El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este viernes contra los miles de personas migrantes que permanecen en Ceuta desde la entrada masiva del pasado mes de julio. “Estos señores no vienen a buscar un trabajo, vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha sostenido en declaraciones a los medios desde Melilla.

Feijóo ha criticado el traslado de cientos de estos migrantes desde el campamento improvisado de la playa del Trampolín a las instalaciones habilitadas por el Gobierno en el Puerto de Ceuta. “No es capaz de mantener el orden público”, ha dicho sobre el Ejecutivo, a cuenta de las imágenes de caos en dicho traslado.

“Esto no es inmigración, los inmigrantes no se enfrentan a la policía”, ha sostenido Feijóo. “Los inmigrantes intentan buscar un trabajo, aunque sean regulares”, ha dicho. En realidad, quería decir “irregulares”.

Durante el traslado, la Policía Nacional ha cargado contra un gran grupo de migrantes que se agrupaban para tratar de ser incluidos en el contingente de personas dirigidas al nuevo campamento de puerto de Ceuta. El nuevo campo tiene capacidad para 1.700 personas, mientras que se calcula que los asentamientos de Benítez y Trampolín puede superar los 3.000.

Al menos tres personas migrantes han resultado heridas, según ha podido comprobar en el terreno elDiario.es. Uno de ellos, con la cara ensangrentada, ha logrado acceder hasta la segunda zona donde la Policía está acumulando a los desalojados. Otro caminaba hacia allí a duras penas, con sus manos en la tripa, doblado por el aparente dolor. Acompañado por dos miembros de la ONG que gestionar el campamento, Samu, ha tenido que sentarse en el suelo ante la dificultad para caminar.

El PP, con su líder nacional y el presidente ceutí, Juan José Vivas, a la cabeza han solicitado reiteradamente desalojar de la playa a esas personas, aunque han boicoteado cualquier emplazamiento buscado por el Ejecutivo.

Este viernes, Feijóo ha dicho que “la única solución es la expulsión y el retorno”, pese a las trabas legales que hay al respecto, y que ya supusieron la condena en 2021 de las entonces vicepresidenta y delegada del Gobierno en Ceuta.

Aznar llama “traidor” a Sánchez

Las críticas del PP al Gobierno han comenzado desde primera hora en redes sociales. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido en Twitter la dimisión del Gobierno tras el traslado de migrantes al puerto de la ciudad autónoma en un dispositivo complicado en el que ha habido cargas que han dejado al menos tres personas migrantes heridas y en el que centenares de ellas se han echado a la carrera.

También se ha pronunciado la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha ironizado sobre la “normalidad” en Ceuta, reprochando al presidente Pedro Sánchez su gestión de la “invasión”. “Se aprecia la 'inseguridad subjetiva'”, ha comentado, en referencia a las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Para Muñoz, el Ejecutivo ha vuelto a dejar “vendidos a policías nacionales, guardias civiles y militares”, mientras Ceuta queda “abandonada a su suerte”. “Jamás te lo perdonaremos”, ha advertido a Sánchez.

Y mientras esto ocurría, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este viernes que “hay que militarizar” Ceuta “sin ninguna duda”, pero que “la reacción del Gobierno” ha sido “darle la razón a los invasores” y “no defender su país”. “Los militares y el Gobierno tienen la obligación constitucional” de defender la soberanía española, ha sostenido, “lo demás es cobardía, incompetencia y traición”. Así se ha expresado en una entrevista en Antena 3.

Repreguntado varias veces de forma expresa si considera un “traidor” a Sánchez, Aznar ha respondido que “sí”. Pese a ello, el expresidente ha descartado que su partido, el PP, deba presentar una moción de censura. “No hace falta añadir más frustración”, ha dicho. Aznar no se ha pronunciado sobre la activación del artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez por traición.

La dirección nacional del Partido Popular sigue sin poner fecha a la proclamación de sus candidatos a las elecciones autonómicas, lo que está convirtiendo la espera del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una verdadera agonía. El 28 de septiembre tampoco será el gran día. Según confirman a elDiario.es fuentes del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo, la próxima Junta Directiva Nacional, el órgano estatutario que puede hacerlo, tampoco abordará la designación de las candidaturas a las comunidades autónomas, entre ellas la de la presidencia de la Generalitat.

De momento, Isabel Díaz Ayuso ya sabe que será candidata a revalidar como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero Juanfran Pérez Llorca todavía no tiene el “ok” de Núñez Feijóo, que no ha tenido ni un mínimo guiño con el presidente de la Generalitat. Tampoco han despejado la incógnita su número dos, Miguel Tellado, ni recientemente la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, la última integrante del núcleo duro del gallego en visitar la Comunitat Valenciana.

Esta indefinición en la configuración del cartel electoral, y sobre todo los nervios que emanan del Palau de la Generalitat, están generando un ambiente de tensión dentro del partido que recuerda a otras épocas. Pérez Llorca parece ser quien tiene más opciones, pero también está muy bien situado Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, a quien Génova todavía no ha descartado.

Desde antes del verano existe internamente en el PP valenciano un malestar por los desplantes que la dirección nacional ha hecho a Pérez Llorca. Pero en la dirección nacional tampoco esconden su sorpresa porque se hubiera publicado que el 19 de septiembre iba a proclamar al candidato a la presidencia de la Generalitat. “No hay novedad”, dijeron en su día. Posteriormente, se argumentó desde el entorno de Pérez Llorca que el día señalado podría ser el 28 de septiembre, coincidiendo con la Junta Directiva Nacional. Tampoco será ese día.

Esta nueva negativa e indefinición deja a Pérez Llorca con la incertidumbre de si será o no candidato durante el debate de política general de la Comunitat Valenciana. La oposición no escatimará en hacer sangre de la agonía.

Un mes y medio después, el PP y Vox mantienen una estrategia de asedio sin cuartel contra el Gobierno a cuenta de la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Las derechas españolas atienden a las encuestas y han visto un filón de votos en la política migratoria, especialmente tras lo ocurrido en la ciudad autónoma. Mientras los de Alberto Núñez Feijóo intentan involucrar, infructuosamente, a la Unión Europea, los de Santiago Abascal aprovechan para hacer proselitismo de la militarización como respuesta para un problema que Pedro Sánchez no ve factible solucionar antes de final de año.

La estrategia de PP y Vox se puede observar esta misma semana en la actividad de los tres grandes parlamentos con afección sobre España. En Bruselas, los populares han promovido este martes un debate en la Eurocámara sobre la españolidad de Ceuta, algo que nadie en Europa ha puesto en duda. En sus intervenciones, los eurodiputados acusaron a Marruecos de “no colaborar” con España, en palabras de Javier Zarzalejos. Una idea que había echado por tierra unas horas antes la comisaria para el Mediterráneo y la Demografía, la croata Dubravka Šuica, quien en X afirmó haber hablado con el ministro de Exteriores del país africano, Nasser Bourita. 

La dirigente comunitaria, adscrita al PP Europeo, dejó por escrito el “compromiso de Marruecos de aceptar a todos los migrantes que llegaron a Ceuta”, así como su “aprecio por los esfuerzos conjuntos de Marruecos y España para controlar la situación”.

Del PP europeo también es el comisario de Migraciones, Magnus Brunner, quien intervino en el debate sobre Ceuta. El austriaco dejó una frase muy del gusto del PP: “Todos los que entraron ilegalmente y no tengan el derecho a permanecer, deben regresar inmediatamente”. 

El problema de la frase que dijo Brunner es ese “no tengan el derecho a permanecer”. Una apreciación que el PP obvia en sus declaraciones y que pasa legalmente por abrir un procedimiento individualizado a cada una de las personas que permanecen en Ceuta.

Terrorismo e inmigración

En el Congreso, entre el martes y el miércoles se debaten proposiciones de ley, proposiciones no de ley y mociones. También el Senado tiene su orden del día de esta semana plagado con la ciudad autónoma española. Y en las sesiones de control de ambas cámaras el tema domina las preguntas al Gobierno.

Vox planteó este martes una reforma legal para que las Fuerzas Armadas tengan competencia en materias de “terrorismo e inmigración ilegal”, una medida que será apoyada por el PP, según avanzó el diputado Rafael Hernando: “Aceptaremos esta iniciativa como la ILP de regularización de personas migrantes”.

El debate apenas duró 55 minutos porque los demás grupos desdeñaron la propuesta y resolvieron su mayoritaria negativa sin consumir todo el tiempo. Las deliberaciones sobre el siguiente punto, una proposición de ley de Sumar sobre vivienda, sobrepasaron ampliamente la hora de duración.

La modificación de la norma no cuenta con el respaldo de la mayoría, como quedó patente en la votación a última hora de este martes. Los grupos afearon a las derechas su intento asimilar la amenaza terrorista con una falta administrativa, y querer involucrar al Ejército en tareas que, o bien la legislación ya contempla o están reservadas a las fuerzas de seguridad del Estado. 

Pero ni Vox en su defensa de la reforma ni el PP al anunciar su apoyo se esforzaron mucho en explicarla. Dedicaron su tiempo a atacar al Gobierno. “Primero se banaliza, segundo se sobreactúa y luego se busca a quien criminalizar”, dijo Hernando, quien comparó Ceuta con la dana de Valencia, Adamuz, “los incendios” y la covid. Además, aseguró: “Ceuta no puede convertirse en un CETI. No vamos a dejar que la situación se cronifique ni olvide”. 

Este mismo martes se ha sabido que los expedientes de los menores en Ceuta no se desbloquearon hasta el lunes porque el Gobierno de la ciudad autónoma, presidido por Juan Jesús Vivas, no quería hacerse cargo del coste jurídico. Hasta que se resuelva el contencioso, es la ciudad autónoma quien contrata al cuerpo de abogados necesario para ese trámite, pero es el Gobierno central quien asume los costes, con una aportación ya fijada de dos millones de euros. Además, las comunidades del PP se niegan a acoger a las 500 niñas que el Gobierno quiere sacar de la ciudad para garantizar su seguridad.

El propio Vivas que fue entrevistado el lunes en ‘El Hormiguero’, lo que sirvió a Feijóo para vanagloriarse de que su barón había “arrasado” en audiencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien estuvo en ‘El Intermedio’.

“Ceuta marca un antes y después”

Casi a la vez, el Gobierno se sometía al control del Senado, donde José Antonio Monago dijo que el Ejecutivo está “zurrado de miedo”. “¿Tan fuertes son los secretos de Pegasus?”, dijo el expresidente extremeño, quien aseguró que Ceuta se está convirtiendo en “un barrio de Marruecos”, con “puestos, actividades mercantiles y rutinas”. “Se marroquiniza a cámara lenta”, lamentó, para insistir: “Si Marruecos dice que los recibe y usted dice que los devuelven, ¿qué demonio impide que impidan que vuelvan?”. La respuesta la había dado previamente el comisario Brunner.

En la Cámara Alta se debatió también una “moción sobre la situación de extrema gravedad que viven las mujeres y los menores en Ceuta por el incremento de las agresiones sexuales”, aunque la senadora del PP que la defendió, María Carmen Isabel Pobo, apenas tuvo una única frase expresamente referida al asunto en los siete minutos que duró toda su intervención: “23 agresiones sexuales, cinco de ellas con penetración y víctimas menores de edad”.

Tuvo más tiempo para arremeter contra Sánchez y agitar la teoría de la conspiración sobre el chantaje: “Todo estaba organizado, con grupos equipados y horarios. ¿Por qué lo permitió? Él sabrá. Y algún día lo sabrán los demás”.

En la exposición de otra iniciativa no legislativa de Vox, esta en el Congreso, la diputada Blanca Armario aseguró: “A saber qué le debe Sánchez a Marruecos. Pretenden hacernos creer que la valla se abrió con el viento, que nadie vio nada y nadie supo nada”.

En el PP y en Vox tienen claro que la gestión de la crisis de Ceuta está mellando al Gobierno de Sánchez, y para ello están dispuestos incluso a tensar las relaciones de su partido con Marruecos, aun siendo conscientes de que, cuando vuelvan a gobernar, tendrán que mantener sí o sí un buen trato con el país de Mohamed VI.

En la dirección de Feijóo sostienen que no, que no hay marcha atrás en su veleidad con Marruecos. “Ceuta marca un antes y después. Se acabó”, apuntan fuentes de la dirección, que sostienen que no es solo una frase: “Verbalmente y a futuro. Se acabó”.

“Lo tiene que solucionar antes del 12 de octubre”. El irónico consejo lo verbalizó el pasado lunes ante los periodistas un importante barón autonómico del PP tras la intervención del presidente de Ceuta, Juan José Vivas, en un acto informativo en Madrid. Dentro de un mes, España celebra su Fiesta Nacional, con el habitual desfile militar en el centro de la capital, que estará presidido por Felipe VI, Pedro Sánchez y Margarita Robles. Un escenario habitual para gritos e insultos contra los gobiernos progresistas en el pasado que amenaza con alcanzar este año su máxima intensidad.

Y el PP no dejará de aumentar la presión sobre un Gobierno que, dicen desde su dirección, “está roto” por la gestión de la crisis desatada en la ciudad autónoma con la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Aunque ven todavía “lejos” esa fecha del 12 de octubre, son conscientes de la reacción que puede producirse entre los asiduos a este tipo de fastos y tienen la fecha anotada en su calendario en rojo.

Este mismo viernes, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, acusó al presidente del Gobierno de “callar” y estar “de rodillas” ante Marruecos, después de un comunicado oficial del país vecino en el que rechaza haber sido partícipe de lo ocurrido en Ceuta. Marruecos apuntó: “Algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos”.

En el PP se dieron por aludidos. En otro comunicado oficial, el partido de Alberto Núñez Feijóo respondió que Marruecos es “responsable por acción u omisión” de la “invasión” de Ceuta. Pero el primer partido de la oposición ha movido su posición, al limitar dicha “invasión” al 30 de julio, cuando la semana pasada su líder aseguró en el Congreso: “Ceuta no sufrió una crisis migratoria, fue una invasión que continúa”.

Los de Feijóo han percibido desde el primer momento la intensidad de la crisis de Ceuta. Los mensajes de la oposición han ido aumentando su dureza conforme avanzaban los días para ejercer más presión sobre aquellos puntos débiles del Gobierno, y en consonancia con el enfado también creciente de la opinión pública.

Las críticas son inversamente proporcionales a la ayuda que las administraciones gobernadas por el PP y Vox están ofreciendo al Gobierno o a Ceuta. En Génova deciden “cada mañana”, según explicaba este jueves uno de sus dirigentes, qué posición les conviene más para atacar al Ejecutivo, sin prestar excesiva atención a la coherencia de sus mensajes.

Uno de los giros más notables tiene que ver, precisamente, con Marruecos. Al comienzo de la crisis, Feijóo intentó no enfrentarse con un país con el que España está obligada a mantener abiertas y fructíferas relaciones diplomáticas. Tanto por interés nacional como europeo. El líder del PP aseguró en agosto que él no iba a exigir “responsabilidades” a Marruecos, y atacó a Pedro Sánchez porque en 2018 no hizo su primer viaje oficial al país vecino.

Un mes después, el líder de la oposición señaló expresamente al país de Mohamed VI como actor indispensable de la “invasión” del 30 y 31 de julio. “La invasión se produjo porque 80.000 personas el día de la Fiesta del Trono, celebrada en Tetuán a 25 kilómetros, y pese a las estrictas medidas de seguridad, se dirigieron a la frontera y la superaron sin que su Gobierno ni Marruecos hiciera nada para impedirlo”, aseguró durante su réplica a las explicaciones que dio Sánchez en el Congreso. 

“Pánico” al 12-O

Pese al giro con Marruecos, Feijóo mantiene la presión total sobre el Gobierno, y quiere controlar él mismo toda la comunicación del partido. La idea es evitar, precisamente, que las declaraciones de barones o dirigentes puedan desviar la atención del foco, que quieren centrar en la gestión de la crisis y en la supuesta quiebra interna en el Ejecutivo.

En la dirección del PP no están dispuestos, por ejemplo, a que Isabel Díaz Ayuso vaya por libre y diga que si ella fuera “presidenta”, ya habría “roto relaciones con Marruecos”, mientras Feijóo sostiene, aun este viernes, que tiene “la voluntad de mantener una relación leal y estable con el Reino de Marruecos”.

Los focos del PP deben apuntar al Gobierno, sin desviarse. Y la imagen del rey, el presidente y la ministra de Defensa juntos en la tribuna de autoridades ese 12 de octubre llegará a caballo de las contradicciones públicas que hay entre el departamento de Robles y el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a cuenta de los avisos que llegaron, o no, de los servicios de inteligencia sobre lo que iba a ocurrir en Ceuta.

En este contexto, la Casa del Rey publicó en sus redes sociales una fotografía nada habitual: Felipe VI, vestido de uniforme, siendo informado por Robles y la plana mayor de las Fuerzas Armadas sobre “la situación en Ceuta desde el punto de vista de la defensa”.

“Le tiene miedo, pánico” al día del desfile, sostiene un barón autonómico, convencido de que si la crisis en Ceuta no se desvanece en las próximas cuatro semanas, la reacción de las personas que asistan al evento, donde los políticos de izquierdas son sistemáticamente abucheados, será más dura que nunca.

En el PP están convencidos de que el Gobierno acabará ante los tribunales por lo ocurrido en Ceuta. Marlaska lo dan por hecho. Y suspiran incluso con la investigación que la jueza María Tardón ha puesto en marcha en la Audiencia Nacional alcance al propio presidente del Gobierno.

Pase o no pase, el PP ha pedido personarse en la causa como acusación popular a lomos de los gritos que cientos de miles de personas profirieron en toda España durante las concentraciones del pasado 2 de septiembre, convocadas por Feijóo bajo el subterfugio de la Federación de Municipios y Provincias.

Al habitual “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” se sumó un “¡Pedro Sánchez, a prisión!” o “¡Sánchez, traidor!”, y otros gritos que denotan un importante aumento de la rabia en parte de la población. Una acusación, la de traición, que este jueves hizo suya Ayuso durante el debate sobre el estado de la región, para descontento de la dirección nacional del PP.

Durante las concentraciones hubo agresiones a periodistas y cargas policiales en las inmediaciones del Congreso. Pero, lejos de rebajar su agresividad verbal, el PP no ha hecho más que subirla.

Juan Bravo, tras sus declaraciones sobre Sánchez, acusó además al Gobierno de dejar “solo” a Juan Vivas en su reciente viaje a Bruselas para reunirse con cargos de la Unión Europea. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores afirman a elDiario.es que intentaron durante “tres días” reunirse en la capital comunitaria con el presidente sin obtener respuesta. “Nos dio largas y nos parece extraño”, sostienen esas fuentes.

En su visita a Madrid el pasado lunes, Vivas estuvo arropado por todo el PP, que ha hecho de la supuesta soledad del presidente ceutí una poderosa arma política. Vivas ha conseguido aunar en su persona todas las críticas y miedos que los habitantes de la ciudad autónoma han sentido y expresado desde la entrada masiva de julio.

No soltar a la presa

En el Gobierno estaban convencidos de que la crisis migratoria y humanitaria de Ceuta se autodisolvería con el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina de los españoles, pero la realidad se ha impuesto y la cuestión no dejan de escalar para un Ejecutivo en el que se dan versiones a veces contradictorias sobre lo ocurrido antes, durante y después del salto masivo.

Para intentar cerrar esa vía de agua, el Gobierno desclasificó y publicó 40 documentos de diferentes organismos para intentar apuntalar la tesis de que no recibieron avisos suficientes en los días previos que permitiera reforzar la frontera. Los informes no han permitido que escampe la tormenta. De hecho, este mismo viernes dimitió un alto cargo de la Delegación del Gobierno en Ceuta. En su carta de renuncia asegura que sí se trasladaron avisos a los ministerios.

La realidad es que la crisis permanece, y ha dado argumentos a la oposición para arremeter con más fuerza contra el Gobierno. Pero no solo. Las críticas han llegado también tanto desde Sumar (parte minoritaria del Ejecutivo y con poco papel en la gestión más allá de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego), como desde los aliados parlamentarios. Los más fieles y los más esquivos. Y el PP no va a dejar pasar la oportunidad.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado este jueves a primera hora un mensaje a todos los presidentes autonómicos de su partido para imponer un “mando único comunicativo” ante la escalada de la crisis política dentro del Gobierno por Ceuta y la desclasificación ayer de documentos de diferentes servicios de inteligencia. Pocas horas después, Isabel Díaz Ayuso se ha saltado la indicación al tildar de “traidores” a los miembros del Gobierno, una palabra que no está, de momento en el glosario de Feijóo.

El mensaje remitido a los barones, confirmado por elDiario.es en diferentes fuentes, busca que no haya “sobreactuaciones”, según han informado fuentes de la dirección nacional del PP. La imposición de ese “mando único comunicativo” llega después de que la presidenta de Madrid dijera a principios de esta semana que, si ella fuera presidenta del Gobierno habría “roto relaciones con Marruecos”.

Una declaración que no pasó desapercibida en las plantas superiores de Génova, que desautorizó a su baronesa a través de su portavoz, Borja Sémper.

Pero la desclasificación de los informes sobre la entrada masiva de personas en Ceuta ha motivado una nueva oleada de mensajes desde el PP de Madrid, donde no parecen haberse dado por enterados de la petición de su jefe. Fuentes de la dirección del partido de Ayuso aseguran a este medio que no se dan por aludidos por el wasap de su jefe y replican: “Nosotros somos muy disciplinados”.

En Génova tampoco pasaron desapercibidos algunos tuits publicados ayer por la tarde como reacción a la publicación de los informes sobre Ceuta. Entre ellos destaca uno del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien dijo: “Pedro Sánchez y todo el Gobierno serán juzgados por traición”.

El tuit de Miguel Ángel Rodríguez es previo al mensaje de Feijóo a sus barones. Pero Ayuso ha utilizado el mismo argumento durante su intervención en el debate del estado de la región, que se desarrolla este jueves en la Asamblea de Madrid.

Apenas dos horas después del wasap de su jefe de filas, Ayuso ha criticado desde la tribuna de oradores la “pasividad cómplice con Marruecos, que ha atacado a España sin resistencia”. “La única respuesta del presidente del Gobierno ha sido ignorar alertas previas”, ha añadido.

“Ya veremos el recorrido judicial que tiene y cómo se puede defender que premeditadamente dejara que tanto daño se produjera”, ha sostenido Ayuso, quien ha atacado a Sánchez como un “presidente ausente, chantajeado por intereses inconfesables, por lo que evita responsabilizar al guardián de sus secretos más íntimo, Marruecos”. “Él que se llama a sí mismo perro. Sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio”, ha apostillado.

Ayuso ha proseguido: “Él y sus ministros han mostrado una actitud vasalla, exigiendo respeto para ese país, mientras omite la firmeza para hacer que se respete a España”. Y ha concluido: “No pueden ser más traidores”.

Un mensaje separado de la dirección comunicativa de Génova, que de momento limita sus apreciaciones judiciales contra el Gobierno por Ceuta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En la tribuna de invitados, junto a su jefe de gabinete, este jueves estaba el 'número dos' de Feijóo, Miguel Tellado, quien ha escuchado todo en primera persona.

Este mediodía, después de estas frases de Ayuso, desde la dirección del PP insistían en exigir contención a sus barones, a quienes pedían “no sobreactuar” y que “las declaraciones sean medidas y dirigidas desde la dirección nacional” ante “la guerra desatada en mandos intermedios” del Gobierno que, han dicho, ellos sabrán aprovechar mejor. “Todos tienen micrófonos”, apuntan, en referencia a los barones. “Este momento no está para improvisar”, zanjan.

En el PP presumen de tener la certeza de que todavía hay informes sin desclasificar, y que terminarán filtrados a los medios, especialmente si los incluye en la investigación judicial la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, quien instruye una causa sobre lo ocurrido en Ceuta.

El Gobierno de Ceuta está personado en dicha causa como acusación particular. El PP ha pedido ser parte como acusación popular.

“Estos días comprobamos con el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes. De esos aliados con los que conviene contar en las crisis”. Así ha relacionado este jueves el expresidente del Gobierno José María Aznar la crisis migratoria de Ceuta con la ruptura de relaciones de España con Israel a cuenta del genocidio de Gaza. Una palabra, “genocidio”, que Aznar ha considerado vetada para hablar del país asiático: “Es antisemitismo puro y duro”.

Aznar ha presentado en un acto informativo en Madrid a la encargada de negocios de la Embajada israelí en España, Dana Erlich, actual máxima autoridad diplomática del país que gobierna Benjamin Netanyahu. El expresidente ha justificado la ofensiva militar de Israel contra Gaza como represalia por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El líder áulico del PP ha asegurado que el 7-O tuvo una “dimensión inédita desde la shoá”, el nombre hebreo para el holocausto nazi. “No fueron víctimas colaterales y no recibieron aviso previo; fueron cazadas como animales por ser lo que eran”, ha dicho sobre los israelíes asesinados por Hamás.

Aznar ha asumido algunos de los bulos que ya se han desmentido, como las “mujeres violadas y descoyuntadas” o de los “bebés asesinados delante de sus padres”.

El expresidente ha considerado que el ataque de Hamás de hace casi tres años fue “una acción terrorista de intención genocida, vesánica y perversa” que se cometió con “ánimo resuelto a exterminar al enemigo judío y desestabilizar la región”, ante la que algunos reaccionaron con “bajeza moral” que les dejó “retratados para siempre”.

Pero si los ataques de Hamás, con 1.200 fallecidos, tuvo “intención genocida”, la respuesta israelí, con decenas de miles de muertos, la expulsión de cientos de miles de personas y la destrucción absoluta de toda Gaza, no puede ser tildado de “genocidio”.

“Israel libra una guerra asimétrica de palmaria asimetría moral”, ha sostenido el expresidente, quien ha aseverado: “Tachar a Israel de estado genocida es de antisemitismo puro y duro”.

Aznar no se ha quedado ahí. El exlíder del PP ha asegurado que la expresión “desde el río hasta el mar es antisemitismo”, y que “ignorar” esto, “es antisemitismo del más bobo, que es el antisemitismo inconsciente”.

También es antisemitismo, según Aznar, “negar a Israel el derecho a defenderse en una guerra que no inició” o “negar la garantía de mantener su Estado dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas”.

“El repunte del antisemitismo debería preocuparnos” porque “no deja de una ser lacra bochornosa porque su signo político haya cambiado”. Una referencia a que el antisemitismo del siglo pasado, ultraderechista, se habría ahora convertido en una ideología de izquierdas. Aznar ha hecho esta afirmación la misma semana en que aficionados ultras del Real Madrid corearon “judío que veo, judío que pateo” o “España cristiana y no musulmana”. Unos gritos denunciados en el mismo acto por la actual máxima representante de Israel en Madrid.

Israel, “línea de defensa de occidente”

Aznar ha sostenido que Israel mantiene una “guerra contra el terrorismo”, y ha criticado que “algunos optaron por una política declarativa” contra Israel, “y pensaron que hablar del Estado palestino” era una “contribución a la paz”.

“Pero las declaraciones no cambian la situación sobre el terreno ni aproxima un palmo la solución de dos estados”, ha afirmado. “Lo que abre una expectativa de paz” es “lograr de forma definitiva que Hamás y cualquier otro satélite terrorista quede descartado”, ha dicho, para concluir: “Si se quiere Estado palestino, la victoria sobre Hamás es la única respuesta realista”.

Aznar ha justificado que “verse entra la espada y la pared, entre la yihad y el mar, explica algunas cosas” de Israel, en referencia al genocidio sobre Gaza o los ataques unilaterales contra Líbano e Irán, “que contempladas a 5.000 kilómetros desde sociedades convencidas de que la paz es irreversible y gratuita resultan muy difíciles de asimilar”.

El expresidente ha sostenido que “en un mundo cada vez más peligroso importa más que nunca tener socios fiables”. Le importa a Israel“, a quien no le ”basta con un único aliado, por potente que sea“, ha apuntado en referencia a EEUU.

Aznar ha pedido un “esfuerzo diplomático” para “limar asperezas y ampliar las colaboraciones en toda Europa, y también aquí”.

El expresidente ha sentenciado: “Estos días comprobamos con el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes. De esos aliados con los que conviene contar en las crisis”. Aznar ha añadido: “Israel es la línea de defensa más oriental de occidente. Y España es occidente”.

Por eso, ha insistido: “España debe recuperar cuanto antes una relación normalizada con Israel. La que nunca debió de perder con un aliado estratégico, que lo es por razones de más entidad que el prejuicio o el oportunismo”. “Los gobiernos son pasajeros, los intereses nacionales son permanentes”, ha dicho, para zanjar: “Olvidar las nociones de geografía e historia es un lujo que no nos podemos permitir”.

Israel enmudece sobre Pegasus

Tras Aznar ha intervenido Dana Erlich, quien ha acusado a todas las sociedades occidentales que denuncian el genocidio de Gaza de vivir engañadas y de participar en una teoría de la conspiración global contra su país. “Nos van a culpar hasta de la muerte de Manolete”, ha sostenido al arrancar su intervención.

Erlich ha denunciado que se usa la causa palestina como un “enfoque específico contra Israel”, y ha sostenido que la defensa del Estado Palestino “no ha mejorado o cambiado la vida de los palestinos ni de los israelíes de la región”.

“Para volver a la normalidad con el Gobierno español”, ha asegurado, “se necesita un cambio de relato, de política de declaraciones”, y ha denunciado que al Ejecutivo de Pedro Sánchez le “agradecen” los “terroristas e Irán. ”Quizá hay que pensar esa política“, ha dicho.

“¿Puede afirmar hoy que Israel reconoce inequívocamente la soberanía [española] sobre Ceuta y Melilla? ¿Si Marruecos plantea una reivindicación formal, qué posición adoptaría Israel?”, le han cuestionado en el turno de preguntas.

“Les confieso que cuando me desperté la mañana del 31 de agosto y vi que otra vez se encontró la oportunidad de culpar a Israel, estaba sorprendida”, ha afirmado, obviando que el embajador de su país en la ONU tildó a Ceuta de “colonia”.

“Conocemos los bulos contra Israel, pero me sorprendió que se repite una mentira que no tiene nada que ver”, ha afirmado, para sostener: “No tuvimos ninguna duda sobre quién tiene el control de Ceuta”, ha afirmado, sin usar la palabra “soberanía” ni responder qué harán si Marruecos la reclama.

De hecho, Erlich ha glosado las excelentes “relaciones históricas” de Marruecos e Israel. Pero no ha querido valorar el uso del 'software' israelí Pegasus para espiar a decenas de mandatarios europeos, entre ellos el presidente español o el francés, Emmanuel Macron.

Preguntada expresamente por qué su país se niega a colaborar con la justicia española para resolver el espionaje al jefe del Gobierno español, Erlich ha dicho que es un asunto que afecta a una empresa privada: “Se olvida que Israel es democrático. Las empresas no tienen obligación de dar información privada al Gobierno porque somos un país democrático. Solo esa empresa sabrá [qué ha pasado con Pegasus]. Hacer esas conexiones me parece parte de esas teorías de culparnos o esperar que hagamos algo”.

El Congreso aprobará este jueves una ley para dar la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en la excolonia española antes del 29 de septiembre de 1977, así como a sus descendientes directos. Una iniciativa de Sumar que llega a votación en plena escalada de la tensión con Marruecos a cuenta de la crisis migratoria de Ceuta. El PSOE votará a favor, al igual que harán sus socios (con la incógnita de una posible abstención de Junts), lo que garantiza el visto bueno a la norma. La ultraderecha de Vox se opondrá. Y el PP apunta a la abstención.

La norma inició su camino parlamentario en marzo de 2024 y ha pasado ya el examen de la Comisión de Justicia, donde el PP y Junts se abstuvieron en la última votación. Solo Vox se quedó en el ‘no’. Los de Alberto Núñez Feijóo votaron en contra del informe de la ponencia, pero modificaron su posición ante el dictamen final, aunque mantienen vivas algunas enmiendas que serán sometidas al pleno.

Los dos grandes partidos del Congreso han girado así 180º su postura en unos meses. En 2024, el PSOE rechazó la toma en consideración de la ley. Es decir, los socialistas querían vetar el propio debate parlamentario. Aquel día, el PP votó a favor.

La ley ha estado dormida durante casi dos años en la Comisión de Justicia, hasta que la pasada primavera se aceleró el procedimiento para la aprobación del texto el 23 de julio, apenas una semana antes de la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta.

Precisamente la crisis humanitaria desatada en la ciudad autónoma ha aumentado el interés de esta ley, y el cambio de posición del PSOE. El líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, modificó en 2022 la tradicional postura española en el conflicto abierto entre Marruecos y la excolonia española, que reclama desde hace medio siglo su independencia del reino de Mohamed VI.

España siempre apoyó las reclamaciones de autodeterminación del Sáhara Occidental. Pero Sánchez asumió en 2022 la propuesta de Marruecos para que la que fuera la provincia número 53 de España sea reconocida internacionalmente como parte de su territorio con un estatuto de autonomía propio.

El PSOE ha transitado así del ‘no’ al ‘sí’ a esta ley, después de que Sumar y el resto de partidos hayan asumido sus enmiendas. Y el PP ha hecho el camino contrario: del voto afirmativo pasó al ‘no’, y ahora desliza que su posición final será la abstención. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró este miércoles en una entrevista en La Sexta que España tiene “una deuda con el Sáhara”. “Estamos de acuerdo con darle la nacionalidad”, afirmó, “no como lo está haciendo el Gobierno”.

Una medalla que se apuntará Sumar

Fuentes de Sumar explicaban este miércoles que mantendrán hasta el último momento abiertas conversaciones con el PP para amarrar, como mínimo, su abstención. El contexto es favorable para que se apruebe la ley: los populares, y el resto de grupos de la Cámara con excepción del PSOE, han aumentado en las últimas semanas sus críticas a Marruecos a cuenta de la crisis humanitaria de Ceuta. Y los socialistas han confirmado su voto a favor pese a que llevan semanas midiendo sus declaraciones para no elevar la tensión con este país.

La aprobación de la norma supondrá un espaldarazo especialmente para Sumar. Y no solo porque haya sido la formación que más ha empujado para su puesta en marcha, sino porque, a diferencia del PSOE, sí ha señalado desde dentro del Gobierno la eventual responsabilidad del reino alauí en la entrada masiva que se produjo a través de la frontera a finales de julio.

Las fuentes de Sumar consultadas interpretan, en cualquier caso, que la posibilidad de que una parte de los saharauis puedan solicitar la nacionalidad española es un movimiento que no solo conlleva desventajas geopolíticas para Marruecos, lo que podría amortiguar su descontento. Los ciudadanos a los que se reconozca como españoles podrán emigrar más fácilmente, lo cual no beneficiará a un Frente Polisario necesitado de cuadros. Eso sí: estos ciudadanos obtendrán, entre otros, el derecho a la asistencia consular española ante cualquier abuso policial o militar por parte de Marruecos.

Sumar calcula que en torno a 100.000 saharauis podrían beneficiarse de la ley de concesión de la nacionalidad española: unos 50.000 que la poseían hasta que España se retiró del territorio tras la Marcha Verde, y otros tantos descendientes directos de estos. Según las fuentes de la formación consultadas, en torno a la mitad de estas personas continúan en territorio saharaui y el resto residen en los campamentos de refugiados, que se encuentran ubicados en Argelia.

Coincide con la polémica por la ‘ley de nietos’

Las críticas que el PP ha planteado, en relación a la forma —no tanto al fondo— de la ley que saldrá adelante este jueves coinciden con las planteadas por las derechas a la llamada ‘ley de nietos’, una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite adquirir la nacionalidad española a los descendientes de quienes se exiliaron durante la primera parte de la dictadura de Francisco Franco.

La aplicación electoral de esta norma, que pasó el trámite parlamentario en 2022 sin que PP ni Vox le prestaran atención, ha sido ahora suspendida cautelarmente por el Tribunal Supremo, quien ha paralizado así la inscripción en el censo de decenas de miles de personas que sí cuentan con la nacionalidad española, pero que no podrán votar.

El PP no ha hecho mención a esta cuestión durante el debate en comisión de la ley que afectará a los saharauis. Vox sí lo hizo. El diputado Carlos Flores aseguró en su última intervención: “Esta iniciativa se va a votar y se va a aprobar en un momento en el que nuestro Gobierno está regalando nacionalidades españolas, pasaportes y derecho al sufragio a paladas entre personas que carecen de cualquier vinculación propia con nuestro territorio”.

Previsiblemente, Vox será el único partido de todo el Congreso que vote en contra, argumentando estar “diametralmente en contra de sus implicaciones geopolíticas”. Para Sumar, el rechazo de la ultraderecha evidencia la falsedad del discurso antimarroquí y en defensa de Ceuta que ha esgrimido el último mes y medio. El pasado lunes, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, también diputado de IU, achacó la posición de Vox a su deseo de “no confrontar con su jefe supremo, que es Donald Trump”, habida cuenta de que Marruecos es el principal aliado de EEUU en la región.

Será necesario un documento oficial

La ley que se aprobará permitirá nacionalizarse como persona española a los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, fecha oficial del final del proceso de descolonización de la antigua provincia española.

Los interesados deberán aportar algún documento oficial que confirme este extremo, lo que ha llevado al PP y a Vox a criticar la norma por ser un “coladero” de nacionalizaciones, como, en su opinión, ha pasado con la ‘ley de nietos’.

Además, los descendientes directos, en primer grado, de estas personas podrán también reclamar la nacionalidad con posterioridad y en un plazo máximo de cinco años desde que su progenitor la adquirió formalmente. Y, para el resto de los saharauis, se reduce de 10 a dos años el tiempo de residencia en España que deberán acreditar para solicitar la nacionalidad, el mismo requisito que se establece para los nacionales de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, así como para los sefardíes.

PP y Vox hicieron tándem este miércoles, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso del curso político, para revitalizar la teoría de la conspiración en relación a la ley de nietos. Tanto el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, como su homólogo ultraderechista, Santiago Abascal, acusaron al presidente Pedro Sánchez de intentar “manipular” el censo electoral en su favor de cara a los comicios generales del año que viene, una acusación a la que Sánchez respondió con otra: PP y Vox, dijo, quieren “robar” a miles de “españoles” su “principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto”.

En la primera sesión ordinaria en la Cámara Baja tras el parón veraniego, el bloque de la derecha optó arrojar al Gobierno la decisión adoptada por el Tribunal Supremo el martes, cuando el Alto Tribunal decidió prohibir de forma cautelar que voten los descendientes de españoles que residen en el extranjero y han sido nacionalizados gracias a la conocida como ley de nietos, como pedían Vox y el pequeño partido Iustitia Europa. En torno a 306.000 descendientes de españoles han culminado el proceso para acceder a la nacional en virtud de esta norma, según los últimos datos disponibles, aunque lo cierto es que la participación de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones es, tradicionalmente, muy baja: en torno al 7%.

“Usted no está pendiente de la vivienda, no está pendiente de la calidad educativa, no está pendiente de la huelga sanitaria, no está pendiente del funcionamiento de la alta velocidad ni de que las familias no llegan a fin de mes: usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos, y parece que esto tampoco le va a salir bien”, le espetó Feijóo a Sánchez. En la misma línea se expresó pocos minutos después Abascal. “Vamos a derrotar sus intentos de manipular el censo electoral, como han intentado con la ley de nietos”, aseguró el líder de Vox, que celebró la decisión cautelar del Tribunal Supremo.

En respuesta, Sánchez recordó que la reforma que establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo fue aprobada el 5 de octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación parlamentaria. “Resulta que la ley de memoria democrática”, en la que está incluida esta disposición, ya se encontraba en vigor “cuando se celebraron las elecciones del año 2023”, en las que “el PP ganó el voto exterior, por cierto”, denunció el presidente, que acusó a PP y Vox de “cercenar el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles”.

“Nosotros queremos que todos los ciudadanos sean ciudadanos de primera, con los mismos derechos, y también con el derecho al voto”, afirmó asimismo Sánchez, que sostuvo que la derecha y la ultraderecha quieren perjudicar a “aquellos a cuyos padres y madres sus antepasados les obligaron al exilio”. “Ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto”, lamentó.

Una teoría conspirativa que viene de lejos

Las conspiraciones sobre la “ingeniería electoral” de Pedro Sánchez no son nuevas y se retrotraen casi hasta sus primeros meses como presidente. En los meses previos a las elecciones de 2023, las derechas alentaron expresamente los bulos sobre el voto por correo o la incidencia del voto exterior, y no dudaron en usar la palabra “pucherazo”. Feijóo y los suyos implicaron expresamente en el supuesto complot a Correos, al Instituto Nacional de Estadística, al CIS o a la empresa Indra, encargada del recuento. Sin embargo, aquellas elecciones se celebraron sin incidencias.

A principios de este año, las derechas recuperaron las acusaciones de manipulación electoral, aunque en esta ocasión señalando a la alteración del censo de residentes en el extranjero. Vox fue un paso más lejos y llevó el asunto a los tribunales, aunque lo que impugnó no fue ni la ley de memoria democrática —donde se incardina la conocida como ley de nietos, que ni el PP ni la propia ultraderecha criticaron cuando fue puesta en marcha— ni la instrucción de 2022 que desarrolla la concesión de la nacionalidad a descendientes de exiliados. El recurso de Vox, que ha estimado la justicia, es en relación a una decisión de la Junta Electoral Central del pasado 16 de julio que, precisamente, declinaba intervenir sobre el modo en que se conceden las nacionalidades y sobre la aplicación del censo.

La decisión judicial del martes sentó muy mal al Gobierno, que ha exigido al Tribunal Supremo que tome una decisión definitiva sobre este asunto antes de los procesos electorales de 2027. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que la disposición del Alto Tribunal tiene una “enorme trascendencia, porque estamos hablando de suspender el derecho a voto de miles de españoles”, “lo más sagrado que hay en democracia”, y sostuvo que “es urgente que el Tribunal Supremo dé prioridad a este asunto” y lo resuelva con la mayor celeridad.

“Teníamos razón”. Con estas dos solas palabras ha despachado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de buena parte de las personas que han adquirido la nacionalidad española a través de la llamada ‘ley de nietos’. Una medida que el alto tribunal no ha tomado por un recurso del PP, sino de los partidos Iustitia Europea y Vox, y que les sirve para alentar sus denuncias de un supuesto “pucherazo electoral” promovido por el Gobierno.

Las conspiraciones sobre la “ingeniería electoral” de Pedro Sánchez no son nuevas y se retrotraen casi hasta sus primeros meses como presidente. En los meses previos a las elecciones de 2023, las derechas alentaron expresamente los bulos sobre el voto por correo o la incidencia del voto exterior, y no dudaron en usar la palabra “pucherazo”.

Feijóo y los suyos implicaron expresamente en el supuesto complot a Correos, al Instituto Nacional de Estadística, al CIS o a la empresa Indra, encargada del recuento.

Aquellos comicios pasaron sin incidencias significativas. Con las urnas cerradas, y pese a que Feijóo no pudo gobernar por apenas un puñado de votos, las acusaciones decayeron. El voto de los residentes en el extranjero (CERA) cambió un diputado en aquellas generales: en Madrid y a favor del PP.

El ruido sobre las dudas ante los procesos electorales se redujo tras los comicios, al menos el que partía del primer partido de la oposición. Pero regresó cuando volvió a haber convocatorias a las urnas a finales de 2025 en Extremadura y en la primera parte de este 2026.

El PP y Vox no solo no han parado sus insinuaciones, sino que las han elevado de tono. Y el Tribunal Supremo ha tomado una decisión provisional que abona sus teorías.

El alto tribunal paralizó este martes de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’, lo que les podría privar de su derecho al voto en las elecciones autonómicas y generales previstas para 2027, salvo que acrediten documentalmente, tras un largo proceso burocrático, que son descendientes de exiliados. El Supremo no tiene ningún plazo concreto para dictar una sentencia definitiva.

El acuerdo judicial establece que quienes hayan obtenido la nacionalidad española de origen mediante una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 continuarán la tramitación de su expediente de inscripción en el llamado Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Sin embargo, una vez finalizado el expediente, su inscripción quedará suspendida hasta que se dicte sentencia firme.

Hasta la emisión de la sentencia, también se suspende el derecho al voto para las personas que ya están inscritas bajo este mismo supuesto para los sucesivos procesos electorales que se convoquen.

Todo deriva de una ley de 2022 y de una instrucción posterior del Ministerio de Justicia que no fue recurrida en su momento por ninguno de los partidos que ahora pugnan por patrimonializar la decisión del Supremo. Sí lo llevó a los tribunales otra organización minoritaria, pero el TSJ de Madrid lo desestimó por falta de legitimidad.

No ha sido hasta este año cuando las derechas se han lanzado contra la norma. Pero Iustitia Europea y Vox no han recurrido ni la ley ni la instrucción de 2022, sino una decisión de la Junta Electoral Central del pasado 16 de julio. Un organismo administrativo que depende del Congreso de los Diputados y del que forman parte ocho magistrados del Supremo. Una de ellas, Pilar Teso, forma parte de la propia sala que ahora ha tumbado la decisión que ella aprobó.

PP: El Gobierno pretendía alterar las elecciones

La decisión del Supremo ha suscitado una guerra por llevarse el mérito. “El Supremo le acaba de dar la razón al PP, y el Gobierno va a tener que explicarse y asumir responsabilidades”, aseguró el martes en un videocomunicado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, responsable del argumentario interno tanto en este asunto y en otros de gran relevancia como la crisis de Ceuta.

Ezcurra es una de las portavoces más duras del PP. ‘Ayusista’ que ha escalado hasta la cúpula de la dirección nacional, dijo que “la justicia” ha impedido el “intento del Gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral”.

“Porque el Gobierno pretendía, con todo el descaro, alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder”, dijo la también eurodiputada sin aportar una sola prueba. “Hablamos de más de dos millones y medio de solicitudes, más de medio millón de nacionalidades ya concedidas y apenas un 2% de denegaciones. Todo deprisa, todo sin garantías. Y todo a pocos meses de unas elecciones. ¿Raro, no?”, se cuestionaba Ezcurra, quien obvió en su declaración enlatada que el papel del Gobierno en esta ley concluyó en 2022.

“Los españoles merecen saber que Sánchez ha utilizado una instrucción de la hermana de Óscar Puente para acelerar nacionalizaciones en masa, para rebajar garantías y alterar el censo electoral sin un debate parlamentario a la altura de una decisión de esa magnitud”, añadió la dirigente del PP, cuyo partido no mencionó una sola vez ninguna pega a la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática de la que nace el procedimiento ahora suspendido.

“La nacionalidad española es un honor que no se regala”, concluyó su mensaje Ezcurra. El problema es que el Supremo no ha suspendido ni puesto en duda el derecho a la nacionalidad española de esas personas, sino su inscripción en el censo electoral bajo el método acordado por la Junta Electoral.

Desde el Gobierno, el ministro Félix Bolaños aseguró “no compartir” la decisión de los jueces del Supremo y les pidió que tomen una decisión definitiva “lo antes posible”, ya que se trata de “lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto”.

Guerra con Vox

El PP lanzó a sus portavoces a reivindicar el teórico éxito cosechado en el Supremo, aunque su papel jurídico ha sido nulo. Tanto, que la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, optó por felicitar en redes sociales al otro partido que sí ha participado en los recursos, el minoritario y extraparlamentario Iustitia Europea.

Gamarra habla de un “trabajo colectivo que hace que hoy sea un gran día para la Nación”.

Las respuestas de Vox no se hicieron esperar. También en redes sociales, el partido de Santiago Abascal acusó al PP de no actuar, y recordó cuando el hoy líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba como presidente de la Xunta de Galicia que se facilitara la participación en las elecciones de los descendientes de los emigrados al cono sur americano.

El tuit de Vox fue respondido por Ezcurra: “Pelear por medallitas es perder el tiempo”.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, salió al paso. Ante una sala de prensa vacía en el Congreso, lanzó su dardo al PP: “Unos se limitaron a avisarlo. Otros hemos logrado detener el objetivo de Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales”.

“En los días previos, la situación era alarmante. Desde luego, no podíamos presumir que se iba a producir esa entrada masiva de 80.000 personas. Pero sabíamos, por los medios de comunicación locales, que en una semana habían entrado 1.500 personas, y que en una semana la acogida de menores había pasado de 180 a 800, un ambiente que indicaba que algo pasaba”. Así ha explicado este lunes en Madrid el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cómo vivió las horas previas a la entrada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma el pasado mes de julio.

Vivas ha participado en un acto informativo en el hotel Four Seasons de la capital, rodeado por la plana mayor del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza y presentando al dirigente ceutí, y por un nutrido grupo de presidentes autonómicos del partido. De todos, el moderador solo ha elegido a Isabel Díaz Ayuso para que tomara la palabra.

En su presentación, el líder de la derecha ha sostenido que “el Gobierno actual está a la deriva” y que “no garantiza la seguridad del Estado”, y ha reiterado su petición de que sean deportados en bloque todos los inmigrantes que permanecen en Ceuta, pese a las limitaciones que impone la ley.

“Defender Ceuta no consiste en incendiarla, sino en protegerla para que esta crisis no acabe por destruirla”, ha sostenido Feijóo, que ha dado la palabra a un Vivas que ha dibujado una ciudad postapocalíptica a punto de la implosión social.

El presidente de Ceuta ha desvelado durante su intervención la conversación que mantuvo con el jefe del Estado en el Palacio de Marivent el pasado mes de agosto. Según el presidente ceutí, Felipe VI se comprometió ya entonces a realizar una visita oficial a Ceuta.

No es la única conversación que ha revelado Vivas. El presidente de Ceuta ha asegurado que Feijóo le dijo en una primera conversación tras la entrada masiva “que cuando está en juego la integridad territorial, la soberanía, lo más importante es defender la integridad y la soberanía por encima de cualquier cosa”.

“Una olla a presión”

“Ceuta ha dejado de ser lo que era. Es un trauma enorme”, ha sostenido Vivas, quien ha asegurado que sus conciudadanos “han perdido la tranquilidad y la alegría”. “Viven con el alma en vilo”, ha zanjado, a causa de las alrededor de 10.000 personas que permanecen en la ciudad autónoma desde los pasados 30 y 31 de julio.

Según Vivas, los ceutíes “han tenido que cambiar sus hábitos de vida”. “La crispación social crece por momento. Los altercados son continuos”, ha asegurado.

“La capacidad de acogida está sobrepasada”, ha dicho Vivas. “Ceuta se está llenando de albergues provisionales” y la gente se pregunta si “tendrá fin” o “será para siempre”.

“Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar” porque está en “una situación límite que no puede aguantar”. “Ceuta no tiene margen temporal”, ha explicado.

Vivas ha señalado a Marruecos y al Gobierno como responsables directos de la entrada masiva de personas. “¿Quién está detrás del golpe? Yo estoy convencido de que está Marruecos. Lo digo abierta y responsablemente, pero todos los indicios apuntan a eso”, ha asegurado Vivas, sin exponerlos. En su opinión, “Marruecos utiliza el control fronterizo y la presión migratoria como un instrumento al servicio de sus fines, para poner en jaque a un Estado miembro de la UE”.

Contra el Gobierno

Pese a ser responsable “del golpe”, las críticas de vivas se han dirigido contra otro actor: el Gobierno.

“El comportamiento del Gobierno no ha sido el adecuado. No ha estado a la altura de las obligaciones constitucionales. Ni antes, ni durante ni después” de la crisis, ha dicho.

Vivas ha abundado en que el Gobierno tenía la información pertinente para haber predicho lo que iba a suceder, aunque ha reconocido que él mismo no sabía de la magnitud de la crisis.

“En los días previos, la situación era alarmante. Desde luego, no podíamos presumir que se iba a producir esa entrada masiva de 80.000 personas, pero sabíamos por los medios locales que en una semana habían entrado 1.500 personas. Que en una semana, la acogida de menores había pasado de 180 a 800, un ambiente que indicaba que algo pasaba”, ha sostenido.

“Espero que la verdad se conozca en todos sus términos”, ha dicho.

Para Vivas, “la vuelta a la normalidad solo tiene un camino, el retorno a su país de origen a todos los que entraron y aún permanecen en la ciudad. No hay otra salida”. Una opción que pasa por saltarse la ley aunque Vivas ha defendido que “es una alternativa posible” que “solo supone voluntad política”. “Si se quiere y se pone medios, se hace”, ha zanjado.

Vivas ha reclamado que el Gobierno marque ya cuándo va a ocurrir: “Le pedimos al Gobierno que concrete la fecha en la que Ceuta va a volver a la normalidad”.

La relación entre PP y Vox es una de las cuestiones fundamentales de la política española ante el inminente ciclo electoral, que repartirá en 2027 buena parte del poder en España, incluido el Gobierno central. Los dos partidos juegan al doble discurso. El de Alberto Núñez Feijóo transita entre la defensa de sus alianzas autonómicas y la incumplida promesa de gobernar en solitario. Los de Santiago Abascal señalan a sus socios como “el PSOE azul” para luego investir a sus barones. Los datos desbrozan la realidad y muestran una amplia coincidencia: en esta legislatura han votado lo mismo el 80% de las veces en el Congreso.

La presente legislatura comenzó su andadura parlamentaria ordinaria tras la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, y desde el primer momento la coincidencia entre el PP y Vox ha sido la constante. Ambos iniciaron su relación con el voto conjunto al fallido intento de Feijóo de ser presidente del Gobierno y el rechazo a la reforma del Reglamento para regular el uso de los idiomas cooficiales. Y la entente se ha afianzado.

En ese último trimestre de 2023, PP y Vox se posicionaron juntos el 79% de un total de 28 votaciones. La coincidencia aumentó en 2024, siempre por encima del 80% y rozando el 90% en el primer y cuarto trimestre del año.

A la relación no le afectó la ruptura de los primeros gobiernos autonómicos entre el PP y Vox. Los de Abascal rompieron ese verano y abandonaron sus cargos ante el desplome en las encuestas, y con la excusa de rechazar el acogimiento de menores migrantes procedentes desde Canarias, donde se vivía una crisis humanitaria.

Aunque esa ruptura no tuvo consecuencias directas, 2025 sí fue el peor año en la relación entre el PP y Vox en la actual legislatura. Especialmente el tercer trimestre, coincidiendo con el verano, cuando se registró un discreto 71% de coincidencia en las 77 votaciones que se celebraron entre julio y agosto.

Del “Gobierno en solitario” a la “prioridad nacional”

Es el menor nivel de entendimiento de toda la serie analizada, y coincide en el tiempo con el XXI Congreso Nacional del PP. Fue el cónclave que renovó el mandato de Feijóo como líder del partido y en el que proclamó su intención de no gobernar con Vox.

“Yo quiero un Gobierno en solitario”, dijo Feijóo, sin prometer hacerlo. Lo que sí anticipó fue que no haría un “cordón sanitario” a Vox. “No habrá coalición”, aseguró su ‘número dos’, Miguel Tellado, al día siguiente.

El leve desencuentro fue, con todo, un espejismo. La última parte de 2025, y especialmente este 2026, son buena muestra de la sintonía, con coincidencias de hasta el 90%.

2026 es el año del ‘rally’ electoral ideado por el PP precisamente para desembarazarse de Vox en las comunidades autónomas. Pero las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía demostraron justo lo contrario: la dependencia mutua de las derechas para gobernar.

Un año después de esa promesa en dos tiempos de vetar a Vox para los gobiernos, los ultras detentan las mismas cuatro vicepresidencias que tenían en 2024 y han introducido con éxito el concepto de “prioridad nacional”, que el PP ha asumido plenamente.

Pero la relación entre el PP y Vox no está equilibrada. Pese a esa asunción de la “prioridad nacional” por parte de los de Feijóo, y pese a la dureza contra sus aliados que los de Abascal muestran de forma habitual, son los ultras los que apoyan más a la derecha clásica. Mucho más.

Los datos públicos de votaciones parlamentarias son claros: Vox ha votado a favor del 90% de las propuestas presentadas por el PP, pero solo ha recibido apoyo en un cuarto de las suyas.

Así, el PP se ha abstenido o ha optado por no votar el 41,9% de las iniciativas presentadas por Vox. El voto negativo en poco más del 32%, un total de diez propuestas. Y solo ha votado a favor en el 25%.

En sentido contrario, los números son contundentes. Vox ha apoyado el 90,9% de las iniciativas firmadas por el PP, según los datos que constan en la web del Congreso. Eso supone un total de 30 'síes'.

Los de Abascal solo han votado 'no' a una propuesta del PP (para asegurar juzgados especializados y formación obligatoria en violencia de género para jueces y magistrados) y se ha abstenido o se ha ausentado en dos (una para incrementar los controles de alcohol y drogas en conductores profesionales, la otra para reconocer el sistema alimentario como un sector estratégico esencial para España).

La polémica por la compra opaca de un ático de más de seis millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid no ha roto la entente que mantienen Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso desde que el gallego aterrizó en la capital, hace ya más de cuatro años, para hacerse con las riendas del PP. Aunque en el partido se ha extendido la idea de que la gestión de la crisis por parte del Gobierno regional y de su lideresa es muy mejorable, a nadie se le pasa por la cabeza su caída o que se active una operación para descabalgarla a las puertas de uno de los ciclos electorales más importantes para la derecha.

Pese a la rumorología que se ha extendido por Madrid en las últimas semanas, todas las fuentes consultadas por elDiario.es dan por hecho que Ayuso será la candidata del PP en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo y que repetirá como presidenta regional al frente de uno de los gobiernos regionales más importantes, tanto económica como demográfica y políticamente.

No hay un enfrentamiento abierto entre la dirección nacional y la madrileña, apuntan desde ambos espacios. No existen maniobras internas para que, a nueve meses de que se coloquen las urnas, el PP prescinda de uno de sus principales activos electorales, fundamental para taponar la posible fuga de voto hacia la extrema derecha.

“No hay fuego amigo”, aseguran desde la dirección del PP de Madrid, que dicen desconocer cuál es el origen de la información que permitió a ‘El País’ adelantar la compra del ático. “Pudo ser cualquiera”, apuntan sobre el origen de la información.

Mayoría absoluta en riesgo

En el PP de Madrid descartan que pueda tener relevancia electoral. “Es un tema estirado artificialmente por la izquierda política y mediática”, sostienen las mismas fuentes, que consideran que el asunto tendrá “entre poca y ninguna repercusión” en las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

Tampoco en las plantas altas de Génova temen un descalabro electoral de Ayuso, aunque algunas voces no descartan que pueda tener cierta incidencia en el voto y ponga más difícil a la madrileña reeditar una mayoría absoluta que, dicen, ya tenía complicada antes de la polémica.

El ciclo electoral de la primera mitad de 2026, ideado por el PP para desprenderse de la dependencia de Vox, supuso justo lo contrario: la constatación de que la derecha y la extrema derecha se necesitan para gobernar.

El PP no solo no logró la esperada mayoría absoluta en Extremadura, sino que la perdió en Andalucía, retrocedió en Aragón y se quedó más o menos como estaba en Castilla y León.

El año que viene se repartirá buena parte del poder autonómico y todo el local, y en el PP ya nadie quiere acordarse de la promesa de gobernar en solitario lanzada por Feijóo hace apenas un año. Y ni siquiera dan por hecho que Ayuso podrá retener un poder omnímodo.

Nada que ver con Casado

Las fuentes consultadas por elDiario.es revelan que las direcciones nacional y autonómica del PP se pusieron en contacto inmediatamente después de que se conociera la irregular compra del ático. Miguel Tellado llamó a Alfonso Serrano y ambos secretarios generales hablaron de cómo gestionar la crisis abierta.

Una de las principales misiones del reducido equipo que acompañó a Feijóo en su viaje de Galicia a Madrid fue la de ganarse al PP de la región. Y Tellado es, desde 2022, el principal nexo de unión entre ambas direcciones. Además, la comunicación entre los gabinetes de ambos líderes es fluida y constante, aunque no siempre el resultado sea el buscado.

El predecesor de Feijóo, Pablo Casado, fue defenestrado precisamente por una guerra fratricida abierta entre él y Ayuso, dos buenos amigos hasta entonces, por el control del partido.

Los fantasmas de aquella guerra amenazaron con reaparecer este mes de agosto, cuando Feijóo abordó la polémica del ático en una entrevista para Europa Press.

El líder del PP no se desmarcó de la línea argumental mantenida por Sol. Primero, que estaban previstas unas obras en la sede oficial del Gobierno autonómico. Segundo, que cualquier explicación sobre la adquisición debían recaer en el departamento del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

El problema no fue el contenido de la entrevista, sino las declaraciones en sí, que se hicieron públicas el domingo 23 de agosto, cuando en el PP de Madrid pensaban que el suflé de la polémica comenzaba a bajar, en buena parte gracias a las fuertes críticas por la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno central.

Las palabras de Feijóo reactivaron las preguntas sin responder sobre la compra del ático. Los medios cuestionaron directamente a Ayuso, quien sorprendió a propios y extraños con un exabrupto que, sin ser del todo inesperado en su boca, dentro del PP sí se considera un error: “Está en venta, chao pescao”.

En defensa de Ayuso

En la dirección del PP de Madrid quitan hierro a las declaraciones de Feijóo, que sitúan en la salida “típica” que eligen los políticos ante preguntas que pueden resultar complicadas: tirar de argumentario y limitarse a pedir que se “explique” lo ocurrido.

En el PP de Madrid descartan cualquier paralelismo entre la actual relación con Génova y la guerra con Pablo Casado y lo tachan de “ruido” en redes sociales.

“No tiene nada que ver”, sostienen. Y aseguran que a Casado no se lo llevó por delante que denunciara la corrupción de Ayuso, que no existió “porque la Justicia lo desmintió”, sino por “usar un bulo para atacar a su compañera de partido”.

Un supuesto “bulo” que sigue publicado en la cuenta de Twitter del PP cuatro años después.

Lo cierto es que la dirigente regional es intocable para la militancia, que mantiene una fervorosa pasión por ella.

Esta misma semana, en la concentración convocada contra la gestión del Gobierno en Ceuta por el PP bajo el paraguas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), volvió a llevarse la mayor ovación entre las decenas de miles de personas concentradas en la madrileña plaza de Cibeles.

Mientras el resto de dirigentes presentes, entre ellos Feijóo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, abandonaron el acto poco después de finalizar, la presidenta se dio un baño de masas tras atender a los medios y obviar las preguntas referidas al ático, haciendo bueno ese “chao pescao” de finales de agosto.

Pese a algunos comentarios en voz baja y siempre en privado, la dirección del PP y todos los barones autonómicos han cerrado siempre filas con la presidenta madrileña.

Incluso cuando, como el pasado viernes, les pone en un compromiso al promover unilateralmente un boicot al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que aprobó la nueva financiación autonómica y en el que se quedó sola.

No es la primera vez que Ayuso marca el camino a sus compañeros de partido, o que lo intenta, si bien es cierto que con menos éxito que en el pasado.

Pero ni siquiera los delitos fiscales confesados por su pareja, Alberto González Amador, ni las investigaciones judiciales abiertas para determinar la legalidad de su relación con el grupo sanitario privado Quirón, el principal contratista de la Comunidad de Madrid, han hecho mella en el respaldo del PP a Ayuso.

Este mismo mes de agosto, y pese a los rumores sobre una posible separación, ella misma habló en presente de su “familia política” y la relación que tienen con Ceuta. En el PP de Madrid declinan hacer cualquier comentario al respecto.

En esa misma entrevista, publicada el 19 de agosto, aseguró que, por ahora, no tiene intención de visitar Ceuta. “No se puede utilizar como un escaparate”, dijo. Ese mismo día, su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, visitaba la ciudad autónoma. Al día siguiente, lo hizo el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.

Con todo, la relación entre Feijóo y Ayuso es buena, mejor de lo que fue al principio del mandato del gallego. Al menos en público. Como apuntan desde la dirección nacional, el líder del PP no ve en ella el peligro para su posición en el partido que sí percibió Casado en su momento. Sabe que las próximas elecciones generales serán su última oportunidad: si gana, gobernará; si pierde, se irá a su casa.

Ambos han compartido decenas de actos en los últimos años, y a Feijóo se le ha ido viendo más cómodo con el paso del tiempo, fruto de la metamorfosis madrileña sufrida por el dirigente gallego desde 2022. Este mismo fin de semana, Feijóo ha vuelto a respaldar a Ayuso en el acto de inicio de curso político celebrado en el municipio madrileño de Getafe. La entente sigue en vigor.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido boicotear al Gobierno central y ha adelantado que no asistirá a la reunión de este viernes que pretende aprobar el nuevo sistema de financiación autonómico. La Comunidad de Madrid ha pedido al resto de regiones gobernadas por el PP que se sumen y planten a Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque Génova ha adelantado que los presidentes autonómicos tienen libertad para decidir si asisten a la reunión o no.

A finales de julio, las comunidades autónomas gobernadas por el PP pidieron al Ministerio dirigido por Arcadi España posponer el encuentro hasta este viernes y, pese a la petición del Gobierno de Ayuso, todavía se desconoce si estas se sumarán al 'no'. El gobierno regional ha criticado que lo que se propone es un sistema de financiación “que rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas”. El anuncio se produce en plena polémica por la compra del ático de 6,3 millones de euros de la Comunidad de Madrid, justo un día después de que se conociera que la propia Ayuso lo visitó después de la adquisición.

El objetivo, según precisa el Gobierno autonómico, es que no haya quorum mañana en la reunión y que no pueda aprobarse el plan del Gobierno de Pedro Sánchez. “La ausencia de todas las CCAA gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles”, indican.

Feijóo da libertad a las comunidades

Fuentes de Génova precisan a elDiario.es que este tipo de decisiones se tienen que tomar dentro de los propios gobiernos autonómicos y que la Dirección Nacional del partido “no impone un criterio” único. Los de Alberto Núñez Feijóo dan así libertad a los presidentes regionales para asistir o no a al reunión según los intereses de sus respectivas comunidades autónomas.

Por ahora, al menos otra comunidad del PP ha adelantado que asistirá: la Comunitat Valenciana. Esta semana habían presentado alegaciones al modelo que han sido rechazadas, según fuentes del Gobierno valenciano, que avanzan que votarán en contra. Informa Sergi Pitarch. Aragón también acudirá a la reunión, así como Castilla y León, Canarias, Extremadura y la Región de Murcia, que “no contempla no asistir”.

La propuesta del modelo de financiación

Lo que el CPFF pretendía era aprobar la propuesta para reformar este modelo de financiación de las comunidades, doce años después de que el anterior caducara. Contaba con el sí del propio Gobierno central, de Catalunya y de Canarias, que propició a que el encuentro se retrasara. Aunque, en realidad, podía salir adelante solo con el apoyo de la comunidad gobernada por Salvador Illa.

El modelo propuesto por el Gobierno central contempla una inyección adicional de 21.000 millones de euros que, señalan, beneficiará a todos los territorios y no solo a Catalunya, que es la principal de las críticas del Ejecutivo de Díaz Ayuso. Andalucía es el territorio que recibirá más recursos adicionales, según el planteamiento de Hacienda, con 4.800 millones de euros; seguida de Catalunya (4.600 millones), la Comunitat Valenciana (3.600 millones) y la propia Comunidad de Madrid (2.555 millones).

La toma de consideración del proyecto de financiación autonómica, cuya aprobación está garantizada por el apoyo de Catalunya y Canarias, es el paso previo a que la norma pase por el Consejo de Ministros. Pero está en el aire que la reforma salga adelante, toda vez que los votos de Junts son necesarios y se ha mostrado en contra de todo lo que no sea un concierto económica para el territorio.

La Comunidad de Madrid ya lideró un plante similar en una reunión del CPFF del año pasado, en el que la entonces vicepresidenta María Jesús Montero presentó el proyecto de condonación de más de 80.000 millones de deuda pública de las comunidades autónomas. Entonces, la reunión se conformó pero cuando se llegó al punto del orden del día tocante a la quita, todos los consejeros del PP se levantaron y abandonaron la reunión. Hubo quorum suficiente y el proyecto se aprobó con la abstención de los populares. En el caso de la Comunidad de Madrid, su Gobierno presentó un recurso alegando que la aprobación se había hecho sin el número suficiente de asistentes, pero sin éxito.

Hacienda lamenta el llamamiento “irresponsable” de Madrid

Fuentes del Ministerio de Hacienda han lamentado el llamamiento “irresponsable” de la Comunidad de Madrid y han destacado que en las reuniones preparatorias de la cita del viernes, la última celebrada esta misma mañana en la capital, “ha transcurrido en un clima de normalidad y ninguna comunidad autónoma ha trasladado su intención de no acudir”. De hecho, recuerdan que aceptaron posponer la reunión a petición de los populares y que les ha remitido mayor detalle de su propuesta durante el verano.

“El gamberrismo institucional no impedirá que el Gobierno siga con la mano tendida a todos los territorios y grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma de la financiación autonómica imprescindible para garantizar mayores recursos para sanidad, educación, servicios sociales o vivienda”, dicen desde el departamento que lidera Arcadi España.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no actuar contra Marruecos a cuenta de la crisis de Ceuta por “miedo” al país de Mohamed VI, y le ha amenazado: “La va a pagar ante la Justicia y las urnas”. Así se ha expresado en su réplica a la intervención de Sánchez ante el Congreso para explicar lo ocurrido en la ciudad autónoma el pasado mes de julio.

El presidente ha asegurado en su primera intervención que no hay pruebas de la implicación de Marruecos en la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta los días 30 y 31 de julio, pero Feijóo lo ha negado y ha deslizado que el espionaje a Sánchez de 2020 con el 'software' israelí Pegasus atribuido a Marruecos está detrás de la supuesta inacción del Gobierno.

“Durante diez horas, la gendarmería marroquí dejó entrar a todo quisqui. Y usted se queda de brazos cruzados. ¿Por qué? ¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional España no puede tener un presidente bajo chantaje. España no puede tener un presidente bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como esta”, ha dicho Feijóo.

“Los españoles están perplejos ante la violación de la integridad territorial” del país, ha sostenido Feijóo, quien ha cifrado en “millones” la asistencia a las concentraciones celebradas este miércoles en diversas ciudades españolas en apoyo de Ceuta, en las que hubo agresiones a periodistas y disturbios. El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el PP, cifró en 150.000 la asistencia a la cita en la capital.

Feijóo ha reprochado toda la gestión de Sánchez. Antes, durante y después de la crisis. “Ha venido a decir que no se enteró de nada” y que, por tanto, no tienen “responsabilidad ni culpa alguna”. “Si esta es la verdad dimita por incompetente; y si es falso, dimita por cómplice”, ha espetado. “Es evidente que usted ya no ha venido a hablar como presidente del Gobierno, lo cual es una ventaja y un acto de realismo”, ha sostenido.

“Ceuta no sufrió una crisis migratoria, fue una invasión que continúa”, ha dicho Feijóo, en referencia a los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma. “Lo dijo usted mismo, diagnosticó un ataque contra la integridad territorial de la nación y acto seguido se largó”, le ha reprochado por sus vacaciones. “Se largó a compartir la banda sonora de su verano”, ha lamentado, para señalarle como “Nerón con TikTok y con una frialdad que asusta”.

Para Feijóo, lo ocurrido el 30 y el 31 de julio está claro. “La invasión se produjo porque 80.000 personas el día de la Fiesta del Trono, celebrada en Tetuán a 25 kilómetros. Y, pese a las estrictas medidas de seguridad, se dirigieron a la frontera y la superaron sin que su Gobierno ni Marruecos hiciera nada para impedirlo”, ha sostenido.

“La conclusión era evidente desde el principio”, ha dicho Feijóo, quien ha afirmado que sí han existido “informes previos al ataque” que advertían de lo que iba a ocurrir, y ha dado valor al informe policial que, a petición de la jueza, infiere la participación de Marruecos en la crisis de Ceuta con vídeos de redes sociales sin verificar como única prueba“.

“El Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello”, ha espetado Feijóo, quien ha tildado de “guerra híbrida” lo ocurrido, y ha reclamado que “no oculte los hechos” que apuntan a Marruecos. “Usted y su Gobierno nos ha mentido a la cara todo el tiempo y lo vuelve a hacer en esta comparecencia. Lo sabía y lo tapó, y lo sabe y lo tapa en la mañana de hoy”, ha dicho.

El líder del PP también ha criticado al presidente por “convocar de tapadillo” a la embajadora de Marruecos el pasado mes de agosto, menos de 24 horas después de que él mismo solicitara dicha reunión.

Feijóo ha recordado que el PP está personado en la causa que se ha abierto en la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido. Una investigación, ha vaticinado, que “probablemente escale al Tribunal Supremo”. “Señor Sánchez, la va a pagar ante la Justicia y las urnas”.

Sánchez: ¿Dispararían a civiles?

En su réplica, el presidente del Gobierno ha pasado al ataque. “¿En qué hubiera diferido su gestión de la nuestra? El señor [Alberto Núñez] Feijóo y el señor [Santiago] Abascal han venido a decir que no hemos protegido nuestras fronteras. Qué es lo que habrían ordenado? ¿Habrían ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que se encontraban en el Tarajal disparar a la población civil? ¿Habría preferido ese Gobierno del PP con Vox matar a cientos, quizá miles de jóvenes, muchos de ellos menores, para evitarse tener que gestionar una crisis de acogida al otro lado de la frontera? Un Gobierno del PP con Vox descolgando el teléfono para exigir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hagan, eso no lo quiero para mi país”, ha dicho.

“No sé cómo creen ustedes que hubiera reaccionado la sociedad española ante esas imágenes, ni tampoco la comunidad internacional”, ha proseguido Sánchez. “¿Cómo habrían respondido los propios agentes fronterizos? ¿Cree que habrían contravenido todas las leyes y códigos éticos que les obligan a preservar la vida humana por ahorrarle a usted un problema político?”, ha concluido.

El informe de la Policía que señala la participación de Fuerzas de la Seguridad marroquíes no hace virar al Gobierno. Al menos, no completamente. El Ejecutivo considera que aún no existen “pruebas concluyentes” ni “evidencias” de que Marruecos esté detrás del paso masivo a Ceuta del 30 de julio. Así lo ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados durante su comparecencia de este jueves, en la que ha revelado que el Ejecutivo convocó a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto tras las declaraciones públicas de varios ministros de Mohamed VI en las que reclamaban la soberanía sobre las dos ciudades autónomas.

“Soy consciente de las dudas, de los indicios. Pero señorías, como presidente del Gobierno me corresponde gestionar esta crisis con rigor y con prudencia. Y lo cierto y verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes”, ha asegurado.

En cualquier caso, el presidente ha prometido que “si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia con total contundencia, como exige la situación”. Y sí ha introducido un matiz claro respecto a la relación futura con Marruecos que ha sonado a aviso. “Evidentemente estamos revisando todos los mecanismos de coordinación y de alerta que compartimos con el Estado marroquí para que la situación vivida el pasado 30 de julio no vuelva a producirse. Queremos una relación de buena vecindad con Marruecos porque eso va en aras del interés general. Pero es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”.

Sánchez ha revelado también que el Gobierno convocó a la embajadora de Marruecos en Madrid el pasado 21 de agosto tras las declaraciones de dos ministros del país vecino aludiendo a Ceuta. A su juicio, se escuchó a dos ministros hacer “declaraciones inaceptables” sobre Ceuta y Melilla. “Dos declaraciones que, por supuesto, hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a su embajadora el pasado 21 de agosto. Pero, en este caso, señorías, conviene ser prudentes y huir de las explicaciones simples”, ha señalado.

El presidente ha vuelto a rechazar que existieran avisos o informes previos al 30 de julio que aportaran información precisa sobre la magnitud de lo que pasó en El Tarajal. De hecho, ha trasladado que ninguno de esos avisos o informes previos al 30 de julio “iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario y que ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente ocurrió”. Y para demostrarlo, ha anunciado que ha dado la orden de publicar esos informes en un dosier. “Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. ¿Tampoco se creen a la Policía, la Guardia Civil y los miles de empleados públicos que trabajan en la frontera?”, se ha preguntado.

Sánchez sí ha desvelado que el CNI elaboró dos informes de situación que compartió con varias instituciones y “en ambos describía algo conocido por todas ellas: que los cruces por el espigón estaban aumentando y recomendaba, por tanto, extremar la precaución. Después, el 29 de julio, pocas horas antes de la crisis, se produjo una comunicación por mensajería entre la delegación del gobierno de Ceuta y la Guardia Civil que lo que hacía era alertar de una convocatoria de redes sociales para intentar cruzar a Ceuta al día siguiente”.

El presidente ha explicado la complejidad que afronta el Ejecutivo sobre la gestión migratoria que ahora se cierne sobre Ceuta. “No se puede coger a un ser humano del brazo y arrojarlo sin más al otro lado de la frontera como si fuera un saco de tierra, que es lo que parece que en algunas ocasiones se infiere de las declaraciones que hemos escuchado no solamente a sesudos expertos o tertulianos, sino también, por desgracia, a responsables políticos”.

Sobre esa gestión migratoria, ha vuelto a ensalzar la “coordinación estrecha” con las autoridades marroquíes que permitió que, “en menos de 24 horas”, se lograse deportar a la mayor parte de las personas que cruzaron la frontera de Ceuta de manera irregular el día 30 de julio. “Más de 63.000 personas, más del 90%, una cifra que convierte esta operación en uno de los procesos de retorno más rápidos jamás realizados en la historia reciente de Europa”, planteó.

Sánchez ha puesto en valor que “en menos de 24 horas” se “había conseguido regresar a 50.000 personas, y 72 horas después habían regresado alrededor de 63.000 personas”. Sin “una coordinación estrecha con las autoridades marroquíes” hubiera “sido imposible, legalmente y también logísticamente”, llevar a cabo estas devoluciones, ha insistido el presidente del Gobierno.

El presidente del Gobierno ha insistido en la necesidad de que Felipe VI visite Ceuta y Melilla tras la crisis fronteriza con Marruecos. Y este jueves, por primera vez, ha acotado en el tiempo esa visita. “El Gobierno ha compartido la necesidad de que después de 20 años sin una visita del jefe del Estado a Ceuta y a Melilla, el jefe del Estado visite estas dos ciudades españolas en las próximas semanas y transmita el compromiso absoluto del Estado con estas dos ciudades autónomas”, ha dicho.

Pedro Sánchez llegará este jueves al Congreso de los Diputados más solo que nunca. Ni la oposición, ni tampoco uno solo de sus aliados parlamentarios acompaña al presidente en su permanente discurso exculpatorio de Marruecos sobre la responsabilidad de la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta el pasado 30 de julio. Un empeño al que, al menos hasta ahora, se ha aferrado el Gobierno y que se complicó aún más en las últimas 24 horas, tras la filtración de un informe policial que apunta a la participación directa de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes en el paso fronterizo masivo.

La publicación de ese informe, adelantado por El Español y al que tuvo acceso elDiario.es, sumió en el caos este miércoles al ministerio del Interior e hizo saltar todas las alarmas en Moncloa el día antes de la comparecencia de Sánchez. Fernando Grande-Marlaska decidió hacer pública una carta en la que demandaba explicaciones al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que alegó que él tampoco tenía conocimiento de ese informe porque la jueza ordenó a los autores del texto no dar traslado a sus superiores. Y, tras informarse sobre el contenido del ese informe, volvió a negar que exista información sobre la implicación de Marruecos.

La conclusión del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía está basada en imágenes difundidas en redes sociales y por los medios de comunicación. Y alteró la preparación en la Moncloa de la cita en el Congreso de este jueves. El equipo del presidente preparaba desde principios de semana una intervención parlamentaria larga y minuciosa sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno. Y un discurso que en principio preveía mantener el cierre de filas sin matices respecto a la supuesta cooperación marroquí, a la que desde el Ejecutivo agradecen el retorno de la mayoría de personas que cruzaron.

Además, pretendían impregnar sus palabras de unas dosis de “empatía” hacía los ceutíes que creen en el Ejecutivo que no fue capaz de transmitir del todo durante su entrevista de arranque de curso el lunes, en la Cadena Ser. Con esa idea, de hecho, grabó y publicó en sus redes un vídeo el miércoles por la mañana, con motivo de la festividad de Ceuta y horas antes de las manifestaciones convocadas. “Me hago cargo de que, para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupere la normalidad, la respuesta del estado es insuficiente”.

Toda la atención ahora está en ver si Sánchez decidirá virar este jueves su discurso sobre Marruecos, al menos mínimamente, en mitad de un clamor unánime del resto de partidos y de la opinión pública, que le exigen romper amarras con el vecino africano. Durante toda la tarde del miércoles se perfiló en la Moncloa esa intervención en la que, según fuentes del Ejecutivo, el presidente no ignorará las novedades de las últimas horas y tratará esta vez sí de lanzar un mensaje de mayor firmeza ante cualquier ataque a la soberanía territorial de España, venga de quien venga. Aunque la tesis de fondo sigue inalterable: no hay pruebas concluyentes, dice el Gobierno, que demuestren que la monarquía alauí ordenara o perpetrara la ofensiva.

Feijóo eleva el tono con Marruecos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a ir con todo en su réplica al presidente del Gobierno, convencido de que la crisis de Ceuta (esta vez sí) será la que termine con la resistencia de Pedro Sánchez. El primer partido de la oposición ha endurecido su discurso con el paso de los días, y llega a la primera gran cita parlamentaria del último curso político de la legislatura dispuesto a todo.

Feijóo está dispuesto incluso a una escalada diplomática con Marruecos que, si llega a la Moncloa, tendría que revertir. El líder del PP fue cauto con el país africano en los días posteriores a la entrada de miles de personas en Ceuta. La estrategia pasaba por atacar al Gobierno por su falta de previsión y por no atajar la crisis humanitaria desatada en la ciudad autónoma. Las referencias a las “vacaciones” del presidente y de los ministros fueron constantes, así como las críticas a la lentitud y la incapacidad que, en su opinión, ha dominado la gestión del Ejecutivo.

El líder del PP insistirá en esa idea. Feijóo llega al debate del jueves tras las concentraciones en ayuntamientos convocadas por su partido a través de la FEMP para mostrar el apoyo ciudadano a los ceutíes y, de paso, arremeter contra el Gobierno y el “abandono” al que, según sostienen, han sometido a la ciudad autónoma.

Feijóo viajó precisamente a Ceuta este miércoles por la mañana y alabó a sus habitantes “por su capacidad de resistencia, por su civismo y por su dignidad defendiendo su territorio y nuestra nación”. “Somos conscientes de la situación crítica que Ceuta está pasando desde hace un mes”, dijo, para concluir: “Han mantenido en pie la frontera de España y de Europa sin perder la calma, sin perder la cabeza y sin dar un paso atrás”.

Pero Feijóo fue más lejos que en toda esta crisis y decidió pasar al ataque contra Marruecos, y pidió al Gobierno tomar “medidas” contra ellos a cuenta del informe policial basado en fuentes abiertas que señala el supuesto papel del país en la crisis humanitaria. Es el mismo Feijóo que hace menos de un mes dijo que “honradamente” él no debía “pedir explicaciones” y que aseguró que su primer viaje oficial como presidente será a Marruecos.

La réplica de Feijóo a Sánchez este jueves seguirá este mismo (y nuevo) derrotero, una senda que el PP no ha transitado en el pasado, conscientes de la importancia de mantener buenas relaciones con Marruecos.

Pero Feijóo ha visto en la crisis de Ceuta otra vía para golpear con todo al Gobierno. En la dirección del PP analizan las encuestas que, en las últimas semanas, muestran un alejamiento del electorado con Sánchez y los suyos por la respuesta dada por el Ejecutivo. Si los escándalos de corrupción que salpican al PSOE no han terminado de laminar la resistencia del presidente, sostienen en Génova, Marruecos lo hará.

Feijóo no solo busca hacer daño al Gobierno. Este miércoles, en su alocución en Ceuta, el líder del PP dejó un recado doble, dirigido al presidente, pero también al líder de Vox, Santiago Abascal, casi desaparecido durante todo el mes de agosto más allá de algunos tuits y videocomunicados enlatados. “Yo estoy donde debo estar”, aseguró. “Es aquí donde debería estar el presidente del Gobierno”, continuó. Y zanjó: “Y es aquí donde debe estar cualquiera que aspire a la Presidencia del Gobierno”. Está por ver que repita su doble acusación en sede parlamentaria.

Críticas de los socios

En Sumar consideran que el reino alauí ha desempeñado un papel protagonista “por acción o por omisión” y han decidido evidenciar con mayor claridad las diferencias que mantiene con los socialistas con respecto a la relación con Marruecos y a la gestión de la crisis en Ceuta. Hace unos días, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, planteó la necesidad de trasladar sin demora “a los niños y a las niñas no acompañados” que se encuentran en el sobrecargado sistema de acogida ceutí a la Península para descongestionar la ciudad y, una vez allí, continuar tramitando sus expedientes. Poco después, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, iba más lejos y afirmaba que todos los migrantes —mayores y menores de edad— debían ser sacados de Ceuta para aliviar la sobrecarga de la ciudad autónoma, incluso aunque posteriormente se decidiera su deportación.

Fuentes de Sumar explican que esta reclamación será uno de los ejes del discurso que pronunciarán los portavoces adjuntos del grupo, Enrique Santiago y Aina Vidal —la portavoz titular, Verónica Martínez, no podrá acudir al pleno por motivos familiares—. La formación, no obstante, también se ha mostrado contrariada con el PSOE en las últimas horas a raíz del informe policial que apunta a la participación de agentes marroquíes en la entrada masiva de inmigrantes de hace un mes: ya este miércoles, Martínez sostuvo que, “si se acredita el contenido del informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores debería convocar de urgencia a la embajadora de Marruecos en España para exigirle explicaciones”, y espetó que “seguir diciendo” que el reino alauí “no tuvo nada que ver resulta cada vez más difícil”.

La existencia de este documento causó un enorme estupor en el ala minoritaria del Gobierno. Y, aunque la coalición en su conjunto evitó ir más allá de exigir aclaraciones a Marlaska, IU —el partido de los integrados en Sumar que más se ha distanciado de la gestión del PSOE desde el inicio de la crisis de Ceuta— exigió por boca de su líder, Antonio Maíllo, dimisiones: o bien del director de la Policía “si se confirma” que el cuerpo “ha sido desleal”, o bien del propio ministro Marlaska “si se confirma que [su departamento] tuvo esta información y no la tramitó”.

No solo IU ha apuntado a la responsabilidad política del titular de Interior en este último capítulo de la crisis. También Podemos exigió el miércoles el cese del ministro, así como la ruptura de relaciones con Marruecos, “después de que el propio Ejecutivo haya reconocido la existencia de un informe que apuntaría a la actuación de las autoridades marroquíes como desencadenante de la actual crisis en Ceuta”. Fuentes de la formación morada reclaman a Sánchez que explique “por qué ha mentido y por qué ha ocultado información desde el 30 y 31 de julio y, especialmente, por qué insiste en proteger a Marruecos”, y se preguntan “qué le debe Sánchez” al régimen de Mohamed VI.

El resto de los socios del Gobierno se ha mostrado más cauto en relación a Marlaska a la espera de las explicaciones que pueda ofrecer Sánchez este jueves en el Congreso. Pero eso no implica que estén satisfechos con la gestión que ha realizado la Moncloa de la crisis: incluso los aliados que habitualmente son más precavidos a la hora de expresar críticas en público, como el PNV, han cargado duramente contra la actuación del Ejecutivo. Hace unos días, el presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, la calificaba de “nefasta” y afeaba al Gobierno la falta de unidad en su discurso durante el mes de agosto, con “ocho ministros, cada uno por su lado, haciendo declaraciones contradictorias, con intenciones también contradictorias”.

“Ni nos gusta la improvisación del Gobierno español, ni el circo que quieren montar otros”, deslizó igualmente Esteban en referencia al PP y a Vox, que pidió “competencias integrales en migración” para el País Vasco ante un Gobierno central “incapaz” de tener un sistema de acogida “mínimamente ordenado”. En esa misma línea se ha expresado Junts, cuya portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, volvió hace unos días a reclamar la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat y culpó al Gobierno de haber provocado la crisis de Ceuta por su supuesta “negligencia”. Nogueras, además, amenazó con no dar “ni un voto más” al Ejecutivo si envía a una parte de los niños y adolescentes que se hacinan en Ceuta al sistema de acogida de Catalunya.

ERC ha mantenido, por su parte, un tono mucho menos belicoso ante esta posibilidad, aunque hace unos días su líder, Oriol Junqueras, advirtió a la Moncloa de que “Catalunya, como en cualquier otro país del mundo, no tiene servicios suficientes para acoger infinitamente”, si bien sí se mostró a favor de acoger “niños y niñas necesitados”. Junqueras, por el contrario, se mostró mucho más duro a la hora de calificar la gestión de la crisis de Ceuta que ha realizado el Gobierno, de quien dijo que “lo ha hecho muy mal por mucha dejadez y por mucha dejadez durante mucho tiempo”. Y, además, dejó claro que desconfía de la versión del Ejecutivo de que Marruecos no tuvo nada que ver con la entrada masiva al asegurar que “es muy difícil de creer que decenas y decenas de miles de personas puedan tomar la decisión colectiva de cruzar una frontera sin que el país del cual salen lo sepa”, y más “en un país como Marruecos”, que “dedica muchos recursos a intentar controlar su sociedad y a saberlo todo”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asumido este miércoles que Marruecos “coordinó” el “ataque” contra Ceuta del pasado 30 y 31 de julio, ha reclamado al Gobierno que llame a consultas al embajador español en Rabat y que cite a su homóloga marroquí en España para informarle de “las medidas iniciales” que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería tomar contra el país de Mohamed VI.

Así lo ha referido Feijóo en una rueda de prensa en Ceuta, donde ha viajado a cuenta del día de la ciudad autónoma. El líder del PP ha dado por buenas las informaciones que apuntan a un informe que una unidad de la Policía Nacional ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, y que señalaría a Marruecos como instigador de la entrada de decenas de miles de personas hace ahora poco más de un mes.

“La embajadora de Marruecos debe ser convocada de carácter inmediato para que dé explicaciones sobre las acciones de sus autoridades y para anunciarle medidas de respuesta iniciales”, ha reclamado Feijóo. El líder del PP no ha querido concretarlas, y ha sostenido “el embajador de España en Marruecos debe ser llamado a consultas para evaluar las medidas más adecuadas”.

Feijóo aseguró hace un mes, diez días después de la crisis, que “honradamente” creía que él no tenía que “pedir explicaciones a Marruecos”, sino “evitar con Marruecos que esto se produjese”. También reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haber hecho su primera visita oficial al país africano, y prometió que él sí lo haría: “El primer viaje debe ser a Marruecos y por mi parte sería a Marruecos”.

“Teníamos indicios de que el Gobierno lo sabía”, ha sostenido, en referencia al papel de Marruecos en la crisis, que ha sido negado una y otra vez por Sánchez y sus ministros. “Era imposible que, a 25 kilómetros de la frontera de Ceuta, donde se celebró la fiesta del Trono en Marruecos, las autoridades marroquíes no advirtieran que había miles y miles de personas pasando por allí y llegando a la frontera”, ha añadido Feijóo.

“Fuimos absolutamente respetuosos y cuidadosos con nuestros pronunciamientos. Pero lo que no podemos es callar y aceptar, ni chantajes ni amenazas de nadie. Si el Gobierno no defiende la integridad territorial, la hace el partido mayoritario de España”, ha concluido.

Tercer viaje a Ceuta

El de este miércoles ha sido la tercera visita de Feijóo a Ceuta desde el estallido de la crisis. Un viaje relámpago para asistir a los actos institucionales del día de la ciudad autónoma, a los que ha llegado tarde por inclemencias climatológicas.

El líder del PP partirá de forma inmediata de regreso a la Península para asistir esta tarde a la concentración convocada en los ayuntamientos por su partido a través de la Federación de Municipios y Provincias, con el rechazo del resto de grupo.

Feijóo coincidirá en la madrileña Plaza de Cibeles con compañeros de su partido, como Isabel Díaz Ayuso. Pero también con el líder de Vox, Santiago Abascal, con quien no habla desde hace meses.

En su comparecencia en Ceuta, Feijóo ha criticado las ausencias que, en su opinión, se han producido durante esta crisis. Algunas las ha mencionado expresamente y otras solo las ha sugerido. “Yo estoy donde debo estar”, ha asegurado. “Es aquí donde debería estar el presidente del Gobierno, y es aquí donde debe estar cualquiera que aspire a la Presidencia del Gobierno”, ha añadido, una referencia velada al propio Abascal.

La patronal española, CEOE se opone a la candidatura de España para que Yolanda Díaz lidere la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha afirmado su presidente, Antonio Garamendi. El dirigente vasco ha sostenido que está en contactos con las entidades que forman la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para que se rechace la apuesta española y, por tanto, se vote a favor de alguno de los otros dos candidatos (de Togo y de Perú).

“(Yolanda Díaz) ahora está en su campaña con la OIT, que lógicamente nosotros no podemos compartir. Y desde luego nosotros votaremos que no a ese espacio en el que quiere entrar”, afirmó este martes por la noche Garamendi en una entrevista en TreceTV.

Más adelante en la entrevista, al ser preguntado por ese voto contrario a Díaz, el líder de CEOE explicó que los empresarios votan en la elección de la Dirección General de la OIT a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), con sede en Ginebra. Los empresarios tienen 14 votos en estos comicios al igual que la representación sindical internacional y, por otro lado, hay 28 votos de países miembros de la entidad de Naciones Unidas sobre los derechos laborales.

“No quiero meter ruido ni para arriba ni para abajo, pero evidentemente los empresarios no vemos esta presidencia, lógicamente. ¿Cómo voy a verla si me estoy quejando en España de lo que se está haciendo? Sería imposible”, afirmó Antonio Garamendi.

Así, la patronal española defenderá el voto de los empresarios a alguno de los dos contrincantes de la apuesta del Gobierno: Gilbert F. Houngbo, actual director general, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo, o el exministro de Relaciones Exteriores de Perú Javier González-Olaechea, presentado por el Gobierno conservador de Keiko Fujimori.

CEOE ya trabaja en el rechazo a Díaz del empresariado internacional

Fuentes de CEOE clarifican a elDiario.es que los votos empresariales en esta elección a la dirección de la OIT “se consensúan” y que aún “no hay decisión” al respecto por parte de la Organización Internacional de Empleadores.

Además, precisan que la CEOE es miembro “adjunto”, no titular, por lo que estrictamente no votará en esta elección a menos que se quedara algún puesto titular vacante que les permitiera ejercer directamente esta acción.

“Nosotros tendremos una reunión con la OIE, que ya lo estamos haciendo, con nuestra opinión”, sostuvo Antonio Garamendi en la entrevista, donde defendió la campaña en contra de Díaz, aunque sea una candidatura española.

“Te dicen: ”Es una española“. Bueno, ellos tampoco votarían a alguien si es muy de derechas”, argumentó el empresario vasco. “Yo lo digo sin acritud, pero no se entendería que aplaudiéramos con las orejas el nombramiento”, añadió.

Desde la patronal recuerdan las muchas diferencias de los empresarios con la gestión de Yolanda Díaz. No solo en el fondo, por su defensa del refuerzo del registro horario o de la reducción de la jornada laboral por ley, sino también “en las formas”, indican en CEOE, por lo que suelen denunciar como un “monólogo social”, por aprobar medidas con los sindicatos y con el rechazo de los representantes empresariales.

Antonio Garamendi apuntó que los sindicatos, al menos los españoles, apoyarán la candidatura de Yolanda Díaz al frente de la OIT, lo que la convertiría en la primera mujer al frente de este organismo de Naciones Unidas. “Es normal, les da lo que quiere”, valoró el empresario vasco.

“Vamos a ver los Estados dónde juegan el partido. Esto es una votación en noviembre, se verá lo que tenga que pasar”, sostuvo el dirigente empresarial.

Las concentraciones convocadas este miércoles de forma unilateral por la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo, se convertirán para el PP en munición contra el Gobierno por su gestión de la crisis de Ceuta, pese a los esfuerzos de sus portavoces por negarlo. Borja Sémper dijo el lunes que tienen “como único objetivo mostrar compromiso con Ceuta”. Este martes, Ester Muñoz insistió en la idea, para terminar reconociendo que “son para decirle al Gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países”. Además de los populares, solo Vox secunda las protestas, que se celebrarán frente a los ayuntamientos.

El PP inicia así el curso político como cerró el anterior: sin alinearse con el Gobierno ni en los asuntos de Estado. De hecho, los de Alberto Núñez Feijóo hacen esfuerzos en centrar solo en el Ejecutivo cualquier responsabilidad por la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta a finales de julio, mientras eximen al resto de administraciones.

“Esta crisis no se produce porque haya fallado el Estado”, afirmó Muñoz el martes ante los periodistas en el Congreso. “No han fallado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no han fallado las Fuerzas Armadas, no ha fallado la inteligencia de nuestro país, no ha fallado la Justicia”, dijo. “Ha fallado el Gobierno de España”, zanjó.

Una tesis que la derecha sostiene desde el primer momento de los sucesos de hace un mes. Para el PP y para sus aliados de Vox la entrada masiva de personas desde Marruecos fue una “invasión”. Y pese a que la inmensa mayoría regresó a su país en 48 horas, Ester Muñoz aseguró en el Congreso que “una parte” de España “lleva un mes invadida”.

El PP también ha hablado de “guerra híbrida” en Ceuta, lo que no ha motivado un solo mensaje de apoyo al Gobierno. Feijóo sí lo ha hecho con Alemania. El líder del PP escribió el martes un tuit para defender al canciller “para adoptar las medidas que estime oportunas ante el ataque híbrido ruso que han sufrido en Leipzig”.

En su intento de aislar la acción del Gobierno de todo lo demás, el PP también ha buscado incidir en las supuestas discrepancias de la Moncloa y Zarzuela a cuenta de la pertinencia de que Felipe VI visite Ceuta en viaje oficial. “Pedro Sánchez sigue escocido con el rey por Paiporta”, dijo Muñoz. “Arrastra complejos con su majestad”, añadió. Y pasó a defender al rey: “Si no ha estado en Ceuta será porque el Gobierno no se lo ha permitido”. “El PP no dice cuándo, cómo ni a qué hora” debe viajar el rey a la ciudad autónoma. “Pero debería poder acompañar sin problema ni miedo a ninguna reacción a los ceutíes que llevan un mes pasándolo mal”, afirmó.

Con el marco de ese “acompañamiento”, el PP ha ideado una jornada completa centrada en Ceuta con motivo del día oficial de la ciudad autónoma. Feijóo la visitará por la mañana por tercera vez desde la crisis migratoria. Por la tarde, el líder de la oposición secundará la convocatoria (FEMP mediante) frente al Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de Cibeles. A esa misma concentración asistirá el líder de Vox, Santiago Abascal. Y a esa hora se ha convocado otra protesta frente al Congreso. El grupo neonazi Núcleo Nacional ha anunciado su presencia, lo que ha provocado el enfrentamiento con otros convocantes.

El PP confía en un respaldo masivo de los españoles a las concentraciones. Ester Muñoz dijo este martes que “millones de españoles quieren salir a las calles a defender la soberanía nacional, el territorio de Ceuta, la españolidad de Ceuta, y a todos nuestros compatriotas que llevan un mes sufriendo y sufriendo”. “Es lamentable que el PSOE no quiera apoyar a los ceutíes junto al resto de españoles que se van a manifestar este miércoles en todos los ayuntamientos de España”, sostuvo Muñoz, para concluir: “Si defender a Ceuta en las calles es atacar a Pedro Sánchez y al Gobierno, ¿a quién defiende Pedro Sánchez?”.

Inmediatamente, Muñoz ha llamado a secundar esas concentraciones “para decirle al Gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España”. “Si el Gobierno tiene miedo de enfadar a alguien, que explique por qué y a quién”, ha añadido, para acusar: “No sabemos qué intereses defiende Pedro Sánchez. Lo que está claro es que sus intereses no son los de España”.

Alcaldes del PSOE se descuelgan de Ferraz

En el PSOE, la gestión de la crisis de Ceuta lo inunda todo. Además de la guerra orgánica interna que libra el partido en la ciudad autónoma, donde el secretario de Organización y varios altos cargos han roto definitivamente con Ferraz y se han sumado a las manifestaciones, otro goteo de alcaldes y alcaldesas han seguido sus pasos en otros puntos del país. Y eso implica desobedecer la directriz expresa dada a todos sus cargos públicos y militantes por la dirección del partido.

Hace unos días, la cúpula socialista ya pidió en una circular interna no respaldar una convocatoria que consideran partidista y únicamente enfocada a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. El argumento dado en Ferraz a sus bases y cargos públicos es que la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo (alcaldesa de Jerez del Partido Popular), se valió de su puesto para descolgarse con una convocatoria unilateral que no tuvo en cuenta a los demás grupos políticos de la FEMP, un órgano en teoría colegiado que acostumbra a tomar sus decisiones por amplio consenso.

“Lo que es evidente es que el PP instrumentaliza las instituciones. Lo hizo con el Senado y ahora con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y la españolidad también exige un respeto a las instituciones, no instrumentalizarlas”, lamentó este martes la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Lo que entienden los socialistas es que lejos de ser una convocatoria de apoyo a Ceuta, la cita servirá ante todo de gran concentración contra el Gobierno. Y por eso han pedido a sus alcaldes que se abstengan de participar.

Algunos de ellos, sin embargo, han sorteado esas indicaciones y ya han confirmado que asistirán. De grandes municipios solo hay constancia, por ahora, de que participen tres. Uno, el alcalde de León, abiertamente enfrentado a la dirección federal socialista de Pedro Sánchez y consolidado ya desde hace tiempo como algo parecido a una oposición interna al secretario general. En el caso del alcalde de Mérida, lo anunciado es que participará a las doce de la mañana en una concentración de apoyo a la ciudad autónoma a las puertas del ayuntamiento, y no en la convocatoria general de la FEMP para todo el país, prevista a las ocho de la tarde.

Sí hay muchos municipios de Andalucía, muy próxima geográfica y socialmente a Ceuta, en los que alcaldes y alcaldesas socialistas han anunciado que participarán de las concentraciones, a pesar de la orden expresa también de la secretaria general, María Jesús Montero. “Están convocando en los ayuntamientos de toda España para, en teoría, solidarizarse con Ceuta, pero no es más que el intento del Partido Popular, da igual la excusa, de sacar a la gente a la calle para que parezca que el ruido, que la bronca, es lo que impregna el ambiente político”, dijo en una entrevista en la Cadena Ser.

Sin embargo, en todas las provincias andaluzas hay alcaldes y alcaldesas que han confirmado su apoyo a las manifestaciones, aunque algunos de ellos con un rechazo explícito a la confrontación planteada por el PP y con la organización de actos paralelos. En Sevilla, se suman a la iniciativa ayuntamientos como el de Espartinas o Aznalcázar; en Huelva, Moguer y Fuenteheridos; y en Cádiz, los municipios de Grazalema, Vejer de la Frontera y Chiclana de la Frontera, todos gobernados por el PSOE, han manifestado abiertamente su apoyo a la concentración de la FEMP.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha pedido “no señalar a la gente” después de una noche de disturbios en Ceuta en la que personas sin identificar han destruido el campamento improvisado que cientos de personas han montado en la playa del Trampolín de la ciudad autónoma ante la falta de otros alojamientos. “No hay que señalar a la gente, hay que señalar a quienes gobiernan”, ha dicho este jueves. Poco después, el ministro Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único de la gestión de la crisis en Ceuta, ha hecho un llamamiento al resto de los partidos para que se sumen “a un mensaje claro” de “no a la violencia” ante la escalada de la tensión en la ciudad autónoma.

Sémper ha comparecido ante los medios de comunicación durante el final de la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para explicar la acción del Gobierno ante la crisis de Ceuta. En su intervención, el también titular de Justicia ha asegurado que el Ejecutivo no recibió “información previa ni precisa” sobre la entrada desde Marruecos de decenas de miles de personas los días 30 y 31 de julio.

El portavoz del PP ha denunciado el triunfalismo de un Gobierno que presume de que “todo está correcto y todo está enfocado” en Ceuta. Sémper ha lamentado que el Gobierno dé la imagen de que “ha hecho lo que tenía que hacer”, mientras “la oposición y quienes señalamos que las cosas no se están haciendo bien” son tachados de “alarmistas, cuando no racistas”. “También los ciudadanos de Ceuta”, ha añadido.

“Es desoladora esta actitud de mirar para otro lado y hacernos creer que aquí no pasa nada o que lo que ha pasado está controlado”, ha continuado Sémper. “Y esto no es cierto. Está descontrolada la crisis de Ceuta. El Gobierno está siendo incapaz de encauzarla y de controlarla”, ha concluido.

“Es un Gobierno absolutamente descontrolado, desbordado y enfrentado entre ellos”, ha espetado Sémper, quien ha puesto como ejemplo las discrepancias públicas entre los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a cuenta de la existencia o no de avisos previos por parte del CNI y otros servicios de inteligencia españoles.

“Hoy, Bolaños ha dicho que quien afirme que esta crisis está resuelta o se va a resolver fácilmente, se equivoca. El ministro Óscar Puente dijo 24 o 48 horas después [de los sucesos de julio] que la crisis había sido resuelta”, ha sostenido.

“Esto es un carajal”, ha defendido Sémper, quien ha defendido “a los inmigrantes” porque “están siendo tratados por este Gobierno de una manera absolutamente inhumana”. “Todo al servicio del relato”, ha zanjado.

Sémper ha sido cuestionado expresamente por los incidentes de la madrugada de este jueves. “¿Les preocupa a ustedes que los ciudadanos ceutíes se tomen la justicia por su mano? Y que eso al final no solucione nada, sino que empeore todavía más la situación?”, le han preguntado. El portavoz del PP ha respondido: “Lo que nos preocupa es que la gente en Ceuta está desesperada. Lo que nos preocupa es que haya mucha gente que cree que el Estado no le está respondiendo, que cale la sensación de que las autoridades y que el servicio público, y, por lo tanto, el Estado, es incapaz de resolver las crisis que enfrentan. Esto es lo verdaderamente preocupante. No hay que señalar a la gente. Lo que hay que señalar es a quienes gobiernan”.

Sémper ha recibido una segunda pregunta al respecto: “¿Entonces, portavoz, al Partido Popular le parece bien o le parece mal que ayer ciudadanos ceutíes atacaran el campamento de la playa del Trampolín, destruyeran donde están las personas migrantes viviendo e incluso atacaran a esas personas?”.

El portavoz del PP ha respondido con una defensa de los militares españoles desplegados en Ceuta: “Ayer fue atacada una unidad del Ejército español y hay cuatro heridos. Quiero mandar desde aquí, en nombre del PP, un afectuoso saludo y todo nuestro respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Ejército, que está trabajando en unas condiciones precarias en Ceuta”.

Sobre dicho ataque, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado en su cuenta de Twitter: “¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?”.

El PP ha pedido en los últimos días que el Gobierno autorice que los militares desplegados en Ceuta sean considerados como agentes de la autoridad y puedan participar en actuaciones policiales sobre población civil.

Sémper ha insistido en que ese movimiento serviría “para evitar cualquier mal” que puedan padecer los soldados.

El portavoz del PP ha añadido para finalizar “Y por supuesto, estamos siempre en contra de la violencia. [Pero] estamos sobre todo en contra, y es compatible, de un Gobierno incapaz e inoperante. Y nos preocupa muy mucho que los ciudadanos ceutíes se sientan desprotegidos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben de tener medios y el Ejército debe de poder actuar, cosa que ahora no puede hacer en condiciones”.

Llamamientos a la calma del Gobierno y de Ceuta

Las autoridades de Ceuta se han sumado a los llamamientos a la calma. La vicepresidenta de la ciudad autónoma, Kissy Chandiramani, ha pedido no elevar la tensión después de que decenas de personas intentasen anoche echar ayer a quienes permanecen durmiendo a la intemperie en la playa del Trampolín, y la posterior detención durante la madrugada de 12 migrantes por lanzar piedras contra militares en la zona de Benzú.

“Con todo el derecho, los ceutíes tenemos que salir a la calle, si así lo consideramos, a pedir que las administraciones respondan, pero también desde la calma y desde la confianza en que esto se va a solucionar”, ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser este jueves. “Entre todos nosotros como entidades políticas, instituciones y medios de comunicación debemos llamar a la calma porque esta tensión puede llevarnos a donde nadie quiere que estemos”, ha concluido.

También desde el Gobierno se han hecho estos llamamientos. El ministro Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único de la gestión de la crisis en Ceuta, ha pedido en su comparecencia de este jueves en el Congreso al resto de los partidos que se sumen “a un mensaje claro” de “no a la violencia”.

“No se puede atacar a ceutíes musulmanes, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja, que son de Ceuta, se sientan amenazados por entregar comida en la playa de El Trampolín y quieran desistir de hacer un trabajo voluntario porque reciben amenazas”.

Torres también ha rechazado las agresiones que se han dado en los últimos días a los profesionales de los medios de comunicación y a los representantes públicos. “Quizás esto es idílico pensarlo en estos momentos, donde parece que la crispación debe aumentar”, ha añadido el ministro. También ha dicho que no va a “engañar” a los ciudadanos de Ceuta diciendo que las personas migrantes “pueden ser devueltos mañana sabiendo que eso es falso”.

En el mismo sentido que Borja Sémper se ha pronunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien durante la comparecencia de Bolaños ha asegurado que “los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad”.

“Y les piden paciencia”, ha espetado la diputada después de que el ministro Félix Bolaños hiciera un llamamiento a la calma y asegurara que el Estado “está volcado para devolver cuanto antes la normalidad a la ciudad autónoma de Ceuta” y llamara a evitar “cualquier discurso racista o xenófobo”.“Mucha paciencia están teniendo los ceutíes”, ha dicho Gamarra. “Mucha paciencia han tenido”, ha concluido.