El pasado jueves se resolvió uno de los asuntos políticos más controvertidos de la legislatura: la legalidad de la ley de amnistía aprobada en 2024. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anunció su aval a la norma, cuya aplicación no ha sido completada. Y el PP, que tras conocer la decisión se limitó a expresar su “respeto”, si bien aseguró que no borra la “responsabilidad política” del independentismo, llevaba semanas rebajando su discurso sobre el procés sospechando que la decisión del TJUE iba a ser favorable a la polémica normativa. Una década después de la crisis abierta en Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a su partido “pasar página” de uno de los momentos más delicados para la integridad territorial de España.

El Tribunal Supremo se ha negado hasta ahora a aplicar plenamente la ley de amnistía. El caso más relevante es el que afecta a quien dirigía la Generalitat en octubre de 2017. Fue Puigdemont quien verbalizó la brevísima declaración unilateral de independencia, para suspenderla en el mismo acto y, tres días después, escapar hacia Bélgica. Desde entonces, reside en Waterloo a la espera del perdón que no llega y que permitió a Pedro Sánchez obtener los siete votos de Junts para su investidura.

La respuesta europea deja ya casi en imposible cualquier nueva petición del Tribunal Supremo para extraditar a Puigdemont, aunque deberá ser el alto tribunal el que ahora decida qué hacer con el expresident tras conocer la decisión del TJUE. También determina el futuro de los CDR acusados de terrorismo, que ya pueden ser amnistiados según la sentencia del tribunal comunitario, por lo que ha caído el último obstáculo a su aplicación plena.

Desde su aprobación en 2023, el PP ha visto en la ley de amnistía uno de sus principales ejes de crítica al Gobierno. En septiembre de ese mismo año, antes incluso de su fallido intento de investidura, Feijóo sacó a la calle a miles de personas contra la medida de gracia y acusó a Pedro Sánchez de “vender” España. Insistió en noviembre. Y en enero de 2024.

Feijóo puso sus esperanzas en las instituciones comunitarias. “Tengo fe en los tribunales y en los foros jurisdiccionales españoles y europeos”, aseguró a finales de 2023. También Isabel Díaz Ayuso lanzó una “llamada de auxilio a todas las instituciones, sobre todo las europeas” en uno de esos actos multitudinarios.

Las acusaciones vertidas contra Sánchez fueron de grueso calibre. Se le señaló de “traidor”, de hacer una “transacción” a cambio de permanecer en el poder, de protagonizar “un pacto entre un prófugo de la justicia y un preso de la ambición”. Tanto desde los partidos como desde instancias judiciales se ha señalado al Gobierno por una norma cuyo objetivo era rebajar la tensión en Catalunya y desjudicializar la vida política en esa comunidad.

Feijóo y las dos barajas

Pero mientras la derecha se lanzaba con todo contra Sánchez, el PP de Feijóo mantuvo línea directa con Junts. Desde el principio de la legislatura, aunque los españoles no se enteraron hasta febrero de 2024, cuando un alto cargo del partido reconoció ante un grupo de periodistas que habían negociado con los de Puigdemont la investidura de su jefe de filas.

El PP estudió la amnistía, aunque la descartó casi sobre la marcha. No ocurrió lo mismo con los indultos: los de Feijóo los pusieron sobre la mesa de negociación para conquistar los votos de los siete diputados de Junts. Una oferta que no convenció al expresidente catalán, ya que implicaba entregarse a la justicia española, cumplir pena de prisión y, dentro de unos años, recibir el perdón.

Feijóo planteó así para Puigdemont una hoja de ruta similar a la que el Gobierno ideó para los líderes del procés que no huyeron y que provocó multitudinarias manifestaciones en toda España. Entre otras, la famosa foto de Colón. Cuando Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull o Dolors Bassa, entre otros, recibieron el perdón oficial, las críticas de las derechas contra el Ejecutivo fueron muy duras. “Humillan al poder judicial, humillan al poder ejecutivo”, dijo en su día Alberto Núñez Feijóo. Apenas dos años después, se los ofreció a Puigdemont.

Pero hubo más detalles en aquella revelación. Por ejemplo, que eran conscientes de la extrema dificultad de condenar a Puigdemont por terrorismo, lo que sí hubiera vetado definitivamente cualquier opción de amnistía.

Mientras en público alentaban esas acusaciones, en privado asumían que no iban a ningún lado. Un doble juego que el PP de Feijóo ha mantenido durante toda la legislatura: críticas a los pactos del Gobierno con Junts y, a la vez, negociaciones con los independentistas para sacar en el Congreso iniciativas propias o tumbar las del Ejecutivo.

Quizá uno de los ejemplos más palmarios de este doble lenguaje sea Miguel Tellado. Como portavoz parlamentario lanzó duras diatribas contra su homóloga de Junts, Míriam Nogueras, pero hace apenas un año confirmó formalmente ante las cámaras que mantenían relaciones con Junts.

En realidad, Feijóo ha intentado atraer al independentismo catalán de derechas durante toda la legislatura. También al PNV, aunque con los primeros ha funcionado más que con los segundos. Esta misma primavera, el líder del PP les arengó en público para apoyarle en una moción de censura contra Sánchez, sin mucho éxito.

“Pasar página”

Los guiños del PP a Junts han sido muchos. Uno de los que fueran principales dirigentes de Feijóo, Esteban González Pons, dijo en 2023 que “es un grupo parlamentario que más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

Pero quizá nunca se habían expresado como lo hizo Feijóo el pasado 27 de junio: “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, dijo durante la clausura del PP catalán que reeligió a Alejandro Fernández como líder. Pese a Feijóo. Porque la dirección nacional no lo quería al frente de la organización autonómica, aunque no ha tenido más remedio que tragar.

Fernández tiene un discurso opuesto al de su jefe de filas. El líder del PP catalán, respaldado afectuosamente por Cayetana Álvarez de Toledo y toda el ala dura del partido, sostiene no solo que no hay que “pasar página” del procés, sino que este sigue en marcha. Este mismo mes de junio aseguró que el actual procés es más peligroso porque lo lideran los socialistas, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la cabeza.

“Ahora lo que queremos es mirar al futuro, queremos más porque Cataluña merece más”, dijo Feijóo. Sus palabras las ratificó esta misma semana su portavoz nacional, Borja Sémper, en una entrevista en Rac 1. “Estamos preocupados por la España de 2026 y no por la de 2018”, dijo. Dos afirmaciones que colocan al PP donde está la mayoría del arco parlamentario. Con un lustro de retraso, eso sí.

Los ciudadanos no conocerán los sobresueldos del partido que cobra Alberto Núñez Feijóo, ni el posible incremento o descenso que haya podido padecer su patrimonio, hasta después de las próximas elecciones generales. La ley obliga a los altos cargos políticos a hacer públicos sus bienes y rentas, pero la dirección del PP incumple esta prerrogativa de forma habitual y generalizada. El último dato salarial para Feijóo y los suyos se retrotrae a 2022. Salvo excepciones, parciales, los principales rostros del primer partido de la oposición esconden los cambios en sus ingresos, propiedades e inversiones. Tampoco el PP como organización cumple con la ley de transparencia, y obvia publicitar en su web las remuneraciones extra que abona a sus máximos responsables. elDiario.es ha preguntado al PP sobre la ausencia de transparencia, sin obtener respuesta.

La última vez que Feijóo presentó ante el Congreso su declaración de bienes y rentas fue en agosto de 2023, justo después de tomar posesión de su cargo como diputado tras las elecciones del 23J. La norma señala que “las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anterior”. En este caso, 2022. Hace cuatro años.

Sobre el resto de apartados de la declaración no hay indicación en la normativa. Es decir, el diputado está obligado a informar de su situación patrimonial en el momento de recoger su acta: viviendas, acciones, cuentas o fondos, vehículos, deudas, participaciones en sociedades, etc.

Pero las leyes, tanto el Reglamento como la del Régimen Electoral, son claras sobre la obligación de actualizar los datos: “Los diputados y senadores (...) están obligados a formular declaración (...) de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias”. También obliga los acuerdos internos alcanzados entre los principales partidos.

Y es en este punto donde la dirección del PP incumple la ley. El primero, Feijóo. En la vetusta información aportada por el líder del PP aparece reflejado su sueldo como presidente de la Xunta de Galicia y como diputado autonómico en 2022, por ejemplo. O los sobresueldos que cobró del PP, a través del partido y del grupo parlamentario del Senado, ese mismo año, el de su aterrizaje en Madrid.

Según sus propios datos, el líder de la oposición ingresó más de 150.000 euros brutos hace cuatro años. Ese mismo año, Pedro Sánchez cobró un único sueldo público de 86.000 euros brutos anuales. Pero los ciudadanos no pueden saber cuáles fueron los ingresos de Feijóo en 2023. Ni en 2024. Tampoco en 2025.

Por si la normativa electoral y que afecta a las Cortes Generales no fuera suficiente, el PP incumple además la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobada hace una década bajo la mayoría absoluta de su propio partido y con Mariano Rajoy como presidente. La norma, en su artículo 8, apartado f, obliga a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables” de las entidades afectadas por el texto. Entre ellas están, explícitamente, los “partidos políticos”.

Información oculta hasta después de las elecciones

El líder del PP posee al menos tres pisos: uno en Madrid, otro en Vigo y otro en A Coruña. elDiario.es se ha puesto en contacto con el PP y un portavoz oficial ha asegurado que sigue “todo igual” sobre lo recogido en la declaración de bienes presentada por Feijóo en 2023.

En su declaración ante el Congreso, Feijóo informa de unos ingresos por alquiler de 5.584 euros. También obtuvo 2.112 euros por los dividendos de sus acciones en empresas como Inditex o Telefónica.

Feijóo declaró, además, un fondo de inversión en Abanca por valor de 400.000 euros, un fondo de pensiones que rondaba los 200.000 euros y una cuenta corriente por encima de los 37.000 euros. En 2022, cuando llegó a Madrid, se reveló que el líder del PP había incrementado su patrimonio en 600.000 euros en apenas dos años.

Casi un lustro después, ¿qué patrimonio tiene hoy el líder del PP? ¿Cuántos sueldos cobra? ¿Feijóo ingresa rentas por el alquiler de uno de sus pisos? ¿De los dos? ¿Ha adquirido más propiedades? ¿Acciones? ¿Las ha vendido? ¿De qué empresas? ¿Ha invertido en algún otro producto financiero? ¿En cuál? ¿Le compensa el partido por el alquiler del piso en El Viso en el que vive?

Es imposible calcular el patrimonio de quien, según todas las encuestas, tiene más oportunidades de convertirse en el próximo presidente del Gobierno. Y, salvo que el PP cambie un criterio que mantiene desde hace años, no se podrá saber hasta después de las próximas elecciones generales. Los españoles votarán sin conocer una información a la que legalmente deben tener acceso.

El jefe de la oposición se niega a informar de los cambios en sus rentas y patrimonio salvo al inicio y cierre de cada legislatura. En su caso, dicho cierre se producirá después de los comicios ya que Feijóo forma parte de la Diputación Permanente, un órgano del Congreso formado por un grupo reducido de diputados que se mantiene activo hasta el mismo día en que se conforman las nuevas Cortes Generales salientes de las urnas.

El resto de la dirección también incumple

No solo Feijóo incumple la ley electoral y el Reglamento del Congreso o del Senado. El resto de la dirección del PP sigue la estela de su líder.

El ‘número dos’, Miguel Tellado, presentó su declaración también en agosto de 2023. El documento recoge como único salario percibido los 20.229 que ingresó del Parlamento de Galicia entre enero y julio del año anterior, 2022. Además, se informa de otros 22.720 euros como “gastos de representación” del PP para ese mismo ejercicio, cuando ejerció como vicesecretario de Organización Territorial. Ocupó ese cargo hasta el verano pasado, cuando ascendió a secretario general.

A diferencia de su jefe, Tellado sí ha presentado una modificación de su declaración de bienes para incluir la adquisición de una vivienda al 50% en Narón (A Coruña), en julio de 2025, una hipoteca sobre dicha propiedad de 116.000 euros y la “baja” de un Peugeot 207. Tellado asegura que la nueva declaración “complementa a la presentada al inicio de la legislatura”. Pero olvida indicar los sobresueldos percibidos bien como portavoz del grupo parlamentario que fue entre diciembre de 2023 y julio de 2025, o los que pueda percibir ahora como secretario general.

Su predecesora en ambos cargos, Cuca Gamarra, indicó en su declaración unos ingresos de 26.860 en “gastos de representación” obtenidos del PP y 28.759 del Grupo Parlamentario Popular. El primero de los emolumentos se debe a los meses que ejerció como secretaria general en 2022, cargo que ostentó desde abril. El segundo, es el sobresueldo como portavoz parlamentaria hasta ese mismo mes.

Gamarra tampoco ha actualizado su declaración y solo presenta la información de ese año mientras oculta los datos de 2023 en adelante.

La actual portavoz, Ester Muñoz, también hace un cumplimiento parcial de la norma. En diciembre de 2025 informó de la venta de un piso y de la cancelación de una hipoteca, así como de la compra de otra propiedad en Badajoz en junio de ese mismo año y de la contratación del consecuente préstamo. Muñoz también informó de que había comenzado a cobrar una renta por alquiler de 550 euros al mes.

“En todo lo no declarado me remito a la declaración anterior”, asegura Muñoz en las observaciones. Y esa “declaración anterior”, como ocurre con el resto, se refiere a datos de 2022, cuando Muñoz cobró algo más de 58.000 euros como delegada territorial de la Junta de Castilla y León en León.

Muñoz entró en la dirección del PP en noviembre de 2023. Es decir, después de presentar su declaración de bienes ante el Congreso, en agosto de ese año. No informa, así, de todos los sobresueldos que haya ingresado posteriormente, bien como vicesecretaria, primero, bien como portavoz, cargo que tiene actualmente. Habitualmente, los portavoces parlamentarios del PP no ingresan del partido, pero sí del grupo parlamentario.

Datos antiguos de toda la dirección

La situación es similar en el resto de miembros de la dirección, que bien ofrecen información vieja o no la han actualizado al adquirir nuevas responsabilidades.

Es el caso del vicesecretario de Igualdad y Educación, Jaime de los Santos, quien asumió el cargo hace ahora un año, después del 21 Congreso Nacional del PP. De los Santos apunta en su declaración de bienes su sueldo como “diputado autonómico y senador” por la Comunidad de Madrid: 83.050 euros. El dirigente del PP presentó en 2023 una declaración casi vacía, salvo ese sueldo y una cuenta corriente con cerca de 123.000 euros.

Otro caso llamativo es el del portavoz nacional, Borja Sémper, quien anota en su declaración unas retribuciones de 2022 percibidas al margen de la política, cuando trabajaba para la consultora EY. El dirigente se reincorporó a la vida pública en enero de 2023 para poner rostro cada lunes a las decisiones del Comité de Dirección del PP, y es diputado desde el mes de julio de ese mismo año. No se sabe si, como el resto de sus compañeros de dirección, cobra gastos a cuenta del partido.

En la misma situación están el resto de dirigentes con cargo público. Elías Bendodo, Juan Bravo, Carmen Fúnez o la portavoz en el Senado, Alicia García, quien tampoco aclara si ingresa sobresueldos del PP más allá del que le paga la Cámara Alta.

Hay una excepción en la dirección del PP, una dirigente que sí ha informado en tiempo y forma: Alma Ezcurra. El motivo: la normativa del Parlamento Europeo. Su caso es similar al que protagonizó en su día Esteban González Pons, que fue el primero dirigente de la era Feijóo que confirmó oficialmente el cobro de “gastos de representación” para los dirigentes.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial presentó una “declaración de intereses privados” en julio de 2024, cuando adquirió su condición de eurodiputada. En ella registró ingresos como diputada en la Asamblea de Madrid, como asesora en el Senado y como “consultora senior”.

Pero Ezcurra presentó una “revisión” de su declaración en septiembre de 2025, justo después de entrar en la dirección de Feijóo. Y anotó que ingresa 2.000 euros “mensuales” por su cargo orgánico.

Un caso extremo de falta de transparencia lo protagoniza una de las personas menos conocidas, pero con más poder, del entorno de Feijóo: la coordinadora de Proyección e Imagen, Mar Sánchez. En 2024, elDiario.es desveló que la Xunta de Galicia (donde había sido secretaria xeral de Medios con Feijóo) había ocultado durante más de dos años su declaración de bienes tras su cese para seguir a su jefe a Madrid. Tras la información de este medio, la declaración fue publicada.

Sánchez tiene, fruto de un “pacto sucesorio de mejora”, un ingente patrimonio inmobiliario que se recoge en la declaración de bienes que presentó ante el Congreso cuando adquirió su condición de diputada, en 2023. La dirigente anota también unos ingresos del PP en 2022 de 37.360 euros. Ese año no fue cargo público. Pero Sánchez, como el resto de dirigentes del PP, no ha actualizado la información sobre cuánto ingresa ahora de su partido. Lo tendrán que hacer, sí o sí, el año que viene cuando se disuelvan las Cortes.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes ante el incendio en Los Gallardos (Almería), y en el que han fallecido al menos 12 personas, que “España necesita un Gobierno centrado en la gestión”. “Hoy no lo tenemos”, ha añadido durante la clausura de un curso de verano organizado por la fundación del partido, Reformismo 21, sobre la inteligencia artificial.

Tellado ha asegurado que “pocas veces fue tan urgente llevar al Gobierno un proyecto nacional como el que representa Alberto Núñez Feijóo, pensado para abordar las grandes reformas pendientes que tenemos como país, ideado para restaurar la convivencia en España después de ocho años de conflictividad política, elaborado para reconstruir los pilares de la democracia de nuestro país, tan socavados en esta etapa política que evidentemente agoniza”.

Un proyecto, ha continuado, que “priorizará el refuerzo de los servicios públicos”. Algo que “es esencial”, ha añadido.

“España necesita mejores servicios públicos en todos los ámbitos, especialmente para prevenir y combatir tragedias como la que hemos sufrido hoy precisamente en Almería”, ha apuntado Tellado. “Se requieren más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicio a los españoles”, ha añadido.

“También es crucial apostar por la colaboración entre administraciones, y eso tiene que verse ante hechos tan graves como los que estamos sufriendo”, ha reiterado. “España necesita urgentemente un Gobierno central centrado única y exclusivamente en la gestión”, ha insistido.

“Y eso es algo que se ha abandonado en la política española a lo largo de los últimos años. España necesita un Gobierno central centrado en la gestión porque hoy, lamentablemente, no lo tenemos. Un Gobierno compuesto por buenos gestores públicos que se ocupen a diario y en exclusiva de los problemas reales de la sociedad española. De nada más que de eso. España lo que necesita es un Gobierno que gestione, un Gobierno que resuelva, un Gobierno que colabore con el resto de administraciones públicas, las autonómicas, las provinciales, las locales, para, entre todos, mejorar la calidad de vida de las personas. Ni la inteligencia artificial ni ningún otro desafío va a esperar a que España supere el paréntesis negro en el que nos tiene metido el Gobierno actual”, ha zanjado.

Tellado ha clausurado el curso de verano, celebrado en El Escorial (Madrid), en sustitución de Feijóo. El secretario general ha dado las “gracias en nombre de Alberto Núñez Feijóo, que era quien tenía previsto clausurar esta jornada, pero que lamentablemente no ha podido estar presente por todo lo que ha sucedido a lo largo de las últimas horas”.

La presencia de Tellado en la clausura de este viernes se anunció de forma oficial el jueves antes de las siete de la tarde, casi a la vez que se declaraba el incendio en Almería.

Este viernes, el PP ha anunciado alrededor de las diez y media de la mañana que “Feijóo suspende su agenda de hoy por las dolorosas consecuencias de los incendios de Almería”, aunque en las previsiones oficiales que manda el partido no aparecía ninguna convocatoria referida a su líder nacional. “El presidente del PP asistía en la tarde de hoy al Congreso de Nuevas Generaciones que se celebra en Valladolid. Posteriormente, vería el partido de la Selección española junto a miles de ciudadanos en la Plaza de Zorrilla”, añade el comunicado del PP.

“Sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud de la desgracia, Feijoó se quedará en Madrid y en contacto permanente con el presidente de la Junta de Andalucía”, concluye.

El PP quiere acabar con “el cáncer” del “absentismo laboral”, como lo tildó su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, este martes en un acto organizado por empresarios vascos. Un mensaje calcado a los que lanza la patronal, que señala a los trabajadores que reciben una baja médica o hacen uso de los permisos legalmente establecidos. En su intervención, Feijóo apuntó que, si llega al Gobierno, tomará “una decisión” para atajarlo, y planteó tanto reducciones de sueldo como de “prestaciones”. “Con o sin acuerdo” con los sindicatos.

El comentario de Feijóo desató una tormenta de críticas desde el Gobierno, partidos políticos y sindicatos. El PP intentó este miércoles aparentar que modulaba su discurso por boca del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Pero lo que hizo fue ratificar las líneas centrales de lo dicho por su jefe de filas.

En una gira televisiva por la mañana, Bravo apuntó a que el fraude está detrás del incremento del coste que el “absentismo” tiene para las arcas públicas y de las empresas. En concreto, el dirigente dijo que España ha pasado de gastar 14.000 millones en 2018 a unos 33.000 millones en 2025. Y planteó que el objetivo de Feijóo es recuperar los niveles de 2018.

“Feijóo hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas”, apuntó Bravo en La Sexta. “Lo que él decía es que en este caso [fraude en las bajas] no parece adecuado que cobren el 100%” del salario, añadió. Bravo aseguró que su jefe no se refería a “cuando una persona esté de baja por enfermedad”.

Según Bravo, “los datos” indican “que hay fraude”. Fue ahí cuando dio la mencionada cifra de 14.000 millones: explicó que Feijóo quiere “trabajar sobre ello para reducirlo y para que no hablemos de 33.000 millones, sino que estemos más cerca de 14.000, que posiblemente responde más a las situaciones de enfermedad”. Con este marco, el PP está situando bajo la sospecha de abuso más de la mitad del gasto actual, algo que no hacen ni las patronales más beligerantes en este tema.

Reconocen que no tienen datos del porcentaje de fraude

Desde la dirección del PP reconocen a elDiario.es que no tienen datos concretos sobre el porcentaje de fraude que hay dentro del “absentismo laboral”, un concepto con el que el PP y patronales denominan a las bajas médicas, pero también en ocasiones otras ausencias, como aquellas por permisos retribuidos. Pero apuntan a que “no está justificado que cada año suba más de 4.000 millones” el coste que acarrea.

“Hay que bajarlo al máximo”, añaden las mismas fuentes. “Eso significa recuperar antes y mejor al que tiene una patología, luchar contra el fraude y mejorar las condiciones de todos los trabajadores”, concluyen.

La magnitud del recorte del gasto del PP es mayúscula. El partido quiere recuperar el nivel de gasto de 2018, con la realidad de 2026, algo que es incompatible sin aplicar recortes por muchos motivos. Por un lado, porque los salarios de los trabajadores son ahora mucho más altos que en 2018, además de haber también más empleo, por lo que el coste de las bajas se elevaría por defecto aunque hubiera el mismo porcentaje de bajas. El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha cifrado este miércoles que la buena situación económica, con más empleo y mayores salarios, explica por sí sola “un 40%” del aumento del gasto en incapacidad temporal.

Por otro lado, además, hay un aumento notable de bajas por enfermedad por motivos justificados muy claros, como el envejecimiento de la población trabajadora y el enorme deterioro de la salud mental tras la pandemia. Cuerpo ha estimado que otro 30% del incremento del gasto se debe a una mayor duración de estos procesos de bajas laborales (algo que sucede especialmente entre la gente mayor y en procesos de salud mental) y el “30% restante” debido a “una mayor incidencia” de las bajas. Cuando se amplía la mirada, se observa que no solo es un proceso que atraviese España, sino que también sucede en muchos otros países.

En las comunidades donde gobierna el PP, hay algunas muestras de cómo están gestionando este tema. En Galicia, el Gobierno de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, ha ofrecido a los médicos cobrar un plus si acortan las bajas de sus pacientes. En Catalunya, donde gobierna el PSC, el Govern rectificó hace unos meses y retiró los incentivos a los ambulatorios para acortar bajas laborales.

Esta mañana Bravo reiteró también otra de las advertencias que lanzó Feijóo y que más estupor provocaron: que esa futura reforma se acometerá “con o sin acuerdo” social. Con o sin los sindicatos. “Porque el Gobierno lo que está diciendo es que como no hay acuerdo, no toma las medidas”, zanjó. La patronal ha recibido el planteamiento del PP con alborozo: “Nos alegra que haya políticos responsables”. Hace unas semanas, varias patronales emplazaban al “futuro gobierno” a tomar medidas como recuperar el despido por absentismo y permitir que las mutuas –gestionadas por organizaciones empresariales– den de alta a los trabajadores por enfermedad común (algo ahora reservado a la sanidad pública).

Ruido de recortes en otras propuestas del PP

No es la primera vez que el líder del Partido Popular asume de pleno una reivindicación de la patronal. Es el sello de su propuesta económica desde que llegó a Madrid, en 2022.

Aunque no ha sido nunca tan expreso como en esta ocasión con las bajas médicas, el PP ya ha hecho sonar las alarmas de los sindicatos por propuestas concretas que denotan posibles recortes laborales si vuelve a gobernar. Por ejemplo, con el lema “250 son los nuevos 50”, de su ideario político a propósito de su 21º Congreso Nacional, el PP defendió “eliminar las trabas y los umbrales regulatorios asociados al tamaño empresarial”.

Esas “trabas” y “umbrales” se refieren al límite a partir del cual se crean a día de hoy miles de comités que representan a los trabajadores en sus empresas, defienden sus intereses y negocian sus condiciones laborales. CCOO y UGT, así como la vicepresidenta Yolanda Díaz, han alertado de que elevar este límite a los 250 trabajadores supone vaciar de poder a la parte trabajadora en la mayor parte de empresas del país, que son de menor tamaño.

Las pensiones son otro de los ejes sociales con los que el PP juega a la ambigüedad. Aunque públicamente asegura que defiende este pilar público, a renglón seguido suele insistir en su insostenibilidad y en criticar que las reformas aprobadas por el Gobierno de coalición son “insuficientes”. También dice compartir que las pensiones suban con el IPC, pero en el pasado ha votado varias veces en contra de la medida y el partido llegó a presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso para intentar tumbar la reforma de Escrivá que recuperó el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Los sindicatos y colectivos de pensionistas tienen memoria y conservan el recuerdo del Gobierno de PP de Mariano Rajoy, que aprobó la reforma de 2013, con amplios recortes presentes (en la subida anual de la pensión) y futuros (a través del factor de sostenibilidad, que no se llegó a aplicar nunca).

Lo mismo sucede con las bajas médicas. Que el PP hable ahora de recortar lo que perciben los trabajadores de baja no extraña si se tiene en cuenta que fue una medida que aplicó el propio partido en el Gobierno a los trabajadores públicos en la pasada crisis. Rajoy también facilitó el llamado “despido por absentismo” en su reforma laboral de 2012, para trabajadores que sumaran más bajas médicas, la primera medida que desmontó Yolanda Díaz al frente de Trabajo.

El ingreso mínimo vital

El PP también ha puesto en su mirilla uno de los grandes hitos del Gobierno de coalición: el ingreso mínimo vital. “Se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras de Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular.

El mensaje de Feijóo busca atacar, a la vez, esta prestación, surgida durante la pandemia, y a las personas migrantes. “Cualquiera puede entrar ilegalmente y, sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato, y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital”, ha dicho. Una afirmación falsa.

En la ponencia política que aprobó el PP en su congreso de hace un año se proponía “eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas”, una forma de referirse al IMV sin mencionarlo expresamente. Una situación en la que Feijóo ha dicho que hay “muchos, muchos miles” de personas. El problema es que para cobrar el IMV hay que tener una residencia legal y efectiva de más de un año en España.

La “prioridad nacional” amenaza las ayudas sociales

Pero quizá el mayor riesgo para el sistema asistencial en España sea la “prioridad nacional” que el PP ha pactado con Vox ya en cuatro comunidades autónomas, y que se extenderá a los lugares donde la derecha y la ultraderecha tengan que entenderse para gobernar.

En los pactos firmados por los barones del PP, con el sello de aprobación del equipo más cercano a Feijóo, se asegura: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Aunque todavía este principio no está desarrollado legalmente en detalle, los documentos suscritos por María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández-Mañueco y Juan Manuel Moreno hablan de un “periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”. Pero va más allá y establece una “trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema”, lo que puede significar la exclusión no solo de migrantes en situación irregular, sino de españoles ajenos al sistema, en situación precaria o que han trabajado mayoritariamente en la economía sumergida.

El acuerdo deja entrever, incluso, que PP y Vox podrían recuperar uno de los principales recortes que impuso Mariano Rajoy en 2012: la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas migrantes. El pacto avalado por Feijóo apunta a la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado este martes ante el Círculo de Empresarios Vascos por reducir sueldos y “prestaciones” a los trabajadores que no acudan a trabajar, bien sea por una baja, un permiso o una ausencia de cualquier otro tipo. El jefe de la oposición ha sostenido que España gasta 30.000 millones de euros al año porque cada día se produce un absentismo laboral de 1,16 millones de personas. “Es un cáncer”, ha dicho. Y ha prometido que “con o sin acuerdo”, si llega al Gobierno tomará “una decisión con el absentismo”.

Feijóo ha anunciado que su intención es abrir una negociación en el diálogo social entre sindicatos y patronal. Pero ha anticipado que, si llega él al Gobierno, esas conversaciones serán secundarias porque “con o sin acuerdo” quiere “tomar una decisión con el absentismo”.

“Esto no es una cuestión para discutir”, ha reiterado, para explicar que “lo que ocurre con el absentismo es muy fácil”. “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues qué quieren que les diga”, ha dicho, ante empresarios vascos en un acto cerrado a prensa. El PP ha distribuido un vídeo con su intervención completa.

Feijóo ha añadido que “si, además, la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación, y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre”.

“Es un cáncer que no podemos pagar”, ha espetado el líder del PP. “Esto cuesta más de 30.000 millones de euros, y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros”, ha apuntado.

El líder del PP ha relatado que “este asunto” lo abordó “en el Insalud” que “era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico” .“Y lo abordé en Correos, donde faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días” que “con una plantilla de 60.000 era un 8% de absentismo”, ha asegurado.

“Lo bajamos al 4%. Todo aquello que supere un 4% o un 5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”, ha rematado. Feijóo dirigió el Insalud entre 1996 y el 2000, cuando pasó a presidir Correos hasta 2004.

“Este asunto debemos retomarlo con las comunidades autónomas, con el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico; y si no llegamos a un acuerdo, pues qué le vamos a hacer”, ha zanjado.

Un crecimiento no exclusivo de España

“En 2018, el número de personas que no acudían a trabajar todos los días era de 450.000 personas”, ha apuntado Feijóo. “En el año 2025”, ha añadido, “el número de personas que no van a trabajar todos los días es de 1.160.000”. Feijóo no ha desagregado las causas de ese absentismo. Pero ha dicho que “es algo que España no se puede permitir, y Euskadi tampoco”.

“Hoy sale el 'ranking' de absentismo en España”, ha dicho, aunque el dato se publicó ayer lunes. “Ha vuelto a subir en el primer trimestre del año 2026. Euskadi se sitúa a la cabeza”, ha apuntado. Feijóo se refiere a un informe publicado por la empresa de trabajo temporal Randstad que sostiene que las bajas por incapacidad temporal escalaron al 5,6%, mientras las ausencias totales subieron al 7,2%.

Feijóo ha lanzado este planteamiento ante las quejas de la patronal por el aumento de las bajas médicas de trabajadores, que casi se han duplicado desde 2016. El crecimiento, que no es exclusivo de España y que se da también a nivel internacional, se ha acentuado tras la pandemia, por un cóctel de factores: desde la saturación de la sanidad pública, el envejecimiento de la población trabajadora y una explosión de problemas de salud mental tras la COVID, especialmente entre los más jóvenes.

Aunque el aumento de bajas es asumido tanto por sindicatos como por patronales, el enfoque para abordar la situación es muy distinto. Mientras los primeros ponen el foco en solucionar el “tapón” en la sanidad pública y en mejorar la atención en salud mental, por ejemplo, los empresarios reconocen estos problemas, pero están centrando su discurso en el elevado coste para las empresas y en un supuesto abuso del “absentismo”, no avalado por datos.

En estos discursos, las patronales apuestan por eximir a las empresas del pago de la baja (ahora pagan del día 4 al 15), incluso por recuperar el despido por bajas médicas, así como reclaman que las mutuas den el alta a los trabajadores en casos de enfermedad común y no solo la sanidad pública.

También se está cuestionando de manera más amplia el aumento de permisos retribuidos, por ejemplo por cuidados familiares y de convivientes, que algunas patronales también incluyen en las cifras de “absentismo”.ç

El Gobierno: “Quién llama cáncer a las bajas deja claro de qué lado está”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la propuesta de Feijóo. “Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está”, ha escrito Sánchez en X. “Los derechos no se recortan. Se defienden”.

Yolanda Díaz ha respondido al líder del PP que “estar enfermo no es una elección”: “Elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es. No lo vamos a permitir”.

Otros miembros del Ejecutivo, como la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; o el de Transportes, Óscar Puente, han cargado también contra la idea de Feijóo.

Puente ha escrito en un post en X que la propuesta es un “ejercicio de honestidad”, que Feijóo “viene con la motosierra”. “Esto es la derecha: un señor con varios sueldos diciendo que los trabajadores enfermos deben cobrar menos”, ha escrito Bolaños.

Los sindicatos se revuelven

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han criticado también la propuesta del PP. “Mandar a la gente enferma a trabajar [...] más qu un programa electoral, es una declaración de intenciones”, ha tuiteado Unai Sordo.

“Meter en el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias es un disparate”, ha tuiteado Pepe Álvarez. “Para empezar, lo pactado en los convenios colectivos tiene fuerza de ley. Se respeta”.

“Estoy absolutamente orgullosos de Juanma Moreno, de su resultado y de su tercer mandato como presidente”. Así despejó este lunes Alberto Núñez Feijóo las preguntas sobre el pacto con Vox que ha permitido a su partido retener la Junta de Andalucía. Un “orgullo” que hace extensivo al resto de barones autonómicos que han revalidado este año sus gobiernos, pero insuficiente para que el líder del PP lo ratifique con su presencia en las tomas de posesión de sus presidentes.

Feijóo no ha asistido a ninguna de las cuatro ceremonias de toma de posesión de los presidentes del PP de este 2026. No estuvo en abril a las de María Guardiola y Jorge Azcón en Extremadura y Aragón, respectivamente. Tampoco en junio en la de Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León. Ni este pasado domingo a la de Moreno en Andalucía, donde el presidente andaluz reconoció que “los acuerdos no gustan al 100% ni a las partes que lo firman”.

La explicación de su ausencia la dio el propio Feijóo en la misma entrevista en Antena 3 en la que mostró su “orgullo” por los acuerdos con Vox. “No tiene ningún sentido que vaya a Andalucía, y no hay absolutamente nada más”, espetó a la presentadora, después de apuntar que no ha “ido a ninguna toma de posesión de ningún presidente autonómico”.

Feijóo se refiere solo a las cuatro de 2026, porque sí ha asistido como jefe del PP al menos a dos tomas de posesión de presidentes autonómicos. En 2022 acudió a Andalucía a la de Juan Manuel Moreno, al mismo al que ha plantado ahora. Ya en 2023, Feijóo podía haber elegido más de media docena de barones a los que respaldar con su presencia. Optó por Isabel Díaz Ayuso. Y en 2024 refrendó a su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Desde el equipo de Feijóo explican a elDiario.es que, como no ha ido “a ninguna de las últimas” —de este 2026—, el líder del PP no podía “ir tampoco a la de Andalucía”. Según explicó Feijóo en Antena 3, la que marcó la tendencia fue la toma de posesión de Guardiola porque “tocó un día de semana” que el líder del PP “no podía ir”.

Efectivamente, Guardiola tomó posesión como presidenta de Extremadura para un segundo mandato el 30 de abril. Era entre semana, un viernes. Ese día, Feijóo no tuvo agenda pública, según la documentación remitida entonces por el PP, lo que no es óbice para que pudiera tener agenda privada. Tampoco la tuvo el sábado ni el domingo.

Al acto en Mérida acudió el secretario general, Miguel Tellado, quien había teledirigido las conversaciones entre el PP y Vox para investir a la presidenta extremeña. Fue el pacto más complicado de alcanzar porque sentó las bases de los siguientes al incluir por primera vez la “prioridad nacional”. Guardiola ha sido la única que ha necesitado una segunda sesión de investidura para recibir el apoyo de Vox.

Tellado también asistió a la toma de posesión de Jorge Azcón. A Zaragoza le acompañó su predecesora en el cargo y actual vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. Fue un 30 de abril, jueves, a las cinco de la tarde. Ese día había sesión plenaria en el Congreso que incluía votaciones, recuerdan desde el equipo de Feijóo para explicar su ausencia. Aquella jornada concluyó antes de la una de la tarde después del debate de dos decretos y las votaciones pendientes.

La tercera de las tomas de posesión fue la de Mañueco, el 11 de junio. Otro jueves, motivo aducido por el equipo de Feijóo para señalar también la ausencia no solo de Feijóo, sino por ejemplo de Tellado. Aquel día acompañaron al presidente de Castilla y León la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, y la portavoz en el Senado, la abulense Alicia García. El acto de toma de posesión estaba convocado al mediodía. El pleno de aquel jueves, con votaciones, fue más largo y concluyó pasadas las dos de la tarde.

Moreno pierde autonomía

Este domingo, tal y como justificó Feijóo, optaron por enviar al acto de Moreno a “dos miembros del Comité de Dirección”, Elías Bendodo y Juan Bravo. Ambos son exconsejeros del primer Gobierno de Moreno, y abandonaron sus responsabilidades de gestión en 2022 para integrar el equipo de Feijóo en Madrid. Bendodo como coordinador general, primero, y ahora degradado a vicesecretario de Política Autonómica. Bravo es vicesecretario de Hacienda y Vivienda, después de haber perdido Economía en favor de Alberto Nadal.

Las fuentes del PP consultadas explican que Feijóo sí asistió en 2022 a la investidura de Moreno por su mayoría absoluta “en el territorio más poblado” y justo después de su aterrizaje en Madrid. “Tienen un significado”, apuntan desde Génova.

Lo mismo ocurre con las de Madrid en 2023: “La mayoría absoluta de Isabel en la comunidad autónoma en la que Feijóo vive tiene un significado”. En cuanto a la de Rueda en 2024, la explicación es la misma: “La mayoría absoluta en la Galicia pos-Feijóo tiene un significado”.

En resumen, el líder del PP solo ha ido a tres investiduras desde que llegó a Madrid, y las tres con mayoría absoluta de sus respectivos barones.

Con todo, su ausencia este domingo en el Palacio de San Telmo ha provocado marejada interna en el partido. Aunque oficialmente asumen la explicación de Génova y apuntan a cuestiones de agenda, fuentes de la dirección del PP andaluz sostienen que la relación entre la dirección nacional y la andaluza no pasan por su mejor momento.

El problema no es tanto entre Feijóo y Moreno, de cuya amistad recíproca han presumido ambos de forma habitual desde 2022. Las fuentes consultadas sostienen que esa relación personal se mantiene. Son los equipos los que tienen visiones diferentes e intereses a veces contrapuestos.

Es el caso de la “prioridad nacional”. Es público y notorio que Moreno no quería ni oír hablar de lo que él mismo llamó “eslogan vacío” y tildó de “ilegal” o “irrealizable”, aunque ahora desde la Junta se sostiene que desde el primer momento fueron conscientes de que no iban a tener más remedio que firmar lo mismo que habían firmado antes Guardiola, Azcón y Mañueco.

La pérdida de la mayoría absoluta ha supuesto también que Moreno deje de ser intocable. Desde su entorno apuntan que una parte del partido le “tenía ganas” por desmarcarse de los demás barones y dirigentes en asuntos centrales y presumir de una “vía andaluza” que ahora se ha teñido de verde Vox.

El PP andaluz asume el coste para la marca de Moreno, que tendrá ahora que limitar el alcance de la entrada de Vox en el Gobierno si quiere mantener la imagen que se ha forjado desde 2019, cuando logró arrebatar la Junta al PSOE tras perder los comicios y, también entonces, con ayuda de la ultraderecha.

El objetivo fundamental en este momento es garantizar la llegada de Feijóo a la Moncloa. Y, para eso, todos deben ir a una. Feijóo, quien asumió la dirección del PP aupado por los barones, presumió durante toda su carrera de su independencia de Madrid y abogó por dejar a sus líderes autonómicos hacer, exige ahora unanimidad interna ante el gran reto de su mandato: ser presidente del Gobierno a la segunda.

Ausencia de ministros

Desde el PP replican que “es más llamativo” que ningún ministro haya asistido a ninguna de las cuatro tomas de posesión de presidentes del PP que se han celebrado este año, incluida la de Moreno, y piden “comparar cuántos fueron” a la de Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana.

Aquel acto se celebró en agosto de 2024 y, efectivamente, acudieron cinco ministros: la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; el de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el de Cultura, Ernest Urtasun; y la de Ciencia, Diana Morant.

Desde el Gobierno aseguran a elDiario.es que “no hay un protocolo” que determina quién debe o no acudir en representación del Ejecutivo central a las tomas de posesión de otras instituciones, y sostienen que “muchas veces, se acude o no, con mayor o menor representación ministerial, en función del ‘feeling’, del cariño y de la amistad” que existe entre las personas “más allá de los cargos”.

En el caso de Moreno, las fuentes oficiales consultadas explican que la invitación de la Junta de Andalucía llegó “al correo del Ministerio de Política Territorial sin mayor cariño ni nada parecido”, y que se decidió “delegar en la secretaria de Estado, Myriam Álvarez”. Ocurrió lo mismo, recuerdan, en Castilla y León. “En otros casos”, apuntan las mismas fuentes, “se ha delegado en un director general”.

“Puede parecer poco profesionalizado”, aducen desde el Gobierno, y añaden: “Pero si viviéramos en un mundo que ya no existe, el presidente autonómico lo normal es que llame e invite” personalmente a ministros o altos cargos con los que tiene afinidad.

“Pero las relaciones no son esas ya”, explican desde el Ejecutivo. No hay más que recordar uno de los casos más llamativos recientes, cuando Isabel Díaz Ayuso prohibió la presencia del ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, en los actos oficiales del 2 de mayo. Fue en 2023, en las vísperas de las elecciones autonómicas de finales de ese mismo mes. Ayuso justificó su decisión con una batería de falsedades y se erigió en poder absoluto en la región para justificar el veto: “¿Dónde queda mi voluntad como presidenta?”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que si gobierna después de las próximas elecciones generales aprobará “una ley nacional de concebidos no nacidos” como la que ha promovido en Madrid Isabel Díaz Ayuso. El objetivo: “que el concebido no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social”. Feijóo ha obviado cualquier detalle concreto de la medida y se ha limitado a una mera enunciación.

“Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público”, ha apuntado Feijóo una entrevista en Antena 3. “Lo hice en el año 2011 en Galicia”, ha explicado, “y la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid”. Después ha concluido: “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”.

La Asamblea de Madrid aprobó la semana pasada una ley del concebido no nacido, que reconoce al embrión como un miembro de la unidad familiar. “Al concebido se le tendrá por nacido, siempre que la unidad familiar o alguno de sus miembros, mediante la aplicación de esta asimilación, obtengan un mayor beneficio”, ha explicado el Gobierno de Ayuso. Además, añaden, a no ser que se aplique lo contrario en algunas regulaciones de procedimientos concretos, para esta asimilación como parte de la unidad no se pedirá “una semana mínima de gestación”.

Tal y como ha explicado Feijóo, Galicia ya cuenta con una legislación similar. También en la Comunidad Valenciana se hizo una bajo la presidencia de Francisco Camps.

En el caso de Galicia, según datos de 2019, las autoridades apenas reconocieron 400 nasciturus desde 2011. Además, si finalmente esos embriones no nacen, los beneficios asociados “pierden su validez”. En la Comunitat, el Gobierno progresista de Ximo Puig derogó la norma, que sirvió de paraguas para dar subvenciones a asociaciones antiabortistas al considerar que suponía “una tutorización de las decisiones de las mujeres”.

La norma en Madrid salió con el voto favorable del PP, que tiene mayoría absoluta, y de Vox, que anunció su intención de instaurar su “prioridad nacional” en el desarrollo de la norma.

La diferencia con las normas vigentes, como la gallega que hizo Feijóo, es que no hace una excepción entre familias numerosas o no: “Una vez se acredite el embarazo, las mujeres podrán solicitar ayudas y beneficios fiscales”.

“Absolutamente orgulloso” de Moreno

El líder del PP también se ha mostrado “absolutamente orgulloso” del pacto alcanzado por Juan Manuel Moreno para gobernar en coalición con Vox en Andalucía.

Feijóo ha justificado el pacto de Moreno con la ultraderecha porque “la política es la gestión de la realidad, no la gestión imaginaria o la gestión que a ti te gustaría”. Y esa “realidad”, ha apuntado, es que “el 55% de los andaluces han votado al PP y a Vox”.

“El resultado es excepcional”, ha asegurado Feijóo, pese a que Moreno perdió la mayoría absoluta en un solo mandato. “¿Qué es lo que ha hecho Juanma Moreno?”, se ha preguntado. “Lo que haría cualquier político responsable, darle estabilidad a su Gobierno y darle estabilidad a la Junta de Andalucía”, se ha respondido el líder del PP.

“Es un ejercicio de responsabilidad”, ha espetado Feijóo, quien ha negado que Moreno hubiera prometido en campaña que no iba a gobernar con Vox ni asumir la “prioridad nacional” que Santiago Abascal ha impuesto a los barones del PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

“Con todos los respetos, creo que eso no lo ha dicho Juanma Moreno”, ha defendido Feijóo, aunque el presidente andaluz sí despreció la “prioridad nacional”.

Feijóo también ha justificado su ausencia de la toma de posesión de Moreno este mismo fin de semana. Un acto al que acudieron, por ejemplo, el expresidente Mariano Rajoy o la que fuera su 'número dos', Soraya Sáenz de Santamaría. Moreno fue secretario de Estado de Sanidad durante esos gobiernos, y firmó los duros recortes en el servicio público que impuso el PP.

El líder del PP ha asegurado que no fue a la toma de posesión de Moreno porque no ha ido a ninguna de las anteriores de este ciclo electoral, “quizás porque la primera tocaba un día de semana y no podía ir”, ha explicado. Así, Feijóo no fue a la de María Guardiola en Extremadura por un supuesto problema de agenda. “Tampoco he ido a la de Aragón ni a la de Castilla y León”, ha explicado.

Feijóo se ha ausentado de las cuatro tomas de posesión de sus presidentes autonómicos que significan el regreso de Vox a los gobiernos de la mano del PP y la ruptura de su promesa de hace apenas un año de gobernar en solitario.

“Spain is different” fue el eslogan que el franquismo, con Manuel Fraga como ideólogo, lanzó en los años 60 del siglo pasado para atraer el turismo europeo. El reclamo: toros, playas y sangría. Más de medio siglo después, el partido fundado por aquel ministro de la dictadura, el PP, y su escisión ultra, Vox, han recuperado para Andalucía la “promoción de la tauromaquia, la caza y la pesca como atractivos turísticos”.

Es el punto 43 del acuerdo firmado el jueves por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y el que será su vicepresidente, Manuel Gavira. Tras meses diciendo que no iba a pactar con Vox, el barón del PP rubricó el jueves en primera persona un prolijo documento que sigue la estela de los cerrados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Los de Santiago Abascal han vuelto así a los gobiernos de coalición con el PP dos años después. Como entonces, tendrán cuatro vicepresidencias y varias consejerías, pero esta vez tendrán un peso específico y un presupuesto asignado. Además, han arrancado sendos senadores por designación autonómica en cada comunidad, puestos en la mesa de los parlamentos regionales. Mención aparte de los futuros nombramientos en organismos y puestos por determinar.

Vox no solo regresa a la gestión con más poder y dinero. También con sus banderas ideológicas intactas. Aunque el reparto de competencias y cargos no es el mismo en todas las comunidades, sí hay puntos comunes y una intencionalidad clara en los ultras: evitar problemas en la gestión e imponer su guerra cultural.

Gavira será vicepresidente de la Junta de Andalucía y aglutinará bajo su mando las cuatro carteras que Moreno les ha cedido: Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Son competencias muy similares a las que Moreno ya cedió al entonces líder de Ciudadanos, Juan Marín, en 2019.

Las dos primeras son las más importantes. Según datos de la propia Junta, en 2025 se registraron 37,9 millones de visitantes, más de 30.000 millones de ingresos y 482.000 trabajadores. Según Caixabank, esta industria representa casi un 13% del PIB. En cuanto a la cartera de Justicia, supondrá que todos los juzgados de primera instancia andaluces dependerán administrativamente de Vox. Eso incluye las contrataciones de personal, las condiciones materiales o la llamada justicia juvenil, que se dirige a los menores infractores.

Es una de las competencias más importantes que ha logrado Vox en esta segunda ronda negociadora con el PP para los gobiernos autonómicos. En 2023 las materias que lograron los ultras fueron menos importantes y, sobre todo, con una ínfima dotación económica si se compara con lo obtenido en 2026.

Aquella mala negociación, en la que Vox era principiante, supuso un fiasco para sus votantes, que fueron abandonando paulatinamente al partido de Abascal. Las encuestas lo detectaron y, apenas un año después, la dirección estatal impuso la ruptura en bloque de todos aquellos gobiernos. De aquella hornada de vicepresidentes autonómicos solo queda el aragonés Alejandro Nolasco, quien repite ahora como número dos del Gobierno de Jorge Azcón. El resto han sido relegados o purgados y expulsados, como ha ocurrido en el caso de Juan García-Gallardo o del murciano José Ángel Antelo.

Nolasco es, así, vicepresidente primero. Vox tendrá además otros dos consejeros en el Gobierno de Azcón. Las materias que han obtenido son Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente y Turismo.

Son muy parecidas a las cedidas por Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León, donde Vox tiene, además de la vicepresidencia, Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte. En Extremadura, María Guardiola entregó una consejería menos y los ultras se quedaron con Desregulación, Servicios Sociales y Familia; y Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

El triunfo de la “prioridad nacional”

Más allá de diferencias puntuales debido al diferente peso electoral de Vox en cada comunidad, su gran triunfo ha sido ideológico. Y la principal conquista, la “prioridad nacional”, que ya es una realidad en los gobiernos de coalición de PP y Vox.

Cuando los de Abascal dieron la espantada en 2024 eligieron como excusa el acogimiento de los menores migrantes que viajan solos. PP y Vox se enfrentaron, y los de Feijóo defendieron en un primer momento que no podían dejar de atender a los llamados ‘menas’.

Apenas dos años después, los acuerdos cerrados por Moreno, Guardiola, Azcón y Mañueco atacan directamente a la solidaridad con las personas más desfavorecidas. Con el eslogan de la “prioridad nacional” por bandera, los pactos de gobierno en Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León establecen la eliminación de subvenciones a ONG que atienden a los migrantes. Desde Cruz Roja a Cáritas.

También se plantea la prohibición de la llegada de más menores extranjeros y la expulsión de los que ya están viviendo en esos territorios. Se “endurece” su situación en los centros en los que están internos y se relaciona su presencia con la inseguridad. Así lo ha firmado, textualmente, Juan Manuel Moreno en Andalucía.

Pero la “prioridad nacional” no deja de lado solo a los inmigrantes. El encaje de esta medida en el “arraigo” y “la trayectoria de cotización y actividad laboral” que se ha anotado en todos los acuerdos implica que también los ciudadanos españoles que han sobrevivido en la economía sumergida y fuera de los circuitos laborales habituales también podrían quedar excluidos de las viviendas sociales o las ayudas públicas. Incluso se establece su “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales” salvo en “supuestos de urgencia vital”.

De los acuerdos han desaparecido las referencias a la violencia estructural contra las mujeres o las políticas destinadas a personas LGTBIQ+. Vox tiene testado sociológicamente que el motor de su éxito electoral es su discurso racista y xenófobo contra las personas migrantes, tal y como ya hiciera el antiguo Frente Nacional en Francia, Giorgia Meloni en Italia y tantos partidos ultras en otros países de Europa.

Los documentos asumidos por el PP cargan contra las políticas verdes puestas en marcha tanto para reducir la emisión de gases contaminantes como para impedir la degradación de los ecosistemas. Vox ha obligado a los de Feijóo, por ejemplo, a reducir los espacios reservados para la llamada Red Natura y otros territorios de especial protección. Pero también se asume la defensa de la energía nuclear y la criminalización social de energías verdes, como la fotovoltaica o la eólica, para anteponer un “uso agrario”. Hay estudios que apuntan a que la fotovoltaica ocupa el 0,12% de España.

La consecuencia material y social de estos gobiernos de coalición, que apenas han echado a rodar, está todavía por evaluarse. Pero ya ha tenido su traslación política. Feijóo ha abandonado en apenas un año su promesa de gobernar en solitario.

Y, además, ha asumido algunas de las tesis centrales de la extrema derecha: desde esa “prioridad nacional” que hoy justifican algunos de sus rostros más pretendidamente suaves, como Borja Sémper, a la denuncia de que procesos como las nacionalizaciones extraordinarias derivadas de la 'ley de nietos' tendrá efectos “desde el punto de vista cultural”. Un paso más en la asimilación del discurso más ultra por parte de quien hizo de la “moderación” su carta de presentación.

El PP mantiene su estrategia de denunciar que el Gobierno está usando la conocida como 'ley de nietos' para influir en las próximas elecciones generales. Aunque su portavoz, Borja Sémper, ha dicho este viernes que no ponen “en tela de juicio” la limpieza del proceso, su jefe de filas ha asegurado poco después que Pedro Sánchez busca “alterar el censo” electoral. “Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”, ha espetado el líder de la oposición en un acto de partido en Castellón, mientras la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntaba esta misma semana: “¿Están intentando nacionalizar socialistas?”.

Ante la plana mayor del PP valenciano, inmerso en una pugna por ver quién lidera la candidatura tras la retirada de Carlos Mazón, Feijóo ha denunciado una “nacionalización masiva” y una “alteración del censo”. “Ningún español cree que hay buena fe en el Gobierno”, ha afirmado, para mezclar los datos de solicitudes del proceso de nacionalización y de la regularización extraordinaria de personas migrantes y mostrarlos como si fueran ya permisos concedidos.

Feijóo ha dado una cifra cercana a los ocho millones de personas más “en el censo”, una cifra totalmente falsa. Ha acusado de oscurantismo al Gobierno por “no transparentar cómo se toman las decisiones” y ha puesto en duda que se haga “con limpieza, independencia, garantáis y sin arbitrariedad”.

El líder del PP ha ido incluso un paso más allá al sostener que es “irresponsable que se impulsen cambios sociales sin planificación”. Una frase que ha dicho un día después de denunciar que “no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista de bienestar y desde el punto de vista cultural”.

Este viernes ha afirmado que esta “ingeniería social no tiene objetivos inocentes”. elDiario.es ha preguntado a diferentes portavoces del PP qué significado le dan al concepto “ingeniería social”, sin que ninguno haya querido responder.

Porque el PP intenta, sin éxito, decir a la vez que confía en el proceso electoral español y que no están alertando de un fraude electoral, con señalar al Gobierno por manipular el censo mediante el proceso de nacionalización extraordinario a cuenta de la Ley de Memoria Democrática que terminó el año pasado.

Abrieron fuego a principios de la semana Feijóo y Ayuso en sincronía. El líder del PP aseguró que este procedimiento es “ingeniería electoral” y que era una operación de Sánchez porque “con los actuales votantes no le salen las cuentas”. La presidenta de Madrid fue más allá, como es habitual, y aseguró que “el reparto de escaños es ilegal” y que “obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo”.

Una línea discursiva que su partido ha mantenido durante toda la semana. Feijóo acusó a Sánchez expresamente de “fabricar dos millones y medio de votantes” con la ley de memoria ante el riesgo de “perder las elecciones”, y pidió detener un proceso que, en realidad, está cerrado desde octubre de 2025. Lo que está haciendo ahora la administración es verificar si los solicitantes cumplen o no los requisitos, pero ya no se puede apuntar nadie más.

“Las encuestas le dicen que va a perder las elecciones con los votantes que tiene actualmente” y, por eso, “lo que va a fabricar son 2 millones y medio de votantes”, ha dicho estos días el líder de la oposición.

Ni el PP ni Vox, que ha hablado directamente de golpe de Estado, alertaron de ningún problema durante la tramitación parlamentaria de la ley, y solo lo han hecho este 2026, cuando ya no hay forma de revertir el proceso.

Y mientras los principales dirigentes del partido azuzan las denuncias de 'pucherazo', sus portavoces intentan reconducir el discurso. Ester Muñoz, por ejemplo, aseguró que el PP “siempre” defendió la nacionalidad para descendientes de exiliados, mientras este mismo viernes, Borja Sémper ha insistido en que creen “que los nietos tienen ese derecho” a recibir la nacionalidad española.

“Otra cosa”, ha añadido en una entrevista en Antena 3, “es que esto se haya convertido en un desbarajuste y se haga sin garantías legales exigibles, con el Gobierno actuando con opacidad y que aumenten el censo en 2,7 millones de personas. Parece razonable que la oposición exija transparencia”.

Una afirmación falaz, porque el censo no va a aumentar en 2,7 millones de personas. Ese es el número de solicitantes de la nacionalidad española, lo que no quiere decir que todos vayan a tener una respuesta positiva. De hecho, desde 2022 hasta ahora se han aprobado alrededor de medio millón de peticiones, de las que poco más de 300.000 han sido anotadas en el Registro Civil, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Justicia a preguntas del propio PP en el Senado.

Lo anunció Alberto Núñez Feijóo al filo de las diez de la mañana de este jueves, varias horas antes de hacerse oficial, durante un curso de verano: el PP y Vox habían cerrado un acuerdo en Andalucía. Solo quedaba pactar el papel de la ultraderecha en el próximo gabinete de Juan Manuel Moreno. La confirmación llegó poco antes de la segunda votación de investidura: “prioridad nacional” y Gobierno de coalición. El penúltimo bastión del autodeclarado “PP moderado” ha caído y ha confirmado la dependencia que los de Feijóo tienen de Santiago Abascal y su partido.

En realidad es la segunda vez que Moreno se sirve de Vox para gobernar. En 2018 perdió las elecciones contra Susana Díaz, pero sumó con Ciudadanos y los ultras para desbancar al PSOE. Los siguientes comicios, en 2022, le catapultaron hasta una mayoría absoluta achacable a la casualidad aritmética que hizo que un puñado de votos bien distribuidos le dieran cuatro diputados en el último suspiro del recuento.

Este 2026, la moneda cayó del otro lado. Moreno no ha sido el único barón autonómico del PP que pensaba tener en su mano la mayoría absoluta. Antes que él se sometieron a las urnas María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, con el convencimiento de poder desembarazarse de sus aliados naturales y de alcanzar ese paraíso para un político que es tener el control parlamentario total.

Tras el fiasco de Moreno, al PP le quedan ya solo tres mayorías absolutas. Alfonso Rueda, en Galicia, y Gonzalo Capellán, en La Rioja, mantienen un aura de cierta moderación. El riojano se ha caracterizado en esta legislatura por tener una posición propia en algunos asuntos centrales, como la financiación autonómica. También Rueda se puede permitir el lujo de desmarcarse de algunos pronunciamientos de su partido ante las dificultades de Vox de penetrar en el electorado más allá del Bierzo. La tercera baronesa ‘libre’ es Isabel Díaz Ayuso, que renunció por voluntad propia hace ya mucho a presentarse como “moderada”.

Feijóo, más escorado a la derecha

El mini ciclo electoral, ideado por el PP precisamente para mostrar la capacidad de Feijóo de orillar a Vox, ha servido justo para lo contrario. Feijóo, quien hace ahora exactamente un año se comprometió formalmente ante todo su partido a gobernar en solitario, se enmendó a sí mismo en ‘prime time’ hace apenas unos días: “En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno”.

Para entonces ya había comenzado la negociación en Andalucía, y Moreno era consciente de que iba a tener que desdecirse en dos de sus principales planteamientos durante la campaña electoral del pasado mes de mayo.

El primero, el de asumir la “prioridad nacional”. Moreno dijo en campaña que era un “eslogan efectista”. Sostuvo que era “irreal” e “ilegal”. Pero tras perder la mayoría absoluta el barón andaluz ya no es todo lo libre que era, y no ha podido, o no le han dejado, rechazar lo que han ido firmando, uno a uno, sus compañeros de partido en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Aunque Moreno no quería la prioridad nacional, hace ya días que sus portavoces comenzaron a deslizar que no tenían inconveniente en asumirla. Más bien, no tenía posibilidad de quitársela de encima: la dirección del PP no iba a permitir un desmarque así de sus compañeros de partido. La intervención del secretario general, Miguel Tellado, fue clave para cerrar los acuerdos previos. En ellos se estableció un marco estatal que Moreno no ha podido eludir.

Más convencidos estaban en el PP andaluz de poder librarse de compartir gobierno con Vox. Cuando en 2024 Abascal ordenó a los suyos salir de los ejecutivos autonómicos, en la sede nacional del PP de la madrileña calle de Génova se vieron amplias sonrisas. Fue el empujón para que Feijóo lanzara su plan de gobernar en solitario.

Pero no había pasado un año cuando las encuestas comenzaron a reflejar lo acertado de la estrategia definida por el asesor en la sombra de Abascal, Kiko Méndez Monasterio.

El giro “lepenista” de Vox, que ha optado por centrarse en el discurso racista para ganar adeptos, ha dado resultado. Y ha forzado a Feijóo a escorarse.

El último ejemplo es la mal llamada ‘ley de nietos’, un proceso extraordinario incluido en la Ley de Memoria Democrática para que los descendientes de españoles emigrados puedan reclamar la nacionalidad de sus padres o abuelos.

La norma se aprobó en 2022. Ni el PP ni Vox señalaron entonces que esta vía de nacionalización fuera un problema y lo obviaron en sus intervenciones parlamentarias. Ese mismo año, el Ministerio de Justicia aprobó una instrucción con los detalles del proceso. Ahora, casi un lustro después, las derechas han puesto el grito en el cielo y alientan las sospechas de una conspiración del Gobierno para cometer un fraude en las próximas elecciones generales.

Feijóo ha pasado de defender una ampliación de la ‘ley de nietos’ que fuera más allá de los exiliados del franquismo a echarse las manos a la cabeza porque el Gobierno hizo eso exactamente hace cuatro años.

Tanto el líder del PP como Abascal están también azuzando el bulo de que Sánchez quiere modificar el censo electoral con la regularización extraordinaria de personas migrantes, pese a que no podrán votar en el próximo ciclo.

Este mismo jueves, mientras anunciaba el acuerdo andaluz, Feijóo hizo un batiburrillo con todo para lanzar un mensaje que se diferencia poco en el fondo de lo que suele decir Vox. “España no está preparada para atender a 50 millones de personas”, afirmó. “Nuestros servicios no tienen dimensión para atender un incremento [así]de población”, añadió.

Y continuó. “Si sumamos el número de inmigrantes desde 2019” que Feijóo cifró “en cuatro millones”, más “1,3 millones de la regularización ya nos vamos a 5,3 millones”. “Y si sumamos los dos millones y medio de lo que el Gobierno llama nietos, que no son nietos solo, estamos ya en siete u ocho millones de ciudadanos”, dijo. Feijóo zanjó: “Siete u ocho millones de ciudadanos en siete años no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista de bienestar y desde el punto de vista cultural”.

Es un paso más de Feijóo en su ambivalente competencia con Vox. Si en 2022 despreció a los de Abascal, en 2023 tuvo que asumir cinco gobiernos autonómicos y el bloqueo a su investidura por sus aproximaciones a la extrema derecha. En 2024 asumió el discurso ultra que relaciona inmigración con delincuencia, y desde finales de 2025 ha señalado que también está en riesgo la “identidad” española.

Ahora todas estas afirmaciones toman cuerpo en ese significante que es la “prioridad nacional”, que José María Aznar quiere sustituir por “mayoría nacional”. Los gobiernos autonómicos de PP y Vox ya han comenzado a desarrollar este concepto en forma de políticas concretas, pero de momento no se puede apreciar los efectos que tendrá en toda su magnitud.

Desde este jueves, cuando Moreno fue investido presidente por tercera vez, Andalucía será una región más que servirá para comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar PP y Vox en su aplicación.

La extrema derecha tendrá menos peso numérico que en otras comunidades, ya que también obtuvo menos diputados. Su líder, Manuel Gavira, será vicepresidente con una supercartera que aunará Justicia, Turismo, Administración Local y Desregulación.

El PP de Feijóo saludó el acuerdo en un comunicado en el que se mostraron “satisfechos” de lo pactado. “Salimos más fuertes, reforzados en todos nuestros enfrentamientos electorales con el PSOE, y más preparados que nunca para volver a medirnos con el 'sanchismo' en las urnas”, zanja el PP en su comunicado. Lo harán con Vox en todas sus fotos.

El PSOE ha registrado este jueves una proposición no de ley para su debate y votación en el Congreso que plantea instar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para que “refleje en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie”. Eso incluirá expresamente “el pago de su actual vivienda”, según el texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso elDiario.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP se enzarzaron en la última sesión de control del curso político a cuenta de sus respectivas retribuciones. Feijóo le preguntó al presidente del Gobierno si ya había presentado sus declaraciones del IRPF y de Patrimonio. Sánchez le retó en su réplica a hacer públicas la documentación fiscal de ambos. Y dejó caer que Feijóo no paga el alquiler del piso en el que vive en Madrid, sino que lo hace el PP en su nombre.

“Si quiere hoy mismo”, le espetó Sánchez a Feijóo sobre publicar sus respectivas declaraciones tributarias. “Y así nos enteramos de cuánto le paga a usted su partido por el alquiler de la vivienda que tiene en El Viso [un exclusivo barrio de Madrid]”.

“Mi declaración la tiene usted”, le replicó Feijóo, dando a entender que el presidente ha accedido a una información que es confidencial. Sánchez le contestó que esa información la tiene la Agencia Tributaria, “no el Gobierno”.

Más allá del intercambio de frases ocurrentes, el rifirrafe volvió a poner el foco sobre el piso en el que vive Feijóo con su familia, los diferentes sueldos que ingresa del Congreso y del PP, así como sobre su patrimonio, multiplicado desde su aterrizaje en Madrid.

Las palabras de Sánchez provocaron la reacción de Feijóo. “A mí, mi suegro no me ha regalado ningún piso”, declaró a los medios. “Me sorprende que [Sánchez] diga a todos los españoles dónde vivo. Entre otras cosas, porque tengo un hijo de nueve años”, lamentó. “¿Se cree que yo soy como él?”, se preguntó, para concluir: “No. Ha intentado decir que quién me paga el piso. Mi familia; lo pago yo y la madre de mi hijo”.

La declaración de bienes y rentas pública de Feijóo es la que presentó en el Congreso en agosto de 2023. Es un documento que recoge la información de 2022: casi 40.000 euros en “gastos de representación” por parte del PP, además de los diferentes sueldos públicos que cobraba entonces: como senador y como presidente de su grupo parlamentario. En total, hasta 14.750 euros mensuales en tres partidas diferentes.

Pero es una información desactualizada. El líder del PP no ha modificado su declaración de bienes, aunque tiene la obligación de hacerlo si se han modificado sus circunstancias. Por ejemplo, su secretario general, Miguel Tellado, presentó una nueva declaración para incluir la compra de un piso en Narón (A Coruña), aunque tampoco ha actualizado los ingresos públicos y del partido que recibe.

El problema es que la obligación de modificar las declaraciones no está acompañada de ninguna fórmula para que el Congreso pueda forzar a los diputados a hacerlo. Y eso es lo que el PSOE plantea modificar en su PNL.

“Todas las instituciones del Estado, incluido el Congreso de los Diputados, han hecho un gran esfuerzo, en los últimos años, por elevar el nivel de transparencia”, apunta el texto, que recuerda que “los diputados y diputadas, entre otras cosas, están obligados a declarar todos los ingresos procedentes de actividades ajenas a su condición de diputado, sea cual sea la procedencia de los mismos”.

“Esta obligación es especialmente relevante para el jefe de la oposición” porque “no es un diputado más”, añade el PSOE, que asegura que dicho cargo “tiene un reconocimiento institucional específico, lo que debería exigirle un cumplimiento especialmente riguroso de sus deberes relacionados con la transparencia”.

“Sin embargo”, añade, “en la página web del Congreso no aparece reflejado cuáles son los ingresos por rentas, en 2026, del actual jefe de la oposición. La información, que data de agosto de 2023, y no se ha actualizado”. “Con estos datos desactualizados la ciudadanía no tiene acceso a lo que percibe, a día de hoy, el actual jefe de la oposición”, lamenta el PSOE, que concluye: “Tampoco tiene acceso a qué otras rentas recibe, y en concepto de qué, por lo que no es de acceso público a cuánto asciende y quién paga la residencia en la que el actual jefe de la oposición vive en una zona exclusiva de Madrid”.

El Pleno tendrá que votar dos puntos. El primero asegura que “el Congreso se compromete a promover que todos los diputados y diputadas, en cumplimiento del Reglamento y del Código de Conducta de las Cortes Generales, reflejen en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie, actividades e intereses económicos”.

El segundo se centra en la figura del jefe de la oposición, a quien plantea reclamar que “refleje en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie (lo que incluye el pago de su actual vivienda), actividades e intereses económicos, como la mejor forma de dotar a la ciudadanía de un instrumento eficaz para juzgar mejor su proceder”.

Una disposición adicional de apenas unas líneas de extensión, aprobada y en vigor desde hace más de tres años, lleva días sirviendo a PP y Vox para insinuar —en el caso de los populares— o denunciar expresamente —en el de la ultraderecha— sin ninguna prueba un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de “fabricar votantes”, mientras dirigentes de Vox como José María Figaredo han alertado incluso de que el presidente Pedro Sánchez intenta dar “un golpe de Estado en diferido”. La norma en la que apoyan estas acusaciones es la conocida como 'ley de nietos', que permite optar a la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados por el franquismo. Pero el PP y Vox no hicieron crítica alguna durante la tramitación parlamentaria a esta disposición, cuya redacción, de hecho, es muy similar a la que propuso el PP en 2022.

La que estos días se ha dado a conocer públicamente como la 'ley de nietos' es, en realidad, una pequeña parte de la legislación sobre memoria democrática: en concreto, su disposición adicional octava. Este texto permitió, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.

La 'ley de nietos', junto a todo el resto de la Ley de Memoria Democrática, fue aprobada por las Cortes en 2022 tras un largo proceso de tramitación, que duró un año y tres meses. La norma logró los apoyos de la entonces sólida mayoría que sustentaba al Gobierno, y solo PP y Vox votaron en contra. Pero lo cierto es que no lo hicieron por la disposición adicional octava, la que permitía a los descendientes de los exiliados por el franquismo acceder a la nacionalidad española, sino esgrimiendo sus argumentos clásicos en los debates sobre el franquismo: el PP denunció que la ley buscaba “destruir el legado de concordia” de la Transición “y reeditar la división y la confrontación entre compatriotas”, mientras Vox calificó la norma de “totalitaria”, sostuvo que “impone una versión sectaria y distorsionada de la historia española del siglo XX” y criticó que, mientras “se destruirá hasta el último yugo y flechas”, “podrán exhibirse sin problemas la hoz y el martillo o la bandera tricolor”.

Tan desapercibida pasó la disposición adicional octava sobre nacionalizaciones en la tramitación parlamentaria que el PP, incluso, presentó una enmienda al texto que los propios populares calificaron de mera “mejora técnica”. El texto finalmente aprobado en la ley de nietos es prácticamente calcado al contenido de esa enmienda registrada por el PP. Vox, por el contrario, optó por no presentar ni una sola modificación parcial a toda la ley de memoria democrática, y escenificó su oposición presentando una enmienda de totalidad de devolución —el instrumento parlamentario que sirve para intentar detener la tramitación de una iniciativa en las primeras fases de la misma— en la que calificaba el texto de “totalitario” e “inmoral”. En ella, la formación ultraderechista no hacía ninguna mención a la posibilidad de que los nietos de exiliados pudieran optar a la nacionalidad española.

Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. En los últimos días, el PP ha centrado sus críticas en esta instrucción, que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no. “El Gobierno ha eliminado el criterio de exilio por vía de una instrucción”, denunció este miércoles la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Lo que dice la polémica instrucción

La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto.

Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada 'ley de nietos' hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses. Fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien lo denunció en enero. El problema es que ya no se puede llevar a los tribunales, aunque Vox sí anunció una “revisión de actos nulos”.

El partido de Feijóo intenta, a la vez, criticar el procedimiento abierto por el Gobierno por limitarse a los exiliados represaliados del franquismo, así como la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que amplía el corpus de emigrantes que pueden adscribirse al proceso. Históricamente, no obstante, el voto exterior ha sido numéricamente poco relevante. En 2023 ya había más de 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto. De ellos, participaron un 10,04% del censo, lo que supuso 233.688 papeletas que solo movieron ese escaño ya citado en favor de Isabel Díaz Ayuso.

En el PP lanzarán una serie de iniciativas parlamentarias ante la imposibilidad de tumbar un procedimiento que ya ha reconocido sus derechos a más de medio millón de personas, de las cuales más de 300.000 ya figuran en el Registro Civil. Entre otras cuestiones, el partido de Feijóo pedirá la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y una batería de preguntas parlamentarias.

Querella ante los tribunales

La polémica desatada por la ley de nietos también ha llegado a los tribunales, aunque no ha sido el PP quien la ha judicializado, sino la asociación ultracatólica HazteOir, que este viernes presentó una querella contra Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes— por supuesta prevaricación cuando era directora de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Hazte Oír acusa a Puente de haber hecho una interpretación excesivamente amplia de la ley de nietos en la instrucción que aprobó para su aplicación que permite solicitar la nacionalidad no solo a los represaliados del franquismo, sino a los descendientes de todos aquellos que la perdieron por abandonar España, fueran cuales fueran los motivos.

No obstante, no es la primera vez que la 'ley de nietos' acaba en los tribunales. En el año 2024, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica —un colectivo fundado en 2007 contra la primera ley de memoria histórica— ya se querelló contra Sofía Puente. En esta ocasión, no obstante, la querella se sustentaba justo en los argumentos contrarios: que la norma era discriminatoria porque otorgaba el derecho a solicitar la nacionalidad únicamente a exiliados políticos y no a los descendientes de españoles que emigraron por razones económicas.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este miércoles que su partido “siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española”. Muñoz hace esta afirmación un día después de que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, dijera que el Gobierno quiere “fabricar dos millones y medio de votantes” con la Ley de Memoria Democrática y alentara la conspiración de una “ingeniería electoral”.

El PP intenta resituar así su discurso sobre la mal llamada 'ley de nietos', una disposición de la Ley de Memoria Democrática que abrió un periodo extraordinario para que descendientes de españoles y españolas que emigraron por diferentes razones políticas pudieran solicitar la nacionalidad de sus ascendentes. Según los últimos datos, alrededor de medio millón de personas ha visto su petición aceptada.

La ley se aprobó en la anterior legislatura, en 2022, y con el voto en contra del PP y de Vox. Los de Feijóo se opusieron tanto al articulado general de la norma que actualiza la primigenia Ley de Memoria Histórica como a la disposición específica sobre la nacionalización de descendientes de españoles. El motivo, que era un texto “ideológico” que buscaba “reabrir heridas” y que su redacción final se pactó con EH Bildu, que exigió ampliar hasta 1983 el periodo de violencia política derivado de la dictadura y la Transición.

Pero en las últimas semanas, el PP ha azuzado sus ataques a la llamada 'ley de nietos' ante el acelerón que la administración ha dado a las tramitaciones de las peticiones. Pese a que el plazo para solicitar la nacionalidad española concluyó en octubre del año pasado, cientos de miles de personas esperan la resolución de su caso, por lo que el Gobierno ha activado mecanismos para dar velocidad al proceso.

Esto es lo que suscita las “sospechas” del PP, según ha explicado este lunes Muñoz en un acto informativo donde le ha precedido en el uso de la palabra José María Aznar, quien ha reclamado una “mayoría nacional” para echar a Sánchez y evitar “un cambio de sistema”.

Muñoz ha explicado que “en 2022, el Parlamento votó que recuperasen la nacionalidad los que hubiesen tenido que salir por exilio, forzados por la dictadura o la Guerra Civil” y que el Congreso rechazó “una enmienda de Ciudadanos” para ampliar el procedimiento a “cualquier persona”, independientemente del motivo de su salida del país.

La portavoz del PP ha puesto como ejemplo a alguien que “con su dinero se fue a México y montó una cervecera”. “En mi provincia hay dos”, ha apuntado. “Pues el Congreso votó que 'no'. El Congreso votó que solo aquellos que salieron al exilio pudieran recuperar la nacionalidad sus descendientes”, ha sostenido.

Pero la ley no es tan concreta. La disposición adicional octava asegura: “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”.

Pero además, la ley contempla dar la nacionalidad a “los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros” y otros casos.

Críticas a lo que pidió Feijóo en 2023

El PP suma así un nuevo vaivén a una posición cambiante desde al menos hace dos décadas en función de su interés electoral y discursivo. Así, el mismo Feijóo que en 2006, desde la oposición, reclamaba conceder automáticamente la nacionalización a todos los descendientes de emigrantes gallegos nacidos en el extranjero ha pasado ahora a poner en duda una ley que ha prometido derogar una y otra vez.

Hace 20 años, Feijóo decía que no darle automáticamente la nacionalidad a los descendientes de los exiliados era propio “del lejano Oeste”. En 2017, ya presidente de la Xunta, aseguró: “Los derechos de los emigrantes son los nuestros”. De ellos, dijo: “Sois tan gallegos como el que más y os merecéis que Galicia no os deje solos”.

El PP azuza ahora las críticas al proceso de nacionalización, pero las insinuaciones de 'pucherazo' y las acusaciones expresas lanzadas por Isabel Díaz Ayuso han motivado la reacción de la dirección nacional, que ha reculado en sus planteamientos. Sus socios de Vox han llegado a hablar de “golpe de Estado”.

Ha sido Muñoz la encargada de exponer la nueva tesis. El problema no es la ley, sino una instrucción posterior firmada por la directora general de Justicia y que desarrolla cómo se aplica esa ya famosa disposición octava.

En ese texto legal se puede leer: “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo”.

Según Muñoz, “se reinterpretó” la ley salida del Congreso y “donde se decía solo exilio”, después se amplió “a todos”.

El problema es que en 2023, el propio Feijóo precisamente reclamó que el derecho no se circunscribiera a los españoles exiliados, sino que se ampliara para no “ideologizar” el proceso. En Buenos Aires prometió una “ley específica” para conceder la nacionalidad a los descendientes de españoles “desvinculada de la ideología”.

Más contradicciones

Tras el acto informativo de Ester Muñoz, el secretario de Migraciones del PP, Rafael Núñez Huesca, ha desmontado la tesis de la portavoz parlamentaria.

En un comunicado en Twitter, Núñez Huesca ha asegurado: “Lo que no propusimos ni propondremos nunca es dividir a los descendientes de los españoles según el bando al que pertenecieron sus familiares durante la Guerra Civil”.

“ Es inmoral diseñar leyes para beneficio electoral… pero exportar la polarización guerracivilista fuera de España ya es directamente nauseabundo”, ha zanjado.

“El problema no es la ley”

La nueva estrategia discursiva del PP pasa por dejar de criticar la ley y su espíritu, y arremeter contra el proceso de nacionalización puesto en marcha por el Gobierno.

Ester Muñoz ha arremetido este miércoles contra la “rapidez” de la burocracia y el uso de “empresas externas” para agilizar el proceso. “¿Qué necesidad hay de que sea rápido?”, se ha cuestionado. Además, la portavoz ha ironizado con los casos de corrupción que salpican al Gobierno: “¿Cómo es posible que podamos sospechar de un Gobierno que tenía ministros que amañaban contratos, que ha creado una cloaca para coaccionar a jueces? ¿Cómo vamos a sospechar?”.

Al acto no ha ido Feijóo, que mantenía a esa hora una reunión en la sede nacional del PP. Sí han ido otros dirigentes. Por ejemplo, Cuca Gamarra ha zanjado ante los periodistas que “el problema no es la ley, es la instrucción que va más allá de lo que la ley permite”, y ha afirmado que se debe atender a “cuestiones de exilio” y “no cualquier persona”.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reclamado este miércoles una “mayoría nacional” en las próximas elecciones generales para echar a Pedro Sánchez y evitar así un supuesto “cambio de sistema” que, ha asegurado, está en marcha. Para lograr este objetivo, Aznar ha conminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a lograr “una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda” con “un programa capaz de suscitar una adhesión masiva”.

Aznar ha participado en un acto informativo protagonizado por la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Durante su intervención, el expresidente ha constatado que “si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez”, en referencia a Junts, “todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro” que desde la oposición se achaca al presidente.

El líder de la fundación Faes, con su habitual tono mesiánico, ha apuntado: “Esa mayoría será nacional o no será”. Para añadir: “Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica”. A principios de junio, los portavoces de Feijóo ya plantearon la necesidad de esa “reconstrucción nacional”.

Aznar ha sostenido que España está en un momento decisivo. “Lo importante de las próximas elecciones generales no es cuando se convoquen, sino entender bien lo que decidirán”, ha dicho. “Y no tengo empacho en decir que serán las elecciones más importantes de toda nuestra reciente historia democrática”, ha señalado.

El motivo: “No nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema”. “Es decir”, ha continuado, “la supervivencia o la liquidación de la nación constitucional y la igualdad ante la ley, en primerísimo lugar”.

Aznar ha concluido poniendo deberes a Feijóo: “Trasladar esta idea y articularla en un programa capaz de suscitar una adhesión masiva es una tarea bien difícil, pero es la tarea única que tenemos”.

La Casa Real ahonda su déficit y cerró 2025 con unas pérdidas de 719.334 euros, según consta en las cuentas oficiales publicadas este martes en la web de la institución. Es el segundo ejercicio consecutivo en el que Zarzuela declara números rojos, tras los 99.591 euros negativos de 2024. Como en ese ejercicio, el descuadre se debe a las inversiones en seguridad informática que ha acometido el Palacio de la Zarzuela y a la congelación del presupuesto de la Casa, lo que ha obligado a Felipe VI a tirar del remanente.

El equipo de Felipe VI justifica el resultado en la necesidad de acometer “proyectos estratégicos e inaplazables” en materia de seguridad y en la congelación presupuestaria que les afecta por la ausencia de nuevas cuentas públicas desde 2023. También en las “amortizaciones de las inversiones del pasado año”.

El balance de 2025, auditado por el Tribunal de Cuentas, muestra que el presupuesto de 8,43 millones de euros de asignación pública directa a Zarzuela fue insuficiente para cubrir los gastos. Es la misma cantidad que el Estado da desde 2021 a la Casa del Rey para su sostenimiento, aunque luego hay múltiples partidas presupuestarias destinadas a la monarquía repartidas por los Presupuestos Generales del Estado. El coste total que asumen los españoles supera los 100 millones, según un estudio avalado por la Zarzuela.

A esos 8,43 millones se suma el uso de parte de los ahorros consignados por la Casa Real en los últimos años. Zarzuela ha recabado 983.403 euros del fondo de remanentes presupuestarios “para atender proyectos estratégicos e inaplazables, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información, las comunicaciones seguras y el Plan estratégico para la financiación de los desarrollos de los sistemas de información”, según informan desde el equipo de Felipe VI.

“Los suplementos de crédito no suponen ingresos adicionales sino la utilización de recursos financieros propios de la Casa de Su Majestad el Rey”, apunta el Tribunal de Cuentas en su informe. En total, Zarzuela contó con 9,41 millones. “Las obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2025 ascendieron a 9.390.116 euros, con un remanente positivo de 24.436 euros , lo que refleja un alto nivel de ejecución presupuestaria (99,74%)”, aseguran desde Zarzuela.

El rey gastó el año pasado en el personal que le asiste a él y a su familia 4,92 millones de euros, casi 200.000 más que en 2024. Es la principal partida presupuestaria de Zarzuela. La segunda más cuantiosa son los 3,1 millones destinados a “suministros y servicios exteriores”. La “amortización del inmovilizado” alcanza los 1,51 millones.

Es la segunda vez que Zarzuela declara pérdidas desde que hace públicas sus cuentas. En 2023 el resultado fue positivo (407.402 euros). También en 2021 (407.402 euros), 2020 (931.233) y en 2019, cuando se alcanzó el récord: 1,7 millones. Con anterioridad a 2015 no se puede saber si hubo otros ejercicios en negativo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar dos millones y medio de votantes” con las nacionalizaciones de los descendientes de exiliados por la dictadura franquista ante el riesgo de “perder las elecciones” generales, previstas para 2027. Así lo ha asegurado en una entrevista en Murcia en la que ha reclamado detener el procedimiento, abierto desde 2022 y que ya estaba vigente en los comicios que ganó el propio Feijóo en 2023.

Feijóo ha negado que él y su partido estén denunciando un “pucherazo” electoral, aunque tanto de sus palabras como de las pronunciadas por otros dirigentes de la derecha sí se colige que el PP está alertando al respecto. Ya lo hicieron también en 2023 y de la mano de Vox, tanto entonces como ahora.

El líder del PP ha dicho que Sánchez ha “fabricado la ley”, vigente desde hace años, para “hacer una modificación sustancial del censo electoral”. “Esto no se puede hacer sin el consenso adecuado, sin el cuidado exquisito, sin acreditar si esas personas o no tienen derecho a esa nacionalidad y sin buscar una fórmula de cómo impacta esto en el censo electoral”, ha añadido.

“Las encuestas le dicen que va a perder las elecciones con los votantes que tiene actualmente” y, por eso, “lo que va a fabricar son 2 millones y medio de votantes”, ha sostenido el líder de la oposición.

“El pucherazo es una cosa y lo que estamos denunciando es otra”, ha intentado zafarse Feijóo, quien ha concretado algunas de sus pegas al procedimiento: “Denunciamos que hay ingeniería electoral con la 'ley de nietos', que se hace de forma unilateral por parte del Gobierno [fue aprobada por la mayoría absoluta del Congreso], que se amplía el número de personas que tienen derecho a pasaporte mediante una instrucción de un ministerio, no por ley”.

Feijóo ha reclamado detener el proceso de nacionalización: “Debe de estudiarse, debe meditarse y en mi opinión no puede seguir”.

“Ingeniería electoral”. Así tildó este lunes Alberto Núñez Feijóo la mal llamada ‘ley de nietos’, una disposición de la ley de memoria democrática que permite nacionalizarse españoles a los descendientes de los exiliados durante el franquismo, entre otros momentos históricos. Una norma vigente desde 2022 y que, ahora, las derechas azuzan contra el Gobierno para recuperar sus acusaciones de ‘pucherazo’ sin demostrar, como ya hicieran en 2023 o recientemente en las elecciones extremeñas del pasado mes de diciembre.

Vox abrió el camino, pero el PP se ha situado rápidamente a su costado con esa acusación contra el Gobierno lanzada por Feijóo desde el programa que presenta Federico Jiménez Losantos. La tesis: Pedro Sánchez hace “ingeniería electoral” para conseguir “nuevos votantes” porque “no le salen las cuentas”. 

El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, intentó rebajar después las palabras de su jefe. “Hay potencialmente 2,5 millones” de “nuevos españoles”. Algo que “tiene un impacto electoral, en el censo”. “Nos preocupa, nos importa”, dijo Sémper en una rueda de prensa, pese a sostener que el PP “no prejuzga” la papeleta que elegirán esos potenciales votantes. 

El fundamento de la denuncia del PP es que “todo es posible” que no se fían “de los procedimientos”. “Vamos a estar encima políticamente”, advirtió el portavoz. 

Feijóo prometió que su partido reformará esta vía de nacionalización para “pedir una serie de requisitos adicionales” necesarios “para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España”. 

Unas declaraciones que chocan frontalmente con el propio Feijóo de las últimas décadas, cuando se dedicó a la política gallega. De hecho, hace 20 años el entonces líder de la oposición autonómica lamentaba que los nietos de los gallegos emigrados tenían que reclamar expresamente su deseo de mantener la nacionalidad española, lo que le parecía entonces algo digno “del lejano Oeste”.

Diez años después, en 2017, el propio Feijóo declaró: “Los derechos de los emigrantes son los nuestros”. “Sois tan gallegos como el que más y os merecéis que Galicia no os deje solos”, dijo hace ahora casi una década el entonces presidente de la Xunta.

En aquel momento, a Feijóo le interesaba ese voto exterior. Y ampliarlo si podía. En las elecciones autonómicas de 2024, que ganó su sucesor, Alfonso Rueda, los descendientes de los emigrantes que mantenían la nacionalidad española convertían a Galicia en la comunidad con mayor voto en el extranjero, casi un 20% del total. En Ourense, por ejemplo, suponía un 30% del censo. Y, habitualmente, el PP es el partido más agraciado por el voto CERA.

Ahora es la ley de memoria democrática, pero el anuncio de regularización de migrantes ya dio pie a las acusaciones del PP de ampliar el censo para un supuesto beneficio del Gobierno. El propio Feijóo responsabilizó en enero al Gobierno de “incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas”. Se da la circunstancia de que el PP regularizó a más de medio millón de personas bajo la legislatura de Aznar y con Rajoy aprobó la ley para conceder la nacionalidad a los sefardíes originarios de España. “El reconocimiento de la nacionalidad española para los judíos sefardíes es una reparación histórica”, decía por aquel entonces la popular María del Carmen Dueñas.

Ayuso, la beneficiada en 2023

No ocurre solo en Galicia. Una de las dirigentes de la derecha que más ha azuzado la conspiración del ‘pucherazo’, Isabel Díaz Ayuso, también fue premiada por el voto CERA en 2023. Los sufragios de los residentes en el extranjero le dieron al PP de Madrid el último escaño en liza. Fue el único diputado que se movió por los residentes en el extranjero.

Tanto el PP nacional como el partido en Madrid tienen en su estructura orgánica sendos delegados para encargarse del voto exterior. El coordinador de Acción Exterior del PP (un cargo interno del partido) es Antonio Rodríguez Miranda desde que Feijóo llegó a Madrid. Antes, desde 2012, ocupó el mismo cargo en el PP gallego con el mismo jefe. Desde entonces, cobra un sueldo público de la Xunta de Galicia como secretario xeral de Emigración.

El portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró este lunes a preguntas de elDiario.es que “no existe” ninguna colusión por compatibilizar ambos cargos porque “el presidente del Gobierno es también el secretario general del PSOE”.

En Madrid, ese cargo lo ocupaba la hoy dirigente nacional Alma Ezcurra. Tras ascender al equipo de Feijóo, el cargo no ha sido actualizado, o al menos se mantiene Ezcurra, según la web oficial del PP de Ayuso. elDiario.es ha preguntado quién ocupa ahora el cargo sin obtener ninguna respuesta. 

“Asignar provincias de manera arbitraria a través de embajadas y consulados jugando con la ley de nietos es ilegal”, apuntó Ayuso este lunes en un acto del PP. Es una de las denuncias que hace el PP: si las personas nacionalizadas no eligen en qué provincia votar, será la administración quien lo decida por ellos.

Los números de la ‘ley de nietos’

En 2023 ya había más de 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto. De ellos, participaron un 10,04% del censo, lo que supuso 233.688 papeletas que solo movieron ese escaño ya citado en favor de Isabel Díaz Ayuso.

El procedimiento extraordinario recogido en la Ley de Memoria Democrática se cerró en octubre de 2025 y ya no se admiten más peticiones. 

A fecha 30 de abril, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450 el número de solicitudes, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. 

En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento. Esa cifra representa el número de personas que ya han adquirido el derecho a votar por la ‘ley de nietos’. En total, se han anotado ya en el Registro Civil casi 320.000 personas por esta vía, según fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es.

El Partido Popular lanza su ofensiva este lunes contra el Gobierno de Pedro Sánchez y vuelve a agitar las acusaciones de un supuesto intento de inflar los censos electorales. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso han cargado contra el Ejecutivo central sobre la conocida como ley de nietos, que permitirá a los hijos, nietos y bisnietos de los exiliados del franquismo lograr la nacionalidad española. “Ahí queda el aviso”, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que “el reparto de escaños” es “ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a cargar contra la regularización extraordinaria de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno central. Durante un encuentro informativo en la capital organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, Ayuso ha vuelto a esgrimir sus argumentos contra la decisión del Ejecutivo: desde el “efecto llamada” al supuesto “colapso del sistema público”.

Además, durante el evento ha dicho que “no hay ley de nietos que oculte que España necesita reiniciarse o no volverá a ser España”. La líder del PP de Madrid ha asegurado también, aunque sin aportar datos, que “la tercera provincia en número de votos será Argentina” con la norma, recogida dentro de la Ley de Memoria Democrática y que ha producido un atasco en los consulados de países como Argentina, Cuba, Brasil o México por el aluvión de solicitudes.

Este mismo lunes el líder del PP también había asegurado que este procedimiento era “ingeniería electoral”. “Con los actuales votantes no le salen las cuentas”, había dicho anteriormente en una entrevista para esRadio, donde Feijóo lanzó que el presidente quería incrementar el censo en 2,5 millones de personas.

Pero Ayuso ha ido más allá y ha apuntado directamente a una supuesta ilegalidad. La presidenta autonómica ha asegurado que lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez es “multiplicar agentes en las embajadas” para “jugar con las reglas del juego. ”El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de voto, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño. Cada cónsul que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Ahí queda el aviso“. ”El reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral“, ha añadido.

Feijóo ha planteado que derogará la Ley de memoria Democrática, de la que depende este proceso de nacionalización para descendientes de españoles exiliados durante el franquismo.

Pero el líder del PP también ha planteado una reforma de la ley electoral para darle al ganador de las elecciones una propina en forma de escaños y facilitar así las mayorías absolutas, tal y como ocurre en Grecia o en Italia.

Poco después ha sido el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien ha intentado explicar, sin éxito, las palabras de su jefe. En opinión de Sémper, las críticas de su jefe de filas “no prejuzgan” el futuro voto de estas personas en las elecciones.

Sémper ha sostenido que en el PP “no se fían” del proceso de nacionalización por “los procedimientos”. “Vamos a estar encima políticamente”, ha asegurado en una rueda de prensa, y ha puesto como ejemplo la “regularización en Cuba. ”Parece razonable que exijamos y tengamos dudas“ porque ”2,5 millones más“ de personas se apuntarán ”en el censo, potencialmente“.

“Nos preocupa, nos importa”, ha dicho. “Es relevante comprobar cómo se hace” porque, ha concluido, “todo es posible”.

Más Madrid: “Le tiene miedo a que la gente vote”

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra las críticas del PP. “Los nietos de los exiliados españoles habrían nacido en España si no hubiera sido por el golpe de estado y la dictadura franquista”, ha asegurado este lunes Bergerot en X después de las palabras de Isabel Díaz Ayuso y de Alberto Núñez Feijóo.

“Esta derecha a la que tanto le gusta pedir elecciones le tiene miedo a que la gente vote”, ha añadido.

El Congreso concluyó esta semana su periodo ordinario de sesiones con una votación histórica por inédita: la mayoría absoluta de los diputados pidieron la dimisión del presidente del Gobierno y, a la vez, que Pedro Sánchez presente una moción de confianza para volver a recabar la confianza de la Cámara. La iniciativa del PP, meramente declarativa, salió adelante con los votos de Vox y Junts. Pero Alberto Núñez Feijóo no dará el paso de presentar una moción de censura, temeroso de que el independentismo catalán no le apoye. Por si más adelante sí se atreve, los suyos siguen cortejando a los del fugado Carles Puigdemont.

Feijóo ha cerrado una de las peores semanas para el Gobierno con un sonoro triunfo parlamentario que se derretirá con la canícula veraniega. La sentencia del caso mascarillas y la condena de 24 años para el exministro José Luis Ábalos es un duro golpe para Pedro Sánchez, quien le confió además la siempre delicada Secretaría de Organización del PSOE. Pero los vaivenes de Junts escaman en las plantas altas del número 13 de la madrileña calle de Génova, sede del cuartel general del PP.

Un repaso sucinto a lo ocurrido este mes de junio permite comprender los temores del PP. En las últimas semanas, el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto mandar a juicio a la esposa del presidente y le ha retirado el pasaporte, tras poner en duda la labor de la Policía Nacional en evitar una hipotética huida. El expresidente del Gobierno y uno de los principales arietes de Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado como investigado por presunta corrupción. También sus hijas y su secretaria personal han sido imputadas. En los registros de su oficina se encontraron joyas valoradas en más de un millón de euros en una tasación “preliminar”.

El presidente del Gobierno compareció el miércoles ante el Congreso con todas estas piedras en su mochila para, en teoría, dar explicaciones. Para entonces, Feijóo ya había intentado todo para convencer a los socios de Sánchez de que le invistan a él con una moción de censura que, sin embargo, no se atreve a presentar. “Son los socios los que deben moverse”, dijo el portavoz nacional, Borja Sémper, el día que se conoció la imputación de Zapatero. “Estaremos a la altura”, remachó su jefe de filas, quien unas semanas antes ya había dicho: “Yo presentaría una moción de censura mañana, si tuviese votos”. 

El objetivo de Feijóo es el mismo desde 2023: atraer al PNV y a Junts. Sabe, o cree, que son los únicos capaces de cambiar de bando. Pero todos y cada uno de sus intentos han fracasado. Hasta el punto de que la relación con el nacionalismo vasco, con quien la colaboración ha sido habitual desde que Xabier Arzalluz hiciera presidente a José María Aznar, está totalmente rota.

Junts amaga con la 'vía Starmer'

Con Junts, la situación es diferente, al menos en apariencia. La coincidencia ideológica entre el independentismo de derechas catalán y las derechas españolas es mayor. Y no solo porque Feijóo ya intentó en 2023 convencer con un posible indulto a Carles Puigdemont para que le apoyara tras las elecciones. El rechazo a subir los impuestos a las principales empresas y fortunas del país, su negativa a intervenir el mercado de la vivienda o la criminalización de las personas migrantes les ha unido en múltiples votaciones parlamentarias.

Pero Junts tampoco termina de atreverse a dar el paso de dejar a Sánchez e investir a Feijóo en una moción de censura, aunque Vox se ha quitado de la ecuación y el líder del PP les ha prometido una convocatoria electoral inmediata. “No tengo ningún inconveniente en pactar una fecha”, llegó a decir el jefe de la oposición.

La respuesta de Junts llegó por boca de Jordi Turull. El secretario general del partido dijo que estaban dispuestos a negociar la moción de censura. Eso sí: si Feijóo viaja a Waterloo y se reúne directamente con Puigdemont. Todo un jarro de agua fría para las pretensiones de la derecha española. Y también una forma de intentar cortocircuitar la creciente presión sobre Junts, sabedores de que mencionar la ciudad belga es un anatema para el PP.

Feijóo descartó inmediatamente tal opción. El ‘no’ del PNV y las condiciones imposibles de Junts podrían hacer pensar que en el PP han descartado absolutamente la idea de la moción de censura. Pero no lo han hecho porque los movimientos de Junts alientan la idea de que, en algún momento, los siete diputados de Puigdemont en Madrid podrían bajar el pulgar a Sánchez. Y así pareció ocurrir el miércoles pasado, cuando la portavoz de Junts pidió la dimisión de Sánchez, pero sin convocatoria electoral. Es decir, que este mismo Congreso elija a otro presidente.

Una idea directamente copiada de los últimos movimientos de la política británica, donde Keir Starmer ha dimitido para dejar paso a otro laborista como primer ministro, al alcalde de Manchester, Andrew Burnham. Será el séptimo jefe del Ejecutivo desde el Brexit de hace una década.

Míriam Nogueras no explicó a quién proponía como nuevo presidente ni qué condiciones debería cumplir esa persona. Eso lo hizo su secretario general, Jordi Turull, unos días después en una entrevista: un candidato que no necesariamente sea del PSOE, que se comprometa a cumplir los acuerdos de investidura supuestamente incumplidos y que viaje a Waterloo para recibir el plácet de Puigdemont. Son condiciones que se antojan inasumibles para el PSOE y que no están pactadas con el resto de grupos que apoyaron la investidura de Sánchez. 

El mismo miércoles a la misma hora, Junts plantó al PP en una votación en el Senado sobre la dimisión de Sánchez. Pero un día después sí votó a favor de la moción del Congreso, sin explicar los motivos ni en la tribuna parlamentaria ni ante los medios de comunicación. Desde el jueves, silencio de radio.

“Que se mueva Sánchez”

En Génova, no saben qué esperar de Junts. De momento no hay intención de activar la moción de censura, pero la estrategia pasa por seguir cortejando al independentismo catalán. El jueves por la noche, el secretario general, Miguel Tellado, aseguró en la Cadena Ser que el independentismo de ahora no tiene nada que ver con el de antes. “Estamos en el año 2026, y lo que ha sucedido en Catalunya en el año 2017, pues sucedió en el 17”, explicó.

“No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo”, cuestionó. Tellado insistió: “Hoy el contexto es otro. Hoy la amenaza para la democracia española no es el secesionismo en Catalunya, es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal que se ha dedicado a robar desde el primer minuto”.

Feijóo estudió en 2023 la amnistía para Puigdemont y se planteó el indulto al ‘president’ que decretó la independencia de Catalunya durante unos segundos a cambio de la investidura.

Desde la dirección del PP refrendan las palabras de Tellado: “Lo peligroso es ceder ante el secesionismo”.

El calvario judicial no ha terminado para el Gobierno, que afrontará en las próximas semanas y meses otros hitos: la sentencia sobre el hermano de Sánchez, el juicio a la esposa del presidente y el avance de otras causas que afectan igualmente a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán y a los pagos en metálico del PSOE. El hito que podría precipitar los acontecimientos es que se diera una imputación del PSOE como organización. Mientras eso llega, en el PP creen que su jefe de filas no tiene que hacer nada, de momento. “Lo analizaremos y usaremos, pero no hay más novedades”, explican fuentes de Génova, que remiten a las palabras de Feijóo tras su éxito parlamentario: “Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación”.

“Lo del jueves implica que se tiene que mover Pedro Sánchez”, apuntan desde la dirección del partido. El presidente del Gobierno no da la sensación de estar pensando en tirar la toalla. A la vuelta del verano, si no antes, Feijóo y el PP tendrán que volver a responder sobre la moción de censura y seguir dando vueltas en la rueda de ratón hasta que lleguen las elecciones.

La abogada y empresaria Miriam González Durántez (Olmedo, 1968), líder de la plataforma España Mejor, ha registrado a través de terceras personas el partido Democracia 21. Se trata de un “procedimiento administrativo”, según han confirmado a elDiario.es desde su equipo, con el que estar preparadas por si finalmente opta por presentarse a las próximas elecciones generales. La decisión, aseguran las mismas fuentes, no está previsto tomarla definitivamente hasta después del verano.

González lleva meses preparando el lanzamiento de este nuevo partido, del que ya había advertido previamente en público. En septiembre de 2025 aseguró en una entrevista que si los actuales partidos “no se mueven” para “limpiar el sistema político español”, ella daría el paso. Una idea que repitió en abril en otra entrevista: “Estoy considerando crear una opción política nueva y trabajo en ello abiertamente”.

Ese momento parece haber llegado. O, al menos, estar cerca. El Registro de Partidos del Ministerio del Interior ha anotado este 24 de junio la inscripción de Democracia 21 a nombre de Alfonso Sánchez-Macián. El dominio de internet en el que está alojada la web de la organización está registrado a nombre de Roberto Álvarez Carretero, uno de los integrantes de la plataforma España Mejor. El partido está registrado en un edificio empresarial de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Desde el equipo de González aseguran que “no hay una decisión tomada” y que, por ahora, “no hay nada más” que un registro preventivo. Una forma de garantizarse que, llegado el momento, tienen la herramienta burocrática necesaria para lanzarse. De hecho, dicen, el nombre de la candidatura, si llega a oficializarse, podría cambiar. Así lo recogen los estatutos.

Las mismas fuentes señalan que González ya ha anticipado que su plan es postularse para las elecciones generales. Un proyecto para el que hace falta financiación y muchas personas para presentarse en todas las provincias.

González Durántez trabajó durante casi una década para la Comisión Europea, entre 1996 y 2004, y para el Ministerio de Asuntos Exteriores británico justo después. Desde entonces, ha estado ligada a la empresa y a diferentes organizaciones como universidades privadas o fundaciones. 

Ha pasado por la española Acciona, en cuyo consejo de administración y comisión de auditoría estuvo sentada cuatro años. También ha tenido importantes cargos en el banco suizo UBS, donde llegó a ser vicepresidenta de su división europea, o de la compañía de sanidad Atrys.

Además, ha sido directiva de Toyota, parte del consejo asesor del IE en Madrid o de la Universidad Pontificia Comillas, entre otras, según recoge su ficha de LinkedIn.

Un proyecto “liberal”

González, esposa del que fuera líder de los LibDem y vice primer ministro británico, Nick Clegg, se instaló de regreso en España tras el paso de su marido por la política, entre 2010 y 2015. Desde entonces ha tenido una clara vocación política que no ha escondido.

En una entrevista con elDiario.es en 2024, González Durántez centró su mensaje en la falta de mecanismos de control del poder, cuando comenzaron a surgir algunos de los casos de supuesta corrupción que rodean al Gobierno.

Entre la propuestas de España Mejor hay un Código Ético del Gobierno, que iría en esta dirección. Pero también en materia de vivienda, fiscalidad o turismo. En definitiva, un esbozo de programa electoral.

“Yo soy una persona liberal en el sentido británico, no en lo que se llama ‘liberal’ en España de evitar el Estado en todo. ‘Liberal’ en los controles y garantías sobre el poder. Ese espacio está ahora muy vacío políticamente”, aseguró a elDiario.es hace dos años. 

Un espacio que en el pasado han intentado ocupar otras opciones políticas. La más reciente y exitosa fue Ciudadanos que, en una de sus múltiples fases, se definió como partido “liberal” desde 2017.

Hoy, son varios los que pugnan por conquistar a ese electorado. El exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha lanzado su propio proyecto a través de la asociación Atenea, también autodefinida como “liberal” y en cuya presentación estuvo presente el ya condenado Víctor de Aldama. Espinosa de los Monteros no ha anunciado todavía si se presentará o no a las elecciones.