Ayuso, la derecha y la ficción de los servicios públicos sin impuestos

¿Cómo estás? Es asombrosa la capacidad de contradicción y de utilizar argumentos tramposos de la derecha. Acabamos de ver esta semana un ejemplo de esta incoherencia con la reacción del PP –sorprendentemente en contra, por cierto, del catecismo de la iglesia y de los empresarios– a la regularización de medio millón de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. No me extenderé en este asunto ni en los beneficios que aportan los inmigrantes a la economía española, que los hay; comparto las recientes palabras de Violeta Assiego en este diario sobre la trampa racista de la inmigración necesaria.

Quiero hoy resaltar el falaz argumento de la derecha cuando promete un país con buenos servicios públicos sin recursos. Quienes exigen más inversión del Estado en infraestructuras y en servicios públicos, aprovechando momentos de evidente degradación o de tragedias, como la de Adamuz, son los mismos que defienden las bajadas de impuestos. “Donde mejor puede estar el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos”, dicen siempre. Puede ser una idea atractiva, pero irreal.

Es como querer estar en misa y repicando: son acciones incompatibles. Pero, aun sabiéndolo, la derecha utiliza el deterioro de algunos servicios –que existe– como munición ideológica contra la fiscalidad y contra la propia idea de lo público. El mensaje es sencillo y eficaz: el Estado cobra mucho y funciona mal. La conclusión implícita es que hay que pagar menos impuestos. Se exige un transporte público fiable, una sanidad que responda, una educación de calidad y unas infraestructuras modernas, pero al mismo tiempo se propone una reducción sostenida de los ingresos públicos.

Es una ecuación imposible. Lo de Ayuso y algunas alianzas PP-VOX es increíble. No hay servicios públicos sin impuestos en ningún rincón de Europa. No los hay en Alemania, ni en los países nórdicos, ni en Francia. Pretender lo contrario es alimentar una fantasía que solo beneficia a quienes pueden permitirse alternativas privadas, mientras se debilita la esfera común que sostiene la igualdad democrática, como explicaba esta semana Joan Subirats.

Dicho esto, es un error convertir esta discusión en un simple “impuestos sí o no”. Hay malestar social. Y este malestar social tiene varios orígenes: la crisis de la vivienda, el deterioro del poder adquisitivo, especialmente de los más jóvenes, a pesar de la bonanza económica y del dinamismo del mercado de trabajo. Y quizás la presión fiscal. Pero también —y cada vez más— la percepción de que los impuestos no se traducen en servicios que funcionen. Cuando las clases medias que pueden pagan mutuas privadas, evitan el transporte público o escolarizan a sus hijos fuera del sistema público, no todas lo hacen por ideología, sino por desconfianza. Esa desafección es el mayor enemigo del Estado del bienestar, porque erosiona su base social y abre la puerta al discurso antisistema desde dentro del propio sistema.

Hacen falta impuestos suficientes y progresivos para sostener servicios públicos dignos; no hay atajos.  Un estudio de Fedea alertaba esta semana que el Estado deja de recaudar hasta 51.000 millones por la evasión fiscal en el IRPF, fundamentalmente por aquellos ingresos que proceden de actividades económicas y del capital inmobiliario. Así que es inaplazable un debate profundo y un gran pacto de Estado en este sentido. Que tenga en cuenta también qué gastos soporta cada administración (claro que el Estado debe transferir recursos a las comunidades, otro argumento tramposo). Pero también es imprescindible que los gobiernos se esmeren mucho más en la gestión, en la planificación a largo plazo y en la rendición de cuentas. Defender lo público hoy exige algo más que proclamarlo: exige demostrar, con hechos, que cada euro recaudado se convierte en seguridad, movilidad, cuidados y oportunidades reales. Sin esa exigencia, la derecha seguirá ganando el relato. Y sin impuestos, simplemente, no habrá relato que sostener.

El dato

96%

Entre tanto Trump, Groenlandia, aranceles y Davos, ha pasado desapercibido un dato relevante y que constituye, justamente, un gol en propia puerta de Estados Unidos. Es el siguiente: los estadounidenses pagan casi la totalidad de los aranceles del inquilino de la Casa Blanca. Concretamente el 96% de la carga arancelaria. Contrariamente a la retórica del equipo económico de Trump, el coste de los aranceles a los productos que importa EE.UU. no lo soportan las empresas extranjeras, sino los importadores y consumidores norteamericanos, según el estudio America's own goal: Americans pay almost entirely for Trump’s tariffs, elaborado por el instituto alemán Kiel. El director de la investigación, Julian Hinz, explica que los aranceles actúan como un impuesto al consumo sobre los productos importados y, al mismo tiempo, disminuyen tanto la variedad como el volumen de los productos disponibles.

El gráfico

Pocos gráficos hablan tan claro como este. Las energías eólica y solar aportan por primera vez en la historia más electricidad en Europa que los combustibles fósiles, que se han desplomado en diez puntos porcentuales en la última década. El informe anual de referencia ‘European Electricity Review’, del think tank británico Ember, ofrece un panorama completo del sistema eléctrico en Europa en 2025. Según el estudio, eólica y solar en conjunto alcanzaron un récord del 30% de la generación de electricidad en la UE, un 42% en España. Lo hicieron gracias al incremento de la producción solar, que repuntó un 20% (fue la fuente que más creció) respecto al año anterior, hasta 369 teravatios hora (TWh), el 13% del total del mix eléctrico europeo. Los combustibles fósiles han caído del 37% al 29% en el mismo período. Si sumamos la energía hidráulica, el porcentaje de las renovables llega al 48% en Europa y supera la mitad en España, junto con Alemania el gran motor de este cambio.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Mark Carney, primer ministro de Canadá. Se ha convertido en una de las voces más interesantes y respetadas del momento político y económico internacional tras su discurso en Davos, en el que sostuvo que el orden mundial “basado en reglas” no está en transición, sino en ruptura. Sin citarlo directamente, su diagnóstico fue una enmienda clara a Donald Trump. Carney defendió que las potencias intermedias —Canadá, Europa, Australia— deben coordinarse entre sí para proteger soberanía, derechos y estabilidad económica en un mundo más coercitivo y fragmentado. La tesis no solo se celebró en buena parte de Europa, sino que se lee como una auténtica lección para el Viejo Continente.

El interés por Carney no es solo discursivo: su biografía refuerza la credibilidad del mensaje. Exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra –el primero no británico en los más de 300 años de historia de la institución monetaria inglesa–, pilotó dos economías clave en medio de la crisis financiera global, el Brexit y el inicio de la pandemia, lo que le da una autoridad técnica poco común entre líderes políticos. Desde el Gobierno canadiense, esa experiencia se traduce ahora en una estrategia de diversificación comercial y menor dependencia de Washington.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Eso es todo por esta semana. Nos vemos el jueves que viene con más noticias económicas. Si tienes tus propuestas o ideas me puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. 

Un abrazo