Europa en la encrucijada: defensa, bienestar y el precio de la autonomía

Hasta hace relativamente poco la relación transatlántica se daba por descontada. Había una especie de distribución de roles. Estados Unidos garantizaba la seguridad del continente, Europa aportaba estabilidad normativa y un intercambio comercial sólido, y ambas orillas compartían un horizonte liberal-democrático. Poco a poco primero y muy rápido últimamente la cosa se ha resquebrajado por completo. Primero la crisis de 2008, luego el Brexit, la pandemia, la guerra de Ucrania, pero el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca lo ha acelerado todo. El episodio de Groenlandia colmó el vaso. Lo de que un presidente estadounidense exprese públicamente su voluntad de anexionar un territorio europeo no es una tontería más de un excéntrico megalómano. Es la señal de que Washington ve a Europa como un terreno a disputar. 

Y así ha sido. La administración Trump 2.0 apunta en una dirección clara: fragmentar la capacidad de acción autónoma de Europa. La fotografía que tienen en la Casa Blanca mezcla tres ideas: un declive económico europeo irreversible, una pérdida de “identidad civilizatoria” (judeocristiana) que no hay quien recomponga y la pérdida de soberanía de los estados nacionales a beneficio de la burocracia de Bruselas. Todo ello conduce a que Washington corteje abiertamente a los partidos nacional-ultraconservadores del continente (AfD, Reagrupación Nacional, Fratelli d'Italia, Fidesz, Vox). Partidos capaces de bloquear cualquier avance hacia una autonomía estratégica genuinamente europea que se ve como una amenaza para la hegemonía estadounidense. La administración Trump ve en estos partidos a socios naturales de un proyecto antiliberal: una Europa débil, dividida y dependiente. 

La guerra de Ucrania y la presión americana han provocado un cambio de época que coloca el gasto militar en el centro del proyecto europeo. La idea de una “ReArm Europe” con cientos de miles de millones en inversión en armamento convive mal con Estados del bienestar ya tensionados por la inflación, la transición ecológica y el envejecimiento demográfico. Europa se enfrenta así a una versión contemporánea del viejo dilema entre cañones y mantequilla, complicada porque debe sumar la descarbonización, la digitalización y la cohesión social. Algunos gobiernos, especialmente Polonia, intentan presentar el rearme como un “keynesianismo militar” capaz de reindustrializar el continente Se corre el riesgo de aumentar la dependencia tecnológica y estratégica mientras se desvían recursos de sanidad, educación o transición verde. Los ciudadanos europeos, según los sondeos de opinión realizados, pide simultáneamente más seguridad, más acción climática y más protección social. No concibe la defensa solo con tanques y misiles, sino que piden que se combine con energía propia ciberseguridad y democracia. Los europeos quieren sentirse protegidos, pero no a costa de desmantelar el modelo social del que disfrutan. Si no se aumenta el presupuesto de la Unión el riesgo es que la partida militar se imponga por la vía de los hechos, alimentada por un discurso de nueva derecha que tiende a presentar el gasto social como el factor que atrae a los migrantes a costa de los nativos. 

Aquí es donde la cuestión fiscal se convierte en prioridad política. Para sostener tanto la defensa como el bienestar sin romper la unión monetaria, Europa ha empezado a dar pasos hacia una soberanía compartida en el terreno financiero. La emisión conjunta de deuda durante la pandemia y ahora para Ucrania marca una ruptura con el veto histórico de Alemania a los eurobonos. Como ha escrito Claudi Pérez en El País, se trata de una especie de “mutación kafkiana”: la regla de la unanimidad se ha erosionado en situaciones de emergencia, y eso convierte a la UE en un actor político más capaz cuando la crisis aprieta. Los eurobonos son el embrión de una unión fiscal que necesariamente obligará a redefinir el marco institucional y las bases de legitimidad de la UE: qué se financia, quién paga, quién decide y con qué contrapesos democráticos. Los gobiernos nacional-populistas aceptan gustosos el dinero europeo, pero quieren blindarse frente a las responsabilidades futuras. La paradoja es que los Estados pierden margen individual en materia presupuestaria, pero ganan capacidad colectiva para sostener políticas que ninguna capital por si sola podría financiar.

España ilustra bien esta encrucijada. Es un país que ha apostado decididamente por la integración europea, que fue uno de los principales beneficiarios de los fondos Next Generation EU y que ha respaldado con firmeza tanto la emisión de deuda común como el acuerdo con Mercosur. Este último, que acaba de entrar en vigor provisionalmente, no es solo un pacto comercial: crea un mercado de más de 700 millones de personas y envía una señal política contundente en un mundo donde el multilateralismo está bajo asedio. Para España, con sus lazos históricos, culturales y empresariales con América Latina, Mercosur representa una oportunidad de diversificación estratégica y al mismo tiempo una prueba de que Europa puede tejer alianzas más allá del eje atlántico tradicional.

La misma lógica de diversificación empuja a Europa hacia el Pacífico. La UE ha intensificado sus relaciones con Japón, Corea del Sur, India y otros países de la zona, y lo que hace poco era un ejercicio de expertos en relaciones internacionales tiene ahora tintes de urgencia. Países como Japón o Corea del Sur, que dudan también de la fiabilidad del paraguas americano, miran hacia Europa como socio de defensa y tecnología. Los ejercicios navales conjuntos, las asociaciones estratégicas y las negociaciones comerciales que menudean con el Sudeste Asiático dibujan un mapa de alianzas más complejo. Pero el reto es pasar de la retórica a la capacidad operativa, ya que si Europa no tiene un músculo diplomático, industrial y militar propio no acabará siendo tomada en serio en esa región.

Pero, ¿todo esto quién lo lidera? Francia arrastra inestabilidad política y Alemania vive un periodo de introspección tras años de dependencia del gas ruso y del paraguas americano. Mientras tanto, la “otra Europa” reclama asiento en la cabecera de la mesa. Polonia se ha convertido en actor central del debate sobre defensa, los países bálticos marcan la pauta en la percepción de la amenaza rusa, e Italia y España ganan peso político relativo. Pero esta pluralidad de voces, que enriquece el debate, también dificulta los consensos en una unión atrapada entre la lógica intergubernamental y la necesidad de decisiones rápidas.

Europa se encuentra ante una encrucijada que no admite medias tintas. La autonomía estratégica no es lo contrario de la soberanía nacional, sino probablemente su condición de supervivencia en un mundo de potencias continentales y guerras híbridas. Pero hacerla realidad exige aceptar pérdidas de autonomía en cuestiones sensibles como son el presupuesto, la mutualización de la deuda, el reforzamiento de la industria de defensa, pero también el apuntalamiento de los mecanismos democráticos que acaben dando legitimidad a esas decisiones. Es, en el fondo, un reto de imaginación política: concebir un proyecto europeo capaz de proteger a sus ciudadanos sin traicionar los valores que lo distinguen y que ofrezca una alternativa creíble a la fragmentación nacionalista. La pregunta no es si Europa puede permitírselo. La pregunta es si puede permitirse no hacerlo.