Hasta los recientes ataques iraníes con drones y misiles a territorio israelí, la narrativa económica dominante en el país hebreo era la de un patrón de crecimiento capaz de absorber shocks con notable rapidez. En la actualidad, sin embargo, la guerra abierta desatada contra Irán para afianzar el proyecto del Gran Israel que se ha propuesto imponer Benjamin Netanyahu ha mermado la confianza ciudadana, empresarial e inversora en el poder de resistencia de un PIB tasado en 666.400 millones de dólares, similar al de Argentina, Suecia o Singapur, que empieza a mostrar fisuras profundas y cada vez más estructurales.

El año de conflictividad geopolítica y militar para expandir el sueño del gubernamental Likud y de otros partidos ultraortodoxos en Oriente Próximo e instaurar la hegemonía israelí en la región ha dejado muestras de resiliencia, con un impactante repunte de la actividad del 3,1% en 2025. Muy por encima del 1% del ejercicio precedente, el peor dato en dos decenios, con la excepción de los primeros latidos del ciclo de negocios post-Covid surgido con fórceps monetarios y fiscales en todo el mundo para sacar a la economía global de su hibernación por la pandemia.

Pero el dinamismo israelí encierra un riesgo latente y cada vez más visible. El cheque militar de abordar dos misiones bélicas simultáneas –ocupación del sur de El Líbano y la aniquilación del régimen de los ayatolás en Irán, su enemigo irreconciliable dentro de la región más convulsa del planeta– empieza a alterar sus cuentas públicas.      

La alerta no procede de ningún agente antisemita. Ni de instituciones multilaterales de las que reniega Tel Aviv casi tanto como la Administración Trump. Es el propio Banco Central de Israel el que ha emitido las señales de alarma. El coste acumulado de la guerra equivale ya al 8,6% del PIB, unos 177.000 millones de shekels (57.000 millones de dólares). Pero, además, la coyuntura israelí deja un nítido desequilibrio. “La economía se ha asentado sobre el impulso reciente de su sector exterior, que sigue certificando un sólido rebote que contrasta con un consumo familiar y una inversión empresarial cada vez más débiles” aduce Nicholas Farr, de Capital Economics.

De modo que el PIB continúa instalado en una senda del crecimiento, aunque lo hace “de forma distorsionada, muy dependiente de factores ajenos a su dinámica doméstica y con la necesidad de recibir estímulos extraordinarios para afrontar sus ascendentes gastos en Defensa”, previene Farr.

El FMI, que acaba de rebajar dos décimas (desde febrero) su predicción de crecimiento global en 2026, hasta el 3,1% por “la contracción del flujo energético por Ormuz, daños a infraestructuras energéticas por el conflicto armado y disrupciones en las cadenas de valor y de suministro”, no ha pronosticado una valoración sobre los efectos de la guerra en la economía israelí, que fía a la revisión de los organismos oficiales del país. Pero resulta elocuente su visión previa al comienzo de las hostilidades. En febrero, el Fondo emitió su informe del Artículo VI –diagnósticos anuales a todos sus estados miembros– en el que auguraba un incremento del PIB del 3,5% con tendencia al alza, aunque “condicionada” a la inexistencia de conflictividad bélica regional.

En caso contrario –alertaban sus expertos bajo un escenario en el que la dialéctica geopolítica ya había elevado la tensión militar– “se producirán caídas temporales de inversión y empleo”, según la duración de contienda, y “aumentos graduales y, en ocasiones, exponenciales, del gasto por los costes asociados a la factura bélica”. También en los precios, que experimentarían repuntes desde una inflación “relativamente controlada” en el entorno del 2,6% antes de la guerra.

Economía tecnológicamente avanzada con fuga de talento

“El shock geopolítico mantiene el dinamismo israelí por debajo de su potencial de crecimiento”, al que contribuyen especialmente el alto componente tecnológico de su tejido productivo y su capital humano. El Fondo apostaba por un déficit del 3,9% en 2026, un objetivo loable, aunque insuficiente para reducir su deuda, del 67,2% del PIB al término de 2025, y que llegó a suponer el 99% del PIB al inicio del milenio.

En sintonía con el Banco de Israel, que proyectaba que la economía remontara un 5,2% este año para estabilizar el endeudamiento soberano. Su gobernador, Amir Yaron, avisa ahora de que el incremento del desequilibrio presupuestario y la revisión a la baja del vigor del PIB van a elevar “inevitablemente” la ratio de deuda. La reciente aprobación del gabinete de Netanyahu de un cheque extra de 13.000 millones de dólares para financiar la guerra refuerza esa tendencia.

Pero el conflicto armado no solo acarrea disfunciones fiscales contables. También pone en un brete la inserción internacional de Israel. El deterioro de las relaciones diplomáticas, en especial con ciertos socios europeos, tiene efectos tangibles en unas exportaciones que han descendido en 8 miembros de la UE más críticos con la ofensiva de Tel Aviv en la región. Ya en 2024, las ventas al mercado interior cayeron en 1.000 millones de dólares, mientras que el año pasado se contabilizaron 1.500 millones menos. El propio banco emisor israelí sugiere, no sin un poso de cautela, que “las posiciones políticas están influyendo en los volúmenes comerciales”.

Al desgaste externo, sostén de momento del dinamismo económico actual, se suman las dudas sobre la duración de la guerra con Irán. Las mismas incertidumbres que el FMI menciona con insistencia para justificar la fragilidad de las treguas, la provisionalidad de sus predicciones y los riesgos de que el colapso energético derive en una debacle financiera. Una nota de JP Morgan a clientes introduce una variable decisiva. “El impacto económico mundial y regional dependerá, sobre todo, del tiempo”. A partir del cual, sus analistas presentan un escenario base que varía a medida que el conflicto armado se prolonga e introduce variables como una escalada militar de mayor entidad en Oriente Próximo, cambios en los objetivos militares –como la renuncia tanto de la Casa Blanca como de Tel Aviv, forzado o no por las circunstancias, a un cambio de régimen en Irán– o, la más extendida en el calendario, una deriva hacia una guerra de desgaste.

Las perspectivas sobre este último horizonte son sombrías. Más movilización de reservistas, una mayor disrupción productiva, presiones alcistas sobre los precios y menor margen para recortes de tipos de interés. Con independencia del panorama, el banco de inversión ha reducido su meta el crecimiento para Israel en 2026 al 4,1%, mientras anticipa la implantación de una estrategia monetaria más restrictiva el resto del año. Por la “resiliencia operativa” para conservar su ritmo de actividad “parcialmente y bajo condiciones de guerra” por su rápida capacidad institucional, tecnológica y social a panoramas bélicos, con periodos de transición económica y de flexibilidad productiva adecuados a los cambios coyunturales.

No obstante, “esta resistencia activa contiene límites”, advierten en JP Morgan. Y son de calado estructural. Porque el cóctel de conflictividad duradera, tensiones diplomáticas y posibles fugas de talento preocupa cada vez más a las autoridades del país y amenaza con erosionar una arista esencial de su modelo económico: su marcado perfil innovador con una amplia inserción global.

El ecosistema de alta tecnología israelí es el motor de las exportaciones, el gancho de la inversión extranjera y el acicate de la notable productividad registrada por Tel Aviv en tiempos de paz. O, dicho de otro modo: es el gran amortiguador frente a inestabilidades externas. Una guerra sin cuartel, sin fecha de alto el fuego y con una permanente movilización de reservistas deteriora la fuerza laboral, altamente cualificada, y eleva el riesgo de los inversores internacionales, con los inmediatos efectos reputacionales, de fugas de talento y de corrosión de la ventaja competitiva labrada por Israel en los últimos años.

El banco central habla de amenaza de brain drain (fuga de cerebros) por la guerra en su último informe de situación. Es decir, de temor a salidas masivas de capital humano de alta cualificación técnico-profesional que traerían unos efectos destructivos multiplicadores. Entre otros, menor innovación, arritmias en el crecimiento, déficits fiscal y comercial estructurales, encarecimiento del dinero e impulso de la deuda. Una bomba de relojería que se encargaría de rebajar el atractivo financiero, poner en alerta a las agencias de ratings para reducir las calificaciones soberanas de Israel y limar la capacidad de respuesta gubernamental ante futuras crisis. “La resiliencia israelí tiene un umbral temporal a partir del cual el deterioro se acelerará de una forma no lineal, sino exponencial”, alertan en JP Morgan. Farr, por su parte, enfatiza el probable aumento de los costes crediticios si la tensión bélica y geopolítica se perpetúa. “Sería el detonante de una parálisis de la actividad”.

Privatizaciones en Defensa para costear la guerra

Este temor a la huida de talento y al agravamiento de las tensiones presupuestarias, financieras y tecnológicas por la escalada militar ha empujado ya al gabinete de Netanyahu a acometer una medida poco habitual en Israel. El país digitalmente más avanzado de la región ha decidido que tiene que competir fiscalmente por atraer y fidelizar la destreza profesional. Con incentivos para repatriar pericia tecnológica en plena carrera por la hegemonía de la IA y la economía del dato y el algoritmo. Toda vez que la fuga de trabajadores cualificados ha repuntado en un 45% desde 2023. Dror Bin, de la Autoridad de Innovación israelí, reconoce que “el capital humano es lo que hace que el sector tecnológico, que representa la sexta parte del PIB y más de la mitad del sector exterior, tenga éxito” 

El desgaste económico de la guerra también se vislumbra en el ámbito financiero. La Bolsa de Tel Aviv, tras un repunte inicial ante la expectativa de una guerra corta con Irán, ha perdido parte de las ganancias iniciales. El índice TA-125 ha retrocedido con fuerza en las últimas semanas, a pesar del pulso alcista de esta semana al calor de los vientos favorables a un acuerdo de alto el fuego. Más allá de comportamiento puntuales, los mercados de capital israelíes reflejan con una meridiana nitidez el contagio por el impacto del encarecimiento energético, la ralentización del turismo y los episodios de rampante incertidumbre global.

Aun así, subyacen comportamientos paradójicos como el de la divisa israelí. En general, el shekel ha resistido. Incluso se ha apreciado por momentos, llegando a registrar niveles superiores a las 3 unidades por dólar al comienzo de las operaciones militares. En gran medida, como fruto de la fortaleza de la confianza inversora en su industria tecnológica. Aunque también ha mostrado signos de debilidad. En función de las revelaciones sobre el coste de la guerra que han surgido a cuentagotas. La mayor caída del peso monetario del shekel se produjo en Semana Santa, cuando Tel Aviv admitió que el coste directo superaba ya varias decenas de miles de millones de dólares y que las pérdidas podrían rebasar los 9.000 millones de shekels semanales bajo una climatología adversa de movilización general.

La preocupación del equipo económico de Netanyahu ha llevado al gabinete a estudiar procesos de privatización de firmas estatales estratégicas como Israel Aerospace Industries. “La necesidad de obtener recursos adicionales para Defensa obliga a monetizar activos públicos”, justificaba hace varias jornadas Yali Rothenberg, alto cargo del Ministerio de Hacienda a Financial Times. Y a recibir críticas del mercado por la falta de previsibilidad del gobierno. Eran Yashiv, profesor en la Universidad de Tel Aviv detecta riesgo de erosión en el modelo de “startup nation” de Israel, de una economía abierta a otra más cerrada por falta de planificación de un gabinete al que le obsesiona la victoria militar a cualquier precio.  

En similares términos contesta Daniel Byman, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), para quien los conflictos en los que está involucrado Tel Aviv no se ganan solo en el plano militar. Irán -alerta- está logrando desplazar los costes al sistema global, encareciendo la energía y tensionando las economías. Incluso en un escenario de triunfo táctico-militar, “podría darse una derrota económica, aunque sea parcial, de Israel”.

La tregua de dos semanas aceptada por EEUU e Irán y surgida con fórceps bajo una sorprendente mediación paquistaní con influencia soterrada de China, nació herida de gravedad. En apenas unas horas, emergieron varias variables geoestratégicas de primer orden que advertían de que la desconfianza entre Washington y Teherán es profunda y difícil de desenredar. La principal de ellas, para el régimen iraní, es la interrupción de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano. Para el intimidador Donald Trump, la reanudación del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz, que desencadenó su amenazante mensaje de arrasar “la civilización persa” para forzar el alto el fuego. Podría parecer un nuevo episodio de su relato TACO.

Ese Trump Always Chickens Out que se podría traducir como un “siempre se achanta” que, en esta ocasión, más que en sus escenificaciones en el ámbito comercial, contuvo el aliento de todo el planeta.

La aceptación inicial de Teherán de permitir el flujo naval por Ormuz concedió un fugaz balón de oxígeno energético a una larga lista de países crudo-dependientes y un cierto respiro a la burbuja petrolífera que empezaba a tomar cuerpo, bajo la estrecha vigilancia de los bancos centrales.

Sin embargo, en apenas unas horas, el voltaje geopolítico y la inquietud económica y bursátil se volvieron a hacer patentes y el shock energético global que había emergido las jornadas previas y posteriores a la Semana Santa cristiana volvió a reaparecer. El pacto trabado a contrarreloj por la Administración Trump y el régimen de los ayatolás era demasiado débil y exigía, como admitió la Casa Blanca el pasado jueves, negociaciones directas con los asuntos más espinosos sobre la mesa. Entre ellos, la reclamación iraní del final de las hostilidades en territorio libanés que, hasta entonces, estaba fuera del radar militar y diplomático estadounidense. 

Todo ello hizo oscilar el precio del oro negro en torno a los triples dígitos. Pero la cotización del barril y el exceso de crudo en el mercado no son los únicos barómetros de un shock energético que tiene aristas más pronunciadas que limar. Entre otras, la seguridad del transporte marítimo y de los centros productivos e infraestructuras de petróleo y gas en Oriente Próximo, castigadas por el largo mes de guerra —todavía sin provocar el cierre del grifo energético, precisan los analistas del mercado—, sin olvidarse de la gestión de los inventarios de crudo o de las primas de riesgo a las navieras y sobre las facturas de los combustibles fósiles en circulación.

Una voz autorizada como la de Michael Singh, ex responsable del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, anticipaba a la agencia Bloomberg estas dificultades nada más proclamarse la tregua. “No es una resolución de paz, sino, más bien, un respiro en la escalada bélica” que atestigua que ambas partes “están muy lejos de cualquier entente cordiale” porque el escenario no apunta precisamente a una sustitución en la cúpula de poder iraní, la misión que activó, teóricamente, las hostilidades de la Casa Blanca en Oriente Próximo y que escondía la contribución de Trump a la construcción del Gran Israel que persigue Benjamín Netanyahu.

Los mercados “se han tomado un descanso para tomar aire”, aunque la economía mundial “siga plenamente expuesta”, alertaba Singh. Incluso tras el reinicio de las hostilidades posteriores, al que Irán puso otra pausa casi inmediata al suspender sus ataques ante la opción de diálogo con el nuevo emisario americano, el vicepresidente JD Vance. Pero para bancos de inversión como Goldman Sachs, el Brent, barril de referencia en Europa, promediará ya los 100 dólares en 2026 si Ormuz permanece cerrado un mes más. Su estratega Daan Struyven precisa en una nota a sus clientes que la tregua “seguirá siendo demasiado sensible”, incluso con la mediación del número dos de la Administración Trump, y que “los riesgos futuros sobre el precio del crudo se inclinan al alza”.

En cambio, si la pasarela marítima controlada por Teherán reanuda el tránsito marítimo, el Brent se situaría en los 82 dólares en el tercer trimestre y en los 80 en el último del año. 

La descongestión naval, pues, sigue siendo una incógnita. Aún continúan hacinados en las aguas del Golfo Pérsico alrededor de 800 buques —la mayoría, cargados de crudo, gas natural licuado o combustibles refinados, según cálculos del mercado— incapaces de seguir sus rutas mercantes. Solo una veintena de ellos llegaron a recibir custodia oficial de la Guardia Costera iraní durante las jornadas previas al final del ultimátum de Washington. 

Eso sí, previo pago de peajes monetarios que han engrosado las arcas iraníes. Y con la exigencia de que cada naviera pagara sus peajes a través de criptomonedas. Así lo asegura Hamid Hosseini, portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, al Financial Times, arguyendo “la necesidad de controlar el tráfico de armas” y alertando que estos procedimientos “llevarán su tiempo para supervisar buque a buque”. Pero Irán —precisa— “no tiene ninguna prisa”.

En los instantes de tregua, la amplificación del colapso energético y de las disrupciones logísticas parecieron relajarse. Reflejo de que las aguas inversoras eran turbulentas y que los mercados navegan sin apenas visibilidad. Y a pesar de las artimañas que Teherán lleva usando para sortear las sanciones occidentales a sus ventas de crudo y que son lo suficientemente extensas como para alterar el negocio petrolífero. 

Quejas petroleras, daños en países crudo-dependientes

Del lado de la oferta, los ejecutivos de las grandes petroleras, desde la saudí Aramco hasta Exxon Mobil, incidían antes de la tregua en que, pese a los beneficios caídos del cielo durante semanas, el mercado del crudo no está en condiciones de reajustar precios de forma sostenible en medio de una crisis geopolítica de esta magnitud. Esencialmente, porque actúan dentro de horizontes de inversión de décadas, lo que limita su capacidad para reaccionar ante shocks de corto plazo. Incluso con precios elevados, las incertidumbres —agravadas por decisiones políticas cambiantes y mensajes contradictorios desde Washington— frenan sus expectativas productivas y crean una paradoja compleja. El sector teóricamente más beneficiado por la crisis es incapaz de ejercer de amortiguador del sistema.

Aducen que los daños ocasionados a refinerías, campos extractivos y plantas de exportación han alterado su capacidad física para suministrar energía y transformado la crisis en un problema de seguridad industrial y logística en toda regla. Algo que excede de los parámetros del mercado y que deja entrever que, en opinión de las supermajors, las disrupciones de la guerra tendrán unos efectos duraderos y que la reconstrucción de sus activos energéticos requerirá años y miles de millones de inversión. Incluso después de que cesen las hostilidades. Es decir, que la contienda no solo ha distorsionado sus perspectivas de acumulación de reservas estratégicas o búsquedas de nuevas balsas energéticas y de fuentes alternativas y limpias, sino que ha puesto en el punto de mira la urgente necesidad de reconfigurar la arquitectura energética global. En términos de seguridad productiva y de suministro.

Chevron o ConocoPhillips, dos de las petroleras estadounidenses más expuestas a la guerra en el Golfo, han expresado directamente a la Administración Trump mensajes de protección de sus activos estratégicos en la región.

En cambio, en el lado de la demanda, la guerra abierta ha pasado facturas cuantiosas a los países altamente dependientes de los combustibles fósiles. El impacto más tangible se ha concentrado en Asia. En economías como las de Filipinas, Tailandia y Sri Lanka donde la restricción energética se ha traducido súbitamente en espirales inflacionistas con tensiones sociales. En Filipinas, con una intensa necesidad de importación de crudo, su IPC saltó hasta el 4,1%, muy por debajo del 2,4% de febrero por el encarecimiento de la gasolina y el diésel mientras el tipo de cambio de su peso se hundía hasta registros históricamente bajos respecto al dólar, lo que obligó a Manila a declarar el estado de emergencia energética.

Tailandia, por su parte, ha recurrido a subsidios y medidas de contención para evitar un traslado completo a la inflación general, mientras Sri Lanka —el mercado más vulnerable a los ojos del FMI, junto a Pakistán, mediador en el alto el fuego—, reintrodujo racionamientos de combustible y limitaciones en las jornadas laborales y salarios.

Esta tríada de países asiáticos componen un patrón de comportamiento que deja como secuela el conflicto armado en Irán. Una energía más cara que implica un transporte más costoso y unas cestas de alimentos de primera necesidad que se han disparado y erosionado a una velocidad inaudita el poder adquisitivo de sus familias.

India e Indonesia también se han enfrentado a presiones sobre sus divisas. Al igual que Corea del Sur a unos inusitados riesgos comerciales. O China a un desabastecimiento de sus sectores; especialmente, industriales. Así lo advierte Musa Kim Jong-do, director de la oficina de Trends Research & Advisory en Seúl y profesor de Korea University. “El encarecimiento sostenido de los flujos energéticos fósiles amenaza con erosionar la competitividad industrial y trasladar inflación al resto del mundo a través de las exportaciones chinas” en el continente.

Los daños colaterales, a su juicio, no van a ser lineales, ya que afectan también a los fertilizantes, el transporte marítimo y las cadenas manufactureras completas, amplificando el impacto inicial del crudo, mientras dure el reajuste. No en vano, casi las tres cuartas partes de la población del planeta —el 74%— habita en países importadores netos de combustibles fósiles, según el grupo global de expertos en energía, con mercados como el japonés, el surcoreano, el alemán o el turco con más de las dos terceras partes de las fuentes fósiles de sus mix energéticos adquiridas del exterior.

Contagio a las coyunturas industrializadas

También EEUU parece cercado, en cierto modo, por el shock energético global. Algunos analistas situaban sus previsiones de IPC en el 4,1% en abril antes de la tregua con “escasas posibilidades” de que la Reserva Federal, como desea y presiona Trump, relaje el precio del dinero. Al menos, hasta el otoño, aunque algunos lo retrasan hasta diciembre. Toda vez que la creación de empleo vuelve a emitir señales de vitalidad en primavera. Pese a que en 2019 la primera potencia global mostró su capacidad para convertirse en primer exportador neto de crudo, una tecla que Trump puede tocar para regar de nuevo de oro negro estadounidense el mercado haciendo uso de sus reservas estratégicas. La gasolina se ha disparado en EEUU un 36,7% desde el inicio de la guerra; el gas en Europa, un 46,9%. El BCE podría subir tipos ya este mes si los halcones ganan la batalla en su cúpula ejecutiva.  

De igual modo, los petroestados del Golfo están reconsiderando a marchas forzadas desviar su flujo petrolífero a través de oleoductos transversales con destino al Mar Rojo. El llamado Este-Oeste de Arabia Saudí se considera un adelantado a los tiempos para paliar los cuellos de botella de Ormuz. Bajo gestión de Aramco, sufrió uno de los primeros ataques con drones iraníes en la falsa tregua, si bien su propietaria, la petrolera saudí, se mostró optimista de poder reparar los daños ocasionados en varios puntos de sus 1.200 kilómetros de recorrido. Los emiratos barajan ahora varias tuberías con destino al Mar Rojo que fueron rechazadas por sus autoridades por su elevado coste y los riesgos de ataques de hutíes yemeníes y piratas somalíes. 

Pero donde la estanflación parece haberse instalado con más comodidad es en Europa. “Energía cara implica importación de inflación”, recordaba estos días Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE para quien la ruptura de las cadenas energéticas y daños en infraestructuras provocan que “la normalización de los precios sea lenta” y efectos “potencialmente duraderos” de estancamiento económico con espiral inflacionista en la zona del euro. Un pesimismo que se traslada al ámbito político. El comisario de Energía, Dan Jørgensen, advierte de un shock “de largo recorrido” con precios elevados durante bastante tiempo que propician la aprobación de medidas excepcionales como el uso de reservas estratégicas o el racionamiento de combustibles en tiempos de “cautela presupuestaria” que podrían derivar en “consecuencias fiscales graves”.

Irán ha convertido la guerra en un pingüe beneficio. En las mismas narices de sus dos agresores: Estados Unidos e Israel. Una tupida y eficiente red de negocios opacos vinculados al tránsito petrolífero y gasístico con peaje por el geoestratégico estrecho de Ormuz, bajo el estricto control del régimen de los ayatolás y vigilancia aún más férrea de la Guardia Revolucionaria, ha sacado de la UVI a la maltrecha economía persa. Los ingresos caídos del cielo de un barril que se ha disparado hasta los triples dígitos y las regalías adicionales solicitadas a buques bajo bandera de países a los que la cúpula dirigente iraní otorga el plácet de amistad diplomática —como India, que inició el tráfico de petroleros por la pasarela del Golfo Pérsico—, han proporcionado los balones de oxígeno que las arcas iraníes demandaban como agua de mayo para sanear las cuentas estatales.

Teherán ha convertido la presión geopolítica global en ventaja estratégica al cumplir el mandato de Alí Jamenei de regionalizar, primero, y globalizar, después, las hostilidades armadas. El líder espiritual asesinado por los ataques aéreos de EEUU e Israel al inicio del conflicto estaba en lo cierto. Su país tenía la capacidad de protagonizar un doble efecto bumerán. Dañar, por un lado, a la economía mundial y sanear, al mismo tiempo, la suya propia en caso de guerra abierta con Washington y Tel Aviv.

El sistema productivo persa ha entrado en una fase de rápida y profunda transformación. Desde una economía sometida al yugo de las sanciones internacionales por los avances en su programa nuclear —siempre declarado de uso civil por parte del régimen— hacia un modelo en emergencia de guerra sofisticado y capaz de extraer rentas extraordinarias del encarecimiento del oro negro. Ormuz ha devuelto recursos a las desangeladas arcas iraníes mientras fragmentaba en paralelo el orden internacional. En varios frentes. Desde el temor de los principales bancos centrales a una estanflación que les obligaría a retomar la senda restrictiva de tipos de interés y a formalizar ventas masivas de bonos del Tesoro americano para apuntalar sus economías y divisas, hasta el riesgo de un colapso energético que el mercado, que viene de registrar un marzo negro, todavía no descarta. 

Por el contrario, la guerra, que para no pocos analistas tendría que haber precipitado a Irán a la quiebra técnica por su fragilidad productiva, la escasez de su cesta de divisas internacionales y una galopante y persistente inflación provocada, en gran medida, por las sanciones y embargos occidentales, ha impulsado la mutación hacia una economía militarizada a marchas forzadas que ha generado una sorprendente rentabilidad. Así lo subraya The Economist en un reciente análisis en el que asegura que el régimen puede estar siendo golpeado en el campo de batalla, pero está ganando, al mismo tiempo, la contienda energética. Esencialmente, por el shock de oferta en el crudo y el gas.

El bypass de Ormuz ha mermado las ventas de combustibles fósiles de sus vecinos pérsicos —los emiratos y Arabia Saudí—, mientras Teherán hace caja con su combinación de peajes de tránsito, una sutil tolerancia del riesgo mediante permisos de tránsito a una selecta lista de petroleros y metaneros y la experiencia larvada en décadas para eludir las sanciones occidentales con cargos en alta mar que esperan contratos al mejor postor y rumbos sin definir.

El resultado es una paradoja que, a buen seguro, no estaba en los esquemas de la Administración Trump. Ni del Gobierno de Benjamín Netanyahu: cuanto más se desestabiliza el mercado, mayor es la rentabilidad potencial para que Irán siga operando con sus márgenes de beneficio.

Para más inri, esta estrategia dista mucho de ser improvisada. Durante años, Irán ha puesto en liza una estructura paralela a la que opera en los circuitos globales para comercializar su petróleo sin represalia alguna. Formalmente, su venta la gestiona la todopoderosa Guardia Revolucionaria, que acapara cada vez más control sobre las finanzas estatales. Pero, en la práctica, el régimen de los ayatolás ha configurado una arquitectura disgregada en una multiplicidad de actores que ejercen distintos poderes e influencias. Desde líderes religiosos, hasta militares o miembros del establishment administrativo que se reparten las cuotas de crudo y las convierten en liquidez a través de redes propias de negocios.

Una tupida y efectiva red de control económico

Esta descentralización a golpe de botín energético resulta ineficiente en tiempos de estabilidad geoestratégica, pero se muestra especialmente resistente con el ruido de las armas.

Desmantelar este modus operandi requeriría para los agresores del régimen atacar de una forma simultánea a decenas de nodos de poder dispersos, algo prácticamente inviable incluso con la superioridad aérea estadounidense e israelí. Aunque sea la cúpula de la Guardia Revolucionaria la que marca el paso. Desde hace décadas este estamento militar acumula músculo económico. Hasta el punto de operar como un conglomerado empresarial dentro y fuera de las fronteras de Irán.

Es este cuerpo de asalto del régimen chií el que ejerce el dominio estricto de las rutas marítimas, el que escolta a los buques, monetiza los peajes navales, ordena los ataques a las instalaciones energéticas de sus vecinos pérsicos y maneja el caudal exportador con métodos coercitivos.

La dimensión logística de esta transformación es igualmente reveladora. Ante la vulnerabilidad de infraestructuras clave como la isla de Jarg, Teherán ha diversificado sus terminales y rutas, distribuyendo riesgos y aumentando los ingresos monetarios. Este enfoque implica más costes, pero responde a la lógica de supervivencia de todo conflicto bélico que se precie, en los que la resiliencia sustituye a la eficiencia como criterio económico. Y, en este sentido, la red de pagos a la sombra generada por la Guardia Revolucionaria y sustentada en miles de cuentas fiduciarias, empresas-pantalla y mini-bancos —sobre todo, asiáticos— es un aval de garantía demostrada.

No por casualidad, Irán emplea este mecanismo desde que soporta el régimen sancionador del exterior. Con él canaliza ingresos petroleros a través de múltiples capas de intermediación que dificultan tanto el rastreo internacional como doméstico. Con la inestimable cooperación china. Porque el gigante asiático no solo absorbe la inmensa mayoría del crudo iraní mediante su cada vez más extensa constelación de refinerías independientes, sino que también ofrece un entorno financiero lo suficientemente flexible como para sostener estas operaciones. Como detalla The Economist, este artificio contable ha alcanzado tal densidad que incluso las autoridades iraníes tienen dificultades para rastrear completamente los flujos.

La relación con China deja traslucir varias sinergias. Todas de calado. A Pekín, el petróleo iraní le resulta indispensable para abastecer su tejido productivo en tiempos disruptivos, mientras que, a Teherán, el gigante asiático le aporta un comprador fiel y dispuesto a actuar fuera del sistema mundial. Así lo explica Ahmed Aboudouh, investigador de Chatham House: la aparente pasividad de China respecto a la guerra “no debe confundirse como debilidad o abandono, sino que responde a una lógica estratégica deliberada”. Xi Jinping ha evitado implicarse en el plano militar y económico porque prioriza mantener la estabilidad regional y preservar así sus relaciones con múltiples actores, incluidos rivales de Irán.

Este enfoque —dice Aboudouh— deja un rasgo diferencial con la política exterior estadounidense. “Mientras Washington tiende a actuar de una manera reactiva y coercitiva, la diplomacia china apuesta por una acumulación gradual de influencia desde la prudencia”. A corto plazo, puede parecer inacción, pero, a la larga, va a permitir a Pekín “posicionarse como actor imprescindible en cualquier escenario postconflicto y ganar competitividad global”.

Ormuz actúa de marcapasos recaudatorio

A ello se suma que la demostrada capacidad iraní para sellar o restringir el tránsito de Ormuz le otorga una herramienta de presión directa sobre la economía global. Más allá del crudo y el gas le concede la posibilidad de institucionalizar el cobro de peajes y, con ello, pasar de ser un mero exportador de energía a convertirse en un recaudador de rentas geopolíticas derivadas del flujo energético mundial. Las dobles primas de riesgo —sobre el barril y los seguros mercantes— ayudan a elevar la factura petrolífera iraní. Pero, por encima de todo, la mayor contribución a las arcas la aporta la veintena de barcos que han empezado a pasar a diario por el estrecho. Con pasajes y vetos discriminatorios de por medio.

El cambio de relato de Donald Trump —del ultimátum para destruir centros energéticos y redes de distribución de agua a avanzar que la guerra terminará “en dos o tres semanas” con la reserva de retirar al Ejército estadounidenses incluso sin victoria militar— responde al incómodo dilema que le ha creado su guerra ilegal. O aceptar un nuevo equilibrio en la región con un régimen que permanece en el poder en Irán o arriesgarse a una escalada geopolítica e inflacionista de difícil resolución.

Algunos analistas ya anticipan un IPC en EEUU del 4% este año y el siguiente, lo que dejaría sin opciones a sus nuevos delfines en la Reserva Federal, con su futuro presidente, Kevin Warsh, a la cabeza, sin margen para maniobrar a la baja los tipos como desea el líder MAGA. A medio año vista de las elecciones midterm para renovar el Congreso y gobernadores de estados de la Unión. Con la intención de voto republicano a la deriva.

Aun así, en el lado iraní, la guerra, pese a consolidar una alternativa económica adaptada a unos parámetros globales más inestables, fragmentados y competitivos, también engendra un patrón menos transparente y eficiente y, por el contrario, con más capacidad coercitiva y basado en un precio del petróleo caro y en una tela de araña clientelar de puertas adentro. 

Del ataque sin cuartel al alto el fuego

En las últimas horas, la balanza geoestratégica parece inclinarse del lado del alto el fuego. No es fruto de la casualidad que este clima en favor de la paz surja en las horas más bajas de Trump en las cinco semanas de conflicto. O que se haya dado relevancia en las cancillerías occidentales al plan conjunto de Pakistán, mediador desde hace una quincena entre Washington y Teherán, y China. Sin embargo, de formalizarse, el escenario en Irán tampoco invita al optimismo. Varias voces de observadores internacionales y analistas económicos alertan de un peligro de colapso postbélico, con repunte del desempleo, interrupción de negocios y retrocesos del comercio con recortes salariales. Una especie de contracción en diferido que podría traducirse en un malestar social una vez desaparezca el riguroso control militar actual por la urgencia bélica.

Ali Ansari, profesor de Historia Moderna de la universidad escocesa de Saint Andrews, de origen iraní, recuerda a Reuters que su país ya atravesaba por “profundos problemas” económicos con anterioridad al conflicto y que la guerra solo agravará una crisis política y social previa. A su juicio “reaparecerán con más fuerza y generarán inestabilidad interna” porque su coyuntura “no será capaz de absorber el shock sin consecuencias civiles e institucionales significativas”. También el director de Human Rights Watch Louis Charbonneau cree que “si el deterioro de la actividad se acompaña de una intensificación de la represión, con arrestos de disidentes y descontentos, los enfrentamientos estallarán y volverán a estar a la orden del día”.

Bajo unas condiciones económicas débiles, que acrecientan la amenaza de una recaída. El FMI preveía antes del conflicto armado que el PIB iraní creciera un 1,1% en 2026, lejos del 4% de los mercados emergentes en su conjunto, con una inflación que superó el pasado año el 40% anual, una depreciación constante del rial y unas necesidades de financiación del gasto público a través de los ingresos petrolíferos demasiado elevadas.

El primer aniversario del proclamado a bombo y platillo Día de la Liberación Arancelaria deja un balance a medio camino entre el asombro y la inquietud. El experimento proteccionista de la Administración Trump de reconstruir la supremacía industrial de EEUU bajo un nuevo sistema global del comercio ha infringido un parte de siniestros casi total sobre el castigado entramado de intercambio de mercancías, servicios, capitales y trabajadores, Hasta hacerlo, si cabe, todavía más frágil, impredecible e inestable.

El mapa del comercio internacional se ha distorsionado. La imposición de aranceles recíprocos, articulada a través de poderes de emergencia, ha erosionado la credibilidad de EEUU como socio fiable y garante del libre comercio. Porque más que rediseñar el sistema, la versión Trump 2.0 lo ha desordenado.

No tanto como para colapsarlo, porque por las arterias comerciales sigue fluyendo productos y servicios. Pero sí para ralentizar su fluidez. Así lo cree Gary Clyde Hufbauer, experto del Peterson Institute for International Economics, quien subraya que la balanza bilateral americana con sus socios estratégicos apenas cambió en 2025, al tiempo que enfatiza que “esta estabilidad resulta porque se produce en un contexto de aminoramiento del comercio mundial”, señal inequívoca de un deterioro relativo que podría agravarse. “No es una ruptura inmediata, sino una erosión progresiva e ineludible”.

Entre otras razones –aduce– porque las cadenas de valor y suministro globales, profundamente integradas, “no pueden reconfigurarse sin costes significativos” y las empresas –incluso las que han reaccionado con estrategias defensivas como anticipación de pedidos exportadores, desvío de rutas marítimas o presiones para obtener exenciones y ayudas estatales para amortiguar sus impactos a corto plazo– “no podrán evitar ineficiencias productivas” por la interrupción de sus redes de abastecimiento. Y esas anomalías, además, acabarán acumulando gastos innecesarios, precisa. El resultado será un comercio menos transparente, costoso y condicionado por políticas volátiles.

A este escenario se suma la incertidumbre jurídica. La decisión del Tribunal Supremo americano de declarar ilegales los aranceles recíprocos que ha ido forjando a golpe de amenazas coercitivas el líder MAGA, lejos de restablecer la estabilidad, ha abierto un nuevo frente de conflicto. Desde la Casa Blanca se ha respondido al fallo judicial buscando resquicios legales alternativos –desde invocaciones normativas a la seguridad nacional hasta apelaciones a las desventajas comerciales externas– para reconstruir su muro arancelario. De modo que la resolución de los magistrados del Supremo –de marcado signo conservador— ha convertido la política comercial de EEUU en un terreno de disputa permanente entre el poder ejecutivo y los límites legales.

Este cuadro de mando ha conducido a 12 meses en los que la prometida tierra liberada de Trump ha dado paso a un orden comercial caótico. Sin quiebra del transito de mercancías ni decoupling de la globalización en sentido estricto. Pero con reglas incoherentes y polarización geopolítica que se ha acrecentado desde el 2 de abril de 2025.

1. Cuellos de botella crecientes y más agobiantes

En román paladino, ineficiencia inestable. Es la percepción del Nobel de Economía Michael Spence. A su juicio, la fragilidad actual responde a un problema de diseño. Su tesis parte de una verdad incómoda. “La economía mundial no está diseñada para ser resiliente, sino para ser eficiente”. Durante décadas, empresas e inversores han optimizado costes, anulado redundancias y concentrado producción en nodos competitivos que alumbró un sistema “extraordinariamente ágil en condiciones de normalidad comercial, si bien muy vulnerable cuando algo deja de funcionar”. Taras que no necesariamente tienen que ser extraordinarias. Basta con cerrar un estrecho marítimo, con dejar una fábrica esencial fuera de servicio o restringir la exportación de un insumo –o producto– crítico.

El listado de riesgos sistémicos de Spence se refiere a factores que pueden llegar a desencadenar disrupciones en cascada. Desde la energía, hasta los semiconductores o tierras raras, pasando por las infraestructuras digitales. La globalización no ha eliminado los cuellos de botella; tan solo los ha redistribuido y, en muchos casos, los ha intensificado, precisa en Project Syndicate.

En su opinión, la cuestión no es solo técnica, sino económica. La resiliencia es un bien público mal financiado, cuyos beneficios --evitar crisis sistémica-- se reparten entre todos y sus costes --duplicar proveedores, mantener inventarios y sacrificar eficiencia— recaen sobre los actores particulares. En un sistema competitivo, el resultado es predecible porque se invierte poco en resiliencia. “Sin embargo, nadie quiere pagar por un seguro cuyo beneficio principal lo disfrutan otros”, apunta el también profesor emérito de Economía de la Escuela de negocios de Stanford.

2. ¿Corregir desequilibrios? Los aranceles acarrean gastos

Erica York, de Tax Foundation, avisa de que el incremento de la presión arancelaria hasta niveles no vistos desde mediados del siglo XX actúa como un impuesto regresivo al elevar las facturas de hogares y empresas sin que se corrijan con ellos los déficits –comercial y por cuenta corriente-- externos. La persistencia del agujero comercial de EEUU durante el segundo semestre de 2025 y enero pasado evidencia que los aranceles no atacan las heridas económicas profundas vinculadas al ahorro, la inversión y los flujos de capital. Ni acelera la relocalización productiva o el reforzamiento de la seguridad o la autonomía geoeconómica, acredita York. A partir de datos de este think tank que afirma tener como objetivo fundacional el escrutinio de los recursos federales.

En 2025, los aranceles supusieron un coste de alrededor de 1.000 dólares por hogar; en 2026, serán varios cientos adicionales. Para York, “una subida de impuestos, indirecta, pero tangible, en toda regla”. Los cálculos de Tax Foundation revelan que el peaje promedio pasó de una cota del 2% a otra del 8% en el conjunto del año --los aranceles entraron en vigor en agosto--, lo que devolvió a la primera economía global al escenario comercial de entreguerras. Sin reajuste en la balanza comercial y con el peligro añadido de que sus costes más relevantes son acumulativos.

Las reducciones en el dinamismo del PIB, aunque sea de décimas, significa recortes de inversión, pérdida de productividad y, en ultima instancia, de renta familiar e ingresos corporativos. Así como la pérdida de recaudación de 175.000 millones de dólares por parte del Tesoro federal.

3. Desorden global sin seguridad jurídica

Tax Policy Center afirma que EEUU se ha adentrado en un terreno excepcional para una economía avanzada como ha plasmado la corrección del Supremo al invalidar los aranceles impuestos bajo la International Emergency Economic Powers Act. Su resolución no solo redefine los límites del poder ejecutivo, sino que transforma los flujos financieros asociados al comercio en una escala sin precedentes. Porque lo que durante meses fue una fuente de ingresos públicos se convierte ahora en una obligación de devolución masiva. Bajo una lógica aplastante --si los gravámenes son ilegales, el Tesoro no puede retener la cuantía recaudada--, su mandato de rebajar los peajes a la importación y la puesta en liza de mecanismos de compensación automáticos que trasladen la carga al sistema administrativo y judicial, se abre una fase de litigios, procedimientos aduaneros y medidas políticas aún por definir y de recobros inciertos.

Para las empresas, el fallo revela otra balanza de riesgo y oportunidades. Los importadores son los beneficiarios directos de las devoluciones. Pero el acceso efectivo a esos fondos depende de su capacidad para avanzar en un proceso técnico y exigente de revisión de entradas aduaneras, presentación de protestas dentro plazos estrictos y reconstrucción documental de los pagos ya realizados, alertan los bufetes de abogados.

4. Readaptación incierta de las cadenas de valor

Otro análisis, del Centre for Inclusive Trade (CfIT), incide en que las políticas ineficientes como las arancelarias de Trump generan facturas adicionales. Las empresas se adaptan a los cambios con mayor celeridad de lo que los políticos transforman. Ante los gravámenes y las amenazas, han desviado sus rutas, han reetiquetado sus productos, han buscado intermediarios o negociado exenciones, mientras tratan de amoldarse a la doble prima de riesgo, energética y al transporte mercante. El comercio no ha desaparecido, pero ha mutado. Sigue funcionando con más fricción. Los investigadores del CfIT Nicolò Tamberi y Alan Winters aseguran que el impacto más relevante “no es la destrucción del comercio, sino la incertidumbre que lo rodea”, a la que también califican de “impuesto”; en este caso, “particularmente corrosivo”.

Las empresas --dicen-- no solo reaccionan a lo que ocurre, sino a lo que podría ocurrir. Si la política comercial es volátil --aranceles que aparecen, se suprimen o cambian de base legal--, la inversión se ralentiza, las decisiones estratégicas se posponen, la planificación a largo plazo se sustituye por ajustes tácticos y el diagnóstico es un sistema reactivo e ineficiente. A ello se suma un efecto colateral: el sistema multilateral de comercio, con sus reglas, procedimientos y previsibilidad se ha debilitado. Cuando la primera potencia global actúa unilateral y erráticamente, las normas importan menos. Otros mercados como el europeo buscan alternativas en acuerdos regionales de libre comercio -Mercosur, Canadá, India o Australia- para ganar en diversificación y poner parches a su fragmentación. Aunque el comercio “dependerá cada vez más de decisiones de soberanía gubernamental”.

5. Mercancías al ralentí sin gobierno comercial

La OMC acaba de pronosticar su descenso. De un dinamismo del 4,6% en 2025 al 1,9% este año y el 2,6% en 2027. También el de servicios se retraerá hasta el 4,8% en 2026 desde posiciones cercanas ya al doble dígito. Por el agotamiento importador, el impacto en diferido de los aranceles y la incertidumbre comercial. Incluso dibuja un panorama aún más adverso --de medio punto a la baja, hasta el 1,4%-- si el caos arancelario o las tensiones geopolíticas se agudizan. Con un diagnóstico nítido: el comercio global resiste, pero readaptándose constantemente a un entorno menos cooperativo y sus cadenas de valor en estado de mutación. Solo el comercio digital amortigua la desaceleración, así como los flujos ligados a la IA. Dinámicas que operan pese al sistema multilateral, no gracias a él.

La propia OMC admite que la ausencia de represalias ha evitado un deterioro mayor, aunque sin un marco normativo plenamente operativo, difícilmente habrá una regeneración adecuada. Su papel de árbitro y garante del comercio justo está sometido a una crisis de identidad debido a la indiferencia de Trump y a la paralización de sus mecanismos de resolución de disputa. En una época en la que sus estatutos resultan insuficientes para abordar distorsiones contemporáneas como los subsidios masivos, las restricciones tecnológicas o la coerción económica.

El desprestigio de la OMC es tan alarmante con la versión Trump 2.0 que Ignacio García Bercero, del Instituto Bruegel, apunta a una estrategia pragmática, la de reforzar el sistema reglado actual sin esperar a un consenso internacional pleno que combina la defensa de este ente multilateral con la firma de acuerdos globales y regionales en áreas como el comercio digital o instrumentos de facilitación de inversiones y mecanismos alternativos de arbitraje. Una especie de equilibrio inestable en el que los aranceles dejarían de ser meras barreras económicas para convertirse en síntomas de una transición más profunda. Mientras se decide si la OMC continuará o no siendo el arquitecto del comercio mundial o si se idea su reemplazo bajo otro orden mundial.

6. La guerra de Irán atenaza la resiliencia activa

Otra pica sobre el desorden comercial. El cierre del Estrecho de Ormuz no solo ha interrumpido el tránsito de hidrocarburos. También ha colapsado nodos logísticos críticos que conectan Asia, Europa y África. El impacto inmediato se concentra en la energía, cuyo encarecimiento se transmite con rapidez a los costes del transporte y de los alimentos e importa inflación; especialmente a los países crudo-dependientes.

Aunque también en este punto, los daños colaterales son mayores. Las disrupciones de crudo se amplifican a lo largo de cadenas de valor, sobre todo, las asiáticas, donde grandes centros de refinado redistribuyen productos energéticos y petroquímicos a escala global. La perturbación inicial se convierte en una cascada que ahoga los insumos industriales, fertilizantes y bienes intermedios, elevan su producción y erosionan el comercio más allá del sector energético.

El presidente estadounidense ha vuelto a montar otro TACO, acrónimo acuñado con sorna en las firmas de inversión de los últimos meses para describir sus secuencias recurrentes de amenazas apocalípticas seguidas de repliegues de postura del líder MAGA. En 2025, utilizó a destajo esta desconcertante dialéctica a cuenta de la implantación de los aranceles recíprocos de EEUU y sus posteriores tiras y aflojas con aliados y rivales geoestratégicos y culminó con un rapapolvo del Supremo americano.

Este año, la arena donde se escenifica la estrategia comunicativa trumpista, a golpe de clic, se sitúa en el mercado del petróleo, ecosistema ideal para trasladar casi sin solución de continuidad las consignas geopolíticas a la especulación bursátil por el amplio abanico de parámetros que se conjuran para fijar el precio del barril. 

TACO responde a la apelación Trump Always Chickens Out (algo así como Trump siempre se acobarda) y, hasta ahora, antes de atestiguarse unos sospechosos movimientos de enriquecimiento rápido con indicios de tráfico de influencia en el círculo próximo a Trump –a propósito de sus amenazas y repliegues sobre un alto el fuego en la guerra ilegal contra Irán que él mismo inició— regía en los círculos inversores la certeza de que “la única posición perdedora es tomarse la retórica trumpista al pie de la letra”. Lectura con claros tintes irónicos.

Sin embargo, el negocio del petróleo es más peliagudo. Suma factores más peligrosos a los mensajes coercitivos con rectificación del mandatario americano que los de una reconfiguración global de los entramados arancelarios que han sepultado el principio de la libre circulación de mercancías y servicios.

El crudo es el fertilizante más propicio para que germinen tomas de decisiones geopolíticas en los mercados de capitales. Es donde campa a sus anchas la idea de que la volatilidad propicia incertidumbre, pero también oportunidades. Así lo constataba Financial Times en la mañana de una de las jornadas clave de la pasada semana, cuando se ejecutaron operaciones en futuros de Brent y WTI –barriles de referencia en Europa y EEUU, respectivamente– por valor de 580 millones de dólares. Apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara avances en las conversaciones con Irán, que el régimen de los ayatolás se apresuró a desmentir.

Pero el relato cumplió su misión. Desencadenó una caída inmediata del petróleo con repuntes de otros activos, lo permitió capturar beneficios rápidos y cuantiosos. ¿Tráfico de influencias? Presumiblemente. Aunque no se hayan identificado a los operadores ni haya todavía pruebas de ilegalidad, el cariz anómalo de estos movimientos concertados un día sin datos relevantes ni catalizadores evidentes alimenta la sospecha de que un selecto club de inversores próximo al circuito personal del presidente opera con ventajas informativas de carácter privado. “Alguien se hizo mucho más rico en horas”, asumían varias voces del mercado.

Al margen de esta seria advertencia de los efectos que puede ocasionar la jerga TACO, esta alerta de súbitos incrementos patrimoniales para unos pocos parece certificar que el precio del crudo ya no responde únicamente a interrupciones del suministro o a cambios en la demanda, sino a la gestión –y anticipación– de información geopolítica de primera mano. Así lo asegura Robert Rennie, responsable de materias primas en Westpac Banking Corporation, para quien el negocio petrolífero “oscila entre escenarios de escalada y de final negociado sin criterios definidos sin inclinarse por ninguno”. En parecidos términos se manifiesta Charu Chanana, de Saxo Markets. En su opinión, “las recientes caídas de precios responden a un recorte de la prima de riesgo, pero no a una normalización real de un mercado que descuenta la paz sin confiar de lleno en ella”.

La consecuencia es una dinámica pendular. El Brent ha pasado de rozar los 120 dólares a situarse por debajo de la psicológica barrera de los triples dígitos en días, sin flujos de oferta y demanda que lo explique ni fundamentos económicos que lo sustenten. Ni siquiera el cierre del estrecho de Ormuz justifica sus fluctuaciones. Entre otras razones, porque la actividad militar continúa. Y cada vez con mayor intensidad. Pese a lo cual, parece bastar con una insinuación de diálogo para borrar miles de millones de dólares en valor.

La dinámica de fuerzas que mueve el petróleo

A esta fragilidad se suma una inquietud creciente sobre el propio funcionamiento del mercado. Las oscilaciones extremas y ciertas operaciones de gran tamaño han reavivado especulaciones sobre posibles intervenciones –directas o indirectas– en los mercados de futuros. Tim Skirrow, de Energy Aspects, admite que algunas transacciones recientes “han sido inusualmente grandes para momentos sin factores económicos claros” y alerta de que el “riesgo de erosionar la confianza inversora se palpa en el ambiente”. Terry Duffy, consejero delegado de CME Group, alerta de que cualquier percepción de intervención gubernamental, por parte de la Casa Blanca o de otro productor, en la formación de precios “podría tener consecuencias sistémicas”.

¿Un colapso energético? En apariencia, los mercados creen en el dogma de fe neoliberal de que nadie juega con ventaja. Pero esta creencia se tambalea cuando la geopolítica se convierte en el motor de los precios y el petróleo, más que una mercancía física, se comporta como un activo narrativo. El efecto TACO no es solo una etiqueta ingeniosa. Es el certificado de que la volatilidad ha dejado de ser una señal de incertidumbre para convertirse en un instrumento de oportunidad forjada por el tráfico de influencias.

Entonces, ¿qué interpretan los inversores? Y, sobre todo, ¿qué factores intervienen en el clima de los negocios petrolíferos?

La guerra de Irán ha disparado su rango de fluctuación, aunque sin generar, por ahora, un shock sostenido de oferta. Los inversores parecen más pendientes de la geopolítica que de los daños reales en infraestructuras energéticas. Así como de la narrativa TACO. Pero al mismo tiempo, el conflicto ha propiciado sinergias cruzadas con otros activos. Entre otras, en el orden monetario. Los bancos centrales han optado por la cautela ante el repunte energético, manteniendo tipos mientras evalúan el impacto inflacionario. También en terreno cambiario. El dólar ha cobrado nuevos bríos, parece haber superado la aversión al riesgo que se había instalado en el mercado al calor del encarecimiento del crudo y vuelve a coquetear con su estatus de valor refugio en tiempos en que los tipos de interés han entrado en territorio restrictivo por el peligro a una estanflación en Europa y, posiblemente, en EEUU.

En consecuencia, el oro negro y el gas vuelven a actuar como catalizadores de expectativas financieras. Como si la Vieja Economía fósil nunca hubiera dejado su histórico dominio de los ciclos de negocios. Pese a los avances hacia la sostenibilidad y el tránsito energético de fuentes renovables en la era post Covid. O la resistencia de los mercados emergentes a las embestidas bursátiles exteriores. Desde estas latitudes se emiten rendimientos de valor moderadamente alcistas. Señal digna de mención especial, dadas las tiranteces en el crédito privado que atenaza a entidades bancarias americanas y al influjo de la burbuja especulativa ligada a los valores IA.

Por si fuera poco, el negocio petrolífero continúa operando con numerosas teclas geopolíticas y especulativas que tocar. Se define como un sistema híbrido donde convergen la realidad física y la anticipación financiera. En su base está el mercado spot, que determina precios para entrega inmediata de crudo, al reflejar las condiciones diarias de oferta y demanda. Pero sobre este, se superpone el de futuros, donde miles de contratos mercantiles estandarizados —normalmente, de 1.000 barriles— permiten a empresas e inversores cubrir riesgos o especular a precios futuros.

A menudo, sin intención de recibir barriles físicos, ya que la gran parte de ellos se liquidan en efectivo antes del vencimiento.

En paralelo, sus referencias globales —el Brent (Europa) o el WTI (EEUU)— actúan como anclas, pese a que en sus precios finales se incorporan expectativas, tensiones geopolíticas y decisiones de cárteles productores (especialmente la OPEP+), que ajustan la producción para influir en el crudo que sale al mercado. A menudo, con incumplimiento de sus cuotas acordadas.

A este entramado se añade otra losa. Los brokers intermedian entre productores y compradores sin poseer el crudo facilitando transacciones, aportando información y, en teoría, asegurando el cumplimiento normativo. A cambio de comisiones. Para más inri, estos flujos físicos pueden adaptarse casi en tiempo real. Es cuando los petroleros cambian de destino en alta mar en busca de mejores precios a través de arbitrajes, desvíos por primas de riesgo en pasarelas neurálgicas para el tráfico marítimo como Ormuz o Suez o por decisiones forzadas por el encarecimiento de los seguros en zonas de conflicto. La congestión portuaria o las sanciones también alteran rutas y tiempos.

Una bifurcación de estrategias energéticas

La intención velada de Trump con su TACO petrolífero la esbozó el primer ministro canadiense Mark Carney en la cita de Davos de este año, cuando advirtió que el orden internacional liberal había terminado. Pero Nils Gilman, director del Instituto Berggruen, think tank con sede en Los Ángeles, cree que el diagnóstico de Carney se queda corto. “Lo que realmente está en juego son los modelos energéticos”, dice en Foreign Policy. Trump reconfigura alianzas para llevar el final de la civilización fósil ante una transición conflictiva. El futuro orden mundial no se decidirá en instituciones multilaterales, sino por el control de energía, los minerales y la tecnología, dando lugar a una “Guerra Fría ecológica” entre petroestados, con sangre fósil en vena para hacer funcionar sus arterias productivas y electroestados, que se decantan por inyectar más fuentes renovables en sus mix energéticos.

EEUU apuesta por mantenerse en el primer grupo, China por saltar al segundo. Mientras Europa, que acaba de realizar un alegato a favor de una agenda verde defenestrada por la ultraderecha que lanza sus tentáculos nacional-populistas hacia las jefaturas de gobierno por toda la UE, sigue sin perfilar su hoja de ruta. Pese a que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, acaba de volver a situar la transición energética en el centro de la estrategia comunitaria tras definirla como “nuestra principal tarea” y vincularla de forma explícita “a la seguridad energética y a los avances en la carrera por la competitividad internacional”. Junto a la integración de mercados de capital. Los dos grandes retos marcados por los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta.

En este marco, Gilman describe a EEUU como líder de un eje de petroestados que busca alargar la hegemonía fósil —la Vieja Economía que se resiste a manejar los hilos de los ciclos de negocio que describió Jeff Curry, ex estratega jefe de materias primas durante la escalada energética que surgió el otoño previo a la invasión rusa de Ucrania—, mientras China encabeza un bloque de naciones que creen en una electroindustria basada en renovables, baterías y cadenas minerales. Europa aparece como una hipotética tercera vía. Una potencia regulatoria que intenta equilibrar descarbonización, seguridad energética y gobernanza, pero cuya influencia global dependerá de su capacidad para traducir normas en músculo industrial y en control de recursos en un entorno crecientemente competitivo.

Estos virajes geoestratégicos se producen en medio de una fractura energética global provocada por la guerra de Irán e ilustrada en el control del estrecho de Ormuz, que revela la ambigüedad entre Washington y Teherán. Ambas capitales negocian, se supone, un alto el fuego. Aunque sin garantías visibles de éxito y bajo unos cauces de diálogo, con mediación pakistaní, que se alejan de la diplomacia clásica y en los que cada movimiento militar o retórico impacta de inmediato en la oferta y en la psicología de un mercado energético convertido en el verdadero campo de batalla global. Pero que también deja secuelas domésticas. Porque la credibilidad de Trump se mide también en las gasolineras del país y en un cada vez más complejo equilibrio entre presión militar, estabilidad de precios y coste político con elecciones Midterm en otoño y una Fed en la que ha retornado la visión de los halcones inflacionistas.

Puede que esta vez su dialéctica TACO deje de ser efectiva y su retórica coercitiva de efectos correctores retardados ejerza un efecto bumerán dentro y fuera de las fronteras americanas. 

Las guerras modernas no se libran tan solo con misiles o incursiones aéreas. También se disputan en el orden económico y en los mercados de capitales. El conflicto armado desatado por EEUU e Israel contra Irán ha desempolvado uno de los secretos a voces mejor guardado por los centros de análisis del negocio energético: las primas de riesgo asociadas al barril de petróleo. Capaces de aparecer o de brillar por su ausencia en función de si el mercurio del termómetro geopolítico global se dispara o, por el contrario, se hunde hacia el fondo. Es el precio a pagar por garantizarse el abastecimiento de los combustibles fósiles; en especial, el oro negro, aunque también el gas.

El Estrecho de Ormuz se ha convertido en el barómetro de estos acontecimientos. Hasta el punto de determinar el calibre de este doble impuesto revolucionario que grava en principio la energía, pero que también lanza sus tentáculos hacia el tránsito marítimo. Es decir, no solo a petroleros o metaneros, sino también a los buques mercantes que atraviesan por una de las zonas de mayor tráfico naval, bajo la amenaza de dejar de ofrecer garantías para alcanzar sus puertos de destino. Todo este collage amenaza con romper contratos mercantiles y encarecer cargos.

Son mecanismos suficientemente conocidos en el funcionamiento de los mercados energéticos. Sin embargo, las primas de riesgo asociadas al crudo siempre han sido un tributo invisible en un orden económico mundial que ha vuelto a dominar, desde la Gran Pandemia, la vieja economía, la de los combustibles fósiles, según preconizó Jeff Curry, entonces estratega jefe de Goldman Sachs. Con objeto de restablecer su influencia en los ciclos de negocios ante la pérdida de sus cuotas de mercado por la irrupción de las fuentes renovables y la avalancha de inversiones ESG que empezaba a emerger en las carteras de capital. 

Este diezmo petrolífero, que no exige pasar por aduana alguna, irrumpe cada vez que el mercado percibe riesgos reales de interrupción en el suministro. A modo de sabotajes a infraestructuras, tensiones geopolíticas o, como ocurre ahora, por el cierre casi hermético de un corredor naval de especial valor estratégico como el Estrecho de Ormuz, chokepoint que separa Irán de Omán y conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. De apenas 21 millas náuticas de anchura es un punto neurálgico por el que circulan a diario entre 18 y 20 millones de barriles de crudo, la quinta parte del consumo global. Toda perturbación por ese paso crea volatilidad energética inmediata.

Desde el inicio de la guerra, el Brent –de referencia en Europa– oscila en torno a la barrera de los 100 dólares por barril. Las jornadas que se asienta por debajo, los expertos del sector lo achacan a entregas de cargas de petroleros parias –la mayoría rusos, bajo bandera de conveniencia– que vagan por los mares en busca del mejor postor para colocar barriles siberianos sometidos a los topes de 60 dólares impuestos por el G7. Aunque ahora, estos límites acaban de ser liberados por EEUU. A instancias de la Administración Trump, que teme desabastecimientos y escaladas del barril que impulsen la inflación e impidan bajar tipos como exige desde hace un año a la Fed. A media semana, con la intensificación de los ataques, el crudo tocó los 119 dólares.

El nerviosismo se instala en la Casa Blanca

De hecho, el líder MAGA, acaba de aprobar una exención temporal de 60 días de la Ley Jones, la normativa marítima vigente en EEUU desde 1920 y que obliga a que el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses se realice en barcos construidos y registrados con pasaporte de EEUU. La medida permitirá a buques con bandera extranjera transportar petróleo, gas y otros productos energéticos dentro del país. Con la finalidad de reducir costes de transporte y frenar la subida de los combustibles, que ya empieza a retroalimentar un IPC que, por otro lado, nunca ha estado a raya, por debajo del 2%. Según fuentes oficiosas americanas, el cierre de Ormuz ha blanqueado –permitido actos de piratería petrolera–alrededor de 15 millones de barriles diarios y acrecentado las tensiones energéticas globales.

No por casualidad, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha calificado la disrupción actual como la mayor en la historia del oro negro. El galón de gasolina en EEUU ha remontado un 22% desde el inicio de las hostilidades en Irán, hasta superar los 3,70 dólares. El gran temor de Trump es que estos precios colapsen la actividad industrial y retraigan el consumo. Bancos de inversión como JP Morgan no descartan que el barril se eleve a los alteres de los 200 dólares si Ormuz perpetúa su cierre.

Que el shock energético empieza a tomar forma y que su evolución no gusta precisamente a la Casa Blanca se revela en un informe del Consejo Nacional de Comercio que dirige Peter Navarro, uno de los más fieles delfines trumpistas, donde se sostiene que el riesgo vinculado a la guerra en la región ha añadido históricamente entre 5 y 15 dólares por barril a su precio comercial. En sus cálculos, el conflicto contra Irán ha llevado el crudo a una primera escala de subidas del 21%, cota que coincide el consenso del mercado sobre el montante del impuesto revolucionario que se ha exigido esta semana.

JP Morgan lo cifra ente el 15% y el 20%. Sin resquicios para el optimismo. Porque lo estipula así pese a que productores como Arabia Saudí logren desviar sus flujos por su oleoducto East-West y embarcarlo a través del Mar Rojo, aduciendo que esta canalización solo puede transportar un caudal de entre 3 y 4 millones de barriles diarios, muy por debajo de los cargos de la ruta Ormuz. Por si fuera poco Teherán ha declarado objetivo militar a los centros logísticos y de servicios que apoyan al portaaviones estadounidense Gerald R. Ford, que transita por el Mar Rojo. Entre otros, el oleoducto saudí. Pero incluso sin ataques iraníes, este enclave marítimo, avisa David Oxley, economista en Capital Economics, “no era precisamente un bastión de estabilidad geopolítica” sin la presencia de la armada americana.

Según estimaciones de JPMorgan, incluso con estos desvíos por oleoducto, persistiría una prima de riesgo de entre el 15% y el 20%. Ormuz es más trascendental que el Mar Rojo. Las previsiones de este banco de inversión son de un calibre bastante más pronunciado que el impuesto que se exigió los años que precedieron y sucedieron al colapso crediticio de 2008, estipulado en el 12%.

Eso sí, con un barril que marcó su cota histórica, en los 147,50 dólares, en julio de ese año, justo tres meses antes de la quiebra de Lehman Brothers. Justificado, entonces, por la amenaza de los ataques yihadistas a instalaciones pérsicas. Y, por supuesto, por encima de la cuota, algo menor, por casus belli, que fue añadida durante la invasión de Kuwait en 1990 o de Irak en 2003, en las que el petróleo tocó techos que se moderaron una vez las cadenas de suministro superaron sus disrupciones.

Primas extraordinarias por travesías marítimas

Pero el conflicto armado actual presenta otra factura de riesgo adicional, la del transporte naval. La prima marítima es el seguro –en este caso, de nuevo, por amenaza bélica– que los buques se deciden a pagar como cobertura de sus hojas de ruta. La aseguradora Lloyd’s of London calcula que este war risk insurance ha pasado de significar aproximadamente el 0,25% del valor de cada barco mercante al 1,5%. Por travesía. En términos financieros, este salto es enorme. Porque para un superpetrolero valorado en 100 millones de dólares, el seguro ha pasado de un coste de unos 250.000 dólares –montante previo a la guerra– a alrededor de 1,5 millones por viaje. Y en ciertos desplazamientos de especial peligro, los brokers marítimos estiman aumentos del 1000%.

El Golfo Pérsico ha reconfigurado su calificación en los cuadros de mando de las aseguradoras. Ahora, se la declara zona de guerra marítima, lo que implica renegociar pólizas con frecuencia –en ocasiones, cada semana– por el incremento del riesgo financiero de armadores y compañías de seguros. Por supuesto, este encarecimiento se traslada inmediatamente al precio del crudo y, por ende, a los ingresos de los hogares y a las cuentas de resultados de las empresas.

A ello se suma el pánico a los fletes. Las tarifas diarias de los superpetroleros VLCC, capaces de transportar 2 millones de barriles, han alcanzado casi 800.000 dólares al día, aproximadamente cuatro veces más que antes del conflicto. Y en algunos cargamentos por el Golfo, su transporte puede añadir una penalización de más de 20 dólares por barril, un coste equivalente a una cuarta parte del precio del crudo. El 20% de sus 100 dólares actuales. “Son niveles de terror”, empiezan a admitir analistas del sector, porque la tarifa del seguro “no es el único problema”, sino que se une la “disponibilidad, cada vez menor, de barcos dispuestos a cruzar estas latitudes”.

Las citas surgen de un informe de S&P Global Commodity Insights que resumen con crudeza el panorama: “conseguir una cobertura es una cosa; atravesar el Estrecho de Ormuz es otra muy distinta”. Numerosos capitanes y armadores han decidido simplemente evitar el área por motivo de seguridad de la tripulación. El daño colateral ha sido fulminante. El estrangulamiento logístico ha llevado a que el tránsito marítimo haya caído drásticamente. Solo 47 buques lo realizaron en las dos primeras semanas de conflicto.

Reducción del tráfico naval, retención de buques y, por supuesto, interrupciones más o menos parciales de exportaciones energéticas. Impulsadas, además, por unas intervenciones armadas que han puesto en el punto de mira iraní instalaciones petrolíferas y de gas en territorio de los emiratos y Arabia Saudí y, en el caso de los ejércitos americano e israelí, contra la isla de Jark, estratégica para el negocio de crudo de Teherán, o contra el yacimiento de gas más importante del mundo, de copropiedad irano-catarí.

Las autoridades monetarias, en alerta

Pero hay, además, más efectos secundarios. La decena de bancos centrales que se han reunido esta semana han aplicado una política de prudencia. Solo el australiano ha encarecido el precio del dinero. El resto, han optado por esperar hasta ver el grado de importación inflacionista que recala en sus economías a través del barril de crudo y de los nuevos cheques del gas, que se ha instalado por encima de los 50 dólares y ha llegado a superar los 70.

Para más inri, desde Goldman Sachs se advierte de que una prolongación sine die del conflicto o superior a un mes- podría dar lugar a una escalada energética de calado de los combustibles refinados –diésel, queroseno o diésel– porque “dependen de crudos pesados del Golfo difíciles de sustituir”. En algunas regiones asiáticas, sus precios ya se han duplicado. No por casualidad, más del 80% del petróleo que atraviesa Ormuz se dirige a China, India, Japón y Corea del Sur. A lo que hay que unir que el enclave del Pérsico es una arteria también esencial del comercio de fertilizantes, productos petroquímicos o helio industrial.

En todos estos destinos, la doble prima –energética y marítima– se traduce en inflación galopante y presión sobre las balanzas comerciales. Pero también genera nuevas encrucijadas monetarias a sus bancos centrales. En general, el fantasma de la estanflación –estancamiento económico y precios disparados– es el escenario que los bancos emisores nunca desean abordar.

El conflicto iraní ha llegado a instalar en el mercado la idea de una transformación internacional del negocio asegurador. Así lo cree Andrew Westlake, socio del despacho Kennedys. A su juicio, la guerra abre la puerta a una ola potencial de reclamaciones por violencia geopolítica, daños a infraestructuras y pérdidas comerciales en el Golfo. A raíz de reclamaciones multimillonarias por pólizas de daños a activos privados. “Y abrir un frente legal entre armadores y fletadores”, si los buques quedan atrapados meses al activarse las cláusulas por caída de ingresos y detención del buque. O incluso por pérdida total si la retención supera los plazos previstos en las pólizas.

China ha activado su Diplomacia Panda, una estrategia exterior que Xi Jinping pone en liza cada vez que el voltaje geopolítico se torna agresivo hacia sus planes presidenciales y que se resume en una máxima tan simple como ambigua: actuar de forma sosegada –sin exhibiciones de fuerza– pero proactiva, ante acontecimientos que puedan perturbar su hoja de ruta. En realidad, emula el estilo Den Xiaoping durante sus años de reforma y aperturismo en los ochenta y noventa con una diplomacia que oculta la fuerza y espera el momento para intervenir.

Es, por tanto, la reconstrucción del hide and bide de Xioaping (ocultar tu capacidad y esperar el momento oportuno) en versión Jinping y explica en gran parte la táctica de Pekín en el orden geopolítico tras el estallido de la guerra en Irán, así como los ataques del pasado año al régimen de los ayatolás por parte de EEUU e Israel. O su papel de respaldo tácito a Rusia en la invasión de Ucrania. De igual modo, también aclara su postura en el terreno comercial, donde Pekín ha aceptado la tregua anual con Donald Trump para atenuar su cólera arancelaria hacia Pekín mientras sacaba a relucir una baza inesperada, la imposición de controles a la exportación de tierras raras que ha obligado a empresas americanas a buscar a la desesperada minerales críticos e imanes para fabricar desde móviles a aviones de combate.

La treta desató la cólera trumpista, pero sirvió para alcanzar un punto de entendimiento mutuo. China retrasaba las restricciones exportadoras a las tierras raras a cambio de que EEUU sacara a las compañías del gigante asiático de su lista negra comercial. Kyle Bass, director ejecutivo de Rochefort Asset Management y voz inversora crítica hacia China que asesora informalmente al mando estadounidense del Indo-Pacífico, ofrece una interpretación concluyente en Financial Times a este tacticismo geoestratégico. La frágil tregua entre ambas superpotencias --afirma-- “no es más que un intercambio de rehenes de alto riesgo”.

A su juicio, también sirve para medir la temperatura de la rivalidad entre EEUU y China. Además de desvelar que su pulso geoestratégico es, en el fondo, el que está generando nuevos vientos huracanados en el ya inestable orden internacional. De ahí que la intervención militar en Irán no solo se deba valorar en términos militares en una zona --Oriente Próximo-- bajo un claro dominio estadounidense, sino como otro nuevo episodio de agitación del tablero de ajedrez mundial por la toma de posiciones de Washington y Pekín. Aunque el gambito de dama para lograr ventaja de apertura ha partido de la versión Trump 2.0 en la zona más convulsa del planeta, el gigante asiático opera soterradamente desde su patio trasero, el espacio Indo-Pacífico, a través de su tupida red de socios y compromisos regionales. Incluso con India. 

A juicio de Bass, “EEUU está cautivo de los controles chinos sobre las tierras raras a pesar de que Pekín se aferra desesperadamente a los chips de IA de Nvidia para modernizar su ejército y su industria tecnológica”. En consecuencia, -afirma- existe una “carrera a la desesperada” para que sus economías se liberen de este enredo geoestratégico y tratar de obtener ventaja competitiva sobre la otra“. La guerra iraní viene a complicar este compás de espera que -se supone- tendrá algún tipo de solución tras la visita oficial de Trump a China entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

De momento, el reencuentro entre ambos mandatarios sigue en agenda. Pese al alto voltaje que la guerra iraní y la firme resistencia de Teherán tras el asesinato de su líder supremo, Alí Jamenei, a la creciente factura militar que está engrosando a la Casa Blanca y a la disolución paulatina de las esperanzas opositoras a un cambio de régimen en el estado persa. Por contra, ha emergido de nuevo la antipatía americana y el antisemitismo en la sociedad civil iraní, con el retorno a un nacionalismo que rechaza la injerencia militar estadounidense e israelí y que ha configurado una atmósfera de cohesión en torno a la figura de Mojtaba Jamenei, hijo del guía espiritual fallecido.

Pero, además, porque en la Administración Trump siguen sin justificar la guerra con argumentos verídicos o tratando de configurar mensajes con cierta apariencia de legalidad. Al inquilino de la Casa Blanca sólo le sirve “la plena rendición de Teherán”.

Para Richard Haass –antiguo diplomático americano y presidente emérito del Council on Foreign Relations– la intervención armada en Irán encaja en la categoría clásica de “guerra de elección”. Es decir, dar inicio de un conflicto bélico pese a que existían alternativas de índole diplomática, herramientas como las sanciones o elementos como la disuasión, sin que mediara una amenaza inminente demostrada. A diferencia de los conflictos de necesidad, los de libre elección “obligan a quienes las emprenden a justificar rápidamente resultados frente a los potenciales y crecientes daños y costes colaterales”, explica Haass.

¿Tiro por la culata?

Este cálculo es particularmente incómodo para Trump que ostenta un nivel de aprobación social neta que se hunde en terreno negativo (−19 puntos) con tan solo un 38% de apoyo. Sin respaldo ciudadano y con elecciones midterm en noviembre, el panorama no es precisamente alentador para el líder republicano. Haass incide en que una campaña militar de libre elección no solo debe ganarse militarmente, sino justificarse estratégicamente“ y, por supuesto, debe calibrar el clima social y las fórmulas de resolución y de alto el fuego. Porque, de lo contrario, las bajas militares, los costes del conflicto y los riesgos colaterales de aliados como los europeos, el temor a shocks energéticos o el riesgo de estanflación, irrumpirán sin remedio.

China –e Irán y Rusia– son conocedoras de estos entresijos y de que toda prolongación sine die del conflicto agravará los costes económicos y estratégicos de Washington en un momento clave en el que la competencia global se intensifica. Es la misión de la Diplomacia Panda. De ahí que Pekín haya lanzado, unas semanas antes del reencuentro Trump-Jinping, un salvavidas a la Casa Blanca a modo de exigencia de tregua bélica para encauzar un “año que podría ser histórico” entre las dos superpotencias en el orden geoestratégico, tecnológico, económico, monetario y comercial. Solo falta que Trump recoja el flotador made in China. 

Este debate para que el inquilino del Despacho Oval ceda en sus pretensiones exterminadoras del régimen iraní es el que destaca Christopher Chivvis, investigador del Carnegie Endowment for International Peace, como de especial trascendencia. Este analista se pregunta en Foreign Affairs si “Washington no debería auditar, en vez de restaurar automática y unilateralmente, varios de sus compromisos mundiales”, con objeto de “reconfigurar” junto a China al menos, las garantías de seguridad heredadas del Siglo XX. Aunque sigan con su pulso geoestratégico global.  

Chivvis lo plantea en términos de futuro. “El sucesor de Trump asumirá unas alianzas tensas y un dilema de gran calado, si la red de socios construida la pasada centuria continúa sirviendo a los intereses estadounidenses en un siglo, el actual, ligado a la rivalidad entre ambas potencias. China –enfatiza– reta al poder americano en Asia y disputa su dominio económico a escala global, mientras Rusia muestra deseos revisionistas imperiales con tolerancia al riesgo y otras potencias como Corea del Norte pueden alcanzar suelo estadounidense con armas nucleares. Por ello, los lazos diplomáticos se deberían de reevaluar desde una óptica geoestratégica. Al lado de socios que refuercen la competitividad de las potencias industrializadas frente a China con cadenas de suministro eficientes y estándares tecnológicos homogéneos. 

Esta nueva concepción de consensos obliga a EEUU a institucionalizar revisiones sistemáticas de sus acuerdos exteriores con evaluación de costes, riesgos y beneficios en cada compromiso para alinearlas con el interés estratégico y la agudizada rivalidad competitiva global, precisa.

El ‘wait and see’ de China

China, por su parte, ha construido su influencia mundial a través del comercio, la inversión y la diplomacia económica y evitando compromisos militares directos fuera de su entorno. Durante años, su modelo ha sido fructífero. Sin embargo, la crisis iraní ha detectado grietas. Así lo cree el analista chino Deng Yuwen, quien señala en Foreign Policy que el conflicto desvela a Pekín una verdad incómoda, que “la fuerza económica por sí sola no resulta insuficiente” sino que más bien “debería ir aparejada de una capacidad militar creíble”. Sobre todo, si desea salvaguardar sus intereses en Oriente Próximo, que no son pocos. Por ejemplo, en el ámbito energético, como primer comprador de crudo y con billonarios contratos de futuros de gas. Ahora bajo la amenaza internacional del Estrecho de Ormuz.

Este último factor explica, según Yuwen, que Jinping haya optado por la carta diplomática, con condena de la intervención militar, pero con una petición expresa de negociaciones. Puro cálculo estratégico. Deliberado y bien pertrechado. Como piensa Craig Singleton, de la Foundation for Defense of Democracies. En su opinión, Pekín podría utilizar su aparente moderación como arma negociadora en otros frentes igualmente sensibles. Singleton cita, por ejemplo, “la búsqueda de concesiones en asuntos de su máxima incumbencia como el libre comercio o Taiwán a cambio de suavizar sus desavenencias sobre Irán”. Al tiempo que matiza que la prudencia diplomática china “no es una señal de pasividad, sino una táctica destinada a erosionar gradualmente la hegemonía americana”.

El razonamiento de Singleton es sencillo. Para China, la crisis iraní es, ante todo, un problema de cariz geoestratégico para EEUU y, si el conflicto se prolonga, la Casa Blanca podría verse abocada a ordenar una invasión total y Trump a dedicar ingentes recursos a un teatro estratégico, el de Oriente Próximo que, en el fondo, no es su prioridad. Porque –aduce– la competencia decisiva entre ambas superpotencias se desarrollará en la región Indo-Pacífica. “Cada portaaviones que ha desplegado en el Golfo es un activo que no puede utilizarse en Asia”, replica.

Además, la guerra podría reforzar indirectamente los lazos Pekín-Teherán, ya que cuanto más debilitado quede el régimen iraní –por sanciones o ataques militares– mayor será su dependencia económica y tecnológica de China, que podría dominar el sector energético iraní.

Para más inri, Pekín podría verse obligada a intervenir. De ahí su predisposición al encuentro con Trump. Cualquier interrupción prolongada del flujo energético en Ormuz afecta especialmente a los mercados asiáticos y, muy en particular al chino, y eso confiere a Pekín plena legitimidad sobre el conflicto. En contraste con EEUU. Si se ponen en solfa la visión de Rafael Grossi, director general de la International Atomic Energy Agency, sobre la “no existencia de evidencia alguna de que Irán esté construyendo una bomba nuclear”. Palabras que echan por tierra el relato de Washington y Tel Aviv para desencadenar hostilidades contra Irán.

Una de las razones que la Administración Trump oculta, aunque no pueda soterrarla, es el oro negro que, como durante todo el siglo pasado en la región, sigue siendo moviendo los juegos de tronos. Aunque en esta ocasión haya sido la transición energética la que ha alterado buena parte de los cálculos de las potencias productoras de fósiles. E incluso de EEUU. No por casualidad, en 2025, pese a la resistencia activa de la Administración Trump, las renovables aportaron un 10% de electricidad al mix americano, hasta representar el 25% del total. Algo difícil de aceptar para el impulsor del Drill, baby, drill, uno de los lemas de la pasada campaña presidencial trumpista que ha acabado con los subsidios a las energías limpias de su antecesor, Joe Biden, y restaurando las perforaciones de carbón.

Jason Bordoff, director del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia dice que la electrificación del transporte y el desarrollo de nuevas cadenas de suministro energéticas están modificando las prioridades estratégicas de los gobiernos. Para grandes importadores de crudo como China, la UE o India, reducir su dependencia del petróleo significa también recortar las vulnerabilidades geopolíticas de una región que concentra las principales rutas energéticas. Con casi un tercio del crudo y el 60% del gas, los petroestados del Golfo se resistirán a ceder su peso geoestratégico global y regional. “Pero su petróleo tenderá a dejar de ser el epicentro de la política energética global”, alerta Bordoff.  

La guerra desencadenada por Donald Trump y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, contra Irán y su régimen de los ayatolás amenaza con provocar una tormenta económica mundial cuyo epicentro meteorológico parte del mercado energético y que amenaza con descargar borrascas frecuentes en los mercados de capital y las estructuras productivas de todas las latitudes. Todo dependerá de si los ataques iraníes contra refinerías y terminales de petróleo y gas de los países del Golfo Pérsico —en respuesta a los ataques de Washington y Tel-Aviv— y la interrupción de casi la totalidad del tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, enclave por el que circula un tercio de los combustibles fósiles bajo el control de Teherán, acaban dañando el suministro energético y deteriorando su demanda mundial y prolongando el uso de rutas alternativas del transporte o elevando las primas de riesgo y, en consecuencia, los seguros de las compañías navieras.

Si el petróleo —y, sobre todo, en esta ocasión, el gas— vuelven a ejercer de termómetros de la alta temperatura que precede a toda tormenta de elevada intensidad, los augurios no son positivos.

El Brent, barril de referencia en Europa, ha superado de largo la frontera de los 80 dólares desde el inicio del conflicto, mientras el gas natural en Europa se ha disparado por encima del 70% en apenas unos días por la reducción de los inventarios tras el duro invierno en el Viejo Continente y los riesgos de interrupciones en los suministros de Oriente Próximo. En especial, desde Qatar y Arabia Saudí, territorios donde los misiles y drones iraníes han centrado sus incursiones de represalia. La volatilidad bursátil y la desconfianza inversora han hecho mella en un consenso del mercado que ya empieza a barajar retrasos en la rebaja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal —más allá del verano— ante una nueva espiral inflacionista en las cestas de la compra estadounidenses. Y el final —por si cupiese alguna duda todavía— del precio del dinero barato en la zona del euro. 

El conflicto también expande sus implicaciones geopolíticas y económicas. El comercio marítimo por el Golfo Pérsico está en riesgo, con tensiones renovadas sobre la seguridad energética de Europa y Asia, y un dólar que se fortalece.

En conjunto, los inversores interpretan que la guerra ha generado un nuevo shock inflacionario global, capaz de retrasar la relajación monetaria y empujar el dinamismo económico mundial a otro escenario de resiliencia dentro del convulso y complejo ciclo de negocios post-Covid.

En este contexto, si Ormuz permanece bloqueado durante semanas, gran parte de los petroleros y metaneros se quedarán literalmente atrapados en el Golfo. Sin hojas de ruta alternativas que les hagan reanudar con rapidez sus entregas. Según cálculos privados, alrededor de 14 millones de barriles diarios de crudo atraviesan habitualmente esta pasarela marítima.

“El mercado empieza a asumir que no se trata de un choque de unos días sino de una disrupción potencialmente larga”, señala Warren Patterson, jefe de estrategia de materias primas de ING. En ese escenario, el crudo podría superar con relativa facilidad la barrera psicológica de los 100 dólares por barril. Algunas firmas la elevan hasta los 120 e, incluso, 130 dólares. En función de unas primas de riesgo —impuesto revolucionario, dicen cada vez más voces del sector petrolífero— que han cogido vuelo. Aún sin alcanzar el 12% del precio al que llegó durante los años previos y posteriores al colapso crediticio de 2008 por la supuesta amenaza de atentados yihadistas sobre el circuito productivo del crudo, pero bajo un influjo creciente por el elevado voltaje geopolítico, el temor al final de la fiesta bursátil del último bienio, aderezada por la IA, el exceso prestamista en circulación y un riesgo inflacionista que podría precipitar una crisis financiera.

Esta sucesión de hechos encadenados ayuda a entender que las hostilidades militares en Irán se pueden trasladar al orden económico internacional.

'Shock' energético: Ormuz, detonador global

La travesía por la que navega el 20% de los barriles de crudo y del gas licuado global —el 93% del qatarí, su gran productor en el área— ha disparado las primas de riesgo. Países asiáticos como China, Japón o Corea del Sur, dependientes de ambos combustibles fósiles, buscan cargas mercantes alternativas para cubrir sus elevadas demandas energéticas. España tiene comprometidos contratos de futuro por el 5% de su consumo de crudo y el 2% del gas.

El FMI estima que por cada aumento del 10% del precio del petróleo se restaría alrededor de 0,15% al PIB mundial y se sumarían 4 décimas a la inflación y que un salto sostenido del barril a 100 dólares crearía un escenario de estanflación. La parálisis de actividad con espiral de precios es uno de los peores escenarios macro para cualquier banco central. 

Pero es el gas el que preocupa sobremanera. Qatar exporta el 93% de su oferta gasística a través de Ormuz. El resto, por gaseoductos. Y sus instalaciones están siendo especialmente castigadas por los misiles iraníes. “Europa es una de las zonas más expuesta al cierre de los grifos pérsicos de Gas Natural Licuado (GNL) por sus niveles de stocks por debajo del promedio estacional al inicio de la primavera”, asegura Anne-Sophie Corbeau, del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia. Si las ventas cataríes no se reanudan rápidamente, “el mercado podría entrar en pánico”.

Los investigadores de Bloomberg Economics dibujan un horizonte con el petróleo en torno a los 108 dólares por barril que añadiría 8 décimas al IPC estadounidense y más de un punto a Europa y alertan de que, en este terreno, la radiografía estadounidense es particularmente compleja ya que su economía se beneficia parcialmente de precios energéticos altos por sus intensos índices productivos domésticos de petróleo y gas.

Burbuja IA y riesgo de corrección bursátil

Existe una correlación nítida entre voltaje geopolítico y brusco ajuste de valores tras un largo año de exuberancia bursátil hacia todo lo que huela a IA. No lo dice cualquiera. Es palabra de David Solomon, CEO de Goldman Sachs, para quien el clima inversor podría estar subestimando el impacto del conflicto. “Me sorprende lo tranquila que ha sido la reacción de los mercados”. A su juicio, el ajuste —visible en febrero—, no ha hecho más que empezar no se ha producido plenamente. “Probablemente harán falta varias semanas para que los inversores digieran realmente las implicaciones económicas de lo ocurrido”, señaló.

Solomon se refiere al cóctel de avances acelerados en IA y las primeras señales de fragilidad en un crédito privado con propensión a la concesión masiva, pese a los elevados tipos en EEUU para sufragar inversiones tecnológicas. El pasado fue un mes de ventas masivas en bancos y gestoras. Por si fuera poco, el KBW Bank Index, el indicador de la banca americana, descendió con fuerza y arrastró a todo el sector hasta cotas de diciembre. Fue, de hecho, su peor mes desde el Día de la Liberación Arancelaria de abril y ninguna de sus principales entidades financieras se quedó al margen. Y cuando se entra en esta espiral y con un evento de la magnitud de la guerra en Irán, “los inversores empiezan a exigir una prima mayor para cualquier activo”, advirtió.

Este proceso de reajuste de precios “suele afectar primero a los sectores con valoraciones más exigentes” y, en un mercado dominado por expectativas de crecimiento ligadas a la IA, cambios repentinos en el apetito o la aversión al riesgo “podría desencadenar una corrección significativa en las empresas tecnológicas más infladas”, avisa Solomon.

Peligro de colapso crediticio

Otro de los gurús de Wall Street, Jamie Dimon, primer ejecutivo de JP Morgan, el mayor banco de inversión estadounidense, insiste en que “algo se huele en los mercados” que le recuerda a la quiebra de Lehman Brothers que desencadenó la crisis financiera de 2008. “Estamos viendo a algunos competidores [bancos medianos, pero también grandes] hacer cosas realmente alocadas”, aseguró hace unas fechas ante un foro de inversores en clara referencia a “ciertas entidades” que están relajando los estándares de crédito para incrementar sus ingresos por unos tipos de interés todavía elevados “en un entorno de competencia feroz” por conceder préstamos para financiar proyectos masivos de IA. 

A Dimon, este clima le traslada a los ejercicios previos a 2008, cuando la banca acumuló activos tóxicos, bien de productos de riesgo extremo —swaps, derivados o estructurados— o inmobiliarios, como en el caso español, y le hace situarse —reconoce— en modo alerta: una alteración de los precios energéticos, con empresas y estados soberanos altamente endeudados y especialmente sensibles a subidas del petróleo y el gas, podría deteriorar con una rapidez inusitada las capacidades de pago corporativas y soberanas.

EEUU: Resiliencia económica con vulnerabilidad política

La economía estadounidense podría responder mejor al shock energético que otras regiones. Gracias a la revolución del shale (esquisto), el país se ha convertido en gran exportador neto de petróleo y gas mundial. Pero el negocio del esquisto no repara el impacto inflacionista sobre los consumidores.

A ocho meses de las elecciones legislativas de noviembre y en una fase en la que el malestar de los votantes por la inflación empieza a erosionar el apoyo social a Trump, la gasolina se podría disparar —alertan los analistas—, en torno a los 4,5 dólares por galón y añadir hasta 1,5 puntos a la inflación, si el barril WTI, de referencia en el mercado americano, rebasa los 100 dólares. Para los observadores políticos, un conflicto prolongado aventura estanflación y merma de ingresos empresariales y familiares.

Desde Bloomberg Economics insisten en que el impacto de la gasolina cara es inmediato en un año con comicios midterm y la Fed sometida a injerencias para rebajar tipos.

China afronta una desaceleración estructural

Pekín ha revisado a la baja su objetivo oficial de crecimiento, con implicaciones globales. Para 2026, lo fija entre el 4% y el 4,5% y abandona el 5% que ha regido los destinos de sus últimos planes plurianuales. Es la constatación de que su transición de un modelo exportador a otro de demanda interna, de inversión intensiva, a imagen y semejanza del patrón de las potencias industrializadas, ha perdido fuelle.

La internacionalización del conflicto iraní puede deteriorar aún más una demanda interna débil y el sector inmobiliario en crisis perpetua. Pese a que el Gobierno anticipa que activará motores de dinamismo adicional vinculados a la innovación tecnológica, las tensiones arancelarias no resueltas con EEUU y la extraordinaria crudo-dependencia de su industria, dejan en entredicho cualquier estímulo fiscal. Por muy ancho que todavía sea el colchón de hasta 850.000 millones en manos del equipo de Lan Fo'an, su superministro de Finanzas. No en vano, el gigante asiático compra cerca del 90% del petróleo que vende Irán y absorbe alrededor de un tercio del comercio exterior persa.

Europa, con otra losa inflacionista en pleno despegue

El BCE se declara vigilante ante la doble escalada de la energía y la inflación. La clave será la duración del conflicto, aducen varios de sus consejeros. Si las hostilidades en Irán superan el mes, el despegue de la actividad, ahora que la economía alemana emite pulsaciones, se podría abortar. El giro fiscal del canciller Friedrich Merz con sus gastos sin límites constitucionales en Defensa y su medio billón de euros en programas de infraestructuras se verán sin el combustible que requiere el motor europeo para ponerse en marcha sin el gas ruso y con un petróleo alejado de la moderación.  

Oriente Próximo, al borde de la parálisis económica (…) y obligado a revisar sus modelos

Dubai y Abu Dabi, hubs financieros, logísticos y tecnológicos globales con sus promesas de estabilidad, han visto cuestionado su estatus de “las Suizas del Golfo” contra sus infraestructuras. Al igual que Arabia Saudí, que ve amenazada su agenda 2030 de diversificación y mega-inversiones. Por su parte, la economía iraní se expone a una mayor debilidad por las sanciones, el escaso capital foráneo y su casi mono-dependencia petrolera. Mientras Israel experimenta elevada volatilidad financiera y presión sobre su industria y transporte, reflejando el coste económico inmediato de la escalada militar regional.

La Corte Suprema de EEUU frenó hace una semana el instinto proteccionista de Donald Trump, aunque sin conseguir aplacarlo. A las horas de su histórica resolución –que declaró inconstitucionales los excesos arancelarios del presidente republicano, buque insignia de la política económica de su segundo mandato– la Casa Blanca reaccionó elevando los peajes a la importación con una tarifa general. Primero, del 10%, luego, del 15% y finalmente –parece–, de nuevo al 10%. El caos sigue latente desde semanas antes de la proclamación del Día de la Liberación, allá por abril de 2025.

El fallo de la más alta instancia judicial americana constituye algo más que un mero tropiezo del inquilino del Despacho Oval. Es una reafirmación sobria de los contrapesos institucionales en un momento en el que la rampante permisividad doméstica hacia el poder ejecutivo y la docilidad de la comunidad internacional ante sus arrebatos proteccionistas y coacciones expansionistas empiezan a mostrar signos de debilidad. Al invocar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) –recalcan los magistrados del Supremo– para justificar aranceles recíprocos de amplio alcance, Trump estiró una ley concebida para responder ante amenazas extraordinarias, hasta convertirla en pilar de una agenda comercial estructural. En el orden exterior, la ristra de críticas de aliados y rivales por su obcecamiento en acabar con el libre comercio tampoco fue inmediata.

Ni de puertas adentro, ni en el espacio internacional parece haber calado la retórica presidencial. La rápida invocación a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 de la Administración Trump, que permite imponer recargos durante 150 días sin aval legislativo, ha sido el anclaje normativo elegido en esta ocasión para instaurar un arancel global del 10%. Esta artimaña con volatilidad regulatoria pretende servir de puente mientras la versión Trump 2.0 explora vías más duraderas –entre otras las Secciones 301 y 232 de la misma norma– para seguir gravando sectores como el de la automoción o el farmacéutico o bienes esenciales para la industria como los chips o el acero.

También fue fulgurante su actuación en el atril del Congreso, a propósito del debate del estado de la Unión. Trump convirtió el revés judicial en arenga política. Ante el Capitolio, defendió que el país es “más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca” y se comprometió a restaurar los aranceles por otros derroteros. E incluso llegó a asegurar que podrían reemplazar, gracias a su capacidad recaudatoria, al impuesto sobre la renta de manera sustancial. Sin que pareciera que le provocara ansiedad alguna la lógica preocupación de hogares y empresas americanas por los efectos inflacionistas de su retorno al proteccionismo comercial, que ya se dejan sentir en el IPC, y las alteraciones inversoras y en la creación de empleo de un sector privado que avanza reclamaciones milmillonarias por una medida calificada de inconstitucional por el Supremo con una resolución que devuelve la potestad de los acuerdos comerciales al poder legislativo.

No por casualidad, ha quedado en suspenso la recaudación que el Tesoro ha recabado desde el Día de la Liberación por estos conceptos --de entre 133.500 y 142.000 millones de dólares-- y una factura adicional de entre 170.000 y 200.000 millones si prosperan las denuncias de patronales, empresas y sectores que aseguran haberse sentido perjudicados por la imposición de los peajes a la importación de Washington.

Pero ¿qué daños directos y colaterales plantea este toque de atención institucional del Supremo a Trump? La espiral es alargada y su fuerza centrípeta podría ser devastadora, con una economía que emite signos de debilidad y unos mercados sumergido en una burbuja tecnológica y en los que se vislumbra otra de corte financiero para avalar las ingentes inversiones en IA. Esta guía ayuda a entender la dimensión de este arrebato autoritario del presidente estadounidense.

El G-7 muestra su malestar

Bruselas activó la alarma primero, al advertir que el nuevo arancel global americano del 10% se suma a gravámenes ya vigentes y empuja a productos como quesos, mantequilla, plásticos, textiles o químicos por encima del techo del 15% pactado en verano en el acuerdo bilateral. La Comisión trasladó a los eurodiputados que esa acumulación vulnera el espíritu --y potencialmente la letra-- del pacto con Washington. La Eurocámara ha suspendido su tramitación, mientras la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, recuerda que la previsibilidad es un valor y ha vuelto a desaparecer y el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, reclamaba un periodo transitorio de hasta cuatro meses para recalibrar el encaje y dijo confiar en que la Casa Blanca alivie en semanas la lista --que ya engloba más de 400 rúbricas exportadoras-- de derivados sujetos al 50% en acero y aluminio, un irritante punto negro en la relación transatlántica.

Londres también activó su desconcierto, como siempre, con acento propio. El Reino Unido, que disfrutaba de un peaje recíproco del 10% y presumía de su trato preferente, se arriesgaba a ser el mayor perdedor con el techo del 15% que le hubiera restado competitividad exterior dentro de las economías avanzadas. Las Cámaras de Comercio británicas estimaron un sobrecoste de hasta 3.000 millones de libras y un impacto sobre 40.000 empresas, desde el whisky escocés hasta el juguete. El Gobierno insiste en que su “posición privilegiada” debería preservarse y evita hablar de represalias; el sector pide, ante todo, certidumbre. Pero continúan sin estar conformes sin un trato de privilegio arancelario por parte de Trump.

En Tokio, el mensaje es más quirúrgico. Japón reclama que ningún nuevo esquema deje al país en peor posición que la pactada en 2025, cuando aceptó ser un vehículo inversor de 550.000 millones de dólares a cambio de rebajar aranceles -en especial, sobre los automóviles- al 15%. Sobre el papel, nada cambia; en la práctica, la posibilidad de tasas “acumulativas” mantiene en guardia a un socio que depende del motor exportador y que, pese al ruido, descarta reabrir el acuerdo.

México y Canadá: alivio táctico, ventaja indirecta

La exención a los flujos de mercancías que procedan del área USMCA que exige el fallo judicial otorga a México y Canadá un arancel efectivo más reducido y protege a cadenas de valor como las de los sectores de automoción o energético. El Supremo hace prevalecer los términos del tratado firmado por Trump en su primer mandato. Además del alivio directo, la resolución concede a los vecinos de EEUU otra ventaja arancelaria indirecta. Mientras Europa y Asia afrontan un recargo universal del 10% --bajo amenaza del 15%-- los tránsitos USMCA mantienen un trato preferencial que mejora la competitividad de sus firmas exportadoras, incentiva la relocalización productiva en la región y refuerza su poder negociador, aunque bajo la sombra de una eventual revisión del acuerdo.

Los grandes rivales económicos emergentes, triunfadores

Con el arancel del 10%, Brasil mejora en 18,6 puntos sus cargas exportadoras; China, en 12,1 puntos de promedio durante el largo periodo de tregua, según Global Trade Alert. En tanto que India enfoca la anulación del Supremo refuerza su margen negociador para sellar el acuerdo bilateral tácito que rebaja tarifas al 18%. La ganancia competitiva es sectorial: China gana tracción en electrónica y bienes de consumo; Brasil, en agroindustria, proteínas y minerales; India, en bienes farmacéuticos, tecnologías y en componentes de automoción, al consolidar acceso al mercado estadounidense con una menor fricción arancelaria y una mayor previsibilidad contractual.

La primera economía global, en estrecha vigilancia...

El clima económico es menos robusto de lo que sugiere el discurso político de Trump. El PIB del cuarto trimestre remontó en un 1,4% anualizado, lejos del 2,8% previsto y del 4,4% del trimestre precedente. Gran parte de este freno se achaca al cierre parcial del Gobierno, que restó casi un punto porcentual al crecimiento, pero también a un consumo que se desaceleró al 2,4% y al lastre del comercio exterior. En el conjunto de 2025, la economía avanzó un 2,2%, una cifra sólida, aunque en fase descendente.

Tampoco la inflación acaba de dar satisfacciones al equipo económico trumpista. El IPC de enero avanzó otras dos décimas mensuales, hasta el 2,4%, pero la subyacente subió una décima más y los servicios hasta un 0,4%. Para Anna Wong, de Bloomberg Economics, el dato “templado” de enero es una señal de que los efectos de los aranceles aún no se han trasladado plenamente a los precios. A su juicio, si se intensifican en los próximos meses -como espera- los precios podrían rebotar hasta dejar sin margen de maniobra a la Fed para recortar tipos. Un cierto consenso del mercado apunta a que el precio del dinero no se abaratará en EEUU antes del ecuador del año.

La inflación se obceca en dar argumentos a la injerencia de Trump en la órbita monetaria de la Fed y a su insistencia de bajar tipos con los precios holgadamente por encima del 2%.

Para más inri, el mercado laboral contrató en enero solo 69.000 nuevos empleos y su ritmo ha sido menor del previsto en marzo de 2025, antes de iniciarse el año fiscal estadounidense. Ahora se ha constatado que se han generado 650.000 empleos menos de las predicciones anuales.

Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta y voz respetada en la institución monetaria de EEUU, es rotundo: la economía sigue siendo “fuerte pero desigual”, con el gasto de los hogares y la actividad empresarial manteniendo un cierto dinamismo que se amortigua con los cambios estructurales que revelan tanto el mercado laboral como las políticas comerciales disruptivas de la Casa Blanca, que añaden complejidad al diagnóstico y a la toma de decisiones de la Reserva Federal.

…con los mercados en máxima alerta

Si la economía americana está sometida a una triple y compleja ecuación (dinamismo, empleo e inflación, los tres factores de vigilancia de la Fed) la atmósfera inversora está acorralada por una doble burbuja especulativa. La ya consabida sobre los valores IA, que rememora el ambiente previo a la crisis de las puntocom de 2000. Y otra, más soterrada, insuflada por una intensa concesión de préstamos que empieza a preocupar a figuras emblemáticas como Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, quien no duda en tildar de “fiebre”, como la del trienio que antecedió al colapso crediticio de 2008, la propensión al préstamo. En especial, para cubrir las extraordinarias inversiones en IA.

Déficit, deuda, bonos añaden presiones subrepticias

Brad W. Setser, analista en el Council on Foreign Relations (CFR), sostiene en su análisis “Trade, Tariffs, and Treasuries: The Hidden Cost of Trump’s Protectionism” que los aranceles americanos introducen “un riesgo sistémico” en el mercado de deuda estadounidense. Con un déficit cercano al 6% del PIB y 1,8 billones de dólares en 2025, el aumento estructural de las emisiones de bonos presiona la oferta del Tesoro. Y los aranceles --que elevaron la recaudación aduanera hasta los 195.000 millones-- dejarán ahora de mitigar marginalmente esa necesidad.

En cualquier caso, la recaudación arancelaria tampoco compensaba -como insistió Trump- las rebajas fiscales de su rimbombante OBBB (The One, Big, Beautiful Bill Act) que podría añadir 3,4 billones al desequilibrio fiscal americano en diez años. Cantidad similar al PIB de Francia.

En medio de episodios --hasta ahora puntuales, pero ya de cierta intensidad en Europa y Asia-- de estrategias inversoras Sell US con ventas masivas de bonos, acciones y rotaciones de carteras en contra del dólar, que sigue de capa caída, y con una deuda astronómica, que supera la barrera de los 38 billones y que ha obligado a la Oficina Presupuestaria del Congreso a reavivar el debate sobre un posible doom loop fiscal. Término que viene a significar círculo vicioso y que, dentro de la jerga neoliberal, sirve para detectar fuertes exposiciones de bancos al riesgo soberano del país en el que operan mayoritariamente. Pero que, cuando se trata de economías emergentes o en desarrollo, no tardan en identificar con políticas económicas de corte populista.

En EEUU, mercado al que el triunvirato de agencias de rating (S&P, Moody’s y Fitch) le rebajó su calificación en 2025, han surgido varias quiebras durante el último bienio de bancos de mediana dimensión.

Phillip Swagel, director de la oficina del Congreso recordó que los pagos netos de intereses del Tesoro pasarán del 1 billón de dólares de este año a los 2,1 billones en 2036, el 4,6% del PIB. Un salto de costes que, para Jim Reid, de Deutsche Bank, “es de tamaño colosal” que acabará por constreñir la política fiscal y activar el sensor inversor ante cualquier desvío presupuestario.

La historia reciente de India presenta sobradas muestras para argumentar un relato de éxito. En su currículum, la nación con una mayor acumulación demográfica (1.454 millones de habitantes, según los últimos censos oficiales) deja constancia del salto hacia la prosperidad. Delhi progresa adecuadamente desde que en 2014 Narendra Modi se hiciera con las riendas del otro gigante asiático. Tan solo en dos ejercicios —2019 y 2020, el previo y en el que emergió la Gran Pandemia— de su triple mandato presidencial, el PIB indio se quedó por debajo del 5% de crecimiento anual.

Esta prolongada etapa de bonanza, que arrancó realmente a finales de los noventa, ha enterrado su tradicional concepción de economía sumergida, con dosis de proteccionismo y una estructura estatal excesivamente burocrática, lenta e ineficaz e incapaz de alcanzar un ritmo de crecimiento que permitiera suprimir estratos de pobreza y de atender las demanda técnico-profesionales de una gigantesca población joven, ha empezado a dar sus frutos. India acaba de superar —a finales de 2025— a Japón como cuarto PIB mundial. Apenas un año y medio después del sorpasso sobre Reino Unido. Mientras, se aproxima irremediablemente al alemán; ambos, ya por encima de los 5 billones de dólares; aunque el germano sin acabar de salir de la recesión y el indio navegando en tasas del 7%.

Por si fuera poco, un año antes, en 2024, su principal parqué bursátil, la National Stock Exchange (NSE) de Mumbai sobrepasó al de Hong-Kong como cuarto centro financiero internacional, con una capitalización que ha ido creciendo curiosamente al mismo ritmo y volumen productivo del PIB indio. Hasta rozar los 5 billones de dólares.

Pero, ¿cómo han forjado los gobiernos de Modi esta coraza a prueba de tensiones geopolíticas y disrupciones económicas globales? Gran parte de la explicación surge de su táctica contracíclica. En una globalización fragmentada, con el retorno de aranceles que frenan la libre circulación de mercancías y servicios, cadenas de valor y suministro en estado de alteración permanente y la búsqueda del santo grial tecnológico en una desaforada carrera contrarreloj por lograr el cetro de la IA, Delhi ha optado por presentarse como un socio fiable en un mundo crispado y cada vez más conflictivo. Nadando contra corriente, India se comporta como una potencia sistémica, con una capacidad sin parangón para albergar el Sur Global, sin dejar de ganar influencia entre las potencias industrializadas y, por supuesto, ocupando su lugar entre los BRICS emergentes. Y lo que resulta, incluso, todavía más inaudito: con vitola de nación tecnológicamente avanzada y en el pelotón de cabeza de la IA.

Los recientes acuerdos con la UE —de libre comercio— y con EEUU —arancelario y con compromisos de inversión en suelo americano, bajo coacciones y amenazas, pero con unas ostensibles rebajas de peajes aduaneros, desde el 50% del verano, al 18% actual— son un buen botón de muestra de la funcionalidad operativa con la que actúa Modi. Su declarada intención es que India demuestre habilidades para obtener el reconocimiento de economía de mercado y de primer nivel. No por casualidad el jefe del Estado galo, Emmanuel Macron, y el presidente español, Pedro Sánchez —o el canadiense Mark Carney— se han apresurado a visitar a su homólogo indio atraídos por los nichos de negocio que aparecen desde hace años y por la cumbre global de IA (India AI Impact Summit) en la capital india. Precisamente para relanzar la imagen innovadora y las ambiciones globales del país tras un año turbulento.

Hace seis meses, Modi lidiaba con las embestidas dialécticas de Donald Trump a cuenta de unos aranceles recíprocos del 50% que buscaban acabar con el tráfico petrolífero entre Rusia e India y las tensiones militares con Pakistán —ambas, potencias nucleares oficiales— mientras surgían las primeras dudas serias sobre el poderío productivo indio.

Sin embargo, la cita de la IA no es solo un señuelo para autoridades internacionales. También es un foco de atracción de big techs. Ante un selecto grupo de consejeros tecnológicos mundiales, Modi defendió que el salto hacia el algoritmo inteligente no se salga de los cauces democráticos, ni que la IA se desligue de un Internet seguro, inclusivo y orientado a las personas. Más allá de los puntos de conexión con la cúpula empresarial presente en la cumbre de Delhi, que giraron en torno a la convicción de que la IA es el campo competitivo que mueve la geoestrategia global, el presidente indio encontró el respaldo de Macron, Carney y Sánchez al espetar que la sociedad global aún conserva margen para decidir las reglas del juego en las que esta tecnología debería operar en su camino de transformación de la vida cotidiana y laboral de las personas.

Reformas internas con proyección exterior

El presidente indio conoce con precisión este terreno. No en vano, su ajustado triunfo electoral de 2024 le ha llevado a impulsar reformas laborales y fiscales para sustentar un dinamismo que supere el 7% y que le permita despejar la gran asignatura pendiente del país: reducir las elevadas ratios de pobreza. La renta per cápita sigue anclada más allá de los 100 primeros peldaños de la escala global que determina el FMI y la calidad institucional dista todavía de los estándares de las economías avanzadas. Además, persisten otros puntos negros: El sistema eléctrico —crucial para sostener la industria y los avances digitales— carece de una red de distribución homogénea por todo el territorio y muestra brechas de suministro.

Sin embargo, aún están en cartera cambios en el mercado laboral, en la regulación financiera o en la normativa sobre inversión extranjera, que sigue acudiendo en masa aunque sin suficientes garantías de estancia, así como una redefinición de los incentivos productivos a la industria y a la modernización de la red de infraestructuras físicas —energéticas y de transporte, esencialmente— y digitales, dirigidas a configurar un entorno más predecible para el capital.

Pero, aun así, el nacionalismo que impregna el alma política de Modi se aleja de casi cualquier vestigio proteccionista. Su modelo de liderazgo continúa apostando por abrirse al mundo, por no quedarse atrás en el orden global y por activar todas las teclas posibles de prosperidad. Bajo estas premisas se entiende su intención, declarada en la cumbre de Delhi, de que India aspira a ser la “fábrica de casos de uso” de la IA, del mismo modo que fue la oficina trasera del mundo en la era del software y sus servicios informáticos. Sin dominar la tecnología, sino más bien, con un claro intento de domesticarla en su reto de escalarla hasta su cima. O, dicho de otro modo: “sin soluciones excesivamente caras o energéticamente intensivas”, precisó.

Las réplicas empresariales, al menos desde la perspectiva retórica, fueron conciliadoras. Como era de esperar, las visiones de los jerarcas tecnológicos tuvieron un aroma optimista, pero con admisión de dudas y asunción de advertencias. Demis Hassabis, cofundador y CEO de Google DeepMind, definió la IA como una revolución comparable al descubrimiento del fuego o de la electricidad, “potencialmente diez veces más rápida que la industrialización” y con visos de que su versión general esté universalmente asentada en un horizonte de cinco años. Sin embargo, insistió en la necesidad de “construir guardarraíles” sólidos y en seguir acudiendo a la ciencia y a los avances médicos como vías para inaugurar “una nueva edad dorada del conocimiento”.

En parecidos términos se manifestaron Sundar Pichai, CEO de Alphabet y máximo responsable de su estrategia global, que reclamó “más cooperación entre líderes tecnológicos” para afrontar una carrera desaforada y que “pudiera parecer” un coto privado para las big techs, sin estándares compartidos y con incentivos puramente competitivos que pudieran llegar a generar amenazas sistémicas. O Dario Amodei, dueño de Anthropic, uno de los unicornios más emblemáticos de la IA, quien hizo hincapié en la estrategia pionera de India como defensora de “una IA más inclusiva para el Sur Global”.

Entretanto, Nvidia anunciaba varias alianzas con firmas indias para desplegar centros de datos con sus chips más avanzados, reforzando así la idea de que India no solo quiere debatir sobre IA, sino convertirse en un nodo operativo clave de su adopción global. Y Apple ya fabrica cerca de la quinta parte de sus iPhones en estados indios como Tamil Nadu o Karnataka, después de un año de traslados de sus cadenas de valor desde China por el recrudecimiento de los vetos cruzados entre ambas superpotencias en el terreno tecnológico y en el negocio de los chips.

Mucho más que la otra fábrica asiática mundial

Sin embargo, como subraya Arvind Subramanian, analista en el Peterson Institute for International Economics, el verdadero giro estratégico del país no está tanto en la tecnología punta como en la apertura comercial que la hace viable. En una reciente tribuna en The Economist, defiende los acuerdos con Europa y EEUU, porque “pueden convertir a India en una de las economías más abiertas del mundo si utiliza —como pretende—, ese aperturismo multilateral como palanca para transformar su estructura productiva y absorber tecnología a gran escala”.

Precisamente este marco de actuación es el que explica la aproximación india a la IA, que Delhi entiende como una revolución que no se decidirá solo en los laboratorios, sino en la adopción masiva de sus servicios. Con casi 900 millones de usuarios de internet, decenas de lenguas y una economía llena de fricciones, India es un banco de pruebas ideal para aplicaciones de bajo coste y que busquen elevados impactos sociales. Desde asistentes de voz en amplias gamas de idiomas hasta herramientas de educación, sanidad, agricultura o atención al cliente, las empresas indias están demostrando una notable capacidad para “aterrizar” la IA en problemas cotidianos. Es la potencia bisagra de la IA en un mundo fragmentado, resume Subramanian. Con su reto de crear una IA “no alineada”.

No obstante, la entente con EEUU, está lejos de ser cordiale. “Ha servido —advierte el politólogo Sumit Ganguly en Foreign Policy— para frenar una escalada arancelaria, pero difícilmente bastará para recomponer una relación estratégica dañada”. A su juicio, este reencuentro responde más a una lógica transaccional que a una restauración de la confianza mutua. Para Delhi, “el alivio frente a los aranceles impuestos por Trump es tangible y para Washington, corrige parcialmente desequilibrios comerciales”. Pero el trasfondo político sigue enrarecido por la aproximación de la Casa Blanca a Pakistán tras el conflicto de Cachemira [en 2024], por un lado, y la percepción, ampliamente extendida en India, de la imprevisibilidad estratégica de EEUU, por el otro.

Ganguly recuerda que los lazos bilaterales habían avanzado de forma correcta desde finales de los noventa con hitos como el acuerdo nuclear civil de 2008 y la designación de India como “socio mayor de defensa”, hasta la llegada de la versión Trump 2.0, que ha activado viejos recelos de la Guerra Fría. En ese contexto, “el acuerdo comercial puede evitar un deterioro mayor, pero no borrar la desconfianza acumulada ni facilitar, al menos a corto plazo, una expansión ambiciosa de los intercambios bilaterales de mercancías”.

En McKinsey, por su parte, hacen una lectura más estructural del potencial indio. En un análisis sobre su futuro económico, la consultora identifica a India como uno de los grandes motores del crecimiento global el próximo decenio, sobre un modelo productivo asentado en cuatro pilares: la urbanización, la digitalización, las manufacturas avanzadas y la transición energética. Con esta hoja de ruta ya en marcha —insisten sus expertos— India busca diversificar sus socios exteriores y reducir así sus dependencias, apoyándose en su mercado interno y en reformas de largo plazo.

Anu Madgavkar, socia del McKinsey Global Institute, sintetiza la actual etapa de esplendor indio de manera elocuente: “La apertura de la cuarta economía global al comercio, al capital y al boom de la tecnología, apoyada en su escala digital y su talento, la sitúa en una posición única para convertir la innovación en crecimiento sostenido y su visión multilateralista en una estrategia de amplia relevancia global”.

La coincidencia no es casual. Con apenas unas horas de separación, dos de las voces que gozan de un mayor prestigio e influencia dentro del establishment europeo —Mario Draghi y Emmanuel Macron— han mostrado que sus prioridades para impulsar a Europa a la vanguardia geopolítica y económica mundial están en la misma longitud de onda. Desde ángulos distintos, el antiguo número uno del BCE —y ex primer ministro italiano— y el jefe de Estado francés sostienen que el edificio supranacional de la UE ha tocado techo y está sometido a un test de estrés internacional.

O avanza en la carrera competitiva global a la misma velocidad que EEUU y China a través de un armazón federal —la propuesta de Draghi— con la que absorber peso geopolítico y tecnológico en el mutante orden mundial, o acepta un déficit progresivo de autonomía y soberanía económica, en un planeta que le será cada vez más hostil a sus señas de identidad, sustentadas en el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Para el salvador del euro en la crisis de la deuda europea tras el colapso crediticio de 2008, el revestimiento federalista resulta ineludible. En términos de eficacia del poder —acaba de proclamar—, “una confederación de 27 Estados con derecho de veto no genera poder”, sino que, más bien, deja a cada socio comunitario expuesto a presiones “uno a uno” —bilaterales— por parte de Washington o de Pekín.

Macron no llega a este punto álgido de reivindicación. Pero, en el trasfondo de sus advertencias, implora una arquitectura institucional similar. En su opinión, la amenaza sobre Groenlandia que traslada la versión Trump 2.0 —más agresiva y con un brazo ejecutor de mayor intensidad por los dogmas de fe MAGA que proclama la Heritage Foundation— revela hasta qué punto la UE es más vulnerable cuanto menos opera con una voz única e instrumentos mutualizados.

La UE —advierte el dirigente galo— no debe dejarse llevar por una falsa sensación de que la tensión con EEUU sobre Groenlandia, la tecnología y el comercio han terminado. Todo lo contrario. A su juicio, es el momento de que el bloque comunitario se embarque en una revolución económica y se convierta definitivamente en una verdadera potencia geopolítica mundial. Macron aseguró que presionará a sus colegas europeos para que aprovechen “el momento Groenlandia” —el lema que expone la gravedad de las relaciones transatlánticas— para avanzar con inusitada rapidez en una agenda reformista que ha estado “largamente postergada” y que resulta crucial para reducir la dependencia europea de EEUU y China.

“Tenemos ante nosotros un tsunami chino en el frente comercial y frentes borrascosos que se aproximan desde la vertiente estadounidense”. A Macron —en declaraciones a varios medios del Viejo Continente— estas dos amenazas le genera “una profunda conmoción” porque apunta “a una posible ruptura de la construcción europea”.

En su llamamiento a la reacción europea ante un gesto claro de agresión de una administración estadounidense “abiertamente antieuropea que desprecia a la UE”, asegura que no hay margen para medias tintas: doblegarse [ante Trump] o unirse y fortalecer el espacio comunitario.  

El telón de fondo que preside ambos relatos es el mismo. EEUU y China han dejado de respetar las reglas del orden económico liberal con sus subsidios masivos, sus controles tecnológicos y su coerción comercial, o el uso geoestratégico de materiales críticos. Este elenco de herramientas se ha hecho habitual en mayor o menor medida en el modus operandi de Washington y de Pekín. Con efectos devastadores y un uso, en ocasiones, indiscriminado como los aranceles recíprocos.

A ello se suma una colisión a punto de ocurrir sobre la regulación europea a grandes plataformas digitales. Bruselas reivindica un escenario de competencia leal y protección de derechos civiles frente a las big techs americanas. Washington amenaza con represalias por impedir —proclama— el negocio de sus multinacionales en el Viejo Continente. En este affaire también confluyen las tesis de Draghi y Macron, que aducen que la soberanía europea ya no puede ejercerse desde los Estados-nación, sino únicamente desde una arquitectura —marcadamente federal a los ojos del ex primer ministro italiano— lo suficientemente resistente como para decidir, invertir y poder defenderse como bloque.

Federalismo 'draghiniano'

El argumento de Draghi parte de la experiencia institucional. Allí donde Europa se ha “federado” —comercio, competencia, mercado único y política monetaria— actúa como un actor respetado y con capacidad de negociación. Pero en los ámbitos donde no ha progresado hacia este modelo —defensa, política industrial y acción exterior— aparece fragmentada y, por tanto, vulnerable. Esa asimetría es especialmente costosa en la actual fase de la globalización, que el expresidente del BCE describe como un sistema “disfuncional”, surgido desde ingreso de China en la OMC en 2001 y que se ha agravado por el giro estratégico de la Casa Blanca.

Macron llega a la misma conclusión desde la geopolítica. Según su relato, Europa no debe caer en una “falsa sensación de seguridad”. Pese a la “distensión momentánea” con Washington. Sin una autoridad común y homogénea en política exterior y sin respuestas económicas coordinadas incluso un territorio europeo como Groenlandia puede convertirse en moneda de cambio. Unos focos de tensión que se trasladarán —augura— a la aplicación de la Digital Services Act europea de regulación de contenidos, datos y libre competencia en plataformas digitales. “No dejemos que nuestros hijos tengan un cerebro puramente mercantilista”, expresó a Financial Times. No es un gesto moral, sino un acto de exigencia regulatoria que solo es creíble si se ejerce de una manera unificada y con poder para resistir represalias comerciales del otro lado del Atlántico.

La lectura económica refuerza esta visión. El informe de Draghi sobre competitividad estima que Europa necesita inversiones adicionales cercanas a los 800.000 millones de euros anuales para evitar la desindustrialización y atraer de nuevo localizaciones empresariales que refuercen todo el entramado de seguridad económica de la UE y fortalezcan las cadenas de valor y el mercado interior. Sin embargo, algo más de un año después de su cruda radiografía de situación —y la de su colega italiano Enrico Letta, más enfocada a los mercados de capital— apenas se ha movilizado una fracción de estos recursos. El problema no es solo financiero —avisa Draghi— sino institucional, porque el presupuesto europeo ronda el 1,1% de la renta nacional y la UE carece de un sistema impositivo común, lo que atrofia su músculo para responder a la política industrial americana o al modelo exportador chino. Cada vez más subvencionados.

El FMI, además, trasladó otra debilidad adicional. Completar el mercado único es una condición necesaria, como subraya el diagnóstico Draghi, aunque no suficiente. Europa —argumenta— debe atender su fragmentación regulatoria, que actúa como un “arancel invisible” que encarecen en un 44% los bienes que circulan por el espacio comunitario y en un 110% los servicios. Para The Economist, “sin una escala verdaderamente continental, Europa no puede competir ni en IA ni en energía ni en defensa”. Para Macron estos déficits institucionales demandan una “revolución económica” financiada con deuda común —no llega a mencionar los bonos europeos que reclama el dirigente italiano para avalar los grandes objetivos geoestratégicos de la UE— destinada a dar impulso a la IA y la computación cuántica, la transición energética y a la industria militar. Con el único objetivo —precisa— de proteger tres prioridades críticas frente a las prácticas desleales de las dos superpotencias.

Para Draghi, la respuesta es un “federalismo pragmático” que permita a un núcleo de socios, los que deseen acelerar procesos de integración, activar la Europa a dos velocidades. Pero siempre como una federación genuina —matiza— nunca como formato de cooperación flexible y reversible.

Sin embargo, existen zonas de resistencia. Y nada desdeñables. Hay capitales que temen perder sus controles nacionales y otras que recelan de políticas industriales que alteren la ortodoxia del mercado único. Pero la alternativa es más costosa, asegura Draghi, porque la amenaza externa puede unir, aunque únicamente la esperanza de un proyecto común sostendrá este esfuerzo. Y este propósito reclama instituciones federales capaces de transformar el peso y la capacidad de influencia económico-comercial de la UE a la esfera geopolítica.

El nuevo orden global se ha convertido en una cruzada funcional en la que Europa deberá elegir si quiere seguir siendo un espacio regulatorio fragmentado, objeto de tensiones nacionalistas, o un actor soberano que defienda su modelo económico y social. La convergencia entre Draghi y Macron sugiere que el tiempo de la ambigüedad se ha agotado para Europa.

Los expertos comparten el criterio federalista

Más de un año después, apenas el 11% de las casi 900 medidas propuestas por el ex premier de Italia se han aplicado y se mantiene la confederación de socios con vetos nacionales que —resalta— “no produce poder”. Desde el sector financiero, Fabrizio Campelli, responsable de inversión de Deutsche Bank, subraya los límites de una estrategia puramente defensiva. “Competir bajando costes salariales debilitará la innovación y alimentará aún más la tensión social y el populismo” en un momento en el que el viraje geopolítico de una administración estadounidense “mucho menos proclive a garantizar la seguridad europea”, obliga a financiar los gastos de defensa, las infraestructuras y las cadenas industriales.

Para Campelli, más deuda o más impuestos solo pueden ser soluciones transitorias, porque “el impacto duradero [de estas medidas] depende de cómo se estructure el gasto y de si llega a las pymes, a los cauces innovadores de las empresas y a las cadenas de suministro europeas”. Esta canalización requiere, para ser eficiente, coordinación supranacional y un ecosistema financiero alineado con unos objetivos comunes, “algo difícil sin un marco, al menos, cuasi federal”.

Guntram Wolff Grabbe y Jeromin Zettelmeyer, analistas del Instituto Bruegel, comparte la visión federalista. Ambos reconocen que Bruselas “ha asumido buena parte del diagnóstico de Draghi en su Competitiveness Compass”, pero alertan de “una contradicción nuclear, el impulso de una política industrial ambiciosa sin dotarla de financiación centralizada”. Y, al confiar este esfuerzo inversor a las ayudas nacionales, “se corre el riesgo de fragmentar el mercado único y favorecer a los países con mayor capacidad fiscal”. En su opinión, “la coordinación voluntaria difícilmente sustituirá a un presupuesto europeo reforzado y, sin instrumentos fiscales comunes, las agendas industriales pueden acabar erosionando la cohesión y la productividad que pretende reforzar”.

Sébastien Maillard, investigador del Programa Europa de Chatham House, subraya la dimensión institucional. “Draghi no propone un big bang federal, sino coaliciones entre socios dispuestos a avanzar en competencias clave sin unanimidad” y recuerda el precedente del euro, proyecto de integración con autoridad exclusiva y credibilidad que actúa, de facto, como un mecanismo federal sin proclamarse como tal. Para Maillard, “Europa no puede aspirar a ser un poder global manteniendo una gobernanza pensada para la mera coordinación intergubernamental”.

En parecidos términos se manifiesta Fred Kempe, presidente del Atlantic Council, que interpreta las advertencias de Draghi como una reacción a la ruptura del orden internacional de posguerra. EEUU y China usan aranceles, subsidios y cadenas de suministro como instrumentos de coerción. En línea con la queja en voz alta de Draghi y con su reivindicación de que Europa debe decidir si sigue siendo “un gran mercado” o evoluciona hacia un “gran poder global”, lo que le exige “pasar de una confederación a una federación de estados”.

“La mitad de los canadienses están a favor de unirse a la UE”. Palabra de Mark Carney, el primer ministro del vecino del norte de EEUU, al que Donald Trump tiene más enfilado entre los aliados tradicionales de la Casa Blanca. Porque “Canadá es el país más europeo de entre las naciones que no pertenecen a la UE”. Constatación de que el liberal antiguo gobernador del banco central canadiense durante el colapso crediticio de 2008 y del Banco de Inglaterra entre 2013 y 2020 –hito insólito porque nunca nadie ha llevado las riendas de dos autoridades monetarias del G-7– no comulga con el proteccionismo ni la doctrina MAGA que impulsan las políticas del inquilino actual de la Casa Blanca.

Canadá comparte con EEUU y México el espacio aduanero USMCA que Trump se encargó de refundar en su primer mandato tras enterrar al llamado hasta entonces Nafta norteamericano.  

Carney es un verso suelto en un mundo dominado por la geopolítica y los lobbies tecnológicos en busca del cetro competitivo que se concederá, teóricamente, al vencedor de la carrera por la IA. Antes de su triunfo en las elecciones presidenciales canadienses del pasado mes de marzo el actual premier no había dejado rastro de actividad en la arena política de su país. Aunque, desde entonces, ha emitido sobradas señas de identidad. Hasta el punto, de que se le identifica con la imagen de antagonista del dirigente estadounidense. Desde la reciente cumbre de Davos, en la que se amplificó su resistencia militante al America, first y hacia el odio del trumpismo a todo lo que suene a woke.

Tan solo unas Semanas más tarde de las embestidas de Trump contra Groenlandia y los socios europeos de la OTAN que defendieron su soberanía danesa y dejaron temblando la arquitectura transatlántica, la figura de Carney revelaba que Canadá –y Europa, al menos, sobre la mesa– se negaba a jugar en el tablero de ajedrez global que plantea la Casa Blanca.

Su idea gira en torno a la ruptura de los históricos lazos transatlánticos y a la asunción de que el orden liberal liderado por EEUU ya no volverá. De modo que las democracias de las potencias industrializadas deben reorganizarse junto a los grandes mercados emergentes para sobrevivir a las amenazas y coerciones de Washington. O, dicho de otro modo: deben articularse alianzas entre potencia intermedias con suficiente músculo económico y comercial como para combatir el bilateralismo impuesto por Trump. Bajo unas reglas de juego comunes que garanticen el libre tránsito de mercancías, servicios y capitales y la diversificación comercial, defiendan los estados de derecho y se alíen contra el cambio climático.

El mensaje, según un cierto consenso diplomático, estaba dirigido a la UE, Japón, Australia, Brasil e India, y alertaba contra la soberanía hegemónica estadounidense. Aunque con acuse de recibo especial a su añorada Europa. O se emancipa de EEUU o acepta una subordinación con visos de convertirse en estructural, dijo. Su discurso de Davos dejó un mensaje subliminal, pero a la vez, descifrable, a Bruselas: Encuentren aliados más allá del eje transatlántico, incluso flexibilizando la entrada de los vehículos eléctricos chinos para contrarrestar a los aranceles estadounidenses, y tómense en serio sus acuerdos comerciales con Mercosur e India.

Arquitecturas comercial y financiera en mutación

La tercera vía de Carney parece haber reposicionado la táctica geoestratégica a ambas orillas del Atlántico. Así, mientras la versión Trump 2.0 y sus aranceles recíprocos con armas correctiva de renegociación han hecho mella en tratados post-Davos como el de Taiwán y Corea del Sur o han corregido los excesivos peajes a la importación con el gigante indio, la UE ha mostrado empeño en sellar definitivamente el suyo con Mercosur y con Nueva Delhi. Pero con notables diferencias. Las que precisamente describió el jefe del Gobierno canadiense en el retiro invernal suizo.

La Casa Blanca no ha forjado estos acuerdos según los criterios del libre mercado, sino mediante unas exigencias geopolíticas explícitas. Desde relocalizaciones industriales, hasta directrices de disciplina política interna o realineamientos con EEUU en el nuevo orden global. A Taiwán, por ejemplo, le rebaja aranceles a sus chips a cambio de compromisos de inversión y avales de medio billón de dólares para producir en EEUU. A Corea del Sur, uno de sus grandes aliados en Asia, se le amenazó con mayores gravámenes si Seúl no se saltaba el trámite parlamentario y rubricaba el pacto de urgencia. La India de Delhi salvó sus tarifas del 50% del verano pasado a cambio de aceptar férreos controles a la compra de petróleo ruso.

A esta ristra de acuerdos forzados se une la pretensión de Trump, descrita con precisión durante su estancia en Davos, de atacar arancelariamente a Groenlandia y los socios europeos hasta que no comulgasen con sus deseos anexionistas. En el mercado han puesto nombre a esta táctica. Es el TACO (Trump Always Chickens Out, que se traduce como “Trump siempre se acobarda”) y responde a la convicción inversora de que el dirigente republicano sigue un patrón de comportamiento preconcebido: sus amenazas crean volatilidad inicial en las bolsas; pero, sin embargo, se acaban diluyendo por los elevados costes económicos y diplomáticos de sus ínfulas presidencialistas.

Esta táctica negociadora made in US basada en la escalada y el repliegue que reduce de manera drástica la confianza bilateral, encarece el capital, distorsiona los flujos de capital y acrecienta la fragmentación de la globalización, es lo que Carney trata de explicar a otros agentes estratégicos del planeta. Europa, aparentemente, ha renegado estas semanas de la influencia trumpista. En algunos círculos diplomáticos creen por su exposición directa a las amenazas estadounidenses en el caso de Groenlandia. De ahí que la aceleración de tratados con Mercosur o India se hayan magnificado como una estrategia dirigida a diversificar riesgos y a reducir la dependencia de un socio dispuesto a instrumentalizar el comercio como arma política. O que se avance en el pacto con Australia. Incluso que la Eurocámara haya sacado esta semana del congelador la negociación con EEUU tras el affaire groenlandés.

En el terreno financiero, las aguas también bajan revueltas desde Davos. La burbuja de la IA y la nueva geopolítica tecnológica están reordenando los mercados y han situado estos últimos días las stablecoins, los chips y el negocio del software bajo presión. El nuevo ciclo de la IA está creando un efecto dominó que comienza a desmoronar la resistencia inversora ante unas valoraciones desorbitadas de los criptoactivos, deja traslucir que el bloqueo estratégico de EEUU hacia chips con destino a China --incluso los de Nvidia-- es más serio de lo que asegura Trump o que el temor a que la propia IA destruya parte del negocio tradicional del software tiene visos de realidad.

Tether ha tenido que recortar sus ambiciones financieras tras el rechazo inversor a su valoración de medio billón de dólares. Incluso el banco central cripto parece toparse con límites cuando el apetito especulativo se enfría. Entretanto, Nvidia sigue atrapada en la guerra tecnológica EEUU-China, con las ventas de chips H200 a Pekín paralizadas por revisiones de seguridad nacional por parte de EEUU que reflejan el control federal de los semiconductores, convertidos en armas de política exterior. Y Wall Street empieza a descontar daños colaterales en la IA con herramientas que amenazan a firmas de software y que dibujan la llegada de un duro ajuste sectorial.

Hasta 56.000 empleos están listos para recortar en el ecosistema tecnológico estadounidense, han advertido varias de sus grandes compañías en las últimas dos semanas.

¿Un CanadEU? utopía o ‘realpotitik’

La confluencia de intereses demográficos, energéticos y de valores entre Canadá y la UE induce a sacar una posible vinculación de Ottawa en el edificio institucional de Bruselas del cajón de los sueños. Integrar una población joven como la canadiense en unas sociedades envejecidas como las europeas, con una inmensa y rica variedad de materias primas energéticas y minerales que, a los ojos de Carney, son la llave para alcanzar la “autonomía estratégica” de EEUU y con valores multilaterales compartidos, hacen factible la opción de un CanadEU.

El término lo ha popularizado The Economist en un reportaje en el que centra el debate en los recientes acuerdos bilaterales en defensa, comercio y seguridad. Esta entente cordiale convierte la posibilidad de una adhesión de Canadá en “algo menos abstracto”.

Sobre todo, si arrastra a un Reino Unido laborista que no descarta destensar las rígidas cláusulas del Brexit. En un momento en el que, además, las dinámicas del comercio interior comunitario no son precisamente intensas. Todo lo contrario. Entre 2023 y 2025, los intercambios entre los socios comunitarios se han reducido un 1,3%.  

John Authers, columnista de Bloomberg, aduce que Reino Unido necesita un nuevo acuerdo con la UE al cumplirse el primer aniversario de la versión Trump 2.0 que ha demolido el sistema de libre comercio para impulsar una economía, la británica, estancada, que puede derrumbar a otro gobierno -y van seis- desde el referéndum y que contentaría a la City, la industria y las patronales del país.

La sintonía Keir Starmer-Mark Carney también juega en esta dirección. Aunque la crisis abierta en torno a la figura de Starmer por la designación del príncipe de las tinieblas, Peter Mandelson, como embajador en Washington, pese a conocer sus lazos con el pederasta Jeffrey Epstein, le pueda pasar factura e interrumpir iniciativas del tándem británico-canadiense.

En un momento crucial, en el que Financial Times subraya que Ursula von der Leyen priorizó en 2025 evitar a toda costa una guerra comercial con EEUU, lo que ha retardado los avances en la Unión de mercados de capitales o en la culminación del mercado único, dos de las metas más estratégicas de los informes de los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta. Pese a que desde el European Research Council constaten que por primera vez se alinean retos industriales, desafíos políticos y las hojas de rutas científicas en una agenda de competitividad con sello I+D+i. Canadá y Reino Unido ayudarían a suturar las brechas crediticias y la aversión al riesgo de este salto competitivo frente a EEUU y China.

Aunque el telón de fondo de esta estrategia muestre serias dificultades. Con la UE bloqueando iniciativas por presiones internas, Canadá altamente dependiente del mercado estadounidense y los emergentes multilateralistas desconfiando de un orden global que perciben como hecho a imagen y semejanza de las potencias industrializadas.

Aun así, la reciente adhesión de Ottawa al programa europeo de defensa SAFE ha iniciado una fase de integración que, probablemente, pueda ser de no retorno, asegura John Feffer, director de Foreign Policy in Focus del Institute for Policy Studies: “forman una unión silenciosa, aunque profunda”. Canadá --recuerda-- es el primer país ajeno a la órbita comunitaria en ser admitido en SAFE, “una señal política de alto voltaje porque pondrá en marcha una interoperabilidad militar, cadenas industriales compartidas y una convergencia regulatoria”. En torno a un alejamiento de la Pax Americana en la que ninguna de las parte cree.

Todo ello hace algo más probable el sueño de Robert Hage, veterano diplomático y analista del Canadian Global Affairs Institute, de un eje Canadá-Reino Unido-UE, que ha rescatado hace poco para el think tank Konrad-Adenauer-Stiftung. “No fue casual” -rememora- que Canadá fuera el primer país signatario de un pacto comercial de la UE cuando Bruselas asumió la soberanía en esta materia, en 1976. Y que lo rubricara el entonces jefe de Gobierno Pierre Trudeau, padre de Justin, predecesor de Carney en el cargo y como líder del partido liberal.

En sintonía con John Hulsman, dueño de la consultora de geopolítica que lleva su nombre y Boris Liedtke, profesor en la escuela de negocios Insead, para quienes “la guerra comercial de Trump abre la puerta a un giro que cambiaría el pulso de la geopolítica”. El caos arancelario trumpista es del todo “ridículo” porque “ni Europa, ni Canadá ni México son China, y nunca se trata a los aliados como a supuestos rivales geoestratégicos”. Por ello, si los socios de EEUU siguen la senda de Washington, “perderán una oportunidad histórica”. Pero si, con imaginación, “aprovechan el error táctico de Trump, alterarán el juego por completo”.

Los mercados de capital han dejado de sentirse cómodos tras un largo año de convulsiones en las políticas económicas de la Administración Trump. Aranceles recíprocos de ida y vuelta que han convertido el libre comercio en una plaza de mercaderes en la que EEUU ejerce una gestión de los acuerdos bajo amenazas y exigencias coercitivas, un proteccionismo industrial que premia con subvenciones a la vieja economía fósil e invoca la seguridad nacional, y un intenso ejercicio de acoso contra el poder soberano de la Reserva Federal en el terreno monetario.

Pero ni siquiera esta triple cruzada contra el liberalismo en el paraíso del capitalismo –ni los atentados contra la legalidad de la ICE en Minnesota– han sido capaces de minar el dogma MAGA que impregna la doctrina económica del trumpismo. Al menos hasta ahora, porque al inicio del segundo asalto del retorno de Trump al Despacho Oval, aliados como Canadá o Europa han empezado a mostrar sus primeras señales de rechazo a las beligerantes acciones exteriores de Washington, su disconformidad con sus intereses geopolíticos. Por su parte, las compañías tecnológicas, que han contenido cualquier conato de retroceso bursátil en 2025 al amparo del boom de la IA, empiezan a mostrar la grietas de unas inversiones billonarias en la carrera competitiva por el cetro de la computación mundial: destrucción de empleo y admisión de que la magnitud de sus despliegues de capital hacia la IA puede contener demasiados fuegos artificiales.

Sin embargo, la mano más visible que está moviendo los mercados en este inesperado inicio de 2026 es el dólar. El emblema del liderazgo económico estadounidense navega en un mar de dudas, en estado de libre flotación, aunque con una trayectoria descendente que ya está arrastrando por la montaña rusa cambiaria a las divisas del G-7. Unas, como el yen japonés, emitiendo signos de debilidad; otras, como el euro o las monedas de los países escandinavos –economías de rentas altas sensibles a los impulsos del billete verde americano– en ascenso.

Trump dice no estar preocupado, pero Scott Bessent, su secretario del Tesoro, se ha visto obligado a defender la histórica política de un dólar fuerte y a desmentir la insinuación de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de una hipotética intervención coordinada con EEUU para contener las fluctuaciones de la divisa japonesa y su rampante mercado de bonos. Esta semana ha marcado repuntes de más de 25 puntos básicos en alguna sesión diaria y rentabilidades superiores al 4%.

La agenda fiscal expansiva de Japón ha acelerado un cambio de rumbo en un país que, según los cálculos de Takaichi, le otorgará la confianza el próximo 8 de febrero en unas elecciones anticipadas convocadas al calor de su amplia aceptación social, en cotas desconocidas para un primer ministro desde hace décadas. Pero no es el único foco de alerta. El dólar débil, lejos de aliviar tensiones con Europa, ha expuesto la fragilidad de socios monetarios como Alemania, que ha entrado en su tercer ejercicio de recesión con episodios leves de crecimiento anémico con un euro demasiado fuerte como para estimular su sector exterior.

También el oro, las materias primas metálicas, un incierto panorama comercial sin una clara radiografía de vencedores y perdedores en la guerra arancelaria, y una IA que ya deja retazos de una distorsión entre inversiones y proyectos corporativos que justifiquen los billonarios esfuerzos de capital, anticipan que algo huele en los mercados que recuerdan a otras burbujas especulativas del pasado. Muy en concreto, la punto.com, con cariz tecnológico, aunque sin la proyección innovadora que ahora ha irrumpido hacia la computación cuántica. Estos cinco análisis ayudan a esclarecer si habrá o no una debacle financiera en 2026, escenario que no descarta el FMI. 

1. El dólar, la madre de todas las batallas

“Miren los negocios que estamos haciendo”. Las palabras de Trump aludían a la bonanza de su sector exterior con ventajas competitivas vía precios con una divisa que se ha depreciado un 10% desde su retorno a la Casa blanca y que registra su nivel más bajo en 4 años con las monedas del G-10, la cesta de referencia que marca el compás cambiario. Pero el mercado dictamina otra interpretación. Existe un cierto consenso en que se ha abierto el negocio de la devaluación del dólar, con un elevado componente especulativo, que impulsa al oro y la plata por encima de los 5.250 y los 115 dólares por onza, respectivamente, añadiendo margen a una caída que podría ser de calibre, en caso de que se estabilice el valor.

Aunque la elección este viernes de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal por parte de Donald Trump interrumpió una vertiginosa recuperación que también catapultó a la plata, el cobre y el platino a máximos históricos esta semana.

El euro, entretanto, superaba la barrera de los 1,20 dólares, lo que ha movilizado a varias de las voces del comité ejecutivo del BCE a alertar de rebajas de tipos si la cotización continúa en una proporción que resta competitividad exterior. Desde enero de 2025, la divisa común ha recuperado un 15,5% de su valor respecto al billete verde. En firmas como Gavekal, creen que esta brusca corrección se debe a un triple factor de riesgo: por un lado, una pérdida de la confianza inversora en la flexibilización de la Fed para rebajar tipos; por otro, a episodios de injerencias renovadas de la Casa Blanca en la soberanía de su autoridad monetaria y, en tercer término, a futuras embestidas de Washington hacia la OTAN o la pasarela comercial transatlántica, con amenazas arancelarias hacia los socios europeos que motiven una venta masiva de bonos americanos por parte de inversores e instituciones del Viejo Continente.

Algunos analistas han recordado estos días la frase del secretario del Tesoro, John Connally, quien, en 1971, formando parte de la Administración Nixon, y en pleno cambio de patrón monetario del oro al dólar, añadió que el billete verde americano “es nuestra moneda, pero es vuestro problema”. 

2. Contagio al Extremo Oriente

Japón también sufre sus secuelas. El cóctel de una inflación persistente con el primer alejamiento en décadas de los tipos de interés próximos a cero y una agenda fiscal expansiva ha volatilizado los parqués financieros nipones, que mantienen unos 5 billones de dólares invertidos en el exterior, y disparado el rendimiento de sus bonos soberanos a largo plazo. Los contactos, corroborados por Takaichi, a quien le gusta su apodo de la Thatcher japonesa, entre la Fed de Nueva York y entidades financieras niponas dieron alas a los inversores para intuir una acción concertada entre los dos bancos centrales –el BoJ y la Reserva Federal– para contener la caída libre de ambas divisas.

Con todo, la defensa del yen podría provocar ventas de reservas –incluidos bonos del Tesoro– y trasladar el pánico inversor al mercado de bonos americanos, donde ya habita un clima de especial sensibilización ante cualquier señal contradictoria sobre la divisa de referencia del comercio, las materias primas y las reservas internacionales.

3. El oro vuelve a ser el termómetro del riesgo

A juicio de Carsten Menke, responsable de Investigación Next Generation de Julius Baer, “el comercio de la devaluación está en auge” por la debilidad del dólar, lo que eleva la sensibilidad del oro, la plata y otros activos a las fluctuaciones del billete verde. En su opinión, los inversores “no están reaccionando ni a un retroceso real, de apenas un 3% en enero, ni al riesgo percibido de una erosión estructural de su valor en un contexto de incertidumbre política. Los flujos especulativos dominan sobre la coyuntura económica.

Estos movimientos telúricos, que han contagiado a la plata y metales como el cobre, recogen también réplicas sísmicas de cierto voltaje como el temor a otro cierre del Gobierno federal norteamericano por los altercado policiales en Minnesota, la sucesión de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal o las tensiones con aliados de la OTAN reavivadas por Groenlandia, lo que refuerza el sell America trade –ventas de bonos del Tesoro americano desde latitudes europeas y japonesas– o la idea de impulsar un euro como divisa anti-dólar.

4. Las ‘big tech’ añaden dudas sobre la IA y reactivan los expedientes de desempleo

Hay varios botones de muestra. El pistoletazo de salida lo lanzó a comienzos de semana Amazon y su anuncio de recorte de 16.000 empleos. La ola de despidos por la competencia interna de la IA en las grandes tecnológicas americanas para eliminar capas de burocracia y reducir estructuras de gestión –según el mercado– manda una señal nítida de que la carrera por la IA está empujando a las big tech hacia modelos menos intensivos en capital humano.

El volantazo no parece un hecho aislado. Ni genuinamente americano. ASML eliminará 1.700 puestos centrados en gestión. Meta, Pinterest o Autodesk también recortan empleo con el objetivo de reasignar recursos hacia inversiones en IA. Al igual que Samsung. Wall Street ya empieza a ver el gasto billonario en algoritmos y computación cuántica no solo como motor de crecimiento, sino como riesgo financiero. Porque los inversores comienzan a poner en tela de juicio que los generosos proyectos en IA sirvan para acelerar la productividad y crear mayores retornos de beneficios.

Aun así, Meta se ha convertido en el nuevo estandarte de la inversión innovadora con unos desembolsos de capital de hasta 135.000 millones de dólares con los que arrastrará a toda su cadena industrial –desde fabricantes de chips hasta proveedores de maquinaria– en una escalada que redefine sus prioridades estratégicas y tensiona el negocio de los chips.

Aunque también afecta al hardware. Samsung, SK Hynix y ASML capitalizan el apetito voraz por la IA en este segmento productivo con beneficios récord, pese al peligro de un creciente desequilibrio entre oferta y demanda que amenaza a sectores clásicos como la electrónica de consumo o la automoción. Microsoft y, sobre todo, Tesla y la insistencia de Elon Musk de crear fábricas propias en EEUU, serán las que tendrán que dar más explicaciones en futuros trimestres. A la espera de que se desvelen las hojas de ruta de 2026 de Apple y Nvidia, la IA no tendrá en el futuro inmediato el plácet de confianza del ejercicio pasado. 

5. 'Stablecoin', otro foco de disrupción

La Ley Genius americana del pasado verano ha sido el detonador de un viraje monetario aún por cuantificar en toda su dimensión. La gran banca de inversión americana ya dispone de prototipos de pagos con sus propias divisas digitales, con tecnología blockchain y vinculación al dólar. Todo un arma geopolítica y financiera para la Casa Blanca, afirma Gillian Tett, una de las consejeras editoriales de Financial Times, que suscribe su histórico responsable de análisis económico Martin Wolf en una reciente tribuna de opinión. La idea de Trump es “extender el uso global de activos digitales denominados en dólares, lo que ayudaría a sostener la demanda de deuda pública estadounidense y, con ello, a financiar déficits crecientes”.

El temor es compartido por el FMI, la OCDE y el Banco Internacional de Pagos, que cuestionan la capacidad de las stablecoins para velar por la estabilidad, la integridad y el funcionamiento de la arquitectura financiera global. EEUU –dice Wolf– está dispuesto a avanzar rápido para romper cosas, por lo que Europa “debe resistir, reforzar su soberanía monetaria y apostar por unas stablecoins propias y estrictamente reguladas bajo las directrices del BCE y con el euro electrónico como mástil monetario”.

El Producto Interior Bruto (PIB) español acaba de recibir el certificado del FMI como economía con más de 2 billones de dólares de capacidad productiva anual. Medido en euros, hoy representa alrededor de 1,6 billones de euros. En algo más de dos decenios, ha duplicado su valor, medido en dólares, a precios corrientes de mercado (teniendo en cuenta la inflación), el baremo que usa el Fondo Monetario Internacional para calibrar la composición de su ranking cada ejercicio. En 2003, la producción anual de la economía española era de un billón de dólares.

El Fondo Monetario cifra el tamaño del PIB español en 2,04 billones de dólares al inicio de 2026, tras registrar el incremento del último ejercicio y después de un largo bienio en el que el WEO –el informe económico de la institución– ha venido señalando a España como la potencia de rentas altas más dinámica. En este ciclo ha intercambiado este rol con EEUU y Canadá. Con este reconocimiento, la cuarta economía del euro recupera dos puestos respecto a 2025 –tres desde que se superó la Gran Pandemia– y se erige en el decimosegundo PIB mundial, como recoge el portal Worldometer que ofrece datos en tiempo real y recopila los del FMI. España está a cierta distancia –aunque factible de sobrepasar– de la capacidad productiva de Brasil (2,29 billones de dólares), Canadá (2,29 billones) y Rusia (2,42), que le anteceden entre el decimoprimer y noveno peldaño del ranking, aunque a una todavía más escasa diferencia de las de México, Australia y Corea del Sur, que le pisan los talones con 2,03; 1,95 y 1,94 billones respectivamente.

Los cálculos del Fondo impulsan en paralelo el PIB per cápita español por encima de los 40.000 dólares y certifican un repunte de tres décimas, hasta el 2,3%, para 2026 y de otras dos, hasta el 1,9%, para 2027, en sus predicciones actualizadas de su última reunión (en octubre), en la cumbre de Davos, lo que añade más madera a la reducción de la brecha con sus principales socios del euro y las potencias que la anteceden en la clasificación mundial del FMI.

El PIB per cápita español se sitúa, sin embargo, en el puesto 42 del ranking del Fondo, entre Puerto Rico, que le precede, y Bahamas, pero a escasos 5.000 dólares de Italia. ¿Por qué? Esencialmente, porque los paraísos fiscales registran billonarios ingresos de grandes fortunas y multinacionales que se trasladan a sus territorios de baja tributación y –en la mayoría de ellos– secreto bancario con sus escasas presiones demográficas. Y, a la vez y en sentido contrario, se constata los repuntes del PIB de los grandes mercados emergentes que, en el reparto individual de su riqueza nacional, tienen que atender ingentes masas poblaciones.

Solo así se explica que los 6 primeros puestos (Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo, Bermudas, Irlanda y Suiza) sean enclaves considerados centros off-shore o “tributariamente dañinos”, como les identifica la OCDE, aunque no estén en listas oficiales de paraísos fiscales por sus supuestos progresos en el intercambio de información impositiva con autoridades judiciales de países que han emprendido acciones contra particulares o empresas de evasión tributaria. Que las Islas Caimán, en el noveno peldaño, anteceda dos posiciones a EEUU que, a su vez, precede a la Isla de Man –paraíso impositivo del mar de Irlanda, bajo soberanía británica–. Que las naciones nórdicas europeas se sitúen entre los 26 primeros del ranking con sus rentas altas y sus reducidas poblaciones. O que, por el contrario, los grandes mercados emergentes queden relegados a unos lugares demasiado bajos.

Cambio de modelo: digitalización y renovables

Buena parte de este renovado salto de prosperidad española se debe a la intensa diversificación del patrón de crecimiento del último lustro. A raíz de la recepción de los fondos Next Generation, España ha añadido a sus dos motores tradicionales –el turismo y la industria de la construcción y el sector inmobiliario– otras dos fuerzas motrices –la digitalización y la sostenibilidad– hacia las que se han dirigido preferentemente los recursos europeos.

El impulso de las nuevas tecnologías ha surgido en un momento crucial, “cuando la IA comienza a comportarse como una catapulta de productividad”, asegura el Global AI Vibrancy Tool 2025, elaborado por el Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI), informe que concede a España el séptimo lugar entre las economías que han logrado intercalar la innovación en su modelo de crecimiento. Según este estudio, “la ventaja competitiva de la IA no se mide solo en laboratorios punteros o unicornios tecnológicos, sino en incorporarla a sus empresas y agentes económicos”.

Esta reconstrucción del patrón productivo hispano tampoco ha pasado desapercibida entre los servicios de estudios nacionales. Judit Montoriol, economista de CaixaBank Research, lo dice en estos términos: “los servicios avanzados –finanzas, seguros, comercio, logística y turismo–, concentran la mayor parte del uso efectivo de la IA por ser actividades intensivas en datos, con procesos relativamente estandarizables y que están sometidos a una presión competitiva que acelera la innovación”.

Su compañero en CaixaBank Research, Àlex Ruiz, apunta otro factor determinante: “la adopción tecnológica llega antes allí donde los procesos son intensivos en información, lo que favorece a los servicios, en el caso español, frente a una industria cuyos costes de integración resultan más caros”. El resultado -añade- es un modelo de crecimiento tecnológico menos vistoso que el que exhiben las grandes plataformas, pero potencialmente más integrador y expansivo.

Alba Taboada Villamarín, investigadora de Funcas, enfatiza otro vector que ha emergido en este periodo: la implantación de herramientas de IA en sanidad, el sector público y las energías, que se han acelerado al calor de los fondos europeos, y de un marco regulatorio uniforme, lo que ha permitido insertar un elemento intangible pero decisivo, la confianza en la digitalización que, en su opinión, “está facilitando el despliegue de la IA en ámbitos sensibles”, fenómeno que “no está ocurriendo con la misma intensidad en otros países”.

Este avance tecnológico español se ha trasladado a ámbitos como el de la ingeniería, las energías renovables, digitalización de redes o gestión avanzada de infraestructuras, ejes estratégicos de esta diversificación económica. Un estudio de la consultora Roland Berger desvelado en Davos, destaca esta hoja de ruta.

La última memoria anual del Consejo Económico y Social (CES) es elocuente al respecto. Asegura que la expansión de las renovables no solo ha permitido que la generación limpia supere el 55 % del mix eléctrico nacional, sino que actúa como potente generador de empleo y de actividad en sectores intensivos en conocimiento y en tecnología, entre los que menciona la construcción especializada, ingeniería, fabricación de equipos o los servicios de instalación y mantenimiento. Este tránsito hacia la sostenibilidad con mejora estructural de competitividad por la reducción de la dependencia energética exterior ha configurado un mercado laboral dinámico con creación de empleo superior al promedio europeo.

La tradicional encuesta que la firma de servicios profesionales PwC publica en la inauguración de la cumbre de Davos (Suiza) corrobora que los máximos ejecutivos de las empresas —la mayoría con una indiscutible vocación global y negocios transfronterizos— no comparten el comportamiento que han reflejado las bolsas en 2025. El sondeo concede notable credibilidad a la existencia de una burbuja especulativa en la inteligencia artificial (IA) y sitúa a España entre los destinos preferentes de los grandes directivos globales.

La tradicional encuesta de esta Big Four, publicada este lunes, está respaldada por una muestra de 4.454 consejeros delegados de 95 mercados —el 35%, responsables de negocios con entre 100 y 1.000 millones de ingresos anuales— y fue realizada entre octubre y mediados de noviembre. Recoge que más de la mitad de los encuestados —el 56%— asegura no haber visto incrementos en sus beneficios e ingresos ni recortes de costes por la aplicación de planes de inversión de la IA en sus cadenas de valor.

La IA ha catapultado a máximos históricos (5 billones de capitalización) a la estadounidense Nvidia, la firma con más capacidad para fabricar chips de alta gama que abastecen el negocio tecnológico de la computación cognitiva hasta la cúspide del sector privado. El diferencial entre esa pujanza bursátil y la eficiencia real de los proyectos empresariales es justo el temor que manifiestan los analistas. Críticos con el espectacular rally alcista de los valores con sello IA en 2025, recomiendan a sus clientes sondear las cuentas de las empresas y fondos que componen sus carteras y vigilar sus movimientos inversores para eludir posibles correcciones bruscas en 2026.

Aun así, casi un tercio de los consultados por PwC (el 30%) declara haber elevado sus tasas de retorno de ingresos y flujos financieros por sus inversiones en IA en los últimos doce meses. Y una cuarta parte (el 26%) dice haber registrado reducción de costes. Pero solo el 12% dice haber conseguido simultáneamente crecer y ganar eficiencia.

Otro rasgo revelador del sondeo de la consultora en Davos, que va por su vigésimonovena y que en esta edición lleva el elocuente título de Liderando la incertidumbre en la era de la IA, es que los consultados no se sienten cómodos con el clima económico actual. Únicamente el 30% se declara muy confiado en aumentar los ingresos de sus compañías en los próximos doce meses, 8 puntos menos que la muestra de 2025 y lejos del máximo del 56% de 2022. La cota de 2026 es la más reducida desde que comenzó el ciclo de negocios post-Covid, en el tránsito entre 2020 y 2021.

El patrón de comportamiento con el que los CEO abordan este ejercicio resulta doblemente revelador. Por un lado, reconocen que La IA no compensa aún sus milmillonarias inyecciones de capital. O, dicho de otro modo: reconocen que genera valor cuando se despliega a escala, pero que precisa una intensa integración en procesos internos clave de las compañías y se apoya en unas infraestructuras de datos, una gobernanza de riesgos y cambios organizativos profundos.

El panel de encuestados deja, en consecuencia, un primer aviso a navegantes: la innovación de la tecnología IA avanza más rápido que la capacidad de muchas empresas para absorberla.

En segundo término, los consultados vislumbran una mayor debilidad coyuntural. El retroceso de la confianza en la economía refleja un entorno de riesgos superpuestos. El 31% de los directivos considera que su empresa está muy expuesta a pérdidas financieras significativas por ciberataques, proporción que mantiene un aumento constante en las últimas ediciones de esta encuesta. Además, el alto voltaje geopolítico añade otro poso de duda. Así lo manifiesta el 20% de los CEO’s, que atisba peligros derivados del proteccionismo y los aranceles recíprocos que ha instaurado la Administración Trump. Un 29% anticipa que los gravámenes de Donald Trump reducirán sus márgenes netos, aunque la mayoría espera impactos limitados.

Este escenario —precisa la encuesta— requiere de una permanente reconversión que demanda resiliencia activa: cambios constantes en un contexto internacional mutante, sin trayectorias definidas o que inviten al optimismo, alejadas del multilateralismo y las reglas de la globalización que han regido la economía mundial en el último cuarto de siglo. Las fronteras sectoriales se reconfiguran a medida que aparecen nuevos riesgos geopolíticos y retos competitivos relacionados con los avances tecnológicos y la productividad. Todo ello ha alterado ya la lógica tradicional de los negocios. Un 42% de los CEO afirma que su empresa ha empezado a competir en sectores alternativos a los suyos en el último lustro. Mientras, para el próximo trienio otro 44% espera la inmersión de sus compañías en procesos de fusiones o adquisiciones con corporaciones ajenas a su industria original.

No se trata —aseguran— de diversificaciones oportunistas. Las compañías que obtienen una mayor proporción de ingresos en nuevos sectores presentan márgenes más elevados y más confianza en su evolución a futuro. En un entorno de reconfiguración industrial, permanecer dentro de los límites históricos del sector se parece cada vez más a una estrategia defensiva. Aunque, al mismo tiempo, apelan a la cautela por las tensiones geopolíticas. Así, un 32% de los CEO admite que la atmósfera del orden global se ha enrarecido tanto que les hace menos proclives a grandes inversiones.

Una prudencia que, no obstante, acarrea costes. Las empresas con más prudencia —aquellas que no planean adquisiciones relevantes y reducen su apetito inversor— crecen, de media, dos puntos porcentuales menos y registran márgenes tres puntos inferiores a sus competidoras más emprendedoras.

Destino preferente

El sondeo sitúa a España como destino inversor preferente para los CEO. El mercado español aparece como uno de los destinos que ganan peso en el radar inversor de estos grandes directivos globales, aunque aún en un segundo escalón inferior al de EEUU o las grandes economías de Europa.

Un 8% de los CEO encuestados por PwC que planean inversiones internacionales sitúa a España entre los tres principales destinos en los próximos doce meses, frente al 6% del año anterior, lo que supone un avance moderado pero significativo, dada la creciente fragmentación geopolítica y la reordenación de las cadenas de valor. España se sitúa así por delante de mercados europeos periféricos y en cotas de atracción de capital similares a la de países como Francia o Singapur, lo que refleja una mejora relativa de su gancho inversor en términos de estabilidad, infraestructuras y acceso a mercados regionales, resalta el informe.

Los expertos de PwC precisan que este posicionamiento refuerza la idea de que la globalización no está retrocediendo, sino redistribuyéndose. Para los CEO consultados, la decisión de invertir en España se inscribe en una lógica de diversificación de riesgos y búsqueda de plataformas regionales, más que en grandes apuestas concentradas.

El hecho de que España gane peso mientras otros destinos tradicionales se estancan sugiere que la cuarta economía del euro se beneficia de un equilibrio relativo entre pertenencia al núcleo europeo y menor exposición directa a tensiones comerciales o geopolíticas extremas. Todo ello, tras un 2025 histórico para la Bolsa española, en el que el Ibex 35 cerró como el selectivo europeo más rentable al dispararse su cotización un 50%, su mejor registro anual en más de tres décadas (tan solo por detrás del índice financiero surcoreano), en un ejercicio en el que el volumen negociado en el parqué español subió un 24% y alcanzó el máximo de seis años, con 525.300 millones de euros.

No obstante, el informe de PwC también deja implícito que este atractivo tiene también ciertos factores coyunturales asociados a planes de contingencia empresarial en los que los directivos priorizan la agilidad en la toma de decisiones, la seguridad regulatoria y la capacidad de reinvención, así como la competencia por la captación del capital, “buscando que sus inversiones sigan siendo intensas y dinámicas”.

Innovación: la llave de la reconversión empresarial

La innovación aparece como la respuesta teórica a esa necesaria reconversión empresarial, aunque la práctica va por detrás de este relato. La mitad de los CEO dice que la I+D+i es un componente crítico de su estrategia, pero apenas uno de cada cuatro declara tolerar proyectos de alto riesgo, contar con procesos sistemáticos de cancelación de iniciativas fallidas o disponer de estructuras como incubadoras o unidades de corporate venturing; es decir, actividades inversoras realizadas por compañías asentadas que se centra en firmas emergentes o start-ups con gran aportación tecnológica o disruptiva. Apenas un 8% ha implantado de manera consistente la mayoría de las prácticas que favorecen una innovación efectiva.

El resultado es un exceso de retórica y una escasez relativa de impacto. Allí donde la innovación se gestiona como un sistema -con disciplina, incentivos claros y mecanismos de aprendizaje-, los beneficios son visibles: más ingresos procedentes de nuevos productos, crecimiento más rápido y márgenes superiores.

La gestión del riesgo climático sigue una lógica similar. Un 42% de los CEO afirma estar al menos moderadamente expuesto a pérdidas financieras derivadas del cambio climático, cifra que se eleva hasta el 67% en sectores como las utilities (servicios esenciales como gas, luz o agua). Sin embargo, solo un 20% integra estos factores de forma sistemática en decisiones de asignación de capital, y apenas un 24% lo hace en diseño de productos o en reconfiguración de sus cadenas de suministro. Paradójicamente, las empresas que atienden a criterios climáticos en su toma de decisiones ejecutivas muestran más agilidad operativa y rapidez de adaptación, lo que sugiere que considerar estos riesgos no ralentiza la gestión, sino que la hace más robusta.

Grupos de interés

A este entramado de riesgos se suma otro vector cada vez más determinante: fidelizar los grupos de interés. Dos tercios de los CEO, un 66%, reconocen haber afrontado un 2025 con preocupación relevante por parte de grupos de interés en ámbitos como ciberseguridad, uso de datos, IA o sostenibilidad. La búsqueda de confianza mutua entre directivos y sus llamados stakeholders también tiene efectos económicos medibles. Las empresas cotizadas en las que esa relación está más engrasada han retornos para el accionista hasta nueve puntos porcentuales superiores a las que más han generado disputas.

En un entorno de creciente demanda de transparencia en la gestión y escrutinio constante, la confianza entre el consejo de administración, sus accionistas y sus grupos de interés amortigua el riesgo y es un catalizador del valor bursátil.

El informe de PwC concluye con una advertencia implícita: solo una minoría de empresas avanza con decisión en los frentes clave de la reinvención corporativa que reclama el nuevo entorno global. Un 12% ha capturado valor financiero de la IA, un 8% aplica prácticas innovadoras que se pueden calificar de sólidas y algo más del 40% han atravesado las fronteras sectoriales.

Todo ello, en un contexto cortoplacista por parte de los ejecutivos. Los CEO dedican un 47% de su agenda a cuestiones con horizonte inferior a un año y apenas un 16% a asuntos con impacto a más de cinco años.

La urgencia cotidiana desplaza sistemáticamente a la reinvención estratégica. En una economía marcada por la IA, la fragmentación geopolítica y la presión climática, el gran riesgo no es decidir mal, sino no afrontar cambios. “No es la incertidumbre la que está frenando la transformación empresarial, sino el coste de no actuar. Las compañías que avanzan con más celeridad en IA, en innovación y diversificación sectorial lo hacen no porque el entorno sea favorable, sino porque han entendido que la reinvención es hoy una condición necesaria para sostener el crecimiento y la rentabilidad a medio plazo”, destaca PwC.

El World Economic Forum (WEF) es la organización que gestiona los encuentros entre líderes globales –políticos, económicos, empresariales y sociales– de Davos desde su puesta en escena, en 1971, tras la firma de su acta de nacimiento en la ciudad suiza de Ginebra. Eran los tiempos en los que la Guerra Fría dividió al planeta, los años del avispero militar estadounidense en Vietnam y de la antesala de la crisis petrolífera. Entonces el WEF, constituida como fundación sin ánimo de lucro “independiente, imparcial y no ligada a intereses concretos”, alumbró la “teoría stakeholder” del profesor alemán Klaus Schwab, auténtica alma mater de Davos desde entonces, que sostiene la necesidad de que las empresas interactúen con cauces permanentes no solo con sus accionistas, sino con un amplio conjunto de grupos de interés.

Schwab abandonó el grupo industrial suizo Escher Wyss para forjar durante más de medio siglo esta arquitectura del capitalismo neoliberal. Desde la emblemática estación invernal suiza. Así nació el Espíritu de Davos como modus operandi del libre mercado en las escarpadas montañas helvéticas. Teóricamente, con unas exigibles dosis de buena praxis empresarial, multilateralismo y reglas de juego asumidas por cualquier agente económico o autoridad política que quisiera ser partícipe de la –todavía entonces– emergente globalización.

Pero esta meticulosa imagen de catedral de la globalización y Meca del capitalismo liberal se ha desconfigurado con la versión Trump 2.0, que ha abierto en canal el orden mundial e impuesto una ideología MAGA que hostiga cualquier manifestación woke, ignora la catástrofe climática, abandona el diálogo diplomático para instaurar negociaciones bilaterales con vetos y amenazas, interfiere en la independencia de los bancos centrales, instaura un clima belicista con renovadas ínfulas armamentísticas o articula recetas proteccionistas y métodos reaccionarios que atentan contra la libertad de tránsito de mercancías, servicios, capitales y personas.

Justo el evangelio apócrifo del que siempre ha renegado Davos. En su 56ª edición, el WEF ya no esconde su crisis de identidad. Por mucho que trate de suturar su herida de muerte con un lema paradójico, Espíritu de diálogo, la acreditación de casi 3.000 participantes –entre ellos, 64 jefes de estado y de gobierno como Donald Trump, Volodímir Zelenski, Javier Milei, Ursula von der Leyen o Pedro Sánchez, dirigentes multilaterales, cerca de 1.700 líderes empresariales de 130 países o decenas de autoridades económicas y monetarias– y un abanico de temas de debate de indudable interés global. Geopolíticos, como Venezuela, Irán o Groenlandia, bursátiles, como la probable burbuja de la IA, comerciales, como la quiebra de la globalización o una hipotética crisis financiera en ciernes.

Estos bloques de asuntos ayudan a comprender la verdadera dimensión de la agitación global que ha creado Trump, que acude presencialmente a Davos en su segundo mandato tras aparecer de manera virtual en 2025, nada más tomar posesión de su cargo. Con un claro chantaje: rebajar el tono woke que, a su juicio, ha presidido el foro en los últimos decenios. De hecho, Martin Wolf enfoca esta obsesión trumpista a Europa. El histórico comentarista jefe del área económica del Financial Times no duda en asociar la declaración de guerra MAGA contra las democracias de la UE. “La Casa Blanca ha dejado de ver a Europa como un socio imperfecto y empieza a retratarla como un espacio moral y político en declive que necesita ser corregido”, alerta.

Es su lectura del viraje en la estrategia de seguridad nacional, en la que –asegura– presenta a sus aliados europeos como arquetipos de la decadencia económica, de la erosión de libertades, con una alarmante pérdida de identidades y derivas democráticas. Pese a elegir a Victor Orban como su gran valedor en el Viejo Continente y a auspiciar a los partidos patrióticos. 

1. La geoeconomía y la geopolítica se dan la mano

El Informe Riesgos Globales 2026 del WEF retrata un mundo en permanente estado de mutación y de alto voltaje. Según su encuesta anual –en esta edición, entre 1.300 líderes y expertos–, el orden global está “al borde del precipicio”, y bajo dos amenazas gemelas y latentes: confrontaciones geoeconómicas y conflictos armados. Por si fuera poco, el comercio, antaño amortiguador de tensiones, se ha convertido en un arma geoestratégica de destrucción masiva.

La radiografía de situación del WEF refleja este año un marcado cambio de época. A diferencia de diagnósticos precedentes –centrados en Ucrania, la inflación o la desinformación–, el peligro actual no es un choque aislado, sino una reconfiguración competitiva internacional. Las guerras cibernéticas conviven con sanciones, vetos tecnológicos y represalias comerciales, mientras las políticas exteriores se hacen transaccionales y la economía queda sometida a las estrategias de seguridad nacionales. Pero el informe también capta la ansiedad que provoca el estilo del actual dirigente republicano, proclive –constatan los encuestados– a sacudir a aliados y rivales por igual, y la disposición de China a responder milimétricamente.

Aunque sus sondeos ya anticipaban un deterioro marcado del entorno internacional, en el de 2026 cobran intensidad. A corto plazo, casi la mitad de la muestra prevé “turbulencias” y, a 10 años, esta proporción aumenta. Especialmente, los riesgos económicos: temor a una recesión, a una inflación persistente, o a burbujas financieras que acompase a una fragmentación brusca del comercio mundial. La desinformación (fakenews) destaca como amenaza del próximo bienio, frente a los fenómenos atmosféricos extremos y a la pérdida de biodiversidad que dominan los peligros a un decenio vista. 

2. Nuevo parque temático en la estación de Davos

El intento de Peter Brabeck-Letmathe, directivo de Nestlé y sucesor del sucesor de Shwab –apartado por conducta inapropiada, pero exonerado de responsabilidades penales– de reconducir el rumbo del WEF esconde un cambio de paradigma que obliga a los líderes a debatir asuntos alejados de la geoestrategia que llega de Washington. Hacia cuestiones como las fórmulas de cooperación en un mundo más competitivo y fragmentado, las futuras fuentes del crecimiento con tensiones comerciales e inflacionistas y una inmensa deuda soberana o las inversiones en capital humano para fortalecer la resiliencia socio-laboral de la transformación del empleo por la IA. Desafíos que se combinan con otros dos identificados por el nuevo equipo gestor de Davos: el despliegue responsable y a gran escala de la innovación tecnológica y la búsqueda de la prosperidad respetando los límites del planeta.

La hoja de ruta del WEF es loable. Pero casi utópica. Davos ha sido invadido por una atmósfera en la que primará la seguridad y la geopolítica. Con una creciente confrontación entre potencias y una borrascosa amenaza de que el estancamiento de la economía y la probable explosión de la burbuja bursátil vinculada a la IA hunda la productividad y paralice el flujo del comercio y del capital.

3. Un baño de 'realpolitik'

Otro informe con sello WEF, el Global Cooperation Barometer 2026, publicado junto a la consultora McKinsey, trata de aterrizar estos objetivos en suelo firme. Utiliza 41 indicadores inmersos en cinco pilares para medir el estado de la cooperación internacional y concluye que los tradicionales enfoques del multilateralismo requieren estructuras más flexibles y adaptadas a retos mundiales complejos.

El barómetro deja pautas para avanzar en estos cinco itinerarios. Primero: en comercio y capital, los cauces se mantienen por debajo de los niveles previos a la Gran Pandemia, aunque con un crecimiento más lento y flujos concentrados entre socios alineados. Segundo: en innovación y tecnología, ha repuntado por la colaboración en IA y telecomunicaciones, pese a restricciones entre grandes potencias. El tercer pilar, sobre clima e inversiones verdes, aún muestra vigor, pero aún por debajo de los estándares estipulados en las hojas de ruta de la neutralidad energética. Mientras el de salud y bienestar –cuarto– se mantiene con crecientes presiones sobre la ayuda internacional y el de paz y seguridad –quinto– es el que refleja un mayor descenso.

El informe conviene en señalar que la cooperación global no ha colapsado, pero se reconfigura en torno a alianzas bilaterales o regionales de intereses compartidos, generalmente vinculados a la seguridad económica y geopolítica y contrarias a la globalización y el multilateralismo.

4. Davos ya no marca la agenda

En un sistema multipolar, fragmentado y que desconfía de las élites y del establisment, al WEF solo le queda luchar por no ser irrelevante. Ha dejado de reflejar el centro de gravedad del mundo que ayudó a construir, alertan el FT.

En 2026, el choque geoestratégico empieza a ser sistémico. Es decir, que la inestabilidad deja de ser coyuntural y arraiga en un incierto nuevo orden global en el que los bancos centrales cierran filas –en un hecho inaudito– ante la presión que el trumpismo ejerce sobre la independencia de la Reserva Federal y en defensa de su presidente, Jerome Powell, foco de un episodio de lawfare para dejar a la autoridad monetaria más poderosa del planeta en manos del Tesoro y del equipo MAGA que gobierna la economía estadounidense. Este tipo de episodios de solidaridad se suele reservar para escenarios de crisis financieras. Economista y banqueros que lideran esta protesta enfatizan que la utilización de denuncias legales para condicionar la acción de un banco central es también un aviso a los sucesores de Powell y a cualquiera que contradiga al poder ejecutivo.

La libertad de los flujos de mercancías, atenazada por los aranceles recíprocos, y la injerencia en la soberanía monetaria de los bancos centrales son dos sacrosantos principios neoliberales que Davos debería defender con ahínco. Sin embargo, su plácet a Trump le obliga al voto de silencio. Para no ser identificado como agente woke.

5. Stablecoins frente a divisas digitales oficiales

Otro asunto candente del que probablemente Davos pasará de puntillas. El auge de los stablecoins denominadas en dólares –las divisas de uso corporativo propio y tecnología blockchain que ideó Meta en 2019 con su famosa Libra a la que rebautizó posteriormente como Diem y que ahora, tras la aprobación de la Ley Genius, buscan emular la gran banca de inversión americana– no supone solo innovación financiera. Se trata de instaurar una auténtica estrategia monetaria privatizada. Trump las ve como una fórmula para modernizar pagos transfronterizos y reforzar la demanda global de dólares. No sorprende, pues, que la banca se quiera arrogar el papel de emisores, de facto, del dinero.

Europa trata de reaccionar con un euro digital que preserve este papel supervisor en el BCE en un mundo con cada vez menos dinero en efectivo. Pero el proyecto está atascado. Las entidades bancarias del euro temen costes extremos; al tiempo que la extrema derecha lo denuncia como un instrumento de vigilancia estatal. Toda una paradoja: debilitar el euro digital en nombre de la libertad, dejando el terreno abonado a monedas privadas emitidas por Wall Street y grandes plataformas tecnológicas. Sin control democrático ni mandato público.

6. La renovable danesa Ørsted contra el ejército de 'supermajors' fósiles

Davos reclama antes de inaugurar su cita anual que se cuadripliquen las inversiones en combustibles limpios hasta 2030 para reforzar la seguridad energética. El nuevo mantra para custodiar el mandato de lograr cumplir los objetivos de desarrollo (ODS) de Naciones Unidas. Otro de sus informes previos pone cifras a esta prerrogativa: pasar de los 25.000 millones de dólares actuales a los 100.000 millones a finales de esta década.

Boston Consulting Group (BCG) aporta otra idea, apretar más el acelerador del negocio verde, cuando los costes tecnológicos enfocados a la neutralidad energética han retrocedido más del 90% y el capital anual invertido supera ya los 7,4 billones de dólares. Al tiempo que su gran rival, McKinsey, incide en esta senda y recuerda que los desembolsos acumulados en activos físicos para alcanzar las emisiones netas cero de CO2 en 2050 ya rebasan los 275 billones de dólares.

Pero nada de esto parece sonrojar a Trump, que acaba de sacar a EEUU de 66 instituciones de ámbito internacional vinculadas al combate contra el cambio climático. Como tampoco el fallo de la Corte del Distrito de Columbia de permitir la reanudación inmediata a la renovable danesa Orsted de los parques eólicos offshore suspendidos por orden ejecutiva del líder republicano y que ha servido para que su CEO, Rasmus Errboe, llame a la “resiliencia activa contra la hostilidad política” de Washington. Mensaje al que se han empezado a adherir voces financieras como la del jefe de JP Morgan, Jamie Dimon.

Aunque las arremetidas trumpistas contra la transición sostenible haya calado entre consejeros y directivos de las supermajors americanas como ExxonMobil o Chevron –la gran beneficiada de la intervención estadounidense en el petróleo venezolano–que acudirán a Daos a respaldar las consignas MAGA de hacer prevalecer la seguridad de suministro frente a los abstractos objetivos climáticos. 

Durante casi tres décadas, el comercio mundial avanzó por una senda relativamente predecible. Los aranceles descendían, las cadenas de suministro disfrutaban de plácets transfronterizos en una arquitectura multilateral imperfecta, pero funcional, con los conflictos mercantiles bajo control. Pero la versión Trump 2.0 ha roto esta sofisticada y defectuosa armonía. Y los daños colaterales del nuevo mapa del comercio mundial se cobrarán su factura en 2026 con los aranceles del inquilino de la Casa Blanca, para los que se espera una decisión inminente del Tribunal Supremo.

El modelo ya estaba herido, aunque no de muerte. La globalización se deterioró súbitamente tras el colapso crediticio de 2008 y convulsionó durante la Gran Pandemia. Sin embargo, han sido los supuestos e hipotéticos gendarmes del libre mercado, los dos últimos ocupantes del Despacho Oval, los que han retirado al enfermizo comercio toda respiración asistida. Primero Joe Biden, con su política de vetos tecnológicos, su uso del dólar como arma monetaria y su elenco de sanciones contra el Kremlin, con la involucración del G-7.

Y, sobre todo, ahora Donald Trump con sus caóticos aranceles recíprocos, para los que se esperaba una decisión del Supremo estadounidense el pasado viernes que finalmente se ha aplazado. Unos aranceles que han remodelado las hojas de ruta de tránsito de las mercancías, los servicios e, incluso, los capitales y los trabajadores, sometidos a no pocas trabas migratorias y a amenazas derivadas de los avances en IA y robotización.

Este giro geoestratégico copernicano no ha sido solo cuantitativo ni exclusivo de 2025 y ha supuesto también una ruptura conceptual. El recetario MAGA trasladado a la política comercial ha pasado de intervenciones selectivas a una acción concertada y generalizada, en la que los déficits bilaterales se tratan como prueba automática de desequilibrio que exige correcciones fiscales a ojos del equipo económico trumpista. Una red compleja de producción, inversión y consumo queda reducida así a una contabilidad simplificada.

Así lo declaran los expertos del Tax Policy Center, que sitúa el arancel efectivo promedio sobre las importaciones estadounidenses en torno al 17%, con potencial para superar el 20% si se aplicasen todas las medidas anunciadas por Trump. Brasil e India serían las más perjudicadas entre los grandes mercados, a la espera del dictamen sobre China, en un largo compás de espera que podría llevar todo 2026. Para una economía avanzada, aseguran, estos niveles son “excepcionales y sitúan al primer PIB mundial fuera del patrón comercial que ayudó a construir tras la Segunda Guerra Mundial”.

Este think tank, que vigila las políticas públicas americanas, cree que esta reconfiguración comercial impulsada por la Casa Blanca se distingue por su dureza y su automatismo: el déficit comercial ha dejado de ser un síntoma interpretativo para convertirse en un dogma de fe que incita a tomar medidas. “Esta lógica deja poco espacio para la diplomacia, al matiz sectorial o a la realidad de las cadenas globales de valor”, explican. Entre otras razones, porque el impacto arancelario se ha mostrado indiferente a la geopolítica al penalizar por igual a aliados y rivales cuando “no cuadran las cifras” de sus balanzas comerciales. El agujero comercial estadounidense ronda el 6% del PIB.

Supply Chain Dive, plataforma editora de datos de mercado, repasa el Top Diez de naciones a las que Washington considera que atentan contra su equilibrio comercial, con un ranking de los mayores gravámenes recíprocos en función del déficit que generan a Washington.

China, con un superávit de 296.000 millones de dólares, según información recabada a principios de agosto, ha recibido un peaje de entrada a sus productos del 30%, supeditado a unas negociaciones que se han saldado con dos prórrogas temporales. Encabeza la lista negra americana, por delante de la UE, con un saldo a su favor de 236.000 millones y un recargo del 15%, y de México, que con una cuenta exportadora a EEUU que supera en 171.000 millones el valor de las compras de su vecino septentrional recibió una tarifa del 25%.

El resultado, arguyen en Tax Policy Center, es un paisaje comercial fragmentado. Asia, Europa y los socios americanos del norte de EEUU afrontan peajes aduaneros más elevados y criterios de acceso inciertos hacia el gran mercado global. Además, “el alcance del cambio va más allá de los flujos porque a medida que avance 2026, sus efectos retardados empezarán a crear disputas legales internas y a lidiar con adaptaciones regulatorias externas, lo que provocará una fase de cuestionamiento abierto del sistema multilateral de comercio”.

Contabilidad arancelaria frente a realidad productiva

Las cadenas de valor modernas no son bilaterales. Al contrario, sus componentes y los flujos por donde circulan cruzan fronteras varias veces antes del ensamblaje final de sus escalas productivas. Es decir, sus mercancías emergen de forma exponencial y su distribución y logística dependen sobremanera de la fluidez de sus movimientos; del transporte y la adecuada gestión de proveedores y socios corporativos dentro y fuera de sus fronteras originales. Los aranceles recíprocos vienen a difuminar todo este entramado, al crear transacciones discretas y subjetivas entre estados soberanos.

La distancia entre ambos enfoques tiene consecuencias económicas claras y las empresas han reaccionado de manera racional. Como dice el profesor Jason Miller, experto en cadenas de suministro, rara vez abandonan la producción global, sino que la reorganizan con criterios defensivos. Diversifican proveedores, desplazan fases del proceso productivo y aceptan mayores costes a cambio de reducir exposición política. “La eficiencia cede terreno a la gestión del riesgo”, aduce.

Los últimos diagnósticos comerciales empiezan a reflejar este ajuste. Un análisis de la consultora Roland Berger muestra una caída significativa de importaciones estadounidenses desde China y Canadá a lo largo de 2025, que se compensan con el ascenso de México y varios mercados del Sudeste Asiático como proveedores alternativos. Vietnam, Tailandia o Malasia ganan peso, pero “no por ventajas de productividad, sino por su postura favorable al nuevo mapa arancelario”.

No se trata de una mera sustitución de las relaciones comerciales. Las rutas se alargan, mientras los inventarios crecen y la logística se vuelve más compleja. Las economías de escala se diluyen. Durante un tiempo, las empresas absorbieron el impacto con márgenes y ajustes contractuales, pero ese colchón “se está agotando”, alertan en Roland Berger. Al tiempo, la inflación de los bienes transfronterizos, contenida durante buena parte de 2025, “comienza a reflejar los costes acumulados”.

A diferencia de episodios proteccionistas del pasado, esta reconfiguración no implica un retorno masivo de la producción a EEUU. El tejido industrial no vuelve, “sino que se redistribuye”, y se hace más disperso, más dependiente de países intermedios y reglas de origen más complejas. “El comercio no se reduce, pero se vuelve menos eficiente y más geopolítico”, indica esta firma.

De igual manera, los aranceles han recuperado relevancia fiscal. Los cálculos de Tax Policy Center desvelan que los gravámenes vigentes y previstos podrían generar cerca de 247.000 millones de dólares en 2026 y más de 2,3 billones en la próxima década. Y en un contexto de descontrol persistente en las cuentas federales, “estos ingresos resultan tentadores”. Aunque insuficientes, porque el déficit presupuestario rebasó en 2024 el 7% de un PIB de 31,8 billones de dólares y su ratio de deuda supera ya el 124% del tamaño de su economía, en un periodo de incremento rampante del gasto militar.

Este afán recaudatorio resulta muy significativo para economistas como Kimberly Clausing, quien señala que los aranceles “funcionan como impuestos indirectos mal diseñados”, porque no solo son regresivos y opacos, sino que “acabarán teniendo una traslación desigual en los precios”. La idea de que el coste lo asume el exterior es, advierte, ilusoria. Consumidores y empresas domésticas absorben buena parte del impacto, aunque a menudo de forma indirecta.

A todo ello se suma una superposición normativa. Los aranceles recíprocos conviven con tasas por la seguridad nacional, tarifas sectoriales y disposiciones de emergencia. Los precios efectivos con ribete oficial superan así las cifras de inflación, multiplican la incertidumbre predictiva sobre la evolución del IPC y alimentan las dudas sobre la fiabilidad de las agencias federales que certifican la coyuntura económica de EEUU. Para importadores y fabricantes, este cúmulo de incógnitas constriñe sus planes corporativos, pospone inversiones y proyectos productivos y les genera más inquietud sobre la fragmentación del mercado global.

Reglas discrecionales y limbos normativos

Una razón esencial que explica que el impacto macroeconómico de los aranceles haya tardado en aflorar es el desfase temporal entre su anuncio y su impacto real. Los analistas subrayan que las empresas tienen herramientas para ganar tiempo: adelantar importaciones, absorber costes, renegociar contratos o cambiar de proveedores. Pero estas tácticas solo aplazan el ajuste, sin eliminarlo, con lo que acumulan perjuicios finales. Ciertas predicciones cifran el retraso entre 12 y 18 meses. Con ese calendario, 2026 aparece como el momento en que confluyen decisiones adoptadas desde 2024, cuando muchas empresas aún confiaban en que el giro proteccionista fuera transitorio.

A este desfase económico se une otro foco de incertidumbre en el orden legal. A finales de 2025, la Corte Suprema estadounidense examinó la legalidad de parte del régimen arancelario bajo una “interpretación expansiva” de la International Emergency Economic Powers Act. El fondo de este debate jurídico no es técnico, sino constitucional, y responde a un axioma simple: si el poder de imponer impuestos (aranceles incluidos) puede ejercerse de forma unilateral por el Ejecutivo o corresponde al Congreso, al que la Carta Magna de EEUU otorga en primer término este fast-track, o capacidad para acelerar acuerdos o estrategias de índole comercial.

Otros países han respondido con adaptaciones estructurales. China, por ejemplo, ha reformado su Ley de Comercio Exterior bajo unos criterios que entrarán en vigor el próximo marzo, que vinculan explícitamente el comercio con la seguridad nacional, refuerzan la protección de la propiedad intelectual y crean mecanismos de asistencia para sectores afectados. No es una represalia puntual, sino un ajuste institucional para operar en un entorno menos predecible.

El impacto arancelario, además, alcanza al sistema multilateral. Un reciente análisis del Peterson Institute for International Economics dice que los aranceles recíprocos “vulneran compromisos fundamentales” de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como los límites a gravámenes a la importación consolidados o el principio de no discriminación. Casi un tercio de las importaciones estadounidenses estarían ya sujetas a gravámenes de emergencia y, por tanto, serían incompatibles con las reglas de la OMC.

Por si fuera poco, esta desobediencia normativa es acumulativa: al ignorar restricciones que antes defendía, EEUU reduce la obediencia debida de otros países que antes exigía y deja en el desamparo a las resoluciones de disputas de la OMC, con sus paneles de arbitraje, con la consiguiente pérdida de eficacia y de gobernanza comercial y el pertinente desplazamiento de estos difíciles equilibrios en los pactos bilaterales.

Robert Z. Lawrence, profesor de Comercio Internacional en la Harvard Kennedy School, subraya que la disyuntiva entre libre comercio y proteccionismo es falsa. En un mundo interdependiente, “la habilidad negociadora importa, pero también lo hacen las alianzas y las instituciones”. En su opinión, “los aranceles pueden servir como instrumentos transitorios para corregir distorsiones concretas, pero utilizados de forma indiscriminada socavan el sistema que amplifica la influencia estadounidense”.

De ahí que advierta sobre un coste menos visible. Al encarecer las compras en sectores estratégicos, desde energías limpias hasta manufacturas avanzadas, el renovado mapa arancelario “puede frenar inversiones donde la política económica pretende acelerarlas”, porque las políticas comerciales no solo alteran flujos, sino que redefinen prioridades y estas se podrían alejar de las claves geoestratégicas oficiales. Dentro y fuera de EEUU.

En 2026, todos estos elementos convergerán, advierte Lawrence, que cree que los aranceles recíprocos “no han colapsado el comercio global, pero han cambiado su geometría”.

Los daños colaterales de la intervención militar americana contra Nicolás Maduro no solo atentan contra el principio de no injerencia internacional, sino que implican a China, Rusia y Europa –entre otras latitudes– en una reconstrucción fulgurante con implicaciones económicas, energéticas y de seguridad en el orden mundial.

Es la radiografía casi unánime de los observadores diplomáticos del panorama mundial. El rasgo común que presiden sus análisis incide en varios hechos relevantes, aunque por encima de todos ellos Michael Hirsh, columnista en Foreign Policy, para quien la decisión de Trump “tritura lo poco que quedaba del respeto a las normas internacionales” y lesiona “la capacidad futura de EEUU para invocar el derecho internacional frente a agresiones exteriores”.

En este contexto, ¿cómo se está remodelando el nuevo escenario mundial? Y, sobre todo, ¿qué ha supuesto la intervención estadounidense en Venezuela? Estos cinco interrogantes tratan de aportar un halo de luz en medio de las oscuras bambalinas geoestratégicas de la doctrina MAGA.

1. ¿Qué papel juega China y cómo interpreta Pekín esta nueva afrenta de la Casa Blanca?

Con un cóctel de prudencia financiera, amortiguadores geopolíticos y contención dialéctica “diseñada para ganar tiempo y limitar daños sin escalar el conflicto con Washington”, aduce Michal Meidan, directora del China Energy Programme del Oxford Institute for Energy Studies. En el frente energético, la pérdida potencial del crudo venezolano –del que China llegó a ser el principal comprador— “es relevante pero manejable”. Aunque Venezuela solo vendió alrededor del 4% de los pedidos de crudo del gigante asiático y de que el oro negro de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la estatal venezolana, tenga un alto contenido de azufre por su escasa capacidad de extracción y refino, resulta clave para la construcción de infraestructuras chinas.

Meidan aclara que “la pérdida de barriles venezolanos golpea sobre todo a refinerías llamadas independientes” —las conocidas como teapots—, que dependen de ese petróleo barato y difícil de sustituir. Sin embargo, otro colchón estratégico amortigua este impacto —afirma—, ya que cerca de 82 millones de barriles de crudo están almacenados en buques frente a China y Malasia —casi en su totalidad, bajo sanciones y una parte significativa de origen venezolano—, lo que “permitirá a Pekín cubrir sus necesidades a corto plazo”.

En paralelo, y mientras arremete oficialmente contra la intervención militar de EEUU en uno de sus más sólidos aliados en América Latina, donde ha dirigido sus tentáculos inversores casi con la misma intensidad en el África, Pekín se siente fortalecido sobre sus reivindicaciones soberanas sobre Taiwán. “Venezuela sirve como caso de estudio”, asumen fuentes diplomáticas chinas. Del mismo modo que en el área económica, el equipo del superministro de Finanzas chino, Loan Fo’an dispone de un colchón fiscal de 850.000 millones de dólares extensibles según el reciente Decimoquinto Plan Quinquenal 2026-2030 para fortalecer el vigor económico y abordar desafíos geopolíticos. Y alerta sobre un largo escenario de conflicto en su socio caribeño.

Así, su banco central ha trasladado a sus entidades financieras que dejen de percibir a Venezuela como centro neurálgico de sus préstamos en América Latina, se aíslen de posibles contagios de activos tóxicos y reputacionales y esperen a que la ocupación estadounidense genere fricciones, costes o algún cambio de escenario que vuelvan a abrir espacio para sus intereses.

2. ¿Quién ganará con el petróleo venezolano?

El control efectivo del sector energético venezolano por parte de EEUU promete ser largo y tortuoso y, sobre todo, caro. Aunque Venezuela alberga las mayores reservas probadas de crudo del mundo, de hasta 303.000 millones de barriles, según la OPEP+, está lejos de llegar a su potencial geológico y productivo de manera sostenible tras décadas de expropiaciones y de pésima gestión institucional, su infraestructura petrolera se encuentra próxima al colapso, alerta la consultora Kpler, desde donde calculan que, “incluso bajo una transición política fluida con un levantamiento de las sanciones por parte de Washington —dos supuestos inciertos— la cuota que Venezuela sería capaz de poner en el mercado a finales de 2026 apenas llegaría a los 1,2 millones de barriles diarios. ”Aún muy por debajo de su potencial, pero muy por encima de los 800.000 actuales“.

Desde una perspectiva financiera, Bloomberg pone cifras al desafío. Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana en el Baker Institute, estima que “restaurar la capacidad perdida requerirá inversiones de unos 100.000 millones de dólares en una década”, magnitud comparable a una parte sustancial del gasto anual de las supermajors americanas –ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips que, junto a Shell, BP y Total Energies componen las Big Six petrolíferas del mundo— siempre y cuando “los riesgos geopolíticos y legales puedan ser asumibles”.

Precisamente las tres petroleras estadounidenses —preferentemente Chevron, dice el consenso del mercado, que lo achaca a su mayor presencia histórica en Venezuela— son las principales aspirantes a hacerse con las riendas de PDVSA. Aunque antes tendrán que recuperar sus cadenas de valor, proyectar extracciones a escala, desembolsar algún centenar de millones de dólares a largo plazo en tecnología y acceder a préstamos de bancos y aseguradoras que, de momento, muestran un tibio interés y una ambigua cautela porque exigirán garantías y avales ante supuestos de indemnizaciones por activos expropiados o posibles litigios o saqueos.

3. ¿Tendrá este shock geopolítico repercusiones económicas globales?

Como en todo 2025, los mercados han mostrado resiliencia. Wall Street (tanto el S&P 500 como el Nasdaq) ha registrado avances ligeros impulsados por sectores sensibles al riesgo y a los activos tecnológicos y de defensa que coinciden con las alzas de valores refugio como el oro y la plata. Pero JP Morgan advierte de que los mercados podrían estar subestimando las amenazas geopolíticas de un giro diplomático de la Casa Blanca con estándares de intervención por otras latitudes de su patio trasero, y Goldman Sachs recomienda a sus clientes prudencia ante episodios de volatilidad estructural prolongada, incluso “en ausencia de una crisis financiera sistémica”. No se trata tanto de pánico, sino de una recomposición de peligros “más estructurales de lo perceptible a primera vista en Venezuela”.  

En S&P suman a esta ecuación primas de riesgo adicionales por nuevas recetas proteccionistas del plano comercial, riesgos de desaceleración global y repuntes inflacionistas si el oro negro se dispara, que no parece que vaya a ser el caso admisible a corto o medio plazo, más bien al contrario.

“La combinación de una geopolítica más agresiva con más barreras al comercio podría restringir el crédito a empresas y hogares”, auguran sus expertos. Algo que en Moody’s expresan de manera elocuente: las acciones unilaterales que erosionan normas internacionales tienden a ensanchar los diferenciales de crédito en países y empresas expuestos a arbitrariedad política“. Y, en el caso venezolano, ”puede forzar un patrón de comportamiento que engorde las deudas soberanas, revise los peligros legales y aumente los costes de capital en economías percibidas como vulnerables geopolíticamente“, dentro de un efecto lento, pero persistente.

4. ¿Cuál es el estado de salud de Derecho Internacional?

Arturo Bris, director del IMD World Competitiveness del Center Douglas Geertz donde ejerce de profesor de Asunto Geopolíticos y de Negocios, ahonda aún más en esta tesis, pero precisa que “el Derecho Internacional no murió [el pasado sábado], sino en 2003, durante la invasión a Irak sin mandato de Naciones Unidas. Origen —constata— de las más recientes invasiones, anexiones, ocupaciones, genocidios y de una ”abierta muestra de desprecio generalizado a las resoluciones de la ONU“. Desde Georgia, hasta Ucrania, pasando por Gaza o Myanmar o las amenazas ya nada veladas contra Panamá o Groenlandia por parte del actual inquilino de la Casa Blanca. Este clima favorable al uso de la fuerza ”se ha convertido en una acción de normalización“ de las relaciones diplomáticas.

Bris matiza esta tesis con otro argumento demoledor: “Vivimos en un mundo bipolar, pero no entre Oriente y Occidente, sino entre países que aún creen en las reglas de juego internacionales y los que pretenden regir el orden global bajo coacciones y poderío militar”. A su juicio, “cuando las normas globales se vuelven opcionales, la justicia se debilita, las fronteras pierden sentido, las instituciones su autoridad y, dentro de las sociedades, la opinión pública empieza a creer que el poder, y no las reglas, determina los resultados”.

Para Bris, “estamos más cerca de 1914 [preludio de la Primera Guerra Mundial] de lo que algún dirigente está dispuesto a admitir”.

En Política Exterior hablan de Venezuela como “protectorado de Washington” después de que Trump traspasase con su orden de intervención los ya “frágiles límites del tablero de ajedrez que surgió en 1948”, de que haya desmontado los controles constitucionales sobre la Casa Blanca y de haber implantado una legitimación, de facto, de futuras agresiones de otras superpotencias.

El retorno de la Doctrina Monroe que lleva el apellido del presidente americano en 1823, cuando se asumió como acción exterior el dominio del Hemisferio Sur americano, conocido como patio trasero de EEUU, es ya un signo de realpolitk. La Monroe fue una amenaza de Washington a las naciones europeas de que no toleraría más colonizaciones en Latinoamérica. Ahora —avisan en Política Exterior— “la gunboat diplomacy que aplicó Theodore Roosevelt en los años cincuenta ha regresado”.

No es casual —aseguran— que la injerencia de la Delta Force de EEUU en territorio venezolano se produjera horas más tarde de la visita a Caracas de Qiu Xiaoqi, responsable para América Latina del gobierno chino, ni que un ciberataque dejara sin electricidad al país, facilitando el ingreso de más de un centenar de aeronaves y drones sin ser detectados. Sin embargo, con esta actuación, Washington ha puesto en juego su credibilidad global, “al hacerse responsable del desenlace de la crisis en Venezuela”. En términos de estabilidad, guerra civil o aparición de nuevos autócratas. Como reconocen varios think-tanks estadounidenses, “el éxito operativo inicial contrasta con la complejidad estratégica que se avecina”.

5. ¿Se ha proclamado el estado de emergencia continental y transatlántica?

Parece casi indudable. El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, alerta de que la lógica empleada por Trump puede ser replicada por otras potencias. Si EEUU justifica la captura de Maduro por acusaciones penales, China podría invocar argumentos similares contra Taiwán, y Rusia contra Ucrania. El peligro —aclara Hirsh— es “el alumbramiento de un nuevo incentivo para que regímenes autoritarios actúen sin preocuparse por la legitimidad internacional”.

Lectura que comparte The Economist, donde se enfatiza en el cambio acelerado del orden mundial: “Trump no se limita a eliminar a un dirigente hostil, sino que declara que EEUU dirigirá Venezuela y gestionará su petróleo, lo que evoca el argumentario de la invasión de Irak y augura la normalización del control directo de recursos estratégicos”, objetivo “incompatible con el compromiso liberal que Washington decía defender”.

Hirsh destaca que el despertar de la Doctrina Monroe del sueño de los injustos no es otro guiño a la doctrina MAGA ideada desde la Heritage Foundation y su odio geopolítico a la herencia de Hugo Chávez, sino la primera pica de una estrategia que señala a México, Colombia y Cuba en la órbita americana y a Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, y que amenaza al club comunitario, sus aliados del otro lado del Atlántico. “Es la puesta en liza de una política exterior coercitiva, pese a que tenga costes geoestratégicos demasiado elevados frente a unos dudosos beneficios económicos y empresariales”, explica. Como lo desvela los constantes virajes de su justificación –desde acusaciones de tráfico de drogas, a flujos de inmigración, petróleo o intereses geopolíticos, señala Hirsh—o la certificación de que “el poder militar sustituye a toda búsqueda de consensos”, como aclara el seminario británico.

¿Qué deparará el nuevo año en los mercados globales? ¿Habrá crisis financiera? ¿Convertirá la inteligencia artificial (IA) sus inversiones de ficción en valoraciones reales? ¿Dominará de nuevo la volatilidad bursátil? ¿O acontecerá solo una corrección más o menos brusca?

Recién estrenado el nuevo ejercicio, cinco bloques analíticos dejan una hoja de ruta inicial de por qué derroteros podrían circular las expectativas inversoras. En cualquier escenario, 2026 estará gobernado por la geopolítica y las recetas económicas de la Administración Trump y, en paralelo, por los activos tecnológicos.

1. Los iconos de la IA americana marcan la senda tecnológica occidental

Los dos primeros ejecutivos de Nvidia y Oracle, Jensen Huang y Larry Ellison, han rivalizado por ser, junto a Elon Musk, los empresarios de cabecera de Donald Trump. Sus emporios se han convertido en estandartes del auge de la IA, en sostenes del negocio de los chips y de la fiebre constructora de centros de datos, aunque también en sensores de alarma de rampantes deudas corporativas.

Las revalorizaciones bursátiles de Nvidia y Oracle revelan que la IA ha dejado de ser una historia de software brillante para convertirse en un fenómeno industrial, intensivo en capital y energía. En ese giro, Nvidia —aproximándose a los 4,5 billones de dólares de capitalización, tamaño similar al PIB de Japón, cuarto del planeta— se ha consolidado como proveedor hegemónico de la demanda que reclaman las firmas de computación. Mientras, Oracle (560.000 millones de dólares, los PIB de Tailandia o Noruega) se ha erigido en arquitecta y financiadora de sus infraestructuras. Juntas representan la promesa estructural de la IA y las tensiones que empiezan a emerger bajo su creciente músculo inversor.

Nvidia es el epicentro tecnológico. Sus GPUs [Unidades de procesamiento gráfico] Blackwell ejercen de estándares de entrenamiento de modelos de IA avanzados y catapultan una expansión sin precedentes de los centros de datos por todo el mundo. El resto de sus compañeras de las Siete Magníficas (Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla) son sus clientes preferenciales.

Oracle, por su parte, ha llevado a cabo una reinvención excepcional: de vender software corporativo a convertirse en suministrador de cloud neutral para IA, firmando contratos colosales —sobre todo, con OpenAI— y financiando data centers con deuda a gran escala. El mensaje implícito es claro: la IA ya no es ligera ni barata; es una carrera contrarreloj de ladrillo y hormigón para sus armazones, de silicio para sus circuitos integrados.

Pero también es fuente de endeudamiento. La red de acuerdos circulares que se están confeccionando en torno a estos dos colosos corporativos, con capitales cruzados, compromisos anticipados de compra de chips y préstamos fuera de balance, recuerda episodios pasados de exuberancia tecnológica. “Si dentro de un año hablamos de una burbuja de la IA, estos pactos concéntricos serán los primeros en estallar”, advierte Brian Colello, analista de Morningstar, que describe un círculo vicioso: Nvidia invierte en OpenAI; esta se compromete a comprar enormes volúmenes de chips y esos compromisos, a su vez, justifican nuevas inversiones en centros de datos y más financiación. Y está la duda de cuándo caduca un chip y si los plazos de amortización de esas inversiones serán suficientes.

A juicio de Colello, el quid de esta cuestión no reside en el crecimiento de la demanda, sino en que todos estos flujos de capital e ingresos se empiecen a validar entre unos mismos actores, adelantando beneficios futuros aún inexistentes. “Si la monetización real de la IA se retrasa o decepciona, esa red de compromisos cruzados puede amplificar el ajuste”, alerta. No tanto porque falle esa tecnología, sino porque la ingeniería financiera haya inflado la percepción de la IA como tracción económica.

Jim Morrow, consejero delegado de Callodine Capital, lo plantea en términos automovilísticos: “Estamos en la fase del ciclo en la que el neumático toca el asfalto”. Pero queda por ver si estas inversiones masivas se traducen en retornos reales. De no ser así, el coche se saldrá de la pista.

A diferencia de la crisis punto.com de 2000, las bigtechs generan beneficios y las valoraciones de Nvidia y Oracle no rozan niveles delirantes, dice el consenso del mercado. Pero todo cambio de régimen provoca alteraciones y la IA ha pasado de promesa intangible a una apuesta económica que traslada actividad en productividad y esta en competitividad, lo que genera una serie de riesgos sistémicos asociados a la energía, financiación y concentración de empresas.

En consecuencia —resalta Morrow— el éxito de Nvidia y Oracle no dependerá solo de su liderazgo tecnológico, sino de si la economía puede absorber y rentabilizar los cimientos físicos sobre los que hoy se levanta la revolución artificial.

2. Oro y petróleo: la pareja de danza en las crisis se separa

El oro metálico se dispara y engorda su leyenda de valor refugio (¡en una fase de bonanza bursátil!) y el petróleo se ancla a un barril barato, en torno a 60 dólares, por un exceso de oferta en el mercado de la que participa activamente la OPEP+. Son tiempos complejos de explicar.

El contraste entre oro y crudo en 2025 dice más sobre la economía global que cualquier indicador aislado. El metal precioso encadena topes históricos, impulsado por recortes de tipos y riesgos geopolíticos, y el crudo lidia en un mundo de sobreabundancia inaudito, donde la oferta crece más rápido de lo que la demanda geopolítica o macroeconómica puede absorber.

El oro se ha beneficiado de una convergencia poco frecuente. A la expectativa de un dinero más barato en EEUU (viento de cola clásico para su rendimiento) se une una geopolítica cada vez más indigesta. Ahmad Assiri, analista de Pepperstone, lo expresa elocuentemente: “Las fricciones geopolíticas han vuelto al centro del relato” y el metal dorado “refuerza su demanda como valor refugio”, aunque en un clima de euforia bursátil. Además, las compras de lingotes de bancos centrales y las fuertes entradas en ETF —fondos cotizados— han engordado su cotización con una intensidad desconocida desde los setenta.

El petróleo, en cambio, enfrenta el problema opuesto: demasiado suministro. Sudamérica se ha convertido en su nuevo maná, con Brasil, Guyana y Argentina aumentando producción a ritmos que recuerdan a la revolución del esquisto estadounidense de la década pasada. Pero el contexto es distinto. El negocio del fracking de EEUU no remonta y las firmas texanas se sitúan en riesgo de quiebra, escenario que persigue la estrategia de inundar el mercado de barriles de la OPEP+.

Eso explica la sobreproducción. Pero Arabia Saudí y Rusia han empezado a relajar sus aumentos para defender cuota de mercado. La táctica del cártel en 2025 fue elevar el precio del barril y evitar una pérdida de relevancia en un mercado fragmentado y multipolar. El resultado es un crudo atrapado entre tensiones geopolíticas, con expectativas catastróficas que empujan al alza, pero que se diluyen milagrosamente durante los conflictos, y un exceso latente de cuotas que limita cualquier rally sostenido.

Vistos en comandita, ambos mercados reflejan una misma ansiedad. El oro prospera porque el mundo duda de la estabilidad monetaria y política y el petróleo sufre porque la oferta responde mejor que la coordinación internacional. En esa asimetría se dibuja el mapa económico de 2026, donde la abundancia física, la escasez de certezas y las preferencias por activos que prometen protección antes que crecimiento, volverán a ser las tónicas imperantes.

3. Los mercados de capitales buscan espacios de racionalidad

Frente a la volatilidad de 2025, los analistas recomiendan a los inversores aguzar el ingenio, escudriñar sus diagnósticos, apostar por la prudencia y elegir bien sus valores en unas necesarias rotaciones de carteras. Teorema que roza la utopía bursátil. “Salgan ahí fuera y demuestren lo que valen”. Grosso modo, es la frase que diría un maestro de ceremonias en un acto de graduación académica al despedir de la universidad a sus recién licenciados.

Dos de las grandes casas de inversión coinciden en que 2026 no será un ejercicio para apuestas temerarias. Tras el largo ciclo post-Covid de expansión crediticia, alimentado por estímulos monetarios y fiscales, disrupciones tecnológicas y concentración bursátil, el entorno se perfila más incierto y con menor margen de error para los inversores.

Goldman Sachs describe un escenario de crecimiento global moderado, inflación más contenida pero persistente, y bancos centrales reacios a volver a políticas laxas. En ese contexto, aconseja rebajar expectativas de rentabilidad, priorizar calidad de balances y asumir que la volatilidad va a ser estructural, no pasajera.

JP Morgan refuerza esta lectura y apuesta por escenarios benignos de difícil visibilidad; sobre todo, si el crecimiento decepciona o los tipos permanecen elevados. Recomienda diversificar las carteras y atender a activos defensivos por estar en una fase más tardía del ciclo. Sus expertos no ven crisis inminente, pero atisban un cambio de régimen inversor con menos exuberancia y elecciones de activos más selectivos por los riesgos geopolíticos y financieros entrelazados.

4. ¿Vuelven los bailes de divisas?

El yen marcó el último Allegro ma non troppo de tensión de 2025 en los mercados cambiarios. La debilidad del dólar americano fue la nota dominante de un año que reavivó el debate sobre su hegemonía como reserva global. Aunque su posición dominante sigue intacta, hay tensiones crecientes. La depreciación del billete verde —cercana al 10% frente a la cesta de divisas de naciones de rentas altas— ha acabado afectando a mercados emergentes y al G7. Su caída ha empujado al yen a un retroceso prolongado, pese a la reciente subida de tipos del Banco de Japón hasta máximos de casi 30 años.

Las divisas del G-7 pierden competitividad con sus revalorizaciones indeseadas. El euro y la libra se suman al yen y a otras divisas asiáticas. Todo ello, para regocijo de Washington, que subrepticiamente ampara un dólar débil como soporte del empleo y la actividad. Esta presión ha comenzado a trasladarse a los BRICS, que no disimulan ya su intención de construir sistemas alternativos al dólar, con su propia red de transacciones y sus reservas de divisas compartidas.

5. Las stablecoins, en ayuda de los criptoactivos

La tabla rasa del dólar ha llegado a cuestionar las versiones digitales del billete verde, el euro o la libra, bajo los controles de sus respectivos bancos centrales. La Administración Trump y su Ley Genius lanzan la idea de que las multinacionales utilicen sus propias monedas, conocidas como stablecoins. Los principales bancos de inversión americanos y alguna bigtech, con Meta a la cabeza, que ya creó su prototipo en 2019, el diem (originariamente, libra), barajan su implantación. También Amazon, Visa o Walmart.

El asunto es de tal envergadura que Financial Times habla de 2026 como año de su lanzamiento y como la herramienta que concederá credibilidad a un sector financiero al alza en los mercados. El dominio de las transferencias de pagos transfronterizos también está en juego. Otro negocio emergente en una banca que cada vez más se reinventa con alternativas híbridas y ecosistemas digitales.

Todo ello, en un entorno en el que el bitcoin consolidó su reinado cripto, más por estatus que por precio. En 2025 se volvió a subir a una montaña rusa de emociones bursátiles, con un refugio narrativo favorable y una imagen de ancla de balances corporativos. Su cotización cerró débil el año, pero la institucionalización de sus inversiones en 2026 a través de ETFs, tesorerías y bajo regulaciones más claras y benévolas apuntan a un reforzamiento de su valor de mercado si no surgen burbujas especulativas de envergadura. El bitcoin, junto a las stablecoins, gana peso en el universo token.

Japón ha entrado en otra dimensión. La combinación electoral que ha llevado a la thatcheriana Sanae Takaichi al poder en Tokio y ha devuelto a Donald Trump a la Casa Blanca han provocado un viraje de 180 grados en la cuarta economía global, aún sumergida en la fosa del estancamiento productivo que ha paralizado sus motores desde hace décadas.

El detonante es un factor diferencial sumamente peligroso: una escalada geopolítica de gran voltaje por dirimir la capacidad de influencia en Asia frente a su archienemigo chino. Tras 50 años de Guerra Fría y otro cuarto de siglo de sofisticados equilibrios diplomáticos entre Tokio y Pekín, la tensión entre ambos países ha devuelto a la región a la peligrosa época de la disuasión.

Takaichi fue la baza de emergencia del sempiterno Partido Democrático Liberal (PDL) que ha regido Japón desde la Segunda Guerra Mundial casi sin interrupciones. En casi tres meses en el gobierno, la primera ministra y su renovado amigo americano han generado un entorno geoestratégico mucho más desafiante, elevando la percepción del riesgo e inyectando estos temores en la agenda económica y el tacticismo monetario del Banco de Japón (BOJ).

El foco de operaciones ha sido Taiwán, cuya soberanía reivindica China, origen del combate geoestratégico entre los dos pesos pesados del planeta en Asia. La premier japonesa abrió la caja de Pandora al dejar caer la aplicación de una defensa colectiva si Pekín atacase el territorio insular desde una alianza militar, AUKUS –conocida como la OTAN asiática e inserta en la política Indo-Pacífica de Washington- y que involucra a Japón, según Takaichi.

Esta retórica hostil, como la ha calificado Pekín, ha generado una oleada de represalias comerciales encubiertas, con restricciones a exportaciones y turismo, y un incremento de patrullas militares cercanas a zonas disputadas como las islas Senkaku/Diaoyu por parte de China.

Mientras, Japón ha acelerado una gran restructuración de sus sistemas de defensa y ha reforzado su red de alianzas, afianzando relaciones con EEUU y desplegando activos militares avanzados en las islas del sur del Estrecho de Taiwán; particularmente en el archipiélago de Ryukyu, que empieza a conocerse como el de los misiles.

Las palabras de Takaichi no se deben enmarcar solo en la dialéctica diplomática. También tienen efectos domésticos notables, al justificar el fortalecimiento de la capacidad militar de Japón para elevar su disuasión regional. Esto se ha traducido en cambios presupuestarios y recetas neoliberales en una economía aún sometida a herencias proteccionistas recientes, con elevadas vulnerabilidades y una deuda soberana descomunal.

La nueva dinámica geoestratégica interactúa con decisiones económicas y monetarias internas de calado. El gobierno Takaichi ha lanzado su agenda de medidas fiscales expansivas y compromisos de gasto en defensa sin precedentes. En paralelo, el BOJ ha abandonado su estrategia de decenios con tipos de interés próximos a cero para combatir la deflación y sacar al enfermo económico de su atonía productiva. La autoridad monetaria acaba de implantar una etapa de encarecimiento del dinero para atender una oleada de inflación inaudita y cooperar en la mitigación de los desequilibrios presupuestarios.

Giro fiscal expansivo

El objetivo declarado de Takaichi con su reorientación fiscal es espolear la inversión privada y sostener la demanda interna con alteraciones impositivas progresivas y desgravaciones y permitir un incremento sustancial del gasto público, incluyendo el militar. En el corazón de su agenda tributaria laten medidas incentivadoras de la inversión empresarial con mecanismos de alivio a hogares, en especial, familias de ingresos medios, tras un año en el que la cesta de la compra nipona se ha encarecido significativamente impulsada por alimentos básicos como el arroz.

Para paliar los efectos de la inflación, el pasado miércoles Japón puso fin a un impuesto a la gasolina adoptado como una medida provisional en 1974 pero que acabó durando más de medio siglo. Junto con la eliminación de una tasa similar al diésel en 2026 comportará pérdidas de ingresos anuales al erario público de unos 3.825 millones de dólares.

En la agenda gubernamental destacan la proliferación de créditos fiscales enfocados a inversión y mecanismos de depreciación acelerada de bienes de capital que reducen hasta un 7% el valor de las operaciones, para impulsar unas cadenas de valor atascadas en un círculo vicioso. Además, amplía las desgravaciones inmobiliarias y aumenta el umbral de ingresos libres de impuestos, y las deducciones a trabajadores de ingresos medios para amortiguar el impacto de la inflación.

Este recetario se inserta en un amplio proyecto de reforma tributaria que busca impulsar el crecimiento aun reduciendo temporalmente la recaudación. Las deducciones fiscales a la inversión buscan ser un contrapeso a la rigidez de la demanda interna, históricamente afectada por una población envejecida y un mercado laboral conservador y poco dado a la movilidad.

Al tiempo, se eleva un punto porcentual el IRPF desde enero de 2027 para financiar la creciente factura en defensa bajo unas pautas compensatorias, como eliminar el recargo para la reconstrucción por el terremoto de 2011. Así, la presión impositiva no recaerá de inmediato sobre los hogares.

Según Takaichi, este rediseño “busca asegurar recursos y fortalecer la defensa nacional con una dotación del 2% del PIB este mismo año fiscal -dos ejercicios antes de lo previsto-, sin imponer cargas directas adicionales a las familias”. Esa cuadratura del círculo debe pasar por el trámite parlamentario.

El Ministerio de Economía acaba de mostrar las primeras cifras de este desembolso militar, que se centrará en ayudas y avales a chips y aplicaciones de IA para amortiguar las ansias estratégicas de Tokio por los avances americanos y chinos en este terreno y la fragilidad de sus cadenas de suministro.

Hasta 1,23 billones de yenes (unos 6.700 millones de euros) liberará el gobierno nipón en el ejercicio fiscal que comienza en abril, además de incrementar un 50%, en otro billón de yenes (unos 5.440 millones de euros) las asignaciones a estas partidas.

En total, la factura supera ligeramente los 3 billones de yenes, unos 16.000 millones de euros. La mayor parte se dirigirá a la multinacional de semiconductores Rapidus, creada en 2022 con apoyo gubernamental y grandes corporaciones como Sony, Toyota, SoftBank, NEC, NTT, Kioxia y Denso, entre otras, al impulso de modelos fundacionales de IA y préstamos.

Pero la aritmética fiscal japonesa sigue sin ofrecer datos presupuestarios precisos, más allá de este planteamiento inicial. Takero Doi, profesor de la Universidad de Keio, avisa de que el enfoque podría funcionar si se sostiene el crecimiento nominal en el que “confía ciegamente el Gobierno”. Este, recuerda, deberá también manejar una deuda que supera el 250% del PIB, la más alta del planeta, con permiso de la sursudanesa.

A su juicio, “sin un plan creíble de consolidación presupuestaria, el riesgo de que el mercado acabe exigiendo una prima mayor seguirá latente”. Doi advierte de una posible pérdida de confianza de inversores y agencias de rating en sus calificaciones soberanas.

Shigeto Nagai, ex alto funcionario del Ministerio de Finanzas, subraya que “los recortes fiscales y el aumento del gasto no están acompañados de reformas estructurales profundas que eleven el potencial de crecimiento”. Esto podría desembocar en más inflación y entorpecer la productividad real, un riesgo de especial relevancia “en un país con una población que envejece rápidamente y una fuerza laboral en contracción”.

Natixis destaca los peligros asociados a emitir más deuda en un contexto de alzas de tipos. Los bonos japoneses se vuelven más atractivos por sus rendimientos altos, pero toda ausencia de claridad fiscal obliga a gestionar activamente posiciones de renta fija, dado que la credibilidad presupuestaria es esencial para anclar expectativas de inflación y evitar primas de riesgo volátiles.

Al rescate monetario

Tras tres décadas de táctica ultra-expansiva de tipos y compras masivas de activos, el Banco de Japón acaba de emprender un giro notable en diciembre al encarecer el dinero al 0,75%, cota desconocida desde los noventa, dejando atrás un largo ciclo de políticas heterodoxas.

Estos cambios responden a dinámicas internas (inflación persistente por encima del 2% por el repunte de costes laborales y energéticos y presiones de la oferta global de mercancías) y externas, ilustradas por unos mercados financieros que anticipaban este ajuste con rendimientos de los bonos a largo plazo en máximos de hace décadas.

El BOJ ha enfatizado que la normalización será gradual, dependerá de los datos, y con ajustes adicionales si las condiciones lo justifican.

El alza de tipos tiene efectos ambivalentes. Si bien reduce incentivos para una expansión extrema de liquidez y ayuda a anclar expectativas inflacionarias, encarece la financiación de la deuda y restringe el espacio fiscal, justo cuando el gobierno impulsa gastos significativos en defensa y despliega nuevos recursos. La tensión entre política monetaria y fiscal está servida si el despegue no toma altura. Y tampoco ayuda el tipo de cambio del yen, más volátil, con implicaciones directas sobre la competitividad de las exportaciones y los balances de activos de los inversores japoneses con sumas billonarias en bonos extranjeros denominados en dólares. Un yen débil encarece el servicio de esta deuda externa en moneda local y eleva la amenaza de las carteras institucionales y fondos de pensiones.

Para Kazuo Momma, exdirector ejecutivo del Banco de Japón, “el mayor riesgo no es una subida puntual de tipos, sino una descoordinación entre política fiscal y monetaria, algo que Japón había logrado mantener durante años”. Destaca que la transición hacia tipos en positivo debe gestionarse con cautela para evitar que la rigidez presupuestaria y la deuda rampante obstruyan la hoja de ruta económica.

Envejecimiento, inserción digital y rearme

Momma advierte además de que las reformas deberían atender al envejecimiento japonés y la brecha laboral femenina, destensar la rigidez del empleo e insertar la innovación digital en los proyectos de inversión empresarial y sectores concretos del mercado laboral.

“Invertir en tecnología y capital humano para ganar productividad”, explica Kyohei Morita, economista jefe de Nomura, para quien su aplicación en segmentos como el del software, la IA o la biotecnología requieren “un entorno regulatorio y educativo que fomente el emprendimiento y la movilidad de talento”.

Morita cree que el ritmo de implantación de estas reformas es lento. Enfatiza que “incluso cuando la inflación y las subidas de tipos están más arraigadas que en años recientes, se sigue sin conseguir que las alzas salariales y de precios funcionen armónicamente” y se trasladen a la productividad, la competitividad -en especial, con China y Corea del Sur- y a crecimientos sostenibles.

El reequilibrio entre geopolítica y economía adquiere un mayor grado de incertidumbre tras el abandono del mandato pacifista de la Constitución de 1947, con una reinterpretación amplia del uso de la fuerza y la defensa colectiva. El gabinete de Takaichi acelerará la adquisición de misiles de largo alcance (sistemas Tomahawk adaptados a la Armada nipona), modernizará sus capacidades aéreas con el caza F-35B y otros aviones de última generación y pondrá en liza un cinturón de misiles defensivos en el sur del país.

Para el ex teniente general de las Fuerzas de Autodefensa Koichi Isobe, estas medidas se justifican en “la necesidad de construir capacidades conjuntas con EEUU y otros aliados” para contrarrestar las presiones de China y asegurar la estabilidad regional.

Pero tendrán efectos económicos inmediatos. Nomura Research Institute alerta de que solo el sector turístico perdería 2,2 billones de yenes por el conflicto diplomático con Pekín y su “furiosa reacción” a las palabras de la primera ministra japonesa sobre Taiwán, con advertencias de castigos comerciales que incluirían barreras arancelarias y de restricciones a viajes y a estudiantes.