El PP finiquita la tregua tras la tragedia de Adamuz y se lanza con todo a por Sánchez

La tregua duró el tiempo del luto oficial tras el accidente ferroviario de Adamuz en el que perdieron la vida 45 personas. Ni siquiera ha habido fairplay para el homenaje a las víctimas. El PP se ha contraprogramado con sendas misas en Huelva y Madrid el mismo día, mientras el homenaje de Estado se ha pospuesto 'sine die'. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se iban a reunir el 19 de enero para abordar un hipotético envío de tropas de paz a Ucrania, en línea con lo que están negociando los socios europeos. El encuentro se anuló por la tragedia y no hay por ahora fecha prevista para su celebración. Y en el PP prefieren que no la haya.

El PP se ha lanzado en tromba a señalar al Gobierno como responsable del siniestro sin que se hayan presentado las conclusiones de la investigación de la CIAF. Eso se traduce, una vez más, en la exigencia de dimisiones. En este caso, la del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien la oposición ha exigido incluso que no acuda a la misa funeral de este jueves en Huelva. Puente no asistirá a la misa. Sí lo harán los reyes, varios ministros (María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Luis Planas), el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el propio Feijóo. 

Los conservadores han azuzado, además, la idea de que las víctimas se revolverán contra el Gobierno durante esos actos. En el PP suspiran con que a los socialistas les ocurra lo mismo que a Carlos Mazón en el primer aniversario de la dana que costó 230 vidas. El entonces presidente de la Generalitat fue duramente insultado por las víctimas, lo que precipitó una dimisión a la que se había negado pese a sus mentiras sobre dónde estuvo la tarde de la catástrofe natural.

“Un Gobierno que ha suspendido el acto de Estado, que estaba programado para este sábado, por miedo a enfrentarse a las víctimas tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves. Sería cruel. Su permanencia es un insulto a las víctimas, pero verle en Huelva sería una provocación”, expresó el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, el lunes. 

La explicación que ha dado el Gobierno es que decidió conjuntamente con Moreno Bonilla aplazar el homenaje, previsto para el 31 de enero, por petición de algunas familias de las víctimas, que plantearon la imposibilidad de asistir al acto. El Ejecutivo asume que fue precipitado convocarlo apenas dos semanas después del accidente. Feijóo exigió explicaciones a Sánchez y solicitó su comparecencia inmediata en el Congreso y el Senado, donde goza de mayoría absoluta. “No es mala suerte, es mala política e incapacidad patente”, acusó el pasado viernes. Para entonces el presidente ya había registrado una solicitud de comparecencia a petición propia, aunque no se producirá hasta el 11 de febrero.

El PP ha intentado forzar que acudiera a la Cámara Alta, pero en Moncloa se niegan a pasar por ese aro y será Puente el que rinda cuentas. Moncloa sostiene que la Constitución les ampara en su negativa dado que establece en el artículo 108 que “el Gobierno responde solidariamente en su gestión política”, aunque indica en el Congreso de los Diputados y no menciona el Senado. Además, está establecido en la práctica parlamentaria que es el Gobierno el que elige quién responde, tal y como recogen los letrados de las Cortes en sus análisis. De ahí que Sánchez envíe a Óscar Puente, en tanto que ministro de Transportes, para responder sobre las causas del accidente.

No obstante, el presidente del Senado, Pedro Rollán, amenazó este miércoles a Sánchez con los tribunales si el presidente no se presenta este jueves, que es cuando el PP, con su mayoría absoluta, fijó la fecha de la comparecencia.  “La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan”, expone Rollán en una carta que ha enviado a Sánchez. 

Pero no es la primera vez que Sánchez planta al Senado. De hecho, en toda la legislatura solo ha acudido dos veces a la Cámara Alta: a una sesión de control y a la comisión de investigación del ‘caso Koldo’. La portavoz del PP, Alicia García, ya le remitió el año pasado una carta para exigirle acudir por “obligación legal” sin respuesta. El PP ha aprovechado su mayoría absoluta durante toda la legislatura para maniobrar desde el Senado contra el Gobierno, aunque en la mayoría de ocasiones no ha tenido ningún éxito.

Lo que se vislumbra, en todo caso, es una comparecencia bronca de Puente en el Senado este jueves. En Moncloa recuerdan que tras el accidente de Angrois solo compareció la entonces ministra Ana Pastor, dos semanas largas después del siniestro y en la correspondiente comisión del Congreso. 

En el Gobierno se quejan de que ahora el PP exija explicaciones al presidente y también al ministro en el Pleno. “Lo primero que hay sobre la mesa es una diferencia evidente de cómo respondemos unos, cómo actúan otros”, dijo Puente el martes tras haber dicho que la comparación con Carlos Mazón durante la dana era “ofensiva”. 

En el Ejecutivo reiteran que han dado explicaciones “desde el minuto uno”. “Estoy al frente de mi ministerio en el puente de mando, no en ningún reservado, dando la cara”, afirmó este martes Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También anunció 20 millones en ayudas para las víctimas para evitar precisamente lo que ocurrió con el de Angrois, que tardaron 10 años en recibir las indemnizaciones. Puente aseguró que no le causa ninguna “sorpresa” que el PP exija su dimisión: “Han tardado bastante en hacerlo para lo que son los parámetros habituales con los que se comportan generalmente”.

Los puentes entre el Gobierno y el PP están completamente rotos y hasta lo que en otros tiempos eran asuntos de Estado, como la política exterior, es ahora motivo de gresca política. Al PP, de hecho, no le interesa lo que Sánchez tenga que decir sobre el convulso escenario geopolítico, que llevó a los líderes de la UE a reunirse de urgencia ante la amenaza de Donald Trump sobre Groenlandia. Quiere que su comparecencia se circunscriba exclusivamente al accidente, aunque para entonces ya habrá comparecido Puente tanto en el Senado como en el Congreso. 

Rearmar la mayoría

La situación ya era así antes del accidente, pero el PP ha encontrado en la tragedia un nuevo elemento de ataque al Gobierno. Y la excusa para no tener que cumplir con obligaciones institucionales propias de un “partido de Estado”, como se autodenomina, pero que sirven a Vox de munición para seguir golpeando a su teórico aliado en plena cadena de elecciones autonómicas.

Por su parte, los socialistas quieren aprovechar para retratar a los de Feijóo en plena campaña electoral de Aragón por su rechazo al decreto del ‘escudo social’, que incluía la subida de las pensiones. “Lo han vuelto a hacer, otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados de nuestro país”, censuró el presidente en un vídeo en Instagram. Feijóo le respondió en Tiktok, donde le acusó de mentir bajo el lema “pensiones sí, okupas no”.

Mientras el Ejecutivo señala con el dedo al PP, busca la fórmula de amarrar los apoyos para que ese macrodecreto pueda salir adelante con sus socios de investidura, incluido Junts, que sumó sus votos a los de PP y Vox para rechazarlo por su oposición a la prórroga de la prohibición de los desahucios a personas vulnerables. Este mismo miércoles, la portavoz de Junts en el Congreso se ha abierto a modificar el preámbulo de la ley para transferir algunas competencias en materia de migración a la Generalitat, lo que abre la puerta a que Podemos vote a favor. Todo, después de que la secretaria general, Ione Belarra, pactara con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el desbloqueo de la regularización extraordinaria de personas migrantes.

En esa cuadratura del círculo está el Gobierno. Pero no solo para ese decreto. Los ministros hacen gestos a los demás socios, ERC, PNV o EH Bildu, para limar asperezas ante la gran negociación que asoma: la de los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno se han comprometido a presentar el proyecto en las próximas semanas, aunque admiten que por el momento la cosa está difícil con Junts. El partido de Carles Puigdemont todavía espera la publicación de las balanzas fiscales, la oficialidad del catalán en la UE y su propio regreso a España si así lo permiten el Tribunal de Justicia de la UE y el Constitucional. En Moncloa miran a la primavera, como fecha en la que confían en un acercamiento de su antiguo socio de investidura y poder así terminar la legislatura en 2027 y con las cuentas aprobadas.