Estaban preparados para dar la batalla hasta el final por presidir las Nuevas Generaciones del PP. Pero los dos candidatos que han logrado los avales necesarios para competir por el puesto han optado por negociar una lista conjunta que evite la batalla interna. El presidente será el madrileño Ignacio Dancausa, amadrinado por Isabel Díaz Ayuso. El murciano Antonio Landáburu será su vicepresidente. Ha quedado fuera de la carrera la valenciana Candela Anglés.

La frase “que se peleen los niños” aireada por diferentes dirigentes del PP en las últimas semanas ha quedado en nada, después del acuerdo alcanzado por las dos candidaturas y hecho público este jueves. “Hemos decidido unirnos para construir el mejor proyecto posible”, aseguran en un comunicado conjunto. “Entre los dos trabajaremos en sintonía, combinando nuestros perfiles para impulsar el proyecto común”, apunta.

La nueva dirección de NNGG pretende ser plural. “Tendrán cabida todos los compañeros que quieran aportar desde todos los rincones de España, así como con nuestra buena amiga Candela”, añade el comunicado en referencia a la tercera precandidata en discordia, la diputada de las Cortes Valencianas Candela Anglés, quien no ha conseguido los avales necesarios.

El reglamento exige a los candidatos recopilar previamente el aval de 250 afiliados que “deben proceder, al menos 140 de ellos, de siete comunidades autónomas diferentes, en un número que no debe ser inferior a 20 avales en cada una de ellas”.

En los días posteriores a la convocatoria del congreso, que se celebrará en Valladolid el próximo 11 de julio, se produjeron momentos de tensión entre los candidatos, con Dancausa espoleando en Twitter críticas de otros jóvenes, algunos ajenos al PP, contra Landáburu.

Algunos medios publicaron incluso que Dancausa y Landáburu protagonizaron un agrio enfrentamiento ante sus compañeros en la Junta Directiva de NNGG que convocó el congreso a cuenta de las prisas del madrileño, que anunció su candidatura y comenzó a hablar con los periodistas antes de que se anunciara formalmente el cónclave.

El PP no ha informado de cuántos avales ha logrado cada uno, pero del acuerdo se desprende que Dancausa se ha impuesto a Landáburu. En todo caso, han optado por negociar. Según fuentes de la dirección del PP, era lo que “los mayores querían”, comprobar si estos políticos de menos de 30 años eran capaces de pactar internamente.

Dancausa, un “basado” al frente de los jóvenes del PP

“Este Congreso es una gran oportunidad para construir la organización más fuerte, unida y útil para los jóvenes y el Partido Popular de nuestra historia democrática, y no la vamos a desaprovechar”, apunta el comunicado conjunto.

Dancausa es uno de los alumnos predilectos de Ayuso, y ha presumido en alguna intervención pública de ser un “basado”, una referencia al enfrentamiento total en redes sociales propio del 'trumpismo'.

En 2023, el futuro presidente de NNGG fue identificado por la Policía Nacional en el campus de Ciudad Universitaria junto a otros jóvenes. Durante el proceso electoral de la UCM, varios estudiantes alertaran de que estaban repartiendo sobres que contenían la papeleta del candidato a la reelección, Joaquín Goyache, el mismo día de los comicios, algo prohibido.

Goyache fue el candidato ganador.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este jueves que Alberto Núñez Feijóo pondrá en marcha una “reconstrucción nacional” cuando llegue al Gobierno para “revertir” la “decadencia” que, ha dicho, ha provocado los mandatos de Pedro Sánchez. Ezcurra ha reclamado de nuevo la dimisión del presidente, de quien ha dicho que, ante los escándalos de corrupción que afectan al PSOE, solo puede ser un “incompetente” por desconocerlos o un “delincuente” si sabía lo que estaban haciendo las “cloacas” dirigidas por Leire Díez.

Esa “reconstrucción nacional” prometida por el PP no tiene fecha. “El Gobierno puede caer mañana o el verano que viene”, ha dicho Ezcurra en una rueda de prensa en la sede nacional del partido para valorar el sumario del llamado 'caso Leire', que para la oposición no es sino otra pieza de lo que denominan 'caso PSOE'.

Reconstrucción nacional es un lema usado por el partido ultraderechista España 2000, que también denuncia que “la corrupción se ha ido apoderando de todos los niveles de poder y que, finalmente, ha terminado siendo la característica más visible del sistema”.

Ezcurra ha hecho un minucioso repaso a los sumarios abiertos y ha señalado expresamente a Sánchez como muñidor de todos los casos de corrupción que se investigan. “No existe ningún capo que desconozca la existencia de su propia mafia”, ha dicho. “No hay nada más temible que un político corrupto desesperado”, ha apuntado.

La dirigente ha asegurado que el Gobierno comete “delincuencia de Estado”. Es decir, “usar el Estado que pagamos todos con nuestros impuestos para atacar a todos los contrapoderes democráticos, para perseguir al que estorba y para que no se investiguen los delitos del entorno personal del presidente”. Ezcurra ha señalado que se ha intentado “parar investigaciones en curso sobornar a jueces y fiscales, y poner la Fiscalía al servicio de los investigados por la Justicia”.

Pero el PP no encuentra cómo sacar al país de la situación en la que está España. Ezcurra ha reeditado a su jefe de filas para decir que “solo hay dos opciones”. Una, que Sánchez dimita y convoque elecciones. La otra, que “los socios le retiren el apoyo”.

Algo que ya ha ocurrido, en parte. Tanto el PNV como Junts han exigido en público a Pedro Sánchez que tire la toalla y convoque elecciones. Feijóo quiso ver en ambas declaraciones una grieta abierta para poder obtener su apoyo para una moción de censura y se comprometió a una instrumental con el único compromiso de convocar elecciones generales lo antes posible.

Pero su propuesta no ha logrado un solo apoyo más que los insuficientes 172 votos que obtuvo en su fallida investidura de 2023. A Feijóo le siguen faltando cuatro, y nadie parece estar dispuesto a dárselos.

Ezcurra no ha asumido ninguna autocrítica por la imposibilidad del PP de conseguir esos cuatro votos. De hecho, ha considerado “como mínimo, llamativo” que se le pregunte qué explicación da el partido a que Feijóo no haya logrado mover un solo voto desde la investidura.

El PP descarga toda la responsabilidad en los aliados parlamentarios del Gobierno, quienes tienen “la llave”, ha planteado. “La pregunta es si alguien todavía cree que por sostener este Gobierno se va a librar de las garras de su mafia”, ha dicho, porque “con una mafia no hay lealtad que valga. O se está con la corrupción o se está contra ella”.

“Para que ellos me entiendan, o se es proactivo o acatan las órdenes y se ponen de perfil”, ha concluido, en referencia a las maniobras dentro de la Guardia Civil para limitar las investigaciones contra el entorno de Sánchez.

“La historia de Pedro Sánchez ya está escrita. Hay que reconocerle la coherencia. Comenzó en unas semanas y va a terminar en una cloaca”, ha espetado Ezcurra, en referencia a los locales de ambiente gay que regentaba el suegro del presidente del Gobierno, y donde presuntamente se ejercía la prostitución. La dirigente del PP ha asumido, además, que las primarias de Sánchez se pagaron con dinero de esos negocios.

Tres pactos de gobierno entre el PP y Vox en tres comunidades autónomas con un eje común: la “prioridad nacional” de los ultras. El acuerdo cerrado este miércoles en Castilla y León sigue la pauta de los sellados en Extremadura y Aragón: ejecutivos conjuntos, vicepresidencia y tres consejerías para la extrema derecha, además de limitar el acceso a determinados servicios públicos en función del origen del demandante. El foco se pone ahora en Andalucía y en Juan Manuel Moreno, quien advirtió en campaña electoral -hace menos de un mes- que la idea de Vox es “irreal” cuando no “ilegal”.

Moreno no tiene prisa por iniciar la negociación formal con Vox para pactar el Gobierno en Andalucía, aunque los votos de Vox son imprescindibles para que el barón del PP logre su tercer mandato al frente de la Junta. El presidente en funciones quiere apurar hasta la sesión constitutiva del Parlamento andaluz, el próximo jueves 11 de junio, para abrir el diálogo con la extrema derecha.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, dio un primer (y pequeño) paso este miércoles, al telefonear al candidato andaluz de Vox, Manuel Gavira, para “pedirle una reunión”, pero ni se ha concretado fecha para reunirse ni ha habido conversaciones aún, confirman fuentes del Gobierno andaluz en funciones.

Ninguno de los dirigentes consultados por elDiario.es contempla la posibilidad de que la formación del Gobierno andaluz se retrase hasta después del verano. La cita parlamentaria de la semana que viene servirá para medir el estado de las relaciones entre el PP y Vox en Andalucía, donde los ultras han desplegado una de las campañas más agresivas contra Moreno, quien habitualmente pone distancia pública con los planteamientos de Vox y ha rechazado gobernar con ellos.

El problema es que, hasta el momento, el mini ciclo electoral abierto por el PP el pasado mes de diciembre ha confirmado la dependencia que tienen los de Alberto Núñez Feijóo del partido de Santiago Abascal. Extremadura celebró elecciones a finales de 2025, y cuatro meses después María Guardiola fue investida presidenta, tras sellar un acuerdo político con Vox que incluía dos consejerías, una con rango de vicepresidencia, para la extrema derecha. Aragón celebró sus comicios el 8 de febrero y Jorge Azcón fue reelegido presidente el 29 de abril. En este caso, el barón del PP también formó un Gobierno de coalición con Vox, que aumentó el precio y arrancó tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia.

El tercer acuerdo ha llegado en Castilla y León, que fue a las urnas el 15 de marzo. El pacto para hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco se anunció este miércoles. Vox repite: tres consejerías, una de ellas vicepresidencia.

En Andalucía todavía no ha transcurrido un mes desde las elecciones del 17 de mayo y el reloj del calendario legislativo no empieza a andar hasta la semana que viene. Vox quiere añadir la muesca andaluza a sus acuerdos de gobierno con el PP en las otras tres comunidades —todos sujetos al principio xenófobo de la “prioridad nacional”—, pero Moreno pretende hacer valer su peso político y virar el rumbo que han seguido sus compañeros, aunque haya perdido la mayoría absoluta que le convertía en un líder incontestable tanto ante los de Abascal como para la dirección nacional del PP.

La estrategia de Moreno pasa ahora por volcar toda la presión sobre sus futuros aliados, dejando patente que él no tiene ninguna ansiedad por estrechar lazos políticos con Vox, el partido “sin experiencia en las instituciones” y “sin profesionales preparados”, que puede meter a Andalucía en un “lío gordo”, contra el que viene advirtiendo durante toda la campaña electoral.

Génova prefiere acuerdos homogéneos

Moreno quiere evidenciar que hoy ni él ni el PP andaluz son los mismos de 2019. Entonces salían de las urnas con el peor resultado de su historia (26 diputados), necesitaban los 33 votos de otras dos formaciones para ser investido presidente —Ciudadanos y Vox— y ni siquiera ostentaba el suficiente liderazgo dentro de su partido como para poder pilotar él mismo las negociaciones de su investidura. Estas recayeron en manos de Teodoro García Egea, 'número dos' del entonces presidente nacional del PP, Pablo Casado.

La situación hoy es bien distinta. El barón andaluz se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta (53 diputados) y aspira a gobernar en solitario llegando a pactos puntuales con Vox, al que prevé convertir en un aliado de legislatura, pero dejarlo fuera del Consejo de Gobierno.

La dirección nacional del PP apuesta por que los acuerdos autonómicos sean homogéneos y no se generen distorsiones entre los diferentes territorios. Esta misma semana insistía en la idea un destacado miembro del equipo de Feijóo, quien auguraba en conversación con los periodistas que el pacto de Castilla y León seguiría la senda de los dos anteriores. Una idea aplicable a Andalucía también.

Frente al silencio táctico de Moreno, los de Abascal no han parado de lanzar mensajes contradictorios desde el 17-M: que negociarán atendiendo “a la proporcionalidad”, pero no le regalarán los dos escaños que necesita al candidato popular; que no cometerán “el error” de 2019, cuando decidieron no entrar en el Gobierno andaluz y el PP les “engañó”: esta vez exigirán varias consejerías; que no les importa tanto “los sillones como las políticas...”.

Lo que no ha variado en el discurso de Vox es fijar una línea roja irrenunciable: la “prioridad nacional”. Es el requisito de corte xenófobo que han impuesto en sus acuerdos con los populares en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Durante la campaña electoral, el barón andaluz del PP minimizó la importancia de este criterio —discriminar a los inmigrantes en el acceso a las prestaciones públicas— asegurando que era “un eslogan irreal”, y que tampoco le importaba cómo lo llamasen, porque ni encaja en el ordenamiento jurídico ni en la Constitución.

Algunos interpretaron de esas palabras, citadas en campaña, que el popular estaba despejando la pista para el aterrizaje de la “prioridad nacional” en Andalucía, restando importancia a las consecuencias prácticas de ceder en la batalla cultural de la ultraderecha. “Andalucía no puede ser menos, que se cumpla la voluntad de los andaluces”, ha zanjado este miércoles Gavira, tras consumarse el pacto de gobierno en Castilla y León.

Pero Moreno ni se siente concernido por las insistentes llamadas de Vox para iniciar cuanto antes la negociación, ni por el aviso de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que la semana pasada advirtió al barón andaluz de que sus acuerdos con Vox en Andalucía tendrán que cumplir con las directrices del documento marco del PP presentes en los acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El presidente de la Junta en funciones despacha directamente con Alberto Núñez Feijóo, que le ha dejado “manos libres” para “administrar sus tiempos” y “seguir sus estrategias, pegadas al terreno” para lograr su objetivo, confirman fuentes próximas al líder autonómico. También desde Génova, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, el malagueño Elías Bendodo, ha lanzado este miércoles un mensaje más próximo al planteamiento de Moreno que al de Gamarra.

“Las conversaciones empezarán de forma inminente en Andalucía”, por el simple hecho de que la semana que viene se constituye el Parlamento, y ambos partidos deben decidir si negocian el nombre del presidente de la segunda institución de Andalucía y el reparto de los miembros de la Mesa, órgano rector de la Cámara. “Será una negociación claramente en clave andaluza”, ha puntualizado Bendodo en una entrevista en Canal Sur Radio.

Sin plazo para el Pleno de investidura

El reloj de la negociación no empieza a andar hasta la sesión constitutiva del Parlamento, el próximo jueves, cuando los 109 diputados tomen posesión de sus escaños y voten la composición de la Mesa. Si PP y Vox no han cerrado un acuerdo previo para ese día, cada partido votará a sus candidatos para presidir el Parlamento, que quedaría en manos de los populares.

Ni en Extremadura ni en Aragón ni en Castilla y León, la extrema derecha ha mostrado especial interés por presidir la Cámara legislativa, que tiene un papel crucial para medir los tiempos de la legislatura y priorizar unas iniciativas sobre otras. En una legislatura sin mayoría absoluta este órgano será clave.

Constituida la Cámara, el nuevo presidente del Parlamento —el PP baraja ya el nombre de una consejera— abrirá una ronda de contactos con los portavoces de todos los grupos para proponer un candidato a la presidencia de la Junta. El reglamento de la Cámara fija un límite de 15 días hábiles para proponer candidato, pero no para la celebración de la sesión de investidura. Para eso no hay un plazo estipulado. Quien controle la Mesa del Parlamento andaluz puede proponer un candidato y convocar el Pleno para su votación la semana siguiente, o dos semanas después o dos meses después.

Es un momento clave, porque lo que activa la cuenta atrás para una hipotética repetición electoral es la fecha del Pleno de investidura, a partir de ahí, el Estatuto de Autonomía fija dos meses de plazo, si ningún candidato ha logrado los apoyos necesarios para formar gobierno, se disuelve automáticamente la Cámara y se convocan elecciones.

Pero mientras no se convoque el Pleno de investidura, el reloj no corre. Eso sí, no hay antecedentes de que se haya demorado tanto tiempo [en Extremadura pasaron dos meses desde la constitución de la Asamblea hasta la primera votación fallida de la investidura de María Guardiola].

En Andalucía, estirando muchos los plazos se podría llevar el debate de investidura de Moreno al mes de septiembre, pero sería este un escenario extremo. Lo razonable es que se convoque, a más tardar, en el mes de julio. Nunca se ha hecho en agosto, aunque el nuevo presidente del Parlamento podría estudiar esta opción como algo extraordinario, pero es poco probable.

Las tres fuerzas de izquierda en la oposición -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- están convencidas de que habrá nuevo Gobierno de Moreno antes del verano y que sus tiras y aflojas con Vox en la negociación previa “son puro teatro”. “Esto ya lo vivimos en 2019. Lo tienen ya todo más que atado”, advierten fuentes socialistas.

El PP ha registrado una petición de ampliación de los trabajos de la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', cuyas pesquisas se han extendido ya a otros casos de corrupción relacionados con el Gobierno y aborda, entre otros, el 'caso Leire'. El partido de Feijóo quiere interrogar al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, y a quien fuera director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. También abre la puerta a citar al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, quien ya compareció antes de ganar las elecciones.

La semana pasada se desveló parte de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las supuestas maniobras del PSOE para frenar las causas judiciales que atenazan al Gobierno. El magistrado señala en su extenso auto la existencia indiciaria de una trama urdida en la misma sede federal de los socialistas, con quien fuera secretario de Organización, Santos Cerdán, a la cabeza.

Entre los señalados por Pedraz están Hernando y Antolín, quienes se estrenarían como comparecientes ante las muchas comisiones de investigación abiertas por el PP gracias a su mayoría absoluta. Ambos habrían participado en reuniones con Leire Díez y serían parte de la trama teóricamente delictiva que investiga la Audiencia Nacional.

El PP también incluye en la lista de potenciales comparecientes, que anunciará esta misma mañana, a Lourdes Solís, responsable de cumplimiento normativo del PSOE.

La propuesta de ampliación de los trabajos presentada por el PP será aprobada gracias a su control total sobre la Cámara, aunque está todavía por determinar la fecha efectiva de citación de las personas incluidas en el listado.

Entre ellas, además de las tres novedades citadas, el PP plantea recuperar a comparecientes a los que ya ha interrogado en esta misma comisión. Es el caso de Salvador Illa. El hoy presidente de la Generalitat ya acudió al Senado justo antes de las elecciones de 2024 que le catapultaron al cargo.

El auto de Pedraz señala, precisamente, pagos dudosos en la campaña electoral de Illa ese mismo año y cómo Ferraz pudo usar al grupo de Leire Díez para atacar a sus rivales en las urnas.

El PP se prepara también para citar de nuevo a la propia Leire Díez; a la gerente del PSOE, Ana Fuentes; a su predecesor, Mariano Moreno; a quien fuera directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández; a su predecesor, Jesús Gascón; y a quien fuera director de gabinete de Pedro Sánchez en el partido, Juan Manuel Serrano.

Sánchez, “autor intelectual”

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado en una rueda de prensa la nueva batería de citaciones en la comisión de investigación, y ha asegurado que “el comando” que, según la investigación judicial, lideraban Santos Cerdán y Leire Díez, en realidad tenía “un autor intelectual, Pedro Sánchez”. “Ese que dijo 'límpiese”, ha añadido, en referencia a un testimonio indirecto que recoge el sumario que instruye el juez Santiago Pedraz.

La portavoz ha dicho que quien fuera “lugarteniente” de Sánchez en la Moncloa, Antonio Hernando, actuó de “enlace” y “se reunió con Leire Díez cuando era director adjunto de Gabinete” del presidente del Gobierno. El sumario recoge, efectivamente, una reunión. “¿Quién dio la orden de acudir a esa reunión con Leire Díez, Santos Cerdán y otros?”, se ha preguntado García. “¿Qué se acordó y a quién reportaba sobre los avances de las cloacas?”, ha concluido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este martes en Barcelona la posibilidad de viajar a Waterloo (Bélgica) para negociar con Carles Puigdemont el apoyo de Junts a una hipotética moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. No lo ha hecho de forma expresa, ni en su discurso ante el Cercle d'Economia ni después, a preguntas de los periodistas. “Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias”, ha respondido.

El líder del PP ha viajado a la capital catalana para asistir a la Reunión Anual de una de las patronales empresariales más potentes. Es su decimoquinta comparecencia ante el Cercle, como ha recordado él mismo en el arranque de su intervención. Un discurso que prometía abordar la cuestión política más relevante ahora mismo para el PP: cómo echar a Sánchez antes de las elecciones generales, previstas para dentro de más de un año.

El propio Feijóo abonó la teoría con sus primeras palabras. “Hay un elefante en esta habitación”, ha dicho, para presumir de que “algunos han venido a comprobar” si se iba a hablar de dicho “elefante”. “Yo lo haré”, anticipó, porque “cuanto más [se] tarde en abordarlo, más crecerá el elefante”.

Pero Feijóo no ha mencionado la moción de censura de forma explícita. De hecho, ha sido mucho menos claro de lo que fue ayer en una entrevista en Telecinco, en la que planteó expresamente un acuerdo de mínimos para una moción instrumental y la convocatoria inmediata de elecciones. “Parece ser, y quiero ser optimista, que hay algún movimiento, veremos si queda en una burla”, dijo. “Porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”.

La respuesta del PNV, por boca de su portavoz parlamentaria, Maribel Vaquero, es que no apoyarán “ninguna moción de censura”. La réplica de Junts tardó un poco más. Su secretario general, Jordi Turull, ha asegurado esta misma mañana: “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben como funciona”.

La propuesta no es novedosa, y Feijóo ya la rechazó expresamente en julio de 2025. El líder del PP también sondeó el apoyo de Junts a su investidura en 2023: Feijóo descartó la amnistía, pero sí contempló conceder un indulto a Carles Puigdemont.

En su discurso de este martes, Feijóo ha prometido abordar la situación, pero no lo ha hecho. “España necesita con urgencia lo más elemental, un Gobierno con autonomía para gobernar y una mayoría capacidad de defender el interés general por encima de todo”, ha dicho. “La conversación gira alrededor de sumarios, imputaciones y comisiones. No hay una agenda económica, hay una agenda de tribunales”, ha apuntado.

Para el líder del PP, solo se puede elegir entre “degeneración o limpieza institucional”, para repetir que “184 diputados han exigido elecciones inmediatas a Cortes Generales” porque de la situación por la que transita España “solo se sale devolviendo la voz a la gente” y con un “final digno para una legislatura exhausta”.

El problema, ha apuntado Feijóo, es que “no se acompañan de hechos coherentes las palabras” de quienes desde PNV o Junts, exigen a Pedro Sánchez que convoque ya elecciones.

“Entre la responsabilidad democrática y la convivencia política no hay discusión posible”, ha sostenido. “España necesita una reacción democrática, política y cívica, que devuelva a la vida pública la decencia que tiene que tener”, ha añadido, para reiterar que él hará “todo lo posible”. “Quienes coincidimos en que la situación es insostenible deberíamos hacer todo lo posible”, ha añadido.

Feijóo ha avisado: “Seguiré actuando con aplomo y responsabilidad de acuerdo con mis convicciones en cada momento”. Y ha concluido: “No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella. No pretendo remover conciencias. No vengo a pedir favores ni regalarlos. Defiendo un proyecto limpio y garantizar”.

Desde el PP aseguran que las palabras de Feijóo no son una respuesta del PP a Junts, y que la referencia a los “favores” no apela a lo dicho hoy por Turull. “Lleva escrito tres días”, concluyen desde su equipo.

Las formaciones nacionalistas que tendrían en su mano entregar las llaves de la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo dieron este lunes la callada por respuesta ante la nueva oferta del líder del PP: una moción de censura con él como candidato con la promesa de convocar elecciones generales una vez alcanzado el poder y destituido el presidente Pedro Sánchez. Tanto Junts como el PNV, cuyos votos bastarían junto a los de PP, Vox y UPN para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para que la moción prosperase, prefirieron obviar la nueva intentona de Feijóo. Los nacionalistas vascos evitan contestar al líder del PP y se remiten a la negativa que ya han expresado en los últimos días y los independentistas catalanes, que guardaron silencio el lunes, este martes a primera hora pusieron una condición para estudiar la moción: que Feijóo se reúna con Carles Puigdemont en Bélgica.

El secretario general del partido, Jordi Turull, ha declarado que si la propuesta de los populares es “seria”, Feijóo debe negociarla con Puigdemont en Waterloo. “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben como funciona”, ha insistido en Catalunya Ràdio Turull, que de esta forma no ha descartado de plano la moción. “Nos tienen que explicar si la propuesta va en serio y qué quiere decir una moción instrumental”, ha manifestado el dirigente.

No es la primera vez que Feijóo lanza una propuesta para una moción instrumental solo para convocar a las urnas a los españoles. Pero nunca antes lo había hecho en directo en televisión. “Si los partidos que piden elecciones están de acuerdo, haremos [elecciones] anticipadas de forma inmediata”, dijo el líder del PP, que en pleno runrún sobre la posibilidad de un cambio de Gobierno celebrará este martes un acto con empresarios catalanes en el Cercle d’Economía de Barcelona y desarrollará allí una jornada de reuniones con diferentes actores económicos.

Se trata de una referencia directa a Junts y al PNV, los dos únicos aliados del Gobierno que han reclamado elecciones y sobre quienes el PP vuelve de forma recurrente casi desde el inicio de la legislatura, no siempre con buenas palabras. En su entrevista en Telecinco, el propio Feijóo se preguntó sobre los nacionalistas vascos si van “a vivir de rodillas o con dignidad”, aunque evitó dispensar el mismo trato a los independentistas catalanes. Poco después, su portavoz nacional, Borja Sémper, añadió con displicencia: “Ellos sabrán, cuando las urnas les pasen por encima, se preguntarán qué ha pasado”.

Pero, por ahora, ese órdago ha caído en saco roto. Junts y PNV consideran que los casos de supuesta corrupción que han emergido en las últimas semanas y que afectan al PSOE han sido el golpe de gracia a la legislatura y así lo han expresado públicamente pidiendo a Sánchez que convoque elecciones anticipadas. Pero la Constitución establece que las mociones de censura en España son constructivas, es decir, que en el Congreso no se votaría sobre la idoneidad del presidente para continuar en el cargo, sino sobre si Feijóo debe ser el nuevo inquilino de la Moncloa. Y aunque los nacionalistas no apoyen ya a Sánchez, tampoco se muestran convencidos de aupar al líder del PP, quien, además, necesitaría indefectiblemente los votos de Vox para alcanzar la Presidencia del Gobierno.

Consultadas sobre las palabras de Feijóo, fuentes oficiales de los nacionalistas vascos aseguran que no tienen “nada que añadir” a lo que han dicho sus principales dirigentes hasta el momento. La última en pronunciarse, el pasado fin de semana, fue la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, que en una entrevista en RNE insistió en que no contempla apoyar “ninguna moción de censura”, aunque también instó a Sánchez a “coger el toro por los cuernos” y convocar elecciones porque “el tiempo no lo cura todo” y los casos de corrupción, así como el “bloqueo constante” del parlamento, no van a “desaparecer”. Con igual contundencia se expresó el jueves el presidente del PNV, Aitor Esteban, que sostuvo que “el interés general demanda elecciones este año”, pero también aseguró que una moción de censura “no está encima de la mesa” de su partido.

La reunión con Puigdemont

Junts evitó durante este lunes pronunciarse sobre la nueva oferta de Feijóo aunque el martes ya hablaron de la posible reunión de Feijóo y Puigdemont como un primer contacto imprescindible. En los últimos días, la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, había intentado sacudirse la presión que provoca en Junts el hecho de ser el actor fundamental para que prospere una moción de censura y ha asegurado que su partido no tiene en su mano apretar “el botón” del cambio de Gobierno. Tampoco, ha dicho, de unas “elecciones” anticipadas, que es la opción por la que los independentistas apuestan.

En cualquier caso, el pasado jueves Nogueras afirmó en una entrevista en TVE que la “línea roja” de Junts es la presencia de Vox en el Gobierno. La formación, afirmó la dirigente, “jamás en la vida va a hacer nada que facilite que la extrema derecha esté en el poder” e insistió en que ningún partido, tampoco el PP, les ha puesto “una propuesta” de moción de censura “encima de la mesa”. La oferta de Feijóo de este lunes, no obstante, trata de sortear este obstáculo, puesto que el líder del PP prometió un Gobierno técnico sin Vox hasta que se celebraran las elecciones generales que, según prometió, convocaría nada más llegar a la Moncloa.

Para Junts, no obstante, una convocatoria electoral también tendría sus desventajas. En primer lugar, porque la formación atraviesa un momento muy complicado en las encuestas acechada muy de cerca por la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Y en segundo término porque el Tribunal de Justicia de la UE aún no ha emitido su sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo que se espera para el año 2026, pero para el que aún no hay una fecha concreta y que será el primer paso para la posible vuelta a España del expresident Carles Puigdemont. 

El futuro del líder de Junts, no obstante, dependerá fundamentalmente de la sentencia que debe dictar el Tribunal Constitucional respecto a si el Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación, que no llegará hasta que la justicia europea se haya pronunciado sobre la amnistía. Y unas eventuales elecciones podrían dar una supermayoría al PP en el Senado —una opción improbable, pero no descartable si se produce una debacle del PSOE— y permitirle situar en el Constitucional a juristas de su órbita que podrían dictar una sentencia contraria a los intereses de Puigdemont, lo cual obliga a Junts a ser muy cauto con sus movimientos.

El PP descarta una moción si no tiene los votos

Así las cosas, en el PP tienen claro que Feijóo no dará un solo paso que piense que puede reforzar a un Pedro Sánchez que atraviesa su peor momento. Y el líder de la oposición cree firmemente que una moción fallida sería un balón de oxígeno para el jefe del Gobierno. Hoy por hoy, la idea está descartada, según apuntan todas las fuentes consultadas por elDiario.es.

Pero en el PP saben (o dicen saber) que el frente judicial se le va a poner peor a Pedro Sánchez. Este mismo lunes, el juez Santiago Pedraz levantó el secreto de parte del sumario del llamado caso Leire Díez, con lo que conlleva. Y en las próximas semanas se esperan sentencias sobre el ‘caso Koldo’ o la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Por eso Feijóo y los suyos mantienen línea directa con el empresariado catalán. Este mismo martes, el líder del PP asistirá, como cada año, a un evento informativo que organiza el Cercle d'Economia. Tanto en este foro como en otros similares, Feijóo ha asumido las propuestas de la patronal en materia laboral y social. “Lo que me faltan son votos de los suyos”, les espetó en 2025 en un acto de Foment del Treball, presidida por el exdiputado de CiU Josep Sánchez Llibre.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este lunes al PNV y Junts una oferta: que le apoyen en una moción de censura a cambio de un adelanto electoral “inmediato”. Así lo ha planteado Feijóo en una entrevista en Telecinco en la que ha asegurado que hay “184 diputados” que “han dicho que hay que convocar elecciones de forma inmediata”. A ellos les ha prometido un Gobierno técnico sin Vox hasta la hipotética cita con las urnas.

“Yo soy un aliado de dos planteamientos: decencia y elecciones anticipadas”, ha planteado Feijóo, quien ha interpelado directamente al PNV y a Junts, dos aliados del Gobierno que la semana pasada pidieron elecciones anticipadas tras la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y del auto judicial del 'caso Leire'.

El mensaje lanzado este lunes por Feijóo contradice sus propias palabras y las de otros dirigentes de su partido, que en las últimas semanas han azuzado al Gobierno para que se mantenga en el poder y “rematar la faena” de acabar completamente con el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en mayo de 2027.

“Si los partidos que piden elecciones están de acuerdo, haremos [elecciones] anticipadas de forma inmediata”, ha dicho Feijóo. “Pero si dicen una cosa y hacen la contraria...”, ha añadido. “El PNV tiene que tomar una decisón. ¿Va a vivir de rodillas o con dignidad?”, ha planteado, después de que el secretario general del PSE, Eneko Andueza, le advirtiera del “error histórico” que supondría apoyar el regreso del PP al Palacio de la Moncloa.

“El PNV nos echó por una cuestión que, comparada con esto, era menor”, ha dicho Feijóo en referencia a la moción de censura de hace ocho años tras la sentencia condenatoria del 'caso Gürtel'.

“Parece ser, y quiero ser optimista, que hay algún movimiento, veremos si queda en una burla. Porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”, ha reiterado Feijóo.

El líder del PP ha intentado sacar de la ecuación a Vox, consciente de que su dependencia de la ultraderecha lastra sus opciones de armar esa mayoría que provocaría la caída de Pedro Sánchez. Tanto Junts como el PNV tienen una línea roja en cualquier jugada en la que intervenga el partido de Santiago Abascal, quien ya se ha ofrecido para una moción instrumental sin su presencia en el Gobierno para ir a elecciones.

“Para convocar elecciones no necesitamos a Vox en el Gobierno”, ha dicho Feijóo. El líder del PP también ha reiterado su compromiso de hace un año, cuando en el congreso del PP en el que fue reelegido aseguró su intención de gobernar en solitario.

“Que se peleen los niños”. Es la consigna que se ha extendido en el PP ante el inminente congreso de las Nuevas Generaciones, para cuya presidencia se han postulado ya tres candidatos. El PP de Madrid ha lanzado a Ignacio Dancausa; el de Murcia, a Antonio Landáburu; y la Comunitat Valenciana, a Candela Anglés. El acuerdo entre las partes es que “los mayores” no intervengan. Y ya han comenzado algunas escaramuzas en redes sociales.

El primero en lanzar su candidatura fue el ‘ayusista’ Ignacio Dancausa, un joven de 25 años orgulloso de pertenecer a la “generación más basada de la democracia”, un sinónimo de ‘trumpismo’. Este concejal de Las Rozas (Madrid) es uno de los alumnos más aventajados de su jefa, Isabel Díaz Ayuso, a quien no pierde una oportunidad de glosar siempre que tiene un micrófono delante.

El congreso, que concluirá el próximo 11 de julio, estrenará el nuevo sistema electoral interno que sustituyó las primarias por uno de doble vuelta con asignación mayoritaria de compromisarios en cada provincia: el candidato que tenga un voto más se lleva todos los representantes de cada circunscripción.

El sistema lo pactaron el año pasado el hoy secretario general del PP, Miguel Tellado, y su homólogo del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Ambos han hablado también en las últimas semanas para acordar la imparcialidad de sus organizaciones. El propio Dancausa se reunió con la dirección nacional antes de dar el salto para avisar de sus intenciones y exigir neutralidad a las plantas altas de Génova.

Poco después se sumaron otros dos candidatos a la competición. El actual presidente de NNGG de Murcia, Antonio Landáburu, y la diputada autonómica de las Cortes valencianas Candela Anglés. 

El murciano acaba de cumplir los 29 años, al filo del límite para pertenecer a la organización juvenil. De hecho, si gana acabará su mandato por encima del máximo legal, tal y como ocurre con la presidenta saliente, Bea Fanjul. Landáburu no ha terminado la carrera de Derecho que cursa en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), lidera las NNGG de la Región desde 2021 y es diputado autonómico, lo que presupone afinidad con su jefe autonómico, Fernando López Miras.

Candela Anglés (Càlig, Castellón) tiene 26 años y ha sido la última de las candidaturas presentadas. Cuenta con un doble Grado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos. Como los anteriores, tiene el respaldo total de la organización autonómica, antes dirigida por Carlos Mazón y hoy por Juan Francisco Pérez Llorca. 

La pelea es, por tanto, no solo entre tres jóvenes con aspiraciones, sino que enfrenta a tres potentes organizaciones autonómicas del PP que pugnan por controlar uno de los resortes de poder interno más importantes. 

Y las primeras batallas ya han comenzado: el reglamento exige recopilar previamente el aval de 250 afiliados que “deben proceder, al menos 140 de ellos, de siete comunidades autónomas diferentes, en un número que no debe ser inferior a 20 avales en cada una de ellas”.

De hecho, algunos medios han publicado que Dancausa y Landáburu protagonizaron un agrio enfrentamiento ante sus compañeros en la Junta Directiva de NNGG que convocó el congreso a cuenta de las prisas del madrileño, que anunció su candidatura y comenzó a hablar con los periodistas antes de que se anunciara formalmente el cónclave.

Los tres competidores están ya en campaña para conseguir los avales que les ratifiquen como candidatos. La mala relación entre Dancausa y Landáburu quedó clara ya en los primeros instantes. Cuando el murciano dio el paso público, recibió en Twitter mensajes con ataques personales que fueron replicados por el joven madrileño, aunque después los borró.

Es una tónica habitual en las NNGG del PP de Madrid: publicar mensajes que alguien desde arriba les ordena borrar. Dancausa elimina contenido y produce nuevo. A través de un vídeo publicado en plataformas como TikTok, el madrileño habla, mirando a cámara, de una “oportunidad histórica”: “Nuestra generación está atravesando un momento clave. Por eso desde Nuevas Generaciones tenemos una responsabilidad inmensa. Pedro Sánchez y su gobierno están llevando a España a la ruina”.

El madrileño quiere “movilizar a los estudiantes” como ya han “hecho antes” y acompaña el vídeo de las imágenes de 2023 cuando la policía identificó a miembros de sus NNGG por incumplir las normas en las elecciones internas de la UCM.

Las redes son el principal recurso que también están usando Landáburu y Anglés. A diferencia de Dancausa, Anglés hace menciones continuas al proyecto de Alberto Núñez Feijóo, a cuyo servicio dice querer ponerse. “Los jóvenes tenemos una misión: unir nuestra fuerza para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Creo en una organización con ambición, orgullo y voz propia, una organización capaz de atraer talento, despertar ilusión y movilizar a miles de jóvenes en toda España. Ha llegado el momento de demostrarlo, es el momento de unir nuestra fuerza”, apunta en su vídeo de presentación.

Landáburu sigue el mismo patrón. Acusado de “continuismo” por los seguidores del madrileño, el murciano también se postula para apoyar a Feijóo en su carrera a la Moncloa. 

Desde la dirección saliente de NNGG ven mucha igualdad entre los tres candidatos. Un destacado miembro del equipo de Bea Fanjul apunta a que Dancausa tiene “un perfil más mediático”, que Landáburu “conoce muy bien la organización” y que a favor de Anglés juega la baza de ser “la única mujer” que se presenta.

Estreno del sistema mayoritario

La clave del proceso que elegirá al próximo líder de las juventudes del PP está en el estreno de un sistema electoral de doble vuelta y mayoritario. 

Cada circunscripción tiene asignados un número determinado de compromisarios que la representarán en la fase final del congreso del próximo 11 de julio. Cada una celebrará una elección propia con voto secreto en urna a una lista abierta de compromisarios que, previamente, habrán tenido que decir expresamente a qué candidato apoyan.

Quien obtenga la mayoría simple de votos se llevará todos los compromisarios de cada circunscripción, en un sistema similar al que se aplica en las elecciones presidenciales de EEUU. Esos compromisarios serán quienes escojan efectivamente a su presidente en una elección secreta en urna, lo que deja abierta la posibilidad de que opten por una papeleta diferente a la que habían dicho que iban a votar.

En caso de que un candidato decida retirarse, sus compromisarios pasarán a engrosar las filas de quienes queden en liza. Un detalle fundamental porque, como ocurriera en el pasado con Pablo Casado, la unión de perdedores en la primera ronda bien podría imponerse en la fase final del congreso.

En el PP sostienen que el cónclave debe servir para poner a prueba las dotes políticas y negociadoras de “los niños”. Ver si son capaces de resolver sus diferencias, de pactar y de evitar una guerra cruenta que deje heridas de las que tardan mucho en cerrarse. Algo que, de momento, no está ocurriendo.

El PP diferencia lo que es “mejor” para el partido y las “necesidades” que tiene España. Lo primero y lo segundo no siempre coinciden, según la visión de los dirigentes que maniobran para llevar a la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo. Los cálculos se hacen según le convenga a su “estrategia”. Incluso cuando, según dicen una y otra vez, la democracia española está en riesgo y el país está al borde del colapso político y administrativo. La supuesta urgencia por echar a Pedro Sánchez palidece ante las previsiones electorales que maneja el PP.

La primera en deslizar la estrategia fue Cayetana Álvarez de Toledo el pasado 20 de mayo durante su habitual 'cara a cara' con el ministro Félix Bolaños en la sesión de control al Gobierno. “Toda España espera que convoquen elecciones ya. Sería lo democrático y lo limpio”, apuntó al final de su intervención. “Pero aguanten un poquito más”, les pidió. Y concluyó: “Sánchez ya ha laminado el poder autonómico del PSOE. Le queda arrasar el municipal. 2.269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. A por ellos. Rematen la faena”.

Las palabras fueron aplaudidas con fruición por la dirección del PP y defendidas posteriormente, cuando en los pasillos del Congreso los periodistas inquirieron a los principales líderes del partido su opinión sobre una posible moción de censura. En una de esas conversaciones, Alberto Núñez Feijóo pareció dar un pasito más para presentar la única iniciativa para terminar con la legislatura que no depende de Sánchez. “Voy a hacer todo lo posible por que haya un cambio de Gobierno”, dijo. Luego apostilló, en respuesta a Vox: “Hacer una moción de censura para confirmar al Gobierno es infantil”.

La estrategia definida en el número 13 de la calle de Génova de Madrid no pasa por arriesgarse a otro fiasco parlamentario como la fallida investidura de Feijóo de 2023, cuando se quedó a cuatro votos de lograr la presidencia del Gobierno. Tampoco por forzar un debate real sobre la moción de censura ni obligar a los socios de Sánchez a retratarse en una votación parlamentaria que supondría que el PNV y Junts (entre otros) deciden mantener en el poder a un PSOE asediado por la corrupción.

La idea es que, visto el desfonde de los socialistas en el reciente miniciclo electoral —que también ha constatado la dependencia que tiene el PP de Vox—, a la derecha le interesa más que el Gobierno se mantenga y no adelante las elecciones generales, tal y como le imploró Emiliano García Page a Pedro Sánchez.

Algunos socialistas temen un efecto arrastre en las municipales y autonómicas de mayo de 2027, y el PP comparte esta visión. Por lo que tampoco forzarán una moción de censura que no tienen seguro ganar, como tampoco lo tenía Pedro Sánchez cuando lanzó la suya en 2018.

Lo expresó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, esta misma semana. “Probablemente nos vendría mucho mejor dejar que Sánchez agote la legislatura y que esté completamente rodeado de corrupción”, dijo. “Pero lo importante no es qué es mejor para el PP” sino “qué es mejor para España”, apuntó Muñoz, quien lamentó “la imagen internacional” del país “con todas esas portadas continuas en los principales medios europeos e internacionales”. “No es bueno para España, no es bueno para los españoles”, dijo, “llevar tres años sin presupuestos. No es bueno para España todo lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez”. 

Sin ser bueno para España, el PP prefiere que el Gobierno se mantenga para poder capitalizar en las urnas el descontento con el PSOE y con sus aliados, a los que han pasado a señalar por su negativa a implorar a Feijóo que presente una moción de censura. 

En el PP se preguntan en público cómo puede ser que los aliados parlamentarios de Sánchez prefieran “a este PSOE” antes que al PP. Lo volvió a decir Muñoz el martes en una rueda de prensa en la que les criticó por “aceptar y asumir toda esta corrupción para que siga en el poder alguien que ni siquiera gobierna”. “Y todo porque no quieren un gobierno del PP”.

Poner el foco en Ferraz

Las últimas actuaciones judiciales, con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la personación de la UCO en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, no solo no han empujado a Feijóo a tomar una decisión. En Génova creen que “esto acaba de empezar”.

En el PP dicen no entender que se les pregunte por una hipotética moción de censura que su propio jefe de filas verbalizó el pasado mes de abril en una entrevista con Servimedia. Forma parte de una “estrategia” de “las terminales mediáticas” del Gobierno, en palabras de diferentes dirigentes del partido, pese a que son cuestiones que copan sus ruedas de prensa y que son formuladas por periodistas de muy diferentes procedencias.

“El foco político e informativo está en lo que Zapatero ha hecho o Sánchez hace, no en lo que Feijóo va a hacer. Está en la Moncloa o en Ferraz, no en Génova 13”, dijo el portavoz nacional, Borja Sémper, el pasado lunes.

Ante la insistencia de los periodistas, el PP ha optado por desviar la atención hacia el PNV y Junts, los socios de Sánchez que más claramente han dicho en los últimos días que el Gobierno está en las últimas y que lo mejor sería convocar elecciones este mismo 2026.

“Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo, no valen”, les espetó Sémper. El secretario general, Miguel Tellado, fue más allá. “Los socios avalan a un Gobierno lleno de corruptos”, dijo en una entrevista en televisión el miércoles. “Son cómplices necesarios”, añadió. “El PNV es corresponsable de toda la corrupción que aflora día a día”, personalizó. Y concluyó: “Disfrute de lo votado”.

Tellado también deslizó que las preguntas sobre contactos del PP con el PNV o Junts solo sirven para favorecer al Gobierno. “No me gusta contribuir a sacar el foco a Ferraz”, replicó cuando se le cuestionó al respecto. “Las estrategias no se cuentan, se ejecutan”, apostilló. Y añadió que los socios “prefieren a un ladrón de izquierdas a un honrado de derechas”.

La respuesta se la había dado unas horas antes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la sesión de control al Gobierno: “Es usted el Vito Quiles del PP. Mi límite es usted y sus políticas”.

Un mensaje que remachó este viernes la vicesecretaria de sectorial del PP, Alma Ezcurra, en una rueda de prensa en la que aseguró que “el PP no ha venido a barrer cenizas del ‘sanchismo”, una frase que suena a enmienda a Sémper, quien el lunes aseguró: “España necesita una escoba que barra la corrupción y nosotros queremos ser esa escoba”.

Ezcurra también quiso despejar la presión que hay sobre el PP. “Entiendo el interés de buena parte de la izquierda para que el foco pase de Ferraz a Génova 13, pero eso no va a ocurrir”, dijo.

Para el PP todo se resume en que son los demás los que deben moverse. Lo dejó claro Feijóo el jueves. “Hay dos opciones”, dijo. “Quien tiene la competencia que firme la convocatoria a la democracia española”, planteó sobre la convocatoria de unas elecciones. “Quienes sostienen a un Gobierno sin presupuesto, sin mayoría y sin decencia, dejen de hacerlo”, contrapuso.

En la última semana, los principales dirigentes de PP, Vox y PNV han coincidido en la petición pública de elecciones generales. A Feijóo, Santiago Abascal y Aitor Esteban se unió el viernes la voz de la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras. Entre los cuatro partidos suman 182 diputados, muy por encima de la mayoría absoluta que requiere una moción de censura.

Pero nadie se está moviendo en ese sentido. “Tienen que decidir: su conveniencia política o su responsabilidad democrática”, zanjó Feijóo el jueves, dispuesto a seguir quieto mientras espera a que la llave de la Moncloa le caiga como llovida del cielo.

“Solo hay dos formas de acabar” con el Gobierno de coalición: “O [Pedro] Sánchez se da cuenta de la degradación institucional y la corrupción que le acorrala o sus socios se apartan de verdad. Son las dos formas”. Así ha explicado el secretario general del PP, Miguel Tellado, la negativa de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, de liderar una moción de censura ante los escándalos de corrupción del PSOE. Unos socios que no parecen estar por la labor, lo que ha sorprendido a Tellado: “Prefieren un ladrón de izquierdas a un honrado de derechas”.

El secretario general del PP ha rechazado este miércoles que la nueva operación judicial contra el PSOE vaya a provocar el movimiento definitivo de Feijóo. En una entrevista en La Sexta, Tellado ha dicho que “los socios todos los días con su respaldo avalan a un Gobierno lleno de corruptos”, pese a que “se desayunan con registros, operaciones de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo contra el PSOE y esta organización criminal”.

“Todos los partidos que apoyan a Sánchez son cómplices necesarios de todas esas corruptelas”, ha aseverado. “Pedro Sánchez es su presidente, lo han hecho ellos. El PNV es corresponsable de toda la corrupción que aflora día a día”, ha afinado. “Disfruten de lo votado. Sánchez y la corrupción es el resultado político del PNV”, ha insistido.

Las palabras de Tellado llegan en la misma mañana en que la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia ha retado al PP a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez y dejar de interpelar a los socios del Gobierno por no dejarles caer. “Basta ya de estos circos mediáticos”, ha espetado Beltrán de Heredia en respuesta a una moción en la que el PP reclama, de forma indirecta, un adelanto electoral ante los escándalos de corrupción.

“Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo”, les ha espetado la senadora del PNV. “Cuando les miramos a ustedes y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, con más de 200 casos que dan para empapelar este Salón de Plenos, y si miramos esa pareja estable que han formado con Vox, que es quien tira de su carro, confianza ninguna”, ha concluido.

Tellado no ha querido revelar si ha habido “contactos” entre el PP y el PNV en las últimas semanas para sondear su apoyo a una moción de censura. “Entiendo el interés de la pregunta”, ha afirmado. “Pero no me gusta contribuir a sacar el foco de Ferraz” porque “está en el PSOE, en todo lo que sucede”.

“Las estrategias no se cuentan, se ejecutan”, ha continuado, para insistir en que “le corresponde a los socios de Sánchez decidir si quieren seguir siendo cómplices”.

Tellado se ha referido expresamente a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con quien ha tenido un agrio enfrentamiento durante la sesión de control al Gobierno.

Tellado le ha preguntado a la dirigente de Sumar “¿cuál es el límite?”. Díaz ha respondido: “Es usted el Vito Quiles del PP. Mi límite es usted y sus políticas”.

La vicepresidenta le ha echado en cara su voto “contra la reforma laboral”, los “12 millones de trabajadores a los que le han impedido reducir la jornada laboral” o que se opusieron a “subir las pensiones”. “Son unos desalmados, votan contra la prórroga de los arrendamientos”, ha zanjado.

Tellado había comenzado su intervención esgrimiendo los escándalos judiciales que arrecian contra el Gobierno. “Está de corrupción hasta la ceja”, ha ironizado sobre José Luis Rodríguez Zapatero. “Su ídolo se ha convertido en un vulgar ladrón de joyería. La realidad es que hoy sabemos que Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow, el protagonista de 'Piratas del Caribe'. Ferraz era la Perla Negra, lo registra la UCO. Son un meme”, ha concluido.

En su entrevista en La Sexta, el secretario general del PP ha sostenido que ha sentido “nauseas después de escuchar a Díaz”.

“Esto acaba de empezar”. Así intentan despejar en la dirección del PP las preguntas sobre una hipotética moción de censura contra Pedro Sánchez liderada por Alberto Núñez Feijóo apoyada en el PNV y Junts a cuenta del caso Zapatero. Ni siquiera las palabras del presidente del PNV, Aitor Esteban, alentando un adelanto electoral aceleran los tiempos del PP. “Tenemos tiempo, quedan muchas semanas”, sostienen fuentes de Génova, que pretende que sean los socios del Gobierno los que pidan que Feijóo se lance: “Deben moverse los que le apoyan, estaremos a la altura”.

El PP intenta así quitarse de encima la presión para una moción de censura que, sostiene la dirección de Feijóo, no tiene visos de salir. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y las acusaciones recogidas en el sumario, hecho público este lunes, no son suficientes para el líder de la oposición, temeroso de “regalar” un triunfo político a Sánchez, tal y como ha reconocido en múltiples ocasiones. Una tesis que comparte Felipe González.

Es el mismo Feijóo que hace apenas un mes, la pasada Semana Santa, apelaba directamente al PNV y Junts en una entrevista para Servimedia. “Yo presentaría una moción de censura mañana, si tuviese votos”, dijo. Y concretó: “La moción de censura no la hago para gobernar con Junts y PNV. La plantearía para convocar elecciones y no haría como Sánchez, las convocaría. No tengo ningún inconveniente en pactar una fecha para la convocatoria electoral”.

Incluso la semana pasada Feijóo pareció abrir la puerta a un movimiento definitivo contra Sánchez. En la sesión de control del miércoles, el líder del PP aseguró que “no se podrían cometer sin la complicidad” del Consejo de Ministros, lo que apunta directamente al presidente. Luego, en conversación con los periodistas, añadió: “Voy a hacer todo lo posible porque haya un cambio de Gobierno”. Desde Vox sí azuzan al PP para que se lance ya. “España sí tiene prisas” dejó escrito el dirigente Jorge Buxadé en Twitter.

Pero este lunes y con todos los medios del país llenos de titulares sobre los informes de la investigación de la UDEF a Zapatero, el PP ha tirado del freno para quitar a Feijóo la responsabilidad de presentar (y ganar) una moción de censura, y para meter presión a los socios de Sánchez. Especialmente al PNV.

“España necesita una escoba que barra la corrupción y nosotros queremos ser esa escoba”, apuntó el portavoz del PP, Borja Sémper, tras asegurar que “el daño” que hacen los escándalos de corrupción “es extremadamente grave”. El dirigente recordó que “esta misma semana comienza el juicio oral al hermano del presidente del Gobierno por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por una contratación que la acusación considera amañada a su favor por la Diputación de Badajoz”.

“Creemos que tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado, y en este caso los socios del señor Sánchez son culpables por omisión porque están respaldando la corrupción no haciendo nada”, dijo Sémper, quien se dirigió expresamente al PNV: “Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo, no valen”.

El PP respondía así al PNV, cuyo presidente, Aitor Esteban, quien este mismo domingo dijo en un acto de partido: “Es ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”.

PNV y Junts no siguen a Feijóo

Pese al recrudecimiento de la tormenta judicial en la que vive instalado el Gobierno, la última de las preocupaciones de Pedro Sánchez es la de la hipótesis de una moción de censura que en las filas socialistas creen imposible. Por el momento. 

En el Ejecutivo sostienen que una cosa es que algunos socios parlamentarios eleven el tono, algo que tampoco resulta novedoso, y otra que partidos como el PNV o Junts unan su suerte política al PP y a Vox. Ahí enmarcan las declaraciones de Esteban de este fin de semana con una opinión que ya trasladó el pasado mes de noviembre en una entrevista en elDiario.es cuando el señalado era Santos Cerdán. 

En la Moncloa explican que, en su competición electoral con EH Bildu, el PNV tendría imposible explicar que jugó un papel fundamental en una hipotética iniciativa que implica a la ultraderecha. La misma reflexión hacen sobre Junts, convertido en la práctica en fuerza de oposición en el Congreso pero con un camino también vedado hacia una moción con Vox. La moción de censura es lo que menos preocupa al Gobierno en un momento en el que vuelve a tener el agua al cuello por el ‘caso Zapatero’. El Ejecutivo contiene la respiración a la espera de la declaración del expresidente del próximo 2 de julio y de los nuevos detalles de la investigación que se van conociendo. 

En el PSOE creen que Zapatero será capaz de echar por tierra la presunta influencia en el rescate de Plus Ultra que le imputa el juez. Y se afanan en defender la “pulcritud” de esa operación económica, que salvó a la aerolínea en plena pandemia y de la que en Moncloa se muestran convencidos que nadie podrá demostrar irregularidad alguna.

Este lunes tanto el PNV como Junts han salido al paso de informaciones que alientan contactos sobre una posible moción de censura. Unos contactos “habituales”, aseguran desde el partido vasco, “pero en ninguno se ha puesto la moción de censura sobre la mesa como estrategia de nada”.

Puigdemont publicó este lunes en sus redes sociales un largo mensaje muy crítico con el PSOE, aunque en ningún momento abre la puerta a presentar una moción de censura contra Sánchez y agita la posibilidad de que la imputación sea ‘lawfare’. “Hace mucha gracia ver perfiles de militantes y simpatizantes del PSC y del PSOE hablando estos días de golpismo judicial y de confabulación mediático-policial que no hace tanto tiempo nos menospreciaban [...] cuando denunciábamos.

La izquierda pone distancia con Zapatero

Los aliados parlamentarios del Gobierno tampoco contemplan por ahora apoyar una moción de censura, aunque lo cierto es que, en los últimos días, se han alejado rápidamente de Zapatero tras haber mostrado inicialmente su confianza en él, y se han distanciado de la defensa cerrada al expresidente por la que ha apostado la Moncloa.

En la misma situación está Sumar. En ningún momento se han planteado romper el Gobierno, pero han puesto tierra de por medio con el que, hasta su imputación, era una de las figuras socialistas mejor vistas por el espacio a la izquierda del PSOE. “Lo que estamos viendo con Zapatero no es más que el enésimo recuerdo de una de las fallas estructurales de nuestro país”, aseguró este lunes la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, quien recordó que “el 15M”, que estalló cuando Zapatero era aún presidente del Gobierno, “tomó las plazas para crear y reivindicar una nueva manera de hacer política”. 

Desde Más Madrid, dentro de la coalición Sumar, Eduardo Fernández Rubiño siguió la misma línea. “Entendemos el shock en las filas socialistas”, dijo, para recordar que “muchos” se iniciaron “en política frente al Gobierno de Zapatero, que estaba recortando el Estado del bienestar de manera muy dura”.

ERC, por su parte, ha optado por el silencio ante las palabras de Esteban. Al contrario que EH Bildu, cuyo coordinador general, Arnaldo Otegi, afirmó este lunes en una entrevista en La Vanguardia que los 'abertzales' se mantienen “a la espera” y que, al menos por el momento, cuentan con terminar la legislatura.

“Son los socios los que deben moverse”. Así ha descartado este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, que su líder, Alberto Núñez Feijóo, vaya a presentar una moción de censura pese a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Sémper ha respondido expresamente al presidente del PNV, Aitor Esteban, quien este fin de semana deslizó la idea de un adelanto electoral. “Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo, no valen”.

“España necesita una escoba que barra la corrupción y nosotros queremos ser esa escoba”, ha apuntado Sémper en la habitual rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP. Sémper ha afirmado que “el daño” que hacen los escándalos de corrupción “es extremadamente grave”.

La imputación de Zapatero “no es un episodio más”, ha apuntado Sémper, porque “es la primera vez que un expresidente está investigado por corrupción”, ha añadido. “Los escándalos se suceden”, ha dicho. “No nos da tiempo a dejar de sorprendernos y escandalizarnos”, ha asegurado, para anticipar que “esta misma semana comienza el juicio oral al hermano del presidente del Gobierno por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por una contratación que la acusación considera amañada a su favor por la Diputación de Badajoz. Es decir, cobrar de una administración pública presuntamente gracias a su apellido”.

Los socios, “culpables por omisión”

Pese a todos estos elementos, Sémper ha descartado que Feijóo dé el paso de presentar la moción de censura si no tiene los apoyos. El PP lo deja en manos de los socios: “¿No hay ningún socio del Gobierno que diga que ya no se puede continuar ni un minuto más en esta situación y que haga algo para que no se siga más en esta situación?”.

“Creemos que tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado, y en este caso los socios del señor Sánchez son culpables por omisión porque están respaldando la corrupción no haciendo nada”, ha afirmado el portavoz del PP.

“El foco político e informativo hoy está en lo que Zapatero ha hecho o hace Sánchez, no en lo que Feijóo va a hacer”, ha explicado Sémper. “Está en Moncloa o en Ferraz, no en Génova, 13”, ha añadido, en referencia a la sede del PP.

“Hay que dar pasos y estaremos a la altura de las circunstancias. Vamos a hacer lo más responsable, todo lo que esté en nuestra mano para sacar a España de este pozo. Que nadie espere cosas extravagantes. Cabeza y sensatez”, ha concluido.

El Senado ha superado el máximo histórico de gasto para transporte y viajes oficiales. Y se prepara para aumentarlo. Sin haberse cumplido todavía el tercer año de legislatura, la Cámara Alta ha autorizado hasta ahora el desembolso de más de diez millones de euros para el contrato de “servicios de gestión y asistencia técnica de viajes y visitas”, con tres ampliaciones presupuestarias aprobadas en solitario por el PP. La institución ha abonado ya nueve millones por los desplazamientos de los representantes públicos, más que en las pasadas legislaturas completas. 

El incremento de este gasto ha motivado que el Senado casi triplique la cantidad que prevé gastar a futuro en este capítulo. La Cámara tenía hasta ahora presupuestado un gasto anual de 2,7 millones anuales (IVA incluido) en un contrato que ha venido gestionando El Corte Inglés. Dicho contrato se cerró en 2022, durante la anterior legislatura. La Cámara ha sacado a concurso un nuevo convenio que pasa de esos casi 2,7 millones de euros anuales actuales a 7,8 millones, siempre con el IVA incluido. 

La notable diferencia tiene una causa: el actual Senado ha roto el techo de gastos en viajes oficiales y transporte. La Mesa ha aprobado en los últimos años continuas transferencias de dinero de diferentes partidas presupuestarias para ampliar el crédito disponible para cubrir el desembolso en este capítulo. Siempre con el voto favorable del PP, que controla la institución con su mayoría absoluta, y la abstención del PSOE.

Desde el Senado explican a elDiario.es que “el contrato entró en vigor el día 1 de enero de 2023 y finalizó el día 31 de diciembre de 2024”, pero que las cláusulas permitía su prórroga “por hasta tres veces mediante acuerdo de la Mesa del Senado”. Es lo que ha ocurrido. Con todo, apuntan fuentes oficiales de la Cámara, la última de las ampliaciones aprobada no se ejecutará, ya que, en su lugar, se ha optado por lanzar un nuevo concurso ya con la cantidad prevista triplicada.

Las dos ampliaciones que sí se han ejecutado datan de 2024 y 2025, cuando el Senado aprobó sendas prórrogas del contrato en vigor por un valor de 539.000 euros, IVA incluido, hasta superar los 3,2 millones de euros anuales. En diciembre de 2025 se autorizó una modificación al alza, esta vez por 1,34 millones. Esa es la que no se llegará a ejecutar, según el Senado, aunque de momento no hay acuerdo de la Mesa que lo haya revertido.

Cobertura de gastos

¿Y a qué va destinado ese dinero? El propio Senado aprobó el 29 de agosto de 2023, en el arranque de la legislatura, las “directrices de la actividad internacional” de la Cámara. Ahí se recoge que en todo viaje deberá ser comunicado el lugar del desplazamiento, la composición de la delegación, la duración del viaje oficial y la cobertura de gastos. Cada viaje es autorizado por la Mesa del Senado, aunque aquellos que atañen al propio presidente, Pedro Rollán, o al resto de integrantes del órgano de gobierno de la Cámara se dan por autorizados de antemano.

La página web del Senado recoge una relación de todos los viajes oficiales, más de 100 en lo que va de legislatura. El último, por ejemplo, es un “viaje de una delegación del Senado, encabezada por su Presidente, con motivo de la organización por las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, 23 a 27 de marzo de 2026”.

La Cámara Alta abona los gastos del transporte y de alojamiento de los senadores que asisten al viaje. Además, se incluyen “dietas por desplazamiento (que tienen por finalidad cubrir gastos distintos de los anteriores como los de traslado a y desde el aeropuerto, almuerzos y cenas durante el viaje oficial)” o “los gastos derivados del uso de la Sala de Autoridades en los aeropuertos” (cuando viaje algún miembro de la Mesa), así como “otro tipo de gastos extraordinarios que se consideren necesarios”, aunque estos “deberán autorizarse específicamente”.

El acuerdo asegura al menos un puesto a los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE) en los viajes que organizan las comisiones parlamentarias, y permite que la Mesa pueda autorizar que otras personas ajenas puedan incorporarse a la comitiva.

Los vuelos se contratan, de forma habitual, “en clase preferente”, mientras los trenes “en clase club o similar”. “Como criterio general”, apuntan las normas, “las habitaciones que se reserven serán de categoría estándar, dobles para uso individual y con desayuno incluido”.

Nueve millones en transporte

El gasto en viajes oficiales no es el único que asume el Senado. Ni siquiera es el más oneroso del capítulo. La Cámara también abona los “gastos de los desplazamientos de los senadores” en territorio nacional, un desembolso de dinero público que no ha parado de crecer desde 2014, año a partir del que la ley obliga a publicar los datos.

Descontadas ese primer año (incompleto) y las dos legislaturas sin investidura (en 2016 y 2019), el gasto ha pasado de poco más de 2 millones de euros en 2015 a los 3,57 millones de 2025, último año completo publicado en la web del Senado.

La evolución ascendente solo se ha visto interrumpida por la pandemia, que afectó a los ejercicios de 2020 y 2021. El salto se produce en la presente legislatura, cuando el gasto ha superado los tres millones de euros anuales. 

A diferencia del contrato para viajes oficiales, en este caso se trata del dinero efectivamente gastado, por lo que se publica con cierto decalaje una vez que se ha cerrado la contabilidad. Así, la última actualización es de este mismo mes de mayo, con la aprobación del coste del primer trimestre del año, que ascendió a 935.377 euros.

El total en la presente legislatura, de la que resta más de un año salvo que haya un adelanto electoral, asciende a 9,28 millones de euros. Es más dinero del que se consumió en las anteriores legislaturas completas (8,14 y 6,96, respectivamente).

La “actividad parlamentaria”, la más costosa

¿Y qué gastos se cubren? “El Senado cubre los gastos de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco), para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado”, asegura la web de la Cámara Alta. 

Ese primer punto que habla del “desempeño de su actividad parlamentaria” ocupa el grueso del desembolso año tras año, e incluye un reembolso de “0,26 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas” cuando se utiliza el vehículo propio.

Fuentes oficiales del Senado explican que, precisamente, las modificaciones al alza del contrato “se han realizado debido al aumento de la actividad parlamentaria e institucional de los miembros del Senado, lo que ha incrementado el volumen de servicios inicialmente previsto”. 

Durante esta legislatura, el PP usó su mayoría para ampliar las semanas que se celebran pleno de dos a tres, lo que implica un incremento del gasto de desplazamiento de los senadores, aunque en los seis primeros meses de 2026 solo en uno, abril, se convocaron efectivamente esos tres plenos.

El Senado recurre a sus 'ahorros'

Para asumir el incremento del coste en viajes y transporte el Senado ha tenido que recurrir en los últimos años a la transferencia de fondos de unos conceptos a otros, o incluso a tirar del llamado “Fondo de Remanentes Presupuestarios”, es decir, de los ‘ahorros’ de la Cámara de cada ejercicio que se guardan para financiar gastos extraordinarios o imprevistos. El problema es que la prórroga presupuestaria en la que vive España desde 2023 afecta también a las Cortes Generales, que tienen también prorrogadas sus propias cuentas. Así, las cámaras tienen que ‘mover’ cantidades entre capítulos para cuadrar las cuentas.

Por ejemplo, en los últimos meses se han pasado “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin conferencias’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones” u otros “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin fines de lucro’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones y conferencias”. Son solo algunos ejemplos de las muchas transferencias aprobadas en diferentes reuniones de la Mesa del Senado, que también ha tenido que recurrir al “fondo de remanentes”, a los ahorros, para ajustar los gastos.

Todas estas transferencias fueron votadas a favor por el PP y rechazadas por el PSOE. Fuentes socialistas consultadas por elDiario.es tildan de “vergonzoso que se utilice el dinero público del Senado para pagar las ocurrencias y la propaganda del PP”. 

“A nadie se le escapa que la proliferación de comisiones de investigación ha incrementado significativamente la actividad de una Cámara que, paradójicamente, no cumple con su función territorial y solo es utilizada de manera partidista para atacar al Gobierno y crear desinformación”, sostienen las mismas fuentes.

Desde el PSOE aseguran que han optado por abstenerse en las ampliaciones de los contratos y en las transferencias presupuestarias en que “nunca” se van a “oponer al funcionamiento normal del Senado, que incluye viajes oficiales y gastos de transporte para asistir a plenos y comisiones ordinarias”. “Pero sí nos mostramos contrarios al uso sectario que hace el PP de una institución pública que pagamos entre todos y que hoy se parece más a un circo que a una institución dedicada a mejorar la calidad de vida de la gente”, concluyen.

Casi todo el que manda algo en el PP ha pasado por las Nuevas Generaciones (NNGG) del partido, la organización juvenil que sirve para formar a los cuadros que están llamados a ocupar los cargos más relevantes. Los dos principales barones del PP, Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno, son un ejemplo claro. El segundo fue, de hecho, presidente de los ‘cachorros’ de la derecha entre 1997 y 2001. La presidenta madrileña medró desde la organización autonómica que lideró Pablo Casado, quien llegó a jefe máximo. Ayuso ha lanzado ahora a uno de los suyos para tomar el control de esa importante estructura interna. Y Génova no descarta una batalla interna.

El elegido es Ignacio Dancausa (Las Rozas, 2001), que anunció su candidatura el pasado miércoles tras habérselo comunicado previamente a la dirección nacional del PP. Tiene 25 años y es concejal del municipio madrileño de Las Rozas, por lo que cobra 30.000 euros al año por asistir a los plenos, a pesar de ser el único edil en el ayuntamiento sin cartera. Con una corta carrera profesional, en su currículum recoge como experiencia haber trabajado en una empresa de trabajo temporal, un centro de atención personalizada durante un verano y haber sido presidente de 'Libertad sin ira', una asociación estudiantil. Ahora, después de haber liderado las juventudes del PP de Madrid durante cuatro años, cuenta con el respaldo total de Ayuso para hacerse con la presidencia de las Nuevas Generaciones a nivel nacional.

Es, de momento, el único que ha dado el paso. Algunas informaciones periodísticas señalan otros posibles candidatos, pero no hay una decisión al respecto. El sistema electoral interno que se aprobó en el Congreso Nacional de julio de 2025 eliminó las primarias directas, lo que obliga a una negociación con las diferentes direcciones autonómicas para recabar el apoyo de los compromisarios que salen de cada elección parcial. 

Saber si tendrá o no un rival “oficialista” fue el motivo de la reunión de Dancausa con la dirección nacional del PP, en la madrileña calle de Génova. Curiosamente, el mismo edificio aloja en su planta inferior a la organización madrileña, y en las superiores a la estatal. El aspirante subió desde la primera planta para asegurarse de que no habría “injerencias” en el proceso ni un “dedazo” para imponer al próximo presidente de NNGG, según diversas informaciones periodísticas.

Fuentes de la dirección del PP han confirmado a elDiario.es que dicha reunión existió y que Dancausa, efectivamente, “avisó” de que se iba a postular para el cargo. “Que se presenten todos los que quieran. Será un congreso abierto”, apuntan las mismas fuentes sin descartar que se presenten más candidatos, aunque, de momento, no lo ha hecho nadie.

En caso de que haya más de una candidatura, Génova asegura que no tiene intención de mediar para evitar una batalla interna ni se decantará por uno u otro. “Si hay o no hay pactos, lo decidirán ellos”, zanjan desde la dirección del PP.

El congreso se celebrará el próximo 11 de julio y pondrá punto final a la presidencia de Bea Fanjul, quien ocupa el cargo desde 2021. A punto de cumplir los 35 años, hace cuatro que cumplió la edad máxima para militar en NNGG. El mandato de Fanjul caducó el año pasado, pero Alberto Núñez Feijóo optó por incumplir los estatutos y no abrir el proceso hasta el pasado lunes. El líder del PP anunció también el congreso del PP de Catalunya, donde no se celebra desde 2018.

El final del ciclo de Fanjul ha sido polémico. En marzo de este mismo año, su secretario general, Carlo Giacomo Angrisano Girauta —sobrino del eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta— dimitió de su cargo y pidió el voto para Vox alegando que el PP había dejado de “defender los valores” por los que se había afiliado. “Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo”, dijo entonces en redes sociales.

El presidente de NNGG del PP es, junto con su secretario general, miembro nato del Comité Ejecutivo Nacional, órgano fundamental en la toma de decisiones del partido. Además, puede participar en las reuniones del Comité de Dirección “cuando se traten temas relacionados con la juventud”, según los estatutos.

La organización juvenil tiene también presencia en la Junta Directiva Nacional (máximo órgano entre congresos) y tiene su propia representación en los cónclaves del partido que marcan la línea política y eligen, entre otros, al máximo líder.

Además del ya citado Moreno, también la dirigente Carmen Fúnez fue presidenta en el pasado. O el diputado Rafael Hernando. Entre los actuales principales dirigentes del PP, nombres como Fernando López Miras, Jorge Azcón o María Guardiola, y otros muchos, forjaron sus redes de relaciones en la organización juvenil.

Las amistades y colaboraciones de entonces son fundamentales en el control de las bases medias del partido de hoy. Feijóo llegó en 2022 con una presidenta que no había elegido y que respondía a Pablo Casado y al PP de Madrid (pese a ser diputada vasca), y puede encontrarse este verano con otro líder juvenil vinculado a una líder con la que ha mantenido varias polémicas internas.

Dancausa, un “basado” rodeado de polémicas

El, por ahora, único candidato a presidir NNGG cuenta con apoyos en la dirección nacional del PP. Y no de cualquiera. El secretario general, Miguel Tellado, le ha regalado los oídos en no pocas ocasiones. La última, el pasado mes de febrero durante la III Academia de la Juventud Madrileña.

Tellado le apodó “el gran Ignacio Dancausa”. “Te has ido superando tú y todo tu equipo, año tras año”, apuntó el ‘número dos’ del PP, quien le felicitó expresamente por “contar con Vito Quiles” como uno de los ponentes de las jornadas. “Quiero que le traslades mi reconocimiento y la gratitud de miles y miles de españoles que ven cómo desde su valentía y arrojo da voz a lo que otros no son capaces”, dijo sobre el activista ultra expulsado del Congreso.

“Si te critican es que algo bueno estarás haciendo”, dijo Tellado sobre Dancausa, al que alabó “el éxito de la organización” que aún preside. “Sois el motor del cambio”, concluyó. En marzo de este mismo año fue la propia Ayuso quien participó en otro evento en el que le conminó a “reiniciar España”.

Ante su “jefa”, como la llamó, Dancausa tildó de “inmenso honor ser una parte tan importante” del proyecto de Ayuso. “Tú y yo somos de la Complu”, recordó, en referencia a la Universidad Complutense de Madrid, donde la hoy presidenta autonómica comenzó en el activismo político.

Dancausa aseguró que el “15M es la mayor estafa piramidal de la historia”. “Pertenecemos al movimiento más ilusionante, emocionante e influyente de la historia de la democracia”, aseguró, y añadió: “Pertenecemos a la generación Z, la generación más ‘basada’ de la democracia. La generación más liberal y conservadora, que recupera la fe, la idea de la trascendencia y la idea de España. La generación que quiere recuperar la nación que construyeron nuestros abuelos y disfrutaron nuestros padres”.

Usa estar “basado” en referencia al based en inglés que suele estar relacionado con los “troleos” en internet, especialmente en redes y que en la práctica es mostrarse como una persona que no le importa lo que piensen los demás o que no se deja llevar por lo ‘woke’, el término peyorativo para describir a las ideas progresistas. Es decir, estar “basado” sería agitar el avispero y seguir las prácticas de la extrema derecha internacional que entran al choque a través de los memes, la ironía y las salidas de tono por las que consideran que no deben pedir disculpas.

“Nos inspira la presidenta Isabel Díaz Ayuso”

Desde que el foco público se puso sobre él, este madrileño ha protagonizado diferentes polémicas por sus declaraciones y también por sus actuaciones en apoyo al PP de la capital. En 2023, la Policía Nacional identificó al ‘cachorro’ de NNGG y a otros jóvenes después de que estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) alertaran de que estaban repartiendo sobres con la papeleta del rector Joaquín Goyache. Dancausa increpó a un estudiante e incluso llegó a amenazarlo, según denunció el alumno.

La propia convocatoria de las elecciones al rectorado de la universidad pública ya trajo controversia porque coincidió con el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre de la UCM. Además de la identificación de Dancausa, un asesor de Almeida se infiltró entonces en varios grupos de alumnos para lanzar bulos que afectaban a la candidata opositora a Goyache. 

Unos meses más tarde y con una mayor visibilidad pública, el joven de las NNGG madrileñas volvía a ocupar titulares, esta vez por sus declaraciones que la izquierda criticó por “banalizar” la salud mental. “La izquierda se ha intentado abanderar de la salud mental con un discurso banal. Dicen que los problemas de salud mental son culpa del capitalismo, dicen que la gente gana poco y trabaja mucho. Decir que es culpa del capitalismo es banalizarlo. Es irresponsable, es mentira, es falso”, dijo durante un encuentro con afiliados junto a Almeida. 

En junio de ese mismo año Dancausa volvió a dirigirse a los inscritos de la capital: esta vez para anunciar acuerdos con “las mejores discotecas de Madrid” para que quien lleve el carnet de afiliado del partido pueda acceder a “listas exclusivas, descuentos” e invitaciones a “copas y chupitos”. 

El protegido de Ayuso es también muy activo en redes sociales, especialmente en X, que usa para respaldar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en sus choques con el gobierno central. Uno de los últimos ejemplos es la polémica de la líder de su partido en la región con su viaje a México, donde acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de “boicot”. Dancausa salió a defender a Ayuso con un tuit en el que proponía recomendaciones para la mandataria mexicana: libros que apoyaban las actuaciones violentas durante la conquista mexicana y ‘Malinche’, el musical de Nacho Cano sobre una de las figuras peor vistas en el país norteamericano. 

Precisamente en redes sociales es donde la organización de jóvenes en la capital ha tenido más repercusión en los últimos años. Tanto es así que incluso en diferentes ocasiones han tenido que acabar borrando tuits después de que se volvieran virales o de recibir múltiples críticas. Un ejemplo de esos mensajes incendiarios lo han recuperado estos días: el montaje que hicieron en enero de este año en el que se podía ver al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como Nicolás Maduro cuando fue secuestrado a decisión de Donald Trump. Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso, salió a defenderlo. “Me encanta”, aseguró.

El PP citará en las próximas semanas en una comisión de investigación del Senado al actual gobernador del Bando de España y exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y a la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, tras la imputación del expresidente del Gobierno por su presunta participación ilegal en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el cobro de comisiones también supuestamente irregulares.

La citación se producirá después de la declaración como investigado de Zapatero ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien decretó el pasado martes la imputación del expresidente y el registro de varias oficinas.

Así lo ha anunciado este jueves la portavoz parlamentaria del PP en el Senado, Alicia García, quien ha anticipado también las citaciones de Cristóbal Cano, el gestor del teórico pagador de Zapatero por sus intermediaciones, Julio Martínez Martínez, y de Manuel Aarón Fajardo, “el lugarteniente” del expresidente en Venezuela.

La portavoz del PP ha asegurado que “según el auto” del juez, “Plus Ultra no podía ser rescatada porque tenía deudas con la Seguridad Social”, asunto que se desbloqueó “por arte de magia” tras “una reunión entre Zapatero y el exministro.

“La deuda se aplazó y el rescate salió adelante posteriormente en el Consejo de Ministros”, ha sostenido García. “Por eso Escrivá tendrá que responder en esta Cámara” sobre “quién le dio la orden para reunirse con Zapatero y quién le exigió que hiciese desaparecer por arte de magia la deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social”.

Según el auto del juez Calama, Plus Ultra tenía una deuda de más de 450.000 euros con la Seguridad Social, lo que habría impedido recibir el rescate durante la pandemia. Pero sí estaba al corriente de pago cuando se concedió el préstamo público ya que había negociado aplazar la deuda. Sobre aplazamiento quiere preguntar el PP a Escrivá.

En cuanto a María Gertrudis Alcázar, se trata de la secretaria personal de Zapatero ya desde hace 25 años, cuando era secretario general del PSOE y líder de la oposición. Gertru, como la conocen sus allegados, continuó esta labor en la oficina oficial del expresidente, desde donde teóricamente se cometieron los actos delictivos que investiga la Audiencia Nacional.

Críticas a las “recogidas de cable parciales”

García ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido “la defensa de Zapatero en un asunto de Estado”. “Defenderemos su inocencia hasta que nos demuestren lo contrario”, aseguró este miércoles en el Congreso.

“En cualquier democracia un Gobierno ya habría caído”, ha asegurado García en una rueda de prensa en el Senado en la que ha reclamado la convocatoria anticipada de elecciones generales.

Con todo, García ha reiterado la tesis oficial del PP sobre una hipotética moción de censura que no llega. Aunque ayer mismo Alberto Núñez Feijóo dijo que va a “hacer todo lo posible porque haya un cambio de Gobierno”, la realidad es que el primer partido de la oposición no termina de dar el paso de lanzar la única iniciativa parlamentaria que podría suponer el descabalgamiento de Sánchez.

“No nos faltan ganas, nos faltan votos”, ha dicho la portavoz. “No vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida porque nos faltan los votos”, ha insistido.

Alicia García ha arremetido contra los socios que mantienen el apoyo al Gobierno, pese a haber arreciado las críticas desde la izquierda. “Recogidas de cable parciales, no”, ha ironizado.

“Ellos tendrán que ser quienes decidan”, ha dicho. “Sus votantes, sus afines dirán qué hace sosteniendo al Gobierno más corrupto de la democracia. Tendrán que decidir ellos si quieren sostener a un Gobierno acabado y rodeado de corrupción”.

Martes 19 de mayo, 9.17 h. de la mañana. Estalla la bomba política. La Audiencia Nacional confirma oficialmente lo que algunos medios de comunicación publican desde primera hora: José Luis Rodríguez Zapatero está imputado por varios delitos de corrupción y la Policía registra su oficina y la sede de la empresa de sus hijas. La noticia coge al presidente del Gobierno en el Palacio de la Zarzuela junto a Felipe VI para la sanción de la reforma de la Constitución que reconoce un nuevo senador para Formentera. Un acto meramente protocolario que ya no olvidará nunca Pedro Sánchez.

Porque nunca había ocurrido algo así. Zapatero se convierte en el primer expresidente del Gobierno de la historia democrática en ser citado en sede judicial como investigado. Un puñetazo en el corazón mismo del Partido Socialista y de su historia reciente. Y un mazazo también, en lo personal y en lo político, para Pedro Sánchez, que tiene en la figura del expresidente a un valedor, a un confidente, a un asesor y a su principal escudero. Todo un referente para la militancia, para la estructura al completo del PSOE y para el conjunto de la izquierda española, que ahora es señalado por el juez por tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal.

Al salir de Zarzuela, el presidente del Gobierno telefoneó a José Luis Rodríguez Zapatero. Según varias de las personas que tuvieron contacto con él, Zapatero estaba tan noqueado en lo anímico como decidido a defenderse. Así se lo trasladó a Pedro Sánchez, al que le desmintió las acusaciones y al que adelantó que se disponía a dar explicaciones públicas. Tras esa conversación, el presidente mandó un mensaje al chat de grupo de whatsapp de la Ejecutiva Federal del PSOE.

“Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista”. El mensaje fue recibido en la cúpula socialista como lo que era: un toque de corneta para salir a proteger en tromba a un símbolo del PSOE acechado por la misma ofensiva orquestada, en su opinión, contra el hermano y la pareja de Sánchez o contra el Fiscal General del Estado.

Así que la reacción inmediata de Ferraz fue insinuar públicamente una campaña de 'lawfare'. “'El que pueda hacer, que haga' llevado a su máxima expresión”, se apresuró a apuntar la secretaria de Organización, Rebeca Torró, en referencia al llamamiento que hizo en su día José María Aznar para hacer caer a este Gobierno. Una consigna que la número 3 del PSOE parecía atribuir a los responsables de la investigación. En esa línea, la portavoz del partido, Montse Mínguez, publicó en sus redes: “No pararán”.

Antes de entrar en el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez pudo comentar el terremoto político con los miembros de su Ejecutivo con los que coincidió en la sala de café previa al cónclave. Según varios de los presentes, el presidente admitió su profunda preocupación y el impacto de una noticia así, aunque se mostró contundente en la defensa de la inocencia de Zapatero. Pero todo se volvió a tambalear poco después del mediodía.

13.01 h. de la tarde. Acaba de empezar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y la Audiencia Nacional remite un resumen del auto en el que el juez define a José Luis Rodríguez Zapatero como “líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Esa definición cae en la Moncloa como otra auténtica bomba, casi de más impacto que la anterior de la imputación. Que el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, vaya tan lejos en la terminología elegida para definir el papel de Zapatero en la causa investigada hace temer lo peor: que realmente el juez tenga en su poder un material probatorio tan contundente que deje sin salida al expresidente. Una sensación que por momentos hizo recordar lo vivido con Santos Cerdán hace justo un año.

El ambiente de absoluta desolación se refleja a esa hora en las caras de los ministros a los que toca salir en rueda de prensa. También en las de sus equipos. Hay desconcierto, falta de información y temor a que todo vuelva a saltar por los aires. La portavoz del Gobierno apenas atina a despejar las insistentes preguntas de la prensa, pero a esa hora huye ya de las insinuaciones de 'lawfare' y del tono durísimo contra los investigadores que empleó el partido en su primera reacción. “Desde esta mesa, máximo respeto a la justicia. Creo que la justicia hará justicia. Y, por nuestra parte, máxima colaboración”, se limitó a apuntar Elma Saiz, compungida, tras mostrar su “orgullo” por el legado político de Zapatero.

Todo el mundo a quien se preguntaba en el Gobierno y en el partido durante las horas que pasaron desde la nota de Audiencia Nacional hasta que fue público el contenido del auto respondía con la misma petición: tiempo y cautela. Pero ya nadie se lanzaba a la ligera a hacer acusaciones de guerra judicial, de campaña orquestada o de ofensiva ultra. Hasta que el presidente y su equipo tuvieron acceso, al fin, al escrito del juez Calama.

16.44 h. El auto de imputación se hace público. Pedro Sánchez y sus colaboradores más cercanos analizan con lupa un auto implacable en sus acusaciones a Zapatero pero que, al contrario de lo esperado, genera una sensación de cierto alivio en la Moncloa. Se llegaron a temer pantallazos, fotos, pinchazos telefónicos o transcripciones de conversaciones que sustentaran la definición de “líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” y dejaran al expresidente sin coartada. Pero el escrito del juez, aunque durísimo en su interpretación de la actividad presuntamente delictiva, no aporta nada de eso.

“Esto no tiene nada que ver con Cerdán porque de Cerdán tuvimos un informe de la UCO que aportaba pruebas indiscutibles de acusaciones muy graves. Aquí hay acusaciones muy graves y respetamos la investigación, que nos parece seria, pero no se aporta una sola prueba documental”, sostienen en la Moncloa para explicar que Sánchez mantenga, por ahora, su confianza en la inocencia de Zapatero. Desde el Ejecutivo ponen un ejemplo concreto: “El auto habla de una comida de Zapatero con Julio Martínez y señala que, una semana después, Martínez constituye una empresa en Dubai. El escrito lo atribuye a una orden de Zapatero durante esa comida, pero no aporta ninguna prueba de ello. Ni mensajes, ni pantallazos, ni conversaciones. Y encima la empresa no se constituyó”.

Por eso, la conclusión del estudio detallado del auto fue mantener el respaldo expreso al expresidente. “Con lo que tenemos, nos mantenemos firmes en la inocencia del presidente Zapatero. Hasta que nos demuestren lo contrario, nuestra defensa es cerrada. Así que máxima cautela, porque esto va a durar mucho tiempo”, se resignan en la Moncloa.

Miércoles, 9.00, sesión de control en el Congreso. En efecto, Pedro Sánchez cierra filas. “Toda colaboración con la justicia, todo respeto a la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero, señorías”, contesta a los ataques de la derecha. Tras la sesión de control, el líder del PP vuelve a amagar con lanzar una moción de censura que nunca llega por el miedo a perder una votación para la que, recuerdan en su entorno, le faltan “cuatro votos”. Los mismos que le separaron en 2023 de la investidura.

“Voy a hacer todo lo posible porque haya un cambio de Gobierno”, dice Feijóo en conversación con los periodistas tras otro turno de palabra con el presidente en el que no fue capaz de cuadrar la frase que le habían escrito para los titulares del día (“el que pueda robar, que robe”). Pero ese “todo lo posible” para llegar a la Moncloa no pasa por arriesgarse a otro fiasco parlamentario, porque el líder del PP se matizó a sí mismo poco después. En un acto informativo posterior, aseguró que “hacer una moción de censura para confirmar al Gobierno es infantil”. Una réplica a Vox y los llamamientos de Santiago Abascal para que el líder del PP se lance ya a por Sánchez.

Con todo, sí hay un cambio de ánimo en la dirección del PP, que lleva dos años reteniendo su propia tentación de presentar la moción. La imputación de Zapatero se analiza como un “hito” diferencial al resto de casos de corrupción que atenazan al Gobierno. Un torpedo a la línea de flotación del “sanchismo”. El penúltimo escalón, sostienen, antes de llegar al “uno”: Pedro Sánchez. La fecha clave es el 2 de junio, cuando está prevista la comparecencia de Zapatero ante el juez. Lo que ocurra ese día determinará si Feijóo ve opciones de triunfar en una moción de censura. Porque en caso contrario, dicen en su entorno, no la presentará.

Entre los aliados parlamentarios de Sánchez, Junts vuelve a ser la pieza clave que le faltaría al PP para armar una mayoría junto a Vox, cuya relación con el Gobierno en los últimos meses pasa por un pésimo momento. Pero los independentistas, lejos de aprovechar el escándalo de Zapatero para cercar al Ejecutivo, se han puesto de perfil. De hecho, lo único que ha trasladado la formación es su deseo de que “se aclaren los hechos y que se respete la presunción de inocencia”, incluso después de conocerse el auto judicial que detalla los cargos, que Junts ha preferido no entrar a valorar.

Tampoco el resto de los socios que dieron a Sánchez la investidura hace dos años y medio están por la labor de apoyar la llegada de Feijóo a la Moncloa. “Nuestra línea roja sigue siendo la financiación ilegal”, explican fuentes de ERC, y por ahora ninguno de los múltiples casos de corrupción que afectan al PSOE apunta a que el partido se haya nutrido irregularmente de fondos. Desde el PNV también alejan la posibilidad de cualquier pacto en el que participe Vox. Y la líder de Podemos, Ione Belarra, afirmó este miércoles que “la solución a la corrupción del PSOE no es la corrupción del PP” al ser preguntada por la posibilidad de apoyar una moción de censura.

No obstante, el cambio de tono de los socios parlamentarios de la Moncloa fue muy notable este miércoles con respecto al martes, cuando la mayoría de ellos salieron —antes de tener en sus manos el auto judicial— a defender a Zapatero y deslizaron la posibilidad de que estuviera siendo víctima de lawfare. “Si esto es verdad, es una mierda, y si es mentira, es una mierda aún mayor que hemos visto muchas veces”, sostuvo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que enmendó su reacción del martes. “El auto pinta feo” y el tráfico de influencias no podría haber tenido éxito “sin el Gobierno”, planteó por su parte Belarra, que el martes había preferido poner el foco en que “la derecha le tiene muchas ganas” a Zapatero.

Ni siquiera Sumar, cuya portavoz Verónica Martínez deslizó el martes sus “sospechas” sobre una posible persecución judicial injusta contra el expresidente, se mantuvo en esas tesis tras leer el auto. El portavoz adjunto y líder de IU en el Congreso, Enrique Santiago, evitó abonar la teoría del lawfare y se limitó a afirmar que, “si se han cobrado cantidades por gestiones políticas”, como asegura indiciariamente el auto de la Audiencia Nacional que hizo Zapatero, “eso es un delito”.

Ahora el PSOE, el Gobierno y las fuerzas parlamentarias que lo sostienen vuelven a contener la respiración, de nuevo, hasta saber si será esta vez o no cuando definitivamente suba tanto la marea como para llevárselo todo por delante. Una situación de sobra conocida para la que ahora se emplazan al 2 de junio, el día en que desfilará José Luis Rodríguez Zapatero por la Audiencia Nacional para declarar como el primer expresidente imputado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está un poco más cerca de lanzarse a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Al menos así lo ha planteado este miércoles a cuenta de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por haber, presuntamente, presionado al Ejecutivo para la concesión del rescate económico de la aerolínea venezolana Plus Ultra a cambio de una comisión. Unos hechos que, según Feijóo, “no se podrían haber cometido sin la complicidad” del Consejo de Ministros.

Así lo ha asegurado Feijóo en una entrevista durante un foro organizado por el periódico económico 'Expansión'. El líder del PP ha sostenido que el auto de imputación que firma el juez José Luis Calama es “un salto” en los casos de corrupción que afectan al Gobierno. “Es la primera vez que un presidente del Gobierno es imputado por unos presuntos delitos que no se podrían cometer sin enlace directo, sin la autorización y complicidad del Consejo de Ministros”, ha asegurado.

“No son conductas individuales”, ha apuntado Feijóo. Son “conductas estructuradas, con comunicación permanente con altos cargos del Gobierno y de la administración”, ha añadido.

Eso hace que las acusaciones contra Zapatero no sean “un hito más” en las informaciones e investigaciones que se vienen conociendo desde hace meses. Además, ha dicho, el expresidente “es una persona negociadora en nombre del Gobierno para mantener la investidura, que refrenda el 'sanchismo' de forma explícita”.

“Mi partido y yo estaremos a la altura de las circunstancias”, ha concluido el líder del PP quien, un par de horas antes, había respondido a preguntas de los periodistas sobre una hipotética moción de censura que “hará ”todo lo posible porque haya un cambio de Gobierno“

Las declaraciones de Feijóo llegaron tras la sesión de control de este miércoles, en la que cargó contra Sánchez por la imputación del que fuera su predecesor socialista en el cargo. La respuesta del líder del PSOE ha sido contundente: “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”.

El PP cree que se ha producido un punto de inflexión en la legislatura. Los de Feijóo sostienen que la situación del Ejecutivo es insostenible y que, sí o sí, Sánchez tenía que ser conocedor de las supuestas corruptelas del propio Zapatero, de Santos Cerdán o de José Luis Ábalos.

Con todo, en el PP no se lanzan a presentar la moción de censura que le exige Vox y que pondría a prueba la fortaleza de la mayoría parlamentaria que todavía sostiene al Gobierno. El motivo: el miedo a un fiasco, a no ganarla “por cuatro votos”.

El propio Feijóo le ha puesto voz a este temor. En declaraciones a los medios tras el acto informativo en el que ha participado, el líder del PP ha asegiradp que “hacer una moción de censura para confirmar al Gobierno es infantil”.

Feijóo ha aumentado la presión sobre los partidos que sostienen al Ejecutivo: “Rufian y los socios son los que mantienen la corrupción y a un gobierno corrupto”.

El PP espera al momento preciso para hacerlo. Un momento que cada vez parece más cerca. Zapatero está llamado a declarar como imputado ante el juez Calama el próximo 2 de junio. Un día después de que se cumplan ocho años de la moción de censura que echó a Mariano Rajoy de la Moncloa y propició la llegada de Pedro Sánchez al poder.

Pedro Sánchez cierra filas con José Luis Rodríguez Zapatero. Un día después de recibir el golpe de su imputación, el presidente del Gobierno se ha enfrentado a las acusaciones de la oposición en la sesión de control del Congreso. Y ha dejado claro que los detalles de la investigación, por ahora, no le hacen dudar de su respaldo. “Toda colaboración con la justicia, todo respeto a la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero, señorías”, ha dicho el presidente.

Sánchez ha reivindicado el legado de un hombre que pertenece a su círculo de confianza más estrecho y que supone uno de sus principales apoyos. Y al que el juez Calama sitúa ahora al frente de un entramado criminal. “Nos sacó de una guerra ilegal, amplió derechos y libertades y acabó con ETA. Lecciones de quienes tantas vergüenzas tienen que ocultar, ninguna”, le ha espetado al PP.

En su turno de pregunta, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho hincapié en los problemas judiciales que rodean al Gobierno y que han escalado con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. “Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel”, ha recordado a Sánchez. “Defendieron a Santos Cerdán” y “volverá a prisión”, ha añadido. “¿Cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero?”, le ha preguntado.

“Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir”, ha apuntado Feijóo. “Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán ni su entorno. Nadie. Es la clave de todo”, ha apuntado Feijóo, quien no ha dado ninguna pista durante la sesión de control sobre si piensa o no activar una moción de censura contra Sánchez. “No llegó para limpiar”, le ha reprochado, “si no para saquear”, ha añadido.

“El que pueda robar, que roba (sic), ese es el lema”, ha dicho, parafraseando aquel “el que pueda hacer, que haga” de José María Aznar. “España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar de cambiarlo”, ha concluido.

Según fuentes de Moncloa, el presidente y su equipo dedicaron la tarde del martes a analizar en profundidad el auto del juez Calama. Y la conclusión, según esas mismas fuentes, en que no hay argumentos suficientes en ese escrito del juez para concluir que Zapatero delinquió. “Es un auto serio. Lo hemos analizado con detalle y estamos muy tranquilos después de leerlo”, aseguran en el Gobierno, donde sostienen que ese auto no aporta pruebas de que Zapatero incurriera en un delito de tráfico de influencias ni tampoco de que tenga vinculación societaria con el entramado empresarial a la que se investiga por blanqueo de capitales.

“Lo que quede por aclarar, estamos convencidos de que el expresidente lo aclarará. Todo lo que se expone en el auto lo vemos legal al cien por cien”, insisten esas fuentes, que aún así admiten que el mazazo político es innegable y aún de consecuencias imprevisibles. Porque Zapatero es, en primer término, el legado socialista que con más orgullo se enarbola en el partido. Idolatrado por las bases, estrella de las campañas electorales y con mucho tirón también entre los votantes progresistas en general, de su paso por Moncloa reivindica el PSOE la aprobación del matrimonio igualitario o el final de la banda terrorista ETA. Hitos históricos que lo convierten en una figura fundamental en los casi 140 años de vida del Partido Socialista. Y hoy es, además, una de las personas de mayor confianza personal y política para Pedro Sánchez, al que ha defendido contra y viento y marea hasta convertirse en uno de sus mayores activos.

Otra bomba en el corazón del PSOE. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias ha devuelto a los socialistas y al Ejecutivo de Pedro Sánchez a la zozobra de los peores días. Las caras de este martes en Moncloa tras el Consejo de Ministros hablaban por sí solas para evidenciar que el golpe al expresidente supone, en realidad, un mazazo durísimo para todo el partido, para el Gobierno, para Pedro Sánchez e, incluso, para el conjunto de la izquierda.

Durante gran parte de este martes, de hecho, en el Ejecutivo se contuvo la respiración. Las primeras noticias que llegaban de la Audiencia Nacional desataban un terremoto de primera magnitud, porque el juez definía a Zapatero como “líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Una terminología que hacía temer lo peor antes de conocer el contenido del auto y que retrotraía incluso a las sensaciones vividas cuando estalló el escándalo de Santos Cerdán.

Sin embargo, el paso de las horas contribuyó a calmar las aguas. Según fuentes de Moncloa, el presidente y su equipo dedicaron la tarde del martes a analizar en profundidad el auto del juez Calama. Y la conclusión, según esas mismas fuentes, en que no hay argumentos suficientes en ese escrito del juez para concluir que Zapatero delinquió. “Es un auto serio. Lo hemos analizado con detalle y estamos muy tranquilos después de leerlo”, aseguran en el Gobierno, donde sostienen que ese auto no aporta pruebas de que Zapatero incurriera en un delito de tráfico de influencias ni tampoco de que tenga vinculación societaria con el entramado empresarial a la que se investiga por blanqueo de capitales.

Por eso, adelantan esas mismas fuentes, el presidente del Gobierno reivindicará este miércoles la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, cerrará filas con él y reclamará a la oposición respetar el principio básico de la presunción de inocencia. “Lo que quede por aclarar, estamos convencidos de que el expresidente lo aclarará. Todo lo que se expone en el auto lo vemos legal al cien por cien”.

Aun así, el mazazo político es aún de consecuencias imprevisibles. Porque Zapatero es, en primer término, el legado socialista que con más orgullo se enarbola en el partido. Idolatrado por las bases, estrella de las campañas electorales y con mucho tirón también entre los votantes progresistas en general, de su paso por Moncloa reivindica el PSOE la aprobación del matrimonio igualitario o el final de la banda terrorista ETA. Hitos históricos que lo convierten en una figura fundamental en los casi 140 años de vida del Partido Socialista. Y hoy es, además, una de las personas de mayor confianza personal y política para Pedro Sánchez, al que ha defendido contra y viento y marea hasta convertirse en uno de sus mayores activos.

El paso de las horas este martes, desde que se conocieron la imputación y los registros hasta que fueron públicos los detalles del auto, hizo variar el ánimo y la reacción en el partido y en la Moncloa. A primera hora, Ferraz emitió un comunicado airado con insinuaciones directas de 'lawfare'. Una respuesta que modulaba hasta los protocolarios “respeto a la justicia” y a la “presunción de inocencia” que se limitó a emitir la ministra portavoz en rueda de prensa a mediodía.

Esa comparecencia posterior al Consejo de Ministros coincidió con la publicación de los primeros indicios apuntados por el juez. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama describe al expresidente como “líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Una información que dejaba en 'shock' al Ejecutivo, que apenas atinaba en público a insistir en el legado político de la figura de Zapatero y a pedir un poco de tiempo para conocer más detalles de la investigación.

“Le tengo tanto afecto personal a Zapatero como inquina le tiene la derecha, a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Desde aquí traslado mi orgullo por su legado, porque sus dos legislaturas supusieron la mayor transformación social del país por los avances en derechos. Y bajo su presidencia derrotó a ETA. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero”, reivindicó Elma Saiz.

Un rato antes, en el chat de 'WhatsApp' de la Ejecutiva Federal, había sido el propio Pedro Sánchez el que pedía expresamente a su partido que respaldara sin fisuras al expresidente, una de las pocas personas de total confianza que le quedan y también uno de sus más firmes defensores. “Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista”, trasladó Sánchez en ese chat en un mensaje que adelantó la Cadena Ser y confirmó este periódico.

En ese mismo chat, la secretaria de organización, Rebeca Torró, apostilló al secretario general. “PIE EN PARED, compañeras y compañeros. No soportan ni perdonan que hayamos dotado de derechos este país y hoy sigamos haciéndolo. No atacan a nuestros presidentes y sus familias, sino al proyecto que representan, al PSOE. Nos atacan a todos. Pero no lo vamos a permitir. Ahora más que nunca: cabeza alta y orgullo por lo conquistado y por todo lo que nos queda por lograr. Se lo debemos a la gente de este país”.

En público, y cuestionada expresamente por ello, la portavoz del Ejecutivo no quiso refrendar la acusación de Ferraz de que todo se debe a una campaña orquestada. “Desde esta mesa, máximo respeto a la justicia. Creo que la justicia hará justicia. Y, por nuestra parte, máxima colaboración”.

Esa sensación, la de la campaña orquestada, seguía aún extendida a última hora del martes entre muchos dirigentes del PSOE, que se preguntaban las razones de que Zapatero sea el primer presidente del Gobierno de la historia democrática de España en ser imputado con los precedentes, políticos y en algunos casos privados, de Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy. “La respuesta está clara: porque levantó las elecciones generales de 2023 y tienen miedo de que vuelva a levantarla”, traslada uno de esos dirigentes, que admite que la caída de una figura como la del expresidente supondría algo parecido a un tiro de gracia para el partido.

El PP descarta una moción de censura

A pesar de la imputación de Zapatero, uno de los principales bastiones políticos del Gobierno, el PP no tiene intención de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez: “Nos faltan cuatro votos”, repitió este martes la portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, quien recurrió al argumento que el PP utiliza desde hace muchos meses para justificar su negativa a lanzar la única iniciativa que, hoy por hoy, podría terminar con el mandato de Pedro Sánchez.

Muñoz criticó al líder de Vox, Santiago Abascal, por exigir “a sabiendas” al PP que presente una moción de censura “que saben que está condenado al fracaso”. “Lo tiene que explicar”, añadió. La portavoz también arremetió contra los socios de Sánchez, a los que pidió que den el paso de abandonar públicamente al líder socialista, algo que no ha ocurrido, al menos este martes.

El PP se limitó así a exigir elecciones, algo que los de Alberto Núñez Feijóo han pedido de forma insistente desde el arranque mismo de la legislatura y por diferentes motivos, desde la aprobación de la amnistía a los casos judiciales investigados que salpican a Sánchez y por otros asuntos que luego han quedado diluidos o directamente en nada. “Solo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España”, dejó escrito en Twitter el líder del PP, sin dar más detalles.

En la dirección del PP sostienen que, al menos hasta este martes, no se habían establecido contactos con los aliados “nacionalistas” de Sánchez, en referencia a Junts y PNV. Como llevan diciendo desde 2024, “queda todavía mucho por saberse” y “hay tiempo” por delante para encontrar el momento adecuado para lanzar esa hipotética moción de censura que replique a la que Sánchez ganó el 1 de junio de 2018.

Cierre de filas de los socios

Tanto Sumar como los socios parlamentarios del Gobierno evitaron cargar frontalmente contra Zapatero, y los aliados progresistas incluso cerraron filas con el Ejecutivo y deslizaron abiertamente la posibilidad de que el expresidente esté siendo víctima de 'lawfare'. Ese fue el caso de Sumar, que por boca de su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, expresó las “sospechas” que le genera la investigación y aseguró que “a nadie que siga las noticias de la prensa y las imputaciones de dirigentes de la izquierda le puede sorprender que algunos tengamos dudas sobre el origen de estas acusaciones”.

“Tengo un mensaje para según qué jueces: el PP ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política”, ironizó por su parte su homólogo de ERC, Gabriel Rufián. Y el líder de los republicanos catalanes, Oriol Junqueras, “la experiencia nos ha enseñado que, en algunas ocasiones, algunas de estas acusaciones se han demostrado absolutamente falsas”, y recordó que él mismo, al igual que otros dirigentes independentistas, fue objeto de este tipo de acusaciones durante el procés. “Siempre contra la corrupción”, pero “no le sorprenderá a nadie” que ERC sea escéptica, afirmó Junqueras.

En la misma línea que Martínez y Rufián se expresó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que aseguró que “la derecha tiene muchas ganas” a Zapatero y planteó que “no deja de ser sorprendente que, teniendo a expresidentes como Mariano Rajoy, que montó la policía política; a José María Aznar, que es un criminal de guerra; a Felipe González, que montó los GAL; o a Adolfo Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual, el primer presidente imputado sea el expresidente Zapatero”. Y la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, señaló que “no sería extraño” que el exmandatario socialista pudiera ser víctima de lawfare.

Más tibios se mostraron Junts y el PNV, que aunque no se sumaron al PP y Vox en su crítica a Zapatero, tampoco plantearon la posibilidad de que esté siendo objeto de un proceso judicial injusto en su contra. La portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Maribel Vaquero, se limitó a comunicar que su grupo va a estar “a la espera” de cómo se desarrollen las investigaciones, y aunque calificó de “graves” las acusaciones contra el expresidente, también recordó que “hay mucho ruido” en torno a su persona. Por su parte, los independentistas catalanes afirmaron por boca de su portavoz en el Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, pidió “que se aclaren los hechos y que se respete la presunción de inocencia”, y afirmó que Junts ha “sufrido la no presunción de inocencia en estos últimos años”.

El Partido Popular pide la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tres delitos. La Audiencia Nacional sitúa al expresidente como líder de una estructura “estable y jerarquizada” de tráfico de influencias.

Desde el PP equiparan a Sánchez con el ex jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 por convertir “a este Zapatero corrompido en su portavoz de campaña”. “Zapatero es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional”, añaden fuentes del PP remitidas a los medios. “Esta indecencia debe terminar”, aseguran.

El presidente y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Sánchez tras la imputación del expresidente socialista. “Solo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España”, ha asegurado en su perfil de X. Feijóo ha afirmado que “la corrupción es la razón fundacional de este Gobierno” y ha añadido: “Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún”.

El primero en pronunciarse públicamente este martes ha sido el secretario general, Miguel Tellado, que ha pedido explicaciones al Gobierno. “Es de una gravedad extrema”, ha valorado. Tellado sitúa a Zapatero como “principal consejero de [Pedro] Sánchez”. “El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”, ha añadido.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha arremetido este martes contra Sánchez por no convocar elecciones tras la imputación de su predecesor socialista en el cargo: “Qué más tiene que pasar para que Pedro Sánchez convoque elecciones”, ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso

Por su parte, el portavoz del partido, Borja Sémper, ha demandado un “cambio político, de formas y de fondo” en España. “Superaremos esta oscura etapa de escándalos de corrupción y políticos que se suceden casi a diario”, ha asegurado Sémper, que ha agregado: “Todo se terminará por saber, nadie es impune, el Estado de Derecho se impondrá”.

La portavoz de los 'populares' en el Senado, Alicia García, ha cargado contra el actual presidente por la imputación de Zapatero, al tratarse del “hombre al que Sánchez convirtió en referente moral de la izquierda”. “Zapatero hacía campaña con Sánchez y Montero mientras alrededor de Plus Ultra corrían millones del dinero público. Nunca un presidente del Gobierno había estado tan rodeado de corrupción, escándalos y presuntas tramas”, ha criticado García en su perfil de X.

La eurodiputada y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha pedido “elecciones ahora”. En una publicación en redes sociales en inglés, Montserrat ha apelado a Europa: “No puede tolerar que su cuarta economía más grande se permita este escándalo internacional de corrupción sin precedentes”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de “escándalo internacional” la noticia sobre el expresidente y ha acusado al Ejecutivo central: “Sorprende que el Gobierno, lejos de querer investigar un asunto que era de conocimiento internacional, se ha dedicado en todo momento a taparlo, y espero que no utilice la Fiscalía, ni la Abogacía ni lo que hacen siempre para intentar encubrir la verdad”, ha dicho este martes. Informa África Gelardo Arrebola.

Vox pide a Feijóo una moción de censura y elecciones a Sánchez

Vox ha pedido a Sánchez que convoque elecciones anticipadas tras la imputación del expresidente. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha sido quien ha explicitado la petición de unos comicios, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no hacer “lo que merece el pueblo”: presentar una moción de censura. Así se ha expresado también el presidente del partido ultra, Santiago Abascal, que considera “necesaria” una moción de censura y ha señalado, sin pruebas, a Sánchez como “número 1 de todas las tramas de corrupción”.

Ester Muñoz ha descartado que su jefe de filas vaya a presentar una moción de censura: ha criticado a Abascal por reclamarla “a sabiendas” de que no puede salir adelante ya que, según ha sostenido, los socios del Gobierno no están dispuestos a apoyarla. Así, Muñoz ha criticado también a los partidos que sustentan parlamentariamente al Gobierno por no anunciar su voto favorable a una moción de censura que el PP dice que no va a presentar.

El PSOE apoya a Zapatero y Sumar plantea 'lawfare'

Desde el PSOE han trasladado su apoyo a Zapatero: “Trasladamos un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia”, han asegurado en fuentes remitidas a los medios, donde han añadido que “la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado los avances” que hizo durante las dos legislaturas en que fue jefe del Ejecutivo. “'El que pueda hacer, que haga' llevado a su máxima expresión”, ha criticado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en su perfil de X.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que Feijóo “posee información precisa de las actuaciones a practicar en una causa declarada secreta”, en referencia al mencionado caso Plus Ultra. “Es tan imbecil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario”, ha añadido, en referencia a una intervención del pasado 12 de mayo en la que vaticinaba “muchas novedades” en materia de corrupción vinculadas con el expresidente. La causa ha permanecido bajo secreto hasta este martes y todavía no se conoce el detalle de las pesquisas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se ha quedado “de piedra” al conocer la imputación y ha confiado en que “todo pueda quedar explicado”. “Personalmente, me deja de piedra. Espero que pueda quedar aclarado por el bien suyo, de su familia y el buen nombre del PSOE”, ha dicho en una entrevista en Onda Cero.

El socio minoritario del Gobierno central, Sumar, ha deslizado sus “sospechas” en relación a que se trate de un posible caso de lawfare, informa Daniel Ríos. “Vamos a ver qué hay ahí, no tenemos información, pero no creo que a nadie que siga las noticias de la prensa y las imputaciones de dirigentes de la izquierda les pueda sorprender mucho que algunos tengamos dudas sobre el origen de estas acusaciones”, ha declarado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, que ha preferido esperar a conocer los detalles del caso.

Podemos ha expresado los recelos que le suscita la imputación. La secretaria general del partido, Ione Belarra, no ha querido tildar expresamente la decisión de 'lawfare', pero ha afirmado que responde a que “la derecha le tiene muchas ganas”. “Es evidente que el Gobierno cada vez lo tiene más difícil para seguir gobernando” por “la corrupción, no hacer nada contra la guerra sucia judicial” y “el rearme”, ha añadido. Informa Daniel Ríos.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recuperado en redes sociales un discurso que hizo en la Cámara Baja defendiendo la figura de Zapatero y ha subrayado que sea el primer expresidente imputado y no Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy —unos términos en los que también se ha referido Belarra—: “El 1º [González] fue el presidente del robo y del terrorismo de Estado, el 2º [Aznar] fue el presidente del robo y de la corrupción de Estado, el 3º [Rajoy] fue el presidente del robo y del espionaje de Estado y el 4º [Zapatero] le ganó las elecciones del 2004 al PP, acabó con ETA en el 2011, remontó las elecciones del 2023 otra vez al PP y quería volver hacer campaña en el 2027 contra el PP”.

La Audiencia Nacional sitúa a Zapatero como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Le cita como investigado el 2 de junio y señala que la finalidad de dicha trama era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

Este martes, el ex líder socialista ha sido imputado por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias en el marco del caso Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con su rescate durante la pandemia.