casi sin solución de continuidad las consignas geopolíticas a la especulación bursátil por el amplio abanico de parámetros que se conjuran para fijar el precio del barril. 

TACO responde a la apelación Trump Always Chickens Out (algo así como Trump siempre se acobarda) y, hasta ahora, antes de atestiguarse unos sospechosos movimientos de enriquecimiento rápido con indicios de tráfico de influencia en el círculo próximo a Trump –a propósito de sus amenazas y repliegues sobre un alto el fuego en la guerra ilegal contra Irán que él mismo inició— regía en los círculos inversores la certeza de que “la única posición perdedora es tomarse la retórica trumpista al pie de la letra”. Lectura con claros tintes irónicos.

Sin embargo, el negocio del petróleo es más peliagudo. Suma factores más peligrosos a los mensajes coercitivos con rectificación del mandatario americano que los de una reconfiguración global de los entramados arancelarios que han sepultado el principio de la libre circulación de mercancías y servicios.

El crudo es el fertilizante más propicio para que germinen tomas de decisiones geopolíticas en los mercados de capitales. Es donde campa a sus anchas la idea de que la volatilidad propicia incertidumbre, pero también oportunidades. Así lo constataba Financial Times en la mañana de una de las jornadas clave de la pasada semana, cuando se ejecutaron operaciones en futuros de Brent y WTI –barriles de referencia en Europa y EEUU, respectivamente– por valor de 580 millones de dólares. Apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara avances en las conversaciones con Irán, que el régimen de los ayatolás se apresuró a desmentir.

Pero el relato cumplió su misión. Desencadenó una caída inmediata del petróleo con repuntes de otros activos, lo permitió capturar beneficios rápidos y cuantiosos. ¿Tráfico de influencias? Presumiblemente. Aunque no se hayan identificado a los operadores ni haya todavía pruebas de ilegalidad, el cariz anómalo de estos movimientos concertados un día sin datos relevantes ni catalizadores evidentes alimenta la sospecha de que un selecto club de inversores próximo al circuito personal del presidente opera con ventajas informativas de carácter privado. “Alguien se hizo mucho más rico en horas”, asumían varias voces del mercado.

Al margen de esta seria advertencia de los efectos que puede ocasionar la jerga TACO, esta alerta de súbitos incrementos patrimoniales para unos pocos parece certificar que el precio del crudo ya no responde únicamente a interrupciones del suministro o a cambios en la demanda, sino a la gestión –y anticipación– de información geopolítica de primera mano. Así lo asegura Robert Rennie, responsable de materias primas en Westpac Banking Corporation, para quien el negocio petrolífero “oscila entre escenarios de escalada y de final negociado sin criterios definidos sin inclinarse por ninguno”. En parecidos términos se manifiesta Charu Chanana, de Saxo Markets. En su opinión, “las recientes caídas de precios responden a un recorte de la prima de riesgo, pero no a una normalización real de un mercado que descuenta la paz sin confiar de lleno en ella”.

La consecuencia es una dinámica pendular. El Brent ha pasado de rozar los 120 dólares a situarse por debajo de la psicológica barrera de los triples dígitos en días, sin flujos de oferta y demanda que lo explique ni fundamentos económicos que lo sustenten. Ni siquiera el cierre del estrecho de Ormuz justifica sus fluctuaciones. Entre otras razones, porque la actividad militar continúa. Y cada vez con mayor intensidad. Pese a lo cual, parece bastar con una insinuación de diálogo para borrar miles de millones de dólares en valor.

La dinámica de fuerzas que mueve el petróleo

A esta fragilidad se suma una inquietud creciente sobre el propio funcionamiento del mercado. Las oscilaciones extremas y ciertas operaciones de gran tamaño han reavivado especulaciones sobre posibles intervenciones –directas o indirectas– en los mercados de futuros. Tim Skirrow, de Energy Aspects, admite que algunas transacciones recientes “han sido inusualmente grandes para momentos sin factores económicos claros” y alerta de que el “riesgo de erosionar la confianza inversora se palpa en el ambiente”. Terry Duffy, consejero delegado de CME Group, alerta de que cualquier percepción de intervención gubernamental, por parte de la Casa Blanca o de otro productor, en la formación de precios “podría tener consecuencias sistémicas”.

¿Un colapso energético? En apariencia, los mercados creen en el dogma de fe neoliberal de que nadie juega con ventaja. Pero esta creencia se tambalea cuando la geopolítica se convierte en el motor de los precios y el petróleo, más que una mercancía física, se comporta como un activo narrativo. El efecto TACO no es solo una etiqueta ingeniosa. Es el certificado de que la volatilidad ha dejado de ser una señal de incertidumbre para convertirse en un instrumento de oportunidad forjada por el tráfico de influencias.

Entonces, ¿qué interpretan los inversores? Y, sobre todo, ¿qué factores intervienen en el clima de los negocios petrolíferos?

La guerra de Irán ha disparado su rango de fluctuación, aunque sin generar, por ahora, un shock sostenido de oferta. Los inversores parecen más pendientes de la geopolítica que de los daños reales en infraestructuras energéticas. Así como de la narrativa TACO. Pero al mismo tiempo, el conflicto ha propiciado sinergias cruzadas con otros activos. Entre otras, en el orden monetario. Los bancos centrales han optado por la cautela ante el repunte energético, manteniendo tipos mientras evalúan el impacto inflacionario. También en terreno cambiario. El dólar ha cobrado nuevos bríos, parece haber superado la aversión al riesgo que se había instalado en el mercado al calor del encarecimiento del crudo y vuelve a coquetear con su estatus de valor refugio en tiempos en que los tipos de interés han entrado en territorio restrictivo por el peligro a una estanflación en Europa y, posiblemente, en EEUU.

En consecuencia, el oro negro y el gas vuelven a actuar como catalizadores de expectativas financieras. Como si la Vieja Economía fósil nunca hubiera dejado su histórico dominio de los ciclos de negocios. Pese a los avances hacia la sostenibilidad y el tránsito energético de fuentes renovables en la era post Covid. O la resistencia de los mercados emergentes a las embestidas bursátiles exteriores. Desde estas latitudes se emiten rendimientos de valor moderadamente alcistas. Señal digna de mención especial, dadas las tiranteces en el crédito privado que atenaza a entidades bancarias americanas y al influjo de la burbuja especulativa ligada a los valores IA.

Por si fuera poco, el negocio petrolífero continúa operando con numerosas teclas geopolíticas y especulativas que tocar. Se define como un sistema híbrido donde convergen la realidad física y la anticipación financiera. En su base está el mercado spot, que determina precios para entrega inmediata de crudo, al reflejar las condiciones diarias de oferta y demanda. Pero sobre este, se superpone el de futuros, donde miles de contratos mercantiles estandarizados —normalmente, de 1.000 barriles— permiten a empresas e inversores cubrir riesgos o especular a precios futuros.

A menudo, sin intención de recibir barriles físicos, ya que la gran parte de ellos se liquidan en efectivo antes del vencimiento.

En paralelo, sus referencias globales —el Brent (Europa) o el WTI (EEUU)— actúan como anclas, pese a que en sus precios finales se incorporan expectativas, tensiones geopolíticas y decisiones de cárteles productores (especialmente la OPEP+), que ajustan la producción para influir en el crudo que sale al mercado. A menudo, con incumplimiento de sus cuotas acordadas.

A este entramado se añade otra losa. Los brokers intermedian entre productores y compradores sin poseer el crudo facilitando transacciones, aportando información y, en teoría, asegurando el cumplimiento normativo. A cambio de comisiones. Para más inri, estos flujos físicos pueden adaptarse casi en tiempo real. Es cuando los petroleros cambian de destino en alta mar en busca de mejores precios a través de arbitrajes, desvíos por primas de riesgo en pasarelas neurálgicas para el tráfico marítimo como Ormuz o Suez o por decisiones forzadas por el encarecimiento de los seguros en zonas de conflicto. La congestión portuaria o las sanciones también alteran rutas y tiempos.

Una bifurcación de estrategias energéticas

La intención velada de Trump con su TACO petrolífero la esbozó el primer ministro canadiense Mark Carney en la cita de Davos de este año, cuando advirtió que el orden internacional liberal había terminado. Pero Nils Gilman, director del Instituto Berggruen, think tank con sede en Los Ángeles, cree que el diagnóstico de Carney se queda corto. “Lo que realmente está en juego son los modelos energéticos”, dice en Foreign Policy. Trump reconfigura alianzas para llevar el final de la civilización fósil ante una transición conflictiva. El futuro orden mundial no se decidirá en instituciones multilaterales, sino por el control de energía, los minerales y la tecnología, dando lugar a una “Guerra Fría ecológica” entre petroestados, con sangre fósil en vena para hacer funcionar sus arterias productivas y electroestados, que se decantan por inyectar más fuentes renovables en sus mix energéticos.

EEUU apuesta por mantenerse en el primer grupo, China por saltar al segundo. Mientras Europa, que acaba de realizar un alegato a favor de una agenda verde defenestrada por la ultraderecha que lanza sus tentáculos nacional-populistas hacia las jefaturas de gobierno por toda la UE, sigue sin perfilar su hoja de ruta. Pese a que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, acaba de volver a situar la transición energética en el centro de la estrategia comunitaria tras definirla como “nuestra principal tarea” y vincularla de forma explícita “a la seguridad energética y a los avances en la carrera por la competitividad internacional”. Junto a la integración de mercados de capital. Los dos grandes retos marcados por los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta.

En este marco, Gilman describe a EEUU como líder de un eje de petroestados que busca alargar la hegemonía fósil —la Vieja Economía que se resiste a manejar los hilos de los ciclos de negocio que describió Jeff Curry, ex estratega jefe de materias primas durante la escalada energética que surgió el otoño previo a la invasión rusa de Ucrania—, mientras China encabeza un bloque de naciones que creen en una electroindustria basada en renovables, baterías y cadenas minerales. Europa aparece como una hipotética tercera vía. Una potencia regulatoria que intenta equilibrar descarbonización, seguridad energética y gobernanza, pero cuya influencia global dependerá de su capacidad para traducir normas en músculo industrial y en control de recursos en un entorno crecientemente competitivo.

Estos virajes geoestratégicos se producen en medio de una fractura energética global provocada por la guerra de Irán e ilustrada en el control del estrecho de Ormuz, que revela la ambigüedad entre Washington y Teherán. Ambas capitales negocian, se supone, un alto el fuego. Aunque sin garantías visibles de éxito y bajo unos cauces de diálogo, con mediación pakistaní, que se alejan de la diplomacia clásica y en los que cada movimiento militar o retórico impacta de inmediato en la oferta y en la psicología de un mercado energético convertido en el verdadero campo de batalla global. Pero que también deja secuelas domésticas. Porque la credibilidad de Trump se mide también en las gasolineras del país y en un cada vez más complejo equilibrio entre presión militar, estabilidad de precios y coste político con elecciones Midterm en otoño y una Fed en la que ha retornado la visión de los halcones inflacionistas.

Puede que esta vez su dialéctica TACO deje de ser efectiva y su retórica coercitiva de efectos correctores retardados ejerza un efecto bumerán dentro y fuera de las fronteras americanas. 

Las guerras modernas no se libran tan solo con misiles o incursiones aéreas. También se disputan en el orden económico y en los mercados de capitales. El conflicto armado desatado por EEUU e Israel contra Irán ha desempolvado uno de los secretos a voces mejor guardado por los centros de análisis del negocio energético: las primas de riesgo asociadas al barril de petróleo. Capaces de aparecer o de brillar por su ausencia en función de si el mercurio del termómetro geopolítico global se dispara o, por el contrario, se hunde hacia el fondo. Es el precio a pagar por garantizarse el abastecimiento de los combustibles fósiles; en especial, el oro negro, aunque también el gas.

El Estrecho de Ormuz se ha convertido en el barómetro de estos acontecimientos. Hasta el punto de determinar el calibre de este doble impuesto revolucionario que grava en principio la energía, pero que también lanza sus tentáculos hacia el tránsito marítimo. Es decir, no solo a petroleros o metaneros, sino también a los buques mercantes que atraviesan por una de las zonas de mayor tráfico naval, bajo la amenaza de dejar de ofrecer garantías para alcanzar sus puertos de destino. Todo este collage amenaza con romper contratos mercantiles y encarecer cargos.

Son mecanismos suficientemente conocidos en el funcionamiento de los mercados energéticos. Sin embargo, las primas de riesgo asociadas al crudo siempre han sido un tributo invisible en un orden económico mundial que ha vuelto a dominar, desde la Gran Pandemia, la vieja economía, la de los combustibles fósiles, según preconizó Jeff Curry, entonces estratega jefe de Goldman Sachs. Con objeto de restablecer su influencia en los ciclos de negocios ante la pérdida de sus cuotas de mercado por la irrupción de las fuentes renovables y la avalancha de inversiones ESG que empezaba a emerger en las carteras de capital. 

Este diezmo petrolífero, que no exige pasar por aduana alguna, irrumpe cada vez que el mercado percibe riesgos reales de interrupción en el suministro. A modo de sabotajes a infraestructuras, tensiones geopolíticas o, como ocurre ahora, por el cierre casi hermético de un corredor naval de especial valor estratégico como el Estrecho de Ormuz, chokepoint que separa Irán de Omán y conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. De apenas 21 millas náuticas de anchura es un punto neurálgico por el que circulan a diario entre 18 y 20 millones de barriles de crudo, la quinta parte del consumo global. Toda perturbación por ese paso crea volatilidad energética inmediata.

Desde el inicio de la guerra, el Brent –de referencia en Europa– oscila en torno a la barrera de los 100 dólares por barril. Las jornadas que se asienta por debajo, los expertos del sector lo achacan a entregas de cargas de petroleros parias –la mayoría rusos, bajo bandera de conveniencia– que vagan por los mares en busca del mejor postor para colocar barriles siberianos sometidos a los topes de 60 dólares impuestos por el G7. Aunque ahora, estos límites acaban de ser liberados por EEUU. A instancias de la Administración Trump, que teme desabastecimientos y escaladas del barril que impulsen la inflación e impidan bajar tipos como exige desde hace un año a la Fed. A media semana, con la intensificación de los ataques, el crudo tocó los 119 dólares.

El nerviosismo se instala en la Casa Blanca

De hecho, el líder MAGA, acaba de aprobar una exención temporal de 60 días de la Ley Jones, la normativa marítima vigente en EEUU desde 1920 y que obliga a que el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses se realice en barcos construidos y registrados con pasaporte de EEUU. La medida permitirá a buques con bandera extranjera transportar petróleo, gas y otros productos energéticos dentro del país. Con la finalidad de reducir costes de transporte y frenar la subida de los combustibles, que ya empieza a retroalimentar un IPC que, por otro lado, nunca ha estado a raya, por debajo del 2%. Según fuentes oficiosas americanas, el cierre de Ormuz ha blanqueado –permitido actos de piratería petrolera–alrededor de 15 millones de barriles diarios y acrecentado las tensiones energéticas globales.

No por casualidad, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha calificado la disrupción actual como la mayor en la historia del oro negro. El galón de gasolina en EEUU ha remontado un 22% desde el inicio de las hostilidades en Irán, hasta superar los 3,70 dólares. El gran temor de Trump es que estos precios colapsen la actividad industrial y retraigan el consumo. Bancos de inversión como JP Morgan no descartan que el barril se eleve a los alteres de los 200 dólares si Ormuz perpetúa su cierre.

Que el shock energético empieza a tomar forma y que su evolución no gusta precisamente a la Casa Blanca se revela en un informe del Consejo Nacional de Comercio que dirige Peter Navarro, uno de los más fieles delfines trumpistas, donde se sostiene que el riesgo vinculado a la guerra en la región ha añadido históricamente entre 5 y 15 dólares por barril a su precio comercial. En sus cálculos, el conflicto contra Irán ha llevado el crudo a una primera escala de subidas del 21%, cota que coincide el consenso del mercado sobre el montante del impuesto revolucionario que se ha exigido esta semana.

JP Morgan lo cifra ente el 15% y el 20%. Sin resquicios para el optimismo. Porque lo estipula así pese a que productores como Arabia Saudí logren desviar sus flujos por su oleoducto East-West y embarcarlo a través del Mar Rojo, aduciendo que esta canalización solo puede transportar un caudal de entre 3 y 4 millones de barriles diarios, muy por debajo de los cargos de la ruta Ormuz. Por si fuera poco Teherán ha declarado objetivo militar a los centros logísticos y de servicios que apoyan al portaaviones estadounidense Gerald R. Ford, que transita por el Mar Rojo. Entre otros, el oleoducto saudí. Pero incluso sin ataques iraníes, este enclave marítimo, avisa David Oxley, economista en Capital Economics, “no era precisamente un bastión de estabilidad geopolítica” sin la presencia de la armada americana.

Según estimaciones de JPMorgan, incluso con estos desvíos por oleoducto, persistiría una prima de riesgo de entre el 15% y el 20%. Ormuz es más trascendental que el Mar Rojo. Las previsiones de este banco de inversión son de un calibre bastante más pronunciado que el impuesto que se exigió los años que precedieron y sucedieron al colapso crediticio de 2008, estipulado en el 12%.

Eso sí, con un barril que marcó su cota histórica, en los 147,50 dólares, en julio de ese año, justo tres meses antes de la quiebra de Lehman Brothers. Justificado, entonces, por la amenaza de los ataques yihadistas a instalaciones pérsicas. Y, por supuesto, por encima de la cuota, algo menor, por casus belli, que fue añadida durante la invasión de Kuwait en 1990 o de Irak en 2003, en las que el petróleo tocó techos que se moderaron una vez las cadenas de suministro superaron sus disrupciones.

Primas extraordinarias por travesías marítimas

Pero el conflicto armado actual presenta otra factura de riesgo adicional, la del transporte naval. La prima marítima es el seguro –en este caso, de nuevo, por amenaza bélica– que los buques se deciden a pagar como cobertura de sus hojas de ruta. La aseguradora Lloyd’s of London calcula que este war risk insurance ha pasado de significar aproximadamente el 0,25% del valor de cada barco mercante al 1,5%. Por travesía. En términos financieros, este salto es enorme. Porque para un superpetrolero valorado en 100 millones de dólares, el seguro ha pasado de un coste de unos 250.000 dólares –montante previo a la guerra– a alrededor de 1,5 millones por viaje. Y en ciertos desplazamientos de especial peligro, los brokers marítimos estiman aumentos del 1000%.

El Golfo Pérsico ha reconfigurado su calificación en los cuadros de mando de las aseguradoras. Ahora, se la declara zona de guerra marítima, lo que implica renegociar pólizas con frecuencia –en ocasiones, cada semana– por el incremento del riesgo financiero de armadores y compañías de seguros. Por supuesto, este encarecimiento se traslada inmediatamente al precio del crudo y, por ende, a los ingresos de los hogares y a las cuentas de resultados de las empresas.

A ello se suma el pánico a los fletes. Las tarifas diarias de los superpetroleros VLCC, capaces de transportar 2 millones de barriles, han alcanzado casi 800.000 dólares al día, aproximadamente cuatro veces más que antes del conflicto. Y en algunos cargamentos por el Golfo, su transporte puede añadir una penalización de más de 20 dólares por barril, un coste equivalente a una cuarta parte del precio del crudo. El 20% de sus 100 dólares actuales. “Son niveles de terror”, empiezan a admitir analistas del sector, porque la tarifa del seguro “no es el único problema”, sino que se une la “disponibilidad, cada vez menor, de barcos dispuestos a cruzar estas latitudes”.

Las citas surgen de un informe de S&P Global Commodity Insights que resumen con crudeza el panorama: “conseguir una cobertura es una cosa; atravesar el Estrecho de Ormuz es otra muy distinta”. Numerosos capitanes y armadores han decidido simplemente evitar el área por motivo de seguridad de la tripulación. El daño colateral ha sido fulminante. El estrangulamiento logístico ha llevado a que el tránsito marítimo haya caído drásticamente. Solo 47 buques lo realizaron en las dos primeras semanas de conflicto.

Reducción del tráfico naval, retención de buques y, por supuesto, interrupciones más o menos parciales de exportaciones energéticas. Impulsadas, además, por unas intervenciones armadas que han puesto en el punto de mira iraní instalaciones petrolíferas y de gas en territorio de los emiratos y Arabia Saudí y, en el caso de los ejércitos americano e israelí, contra la isla de Jark, estratégica para el negocio de crudo de Teherán, o contra el yacimiento de gas más importante del mundo, de copropiedad irano-catarí.

Las autoridades monetarias, en alerta

Pero hay, además, más efectos secundarios. La decena de bancos centrales que se han reunido esta semana han aplicado una política de prudencia. Solo el australiano ha encarecido el precio del dinero. El resto, han optado por esperar hasta ver el grado de importación inflacionista que recala en sus economías a través del barril de crudo y de los nuevos cheques del gas, que se ha instalado por encima de los 50 dólares y ha llegado a superar los 70.

Para más inri, desde Goldman Sachs se advierte de que una prolongación sine die del conflicto o superior a un mes- podría dar lugar a una escalada energética de calado de los combustibles refinados –diésel, queroseno o diésel– porque “dependen de crudos pesados del Golfo difíciles de sustituir”. En algunas regiones asiáticas, sus precios ya se han duplicado. No por casualidad, más del 80% del petróleo que atraviesa Ormuz se dirige a China, India, Japón y Corea del Sur. A lo que hay que unir que el enclave del Pérsico es una arteria también esencial del comercio de fertilizantes, productos petroquímicos o helio industrial.

En todos estos destinos, la doble prima –energética y marítima– se traduce en inflación galopante y presión sobre las balanzas comerciales. Pero también genera nuevas encrucijadas monetarias a sus bancos centrales. En general, el fantasma de la estanflación –estancamiento económico y precios disparados– es el escenario que los bancos emisores nunca desean abordar.

El conflicto iraní ha llegado a instalar en el mercado la idea de una transformación internacional del negocio asegurador. Así lo cree Andrew Westlake, socio del despacho Kennedys. A su juicio, la guerra abre la puerta a una ola potencial de reclamaciones por violencia geopolítica, daños a infraestructuras y pérdidas comerciales en el Golfo. A raíz de reclamaciones multimillonarias por pólizas de daños a activos privados. “Y abrir un frente legal entre armadores y fletadores”, si los buques quedan atrapados meses al activarse las cláusulas por caída de ingresos y detención del buque. O incluso por pérdida total si la retención supera los plazos previstos en las pólizas.

China ha activado su Diplomacia Panda, una estrategia exterior que Xi Jinping pone en liza cada vez que el voltaje geopolítico se torna agresivo hacia sus planes presidenciales y que se resume en una máxima tan simple como ambigua: actuar de forma sosegada –sin exhibiciones de fuerza– pero proactiva, ante acontecimientos que puedan perturbar su hoja de ruta. En realidad, emula el estilo Den Xiaoping durante sus años de reforma y aperturismo en los ochenta y noventa con una diplomacia que oculta la fuerza y espera el momento para intervenir.

Es, por tanto, la reconstrucción del hide and bide de Xioaping (ocultar tu capacidad y esperar el momento oportuno) en versión Jinping y explica en gran parte la táctica de Pekín en el orden geopolítico tras el estallido de la guerra en Irán, así como los ataques del pasado año al régimen de los ayatolás por parte de EEUU e Israel. O su papel de respaldo tácito a Rusia en la invasión de Ucrania. De igual modo, también aclara su postura en el terreno comercial, donde Pekín ha aceptado la tregua anual con Donald Trump para atenuar su cólera arancelaria hacia Pekín mientras sacaba a relucir una baza inesperada, la imposición de controles a la exportación de tierras raras que ha obligado a empresas americanas a buscar a la desesperada minerales críticos e imanes para fabricar desde móviles a aviones de combate.

La treta desató la cólera trumpista, pero sirvió para alcanzar un punto de entendimiento mutuo. China retrasaba las restricciones exportadoras a las tierras raras a cambio de que EEUU sacara a las compañías del gigante asiático de su lista negra comercial. Kyle Bass, director ejecutivo de Rochefort Asset Management y voz inversora crítica hacia China que asesora informalmente al mando estadounidense del Indo-Pacífico, ofrece una interpretación concluyente en Financial Times a este tacticismo geoestratégico. La frágil tregua entre ambas superpotencias --afirma-- “no es más que un intercambio de rehenes de alto riesgo”.

A su juicio, también sirve para medir la temperatura de la rivalidad entre EEUU y China. Además de desvelar que su pulso geoestratégico es, en el fondo, el que está generando nuevos vientos huracanados en el ya inestable orden internacional. De ahí que la intervención militar en Irán no solo se deba valorar en términos militares en una zona --Oriente Próximo-- bajo un claro dominio estadounidense, sino como otro nuevo episodio de agitación del tablero de ajedrez mundial por la toma de posiciones de Washington y Pekín. Aunque el gambito de dama para lograr ventaja de apertura ha partido de la versión Trump 2.0 en la zona más convulsa del planeta, el gigante asiático opera soterradamente desde su patio trasero, el espacio Indo-Pacífico, a través de su tupida red de socios y compromisos regionales. Incluso con India. 

A juicio de Bass, “EEUU está cautivo de los controles chinos sobre las tierras raras a pesar de que Pekín se aferra desesperadamente a los chips de IA de Nvidia para modernizar su ejército y su industria tecnológica”. En consecuencia, -afirma- existe una “carrera a la desesperada” para que sus economías se liberen de este enredo geoestratégico y tratar de obtener ventaja competitiva sobre la otra“. La guerra iraní viene a complicar este compás de espera que -se supone- tendrá algún tipo de solución tras la visita oficial de Trump a China entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

De momento, el reencuentro entre ambos mandatarios sigue en agenda. Pese al alto voltaje que la guerra iraní y la firme resistencia de Teherán tras el asesinato de su líder supremo, Alí Jamenei, a la creciente factura militar que está engrosando a la Casa Blanca y a la disolución paulatina de las esperanzas opositoras a un cambio de régimen en el estado persa. Por contra, ha emergido de nuevo la antipatía americana y el antisemitismo en la sociedad civil iraní, con el retorno a un nacionalismo que rechaza la injerencia militar estadounidense e israelí y que ha configurado una atmósfera de cohesión en torno a la figura de Mojtaba Jamenei, hijo del guía espiritual fallecido.

Pero, además, porque en la Administración Trump siguen sin justificar la guerra con argumentos verídicos o tratando de configurar mensajes con cierta apariencia de legalidad. Al inquilino de la Casa Blanca sólo le sirve “la plena rendición de Teherán”.

Para Richard Haass –antiguo diplomático americano y presidente emérito del Council on Foreign Relations– la intervención armada en Irán encaja en la categoría clásica de “guerra de elección”. Es decir, dar inicio de un conflicto bélico pese a que existían alternativas de índole diplomática, herramientas como las sanciones o elementos como la disuasión, sin que mediara una amenaza inminente demostrada. A diferencia de los conflictos de necesidad, los de libre elección “obligan a quienes las emprenden a justificar rápidamente resultados frente a los potenciales y crecientes daños y costes colaterales”, explica Haass.

¿Tiro por la culata?

Este cálculo es particularmente incómodo para Trump que ostenta un nivel de aprobación social neta que se hunde en terreno negativo (−19 puntos) con tan solo un 38% de apoyo. Sin respaldo ciudadano y con elecciones midterm en noviembre, el panorama no es precisamente alentador para el líder republicano. Haass incide en que una campaña militar de libre elección no solo debe ganarse militarmente, sino justificarse estratégicamente“ y, por supuesto, debe calibrar el clima social y las fórmulas de resolución y de alto el fuego. Porque, de lo contrario, las bajas militares, los costes del conflicto y los riesgos colaterales de aliados como los europeos, el temor a shocks energéticos o el riesgo de estanflación, irrumpirán sin remedio.

China –e Irán y Rusia– son conocedoras de estos entresijos y de que toda prolongación sine die del conflicto agravará los costes económicos y estratégicos de Washington en un momento clave en el que la competencia global se intensifica. Es la misión de la Diplomacia Panda. De ahí que Pekín haya lanzado, unas semanas antes del reencuentro Trump-Jinping, un salvavidas a la Casa Blanca a modo de exigencia de tregua bélica para encauzar un “año que podría ser histórico” entre las dos superpotencias en el orden geoestratégico, tecnológico, económico, monetario y comercial. Solo falta que Trump recoja el flotador made in China. 

Este debate para que el inquilino del Despacho Oval ceda en sus pretensiones exterminadoras del régimen iraní es el que destaca Christopher Chivvis, investigador del Carnegie Endowment for International Peace, como de especial trascendencia. Este analista se pregunta en Foreign Affairs si “Washington no debería auditar, en vez de restaurar automática y unilateralmente, varios de sus compromisos mundiales”, con objeto de “reconfigurar” junto a China al menos, las garantías de seguridad heredadas del Siglo XX. Aunque sigan con su pulso geoestratégico global.  

Chivvis lo plantea en términos de futuro. “El sucesor de Trump asumirá unas alianzas tensas y un dilema de gran calado, si la red de socios construida la pasada centuria continúa sirviendo a los intereses estadounidenses en un siglo, el actual, ligado a la rivalidad entre ambas potencias. China –enfatiza– reta al poder americano en Asia y disputa su dominio económico a escala global, mientras Rusia muestra deseos revisionistas imperiales con tolerancia al riesgo y otras potencias como Corea del Norte pueden alcanzar suelo estadounidense con armas nucleares. Por ello, los lazos diplomáticos se deberían de reevaluar desde una óptica geoestratégica. Al lado de socios que refuercen la competitividad de las potencias industrializadas frente a China con cadenas de suministro eficientes y estándares tecnológicos homogéneos. 

Esta nueva concepción de consensos obliga a EEUU a institucionalizar revisiones sistemáticas de sus acuerdos exteriores con evaluación de costes, riesgos y beneficios en cada compromiso para alinearlas con el interés estratégico y la agudizada rivalidad competitiva global, precisa.

El ‘wait and see’ de China

China, por su parte, ha construido su influencia mundial a través del comercio, la inversión y la diplomacia económica y evitando compromisos militares directos fuera de su entorno. Durante años, su modelo ha sido fructífero. Sin embargo, la crisis iraní ha detectado grietas. Así lo cree el analista chino Deng Yuwen, quien señala en Foreign Policy que el conflicto desvela a Pekín una verdad incómoda, que “la fuerza económica por sí sola no resulta insuficiente” sino que más bien “debería ir aparejada de una capacidad militar creíble”. Sobre todo, si desea salvaguardar sus intereses en Oriente Próximo, que no son pocos. Por ejemplo, en el ámbito energético, como primer comprador de crudo y con billonarios contratos de futuros de gas. Ahora bajo la amenaza internacional del Estrecho de Ormuz.

Este último factor explica, según Yuwen, que Jinping haya optado por la carta diplomática, con condena de la intervención militar, pero con una petición expresa de negociaciones. Puro cálculo estratégico. Deliberado y bien pertrechado. Como piensa Craig Singleton, de la Foundation for Defense of Democracies. En su opinión, Pekín podría utilizar su aparente moderación como arma negociadora en otros frentes igualmente sensibles. Singleton cita, por ejemplo, “la búsqueda de concesiones en asuntos de su máxima incumbencia como el libre comercio o Taiwán a cambio de suavizar sus desavenencias sobre Irán”. Al tiempo que matiza que la prudencia diplomática china “no es una señal de pasividad, sino una táctica destinada a erosionar gradualmente la hegemonía americana”.

El razonamiento de Singleton es sencillo. Para China, la crisis iraní es, ante todo, un problema de cariz geoestratégico para EEUU y, si el conflicto se prolonga, la Casa Blanca podría verse abocada a ordenar una invasión total y Trump a dedicar ingentes recursos a un teatro estratégico, el de Oriente Próximo que, en el fondo, no es su prioridad. Porque –aduce– la competencia decisiva entre ambas superpotencias se desarrollará en la región Indo-Pacífica. “Cada portaaviones que ha desplegado en el Golfo es un activo que no puede utilizarse en Asia”, replica.

Además, la guerra podría reforzar indirectamente los lazos Pekín-Teherán, ya que cuanto más debilitado quede el régimen iraní –por sanciones o ataques militares– mayor será su dependencia económica y tecnológica de China, que podría dominar el sector energético iraní.

Para más inri, Pekín podría verse obligada a intervenir. De ahí su predisposición al encuentro con Trump. Cualquier interrupción prolongada del flujo energético en Ormuz afecta especialmente a los mercados asiáticos y, muy en particular al chino, y eso confiere a Pekín plena legitimidad sobre el conflicto. En contraste con EEUU. Si se ponen en solfa la visión de Rafael Grossi, director general de la International Atomic Energy Agency, sobre la “no existencia de evidencia alguna de que Irán esté construyendo una bomba nuclear”. Palabras que echan por tierra el relato de Washington y Tel Aviv para desencadenar hostilidades contra Irán.

Una de las razones que la Administración Trump oculta, aunque no pueda soterrarla, es el oro negro que, como durante todo el siglo pasado en la región, sigue siendo moviendo los juegos de tronos. Aunque en esta ocasión haya sido la transición energética la que ha alterado buena parte de los cálculos de las potencias productoras de fósiles. E incluso de EEUU. No por casualidad, en 2025, pese a la resistencia activa de la Administración Trump, las renovables aportaron un 10% de electricidad al mix americano, hasta representar el 25% del total. Algo difícil de aceptar para el impulsor del Drill, baby, drill, uno de los lemas de la pasada campaña presidencial trumpista que ha acabado con los subsidios a las energías limpias de su antecesor, Joe Biden, y restaurando las perforaciones de carbón.

Jason Bordoff, director del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia dice que la electrificación del transporte y el desarrollo de nuevas cadenas de suministro energéticas están modificando las prioridades estratégicas de los gobiernos. Para grandes importadores de crudo como China, la UE o India, reducir su dependencia del petróleo significa también recortar las vulnerabilidades geopolíticas de una región que concentra las principales rutas energéticas. Con casi un tercio del crudo y el 60% del gas, los petroestados del Golfo se resistirán a ceder su peso geoestratégico global y regional. “Pero su petróleo tenderá a dejar de ser el epicentro de la política energética global”, alerta Bordoff.  

La guerra desencadenada por Donald Trump y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, contra Irán y su régimen de los ayatolás amenaza con provocar una tormenta económica mundial cuyo epicentro meteorológico parte del mercado energético y que amenaza con descargar borrascas frecuentes en los mercados de capital y las estructuras productivas de todas las latitudes. Todo dependerá de si los ataques iraníes contra refinerías y terminales de petróleo y gas de los países del Golfo Pérsico —en respuesta a los ataques de Washington y Tel-Aviv— y la interrupción de casi la totalidad del tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, enclave por el que circula un tercio de los combustibles fósiles bajo el control de Teherán, acaban dañando el suministro energético y deteriorando su demanda mundial y prolongando el uso de rutas alternativas del transporte o elevando las primas de riesgo y, en consecuencia, los seguros de las compañías navieras.

Si el petróleo —y, sobre todo, en esta ocasión, el gas— vuelven a ejercer de termómetros de la alta temperatura que precede a toda tormenta de elevada intensidad, los augurios no son positivos.

El Brent, barril de referencia en Europa, ha superado de largo la frontera de los 80 dólares desde el inicio del conflicto, mientras el gas natural en Europa se ha disparado por encima del 70% en apenas unos días por la reducción de los inventarios tras el duro invierno en el Viejo Continente y los riesgos de interrupciones en los suministros de Oriente Próximo. En especial, desde Qatar y Arabia Saudí, territorios donde los misiles y drones iraníes han centrado sus incursiones de represalia. La volatilidad bursátil y la desconfianza inversora han hecho mella en un consenso del mercado que ya empieza a barajar retrasos en la rebaja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal —más allá del verano— ante una nueva espiral inflacionista en las cestas de la compra estadounidenses. Y el final —por si cupiese alguna duda todavía— del precio del dinero barato en la zona del euro. 

El conflicto también expande sus implicaciones geopolíticas y económicas. El comercio marítimo por el Golfo Pérsico está en riesgo, con tensiones renovadas sobre la seguridad energética de Europa y Asia, y un dólar que se fortalece.

En conjunto, los inversores interpretan que la guerra ha generado un nuevo shock inflacionario global, capaz de retrasar la relajación monetaria y empujar el dinamismo económico mundial a otro escenario de resiliencia dentro del convulso y complejo ciclo de negocios post-Covid.

En este contexto, si Ormuz permanece bloqueado durante semanas, gran parte de los petroleros y metaneros se quedarán literalmente atrapados en el Golfo. Sin hojas de ruta alternativas que les hagan reanudar con rapidez sus entregas. Según cálculos privados, alrededor de 14 millones de barriles diarios de crudo atraviesan habitualmente esta pasarela marítima.

“El mercado empieza a asumir que no se trata de un choque de unos días sino de una disrupción potencialmente larga”, señala Warren Patterson, jefe de estrategia de materias primas de ING. En ese escenario, el crudo podría superar con relativa facilidad la barrera psicológica de los 100 dólares por barril. Algunas firmas la elevan hasta los 120 e, incluso, 130 dólares. En función de unas primas de riesgo —impuesto revolucionario, dicen cada vez más voces del sector petrolífero— que han cogido vuelo. Aún sin alcanzar el 12% del precio al que llegó durante los años previos y posteriores al colapso crediticio de 2008 por la supuesta amenaza de atentados yihadistas sobre el circuito productivo del crudo, pero bajo un influjo creciente por el elevado voltaje geopolítico, el temor al final de la fiesta bursátil del último bienio, aderezada por la IA, el exceso prestamista en circulación y un riesgo inflacionista que podría precipitar una crisis financiera.

Esta sucesión de hechos encadenados ayuda a entender que las hostilidades militares en Irán se pueden trasladar al orden económico internacional.

'Shock' energético: Ormuz, detonador global

La travesía por la que navega el 20% de los barriles de crudo y del gas licuado global —el 93% del qatarí, su gran productor en el área— ha disparado las primas de riesgo. Países asiáticos como China, Japón o Corea del Sur, dependientes de ambos combustibles fósiles, buscan cargas mercantes alternativas para cubrir sus elevadas demandas energéticas. España tiene comprometidos contratos de futuro por el 5% de su consumo de crudo y el 2% del gas.

El FMI estima que por cada aumento del 10% del precio del petróleo se restaría alrededor de 0,15% al PIB mundial y se sumarían 4 décimas a la inflación y que un salto sostenido del barril a 100 dólares crearía un escenario de estanflación. La parálisis de actividad con espiral de precios es uno de los peores escenarios macro para cualquier banco central. 

Pero es el gas el que preocupa sobremanera. Qatar exporta el 93% de su oferta gasística a través de Ormuz. El resto, por gaseoductos. Y sus instalaciones están siendo especialmente castigadas por los misiles iraníes. “Europa es una de las zonas más expuesta al cierre de los grifos pérsicos de Gas Natural Licuado (GNL) por sus niveles de stocks por debajo del promedio estacional al inicio de la primavera”, asegura Anne-Sophie Corbeau, del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia. Si las ventas cataríes no se reanudan rápidamente, “el mercado podría entrar en pánico”.

Los investigadores de Bloomberg Economics dibujan un horizonte con el petróleo en torno a los 108 dólares por barril que añadiría 8 décimas al IPC estadounidense y más de un punto a Europa y alertan de que, en este terreno, la radiografía estadounidense es particularmente compleja ya que su economía se beneficia parcialmente de precios energéticos altos por sus intensos índices productivos domésticos de petróleo y gas.

Burbuja IA y riesgo de corrección bursátil

Existe una correlación nítida entre voltaje geopolítico y brusco ajuste de valores tras un largo año de exuberancia bursátil hacia todo lo que huela a IA. No lo dice cualquiera. Es palabra de David Solomon, CEO de Goldman Sachs, para quien el clima inversor podría estar subestimando el impacto del conflicto. “Me sorprende lo tranquila que ha sido la reacción de los mercados”. A su juicio, el ajuste —visible en febrero—, no ha hecho más que empezar no se ha producido plenamente. “Probablemente harán falta varias semanas para que los inversores digieran realmente las implicaciones económicas de lo ocurrido”, señaló.

Solomon se refiere al cóctel de avances acelerados en IA y las primeras señales de fragilidad en un crédito privado con propensión a la concesión masiva, pese a los elevados tipos en EEUU para sufragar inversiones tecnológicas. El pasado fue un mes de ventas masivas en bancos y gestoras. Por si fuera poco, el KBW Bank Index, el indicador de la banca americana, descendió con fuerza y arrastró a todo el sector hasta cotas de diciembre. Fue, de hecho, su peor mes desde el Día de la Liberación Arancelaria de abril y ninguna de sus principales entidades financieras se quedó al margen. Y cuando se entra en esta espiral y con un evento de la magnitud de la guerra en Irán, “los inversores empiezan a exigir una prima mayor para cualquier activo”, advirtió.

Este proceso de reajuste de precios “suele afectar primero a los sectores con valoraciones más exigentes” y, en un mercado dominado por expectativas de crecimiento ligadas a la IA, cambios repentinos en el apetito o la aversión al riesgo “podría desencadenar una corrección significativa en las empresas tecnológicas más infladas”, avisa Solomon.

Peligro de colapso crediticio

Otro de los gurús de Wall Street, Jamie Dimon, primer ejecutivo de JP Morgan, el mayor banco de inversión estadounidense, insiste en que “algo se huele en los mercados” que le recuerda a la quiebra de Lehman Brothers que desencadenó la crisis financiera de 2008. “Estamos viendo a algunos competidores [bancos medianos, pero también grandes] hacer cosas realmente alocadas”, aseguró hace unas fechas ante un foro de inversores en clara referencia a “ciertas entidades” que están relajando los estándares de crédito para incrementar sus ingresos por unos tipos de interés todavía elevados “en un entorno de competencia feroz” por conceder préstamos para financiar proyectos masivos de IA. 

A Dimon, este clima le traslada a los ejercicios previos a 2008, cuando la banca acumuló activos tóxicos, bien de productos de riesgo extremo —swaps, derivados o estructurados— o inmobiliarios, como en el caso español, y le hace situarse —reconoce— en modo alerta: una alteración de los precios energéticos, con empresas y estados soberanos altamente endeudados y especialmente sensibles a subidas del petróleo y el gas, podría deteriorar con una rapidez inusitada las capacidades de pago corporativas y soberanas.

EEUU: Resiliencia económica con vulnerabilidad política

La economía estadounidense podría responder mejor al shock energético que otras regiones. Gracias a la revolución del shale (esquisto), el país se ha convertido en gran exportador neto de petróleo y gas mundial. Pero el negocio del esquisto no repara el impacto inflacionista sobre los consumidores.

A ocho meses de las elecciones legislativas de noviembre y en una fase en la que el malestar de los votantes por la inflación empieza a erosionar el apoyo social a Trump, la gasolina se podría disparar —alertan los analistas—, en torno a los 4,5 dólares por galón y añadir hasta 1,5 puntos a la inflación, si el barril WTI, de referencia en el mercado americano, rebasa los 100 dólares. Para los observadores políticos, un conflicto prolongado aventura estanflación y merma de ingresos empresariales y familiares.

Desde Bloomberg Economics insisten en que el impacto de la gasolina cara es inmediato en un año con comicios midterm y la Fed sometida a injerencias para rebajar tipos.

China afronta una desaceleración estructural

Pekín ha revisado a la baja su objetivo oficial de crecimiento, con implicaciones globales. Para 2026, lo fija entre el 4% y el 4,5% y abandona el 5% que ha regido los destinos de sus últimos planes plurianuales. Es la constatación de que su transición de un modelo exportador a otro de demanda interna, de inversión intensiva, a imagen y semejanza del patrón de las potencias industrializadas, ha perdido fuelle.

La internacionalización del conflicto iraní puede deteriorar aún más una demanda interna débil y el sector inmobiliario en crisis perpetua. Pese a que el Gobierno anticipa que activará motores de dinamismo adicional vinculados a la innovación tecnológica, las tensiones arancelarias no resueltas con EEUU y la extraordinaria crudo-dependencia de su industria, dejan en entredicho cualquier estímulo fiscal. Por muy ancho que todavía sea el colchón de hasta 850.000 millones en manos del equipo de Lan Fo'an, su superministro de Finanzas. No en vano, el gigante asiático compra cerca del 90% del petróleo que vende Irán y absorbe alrededor de un tercio del comercio exterior persa.

Europa, con otra losa inflacionista en pleno despegue

El BCE se declara vigilante ante la doble escalada de la energía y la inflación. La clave será la duración del conflicto, aducen varios de sus consejeros. Si las hostilidades en Irán superan el mes, el despegue de la actividad, ahora que la economía alemana emite pulsaciones, se podría abortar. El giro fiscal del canciller Friedrich Merz con sus gastos sin límites constitucionales en Defensa y su medio billón de euros en programas de infraestructuras se verán sin el combustible que requiere el motor europeo para ponerse en marcha sin el gas ruso y con un petróleo alejado de la moderación.  

Oriente Próximo, al borde de la parálisis económica (…) y obligado a revisar sus modelos

Dubai y Abu Dabi, hubs financieros, logísticos y tecnológicos globales con sus promesas de estabilidad, han visto cuestionado su estatus de “las Suizas del Golfo” contra sus infraestructuras. Al igual que Arabia Saudí, que ve amenazada su agenda 2030 de diversificación y mega-inversiones. Por su parte, la economía iraní se expone a una mayor debilidad por las sanciones, el escaso capital foráneo y su casi mono-dependencia petrolera. Mientras Israel experimenta elevada volatilidad financiera y presión sobre su industria y transporte, reflejando el coste económico inmediato de la escalada militar regional.

La Corte Suprema de EEUU frenó hace una semana el instinto proteccionista de Donald Trump, aunque sin conseguir aplacarlo. A las horas de su histórica resolución –que declaró inconstitucionales los excesos arancelarios del presidente republicano, buque insignia de la política económica de su segundo mandato– la Casa Blanca reaccionó elevando los peajes a la importación con una tarifa general. Primero, del 10%, luego, del 15% y finalmente –parece–, de nuevo al 10%. El caos sigue latente desde semanas antes de la proclamación del Día de la Liberación, allá por abril de 2025.

El fallo de la más alta instancia judicial americana constituye algo más que un mero tropiezo del inquilino del Despacho Oval. Es una reafirmación sobria de los contrapesos institucionales en un momento en el que la rampante permisividad doméstica hacia el poder ejecutivo y la docilidad de la comunidad internacional ante sus arrebatos proteccionistas y coacciones expansionistas empiezan a mostrar signos de debilidad. Al invocar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) –recalcan los magistrados del Supremo– para justificar aranceles recíprocos de amplio alcance, Trump estiró una ley concebida para responder ante amenazas extraordinarias, hasta convertirla en pilar de una agenda comercial estructural. En el orden exterior, la ristra de críticas de aliados y rivales por su obcecamiento en acabar con el libre comercio tampoco fue inmediata.

Ni de puertas adentro, ni en el espacio internacional parece haber calado la retórica presidencial. La rápida invocación a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 de la Administración Trump, que permite imponer recargos durante 150 días sin aval legislativo, ha sido el anclaje normativo elegido en esta ocasión para instaurar un arancel global del 10%. Esta artimaña con volatilidad regulatoria pretende servir de puente mientras la versión Trump 2.0 explora vías más duraderas –entre otras las Secciones 301 y 232 de la misma norma– para seguir gravando sectores como el de la automoción o el farmacéutico o bienes esenciales para la industria como los chips o el acero.

También fue fulgurante su actuación en el atril del Congreso, a propósito del debate del estado de la Unión. Trump convirtió el revés judicial en arenga política. Ante el Capitolio, defendió que el país es “más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca” y se comprometió a restaurar los aranceles por otros derroteros. E incluso llegó a asegurar que podrían reemplazar, gracias a su capacidad recaudatoria, al impuesto sobre la renta de manera sustancial. Sin que pareciera que le provocara ansiedad alguna la lógica preocupación de hogares y empresas americanas por los efectos inflacionistas de su retorno al proteccionismo comercial, que ya se dejan sentir en el IPC, y las alteraciones inversoras y en la creación de empleo de un sector privado que avanza reclamaciones milmillonarias por una medida calificada de inconstitucional por el Supremo con una resolución que devuelve la potestad de los acuerdos comerciales al poder legislativo.

No por casualidad, ha quedado en suspenso la recaudación que el Tesoro ha recabado desde el Día de la Liberación por estos conceptos --de entre 133.500 y 142.000 millones de dólares-- y una factura adicional de entre 170.000 y 200.000 millones si prosperan las denuncias de patronales, empresas y sectores que aseguran haberse sentido perjudicados por la imposición de los peajes a la importación de Washington.

Pero ¿qué daños directos y colaterales plantea este toque de atención institucional del Supremo a Trump? La espiral es alargada y su fuerza centrípeta podría ser devastadora, con una economía que emite signos de debilidad y unos mercados sumergido en una burbuja tecnológica y en los que se vislumbra otra de corte financiero para avalar las ingentes inversiones en IA. Esta guía ayuda a entender la dimensión de este arrebato autoritario del presidente estadounidense.

El G-7 muestra su malestar

Bruselas activó la alarma primero, al advertir que el nuevo arancel global americano del 10% se suma a gravámenes ya vigentes y empuja a productos como quesos, mantequilla, plásticos, textiles o químicos por encima del techo del 15% pactado en verano en el acuerdo bilateral. La Comisión trasladó a los eurodiputados que esa acumulación vulnera el espíritu --y potencialmente la letra-- del pacto con Washington. La Eurocámara ha suspendido su tramitación, mientras la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, recuerda que la previsibilidad es un valor y ha vuelto a desaparecer y el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, reclamaba un periodo transitorio de hasta cuatro meses para recalibrar el encaje y dijo confiar en que la Casa Blanca alivie en semanas la lista --que ya engloba más de 400 rúbricas exportadoras-- de derivados sujetos al 50% en acero y aluminio, un irritante punto negro en la relación transatlántica.

Londres también activó su desconcierto, como siempre, con acento propio. El Reino Unido, que disfrutaba de un peaje recíproco del 10% y presumía de su trato preferente, se arriesgaba a ser el mayor perdedor con el techo del 15% que le hubiera restado competitividad exterior dentro de las economías avanzadas. Las Cámaras de Comercio británicas estimaron un sobrecoste de hasta 3.000 millones de libras y un impacto sobre 40.000 empresas, desde el whisky escocés hasta el juguete. El Gobierno insiste en que su “posición privilegiada” debería preservarse y evita hablar de represalias; el sector pide, ante todo, certidumbre. Pero continúan sin estar conformes sin un trato de privilegio arancelario por parte de Trump.

En Tokio, el mensaje es más quirúrgico. Japón reclama que ningún nuevo esquema deje al país en peor posición que la pactada en 2025, cuando aceptó ser un vehículo inversor de 550.000 millones de dólares a cambio de rebajar aranceles -en especial, sobre los automóviles- al 15%. Sobre el papel, nada cambia; en la práctica, la posibilidad de tasas “acumulativas” mantiene en guardia a un socio que depende del motor exportador y que, pese al ruido, descarta reabrir el acuerdo.

México y Canadá: alivio táctico, ventaja indirecta

La exención a los flujos de mercancías que procedan del área USMCA que exige el fallo judicial otorga a México y Canadá un arancel efectivo más reducido y protege a cadenas de valor como las de los sectores de automoción o energético. El Supremo hace prevalecer los términos del tratado firmado por Trump en su primer mandato. Además del alivio directo, la resolución concede a los vecinos de EEUU otra ventaja arancelaria indirecta. Mientras Europa y Asia afrontan un recargo universal del 10% --bajo amenaza del 15%-- los tránsitos USMCA mantienen un trato preferencial que mejora la competitividad de sus firmas exportadoras, incentiva la relocalización productiva en la región y refuerza su poder negociador, aunque bajo la sombra de una eventual revisión del acuerdo.

Los grandes rivales económicos emergentes, triunfadores

Con el arancel del 10%, Brasil mejora en 18,6 puntos sus cargas exportadoras; China, en 12,1 puntos de promedio durante el largo periodo de tregua, según Global Trade Alert. En tanto que India enfoca la anulación del Supremo refuerza su margen negociador para sellar el acuerdo bilateral tácito que rebaja tarifas al 18%. La ganancia competitiva es sectorial: China gana tracción en electrónica y bienes de consumo; Brasil, en agroindustria, proteínas y minerales; India, en bienes farmacéuticos, tecnologías y en componentes de automoción, al consolidar acceso al mercado estadounidense con una menor fricción arancelaria y una mayor previsibilidad contractual.

La primera economía global, en estrecha vigilancia...

El clima económico es menos robusto de lo que sugiere el discurso político de Trump. El PIB del cuarto trimestre remontó en un 1,4% anualizado, lejos del 2,8% previsto y del 4,4% del trimestre precedente. Gran parte de este freno se achaca al cierre parcial del Gobierno, que restó casi un punto porcentual al crecimiento, pero también a un consumo que se desaceleró al 2,4% y al lastre del comercio exterior. En el conjunto de 2025, la economía avanzó un 2,2%, una cifra sólida, aunque en fase descendente.

Tampoco la inflación acaba de dar satisfacciones al equipo económico trumpista. El IPC de enero avanzó otras dos décimas mensuales, hasta el 2,4%, pero la subyacente subió una décima más y los servicios hasta un 0,4%. Para Anna Wong, de Bloomberg Economics, el dato “templado” de enero es una señal de que los efectos de los aranceles aún no se han trasladado plenamente a los precios. A su juicio, si se intensifican en los próximos meses -como espera- los precios podrían rebotar hasta dejar sin margen de maniobra a la Fed para recortar tipos. Un cierto consenso del mercado apunta a que el precio del dinero no se abaratará en EEUU antes del ecuador del año.

La inflación se obceca en dar argumentos a la injerencia de Trump en la órbita monetaria de la Fed y a su insistencia de bajar tipos con los precios holgadamente por encima del 2%.

Para más inri, el mercado laboral contrató en enero solo 69.000 nuevos empleos y su ritmo ha sido menor del previsto en marzo de 2025, antes de iniciarse el año fiscal estadounidense. Ahora se ha constatado que se han generado 650.000 empleos menos de las predicciones anuales.

Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta y voz respetada en la institución monetaria de EEUU, es rotundo: la economía sigue siendo “fuerte pero desigual”, con el gasto de los hogares y la actividad empresarial manteniendo un cierto dinamismo que se amortigua con los cambios estructurales que revelan tanto el mercado laboral como las políticas comerciales disruptivas de la Casa Blanca, que añaden complejidad al diagnóstico y a la toma de decisiones de la Reserva Federal.

…con los mercados en máxima alerta

Si la economía americana está sometida a una triple y compleja ecuación (dinamismo, empleo e inflación, los tres factores de vigilancia de la Fed) la atmósfera inversora está acorralada por una doble burbuja especulativa. La ya consabida sobre los valores IA, que rememora el ambiente previo a la crisis de las puntocom de 2000. Y otra, más soterrada, insuflada por una intensa concesión de préstamos que empieza a preocupar a figuras emblemáticas como Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, quien no duda en tildar de “fiebre”, como la del trienio que antecedió al colapso crediticio de 2008, la propensión al préstamo. En especial, para cubrir las extraordinarias inversiones en IA.

Déficit, deuda, bonos añaden presiones subrepticias

Brad W. Setser, analista en el Council on Foreign Relations (CFR), sostiene en su análisis “Trade, Tariffs, and Treasuries: The Hidden Cost of Trump’s Protectionism” que los aranceles americanos introducen “un riesgo sistémico” en el mercado de deuda estadounidense. Con un déficit cercano al 6% del PIB y 1,8 billones de dólares en 2025, el aumento estructural de las emisiones de bonos presiona la oferta del Tesoro. Y los aranceles --que elevaron la recaudación aduanera hasta los 195.000 millones-- dejarán ahora de mitigar marginalmente esa necesidad.

En cualquier caso, la recaudación arancelaria tampoco compensaba -como insistió Trump- las rebajas fiscales de su rimbombante OBBB (The One, Big, Beautiful Bill Act) que podría añadir 3,4 billones al desequilibrio fiscal americano en diez años. Cantidad similar al PIB de Francia.

En medio de episodios --hasta ahora puntuales, pero ya de cierta intensidad en Europa y Asia-- de estrategias inversoras Sell US con ventas masivas de bonos, acciones y rotaciones de carteras en contra del dólar, que sigue de capa caída, y con una deuda astronómica, que supera la barrera de los 38 billones y que ha obligado a la Oficina Presupuestaria del Congreso a reavivar el debate sobre un posible doom loop fiscal. Término que viene a significar círculo vicioso y que, dentro de la jerga neoliberal, sirve para detectar fuertes exposiciones de bancos al riesgo soberano del país en el que operan mayoritariamente. Pero que, cuando se trata de economías emergentes o en desarrollo, no tardan en identificar con políticas económicas de corte populista.

En EEUU, mercado al que el triunvirato de agencias de rating (S&P, Moody’s y Fitch) le rebajó su calificación en 2025, han surgido varias quiebras durante el último bienio de bancos de mediana dimensión.

Phillip Swagel, director de la oficina del Congreso recordó que los pagos netos de intereses del Tesoro pasarán del 1 billón de dólares de este año a los 2,1 billones en 2036, el 4,6% del PIB. Un salto de costes que, para Jim Reid, de Deutsche Bank, “es de tamaño colosal” que acabará por constreñir la política fiscal y activar el sensor inversor ante cualquier desvío presupuestario.

La historia reciente de India presenta sobradas muestras para argumentar un relato de éxito. En su currículum, la nación con una mayor acumulación demográfica (1.454 millones de habitantes, según los últimos censos oficiales) deja constancia del salto hacia la prosperidad. Delhi progresa adecuadamente desde que en 2014 Narendra Modi se hiciera con las riendas del otro gigante asiático. Tan solo en dos ejercicios —2019 y 2020, el previo y en el que emergió la Gran Pandemia— de su triple mandato presidencial, el PIB indio se quedó por debajo del 5% de crecimiento anual.

Esta prolongada etapa de bonanza, que arrancó realmente a finales de los noventa, ha enterrado su tradicional concepción de economía sumergida, con dosis de proteccionismo y una estructura estatal excesivamente burocrática, lenta e ineficaz e incapaz de alcanzar un ritmo de crecimiento que permitiera suprimir estratos de pobreza y de atender las demanda técnico-profesionales de una gigantesca población joven, ha empezado a dar sus frutos. India acaba de superar —a finales de 2025— a Japón como cuarto PIB mundial. Apenas un año y medio después del sorpasso sobre Reino Unido. Mientras, se aproxima irremediablemente al alemán; ambos, ya por encima de los 5 billones de dólares; aunque el germano sin acabar de salir de la recesión y el indio navegando en tasas del 7%.

Por si fuera poco, un año antes, en 2024, su principal parqué bursátil, la National Stock Exchange (NSE) de Mumbai sobrepasó al de Hong-Kong como cuarto centro financiero internacional, con una capitalización que ha ido creciendo curiosamente al mismo ritmo y volumen productivo del PIB indio. Hasta rozar los 5 billones de dólares.

Pero, ¿cómo han forjado los gobiernos de Modi esta coraza a prueba de tensiones geopolíticas y disrupciones económicas globales? Gran parte de la explicación surge de su táctica contracíclica. En una globalización fragmentada, con el retorno de aranceles que frenan la libre circulación de mercancías y servicios, cadenas de valor y suministro en estado de alteración permanente y la búsqueda del santo grial tecnológico en una desaforada carrera contrarreloj por lograr el cetro de la IA, Delhi ha optado por presentarse como un socio fiable en un mundo crispado y cada vez más conflictivo. Nadando contra corriente, India se comporta como una potencia sistémica, con una capacidad sin parangón para albergar el Sur Global, sin dejar de ganar influencia entre las potencias industrializadas y, por supuesto, ocupando su lugar entre los BRICS emergentes. Y lo que resulta, incluso, todavía más inaudito: con vitola de nación tecnológicamente avanzada y en el pelotón de cabeza de la IA.

Los recientes acuerdos con la UE —de libre comercio— y con EEUU —arancelario y con compromisos de inversión en suelo americano, bajo coacciones y amenazas, pero con unas ostensibles rebajas de peajes aduaneros, desde el 50% del verano, al 18% actual— son un buen botón de muestra de la funcionalidad operativa con la que actúa Modi. Su declarada intención es que India demuestre habilidades para obtener el reconocimiento de economía de mercado y de primer nivel. No por casualidad el jefe del Estado galo, Emmanuel Macron, y el presidente español, Pedro Sánchez —o el canadiense Mark Carney— se han apresurado a visitar a su homólogo indio atraídos por los nichos de negocio que aparecen desde hace años y por la cumbre global de IA (India AI Impact Summit) en la capital india. Precisamente para relanzar la imagen innovadora y las ambiciones globales del país tras un año turbulento.

Hace seis meses, Modi lidiaba con las embestidas dialécticas de Donald Trump a cuenta de unos aranceles recíprocos del 50% que buscaban acabar con el tráfico petrolífero entre Rusia e India y las tensiones militares con Pakistán —ambas, potencias nucleares oficiales— mientras surgían las primeras dudas serias sobre el poderío productivo indio.

Sin embargo, la cita de la IA no es solo un señuelo para autoridades internacionales. También es un foco de atracción de big techs. Ante un selecto grupo de consejeros tecnológicos mundiales, Modi defendió que el salto hacia el algoritmo inteligente no se salga de los cauces democráticos, ni que la IA se desligue de un Internet seguro, inclusivo y orientado a las personas. Más allá de los puntos de conexión con la cúpula empresarial presente en la cumbre de Delhi, que giraron en torno a la convicción de que la IA es el campo competitivo que mueve la geoestrategia global, el presidente indio encontró el respaldo de Macron, Carney y Sánchez al espetar que la sociedad global aún conserva margen para decidir las reglas del juego en las que esta tecnología debería operar en su camino de transformación de la vida cotidiana y laboral de las personas.

Reformas internas con proyección exterior

El presidente indio conoce con precisión este terreno. No en vano, su ajustado triunfo electoral de 2024 le ha llevado a impulsar reformas laborales y fiscales para sustentar un dinamismo que supere el 7% y que le permita despejar la gran asignatura pendiente del país: reducir las elevadas ratios de pobreza. La renta per cápita sigue anclada más allá de los 100 primeros peldaños de la escala global que determina el FMI y la calidad institucional dista todavía de los estándares de las economías avanzadas. Además, persisten otros puntos negros: El sistema eléctrico —crucial para sostener la industria y los avances digitales— carece de una red de distribución homogénea por todo el territorio y muestra brechas de suministro.

Sin embargo, aún están en cartera cambios en el mercado laboral, en la regulación financiera o en la normativa sobre inversión extranjera, que sigue acudiendo en masa aunque sin suficientes garantías de estancia, así como una redefinición de los incentivos productivos a la industria y a la modernización de la red de infraestructuras físicas —energéticas y de transporte, esencialmente— y digitales, dirigidas a configurar un entorno más predecible para el capital.

Pero, aun así, el nacionalismo que impregna el alma política de Modi se aleja de casi cualquier vestigio proteccionista. Su modelo de liderazgo continúa apostando por abrirse al mundo, por no quedarse atrás en el orden global y por activar todas las teclas posibles de prosperidad. Bajo estas premisas se entiende su intención, declarada en la cumbre de Delhi, de que India aspira a ser la “fábrica de casos de uso” de la IA, del mismo modo que fue la oficina trasera del mundo en la era del software y sus servicios informáticos. Sin dominar la tecnología, sino más bien, con un claro intento de domesticarla en su reto de escalarla hasta su cima. O, dicho de otro modo: “sin soluciones excesivamente caras o energéticamente intensivas”, precisó.

Las réplicas empresariales, al menos desde la perspectiva retórica, fueron conciliadoras. Como era de esperar, las visiones de los jerarcas tecnológicos tuvieron un aroma optimista, pero con admisión de dudas y asunción de advertencias. Demis Hassabis, cofundador y CEO de Google DeepMind, definió la IA como una revolución comparable al descubrimiento del fuego o de la electricidad, “potencialmente diez veces más rápida que la industrialización” y con visos de que su versión general esté universalmente asentada en un horizonte de cinco años. Sin embargo, insistió en la necesidad de “construir guardarraíles” sólidos y en seguir acudiendo a la ciencia y a los avances médicos como vías para inaugurar “una nueva edad dorada del conocimiento”.

En parecidos términos se manifestaron Sundar Pichai, CEO de Alphabet y máximo responsable de su estrategia global, que reclamó “más cooperación entre líderes tecnológicos” para afrontar una carrera desaforada y que “pudiera parecer” un coto privado para las big techs, sin estándares compartidos y con incentivos puramente competitivos que pudieran llegar a generar amenazas sistémicas. O Dario Amodei, dueño de Anthropic, uno de los unicornios más emblemáticos de la IA, quien hizo hincapié en la estrategia pionera de India como defensora de “una IA más inclusiva para el Sur Global”.

Entretanto, Nvidia anunciaba varias alianzas con firmas indias para desplegar centros de datos con sus chips más avanzados, reforzando así la idea de que India no solo quiere debatir sobre IA, sino convertirse en un nodo operativo clave de su adopción global. Y Apple ya fabrica cerca de la quinta parte de sus iPhones en estados indios como Tamil Nadu o Karnataka, después de un año de traslados de sus cadenas de valor desde China por el recrudecimiento de los vetos cruzados entre ambas superpotencias en el terreno tecnológico y en el negocio de los chips.

Mucho más que la otra fábrica asiática mundial

Sin embargo, como subraya Arvind Subramanian, analista en el Peterson Institute for International Economics, el verdadero giro estratégico del país no está tanto en la tecnología punta como en la apertura comercial que la hace viable. En una reciente tribuna en The Economist, defiende los acuerdos con Europa y EEUU, porque “pueden convertir a India en una de las economías más abiertas del mundo si utiliza —como pretende—, ese aperturismo multilateral como palanca para transformar su estructura productiva y absorber tecnología a gran escala”.

Precisamente este marco de actuación es el que explica la aproximación india a la IA, que Delhi entiende como una revolución que no se decidirá solo en los laboratorios, sino en la adopción masiva de sus servicios. Con casi 900 millones de usuarios de internet, decenas de lenguas y una economía llena de fricciones, India es un banco de pruebas ideal para aplicaciones de bajo coste y que busquen elevados impactos sociales. Desde asistentes de voz en amplias gamas de idiomas hasta herramientas de educación, sanidad, agricultura o atención al cliente, las empresas indias están demostrando una notable capacidad para “aterrizar” la IA en problemas cotidianos. Es la potencia bisagra de la IA en un mundo fragmentado, resume Subramanian. Con su reto de crear una IA “no alineada”.

No obstante, la entente con EEUU, está lejos de ser cordiale. “Ha servido —advierte el politólogo Sumit Ganguly en Foreign Policy— para frenar una escalada arancelaria, pero difícilmente bastará para recomponer una relación estratégica dañada”. A su juicio, este reencuentro responde más a una lógica transaccional que a una restauración de la confianza mutua. Para Delhi, “el alivio frente a los aranceles impuestos por Trump es tangible y para Washington, corrige parcialmente desequilibrios comerciales”. Pero el trasfondo político sigue enrarecido por la aproximación de la Casa Blanca a Pakistán tras el conflicto de Cachemira [en 2024], por un lado, y la percepción, ampliamente extendida en India, de la imprevisibilidad estratégica de EEUU, por el otro.

Ganguly recuerda que los lazos bilaterales habían avanzado de forma correcta desde finales de los noventa con hitos como el acuerdo nuclear civil de 2008 y la designación de India como “socio mayor de defensa”, hasta la llegada de la versión Trump 2.0, que ha activado viejos recelos de la Guerra Fría. En ese contexto, “el acuerdo comercial puede evitar un deterioro mayor, pero no borrar la desconfianza acumulada ni facilitar, al menos a corto plazo, una expansión ambiciosa de los intercambios bilaterales de mercancías”.

En McKinsey, por su parte, hacen una lectura más estructural del potencial indio. En un análisis sobre su futuro económico, la consultora identifica a India como uno de los grandes motores del crecimiento global el próximo decenio, sobre un modelo productivo asentado en cuatro pilares: la urbanización, la digitalización, las manufacturas avanzadas y la transición energética. Con esta hoja de ruta ya en marcha —insisten sus expertos— India busca diversificar sus socios exteriores y reducir así sus dependencias, apoyándose en su mercado interno y en reformas de largo plazo.

Anu Madgavkar, socia del McKinsey Global Institute, sintetiza la actual etapa de esplendor indio de manera elocuente: “La apertura de la cuarta economía global al comercio, al capital y al boom de la tecnología, apoyada en su escala digital y su talento, la sitúa en una posición única para convertir la innovación en crecimiento sostenido y su visión multilateralista en una estrategia de amplia relevancia global”.

La coincidencia no es casual. Con apenas unas horas de separación, dos de las voces que gozan de un mayor prestigio e influencia dentro del establishment europeo —Mario Draghi y Emmanuel Macron— han mostrado que sus prioridades para impulsar a Europa a la vanguardia geopolítica y económica mundial están en la misma longitud de onda. Desde ángulos distintos, el antiguo número uno del BCE —y ex primer ministro italiano— y el jefe de Estado francés sostienen que el edificio supranacional de la UE ha tocado techo y está sometido a un test de estrés internacional.

O avanza en la carrera competitiva global a la misma velocidad que EEUU y China a través de un armazón federal —la propuesta de Draghi— con la que absorber peso geopolítico y tecnológico en el mutante orden mundial, o acepta un déficit progresivo de autonomía y soberanía económica, en un planeta que le será cada vez más hostil a sus señas de identidad, sustentadas en el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Para el salvador del euro en la crisis de la deuda europea tras el colapso crediticio de 2008, el revestimiento federalista resulta ineludible. En términos de eficacia del poder —acaba de proclamar—, “una confederación de 27 Estados con derecho de veto no genera poder”, sino que, más bien, deja a cada socio comunitario expuesto a presiones “uno a uno” —bilaterales— por parte de Washington o de Pekín.

Macron no llega a este punto álgido de reivindicación. Pero, en el trasfondo de sus advertencias, implora una arquitectura institucional similar. En su opinión, la amenaza sobre Groenlandia que traslada la versión Trump 2.0 —más agresiva y con un brazo ejecutor de mayor intensidad por los dogmas de fe MAGA que proclama la Heritage Foundation— revela hasta qué punto la UE es más vulnerable cuanto menos opera con una voz única e instrumentos mutualizados.

La UE —advierte el dirigente galo— no debe dejarse llevar por una falsa sensación de que la tensión con EEUU sobre Groenlandia, la tecnología y el comercio han terminado. Todo lo contrario. A su juicio, es el momento de que el bloque comunitario se embarque en una revolución económica y se convierta definitivamente en una verdadera potencia geopolítica mundial. Macron aseguró que presionará a sus colegas europeos para que aprovechen “el momento Groenlandia” —el lema que expone la gravedad de las relaciones transatlánticas— para avanzar con inusitada rapidez en una agenda reformista que ha estado “largamente postergada” y que resulta crucial para reducir la dependencia europea de EEUU y China.

“Tenemos ante nosotros un tsunami chino en el frente comercial y frentes borrascosos que se aproximan desde la vertiente estadounidense”. A Macron —en declaraciones a varios medios del Viejo Continente— estas dos amenazas le genera “una profunda conmoción” porque apunta “a una posible ruptura de la construcción europea”.

En su llamamiento a la reacción europea ante un gesto claro de agresión de una administración estadounidense “abiertamente antieuropea que desprecia a la UE”, asegura que no hay margen para medias tintas: doblegarse [ante Trump] o unirse y fortalecer el espacio comunitario.  

El telón de fondo que preside ambos relatos es el mismo. EEUU y China han dejado de respetar las reglas del orden económico liberal con sus subsidios masivos, sus controles tecnológicos y su coerción comercial, o el uso geoestratégico de materiales críticos. Este elenco de herramientas se ha hecho habitual en mayor o menor medida en el modus operandi de Washington y de Pekín. Con efectos devastadores y un uso, en ocasiones, indiscriminado como los aranceles recíprocos.

A ello se suma una colisión a punto de ocurrir sobre la regulación europea a grandes plataformas digitales. Bruselas reivindica un escenario de competencia leal y protección de derechos civiles frente a las big techs americanas. Washington amenaza con represalias por impedir —proclama— el negocio de sus multinacionales en el Viejo Continente. En este affaire también confluyen las tesis de Draghi y Macron, que aducen que la soberanía europea ya no puede ejercerse desde los Estados-nación, sino únicamente desde una arquitectura —marcadamente federal a los ojos del ex primer ministro italiano— lo suficientemente resistente como para decidir, invertir y poder defenderse como bloque.

Federalismo 'draghiniano'

El argumento de Draghi parte de la experiencia institucional. Allí donde Europa se ha “federado” —comercio, competencia, mercado único y política monetaria— actúa como un actor respetado y con capacidad de negociación. Pero en los ámbitos donde no ha progresado hacia este modelo —defensa, política industrial y acción exterior— aparece fragmentada y, por tanto, vulnerable. Esa asimetría es especialmente costosa en la actual fase de la globalización, que el expresidente del BCE describe como un sistema “disfuncional”, surgido desde ingreso de China en la OMC en 2001 y que se ha agravado por el giro estratégico de la Casa Blanca.

Macron llega a la misma conclusión desde la geopolítica. Según su relato, Europa no debe caer en una “falsa sensación de seguridad”. Pese a la “distensión momentánea” con Washington. Sin una autoridad común y homogénea en política exterior y sin respuestas económicas coordinadas incluso un territorio europeo como Groenlandia puede convertirse en moneda de cambio. Unos focos de tensión que se trasladarán —augura— a la aplicación de la Digital Services Act europea de regulación de contenidos, datos y libre competencia en plataformas digitales. “No dejemos que nuestros hijos tengan un cerebro puramente mercantilista”, expresó a Financial Times. No es un gesto moral, sino un acto de exigencia regulatoria que solo es creíble si se ejerce de una manera unificada y con poder para resistir represalias comerciales del otro lado del Atlántico.

La lectura económica refuerza esta visión. El informe de Draghi sobre competitividad estima que Europa necesita inversiones adicionales cercanas a los 800.000 millones de euros anuales para evitar la desindustrialización y atraer de nuevo localizaciones empresariales que refuercen todo el entramado de seguridad económica de la UE y fortalezcan las cadenas de valor y el mercado interior. Sin embargo, algo más de un año después de su cruda radiografía de situación —y la de su colega italiano Enrico Letta, más enfocada a los mercados de capital— apenas se ha movilizado una fracción de estos recursos. El problema no es solo financiero —avisa Draghi— sino institucional, porque el presupuesto europeo ronda el 1,1% de la renta nacional y la UE carece de un sistema impositivo común, lo que atrofia su músculo para responder a la política industrial americana o al modelo exportador chino. Cada vez más subvencionados.

El FMI, además, trasladó otra debilidad adicional. Completar el mercado único es una condición necesaria, como subraya el diagnóstico Draghi, aunque no suficiente. Europa —argumenta— debe atender su fragmentación regulatoria, que actúa como un “arancel invisible” que encarecen en un 44% los bienes que circulan por el espacio comunitario y en un 110% los servicios. Para The Economist, “sin una escala verdaderamente continental, Europa no puede competir ni en IA ni en energía ni en defensa”. Para Macron estos déficits institucionales demandan una “revolución económica” financiada con deuda común —no llega a mencionar los bonos europeos que reclama el dirigente italiano para avalar los grandes objetivos geoestratégicos de la UE— destinada a dar impulso a la IA y la computación cuántica, la transición energética y a la industria militar. Con el único objetivo —precisa— de proteger tres prioridades críticas frente a las prácticas desleales de las dos superpotencias.

Para Draghi, la respuesta es un “federalismo pragmático” que permita a un núcleo de socios, los que deseen acelerar procesos de integración, activar la Europa a dos velocidades. Pero siempre como una federación genuina —matiza— nunca como formato de cooperación flexible y reversible.

Sin embargo, existen zonas de resistencia. Y nada desdeñables. Hay capitales que temen perder sus controles nacionales y otras que recelan de políticas industriales que alteren la ortodoxia del mercado único. Pero la alternativa es más costosa, asegura Draghi, porque la amenaza externa puede unir, aunque únicamente la esperanza de un proyecto común sostendrá este esfuerzo. Y este propósito reclama instituciones federales capaces de transformar el peso y la capacidad de influencia económico-comercial de la UE a la esfera geopolítica.

El nuevo orden global se ha convertido en una cruzada funcional en la que Europa deberá elegir si quiere seguir siendo un espacio regulatorio fragmentado, objeto de tensiones nacionalistas, o un actor soberano que defienda su modelo económico y social. La convergencia entre Draghi y Macron sugiere que el tiempo de la ambigüedad se ha agotado para Europa.

Los expertos comparten el criterio federalista

Más de un año después, apenas el 11% de las casi 900 medidas propuestas por el ex premier de Italia se han aplicado y se mantiene la confederación de socios con vetos nacionales que —resalta— “no produce poder”. Desde el sector financiero, Fabrizio Campelli, responsable de inversión de Deutsche Bank, subraya los límites de una estrategia puramente defensiva. “Competir bajando costes salariales debilitará la innovación y alimentará aún más la tensión social y el populismo” en un momento en el que el viraje geopolítico de una administración estadounidense “mucho menos proclive a garantizar la seguridad europea”, obliga a financiar los gastos de defensa, las infraestructuras y las cadenas industriales.

Para Campelli, más deuda o más impuestos solo pueden ser soluciones transitorias, porque “el impacto duradero [de estas medidas] depende de cómo se estructure el gasto y de si llega a las pymes, a los cauces innovadores de las empresas y a las cadenas de suministro europeas”. Esta canalización requiere, para ser eficiente, coordinación supranacional y un ecosistema financiero alineado con unos objetivos comunes, “algo difícil sin un marco, al menos, cuasi federal”.

Guntram Wolff Grabbe y Jeromin Zettelmeyer, analistas del Instituto Bruegel, comparte la visión federalista. Ambos reconocen que Bruselas “ha asumido buena parte del diagnóstico de Draghi en su Competitiveness Compass”, pero alertan de “una contradicción nuclear, el impulso de una política industrial ambiciosa sin dotarla de financiación centralizada”. Y, al confiar este esfuerzo inversor a las ayudas nacionales, “se corre el riesgo de fragmentar el mercado único y favorecer a los países con mayor capacidad fiscal”. En su opinión, “la coordinación voluntaria difícilmente sustituirá a un presupuesto europeo reforzado y, sin instrumentos fiscales comunes, las agendas industriales pueden acabar erosionando la cohesión y la productividad que pretende reforzar”.

Sébastien Maillard, investigador del Programa Europa de Chatham House, subraya la dimensión institucional. “Draghi no propone un big bang federal, sino coaliciones entre socios dispuestos a avanzar en competencias clave sin unanimidad” y recuerda el precedente del euro, proyecto de integración con autoridad exclusiva y credibilidad que actúa, de facto, como un mecanismo federal sin proclamarse como tal. Para Maillard, “Europa no puede aspirar a ser un poder global manteniendo una gobernanza pensada para la mera coordinación intergubernamental”.

En parecidos términos se manifiesta Fred Kempe, presidente del Atlantic Council, que interpreta las advertencias de Draghi como una reacción a la ruptura del orden internacional de posguerra. EEUU y China usan aranceles, subsidios y cadenas de suministro como instrumentos de coerción. En línea con la queja en voz alta de Draghi y con su reivindicación de que Europa debe decidir si sigue siendo “un gran mercado” o evoluciona hacia un “gran poder global”, lo que le exige “pasar de una confederación a una federación de estados”.

“La mitad de los canadienses están a favor de unirse a la UE”. Palabra de Mark Carney, el primer ministro del vecino del norte de EEUU, al que Donald Trump tiene más enfilado entre los aliados tradicionales de la Casa Blanca. Porque “Canadá es el país más europeo de entre las naciones que no pertenecen a la UE”. Constatación de que el liberal antiguo gobernador del banco central canadiense durante el colapso crediticio de 2008 y del Banco de Inglaterra entre 2013 y 2020 –hito insólito porque nunca nadie ha llevado las riendas de dos autoridades monetarias del G-7– no comulga con el proteccionismo ni la doctrina MAGA que impulsan las políticas del inquilino actual de la Casa Blanca.

Canadá comparte con EEUU y México el espacio aduanero USMCA que Trump se encargó de refundar en su primer mandato tras enterrar al llamado hasta entonces Nafta norteamericano.  

Carney es un verso suelto en un mundo dominado por la geopolítica y los lobbies tecnológicos en busca del cetro competitivo que se concederá, teóricamente, al vencedor de la carrera por la IA. Antes de su triunfo en las elecciones presidenciales canadienses del pasado mes de marzo el actual premier no había dejado rastro de actividad en la arena política de su país. Aunque, desde entonces, ha emitido sobradas señas de identidad. Hasta el punto, de que se le identifica con la imagen de antagonista del dirigente estadounidense. Desde la reciente cumbre de Davos, en la que se amplificó su resistencia militante al America, first y hacia el odio del trumpismo a todo lo que suene a woke.

Tan solo unas Semanas más tarde de las embestidas de Trump contra Groenlandia y los socios europeos de la OTAN que defendieron su soberanía danesa y dejaron temblando la arquitectura transatlántica, la figura de Carney revelaba que Canadá –y Europa, al menos, sobre la mesa– se negaba a jugar en el tablero de ajedrez global que plantea la Casa Blanca.

Su idea gira en torno a la ruptura de los históricos lazos transatlánticos y a la asunción de que el orden liberal liderado por EEUU ya no volverá. De modo que las democracias de las potencias industrializadas deben reorganizarse junto a los grandes mercados emergentes para sobrevivir a las amenazas y coerciones de Washington. O, dicho de otro modo: deben articularse alianzas entre potencia intermedias con suficiente músculo económico y comercial como para combatir el bilateralismo impuesto por Trump. Bajo unas reglas de juego comunes que garanticen el libre tránsito de mercancías, servicios y capitales y la diversificación comercial, defiendan los estados de derecho y se alíen contra el cambio climático.

El mensaje, según un cierto consenso diplomático, estaba dirigido a la UE, Japón, Australia, Brasil e India, y alertaba contra la soberanía hegemónica estadounidense. Aunque con acuse de recibo especial a su añorada Europa. O se emancipa de EEUU o acepta una subordinación con visos de convertirse en estructural, dijo. Su discurso de Davos dejó un mensaje subliminal, pero a la vez, descifrable, a Bruselas: Encuentren aliados más allá del eje transatlántico, incluso flexibilizando la entrada de los vehículos eléctricos chinos para contrarrestar a los aranceles estadounidenses, y tómense en serio sus acuerdos comerciales con Mercosur e India.

Arquitecturas comercial y financiera en mutación

La tercera vía de Carney parece haber reposicionado la táctica geoestratégica a ambas orillas del Atlántico. Así, mientras la versión Trump 2.0 y sus aranceles recíprocos con armas correctiva de renegociación han hecho mella en tratados post-Davos como el de Taiwán y Corea del Sur o han corregido los excesivos peajes a la importación con el gigante indio, la UE ha mostrado empeño en sellar definitivamente el suyo con Mercosur y con Nueva Delhi. Pero con notables diferencias. Las que precisamente describió el jefe del Gobierno canadiense en el retiro invernal suizo.

La Casa Blanca no ha forjado estos acuerdos según los criterios del libre mercado, sino mediante unas exigencias geopolíticas explícitas. Desde relocalizaciones industriales, hasta directrices de disciplina política interna o realineamientos con EEUU en el nuevo orden global. A Taiwán, por ejemplo, le rebaja aranceles a sus chips a cambio de compromisos de inversión y avales de medio billón de dólares para producir en EEUU. A Corea del Sur, uno de sus grandes aliados en Asia, se le amenazó con mayores gravámenes si Seúl no se saltaba el trámite parlamentario y rubricaba el pacto de urgencia. La India de Delhi salvó sus tarifas del 50% del verano pasado a cambio de aceptar férreos controles a la compra de petróleo ruso.

A esta ristra de acuerdos forzados se une la pretensión de Trump, descrita con precisión durante su estancia en Davos, de atacar arancelariamente a Groenlandia y los socios europeos hasta que no comulgasen con sus deseos anexionistas. En el mercado han puesto nombre a esta táctica. Es el TACO (Trump Always Chickens Out, que se traduce como “Trump siempre se acobarda”) y responde a la convicción inversora de que el dirigente republicano sigue un patrón de comportamiento preconcebido: sus amenazas crean volatilidad inicial en las bolsas; pero, sin embargo, se acaban diluyendo por los elevados costes económicos y diplomáticos de sus ínfulas presidencialistas.

Esta táctica negociadora made in US basada en la escalada y el repliegue que reduce de manera drástica la confianza bilateral, encarece el capital, distorsiona los flujos de capital y acrecienta la fragmentación de la globalización, es lo que Carney trata de explicar a otros agentes estratégicos del planeta. Europa, aparentemente, ha renegado estas semanas de la influencia trumpista. En algunos círculos diplomáticos creen por su exposición directa a las amenazas estadounidenses en el caso de Groenlandia. De ahí que la aceleración de tratados con Mercosur o India se hayan magnificado como una estrategia dirigida a diversificar riesgos y a reducir la dependencia de un socio dispuesto a instrumentalizar el comercio como arma política. O que se avance en el pacto con Australia. Incluso que la Eurocámara haya sacado esta semana del congelador la negociación con EEUU tras el affaire groenlandés.

En el terreno financiero, las aguas también bajan revueltas desde Davos. La burbuja de la IA y la nueva geopolítica tecnológica están reordenando los mercados y han situado estos últimos días las stablecoins, los chips y el negocio del software bajo presión. El nuevo ciclo de la IA está creando un efecto dominó que comienza a desmoronar la resistencia inversora ante unas valoraciones desorbitadas de los criptoactivos, deja traslucir que el bloqueo estratégico de EEUU hacia chips con destino a China --incluso los de Nvidia-- es más serio de lo que asegura Trump o que el temor a que la propia IA destruya parte del negocio tradicional del software tiene visos de realidad.

Tether ha tenido que recortar sus ambiciones financieras tras el rechazo inversor a su valoración de medio billón de dólares. Incluso el banco central cripto parece toparse con límites cuando el apetito especulativo se enfría. Entretanto, Nvidia sigue atrapada en la guerra tecnológica EEUU-China, con las ventas de chips H200 a Pekín paralizadas por revisiones de seguridad nacional por parte de EEUU que reflejan el control federal de los semiconductores, convertidos en armas de política exterior. Y Wall Street empieza a descontar daños colaterales en la IA con herramientas que amenazan a firmas de software y que dibujan la llegada de un duro ajuste sectorial.

Hasta 56.000 empleos están listos para recortar en el ecosistema tecnológico estadounidense, han advertido varias de sus grandes compañías en las últimas dos semanas.

¿Un CanadEU? utopía o ‘realpotitik’

La confluencia de intereses demográficos, energéticos y de valores entre Canadá y la UE induce a sacar una posible vinculación de Ottawa en el edificio institucional de Bruselas del cajón de los sueños. Integrar una población joven como la canadiense en unas sociedades envejecidas como las europeas, con una inmensa y rica variedad de materias primas energéticas y minerales que, a los ojos de Carney, son la llave para alcanzar la “autonomía estratégica” de EEUU y con valores multilaterales compartidos, hacen factible la opción de un CanadEU.

El término lo ha popularizado The Economist en un reportaje en el que centra el debate en los recientes acuerdos bilaterales en defensa, comercio y seguridad. Esta entente cordiale convierte la posibilidad de una adhesión de Canadá en “algo menos abstracto”.

Sobre todo, si arrastra a un Reino Unido laborista que no descarta destensar las rígidas cláusulas del Brexit. En un momento en el que, además, las dinámicas del comercio interior comunitario no son precisamente intensas. Todo lo contrario. Entre 2023 y 2025, los intercambios entre los socios comunitarios se han reducido un 1,3%.  

John Authers, columnista de Bloomberg, aduce que Reino Unido necesita un nuevo acuerdo con la UE al cumplirse el primer aniversario de la versión Trump 2.0 que ha demolido el sistema de libre comercio para impulsar una economía, la británica, estancada, que puede derrumbar a otro gobierno -y van seis- desde el referéndum y que contentaría a la City, la industria y las patronales del país.

La sintonía Keir Starmer-Mark Carney también juega en esta dirección. Aunque la crisis abierta en torno a la figura de Starmer por la designación del príncipe de las tinieblas, Peter Mandelson, como embajador en Washington, pese a conocer sus lazos con el pederasta Jeffrey Epstein, le pueda pasar factura e interrumpir iniciativas del tándem británico-canadiense.

En un momento crucial, en el que Financial Times subraya que Ursula von der Leyen priorizó en 2025 evitar a toda costa una guerra comercial con EEUU, lo que ha retardado los avances en la Unión de mercados de capitales o en la culminación del mercado único, dos de las metas más estratégicas de los informes de los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta. Pese a que desde el European Research Council constaten que por primera vez se alinean retos industriales, desafíos políticos y las hojas de rutas científicas en una agenda de competitividad con sello I+D+i. Canadá y Reino Unido ayudarían a suturar las brechas crediticias y la aversión al riesgo de este salto competitivo frente a EEUU y China.

Aunque el telón de fondo de esta estrategia muestre serias dificultades. Con la UE bloqueando iniciativas por presiones internas, Canadá altamente dependiente del mercado estadounidense y los emergentes multilateralistas desconfiando de un orden global que perciben como hecho a imagen y semejanza de las potencias industrializadas.

Aun así, la reciente adhesión de Ottawa al programa europeo de defensa SAFE ha iniciado una fase de integración que, probablemente, pueda ser de no retorno, asegura John Feffer, director de Foreign Policy in Focus del Institute for Policy Studies: “forman una unión silenciosa, aunque profunda”. Canadá --recuerda-- es el primer país ajeno a la órbita comunitaria en ser admitido en SAFE, “una señal política de alto voltaje porque pondrá en marcha una interoperabilidad militar, cadenas industriales compartidas y una convergencia regulatoria”. En torno a un alejamiento de la Pax Americana en la que ninguna de las parte cree.

Todo ello hace algo más probable el sueño de Robert Hage, veterano diplomático y analista del Canadian Global Affairs Institute, de un eje Canadá-Reino Unido-UE, que ha rescatado hace poco para el think tank Konrad-Adenauer-Stiftung. “No fue casual” -rememora- que Canadá fuera el primer país signatario de un pacto comercial de la UE cuando Bruselas asumió la soberanía en esta materia, en 1976. Y que lo rubricara el entonces jefe de Gobierno Pierre Trudeau, padre de Justin, predecesor de Carney en el cargo y como líder del partido liberal.

En sintonía con John Hulsman, dueño de la consultora de geopolítica que lleva su nombre y Boris Liedtke, profesor en la escuela de negocios Insead, para quienes “la guerra comercial de Trump abre la puerta a un giro que cambiaría el pulso de la geopolítica”. El caos arancelario trumpista es del todo “ridículo” porque “ni Europa, ni Canadá ni México son China, y nunca se trata a los aliados como a supuestos rivales geoestratégicos”. Por ello, si los socios de EEUU siguen la senda de Washington, “perderán una oportunidad histórica”. Pero si, con imaginación, “aprovechan el error táctico de Trump, alterarán el juego por completo”.

Los mercados de capital han dejado de sentirse cómodos tras un largo año de convulsiones en las políticas económicas de la Administración Trump. Aranceles recíprocos de ida y vuelta que han convertido el libre comercio en una plaza de mercaderes en la que EEUU ejerce una gestión de los acuerdos bajo amenazas y exigencias coercitivas, un proteccionismo industrial que premia con subvenciones a la vieja economía fósil e invoca la seguridad nacional, y un intenso ejercicio de acoso contra el poder soberano de la Reserva Federal en el terreno monetario.

Pero ni siquiera esta triple cruzada contra el liberalismo en el paraíso del capitalismo –ni los atentados contra la legalidad de la ICE en Minnesota– han sido capaces de minar el dogma MAGA que impregna la doctrina económica del trumpismo. Al menos hasta ahora, porque al inicio del segundo asalto del retorno de Trump al Despacho Oval, aliados como Canadá o Europa han empezado a mostrar sus primeras señales de rechazo a las beligerantes acciones exteriores de Washington, su disconformidad con sus intereses geopolíticos. Por su parte, las compañías tecnológicas, que han contenido cualquier conato de retroceso bursátil en 2025 al amparo del boom de la IA, empiezan a mostrar la grietas de unas inversiones billonarias en la carrera competitiva por el cetro de la computación mundial: destrucción de empleo y admisión de que la magnitud de sus despliegues de capital hacia la IA puede contener demasiados fuegos artificiales.

Sin embargo, la mano más visible que está moviendo los mercados en este inesperado inicio de 2026 es el dólar. El emblema del liderazgo económico estadounidense navega en un mar de dudas, en estado de libre flotación, aunque con una trayectoria descendente que ya está arrastrando por la montaña rusa cambiaria a las divisas del G-7. Unas, como el yen japonés, emitiendo signos de debilidad; otras, como el euro o las monedas de los países escandinavos –economías de rentas altas sensibles a los impulsos del billete verde americano– en ascenso.

Trump dice no estar preocupado, pero Scott Bessent, su secretario del Tesoro, se ha visto obligado a defender la histórica política de un dólar fuerte y a desmentir la insinuación de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de una hipotética intervención coordinada con EEUU para contener las fluctuaciones de la divisa japonesa y su rampante mercado de bonos. Esta semana ha marcado repuntes de más de 25 puntos básicos en alguna sesión diaria y rentabilidades superiores al 4%.

La agenda fiscal expansiva de Japón ha acelerado un cambio de rumbo en un país que, según los cálculos de Takaichi, le otorgará la confianza el próximo 8 de febrero en unas elecciones anticipadas convocadas al calor de su amplia aceptación social, en cotas desconocidas para un primer ministro desde hace décadas. Pero no es el único foco de alerta. El dólar débil, lejos de aliviar tensiones con Europa, ha expuesto la fragilidad de socios monetarios como Alemania, que ha entrado en su tercer ejercicio de recesión con episodios leves de crecimiento anémico con un euro demasiado fuerte como para estimular su sector exterior.

También el oro, las materias primas metálicas, un incierto panorama comercial sin una clara radiografía de vencedores y perdedores en la guerra arancelaria, y una IA que ya deja retazos de una distorsión entre inversiones y proyectos corporativos que justifiquen los billonarios esfuerzos de capital, anticipan que algo huele en los mercados que recuerdan a otras burbujas especulativas del pasado. Muy en concreto, la punto.com, con cariz tecnológico, aunque sin la proyección innovadora que ahora ha irrumpido hacia la computación cuántica. Estos cinco análisis ayudan a esclarecer si habrá o no una debacle financiera en 2026, escenario que no descarta el FMI. 

1. El dólar, la madre de todas las batallas

“Miren los negocios que estamos haciendo”. Las palabras de Trump aludían a la bonanza de su sector exterior con ventajas competitivas vía precios con una divisa que se ha depreciado un 10% desde su retorno a la Casa blanca y que registra su nivel más bajo en 4 años con las monedas del G-10, la cesta de referencia que marca el compás cambiario. Pero el mercado dictamina otra interpretación. Existe un cierto consenso en que se ha abierto el negocio de la devaluación del dólar, con un elevado componente especulativo, que impulsa al oro y la plata por encima de los 5.250 y los 115 dólares por onza, respectivamente, añadiendo margen a una caída que podría ser de calibre, en caso de que se estabilice el valor.

Aunque la elección este viernes de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal por parte de Donald Trump interrumpió una vertiginosa recuperación que también catapultó a la plata, el cobre y el platino a máximos históricos esta semana.

El euro, entretanto, superaba la barrera de los 1,20 dólares, lo que ha movilizado a varias de las voces del comité ejecutivo del BCE a alertar de rebajas de tipos si la cotización continúa en una proporción que resta competitividad exterior. Desde enero de 2025, la divisa común ha recuperado un 15,5% de su valor respecto al billete verde. En firmas como Gavekal, creen que esta brusca corrección se debe a un triple factor de riesgo: por un lado, una pérdida de la confianza inversora en la flexibilización de la Fed para rebajar tipos; por otro, a episodios de injerencias renovadas de la Casa Blanca en la soberanía de su autoridad monetaria y, en tercer término, a futuras embestidas de Washington hacia la OTAN o la pasarela comercial transatlántica, con amenazas arancelarias hacia los socios europeos que motiven una venta masiva de bonos americanos por parte de inversores e instituciones del Viejo Continente.

Algunos analistas han recordado estos días la frase del secretario del Tesoro, John Connally, quien, en 1971, formando parte de la Administración Nixon, y en pleno cambio de patrón monetario del oro al dólar, añadió que el billete verde americano “es nuestra moneda, pero es vuestro problema”. 

2. Contagio al Extremo Oriente

Japón también sufre sus secuelas. El cóctel de una inflación persistente con el primer alejamiento en décadas de los tipos de interés próximos a cero y una agenda fiscal expansiva ha volatilizado los parqués financieros nipones, que mantienen unos 5 billones de dólares invertidos en el exterior, y disparado el rendimiento de sus bonos soberanos a largo plazo. Los contactos, corroborados por Takaichi, a quien le gusta su apodo de la Thatcher japonesa, entre la Fed de Nueva York y entidades financieras niponas dieron alas a los inversores para intuir una acción concertada entre los dos bancos centrales –el BoJ y la Reserva Federal– para contener la caída libre de ambas divisas.

Con todo, la defensa del yen podría provocar ventas de reservas –incluidos bonos del Tesoro– y trasladar el pánico inversor al mercado de bonos americanos, donde ya habita un clima de especial sensibilización ante cualquier señal contradictoria sobre la divisa de referencia del comercio, las materias primas y las reservas internacionales.

3. El oro vuelve a ser el termómetro del riesgo

A juicio de Carsten Menke, responsable de Investigación Next Generation de Julius Baer, “el comercio de la devaluación está en auge” por la debilidad del dólar, lo que eleva la sensibilidad del oro, la plata y otros activos a las fluctuaciones del billete verde. En su opinión, los inversores “no están reaccionando ni a un retroceso real, de apenas un 3% en enero, ni al riesgo percibido de una erosión estructural de su valor en un contexto de incertidumbre política. Los flujos especulativos dominan sobre la coyuntura económica.

Estos movimientos telúricos, que han contagiado a la plata y metales como el cobre, recogen también réplicas sísmicas de cierto voltaje como el temor a otro cierre del Gobierno federal norteamericano por los altercado policiales en Minnesota, la sucesión de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal o las tensiones con aliados de la OTAN reavivadas por Groenlandia, lo que refuerza el sell America trade –ventas de bonos del Tesoro americano desde latitudes europeas y japonesas– o la idea de impulsar un euro como divisa anti-dólar.

4. Las ‘big tech’ añaden dudas sobre la IA y reactivan los expedientes de desempleo

Hay varios botones de muestra. El pistoletazo de salida lo lanzó a comienzos de semana Amazon y su anuncio de recorte de 16.000 empleos. La ola de despidos por la competencia interna de la IA en las grandes tecnológicas americanas para eliminar capas de burocracia y reducir estructuras de gestión –según el mercado– manda una señal nítida de que la carrera por la IA está empujando a las big tech hacia modelos menos intensivos en capital humano.

El volantazo no parece un hecho aislado. Ni genuinamente americano. ASML eliminará 1.700 puestos centrados en gestión. Meta, Pinterest o Autodesk también recortan empleo con el objetivo de reasignar recursos hacia inversiones en IA. Al igual que Samsung. Wall Street ya empieza a ver el gasto billonario en algoritmos y computación cuántica no solo como motor de crecimiento, sino como riesgo financiero. Porque los inversores comienzan a poner en tela de juicio que los generosos proyectos en IA sirvan para acelerar la productividad y crear mayores retornos de beneficios.

Aun así, Meta se ha convertido en el nuevo estandarte de la inversión innovadora con unos desembolsos de capital de hasta 135.000 millones de dólares con los que arrastrará a toda su cadena industrial –desde fabricantes de chips hasta proveedores de maquinaria– en una escalada que redefine sus prioridades estratégicas y tensiona el negocio de los chips.

Aunque también afecta al hardware. Samsung, SK Hynix y ASML capitalizan el apetito voraz por la IA en este segmento productivo con beneficios récord, pese al peligro de un creciente desequilibrio entre oferta y demanda que amenaza a sectores clásicos como la electrónica de consumo o la automoción. Microsoft y, sobre todo, Tesla y la insistencia de Elon Musk de crear fábricas propias en EEUU, serán las que tendrán que dar más explicaciones en futuros trimestres. A la espera de que se desvelen las hojas de ruta de 2026 de Apple y Nvidia, la IA no tendrá en el futuro inmediato el plácet de confianza del ejercicio pasado. 

5. 'Stablecoin', otro foco de disrupción

La Ley Genius americana del pasado verano ha sido el detonador de un viraje monetario aún por cuantificar en toda su dimensión. La gran banca de inversión americana ya dispone de prototipos de pagos con sus propias divisas digitales, con tecnología blockchain y vinculación al dólar. Todo un arma geopolítica y financiera para la Casa Blanca, afirma Gillian Tett, una de las consejeras editoriales de Financial Times, que suscribe su histórico responsable de análisis económico Martin Wolf en una reciente tribuna de opinión. La idea de Trump es “extender el uso global de activos digitales denominados en dólares, lo que ayudaría a sostener la demanda de deuda pública estadounidense y, con ello, a financiar déficits crecientes”.

El temor es compartido por el FMI, la OCDE y el Banco Internacional de Pagos, que cuestionan la capacidad de las stablecoins para velar por la estabilidad, la integridad y el funcionamiento de la arquitectura financiera global. EEUU –dice Wolf– está dispuesto a avanzar rápido para romper cosas, por lo que Europa “debe resistir, reforzar su soberanía monetaria y apostar por unas stablecoins propias y estrictamente reguladas bajo las directrices del BCE y con el euro electrónico como mástil monetario”.