Fiscalidad y servicios públicos: la erosión de la esfera común

Deja de funcionar el sistema ferroviario en Cataluña y Ayuso anuncia una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones en Madrid. Puede parecer una mera yuxtaposición de noticias, pero hay algo de estructural en la coincidencia. El debate sobre la fiscalidad no va de números, sino de país: qué tipo de comunidad queremos ser, una sociedad de servicios compartidos o un archipiélago de privilegios individuales. En España, y de forma especialmente visible en el caos cotidiano de la red ferroviaria en Cataluña, vivimos una paradoja peligrosa: la degradación de lo público se utiliza como prueba de que lo público “no funciona”, para justificar nuevas rebajas fiscales y más retirada del Estado. Sin embargo, lo que presenciamos no es el fracaso intrínseco de lo público por el hecho de ser público, sino el avance de una estrategia premeditada para erosionar el pacto social hasta que la ciudadanía, agotada, acabe pidiendo que el mercado ocupe el lugar del Estado.

El ejemplo del Reino Unido bajo el legado de Margaret Thatcher no es una réplica exacta de lo que sucede aquí, pero sí un precedente y una advertencia intelectual y moral. Ken Loach lo retrató magistralmente en La cuadrilla (The Navigators): la privatización de los ferrocarriles británicos no trajo eficiencia, sino precarización extrema de los trabajadores y el sacrificio de la seguridad en nombre del ahorro de costes para el accionista. Los análisis posteriores al accidente de Hatfield, en el año 2000, pusieron de manifiesto las graves deficiencias de la empresa privada Railtrack y sus continuas subcontrataciones. En Cataluña, la falta crónica de inversión y la muy deficiente ejecución presupuestaria de los sucesivos gobiernos han generado un servicio poco fiable que expulsa usuarios, encarece la vida cotidiana y degrada la dignidad del viajero. 

Este vaciamiento de lo común se da, además, en un contexto global de ataque a la democracia liberal, donde la extrema derecha y los populismos reactivos ganan terreno. Líderes como Isabel Díaz Ayuso en Madrid —o las alianzas PP‑Vox que se están materializando en Extremadura y que asoman en Aragón o Castilla y León— han convertido la bajada de impuestos en un relato de emancipación frente a un Estado supuestamente opresor. Es un ataque frontal a la democracia entendida como un espacio de iguales. La libertad que proponen es, en realidad, una libertad de mercado: solo quien tiene capital puede elegir colegio, hospital o medio de transporte.

Cuando la sanidad pública estornuda o los trenes de cercanías no llegan a su hora, la respuesta de estos sectores no es reforzar la fiscalidad progresiva para invertir más, sino empujar a quien pueda a comprarse un coche, contratar un seguro privado o pagar una escuela concertada de élite. El resultado es una fractura social profunda: dejamos de compartir vagón y sala de espera, dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en clientes con distintos niveles de acceso. Se disuelve la esfera común que sostiene la democracia y se normaliza la idea de que la calidad de vida depende de la cuenta corriente.

La discusión sobre impuestos suele presentarse como una lucha entre “altos impuestos asfixiantes” y “bajos impuestos liberadores”, pero en realidad es una disputa sobre cómo se distribuye el poder. Economistas como Thomas Piketty han mostrado que sin impuestos progresivos sobre la renta y el patrimonio, la desigualdad se dispara y termina minando las bases mismas de la democracia, al concentrar la capacidad de influencia política en una minoría. Poner la fiscalidad en el centro del conflicto político no es una obsesión contable, sino la condición para sostener un Estado social capaz de financiar educación, sanidad e infraestructuras en condiciones de igualdad.

España se mueve en niveles de recaudación que, aunque se han aproximado a la media de la OCDE en las últimas dos décadas, siguen siendo objeto de debate cuando se comparan con las necesidades reales de un Estado social que ha de proveer servicios a una cantidad mayor de usuarios. Los datos de la OCDE sitúan la recaudación tributaria en torno al 37% del PIB en 2023, por encima del promedio del conjunto de países que la forman, pero por debajo de los países que sostienen Estados de bienestar más robustos y menos desiguales. La cuestión no es solo cuánto se recauda, sino cómo: el peso relativo de la imposición sobre el trabajo frente a la riqueza y las rentas de capital, y el margen de mejora mediante figuras más progresivas, como los impuestos sobre grandes fortunas y herencias, que Piketty defiende como palancas para reducir la desigualdad heredada, que es justamente la que Ayuso quiere bonificar.

Una esfera pública bien financiada —ferrocarriles que funcionan, escuelas inclusivas, una atención primaria robusta— es el único mecanismo que garantiza que la libertad no sea un privilegio para pocos, sino una posibilidad real para muchos. Pagar impuestos no es un castigo, sino la inversión necesaria para mantener una infraestructura común que nos iguala y nos permite convivir en un mundo cada vez más fragmentado. Pero para que este contrato fiscal sea políticamente defendible, es imprescindible que las cosas funcionen.

Defender hoy un sistema ferroviario digno en Cataluña o una atención primaria fuerte en Madrid no es solo una cuestión de movilidad o de salud. Es un acto de resistencia democrática: una manera de afirmar que la libertad no se compra en el mercado, sino que se construye garantizando derechos efectivos para todos. Solo manteniendo una esfera pública no orientada al beneficio, sino al servicio ciudadano y financiada de forma progresiva por quienes más tienen, podemos sostener una sociedad donde el bienestar no dependa de la cuenta corriente. Recuperar el prestigio de lo común y hacer que el Estado cumpla sus compromisos de inversión es la condición para que la democracia no se convierta en una cáscara vacía al servicio del mejor postor, y para frenar la deriva que nos quiere convencer de que estaríamos mejor solos que juntos.