Más allá del ladrillo: la política de vivienda como política de salud

En España se habla de vivienda como si fuera solo un problema de solares disponibles, metros cuadrados, precios y hipotecas, pero en realidad se está discutiendo, también y sin decirlo, sobre salud pública y esperanza de vida. La evidencia comparada muestra de forma bastante contundente que la vivienda es, en esencia, un problema de bienestar y de salud pública de primera magnitud. El tipo de vivienda que se habita —si está sobre ocupada, si se pasa frío o calor, si hay humedades, si el alquiler se lleva la mitad del sueldo— condiciona la salud física y mental, la autonomía en la vejez y hasta las oportunidades educativas de los hijos

En España la desconexión entre el derecho a la salud —ampliamente protegido y gestionado como un pilar básico universal— y el derecho a la vivienda —relegado a un principio rector de la política económica en el artículo 47 de la Constitución— ha generado una fractura social cuyas consecuencias son ya innegables. En este escenario, la dimensión sanitaria de la crisis residencial suele permanecer en segundo plano frente al relato más visible del encarecimiento del alquiler, la dificultad de emancipación juvenil o los desahucios. Hace un par de semanas me invitaron a discutir el tema en la Agencia de Salud Pública de Barcelona y los datos que allí se barajaron constatan que una parte creciente de la población vive en condiciones que la literatura especializada define como privación severa de vivienda: sobreocupación, infravivienda, problemas estructurales (humedades, filtraciones, moho), dificultades para mantener una temperatura adecuada o barrios expuestos al ruido, la contaminación y la inseguridad. Se estima que en 2020 cerca del 20% de la población en España vivía en viviendas con humedades o filtraciones, por encima de la media europea. A ello se suma el overburden: hogares que destinan más del 40% de sus ingresos a los gastos de vivienda, lo que multiplica el riesgo de pobreza y limita el gasto en alimentación, energía o cuidados.

Desde este ángulo, invertir en vivienda asequible es, posiblemente, la intervención en salud más ambiciosa y eficiente que un Estado puede acometer en el siglo XXI. La vivienda actúa hoy como el “pilar tambaleante” del bienestar, según la célebre definición de Torgersen, porque es el único ámbito donde el mercado manda sobre la necesidad básica, obligando a las familias a realizar malabarismos imposibles entre el pago del alquiler y el mantenimiento de una vida saludable.

La complejidad de la crisis habitacional se manifiesta en múltiples capas que erosionan el cuerpo y la mente de forma silenciosa. No se trata solo de la falta de un techo; hablamos de la infravivienda, de la sobreocupación y de la incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada. La pobreza energética, que en climas mediterráneos se traduce tanto en el frío invernal como en el estrés térmico estival, es responsable directa de un aumento en la mortalidad prematura y de patologías respiratorias crónicas. A esto debemos añadir el impacto devastador del “overburden” financiero: cuando una familia destina más del 40% o incluso el 50% de sus ingresos al alquiler, el sistema sanitario empieza a pagar la factura. El estrés crónico derivado de la inseguridad residencial —el miedo al desahucio o a la no renovación del contrato— altera el sistema inmune y dispara los cuadros de ansiedad y depresión. En España, diversos estudios académicos ya han demostrado que el consumo de psicofármacos está estrechamente ligado a la precariedad habitacional. Estamos recetando ansiolíticos para tratar problemas que se resolverían con un parque público de vivienda alquiler estable y asequible.

Esta situación se ve agravada por nuestro modelo de bienestar, históricamente “familiarista”. Durante décadas, el Estado español delegó la protección social en la propiedad privada y en la red de apoyo familiar. Se asumió que la familia era el amortiguador que compensaba la falta de vivienda pública. Pero este modelo ha colapsado ante la precariedad laboral y el auge de precios especulativos. El “familiarismo” ya no protege como lo hacía; hoy más bien segrega. Quien no hereda o no tiene red familiar queda expuesto a un sistema de tenencia dual, donde el alquiler es un terreno hostil, costoso y carente de las protecciones que sí tiene un propietario. La evidencia internacional, recogida en informes de instituciones como Eurofound, es demoledora: por cada tres euros invertidos en mejorar las condiciones de vivienda de la población, el sistema público recupera dos euros en apenas un año a través del ahorro en gastos médicos, hospitalizaciones y servicios sociales. Países como Finlandia, con su programa Housing First, han demostrado que proporcionar una vivienda estable es el primer paso, y el más barato a largo plazo, para tratar enfermedades crónicas y problemas de exclusión extrema.

Uno de los mayores retos para revertir esta situación es la fragmentación de las políticas públicas. La iniciativa “Vivienda 47” del gobierno central representa un paso necesario, pero corre el riesgo de quedar como un compartimento estanco si no se articula con las políticas de salud y servicios sociales. Aquí es donde el concepto de proximidad adquiere una relevancia estratégica. La relación entre vivienda y salud se gestiona mejor cuanto más cerca está la capacidad de decisión del problema real. Los municipios y las áreas metropolitanas son los espacios donde la “acupuntura urbana” puede detectar qué barrio sufre más por el hacinamiento o dónde la falta de aislamiento está provocando ingresos hospitalarios recurrentes. Cuando la política se aleja del territorio, la vivienda se convierte en un frío dato estadístico; cuando se gestiona desde la proximidad, se entiende como una infraestructura de cuidados. La integración de políticas no es solo una cuestión administrativa, sino una necesidad operativa: un médico de familia debería poder “recetar” una mejora en el aislamiento de una vivienda de la misma forma que receta un inhalador para el asma.

La escasez de vivienda accesible es, en última instancia y en la jerga económica, una externalidad negativa que el mercado traslada al sistema sanitario público. Si España aspira a mantener su salud pública en niveles aceptables, debe entender que la sanidad universal no termina en la puerta del hospital, sino que empieza en la puerta de casa. No habrá salud sin un suelo desmercantilizado y sin una política habitacional valiente que entienda que el derecho a un techo digno es la vacuna más eficaz contra la desigualdad y la enfermedad. Invertir en vivienda es, sencillamente, la mejor receta médica que podemos prescribir para el futuro de nuestra sociedad.