La de Alberto Durán Ruiz Huidobro es una historia de éxito que apunta a un final amargo. El que fuera durante lustros uno de los principales responsables de los servicios jurídicos del Partido Popular fue abruptamente apartado de las causas judiciales que más han impactado en el Gobierno de Pedro Sánchez. Su pérdida de influencia dentro del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se produjo el pasado verano, y se hizo público apenas unas semanas antes de que Koldo García le haya señalado como la persona que le ofreció dinero para declarar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Una oferta que fuentes oficiales del PP niegan que haya existido. Preguntados por elDiario.es, los portavoces de Feijóo no descartan, sin embargo, que hayan existido reuniones entre su abogado jefe y el condenado exasesor de José Luis Ábalos. Mientras, Koldo ha asegurado que tiene pruebas de su acusación: “Yo daré el remate final”, dice en un audio al que ha tenido acceso elDiario.es.

La ficha de Durán en la web del PP ha sido borrada, pero hace apenas un año figuraba como “director órgano del cumplimiento normativo”. Un cargo que no hace justicia a su labor en el seno del partido desde hace años, ya desde los tiempos en que Mariano Rajoy era jefe de la oposición y María Dolores de Cospedal secretaria general.

El abogado ha sido el responsable, por ejemplo, de las direcciones letradas de la causa que terminó con el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel. Durante esa vista, hubo una clara sintonía entre él y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y conformaron un tándem acusatorio perfectamente engrasado. 

De hecho, Durán y Luzón fueron los principales valedores de la reducción de condena que permitió a quien la UCO señaló como el jefe de la organización corrupta, Víctor de Aldama, librarse de la cárcel que sí impusieron al resto de condenados. 

En su mochila, Durán guarda otros ‘trofeos’: el veterano abogado fue quien formuló las preguntas al hermano del presidente del Gobierno en el juicio que terminó en condena para David Sánchez por enchufismo.

Además, en los últimos años, su papel ha sido fundamental en causas judiciales que se siguen en la Audiencia Nacional, como el ‘caso Leire Díez’, las pesquisas contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del ‘caso Plus Ultra’, la causa en la que se investigan posibles mordidas por adjudicaciones de obra pública en la época de Ábalos al frente del Ministerio, o la causa secreta en la que se analizan pagos en metálico del PSOE en busca de una posible financiación irregular del partido.

Y todo esto, a día de hoy. Pero su rastro se pierde en el tiempo. Durán ya fue uno de los principales responsables de la defensa jurídica del PP en el llamado ‘caso Gürtel’, el entramado de financiación ilegal del partido y enriquecimiento de algunos de sus altos cargos. Así quedó acreditado para siempre en los llamados ‘papeles de Bárcenas’, la contabilidad b que anotó minuciosamente durante lustros quien fuera tesorero y gerente del PP, Luis Bárcenas.

La implicación de Durán fue tal que acabó procesado por un tribunal, precisamente por su supuesta participación en la destrucción de pruebas que implicaban al partido en escándalos de corrupción y financiación ilegal. Al abogado se atribuyó el borrado de los ordenadores de Bárcenas. Tanto él como la entonces tesorera (que hoy vuelve a ocupar ese cargo), Carmen Navarro, como el jefe de informática del PP y el propio partido fueron absueltos.

Confianza rota

En 2022, ya con Feijóo al frente, el PP ordenó retirar el recurso que pedía la absolución de Bárcenas en la causa que condenó al partido por reformar con dinero B la sede nacional del número 13 de la madrileña calle de Génova. La actual dirección del partido se desentendió de aquel recurso, y señaló a sus propios servicios jurídicos por, supuestamente, no haberles informado de su existencia. 

Entonces, no se tomó ninguna represalia contra ninguno de los abogados. Con la hoja de servicios que presenta Durán, cualquiera podría pensar que era un intocable para las sucesivas direcciones, que le pusieron al frente tanto de la Oficina de Asesoría Jurídica del PP como del fundamental departamento de ‘Compliance’, clave en casos como el ‘carpetazo’ a la denuncia interna por acoso contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Su caída sorprendió y causó estupor en el ámbito de los tribunales y entre las acusaciones y defensas que participan en las principales causas que permanecen abiertas y que afectan al partido de Gobierno y a exlíderes socialistas como Santos Cerdán o el ya citado Ábalos.

La explicación del PP fue que su letrado de cabecera seguiría dirigiendo la Asesoría Jurídica, y que los cambios se debían a una necesidad de refuerzo de esa área con apoyos externos. “Tuvimos que afrontar dieciséis sumarios a la vez y hubo que reforzar el equipo jurídico”, insisten ahora desde la dirección del PP a preguntas de este medio.

Mientras, fuentes del entorno del abogado explicaron que la razón para apartarle podría estar en diferencias insalvables entre Durán y la vicesecretaria de Regeneración Institucional —y responsable, por tanto, del área de Justicia, Defensa e Interior—, Cuca Gamarra, con quien habría tenido desencuentros por sostener líneas de acción jurídica más duras que las mantenidas por ella. 

Cuando fue apartado, distintos dirigentes del PP no dudaron en señalar a la dirigente riojana. “Eso es cosa de Cuca”, repetían en las conversaciones con los periodistas para quitarse del medio de una decisión que no todos en el partido parecen compartir.

Más allá de esas posibles diferencias, en la ecuación de su caída en desgracia toma fuerza la variable de las posibles reuniones del partido con uno de los principales investigados en las diferentes causas que se mantienen vivas en la Audiencia Nacional: Koldo García.

El PP no niega reuniones de Durán con Koldo

En el PP niegan que su abogado haya ofrecido un millón de euros a Koldo García, a pagar a través de Okdiario, para que mintiera con el objetivo de implicar al Gobierno en su trama de corrupción, tal y como ha denunciado el propio García.

Lo hizo primero la portavoz de campaña, Ester Muñoz, quien en declaraciones públicas en Elda (Alicante) rechazó incluso cualquier contacto entre Durán y Koldo. “A mí esto me recuerda mucho a cuando el señor Koldo también dijo que se había reunido con Tellado y con Alberto, y luego resultó que la UCO demostró que las agendas de Alberto Núñez Feijóo y del señor Tellado no cuadraban con las de Koldo”, afirmó Muñoz, quien obvió que, en aquella declaración, Koldo solo se refirió a un “Alberto” que no se identificaba. Preguntada de nuevo, Muñoz afirmó: “Le estoy diciendo que no ha habido ninguna reunión”.

Desde la dirección del PP matizan esta afirmación: “Le han preguntado por una reunión, que dice Koldo desde la cárcel que se produjo y en la que ofrecemos un millón de euros, y ella ha dicho que esa reunión no ha existido”. Las mismas fuentes insisten: “Ella dice que lo que publican hoy [el supuesto ofrecimiento de un millón] es falso”.

elDiario.es ha preguntado expresamente al PP si existieron o no reuniones de su abogado, Alberto Durán, con Koldo. “No lo sé”, afirman fuentes de la dirección. “Pero con ofrecimientos seguro que no”, zanjan. Casi a la vez que hablaba Ester Muñoz, el dirigente Manuel Cobo negaba también el ofrecimiento en La Sexta. “Es completamente falso que el PP ofreciera nada a Koldo”, dijo quien fuera vicealcalde de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón.

Pero Cobo tampoco negó reuniones entre el PP y el exasesor de Ábalos. “Koldo es el que se ha movido con todo el que ha podido moverse pidiendo dinero a cambio de revelaciones sobre Pedro Sánchez”, concluyó.

Frente a esta tesis del PP, que sostiene que desde el partido nunca se pagó a García, se alza una realidad: Leticia de la Hoz, la abogada del exasesor ministerial, ha presentado ante el juez del 'caso Leire Díez' dos facturas que demuestran que la editora del periódico de Eduardo Inda, Okdiario, abonó dos facturas por valor de 242.000 euros (IVA incluido) al despacho de la letrada con el concepto 'Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García'. Con esa entrega documental, la letrada pretendía apartarse o desvincularse de la trama que se investiga y que habría tratado de desbaratar procesos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

De la Hoz quería demostrar que la defensa de Koldo no la había pagado el PSOE y, de hecho, ya en su declaración ante el juez como investigada señaló que en caso de que se revelase, iba a “sorprender” quien abonaba su minuta. “No me ha pagado el PSOE ni directa ni indirectamente, un no rotundo, nada que ver con el PSOE”, dijo, para luego añadir que en caso de decirlo la fiscal se iba a llevar “una sorpresa muy grande”.

Con esas facturas, que fueron aportadas junto a las transferencias de los pagos, la pregunta es si, como dice Koldo García, el medio de Inda fue un canal por el que pagar desde el PP al asesor ministerial a cambio de que tirara de la manta. Y ahí cobra especial relevancia la famosa reunión en la que habrían estado presentes tanto Durán como Koldo y que se celebró en el despacho del abogado Ismael Oliver. ¿Sobre qué versó ese encuentro? ¿Existe una grabación de esa reunión que estaría en posesión de Koldo García? A juzgar por su historial, que grabara ese encuentro entra dentro de lo probable (sus propias grabaciones halladas por la UCO han servido para cimentar su condena a 19 años de cárcel).

También cabe preguntarse si ese nuevo audio sería perjudicial para el letrado del PP, un profesional que se ha bregado en situaciones complicadas y que, dada su experiencia, no parece que sea de los que hablen más de la cuenta en contactos personales con imputados.

En todo caso, varias fuentes jurídicas consultadas sí recuerdan que el abogado Alberto Durán siempre intentó que las distintas defensas que representaron a Ábalos y a Koldo García se plegaran a una conformidad con la Fiscalía. Lo intentó hasta en los días previos al juicio que acabó con la condena de ambos.

Y todo volvió a girar. La dimisión de Óscar Puente a última hora del martes, por sorpresa y contra la opinión de Pedro Sánchez, abre una nueva pantalla y cambia el paso otra vez de la campaña electoral del 29N después de una semana de 'shock' generalizado por la tragedia de Urda.

Aunque inesperada, porque el presidente le pidió expresamente continuar, la renuncia del ministro de Transportes ha devuelto al PSOE el resuello perdido en los últimos siete días por el desgaste político del segundo accidente ferroviario en apenas diez meses. Y por eso los socialistas, cargados ahora de la legitimidad que creen que les otorga asumir la responsabilidad política, pasan a la ofensiva para enfrentar al PP con su propio pasado en gestiones como la de la dana o la catástrofe de Angrois. Enfrente, los de Feijóo recalculan sobre la marcha su estrategia tras salir del mapa uno de sus ministros fetiche para la confrontación electoral.

El presidente del Gobierno se someterá este jueves por primera vez desde el accidente de Urda a las preguntas de los medios en la rueda de prensa de la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid. Lo previsto es que Pedro Sánchez insista en los mensajes de las últimas horas, en los que ha ensalzado la figura de Óscar Puente y ha puesto en valor su renuncia, y también ha subrayado la línea maestra de la nueva hoja de ruta electoral de los socialistas: “No todos los políticos son iguales”. Un nuevo lema que a partir del fin de semana ya se escuchará en los mítines.

El viernes en València, el sábado en Tarragona y el domingo en Bilbao, Sánchez retomará una caravana electoral de actos del PSOE y de entrevistas que habían quedado en suspenso, aunque en Ferraz asumen que después de Urda “ya nada será como antes”. Los socialistas han introducido cambios en esos planes trazados antes de la tragedia de tren, principalmente en el tono de la campaña y de los mensajes, muy enfocados al principio en proyectar una imagen cercana y distendida frente a PP y a Vox.

En la Moncloa admiten ahora que todo eso ha quedado atrás y que la campaña obligatoriamente tendrá que ser diferente y seguirá marcada en gran medida por las consecuencias del accidente. Para ello, Sánchez elige para ponerse al frente de Transportes al vicepresidente económico Carlos Cuerpo, un técnico con fama de buen gestor y carácter templado que ha escalado en el organigrama gubernamental desde la salida de Nadia Calviño. Con ese perfil el presidente intenta aplacar en las próximas semanas la conmoción social provocada por los accidentes de tren y también mitigar el malestar interno en el sector ferroviario, con varias jornadas de protestas programadas de aquí al 29 de noviembre.

Pero el PSOE cree, en cualquier caso, que aún hay partida. En los sondeos internos que maneja el presidente el desgaste de la última semana no ha logrado desbaratar por completo las expectativas de remontada que empezaron a generarse después de la convocatoria electoral. Y todavía quedan más de tres semanas y muchas cosas por pasar. Entre ellas, la huelga general por la vivienda del día 11 de noviembre, que en las filas progresistas esperan que contribuya a la movilización de las izquierdas. Y también una lectura política internacional más optimista tras la hecatombe de referentes ultra como Donald Trump o también la derrota de Bolsonaro.

El PP se lanza ahora a por Sánchez

El PP apenas paladeó el supuesto triunfo político que debería haber supuesto la dimisión de Puente, uno de los ministros con los que más han confrontado esta legislatura, y a quien hace directamente responsable (político, como poco) de los dos últimos y graves accidentes de la alta velocidad.

Nada más anunciarse la dimisión, los populares reclamaron el adiós de Pedro Sánchez. “Le dimitiremos en las urnas”, es la consigna. Algo que, en realidad, ya hacían antes del cese del ministro de Transportes. “Aplícatelo”, espetó Feijóo en Twitter a un mensaje en el que el presidente del Gobierno alababa el adiós del dirigente socialista.

Una vez quemado el “fusible”, la estrategia de Feijóo pasa ahora por lanzarse contra Sánchez y hacerle responsable de la gestión de Transportes. El problema es que, por el camino, el PP se ha topado con su propio pasado. Por ejemplo, cuando el entonces presidente de la Xunta dijo que el accidente de Angrois fue responsabilidad únicamente del maquinista, cuando nadie dimitió por la tragedia del Yak-42 o la defensa cerrada de Carlos Mazón durante todo un año, pese a los más de 230 muertos de la dana de Valencia.

Feijóo ha intentado esta semana reescribir la historia de cómo el PP mantuvo su apoyo a Mazón, y ha llegado a decir que él mismo fue “crítico” con el ya expresident de la Generalitat. Pero la hemeroteca apunta a lo contrario.

El líder del PP defendió que Mazón le había “informado en tiempo real”, pero no contactó con él hasta las ocho de la tarde. Después, aseguró en público que el todavía presidente de la Generalitat había hecho un “buen trabajo” por haber aprobado un presupuesto. Y todo el partido, barones autonómicos incluidos, le ovacionaron durante un acto interno celebrado en Oviedo.

La reacción del equipo de Feijóo a la dimisión de Puente ha sido, como suele ser habitual, embarrar el terreno de juego. En un mensaje remitido a los periodistas, los estrategas del PP comparan la integración del Ministerio de Transportes en la Vicepresidencia de Carlos Cuerpo hasta que se forme el próximo Gobierno con la promesa de su jefe de filas de suprimir el Ministerio de Igualdad.

“El argumentario del PSOE es un disparate”, apunta el mensaje distribuido entre los periodistas. “La última es intentar vender como un problema de discurso para el PP que les dimita un ministro en campaña”, añade, después de despreciar la existencia del “Ministerio de Infancia y un Ministerio de no sé qué digital”.

Este miércoles, en un acto informativo organizado por ‘La Razón’, Feijóo lamentó que “Puente dice que se va, pero Sánchez se queda”, y aseguró que, si gobierna, se encargará “personalmente” de se asuman las responsabilidades que correspondan por la gestión del actual Ejecutivo.

Mientras, a la izquierda del PSOE la dimisión de Puente se ha vivido sin euforia, pese a que tanto el Frente Amplio —casi desde el primer momento— como Podemos —unos días después— la reclamaban. En ambas formaciones cundía la sensación de que la posición del ministro era insostenible tras el segundo accidente ferroviario grave en menos de un año, pero la reacción ha sido contenida: la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, agradeció a Puente su “dignidad” y aseguró que la dimisión “es un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece”, mientras la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sostuvo que el cese del ministro “era un consenso social, pero no es suficiente” y puso el foco en la necesidad de revertir la “liberalización” del transporte ferroviario de viajeros.

Ese mensaje, el de la necesidad de recuperar el control totalmente público del mercado ferroviario, lleva siendo la idea fundamental del discurso de Podemos en los últimos días. Y también el Frente Amplio la comparte: este mismo miércoles, el ministro Pablo Bustinduy rechazó que la red ferroviaria esté sujeta a los intereses de “empresas extranjeras que vienen a hacer negocio a costa de los recursos y las necesidades de los españoles” y comparó la privatización parcial del tren con la entrada de actores privados en sectores como la sanidad o la educación. “¿Esto qué tiene que ser, un servicio público? Porque lo que quieren es quedarse con las partes más rentables, como pasa con Quirón, que las operaciones de medio millón de euros o los tratamientos crónicos no los quieren: es el mismo principio siempre”, denunció.

Ese discurso de Bustinduy no es casual. Fuentes del Frente Amplio explican que, lejos de mantenerse a la defensiva por el accidente, la alianza va a intentar utilizar el debate sobre las infraestructuras públicas para defender la necesidad de una mayor inversión no solo en el ferrocarril, sino en general en todos los servicios públicos. “No nos sentimos incómodos hablando sobre infraestructuras”, sostiene un dirigente, que sí admite, no obstante, que la dimisión de Puente les facilita hacer un discurso en clave propositiva que vaya más allá del accidente de Urda y sirva para explicar el modelo de inversión fuerte en servicios públicos que plantea el Frente Amplio.

Otro dirigente de la alianza afirma, en esa misma línea, que el cese del ministro era necesario “para no perder iniciativa” y para que la izquierda no quedara atrapada en el debate sobre si Puente debía o no dimitir, aunque no tuviera “responsabilidad directa” en el accidente de Urda. “Ahora pasamos de hablar de la dimisión a tomar la iniciativa con asuntos como la subida del salario mínimo”, ejemplifican estas fuentes, que aseguran que, sin la presión de tener que justificar la presencia de Puente en el Consejo de Ministros, “puede volver a retomarse el debate de la vivienda” y, además, la izquierda tendrá más argumentos para defender su “modelo de sociedad y valores”.

Por su parte, fuentes de Podemos plantean que la dimisión de Puente por el accidente de Urda supone, “desgraciadamente” que hayan quedado “claras las consecuencias de un modelo que antepone el negocio de unos pocos a la vida de la gente”. “En el caso del ferrocarril, el error de fondo es la privatización y la solución es renacionalizarlo”, plantean estas fuentes, que, sin embargo, consideran que ese razonamiento puede extenderse a otros servicios públicos más allá del transporte ferroviario.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, seguirá usando la alta velocidad española. “Si mando el mensaje de que nadie suba [a un AVE], apoyo el descrédito de nuestro país”, ha confirmado en una entrevista en Antena 3. Una posición que contradice al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o al líder de Vox, Santiago Abascal. Los tres han afirmado en las últimas horas que no van a subirse a un tren de alta velocidad en España.

Moreno fue el primero en poner en duda la seguridad ferroviaria de España. El pasado 29 de octubre, un día después del accidente de Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas, aseguró: “Ahora mismo, no viajaría en el AVE, por lo menos en la línea de Madrid a Andalucía”. El presidente andaluz añadió que no usará el servicio “hasta que no sea revisada toda la línea”.

“Ahora mismo no es segura”, afirmó Moreno. “Ahora mismo no siento ningún tipo de seguridad, ni ninguna garantía”, zanjó. En las mismas declaraciones, recogidas por Europa Press, el presidente andaluz reclamó al Gobierno limitar el precio de los transportes alternativos al tren mientras permanece cerrada la línea que une su comunidad con Madrid. Esa ley fue ya votada en el Congreso. PP, Vox y Junts unieron sus votos para tumbarla.

Las palabras de Moreno fueron secundadas por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Dos días después del siniestro, aseguró que él “tampoco” se subiría a un AVE.

“La sensación de seguridad es fundamental cuando uno utiliza un medio de transporte como la alta velocidad, y todos sabemos que la línea Madrid-Andalucía especialmente es la que más problemas ha presentado”, afirmó.

El ya dimitido ministro de Transportes, Óscar Puente, afeó las palabrass de Moreno por “profundamente irresponsables”. “No son propias de un presidente de una comunidad autónoma ni de un representante institucional”, dijo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Casi a la misma hora, Alberto Núñez Feijóo era entrevistado en La Sexta. El líder del PP afirmó: “Si no tengo otro medio de comunicación yo volvería a subir al AVE en mi país. Por responsabilidad, y porque además creo honradamente que un dirigente político no puede mandar un mensaje de que todo el tren de alta velocidad en su país es un sistema inseguro y que propone que nadie se suba. Yo eso no lo haré”.

Moreno y Almeida no han respondido a la desautorización de su jefe de filas. Pero han recibido el respaldo del líder de Vox, Santiago Abascal, quien en una entrevista en Onda Cero este mismo miércoles ha tachado de “irresponsable” a Feijóo.

“Por responsabilidad haría lo contrario que el señor Feijóo”, ha aseverado Abascal. “Lo irresponsable me parece decirle a la gente que el sistema merece confianza cuando no la merece”, ha añadido.

Abascal ha comparado a Feijóo con el ministro franquista y fundador del PP, Manuel Fraga: “Si quiere bañarse en Palomares, como hizo el señor Fraga en su momento, él sabrá, pero yo prefiero optar por la prudencia”.

Las palabras de Abascal han sido replicadas por Feijóo en Antena 3 casi a la vez en Antena 3. “Entiendo el nudo en el estómago” de los usuarios del AVE, ha afirmado el líder del PP. Pero ha reiterado: “Yo sí subiré. Si mando el mensaje de que nadie suba apoyo el descrédito de nuestro país”. 

Para Feijóo, sus compañeros de partido y Abascal han participado en el “deterioro de la imagen” de España. Algo que él, ha dicho, no hará: “No voy a persistir en el deterioro de la imagen de nuestro país”.

Una “amenaza”. Así han percibido en los grandes sindicatos de clase las palabras coincidentes de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal contra ellos por promover la huelga por la vivienda del próximo 11 de noviembre. Los líderes del PP y de Vox se han parapetado en los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) para reclamar que se desconvoque la protesta. Feijóo incluso fía su futura “interlocución” en el diálogo social a que se cumplan sus deseos. Su socio fue más explícito: “Tomaremos nota”. Todo, el día en que Óscar Puente comparecía ante el Congreso para informar del siniestro y a menos de un mes de las elecciones.

Feijóo y Abascal coincidieron en sus mensajes este martes. El líder del PP abrió fuego. “Antes era incomprensible. 69 muertos después, es un grave error. No la hagan”, espetó sobre la huelga del 11N en un acto informativo. El líder de Vox replicó la consigna poco después en Telecinco, dijo que la protesta “no tiene sentido” y planteó que los convocantes “deberían tener un mínimo de vergüenza”

Las críticas contra la huelga no son nuevas, y en ellas han coincidido en las últimas semanas Feijóo y Abascal, quienes han firmado un amplio acuerdo para concurrir juntos en diferentes circunscripciones al Senado. Este mismo martes, Miguel Tellado, número dos del PP, pidió el voto para Vox en esas provincias.

“Ya entonces era un profundo error de concepto”, apuntó este martes Feijóo sobre la convocatoria inicial. Y añadió: “En las circunstancias actuales, debe de desconvocarse”. El líder del PP, que no explicó las relaciones entre el accidente ferroviario y la huelga del 11N, mantiene la tesis de que la protesta se ha convocado contra él. “Las huelgas generales no se convocan contra quien no gobierna”, dijo, aunque desde el Sindicato de Inquilinas y el resto de organizaciones donde se ha fraguado la movilización por la vivienda y el 11N sí se ha señalado al Gobierno.

“Pero hoy la situación es todavía más grave” aseguró Feijóo. “España acaba de vivir una tragedia y han quedado a la vista de todos las debilidades profundas del sistema cuya responsabilidad política corresponde exclusivamente al Gobierno”, dijo.

Abascal: “Tomaremos nota”

Feijóo negó que su intención fuera “abrir un frente” con los sindicatos. Pero sus palabras han enfurecido a CCOO y UGT, que las tildaron de “amenaza” por esas advertencias a futuro, cuando sea presidente del Gobierno. Porque el líder del PP parece verse, esta vez sí, en el Palacio de la Moncloa.

“Yo necesito interlocutores sindicales con los que me pueda sentar, con los que me pueda hablar, dialogar, discrepar y acordar”, dijo. “Y si esos interlocutores sociales inician la legislatura con un problema reputacional, serán más débiles”, apuntó. “Y si adoptan el criterio de no convocar la huelga en este momento, creo que mejora su reputación, mejora su credibilidad y, por lo tanto, facilita la interlocución”, concluyó.

Feijóo, incluso, reconoció que había presionado a través de “líderes dentro de las federaciones de Comisiones Obreras y UGT”. Mucho más contundente fue Abascal, quien directamente dijo que “tomará nota si hay un cambio de ciclo en España” tras los comicios generales.

“Amenaza” a los sindicatos y ataque “sucio” 

Desde el PP niegan que haya existido una coordinación con Vox. Pero no descartan represalias contra los sindicatos si Feijóo gobierna. “Lo iremos viendo”, apuntan desde la dirección del partido a elDiario.es. “A lo mejor les hemos convencido y la cancelan”, ironizan.

Pero los líderes de los sindicatos mayoritarios y el Sindicato de Inquilinas no parecen estar por la labor y, de hecho, rechazaron de forma inmediata las palabras de Feijóo y de Abascal como “insultantes” y “patéticas”.

“Intentar utilizar el accidente contra la huelga es patético y es no entender nada de estas movilizaciones, que luchan precisamente por unos mejores servicios públicos”, afirma Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en declaraciones a este medio.

“Suena a amenaza”, interpretan desde la dirección de UGT. “Sobre todo si sumamos las declaraciones de Abascal”, añaden.

En los sindicatos hay incluso quien ve una “campaña orquestada” que trata de “deslegitimar” a las centrales de trabajadores, con un aumento de las informaciones críticas contra ellos desde el anuncio de la convocatoria de la huelga general del 11N, apunta una fuente a este medio.

“El enfoque es un despropósito”, valoran en la cúpula de CCOO sobre la vinculación directa de Feijóo de la huelga con las 69 personas fallecidas en el siniestro ferroviario. “Es muy poco elegante y muy sucio”, lamentan en el sindicato.  

Ataque que “se le vuelve en contra”

Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, criticaron públicamente este martes que Feijóo ignore en su ataque a la huelga los motivos que impulsan la movilización, que son algunos de los principales problemas que la ciudadanía señala en los sondeos: el problema generalizado de acceso a la vivienda, los bajos salario y el futuro de unos servicios públicos en deterioro, como la sanidad, la educación y “la red ferroviaria”.

Los sindicatos ya han anunciado una huelga en Adif el próximo 17 de noviembre que algunos quieren extender a Renfe.

Sordo y Álvarez mandaron al líder del PP otro mensaje: ¿cómo va a mejorar la inversión en la red ferroviaria, y otros servicios públicos, si pretende gobernar con Vox, que quiere desplomar los ingresos fiscales en 64.000 millones de euros? “Quien tiene que dar explicaciones es él, que aspira a gobernar con un partido que quiere reducir de una forma absolutamente bestial la recaudación del Estado. Esto se le vuelve en contra”, contraatacan en CCOO. 

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este martes el voto para Vox en tres provincias en las próximas elecciones generales, convocadas el 29 de noviembre. “En el Congreso, al PP”, ha dicho en declaraciones a TVE. “En el Senado, hay tres provincias donde el PP no se presenta”, ha explicado. En esas, ha espetado: “Pedimos a la gente que no vote al PSOE. Pedimos a la gente que vote a Vox, por supuesto que sí”.

Tellado ha verbalizado así la consecuencia lógica del acuerdo que cerraron el PP y Vox para el Senado. Los de Alberto Núñez Feijóo se han retirado en tres circunscripciones, Gipuzkoa, Tarragona y Girona, donde Tellado ha reconocido tener “posibilidades prácticamente nulas” de lograr un representante por voto popular. “Si el voto del cambio se concentra en la papeleta con más posibilidades, que puede ser Vox, se puede garantizar una mayoría del cambio en el Senado”, ha explicado.

Por su parte, Vox se retiró de seis provincias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares). En ellas, el partido ultra se integrará en las listas del PP al Senado con un candidato “independiente”, aunque todos están plenamente relacionados con el partido. En el resto de provincias Vox presenta candidaturas.

Así, los de Santiago Abascal pueden reclamar a sus votantes que voten a Vox en todas las provincias, bien directamente bien eligiendo al candidato integrado en la lista del PP, ya que el sistema electoral español establece listas abiertas en los comicios a la Cámara Alta.

Los electores del PP en las tres provincias citadas tendrán que elegir: abstenerse o votar a Vox.

Feijóo teme a la izquierda en el Senado

Tanto Tellado como su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, han coincidido este martes en explicar que la alianza con Vox y la petición de voto para los ultras tiene como objetivo impedir una mayoría alternativa de izquierdas en el Senado.

El PSOE, el Frente Amplio y otros partidos autonómicos han sellado un gran acuerdo para concurrir en coalición para maximizar sus opciones en la Cámara Alta, cuyo sistema de elección suele favorecer a los grandes partidos, y beneficia históricamente a la derecha por la distribución de los senadores en cada circunscripción.

De hecho, en las elecciones de julio de 2023 el PP logró la mayoría absoluta en el Senado, pero Feijóo no la logró en el Congreso por cuatro diputados, lo que impidió su investidura y la reelección de Pedro Sánchez.

El PP puso al frente del Senado a Pedro Rollán, y desde el principio de la legislatura lo utilizó para bloquear la acción del Gobierno. En tres años, la Cámara Alta ha bloqueado leyes, enmiendas y ha encadenado comisiones de investigación. El PP ha llegado incluso a reformar el Reglamento para atacar al Gobierno por las sesiones de control a las que ninguno de sus presidentes acudió jamás en el pasado.

En este periodo que ahora termina, el gasto en transporte para los senadores ha alcanzado un récord histórico, o se ha utilizado la Mesa del Senado para contratar al abogado de Manos Limpias en la causa contra el ex fiscal general. También se han producido hechos inéditos, como el espionaje masivo a senadores y personal tanto de la propia institución como de los grupos parlamentarios.

Una de las últimas maniobras del PP fue la de bloquear la renovación del Tribunal Constitucional durante más de un año, lo que ha permitido mantenerse al frente a Cándido Conde-Pumpido. Todo, con el objetivo de lograr los tres quintos de la Cámara Alta para poder imponer una mayoría de derechas en el tribunal de garantías durante una década.

Feijóo ha verbalizado este miedo también este martes. Durante un acto informativo (donde ha pedido a los sindicatos que desconvoquen la huelga del 11N), el candidato del PP ha recurrido a ETA para justificar el acuerdo: “Para proteger Gipuzkoa y nuestros muertos, no puede ser que el pacto consista en excarcelar a etarras con centenares de años de condena por asesinato”.

El líder del PP ha seguido: “Lo que pretende el PSOE es conseguir la mayoría absoluta de la Cámara. Y lo que yo tengo que hacer por responsabilidad es evitar que controle en la mayoría absoluta el Senado y que bloqueen el Congreso de forma constante”.

“Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error. No la hagan”. Así ha pedido el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, a los sindicatos para que desconvoquen la huelga general por la vivienda prevista para el próximo 11 de noviembre. En un acto informativo organizado por Europa Press, Feijóo ha asegurado que “debe de desconvocarse” no solo porque se celebre “a tres semanas de ser llamados a las urnas”, sino por el accidente ferroviario de Urda.

Feijóo ha espetado a las organizaciones convocantes, con el Sindicato de Inquilinas a la cabeza, que “en un país no todo puede leerse con el prisma del interés partidista”. “Por eso”, ha añadido, “en las circunstancias actuales, la huelga general prevista para la próxima semana debe de desconvocarse”. A la huelga se han unido también los principales sindicatos de clase, como CCOO y UGT, quienes han vaticinado “un gran éxito”.

El líder del PP ha defendido que el accidente de Urda, con 69 fallecidos identificados, deshabilita la huelga. “Ya lo pensaba cuando se planteó como una respuesta a la oposición. Ya entonces era un profundo error de concepto”, ha sostenido. “Las huelgas generales no se convocan contra quien no gobierna”, ha apuntado, pese a que los convocantes han asegurado que no es así.

“Pero hoy la situación es todavía más grave. España acaba de vivir una tragedia y han quedado a la vista de todos las debilidades profundas del sistema cuya responsabilidad política corresponde exclusivamente al Gobierno”, ha dicho.

“No cuestiono el derecho constitucional de huelga, cuestiono el sentido de la oportunidad. Y por eso quiero dirigirme directamente a los sindicatos: reconsideren esa huelga”, ha planteado. “Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error. No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno, no la hagan ahora a tres semanas de ser llamados a las urnas. No la hagan, o ligarán su imagen a Pedro Sánchez”, ha señalado Feijóo.

El líder del PP ha dicho que su “posición no pretende abrir ningún frente con los agentes sociales”. “Al contrario”, ha sostenido, para acusarles inmediatamente de plantear una “confrontación tóxica que ha acabado por contaminarlo”.

“Ni trabajadores contra empresarios, ni mujeres contra hombres, ni propietarios contra inquilinos, ni unas comunidades contra otras, ni unos españoles separados de otros españoles por un muro. La obligación de todos es preguntarnos cómo fortalecer la nación, no cómo sacar ventaja del deterioro”, ha espetado.

En la misma línea se ha posicionado el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha asegurado que “no tiene sentido” la huelga. “Si no tienen la vergüenza de hacerlo”, ha avisado de que “tomará nota” en caso de que haya un “cambio de ciclo” tras las elecciones generales del 29.

“Deberían suspender porque no tiene ningún sentido hacer una huelga general contra la oposición”, ha señalado Abascal en una entrevista concedida a Telecinco. “Deberían tener un mínimo de vergüenza”, ha agregado el líder de Vox, quien ha advertido de que si los sindicatos convocantes “no la tienen” su formación “tomará nota si hay un cambio de ciclo en España” tras los comicios generales.

Feijóo presionó a los sindicatos

Feijóo ha centrado su discurso en CCOO y UGT, y ha ignorado al Sindicato de Inquilinas, organizadores de las acampadas por el derecho a la vivienda y primeras convocantes de una huelga que ha tildado de “inoportuna”.

“Cuando se convocó, no compartí las razones de la convocatoria, pero mantuve un silencio respetuoso”, ha dicho Feijóo, quien en realidad ha criticado la huelga antes y después de su anuncio oficial.

El líder del PP ha planteado que “en la situación en la que vive España, los servicios públicos, en la situación de una entidad pública 100% desde su constitución, como ADIF, yo necesito interlocutores sindicales con los que me pueda sentar, con los que me pueda hablar, dialogar, discrepar y acordar”, ha dicho a los sindicatos.

“Y si esos interlocutores sociales inician la legislatura con un problema reputacional, serán más débiles”, les ha advertido. “Yo no quiero agentes sociales débiles, yo quiero agentes sociales responsables. Y si adoptan el criterio de no convocar la huelga en este momento, creo que mejora su reputación, mejora su credibilidad y, por lo tanto, facilita la interlocución”, ha ofrecido.

Feijóo ha asegurado que “hay algunos líderes dentro de las federaciones de Comisiones Obreras y UGT” que él conoce porque ha “vivido con ellos”, “negociado con ellos” y “acordado con ellos” con los que habló para presionar y que desconvocaran la huelga.

“Se lo hice llegar. Pero en este instante se lo hago llegar a través de todos ustedes”, ha concluido.

Los sindicatos responden que no gobierne con Vox

El líder de CCOO, Unai Sordo, ha replicado a Feijóo, y le ha pedido que “no lo haga”, que “no gobierne” con Vox, un partido que pretende desplomar los ingresos fiscales del Estado en 64.000 millones de euros y “arruinar” los servicios públicos y el país.

También el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha respondido mediante un mensaje en X, diciendo que desconvocar la huelga “no resuelve la crisis de vivienda”.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha respondido al líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido a los sindicatos que se replanteen la convocatoria de huelga general, que desconvocar la jornada de protesta del próximo 11 de noviembre “no resuelve la crisis de vivienda”.

La portavoz Alicia del Río ha añadido además, en declaraciones a elDiario.es, que “intentar utilizar el accidente contra la huelga es patético y es no entender nada de estas movilizaciones, que luchan precisamente por unos mejores servicios públicos”.

Ayuso ha levantado la acampada de Sol

El líder del PP se ha felicitado por la decisión de la asamblea de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, que se instaló tras una manifestación por el desahucio de Maricarmen y por el derecho a la vivienda, haya decidido poner fin a su protesta tras un mes para centrarse en la organización de la huelga del 11 de noviembre.

“Es una buena noticia para la salubridad pública, para los comerciantes y para toda la hostelería. Es una buena noticia reputacional para Madrid. Y es una buena noticia que vuelva a funcionar el Estado de Derecho”, ha sido su primera reacción.

Feijóo ha sostenido que la decisión de levantar la acampada responde a las presiones legales de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida por “las demandas y las denuncias que se han presentado en el ámbito jurisdiccional”. “Han preocupado a sus destinatarios”, se ha felicitado el líder del PP.

Además, Feijóo ha asegurado que “la nueva delegada del Gobierno, que puede intuir que pueden cambiar cosas en su país este mes no quiere asumir más responsabilidades de las necesarias”.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha exculpado este lunes a los trabajadores del centro de control de Atocha por el accidente ferroviario de la semana pasada en Urda (Toledo) en el que fallecieron, al menos, 69 personas. Feijóo ha acusado al Gobierno de “buscar a quién endosarle la responsabilidad” del siniestro, de “tardar horas en encontrar un culpable”. “Como si todo un sistema ferroviario se redujera a un trabajador”, ha aseverado. Una “actitud infame, cruel y ruin”, ha zanjado.

Feijóo ha reunido en Madrid este lunes de festivo en media España a su dirección nacional para atacar al Gobierno tanto por su responsabilidad en el accidente de Urda, así como en el de Adamuz de hace unos meses, como por el intento, en su opinión, de limitar la culpa a los controladores de Adif sin asumir la suya propia.

“El miércoles, con los equipos de rescate en el terreno, mientras ellos buscaban la vida, el Gobierno buscaba otra cosa”, ha asegurado el líder del PP. “Buscaba cómo quitarse la responsabilidad de encima y buscaba a quién endosarle esa responsabilidad”, ha afirmado.

Feijóo ha lamentado que “nueve meses después de Adamuz las familias siguen sin saber qué ocurrió” para que no se detectara la rotura de un raíl de la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía. “Nueve meses para no explicar nada”, ha continuado, para apuntar que en el siniestro de Urda “tardan horas en encontrar un culpable, como si todo un sistema ferroviario se redujera a un trabajador”.

“Como si no existieran sistemas de seguridad, el mantenimiento, la conservación y la supervisión imprescindible. Como si no existiese la responsabilidad política ante dos accidentes continuados con más de 115 muertos”, ha planteado.

“Todo nuestro apoyo a los maquinistas, a los controladores y a los empleados de ADIF y a los empleados de Renfe”, ha zanjado Feijóo.

El líder del PP ha dicho que en el accidente ha “fallado todo lo que puede fallar”, lo que hace “evidente que no son buenos gestores”. “Dudo de que también sean buena gente”, ha añadido, para apuntar que la del Gobierno es una “actitud infame, cruel y ruin”.

Cálculo electoral de Sánchez

Feijóo ha insistido en que Óscar Puente no debería mantenerse como ministro de Transportes y, aunque este ha afirmado que puso su cargo a disposición del presidente, Pedro Sánchez, el líder del PP ha asegurado que uno no ha dimitido y el otro no lo ha echado.

Según el candidato del PP, Sánchez mantiene a Puente por puro cálculo electoral. “Sabemos que están encargando encuestas para decidir si le cesan o no”, ha afirmado Feijóo. “Aún no han entregado todos los cuerpos a las familias y están con sondeos para ver si les perjudica o les beneficia electoralmente el cese del ministro”, ha reiterado. Por si quedaban dudas, ha lanzado la misma idea por tres veces: “Decidir si cesas a un ministro por lo que te digan las encuestas te da el nivel moral de esta gente, que es ninguno”.

“Fijaos, cuando comparecen, ¿de quién hablan?”, se ha preguntado. “¡De sí mismos!”, ha espetado. “El ministro habló del calvario que le espera encima en campaña electoral. No, señor ministro, el calvario no lo está sufriendo usted, el calvario es de las familias que esperan un cuerpo”, ha apostillado. “El calvario es de quienes no volverán a ver a sus seres queridos. El calvario es de los heridos. El calvario es de todo un pueblo”, ha afirmado.

El accidente ferroviario más grave de España desde la restauración de la democracia no fue el de Adamuz, con 46 fallecidos, ni el más reciente de Urda, donde se contabilizan al menos 69 personas muertas, aunque se prevé que la cifra aumente. Ocurrió en julio de 2013 en Santiago de Compostela, también en una línea de alta velocidad, y perdieron la vida 80 personas. La ministra de Fomento era Ana Pastor, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Nadie asumió responsabilidades políticas y el PP señaló como responsable único al maquinista del Alvia, mientras negó a las víctimas y sus familias la entrada a su propio homenaje.

Lo ocurrido tras el accidente de Angrois hace menos de una década choca con la actual actitud del PP de Feijóo. Y sirve de ejemplo de la doble vara de medir de la oposición cuando le tocó gestionar tragedias y accidentes desde el Gobierno. 

Feijóo tardó apenas 24 horas en exigir “responsabilidades políticas” por el accidente de Urda. De forma inmediata y sin esperar a terminar la investigación oficial. El mismo día, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, apuntó directamente a Pedro Sánchez. El líder del PP también consideró “una frivolidad” que el Gobierno quiera “echar la culpa a un operador de Atocha”, en referencia a la frase sobre la “inexplicable” orden de reanudar la marcha que recibió el AVE que, posteriormente, colisionó con el Iryo.

El líder del PP ha seguido el mismo guion que después del accidente de Adamuz. Entonces, anunció la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la tragedia.

Pero el Feijóo de 2013 que presidía Galicia, donde se produjo el accidente de Angrois, rechazó hasta en tres ocasiones que el Parlamento autonómico abriera una investigación política sobre aquel percance. También acusó al maquinista por tomar la curva a una velocidad excesiva, obviando que había habido una decisión política de desactivar el sistema de seguridad ERTMS. No fue la única crítica a la gestión que hizo la Xunta de aquel siniestro. Por ejemplo, las víctimas denunciaron que se les impidió la entrada a su propio homenaje.

Pero tampoco en el Congreso se investigó lo sucedido. La entonces ministra, Ana Pastor, solo compareció varias semanas después y en comisión, no en el Pleno. No reconoció ni un error. Solo varios años después, cuando el PP perdió la mayoría absoluta, el Congreso abrió una investigación parlamentaria. La presidenta de la institución era la propia Ana Pastor. En 2018, las víctimas le pidieron no “añadir más dolor” y desbloquear la investigación.

Mazón, un año defendido por Feijóo

El PP ha reiterado este viernes sus peticiones de dimisión de Óscar Puente y de Pedro Sánchez, pese a que los españoles decidirán su próximo Gobierno en apenas un mes. Una premura que contrasta con la defensa que hizo el partido, con Feijóo a la cabeza, del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por su responsabilidad política en la gestión de la dana de Valencia que provocó más de 200 muertos hace ahora dos años. 

El PP siempre supo que Mazón estuvo durante horas aislado en un reservado del restaurante El Ventorro con otra persona, a qué hora se pagó dicha factura, que atesoraba Génova, y cuándo llegó realmente al Cecopi. Sabían que mintió. 

En un intercambio de mensajes de WhatsApp en la misma noche de la dana, Feijóo le aconsejó llevar “la iniciativa de la comunicación”. “Es la clave”, le explicó.

Mazón se mantuvo al frente de la Generalitat valenciana un año con el respaldo expreso de Feijóo. Solo la presión popular terminó con su resistencia.

Del metro de Valencia al ‘Prestige’ y el Yak-42

Valencia fue también donde se produjo otro mortal accidente. Un convoy del metro de la ciudad descarriló y se estrelló, lo que provocó el fallecimiento de 43 personas. El accidente se produjo por un error de diseño en las balizas de control de velocidad, que permitieron al tren entrar en una curva a 80 kilómetros por hora, el doble de la velocidad máxima permitida. “Había defectos graves en ruedas y ventanas”, dijo la fiscal que consiguió las condenas.

Gobernaba el PP, tanto a nivel municipal como autonómico. Rita Barberá era la alcaldesa, Francisco Camps president y la estrategia fue la de “maltratar” a las víctimas de la tragedia. De hecho, el que fuera conseller de Agricultura y después director general de la policía con José María Aznar, Juan Cotino, ofreció puestos en la administración a familiares de los fallecidos a cambio de que no se personaran en la causa.

La manipulación llegó a Canal 9, la televisión pública que, en palabras de un informe elaborado por la Unió de Periodistes Valencians, “dejó de ser un medio de comunicación al servicio de la sociedad valenciana” para convertirse en un “altavoz encargado de difundir la versión oficial, silenciando a las víctimas”.

Camps nunca les recibió. Solo 10 años después, ya con el PP fuera del Govern, Las Cortes valencianas pudieron hacer una investigación parlamentaria. Fueron condenados cuatro directivos de los ferrocarriles valencianos por 43 homicidios imprudentes.

Por la misma época, en 2003, se produjo uno de los accidentes militares más graves en tiempos de paz. Un avión de transporte de tropas subcontratado se estrelló en las montañas de Turquía. 62 militares españoles murieron. Era ministro de Defensa Federico Trillo, y presidente José María Aznar.

Más allá de las negligencias en la cadena de subcontratación que se señalaron, como la existencia de denuncias previas por el mal estado de los aviones, lo que más soliviantó a las víctimas y a la sociedad fue que decenas de restos mortales fueron mal identificados, mezclados y repartidos de forma aleatoria a las familias. Muchas de ellas nunca han podido enterrar a sus fallecidos. Una década después, por ejemplo, se encontró la pierna de una de las víctimas en un cementerio de Turquía.

En 2017, el Consejo de Estado responsabilizó al Gobierno del accidente de Yak-42. No sirvió de mucho. Tal y como relataron las víctimas, “todos los cargos del PP vinculados con la catástrofe fueron premiados”. La justicia condenó a tres mandos militares: uno falleció antes de cumplir la sentencia y los otros dos fueron indultados.

Nadie asumió una responsabilidad política. Mucho menos Federico Trillo, quien fue nombrado posteriormente por Mariano Rajoy embajador de España ante el Reino Unido, una de las principales delegaciones diplomáticas.

El propio Rajoy fue protagonista como vicepresidente del Gobierno de otra de las crisis en las que nadie asumió responsabilidades políticas: el desastre del 'Prestige'. Como ocurrió con el accidente del Alvia, con el metro de Valencia o con el Yak, la maquinaria institucional dominada por el PP empujó con todas sus fuerzas para señalar a un único culpable, siempre fuera del cuadro de mandos político.

En este caso fue el capitán del barco, Apostolos Mangouras, a quien se acusó de tomar decisiones negligentes. Nadie respondió, sin embargo, de la orden política de separar el petrolero de la costa sin buscar un refugio seguro, lo que provocó su ruptura en medio de una gran tormenta y posterior hundimiento.

Fue entonces cuando Rajoy hizo presencia. Ante las imágenes que mostraban cómo el petróleo contenido en el barco estaba saliendo por las roturas abiertas en el casco, el entonces vicepresidente del Gobierno dijo que eran como “hilillos de plastilina”. Cientos de kilómetros de costa fueron contaminadas por esos “hilillos”. La autogestión ciudadana, que organizó equipos de limpieza, permitió suplir las carencias de la administración autonómica y estatal.

“Si no dimiten ellos les dimitiremos en las urnas”. Así ha reaccionado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que no piensa renunciar a su cargo tras el accidente de tren de Urda (Toledo) en el que de momento han fallecido 69 personas. La oposición ha reclamado desde el día siguiente al siniestro el cese de Puente, así como la salida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que se celebrarán elecciones generales el 29 de noviembre.

“El problema es de gestión, se ha gestionado mal”, ha afirmado Feijóo en una comparecencia ante los medios este viernes. El líder del PP ha querido exculpar a los técnicos del centro de control de Atocha, hacia quienes el Gobierno ha dirigido la “inexplicable” decisión de ordenar reanudar la marcha al tren Ave que acabó estrellándose con el convoy de Iryo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

“Lo que han buscado de forma inmediata es un cortafuegos para el gran incendio”, ha sostenido Feijóo. “Ese cortafuegos no tiene ningún valor”, ha apuntado.

“El ministro es un fusible y al jefe de electricidad le interesa ese fusible mantenerlo para que no llegue el incendio a su responsabilidad, que es el que ha nombrado y el que ha mantenido después del accidente de Alamuz prosigue y el que, en definitiva, intenta resguardarse detrás del fusible puente”, ha zanjado Feijóo.

Anteponer la “conservación”

“Lo más responsable es trascender la búsqueda de chivos expiatorios”, ha afirmado. “La tragedia no puede convertirse en un plan de acoso y derribo contra un único operario de la estación de Atocha”, ha añadido. “Si hay que convertirla en algo”, ha proseguido, “es en un plan de trabajo” porque el accidente “evidencia que falló todo lo que podía fallar: los sistemas de seguridad, el centro de control y el sistema de respaldo. Es decir, fallaron todas las capas de seguridad”.

Por eso, Feijóo ha anticipado que, si gobierna tras las elecciones del 29 de noviembre, pondrá en marcha un nuevo protocolo de actuación en el sistema ferroviario que anteponga “la conservación” a la expansión de la red.

El líder del PP ha la prioridad del presupuesto de conservación y mantenimiento sobre cualquier otra obra nueva. “Si hay que dejar de inaugurar una vía para priorizar la seguridad en la que ya tenemos, yo lo haré”, ha afirmado. “Si hay que bajar la velocidad por seguridad, yo lo haré”, ha añadido. “Si hay que cortar la circulación por velocidad, yo lo haré, porque la vida de los ciudadanos vale mucho más que todo esto”, ha asegurado.

Feijóo ha prometido una “atención específica a la línea Madrid-Andalucía” un “refuerzo del área de seguridad en Adif y Renfe”, una “revisión completa de las vías y del resto del sistema ferroviario” con una “auditoría”, así como “un plan de emergencia o plan de choque inmediato en actuaciones de seguridad, conservación y mantenimiento” para “recuperar la confianza de la gente”.

El PP ha ido elevando el tono contra el Gobierno y este viernes ha solicitado expresamente la dimisión de Puente, aunque ya habían reclamado “responsabilidades políticas” en el pasado.

“En este país todos pensamos lo mismo. Hemos tenido dos accidentes mortales en la misma vía y yo puedo decir que Óscar Puente tiene que dimitir, pero es obvio”, ha asegurado Ester Muñoz, portavoz de campaña de los populares, al ser preguntada por la dimisión del ministro en una entrevista en RNE.

Muñoz cree que Puente debería marcharse antes incluso de su comparencia del martes en la Diputación Permanente del Congreso. “No debería llegar al martes”, ha dicho la portavoz del PP. “Lo sabe todo el mundo. Cualquier persona de este país es consciente de que si no dimite, debería ser cesado. Va a venir al Congreso el martes, ¿a qué? ¿A dar explicaciones de qué? Se ha mantenido en su puesto después del accidente de Adamuz. Se ha estado riendo de los problemas de Renfe y Adif”, ha enfatizado

Hasta este viernes los miembros del PP y su propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, habían insinuado que Puente debía dejar su puesto, pero ha sido Muñoz la primera en verbalizarlo. La dirigente popular ha considerado, además, que ante el proceso de liberalización del sector ferroviario “no se han puesto los recursos” necesarios por parte del Gobierno y, haciendo alusión a casos como el de José Luis Ábalos, exministro condenado por corrupción, Muñoz ha dicho que “en el Ministerio de Transportes han ocurrido muchas cosas y no iban encaminadas a mejorar el servicio”.

En esa misma línea, la dirigente popular ha considerado que no tener Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura “tiene consecuencias”, insinuando que puede ser uno de los factores que ha provocado el accidente. Pero también ha considerado que puede haber influido “poner amigos en puestos técnicos”. No obstante, Muñoz ha considerado que “las responsabilidades van más allá” de Puente.

El PP ha registrado la petición de comparecencia de Sánchez en la Diputación Permanente, aunque Muñoz ha recordado que al estar disueltas las Cámaras por las próximas elecciones generales, ha de ser el jefe del Ejecutivo el que pida comparecer a petición propia. “Instamos al presidente de Gobierno a que acuda al Congreso a dar explicaciones”, ha asegurado. 

La portavoz 'popular' ha criticado que el Gobierno lleve años sin asumir “ninguna responsabilidad”, a pesar de haber tenido “auténticos desastres”. “No es razonable que el gobierno esté atrincherado y que nadie asuma la responsabilidad: ni por la corrupción, ni por los accidentes mortales”, ha criticado.

Sémper: “Una mayoría de españoles tiene miedo al tren”

Minutos después, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, insistía en la responsabilidad superior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a las peticiones de dimisión a Puente, lanzadas por su propio partido por el accidente de tren de Urda. “Lo relevante no es qué va a hacer Óscar Puente, sino qué ha hecho quien le ha permitido ser ministro, Pedro Sánchez”, ha sostenido Sémper este viernes en una entrevista en Telecinco.

“Es indecente lo que estamos viendo, lo que venimos viendo en los últimos y los últimos meses y en los últimos años”, ha afirmado Sémper, quien ha denunciado una “gestión política que ha hecho que muchos ciudadanos, una mayoría de españoles, hoy tengan miedo de subirse a un tren, hoy desconfíen de los servicios públicos, desconfíen de la palabra de los gobernantes”.

El Gobierno intenta frenar en seco las expectativas de una salida inmediata de Óscar Puente tras el accidente de tren de Urda, el segundo en menos de un año en la misma línea de alta velocidad, la de Andalucía, en la que ya se contabilizan al menos 115 muertos en los últimos diez meses. Pese a la presión de la mayoría de sus socios, de la oposición y de buena parte de la opinión pública, el mensaje que trasladan al unísono desde Moncloa y desde el propio entorno del ministro es que no dimitirá y que se dispone los próximos días a defender su gestión públicamente a capa y espada.

Para este viernes, de hecho, hay anunciada una rueda de prensa en la que el equipo de Puente asegura que ofrecerá más detalles de la investigación. Y el próximo martes comparecerá en el Congreso de los Diputados en mitad de las críticas generalizadas de varios grupos de izquierda y toda la derecha en bloque, que ya apuntan directamente a la necesidad de depurar responsabilidades políticas por la tragedia. Una agenda confirmada oficialmente por el Ministerio y que despeja los próximos días de cualquier especulación sobre su futuro.

La tesis a la que parece aferrarse Pedro Sánchez es la misma que puso sobre la mesa el ministro de Transportes desde el primer minuto. Esto es, que el choque por alcance de un AVE de Renfe y de un tren Iryo este miércoles por la mañana en el que perdieron la vida al menos 69 personas se debió, fundamentalmente, a un error humano del operario del centro de control. Y no a ningún motivo relacionado con la gestión política del ministro, sobre la que el Ejecutivo cierra filas.

Esa decisión, la de proteger a Puente y no dejarlo caer, llega después de afrontar las primeras 24 horas críticas tras el accidente, cuando el presidente calificó de “inasumible para un país como España” que ocurran dos catástrofes ferroviarias en menos de un año y cuando mucha gente en el entorno del propio ministro llegó a pensar que no aguantaría emocional ni políticamente. De hecho, ni siquiera él fue capaz de desterrar por completo la hipótesis de su dimisión durante la comparecencia ante la prensa de la mañana del miércoles. “Se pueden imaginar que hoy en lo último que pienso es en mí y lo que quiero es esclarecer esto y resolver la situación”, respondió. Y a eso, según su equipo, se piensa dedicar de ahora en adelante sin atender el clamor político y social que lo señala y exige su dimisión.

No obstante, si Puente quiere continuar al frente de Transportes, tendrá que afrontar una presión creciente de sus socios de la izquierda. El miércoles, tan solo fue el Frente Amplio el que pidió que se asumieran “responsabilidades” dentro del Gobierno por el accidente, y ni la alianza liderada por Ada Colau ni ningún otro socio del Ejecutivo ha dado el paso de pedir abiertamente la dimisión de Puente. Pero este jueves se unieron al Frente Amplio tanto ERC como el PNV, que utilizaron esa misma formulación, la de exigir “responsabilidades” políticas, para señalar indirectamente al ministro.

“Una 'situación inasumible' requiere de asunción de responsabilidades, no de filtraciones para trasladarlas”, espetó el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, en un mensaje en su cuenta de X, en el que también denunció que “un fallo humano es el reflejo de un sistema de seguridad fallido” y criticó que se ponga el foco sobre ese supuesto error y no sobre un sistema que permite que “una sola persona” acabe siendo “responsable de la vida de centenares en cuanto al transporte ferroviario se refiere”. En la misma línea se expresó su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, que sostuvo que “se tendrán que asumir responsabilidades técnicas y políticas al máximo nivel”.

Podemos, por su parte, evitó acudir a la fórmula de las “responsabilidades” para insinuar que Puente debería dimitir, pero sí que se mostró muy crítico con el hecho de que el ministro haya puesto el foco sobre el error humano que, supuestamente, cometió un operario del centro de control de la red ferroviaria. Su candidata, Irene Montero, denunció que se esté planteando que “el problema es un trabajador y no un sistema ferroviario sobrecargado, donde ahora circulan muchos más trenes que antes, con un mantenimiento insuficiente y externalizado y con unos sistemas de seguridad que necesitan ser actualizados”.

En la misma línea, Ada Colau calificó de “absolutamente inaceptable que se echara a los trabajadores a los pies de los caballos” e insistió en que sería “injusto” atribuir “a una sola persona este fallo tan terrible”. Y tanto ella como ERC y Podemos señalaron, igualmente, a la liberalización del mercado de transporte ferroviario de pasajeros y la entrada de operadores privados como el origen de los problemas. Una liberalización que se puso en marcha, no obstante, durante el mandato de los predecesores de Puente, José Luis Ábalos y Raquel Sánchez.

El PP apunta a Sánchez

El PP mantuvo este jueves la línea de contención que impuso Alberto Núñez Feijóo en las horas posteriores al accidente, aunque elevó la presión y ya el viernes a primera hora reclamó la dimisión inmediata de Óscar Puente. Fue Ester Muñoz la que la pidió expresamente en una entrevista en RNE. “No puede llegar al martes”, aseguró la portavoz popular.

El jueves, el jefe de la oposición visitó el lugar del siniestro y atendió brevemente a los medios. Tras insistir en la necesidad de dos investigaciones paralelas, judicial y gubernamental, aseguró que la continuidad del ministro de Transporte es independiente de las pesquisas y de sus futuras conclusiones.

“Las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación” dijo, después de departir sobre las labores de rescate con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Las responsabilidades políticas no son opcionales, son imprescindibles”, añadió.

Feijóo criticó que el Gobierno “eche la culpa a un operador de Atocha”, en referencia al trabajador que ordenó reanudar la marcha al tren AVE que, unos kilómetros más adelante, se estrelló contra un Iryo que se mantenía detenido tras desactivarse los sistemas de seguridad LZB de la línea que une Madrid y Andalucía.

“Yo sé lo que haría si fuese presidente de Gobierno”, zanjó. La referencia a Pedro Sánchez fue muy indirecta. Mucho más claro fue, unas horas antes, el portavoz nacional, Borja Sémper, quien en una entrevista aseguró que la culpabilidad “trasciende” del ministro. “Hay una responsabilidad superior”, concluyó.

Horas más tarde, el PP reclamó la comparecencia de Pedro Sánchez ante la Diputación Permanente del Congreso después de que Puente anunciara la suya propia, que los de Feijóo consideran “insuficiente”. “Sánchez fue quien le nombró, quien le sostiene y quien ha liderado a través de varios ministros (entre ellos Ábalos y Puente) una deficiente gestión del sistema ferroviario”, aseguró en un comunicado.

Pero la posición del PP palidece al lado de la de Vox. Más allá de no suspender la campaña, los ultras han registrado una querella contra Puente, y no dudan en usar la tragedia como reclamo electoral sin ningún reparo. “Han convertido España en Burkina Faso”, aseguró el partido en su cuenta oficial de Twitter. “Hay que echarles. Hay que reconstruir todo lo que han destruido”, añadió.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves que el Gobierno asuma ya “responsabilidades políticas” por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han fallecido al menos 69 personas. Preguntado expresamente, Feijóo no ha querido especificar qué tipo de responsabilidades se deben adoptar, ni quién debe hacerlo. Esta mañana, su portavoz de campaña, Borja Sémper, sí ha sostenido que lo ocurrido “trasciende de Óscar Puente” y que “hay una responsabilidad superior”.

“Las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación. En mi opinión las responsabilidades políticas no son opcionales son imprescindibles”, ha sostenido Feijóo en declaraciones a los medios durante una visita al lugar del accidente ferroviario de este miércoles.

“Es evidente que tenemos que tomar decisiones”, ha espetado el líder de la oposición, quien no ha querido pedir expresamente la dimisión del ministro de Transportes o del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Ayer el Gobierno lo que vino es a echarle la culpa a alguien”, ha afirmado. “Echarle la culpa a un operador de Atocha. Eso es todo. Creo que lo que ha pasado ayer no podemos concluir simplemente con esa frivolidad, en mi opinión, impropia de un ministro y de un Gobierno ante la catástrofe”, ha añadido.

“Las responsabilidades políticas no son opcionables, son exigibles, ética y moralmente”, ha asegurado Feijóo. “Yo sé lo que haría si fuese presidente de Gobierno”, ha dicho. “Primero, en el nombramiento. Segundo, durante la ejecución y el mandato de ese ministro. Y tercero, con los accidentes y los incidentes de aves reiterados que hemos vivido en nuestro país”, ha explicado.

Sémper: “Hay una responsabilidad superior”

Unas horas antes, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, sí ha señalado quién debe asumir las responsabilidades.

“Hay responsables desde hace mucho tiempo”, ha dicho. “La sucesión de cosas inexplicables que padecemos los últimos años, especialmente los últimos meses, hace tiempo que deberían haber dado con responsabilidad política”, ha sostenido.

En una entrevista en Onda Cero, Sémper ha señalado que “el Gobierno es experto en externalizar la responsabilidad” lo que “tiene consecuencias para las personas”. En concreto, el portavoz del PP ha mencionado la “descomposición del Estado” y de “la credibilidad en las instituciones, en los servicios y en la palabra de los gobernantes”.

Preguntado expresamente si el PP reclama la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, Sémper ha asegurado que la culpabilidad “trasciende de Óscar Puente”. “Trasciende de la caricatura del tuitero bronco que insulta. Hay una responsabilidad superior. Lo creo honesta y profundamente”, ha apuntado, para señalar a “quien esto permite” y quien “ha diseñado una política tóxica y basada en el relato”.

La tragedia de Urda arrasó este miércoles con todo. Con la vida, al menos, de 69 personas, con el estado de ánimo de un país y con el discurrir de una política nacional marcada, hasta ahora, por la cuenta atrás para las elecciones generales. Todo eso saltó por los aires. El accidente entre dos trenes de alta velocidad llevó a la mayoría de grandes partidos políticos a suspender sus agendas de precampaña. Todos, a excepción de Vox. Desde el Gobierno y el PSOE se volcaron en la gestión de la emergencia y la coordinación con otras administraciones, con Pedro Sánchez sobre el terreno en el lugar del accidente. En el PP, Feijóo ordenó contención y no reclamó, por el momento, unas responsabilidades políticas que sí planteó el Frente Amplio, en una alusión implícita a Óscar Puente.

Preguntado expresamente por su dimisión, el ministro de Transportes respondió a la prensa durante una comparecencia que no era el día para planteárselo, aunque no quiso cerrar esa puerta. “Se pueden imaginar que hoy en lo último que pienso es en mí y lo que quiero es esclarecer esto y resolver la situación”. En Moncloa, por ahora, rechazan de plano que la salida de Puente del Ejecutivo sea una opción sobre la mesa para las próximas horas, en las que aseguran que el desarrollo de la investigación avalará la gestión de su ministro, al que todavía respaldan. Aunque las declaraciones de Pedro Sánchez desde el lugar del accidente sonaron a una contundencia poco habitual sobre la asunción de responsabilidades.

“No es asumible para un país como España que en menos de un año haya dos accidentes en la alta velocidad de esta magnitud. Si hubo negligencias, se sabrá. Y si falló el sistema, se responderá con contundencia”, dijo. El presidente del Gobierno tiene previsto volver este jueves al lugar del accidente para participar en la reunión de coordinación del mando operativo.

Nadie en el Gobierno ni en el PSOE acierta ahora a salir de la conmoción de otra crisis que vuelve a poner al Ejecutivo contra las cuerdas en plena cuenta para atrás para las elecciones generales. Y mucho menos saben atisbar ni quieren plantearse cuándo se podrá recuperar algo parecido a la normalidad de una campaña electoral que todos dan por “absolutamente rota”.

La tesis que mantienen desde las filas socialistas es que la responsabilidad absoluta del choque de trenes en Urda es del operario de ADIF que “decidió saltarse toda la normativa” y que dio instrucciones al AVE de Renfe de continuar su marcha aunque hubiera un tren Iryo parado en la vía unos kilómetros más adelante. Y, aun así, todas las fuentes consultadas admiten que la situación del ministro, personal y política, es crítica con más de un centenar de muertos en las vías del tren en apenas nueve meses.

Feijóo mira a Vox de reojo

El PP suspendió sus actos de precampaña en un día en el que Alberto Núñez Feijóo tenía previsto recorrer las zonas de Barcelona afectadas por los disturbios del pasado fin de semana acompañado del candidato en esa provincia, Xavier García Albiol. El accidente cogió al líder del PP en una entrevista con La Vanguardia en la capital catalana que suspendió sobre la marcha para regresar a Madrid, donde llegó al filo de las dos de la tarde.

Durante unas horas, el primer partido de la oposición guardó silencio o se limitó a mostrar sus condolencias y a difundir mensajes con información de servicio. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió a los ciudadanos acudir a los centros de donación de sangre, mientras seguía la evolución del accidente desde la sede de Emergencias. Pero a las tres y media de la tarde en punto, la cuenta de Twitter del PP difundió un mensaje en forma de frase única: “Ya está bien”.

Para entonces, Vox ya había anunciado que no tenía intención de suspender sus actos de precampaña, y Santiago Abascal se lanzó contra el Gobierno aun sin saber las causas del accidente. “No vamos a permitir que utilicen el luto que compartimos, los sentimientos de rabia, de dolor y de indignación, para callar ni por un segundo las denuncias de lo que está pasando en España”, dijo el líder ultra. “La campaña del amor del PSOE causa muertos”, declaró.

Como ya ocurriera con la reacción a los actos vandálicos de las últimas semanas, el PP mira de reojo a Vox y contempla cómo los de Abascal suben en las encuestas, mientras Feijóo a duras penas aguanta, cuando no pierde estimación de voto. Poco antes de las cuatro de la tarde, el PP convocó una “declaración institucional” de Feijóo en la que su jefe de filas reclamó una “revisión completa independiente de toda la red ferroviaria”. Y se comprometió sin mencionar las elecciones que, si gobierna tras el 29N, ordenará realizar dicha auditoría: “Garantizo que todo esto lo tendrán”.

Pero Feijóo también lanzó mensajes a sus futuros socios de gobierno de Vox, también sin citarlos. “El dolor que están sufriendo demasiadas familias de los fallecidos y heridos exige, en primer lugar, insisto, respeto”, afirmó. El líder del PP renunció expresamente a reclamar “responsabilidades políticas”. “No es el día”, dijo.

Feijóo secundará el minuto de silencio convocado por la FEMP frente a los ayuntamientos. Un acto institucional que Vox quiso convertir en una manifestación política contra el Ejecutivo: “Hay que denunciar a este Gobierno criminal todos los días a todas horas”. Poco antes, Abascal había asegurado: “No vamos a permitir que utilicen el luto que compartimos (…) para callar ni por un segundo las denuncias de lo que está pasando en España”.

Entre los socios del PSOE la sensación también es de conmoción. Al igual que el PP, pocos minutos después de conocerse las primeras informaciones sobre el accidente tanto el Frente Amplio como Podemos anunciaron la suspensión de sus actos de campaña y sus intervenciones en medios de comunicación durante el día. Fuentes de ambas formaciones confirman, igualmente, que quedan aplazadas sine die sus convocatorias para el próximo sábado: por parte del Frente Amplio, un mitin que tenía pensado celebrar Ada Colau con Emilio Delgado en Barcelona, y por la de Podemos, un evento con Irene Montero y Gabriel Rufián en Madrid.

Por ahora, Podemos no se ha pronunciado sobre cuál considera que debe ser la reacción del Gobierno a este accidente. Por el contrario, el Frente Amplio sí lo ha hecho, y en términos inusualmente duros con su socio en el Ejecutivo. A través de un comunicado, la coalición liderada por Ada Colau ha exigido que se asuman “responsabilidades políticas” en el Consejo de Ministros, una apelación que mira directamente a Puente.

“La gravedad de este terrible suceso obliga a la mayor claridad y transparencia sobre lo sucedido: es inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año”, planteó asimismo la alianza liderada por Ada Colau, que pidió poner en marcha “una auditoría independiente sobre el estado de la red” ferroviaria “y los servicios relacionados”. En ningún momento el Frente Amplio señaló expresamente a Puente, pero el mensaje era muy claro, puesto que la alianza considera que no basta con depurar “responsabilidades técnicas” aunque se confirme que ha existido un fallo humano o tecnológico.

Casi ningún otro de los socios del PSOE en la última legislatura ha querido llegar tan lejos. No solo Podemos decidió no pronunciarse sobre las causas del accidente o el papel de Puente: tampoco lo hicieron ERC, EH Bildu, el PNV o el BNG, que se limitaron a expresar sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos en el accidente ferroviario, además de suspender sus actos de precampaña. La excepción fue Junts, cuya portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, sostuvo que “no se pueden seguir ignorando los graves problemas que sufren las infraestructuras” y pidió “asumir responsabilidades y trabajar para estar a la altura de una vez por todas”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles una “revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria” española tras el accidente de Toledo en el que han fallecido decenas de personas. “Es inaplazable y los españoles tienen derecho a que se rinda cuentas de cada euro” invertido. “Lo que se anunció y lo que de verdad se ejecutó, lo que se recibió y en qué se gastó”, ha afirmado.

En una breve declaración, Feijóo ha considerado “imprescindible una investigación gubernamental inmediata, y otra judicial en los tiempos que procedan, con todos los medios y sin interferencias”. Y ha lanzado un compromiso propio a los españoles a mes y medio de las elecciones del 29N: “Garantizo que todo esto lo tendrán”.

“España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad, y qué advertencias se recibieron desde [el accidente de] Adamuz y qué medidas se adoptaron”, ha sostenido en una breve intervención sin periodistas.

Feijóo ha recordado que su partido ha suspendido todos los actos de precampaña. “El dolor que están sufriendo demasiadas familias de los fallecidos y heridos exige, en primer lugar, insisto, respeto”, ha afirmado. El PP tampoco ha querido reclamar “responsabilidades políticas”.

“No es el día”, ha dicho, aunque en su cuenta de Twitter el PP ha colgado una imagen con una frase: “Ya está bien”.

Vox sí ha mantenido sus actos de precampaña. Santiago Abascal protagonizará esta tarde un mitin en Valladolid. “No vamos a permitir que utilicen el luto que compartimos, los sentimientos de rabia, de dolor y de indignación, para callar ni por un segundo las denuncias de lo que está pasando en España”, ha asegurado el líder ultra en un acto, también partidista, celebrado en Santander.

Abascal, quien apunta a vicepresidente de Feijóo, sí ha atacado al Gobierno en declaraciones a los medios: “La campaña del amor del PSOE causa muertos”.

El acto de Vox en Valladolid está previsto para las 19.00 de este miércoles, una hora antes del minuto de silencio convocado por la FEMP en todos los ayuntamientos. Feijóo ha asegurado que él acudirá al de Madrid.

“Pedro Sánchez es una persona conflictiva”. Así definió este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al jefe del Ejecutivo durante una entrevista en Onda Cero. “Conflictiva en el Gobierno, conflictiva con sus colaboradores y que le gusta el conflicto en España”, añadió. Un par de horas después, Feijóo dijo en un acto de la precampaña del 29N: “No pueden ganar quienes quieren hacerlo cambiando las reglas o incendiando la calle”. Una referencia a los diferentes disturbios de los últimos días que, según el PP y sus aliados electorales de Vox, tienen su origen expreso en el Gobierno.

El PP ha dado así un salto cualitativo en sus acusaciones como oposición. De acusar al Gobierno de ineptitud para no prever y solucionar los problemas (como en el caso de Ceuta) el partido de Feijóo ha pasado a señalar a Sánchez como inductor de la violencia urbana o, en el mejor de los casos, como recolector de los teóricos frutos electorales que esta puede provocar.

Este miércoles, Feijóo visitará Barcelona acompañado del cabeza de cartel por la provincia, Xavier García Albiol, quien ha hecho de alentar el miedo su principal apuesta al frente del Ayuntamiento de Badalona. Juntos recorrerán los puntos donde se produjeron las algaradas el pasado fin de semana.

El giro de Feijóo ha llegado de la mano de un ramillete de encuestas publicadas este fin de semana y el lunes en las que el PP se mantiene como primera fuerza en estimación de voto ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El problema es que el PSOE ha recortado distancia con el PP y, aunque los sondeos apuntan a que las derechas mantendrían una amplia mayoría absoluta, Vox está cada vez más fuerte.

Para el PP no es lo mismo un Vox en 40 diputados que uno en 70 a la hora de negociar un posible Gobierno de coalición. De hecho, cuando las encuestas apuntaban en 2024 y 2025 que los ultras se estaban desinflando, hubo dos movimientos de calado en ese espacio político. Mientras Santiago Abascal ordenó abandonar los primeros gobiernos de coalición en bloque, el PP barruntó la posibilidad de gobernar en solitario.

Hoy, Vox vuelve a compartir cuatro gobiernos con el PP, pero sus números en los sondeos los disparan a cifras que oscilan entre el 15% y el 20% del voto. Feijóo ha renunciado por completo a un Consejo de Ministros monocolor e incluso ha renunciado a presentar listas en tres circunscripciones al Senado para dejar paso a los de Abascal, que se han retirado a su vez de otras seis.

El PP no se presentará en dos de las cuatro provincias catalanas, precisamente donde Vox podría superarles por primera vez en unas elecciones generales. Para Feijóo es, según dijo en Onda Cero, una “reacción, creo que adulta, a un movimiento que hacía muchas décadas que no se producía”, en referencia al pacto del PSOE con el Frente Amplio también para la Cámara Alta.

A la zaga de Vox

Feijóo ya indicó el camino que iba a seguir cuando, ante los primeros altercados en las masivas protestas de Francia, dijo que “la violencia que está alentando a la izquierda radical jamás es el camino para mejorar una nación”. “Los españoles tenemos la oportunidad de apartarnos de ese camino”, ha sostenido sobre la cita del 29N, y de “expresar” el “malestar y ansias de cambiar el país como debe hacerse en democracia, en las urnas”. Todo, pese a que las movilizaciones en el país vecino están respaldadas por los principales sindicatos así como por asociaciones de estudiantes y distintos partidos.

Este lunes, después de los disturbios del fin de semana en Barcelona, con ausencia total de consignas políticas y el único objetivo declarado de asaltar tiendas de lujo, el ‘número dos’ del PP, Miguel Tellado, continuó la senda marcada: “Detrás de la violencia de la extrema izquierda solo hay violentos de extrema izquierda. Y además persiguen un objetivo: la extrema izquierda incendia las calles para que la extrema izquierda siga en el Gobierno”.

El secretario general optó por acusar a Sánchez solo de pasividad. “El presidente que pide la paz en el mundo por la mañana no es capaz de garantizarla en su propio país por las noches”, dijo. “¿Dónde está el ministro del Interior? ¿Alguien sabe dónde está [Fernando Grande] Marlaska? El caos se apodera de las calles de la segunda ciudad de España y el ministro del Interior desaparece”.

Tellado llegó dos días tarde porque Vox ya había ocupado ese espacio durante el fin de semana. Su homólogo ultra, Ignacio Garriga, aseguró el domingo que la violencia “está impulsada por el PSOE, amparada por el Gobierno de España y claramente dirigida por Pedro Sánchez”.

Este martes, Vox aumentó la apuesta: “Los españoles ya tenemos suficientes problemas como para tener que aguantar que la guerrilla callejera de Pedro Sánchez destruya también nuestras calles y plazas”.

Así que este martes, con Feijóo a la cabeza, el PP ha optado por copiar el argumentario de su rival y socio. “La paz social es un tesoro democrático” que “costó mucho construir” y “no se puede jugar con ella”, dijo este martes durante la presentación de la lista por Madrid, que él mismo encabeza.

En el acto, además de Feijóo, intervino la que será su número dos, Cayetana Álvarez de Toledo, quien dedicó casi todo su discurso a arremeter contra Sánchez. “Usted no es un hombre decente, es un radical inmoral”, dijo. “Invoca el amor, pero practica el odio”, sostuvo. “Se ha convertido a estas alturas en un patético populista sin pueblo. Solo le queda la violencia. Como ha perdido la calle, pretende incendiarla”, añadió.

De los “neoetarras” a la “nueva kale borroka'”

En el PP y en Vox parecen considerar que todas las algaradas de las últimas semanas en las que han derivado algunas protestas antidesahucios, las huelgas estudiantiles y de profesores o las concentraciones contra la ultraderecha son iguales a lo ocurrido en Francia, en Albania, en Italia o en Barcelona. En este último caso, los investigadores no tienen claro de momento cuál es el origen de las convocatorias, pero sí han empezado a aflorar datos llamativos, como el uso de perfiles reciclados, es decir, que ya contaban con un número alto de seguidores que habían llegado por otras razones y que, sin previo aviso, cambiaron su contenido por el de una página sin otro objetivo que llamar a la protesta.

Información irrelevante para las derechas, a tenor de sus declaraciones. “Él ha legitimado la violencia”, ha apuntado en referencia a Sánchez, “primero, amnistiando la violencia del golpe de Estado en Catalunya”. “Y segundo”, continuó, “Sánchez ha legitimado la violencia del mundo proetarra. Convirtió a Bildu en socio referente sin exigirle una condena inequívoca de la violencia”. “Ya tiene Sánchez su 'kale borroka'. Los neoetarras son hijos de Bildu y Sánchez y, por tanto, yo digo que los destrozos los paguen sus padres. La factura a Ferraz”, concluyó.

Feijóo en Barcelona, Tellado en Bilbao

“Os voy a decir lo que está pasando”, dijo Feijóo en su acto de partido: “Saben que están perdiendo, y cuanto más pierden más tensión general crean. Eso está ocurriendo”. “Han perdido la calle y quieren alterarla; temen perder las urnas y quieren alterarlas”, aseguró.

“Sí, están amenazando a los españoles”, acusó, para concluir: “España no se va a dejar intimidar. Los españoles somos ciudadanos libres e iguales y el 29 de noviembre vamos a votar en defensa de nuestra libertad. Y a partir del día 30 habrá orden. Lo advierto”.

Mientras tanto, su mano derecha, Miguel Tellado, estuvo en Bilbao para decir que los disturbios del martes (también sin un origen claro) no son “hechos aislados” y, aunque son “culpa” de “los cafres de extrema izquierda” que los causaron, también “es responsabilidad política del Gobierno”, que “tiene tiempo para todo menos para garantizar el orden y la ley y para proteger a los ciudadanos y su medio de vida”.

La portavoz de campaña, Ester Muñoz, también tuvo tiempo durante una visita a Zaragoza para asegurar que “no es comprensible tener un presidente del Gobierno bailando de mitin en mitin mientras ciudades de su país arden”. “La izquierda tiene que entender que no queremos esa violencia que estamos viendo en otros países. Si tienen miedo de perder las elecciones, perder el poder, lo que tienen que hacer es ir a votar y aguantar porque eso es lo que hace un demócrata”, zanjó. Y todavía queda algo más de un mes para las elecciones.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el 29N “no pueden ganar quienes quieren hacerlo cambiando las reglas o incendiando la calle”. Así se ha pronunciado durante la presentación de su lista por Madrid, que él mismo encabezará. Su número dos, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser “un patético populista sin pueblo” al que “solo le queda la violencia” como recurso. La líder regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado: “Los totalitarios no admiten a quien les va a ganar en las urnas”.

Los tres han protagonizado un acto de precampaña rodeados de los integrantes de la lista, como Borja Sémper (número tres y a quien su predecesora en la lista le ha llamado “complemento y amigo”) o Jaime de los Santos, quienes no han tenido espacio para hablar. La primera en abrir fuego ha sido Álvarez de Toledo, quien ha presumido de haber “elegido” la nacionalidad española (que compagina con la francesa y la argentina). También ha recordado cuando llamó “barón blando” a quien hoy es su jefe de filas. “Y tú a mí, quizá, chica dura. Sí, soy una dura. Claridad y fortaleza. Me gusta y a eso aspiro”.

En su primer acto como 'ticket' electoral del líder, Álvarez de Toledo se ha deshecho en elogios: “Feijóo tiene de tibio lo que Sánchez de decente”, ha dicho. “Feijóo se echó este partido a la espalda. Lo levantó de sus cenizas, le devolvió el rumbo, la victoria y la esperanza”, ha añadido, pese a que ella fue una de las principales defensoras de Pablo Casado hasta que este la destituyó como portavoz parlamentaria. “Feijóo es la fuerza de la razón que España necesita”, ha concluido.

Álvarez de Toledo ha dedicado casi todo su discurso a atacar al presidente del Gobierno. “Usted no es un hombre decente, es un radical inmoral”, ha dicho. “Feijóo es decente, sobrio, íntegro, cabal, serio, riguroso”, ha añadido. “La antítesis de la idolatría corrupta, de esa vanidad incendiaria que representa Sánchez”, ha espetado.

Ha sido la primera referencia a los “incendios”. Pero no la última. “Sánchez invoca el amor, pero practica el odio”, ha sostenido. “Se ha convertido a estas alturas en un patético populista sin pueblo. Solo le queda la violencia. Como ha perdido la calle, pretende incendiarla”, ha reiterado.

La candidata ha asegurado que “la vuelta de la violencia no es casualidad” sino “es el resultado de una política” concreta, la de “señalar a la mitad de España como fascista, como enemiga”.

“Él ha legitimado la violencia”, ha apuntado en referencia a Sánchez, “primero, amnistiando la violencia del golpe de Estado en Catalunya”. “Y segundo, Sánchez ha legitimado la violencia del mundo proetarra. Convirtió a Bildu en socio referente sin exigirle una condena inequívoca de la violencia. El mensaje es demoledor. Se puede justificar el terror y ser socio del poder”, ha dicho.

Álvarez de Toledo ha sostenido que “era cuestión de tiempo que surgieran cachorros dispuestos a practicar lo que sus mayores justifican. Ya tiene Sánchez su 'kale borroka'. Los neoetarras son hijos de Bildu y Sánchez y, por tanto, yo digo que los destrozos los paguen sus padres. La factura a Ferraz”, ha zanjado.

Feijóo: “Están amenazando a los españoles”

El acto lo ha cerrado Feijóo, quien ha iniciado su discurso comparándose con el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, elegido este domingo como mejor entrenador del mundo en la pasada temporada. “Su forma de seleccionar es una forma de entender la vida, la competición y de ejercer la responsabilidad de alguien que tiene que decidir de forma compleja, con muchas alternativas, con muchas combinaciones, permutaciones, variaciones.

También ha abordado sus desavenencias pasadas con Álvarez de Toledo: “El mar viene y va. Las olas suben, bajan. Las mareas. La política es muy parecida. Nunca pasará la misma agua por el mismo lugar, nunca el mar es igual y la política tampoco. Pero la esencia, lo importante, lo determinante que es España, eso permanecerá siempre en las siglas de nuestro partido”.

Pero Feijóo quería hacer hincapié en la violencia que se ha producido en los últimos días en diferentes lugares. “La paz social es un tesoro democrático” que “costó mucho construir” y “no se puede jugar con ella”, ha dicho. “Quien gobierne tiene que apagar los fuegos, no echar gasolina”, ha acusado.

“Os voy a decir lo que está pasando”, ha continuado. “Saben que están perdiendo, y cuanto más pierden más tensión general crean. Eso está ocurriendo”, ha remachado. “Han perdido la calle y quieren alterarla; temen perder las urnas y quieren alterarlas”, ha sostenido. “Dividen la sociedad para intentar conservar el poder. Lo que no pueden ganar lo quieren romper”, ha apuntado.

“Es un Gobierno a la desesperada capaz de cualquier cosa por seguir un día más”, ha planteado para acusar “a sus socios” de “justificar y alentar la violencia en la calle”. “Sí, están amenazando a los españoles”, ha espetado. “Y quien amenaza porque va a perder solo merece una cosa, perder para que ganemos todos”, ha dicho.

Feijóo ha concluido: “Por tanto, que lo sepan, España no se va a dejar intimidar. Efectivamente, los españoles somos ciudadanos libres e iguales y el 29 de noviembre vamos a votar en defensa de nuestra libertad. Y a partir del día 30 habrá orden. Lo advierto”.

También ha hablado del asunto el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha advertido de que los altercados de este pasado lunes en Bilbao no son “hechos aislados” y, aunque son “culpa” de “los cafres de extrema izquierda” que los causaron, también “es responsabilidad política del Gobierno”, que “tiene tiempo para todo menos para garantizar el orden y la ley y para proteger a los ciudadanos y su medio de vida”.

Ayuso compara España con Venezuela

Entre Feijóo y Álvarez de Toledo ha hablado Ayuso. La presidenta de Madrid ha hecho un repaso en su intervención a algunos de los perfiles relacionados con su Gobierno que irán en la lista de Feijóo. También ha cargado contra el PSOE y ha querido bromear aludiendo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como José Luis Rodríguez “Joyero”, lo que ha animado a sus compañeros de partido que han aplaudido y reído las bromas de la líder madrileña.

Entre los asistentes de las filas más próximas de la presidenta regional se encontraban el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, o algunos de sus consejeros más próximos, como el anterior consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, que dejará su puesto para formar parte de la lista de Feijóo por Madrid. Ayuso se ha referido a él como “el mejor”.

Después de deshacerse en piropos hacia los suyos y el líder del partido nacional, a quien ha aplaudido por no haber “llegado aquí por ser un guapito tramposo”, se ha expresado en los mismos términos bélicos que suele utilizar para referirse a las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Lo que no quiere, ha adelantado la presidenta autonómica, es que España se convierta en Venezuela. Una comparación que ya hizo el día del anuncio del adelanto electoral, cuando comparó a Pedro Sánchez con Nicolás Maduro: “También Maduro convoca elecciones”, dijo, en el mismo discurso en el que sembró dudas sobre la fiabilidad del voto por correo.

Para el relato construido por Ayuso, en este símil Feijóo es María Corina Machado, la opositora que volvió a Venezuela hace unos días. Por eso, ahora al líder del PP, le toca “hacer una tarea parecida en España” y que, así, “no lleguemos a lo que el socialismo desaforado ha hecho con esta nación hermana”.

“Que la decadencia como las acampadas de Ceuta o la Puerta del Sol, el ataque a los jueces, los periodistas y la separación de poderes no nos lleve a lo mismo”, ha continuado Ayuso. “Que no nos acostumbremos a la quema de calles como pasa en Barcelona o Bilbao o hace poco en La Coruña solo porque los totalitarios no admiten a nadie que defienda ideas diferentes y les vayan a ganar en las urnas, como pasó en Venezuela”.

El Gobierno condena sin matices los actos de violencia callejera desatados en Barcelona y Bilbao. “En democracia, la violencia no tiene cabida”, ha dicho la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también ha respondido a las acusaciones del PP de que son Pedro Sánchez y el conjunto de la izquierda quienes alientan esa violencia. “Es una barbaridad y es profundamente irresponsable.

Este mismo martes, la número 2 de Feijóo en la candidatura al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sido explícita en su señalamiento al presidente como la persona que está detrás de esa violencia por intereses políticos espurios para “incendiar la calle porque la ha perdido”. “Es un patético populista sin pueblo, solo le queda la violencia”, ha planteado en un acto de presentación de la lista electoral por Madrid y frente a su jefe de filas y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Álvarez de Toledo ha asegurado que los disturbios de Barcelona o Bilbao “no son casualidad”. “Es el resultado de una política, cuando se señala a la mitad como fascista y enemiga, cuando se llama fascista todo discrepante, preparas el terreno para la intimidación”, ha planteado. “Él ha legitimado la violencia”, ha apuntado en referencia a Sánchez, “primero, amnistiando la violencia del golpe de Estado en Catalunya”. “Y segundo, Sánchez ha legitimado la violencia del mundo proetarra. Convirtió a Bildu en socio referente sin exigirle una condena inequívoca de la violencia. El mensaje es demoledor. Se puede justificar el terror y ser socio del poder”, ha dicho.

Álvarez de Toledo ha sostenido que “era cuestión de tiempo que surgieran cachorros dispuestos a practicar lo que sus mayores justifican. Ya tiene Sánchez su kaleborroka. Los neoetarras son hijos de Bildu y Sánchez, y por tanto yo digo que los destrozos los paguen sus padres. La factura a Ferraz”, ha zanjado.

Por su parte, el número 2 del PP, Miguel Tellado, ha viajado a Bilbao tras los disturbios de este lunes para arremeter también contra el Ejecutivo. “Sánchez lleva ocho años despreciando y atacando al Estado de Derecho. Y lo que ayer vimos aquí es el resultado de esa política. Este gobierno ha hecho de la delincuencia una compañía común. Convive con ella, pacta con ella y gobierna con ella. Anoche se sembró el caos por parte de un grupo salvaje de extrema izquierda, auténticos fascistas y delincuentes, a los que el gobierno no puede, no sabe o simplemente no quiere controlar”, ha insistido.

Feijóo no presentará listas en toda España y retira a su partido de tres provincias, mientras Abascal asume quedarse fuera en una decena e integrarse como “independiente” en seis de las papeletas de su antiguo partido, así como presentar un solo candidato en 14, ante la alianza del PSOE y del Frente Amplio.

“Altura de mira” y “responsabilidad”. Fue lo que prometió el líder de Vox, Santiago Abascal, hace una semana ante el anuncio de la coalición entre el PSOE y el Frente Amplio para el Senado en las elecciones del 29 de noviembre. Este lunes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, anunciaba un acuerdo de mínimos que afecta apenas a una veintena de circunscripciones y que supone, eso sí, la renuncia del partido de Alberto Núñez Feijóo a presentar candidaturas en toda España.

El acuerdo parte del análisis de que la alianza del PSOE y del Frente Amplio impide a las derechas lograr los tres quintos del senado, lo que les permitiría controlar el Tribunal Constitucional durante una década, e incluso podría poner en riesgo la mayoría absoluta en la Cámara Alta, cuyo sistema de elección difiere del que se aplica en el Congreso: una única papeleta con todas las candidaturas, listas abiertas y más circunscripciones que provincias.

Un riesgo asumido como real por el PP y Vox que les ha empujado a una negociación a la que han llegado a rastras. Si las izquierdas cerraron el pasado 16 de octubre al filo del plazo una coalición electoral que otorga un 30% de las candidaturas al Frente Amplio, las derechas han respondido con un acuerdo ‘in extremis’ para las listas que no estaba cerrado del todo cuando fue anunciado por las partes.

El plazo para registrar las candidaturas se cerró este lunes a las 23.59. El acuerdo se comunicó al filo de las dos de la tarde, y con “flecos” todavía por cerrar. “No ha sido fácil”, reconocen en la dirección del PP. “Lo hemos comunicado lo antes posible, pero quedan cosas por hacer”, añaden las mismas fuentes.

Vox anunció el acuerdo por mensaje minutos antes de una comparecencia de Miguel Tellado ante los periodistas. Los ultras no presentarán candidatura en una decena de circunscripciones, incluidas algunas que solo reparten un senador como Ibiza, Formentera, La Gomera o El Hierro.

En seis de ellas (Gran Canaria, Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Mallorca), Vox se integrará con un candidato “independiente” en la lista del PP, cuyos portavoces dijeron el lunes desconocer quiénes iban a ocupar esos puestos. Esa idea de los “independientes” fue comunicada por el PP, pero Vox solo hizo referencias a este punto del acuerdo después de escuchar a Miguel Tellado.

Además, Vox solo presentará un candidato (de tres posibles) en otras 14 circunscripciones (Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén), con la intención de que sus electores elijan al suyo y a dos del PP.

Un planteamiento que recuerda mucho al 1+1+1 que las derechas pusieron en práctica en 2019 para que los electores eligieran a un senador del PP, otro de Ciudadanos y otro de Vox. Aquella idea fracasó estrepitosamente.

Vox nunca ha logrado un senador por elección popular directa. Los cinco con los que ha terminado la legislatura son por designación autonómica, fruto de acuerdos postelectorales. Pero el próximo 29 de noviembre los ultras sí confían en lograr representación en la Cámara Alta por Murcia, Almería y quizá Tarragona, donde han presentado a un neonazi como cabeza de cartel al Congreso.

Su objetivo es lograr tener grupo propio en el Senado, para lo que necesitan al menos 10 escaños. Fuentes del PP han asegurado a elDiario.es que no está descartado que, si el número es inferior, puedan prestarles algún senador propio para formar el grupo: “Si no los consiguen ya iremos viendo”.

La contraparte del acuerdo contempla que el PP no se presentará en Gipuzkoa, en Girona ni en Tarragona, donde las derechas estatales estarán así representadas únicamente por Vox en los colegios electorales. Los de Abascal confían en lograr el escaño por Tarragona.

De la “derechita cobarde” a integrarse en el PP

El acuerdo, limitado, ha sido aplaudido por los portavoces de los dos partidos. Y poco más. “La reacción rabiosa de quienes quieren impedirlo demuestra que vamos en el camino adecuado”, dejó escrito Feijóo en Twitter.

La número cuatro de su lista por Madrid, Alma Ezcurra, también escribió que es “un buen entendimiento”, mientras la portavoz de campaña, Ester Muñoz, dijo que el PP está “muy contento” por el pacto.

Pero también han sido elocuentes algunos silencios, como el del otro portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, quien no ha dado su opinión sobre la integración de Vox en las listas de su partido un lustro después de dejar la política precisamente por el acercamiento a los ultras.

En la otra orilla, Vox ha asumido una subordinación al PP que sus dirigentes siempre negaron. Santiago Abascal, que inició su carrera precisamente en el partido que hoy dirige Feijóo, ha hecho de la crítica al PP una de sus palancas políticas más habituales. Suya es la expresión “derechita cobarde” con la que atacaba a Pablo Casado.

Abascal también ha arremetido contra los pactos que el PP ha cerrado con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el consejo de administración de RTVE. Incluso a cuenta del accidente de Adamuz. La ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos de 2024 se recibió en el PP como un punto de inflexión que, un año después, derivó en el compromiso de Feijóo de gobernar en solitario del que hoy ya no queda ni rastro.

El objetivo declarado de Vox era no solo superar al PP en votos, sino acabar con su forma de hacer política. Ahora se unen electoralmente para, primero, intentar desbancar del poder a Pedro Sánchez.

Vox ha acordado con el PP no presentar candidatura al Senado en seis provincias, donde se integrarán en la lista del PP, y postular un único candidato en otras 14. En las restantes 23 circunscripciones, la ultraderecha se presentará con normalidad. Así lo ha comunicado el partido que lidera Santiago Abascal en un comunicado remitido a los medios este lunes. El motivo alegado: intentar combatir el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Frente Amplio para la Cámara Alta ante “el intento de Pedro Sánchez de asaltar las instituciones (...) de la mano de extremistas y radicales”.

El PP, por su parte, se retirará en Gipuzkoa, Girona y Tarragona para dejar paso a la ultraderecha, según ha anunciado en una rueda de prensa el secretario general, Miguel Tellado, quien ha explicado que su partido “nunca en la historia democrática” logró un senador.

“El entendimiento entre los dos partidos tiene el objetivo de proteger la mayoría del centroderecha en el Senado frente a los movimientos de la izquierda radical para arrebatársela”, ha dicho el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo.

El pacto electoral alcanzado entre PP y Vox, apenas un año después de que Feijóo prometiera gobernar en solitario, se justifica en que “Sánchez ha intentado alterar la voluntad de cambio por todas las vías”, en referencia a las coaliciones electorales para el Senado que aglutinará a buena parte de la izquierda con opciones de lograr representación parlamentaria.

“Tenemos que decir que no le ha salido bien”, se ha mostrado satisfecho Tellado. “El PP y Vox asumimos que la Cámara Alta es imprescindible para avanzar en el proceso de reconstrucción nacional que necesita nuestro país”, ha añadido.

“Vox no presentará candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares”, apunta el comunicado. “Vox presentará un único candidato en catorce provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén”, añade el texto.

“En estas provincias”, en las que Vox solo presenta un candidato, “el votante del PP podrá escoger a los tres candidatos del PP, y el de Vox tendrá la opción de escoger al candidato de Vox y, adicionalmente, a dos de la papeleta del PP de la lista del PP”.

Esta colaboración entre Partido Popular y VOX circunscrita al Senado se basa en la convicción de que es lo mejor para España y no la protección de los intereses de una sola persona.

“En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá con normalidad”, concluye el comunicado de Vox.

La carrera hasta las elecciones del 29 de noviembre va quemando etapas. Este lunes a las 23.59 horas terminará el plazo para que los partidos y coaliciones registren sus listas, y tanto a la izquierda como a la derecha hay incertidumbres que tendrán que resolverse en las últimas 24 horas. PP y Vox, por ejemplo, llevan días negociando la retirada de algunos de los candidatos de la ultraderecha al Senado. La izquierda, por su parte, acordó concurrir unida en algunas provincias a la Cámara Alta y llega al lunes con el reparto ya hecho: el PSOE ocupará el 70% de los puestos y Frente Amplio y sus aliados, el 30%. Además, también vence el plazo para extender ese pacto al Congreso, aunque el Frente Amplio —y, particularmente, IU— lleva días insistiendo en que no tiene intención de retirar listas en ninguna circunscripción.

Oficialmente, los socialistas aseguran que “nunca ha estado sobre la mesa pactar listas” con otros partidos para el Congreso. Pero, aunque en el PSOE prefieren ser discretos con el contenido de esas conversaciones, fuentes socialistas sí admiten abiertamente que se produjeron, aunque las circunscriben al momento de la negociación de las listas conjuntas al Senado. Entonces, el PSOE sí trasladó a sus socios de izquierdas la conveniencia de ajustar la matemática política en provincias donde el Frente Amplio no tiene opciones de representación para no favorecer a la derecha. Aunque la respuesta que obtuvieron, aseguran fuentes al corriente de esa negociación, fue una negativa rotunda. 

Lo que sostienen los informes internos de Ferraz es que el voto útil decide una decena de escaños que pueden resultar claves para la gobernabilidad del país. Y que la división de la izquierda en varias listas regala escaños a PP y Vox en circunscripciones donde un trasvase pequeño al PSOE bastaría para recuperarlos. Justo lo que pretende impedir el pacto alcanzado en las listas a la Cámara Alta.

No obstante, la respuesta de las formaciones a su izquierda ha sido un no taxativo, pese a que algunos sectores del Frente Amplio hayan deslizado públicamente la posibilidad de valorar la retirada de listas en las circunscripciones menos pobladas, donde se necesita un porcentaje de votos muy elevado para obtener escaño que la alianza tiene muy complicado lograr. Es el caso del número uno de la lista de la alianza por Madrid, Emilio Delgado, que el martes pasado se mostró “seguro” de que había “conversaciones abiertas” con el PSOE para “maximizar y optimizar los resultados electorales” a través de este método.

Los principales partidos que forman parte del Frente Amplio salieron rápidamente a negar la existencia de cualquier conversación con los socialistas para retirar listas, y también su rechazo a esta idea. Pero no todas las patas de la alianza parecen compartir esa negativa, puesto que Chunta Aragonesista anunció el miércoles que retiraría la lista del Frente Amplio para el Congreso en la provincia de Teruel.

Esa decisión, tomada unilateralmente, provocó un enfrentamiento durante la semana con IU, cuya dirección aragonesa apostó desde el primer momento por presentarse en Teruel incluso en solitario. Esa apuesta fue secundada el jueves por la dirección federal de IU, puesto que el artículo 44.3 de la ley electoral solo establece que los partidos que formen parte de una coalición —como es IU con Chunta y Movimiento Sumar en Aragón— “no pueden presentar candidaturas propias en una circunscripción” en el caso de que se presentaran “candidatos de las federaciones o coaliciones a que pertenecen”, algo que no iba a ocurrir.

No obstante, en un último giro, el viernes IU confirmó que no dará la batalla legal contra Chunta y no intentará concurrir en solitario, aunque pidió a los aragonesistas que rectifiquen y permitan que toda la coalición se presente en Teruel. La decisión del partido mayoritario del Frente Amplio en Aragón, no obstante, es firme, y salvo sorpresa de última hora no habrá lista del Frente Amplio en la provincia.

Menos dudas existen en el caso de Podemos, que confirmó hace unos días los primeros puestos de sus listas para el Congreso. El número dos de Irene Montero en la lista de Madrid —en la que más opciones tienen los morados de lograr un diputado, según las encuestas— será el abogado, exdiputado regional y secretario de Economía de Podemos, Tito Morano. En Barcelona, por su parte, la formación morada estará representada por Alejandra Sandoval, concejal en Sabadell, en el número seis de las listas de ERC.

La derecha, pendiente del pacto para el Senado

En las derechas la confección de las listas no genera tanto ruido como en las izquierdas, aunque en estas elecciones se puede dar un hecho inusual: una colaboración entre el PP y Vox para el Senado con el objetivo declarado por Alberto Núñez Feijóo de hacerse con el control de los tres quintos de la Cámara Alta, lo que les permitiría modificar la actual composición del Tribunal Constitucional e imponer una mayoría conservadora para la próxima década.

PP y Vox apurarán el plazo para anunciar el acuerdo (o el desacuerdo). Este viernes, Feijóo aseguró en una entrevista en la SER que las negociaciones siguen adelante y que habló al respecto con el líder ultra, Santiago Abascal, el miércoles. Y horas más tarde la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, insistió en que esas conversaciones “avanzan bien” y sostuvo que los populares saben “lo que España necesita”.

La idea que plantea el PP parte de la base de Vox nunca ha logrado un senador por elección directa, y es prácticamente imposible que lo haga este 29N salvo en circunscripciones muy concretas como Almería o Murcia, por ejemplo. Feijóo les ha pedido que se retiren de aquellas provincias donde no tienen opciones y, además, la coalición de izquierdas puede dar la vuelta al habitual reparto de escaños. Así se asegurarían las derechas maximizar su representación.

La oferta incluye que el PP ceda a Vox senadores por designación autonómica. De hecho, los de Abascal han terminado la legislatura con cinco representantes en la Cámara Alta tras sus acuerdos con el PP en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Aragón. En las nuevas Cortes Generales tendrá esos mismos y, si cuaja el pacto con Feijóo, alguno más, lo que les permitiría tener grupo parlamentario, con la consiguiente inyección de dinero público.

De las muchas versiones que de sí mismo ha intentado transmitir a los españoles Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP ha elegido la más dura y agria ante su último intento de derrotar a Pedro Sánchez en las urnas. Así lo atestiguan las candidaturas elegidas para los principales puestos en las listas del 29 de noviembre. Desde Cayetana Álvarez de Toledo a Xavier García Albiol, pasando por Ana Vázquez y su spray de pimienta, el tránsfuga Sergio Sayas o el joven Jon Echeverría, bregado en las tertulias y redes sociales.

El giro de Feijóo no es nuevo y se ha venido fraguando desde que aterrizó en Madrid, allá por 2022, pero sobre todo desde el fiasco de su investidura, en el otoño de 2023. Se trata de una metamorfosis paulatina y constante que le ha llevado de renegar de Vox a abrir la puerta del regreso de la ultraderecha al Consejo de Ministros.

Los cambios en política suelen tener traslaciones que van más allá de los discursos. Y la asignación de responsabilidades o la composición de las listas electorales son clave para saber hacia dónde transita un dirigente. Y de cara al 29 de noviembre, Feijóo ha dado ya señales claras de un endurecimiento de su posición. Quizá el ejemplo más claro es el de Cayetana Álvarez de Toledo, quien será la número dos de la lista del PP por Madrid, justo detrás del candidato. Feijóo criticó en 2019 su designación como portavoz parlamentaria del PP de Pablo Casado. No fue el único. También lo hizo el andaluz Juan Manuel Moreno o el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco.

Todos pensaban que Álvarez de Toledo tenía unas formas demasiado agresivas. Un año después, en 2020, el hoy candidato y su ‘ticket’ electoral tuvieron un enfrentamiento público a cuenta de Pablo Iglesias. La diputada hispanoargentina aseguró que el padre del exvicepresidente fue un “terrorista”. Feijóo la señaló por caer en los “señuelos” del Gobierno y tildó sus palabras de “grave error”. Cuando Álvarez de Toledo fue destituida por Casado, escribió unas memorias para ajustar cuentas. Y no solo con el que había sido su líder, de quien dejó claro que nunca habían sido amigos. En la diana también estuvieron los presidentes autonómicos, a quienes catalogó como “barones blandos”. Eran los ya citados: Feijóo, Moreno y Mañueco. 

Según su relato, “emprendieron una campaña interna y mediática” para que no fuera designada portavoz parlamentaria. El objetivo, contó, era colocarse en la línea de sucesión del propio Casado, al que veían, según la tesis de Álvarez de Toledo, “tierno, dubitativo y débil”. “Y con razón”, concedió. Para cuando en 2022 se consumó el golpe de los barones, Álvarez de Toledo demostró su giro de cintura y alabó el aterrizaje de Feijóo, de quien dijo que iba a “competir con Sánchez”, no a “frenar a Vox”. El partido de Abascal apunta a un resultado récord en las urnas, mientras la distancia demoscópica entre el PSOE y el PP se reduce a cinco semanas de las elecciones.

Por la misma época en que se peleaba con Feijóo, Álvarez de Toledo también arremetió contra los dirigentes del PP de Euskadi. Entre otros, con el que será número tres en la lista de Madrid, justo por detrás de ella: Borja Sémper. La dirigente acusó a sus compañeros de Euskadi de “tibieza” con el nacionalismo, a lo que Sémper, quien ha vivido media vida con escolta, respondió: “Mientras algunas caminaban sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida defendiendo la Constitución”. Sémper dejó poco después la política y acusó a Casado de rendirse a Vox. Volvió en 2023 para justificar como portavoz nacional del PP, por dos veces, los pactos de gobierno con la ultraderecha.

En los últimos días, tanto Feijóo como Sémper han restado importancia a las discrepancias pasadas, aunque sin mucho énfasis. “Ha trabajado conmigo en los últimos cuatro años. Ha trabajado de forma correcta, de forma leal, ha aportado al grupo y yo le he pedido que vaya de número dos. Esto es lo que hay”, dijo Feijóo este viernes en la Cadena Ser.  Al respecto, Sémper aseguró en declaraciones a los medios: “La vida es a veces encuentro y otra discrepancia. Yo discrepo con mi mujer y con mis amigos. No voy a discrepar con compañeros de partido”. Sémper llegó a comparar a su compañera de partido con dirigentes de ERC: “Me dicen, ‘qué bien se lleva’ o ‘qué capacidad de entendimiento tiene con Gabriel Rufián’. Esos mismos que lo alaban, les llama la atención que tenga una buena relación con Cayetana. Pues sí, la tengo y a mucha honra”.

La realidad es que Álvarez de Toledo se ha convertido en uno de los referentes del PP hasta llegar a ser designada portavoz adjunta en el Congreso. Su relación con el todopoderoso Miguel Tellado es excelente, y su coincidencia de criterio también. 

Albiol, contra la okupación (y Vox)

El otro gran nombramiento de las listas del PP es el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien encabezará la candidatura por Barcelona. El regidor se ha consolidado como uno de los más duros de su partido en materia de vivienda y seguridad. En su primera campaña electoral, de la mano de Iván Redondo, se hizo con la alcaldía con el lema “limpia Badalona”. En su segundo intento satisfactorio ha enarbolado el tema de la okupación con excelentes resultados en las urnas.

Albiol es un perfil que busca taponar la fuga de voto hacia Vox, que amenaza con superar al PP en Catalunya. Ha protagonizado vídeos donde se enfrentaba directamente con personas a las que acusaba de residir de forma ilegal en viviendas, algo que ha copiado de Javier Ortega Smith, y desalojó a centenares de migrantes que malvivían en unos edificios abandonados, sin ofrecerles una alternativa y después de no haberse gastado la asignación de la Generalitat para atender a personas sin hogar.

Albiol va a ser el encargado de armar la ley antiokupación prometida por Feijóo, aunque no está claro que vaya a compatibilizar el cargo de alcalde con el de diputado, para lo que necesitaría un permiso especial de la dirección del PP. Hay incluso quien lo sitúa como futuro ministro. A los días de ser designado ha tenido que salir al paso de un bulo lanzado por Feijóo, quien dijo que “con un ticket de una pizza” se podía frenar un desahucio. Una falsedad que fue replicada por Albiol en redes sociales.

Consolidación de perfiles duros

Feijóo también ha consolidado otros perfiles duros. Por ejemplo, el de la teórica jefa del grupo parlamentario. Ester Muñoz llegó a Madrid desde León como cuota femenina para ocuparse de Sanidad y Educación en la dirección del PP, y hoy es la portavoz en el Congreso. El 29N repetirá como número uno de su provincia. Es el premio a una labor que también ha recibido el aplauso constante de sus jefes, tanto de Tellado como de Feijóo. Muñoz, con una apariencia muy diferente a la que presentaba en 2023, se ha convertido en uno de los principales azotes no solo del Gobierno, también de sindicatos, asociaciones e incluso de periodistas, a quienes no duda en señalar en redes sociales.

Otro de los perfiles premiados ha sido el del tránsfuga Sergio Sayas. Y por partida doble. El exdirigente de UPN fue, junto a Carlos García Adanero, quien protagonizó la traición de la reforma laboral. A escondidas de sus jefes del partido, pactaron con el PP de Casado tumbar la ley que tanto había costado armar a la entonces solo ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El error del diputado del PP Alberto Casero hizo inútil la maniobra, la reforma salió adelante y UPN echó a los tránsfugas, que recalaron en el PP. Sayas es ahora el líder del partido en Navarra, tras la renuncia inexplicada de quien fuera elegido por las bases, Javier García, hace menos de cuatro años. En un giro no del todo inesperado, PP y UPN han pactado una coalición al Congreso en la que Sayas será el número dos. El cabeza de cartel lo pondrán los foralistas.

Una incorporación llamativa es la del joven Jon Echeverría, quien pugnará por un casi imposible escaño por Gipuzkoa. Con apenas 20 años, su perfil creció cuando comenzó a participar en tertulias televisivas. Eso sí, sin indicar que no era un simple “joven” que daba su opinión, sino un cuadro de un partido político. Al final tuvo que reconocer su implicación partidista, lo que hizo endurecer su perfil. En redes sociales ha logrado tener mucho impacto, y apunta a ser un rostro habitual en el corto y medio plazo. Su ascenso ha ido parejo al del ‘ayusista’ Ignacio Dancausa, nuevo líder de las Nuevas Generaciones.

También tendrá un papel relevante en las elecciones la eurodiputada Alma Ezcurra, responsable del programa electoral y quien ya pusiera negro sobre blanco la ideología del PP en el Congreso Nacional de julio de 2025. Criada también en el PP de Madrid, Ezcurra anima a los suyos a hablar “sin tapujos” sobre inmigración, aborto, igualdad y otros asuntos en los que, dice, la derecha suele hacer discursos acomplejados. Suyas son frases como que “la nacionalidad española es un honor que no se puede regalar”. Ezcurra llegó a Feijóo a través de la fundación Reformismo 21, cuya dirección vacante ha recaído en el exdiputado Gabriel Elorriaga, quien fuera uno de los principales asesores de José María Aznar. Hoy sigue relacionado con el expresidente del Gobierno a través de Faes, igual que Álvarez de Toledo o la propia Ezcurra, quien fue “becaria” de la fundación.

Feijóo ha elegido así a perfiles duros para su “última oportunidad”. Unas palabras que pronunció esta misma semana la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista. Un mensaje del que son muy conscientes en las plantas altas de Génova.