La quiebra del ‘nosotros’ y los peligros del ‘yoísmo’

La sucesión de escándalos político‑institucionales a los que venimos asistiendo en nuestro país es demoledora. La financiación irregular de partidos, el aprovechamiento individual de los puestos de representación y gobierno o los últimos episodios de agresiones sexuales basadas en una impunidad asociada a la jerarquía institucional se inscriben en un paisaje cada vez más deteriorado. Cada episodio no solo erosiona la imagen de una institución concreta, sino que refuerza un diagnóstico más general: “todos son iguales”, “las reglas solo obligan a los de abajo”, “lo público es el botín de los que mandan”. Esa percepción, que en España tiene un largo recorrido histórico, debilita el vínculo entre ciudadanía y Estado y alimenta la sensación de que la única estrategia racional es “ir a lo mío”, maximizar beneficios privados y minimizar la acción colectiva que no conlleve beneficios personales. Es un círculo vicioso: menos confianza genera menos implicación, y menos implicación deja más espacio a usos privados de lo público que, a su vez, reducen aún más la confianza.

En las últimas décadas hemos aprendido, con Robert Putnam y con buena parte de la literatura posterior, que las democracias no se sostienen solo sobre constituciones, leyes e instituciones, sino sobre una infraestructura de vínculos, asociaciones y confianzas que hacen posible la cooperación cotidiana. Hay un “capital social” hecho de redes compartidas, de espacios en los que dar y recibir, y de esperanzas mutuas que permiten la acción colectiva. Este concepto ayuda a explicar por qué algunas sociedades resisten mejor las crisis, innovan más o preservan mejor sus instituciones. 

No parece que en España estemos en un buen momento al respecto. Los datos recientes no invitan al optimismo. Según una encuesta de la OCDE sobre confianza en las instituciones, en 2023 solo un 37% de la población en España declaraba confiar mucho o bastante en el Gobierno central. La confianza en el Parlamento apenas alcanzaba el 34%, y los partidos políticos se situaban en el furgón de cola, con apenas un 18%. La paradoja es que esa desconfianza institucional convive con niveles relativamente altos de confianza interpersonal (“confiar en los demás”) y con una valoración mejor de servicios como la sanidad o las administraciones locales.

Esta brecha entre instituciones políticas y vínculos cotidianos tiene raíces históricas profundas. Durante largos períodos, el Estado fue percibido como instrumento de élites, con una modernización autoritaria sin sedimentación de una cultura democrática amplia, una vida pública capturada por partidos y burocracias, y una sociedad civil débil y muy desigual en su implantación territorial. El resultado ha sido un espacio público entendido como “espacio de otros”, de los que mandan, reparten prebendas y se aprovechan para engordar lo suyo. Y no como un espacio común del que todos somos responsables. Se espera mucho del Estado y de sus instituciones y, al mismo tiempo, se desconfía profundamente de él: una combinación explosiva que alimenta tanto la frustración como la apatía.

Sin embargo, sería un error concluir que España está condenada a un déficit permanente de lazos y vínculos sociales positivos. La evidencia comparada muestra fuertes diferencias territoriales y sectoriales: hay regiones, municipios, barrios y ámbitos donde la densidad asociativa y la innovación cívica son notables. La economía social, el cooperativismo, el tercer sector, las plataformas de defensa del medio ambiente, ejemplos de solidaridad y de defensa de lo común, redes de cuidados, son expresión de todo ello. Allí donde hay contexto, historia, personas y estructuras que lo favorecen, los vínculos sociales florecen y se refuerza la capacidad colectiva de buscar salidas compartidas.

En este contexto, el crecimiento del individualismo en todo el mundo adquiere en España rasgos propios. No hablamos solo del individualismo “clásico” liberal, sino de una constelación de prácticas y valores marcada por la precariedad, la competencia entre los últimos y los penúltimos y la gestión solitaria de los riesgos vitales. La combinación de mercados de trabajo inestables, desigualdades persistentes y debilitamiento de los grandes relatos colectivos empuja a muchos ciudadanos a replegarse sobre la familia y los círculos más inmediatos. Cuando la confianza se reserva al círculo íntimo y las instituciones se perciben como distantes o capturadas, el espacio para el compromiso cívico se estrecha.

De este modo se alimenta un discurso político que oscila entre dos polos poco fértiles: por un lado, la exigencia de que “el Estado lo resuelva todo”; por otro, la invitación moralizante a que “la gente se implique más”, pero sin modificar las condiciones estructurales que permitan que no sea casi heroico implicarse socialmente. La consecuencia es un malestar difuso que no encuentra canales efectivos de transformación colectiva.

Reconstruir la confianza exige ir más allá de los llamamientos éticos y genéricos a la ciudadanía. Hace falta un paquete de reformas institucionales serias que refuerce la transparencia, el compartir decisiones y la rendición de cuentas, de manera que quede claro que lo público no es un espacio capturado de antemano. Y requiere también políticas deliberadas de apoyo a la sociedad civil: marcos legales y financieros estables para el tercer sector, reconocimiento del papel de asociaciones y cooperativas como coproductoras de políticas y no solo como proveedoras baratas de servicios, y cuidado de los espacios físicos y simbólicos donde la gente pueda encontrarse y organizarse, como bibliotecas, centros cívicos o espacios de ocio infantil y juvenil.

Finalmente, es necesario disputar el sentido del propio individualismo. No se trata de oponer mecánicamente individuo y comunidad, sino de promover formas de autonomía que se entiendan a sí mismas como interdependientes. Derechos individuales fuertes, sí, pero anclados en la conciencia de que sin instituciones comunes legítimas, sin bienes públicos sostenidos colectivamente y sin redes de apoyo mutuo, esa autonomía se vuelve ficticia. En una sociedad donde se habla mucho de derechos y bastante menos de responsabilidades, recuperar la idea de lo público como algo que no solo “me protege” o “me da servicios”, sino como algo que también me obliga y me implica, es una de las tareas políticas y culturales más significativas en momentos como los actuales.