La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha confirmado este lunes que su partido se opondrá a la regularización de personas migrantes que previsiblemente aprobará el Gobierno este martes. Ezcurra ha anunciado que el PP usará “todo instrumento político, parlamentario o jurídico” contra la medida. Y eso que, tal y como ha reconocido, no saben los detalles del decretos. “No conocemos el texto”, ha afirmado en una rueda de prensa en la sede nacional del partido.

“Seguimos sin saber mucho de esta regularización”, ha afirmado Ezcurra, quien pese a ello ha afirmado que la norma es “un despropósito”. “No sabemos cuántos son”, ha dicho, para airear una serie de cifras descontextualizadas que van del “medio millón” que dice el Gobierno a las 700.000 de “la plataforma de la regularización”, e incluso “el CNI” quien, ha asegurado, habla de “1.350.000” personas.

“No sabemos cuántas personas se van a acoger a esta regularización. Seguimos sin saber quiénes son. No sabemos dónde están. No hay un informe de impacto territorial. No sabemos de dónde vienen. No está muy claro qué va a pasar con sus antecedentes penales. Si los tienen. Si no los tienen. ¿Desde cuándo? ¿Cómo lo medimos? No sabemos si tienen juicios pendientes. Si tienen una hoja policial impoluta. No sabemos absolutamente ni quiénes son ni de dónde vienen”, ha desgranado la dirigente, reincorporada a sus labores de portavoz tras haber finalizado su permiso de maternidad.

“Sí sabemos una cosa”, ha dicho Ezcurra: “Sabemos que es perjudicial para todos”. Y, ha añadido, “al PP le parece que esta medida es perjudicial para todos”. Mala “para quienes han seguido los cauces que establecía la ley, porque ven cómo su esfuerzo queda equiparado a quien incumplió la ley” y “mala también para las personas que están por venir”.

Para el PP, el proceso también “es malo para las personas que se regularizan, porque como es una regularización sin itinerario de empleo y sin requisitos o un plan de integración, lo que va a terminar sucediendo es que muchas de estas personas van a acabar guetificándose”. “Las condena a la precariedad”, ha afirmado.

“Y finalmente”, ha proseguido, “es malo para toda la sociedad española en su conjunto, que ve cómo cada día se depaupera nuestros servicios públicos sin que su gobierno haga absolutamente nada”.

Todo, sin conocer el detalle del decreto. Y después de haber votado a favor de la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular que llevó esta regularización al Congreso.

El exdirigente de Vox y líder del 'think tank' de derechas Atenea ha justificado este lunes la guerra de EE UU e Israel contra Irán. “Irán es una amenaza permanente”, ha asegurado este lunes. “Israel hace una labor de contención del islamismo más radical, del yihadismo”, ha explicado. “Es víctima de ataques de una teocracia, la iraní, que tiene tentáculos extendidos por todo el mundo”, ha añadido. “Esta guerra la decide Irán, no EE UU ni Israel”, ha apuntado, para concluir: “A veces no queda otra opción, sobre todo cuando quien está en frente no entiende otra manera”.

Espinosa de los Monteros ha participado este lunes en 'Los desayunos del Ateneo', donde se ha felicitado por el triunfo de Péter Magyar en Hungría, país cuyo gobierno saliente ha apoyado económicamente a Vox cuando Espinosa de los Monteros era dirigente del partido.

Pese a tener buenas palabras para el derrotado primer ministro Viktor Orbán, de quien ha dicho que “representó la esperanza” como “luchador por la libertad contra el comunismo”, el todavía afiliado de Vox ha lamentado que la “defensa de la libertad” dejó “paso a otras cosas” que “una persona que cree en la separación de poderes no puede apoyar”.

“Tuvo posiciones conservadoras admiradas entre los conservadores españoles”, ha dicho Espinosa de los Monteros, quien sí ha sostenido que su proximidad a la “esfera de Putin” es “de las cosas más graves” que ha hecho. Orban ya era próximo a Vladimir Putin cuando Espinosa de los Monteros era uno de los principales rostros del partido.

“Irán es una amenaza permanente”

Espinosa de los Monteros ha justificado la intervención militar de EE UU e Israel contra Irán. “Las posiciones de [Donald] Trump y de [Benjamin] Netanyahu no son las mismas”, ha asegurado, para hacer una defensa cerrada del Estado israelí.

“Israel hace una labor de contención del islamismo más radical, del yihadismo”, ha dicho. “Es víctima de los ataques de una teocracia, la iraní, que tiene tentáculos extendidos por todo el mundo”, donde financia “grupos terroristas”. En su opinión, el intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras fue un “acto terrorista” de Irán.

Vidal-Quadras fue el fundador de Vox y su primer líder, antes que Santiago Abascal. En el pasado ha reconocido que el partido fue financiado por la oposición iraní, que fue considerada un grupo terrorista por la UE.

Aunque ha reconocido que “Netanyahu está en una posición particular” porque tiene “asuntos judiciales que le persiguen” y que se suspenden “mientras esté en Estado de guerra”, Espinosa de los Monteros ha considerado inevitables los ataques.

“Irán es una amenaza permanente”, ha dicho, para vaticinar que “esta guerra acabará más pronto que tarde” porque “Irán es más débil de lo que parece”.

Preguntado expresamente si la “guerra es ilegal”, el exdirigente de Vox ha evitado responder expresamente, pero sí ha desplegado las justificaciones habituales sobre el incumplimiento de los derechos humanos, la represión contra las mujeres o el hostigamiento a la oposición interna.

“Irán lleva años tomando el pelo a ONU”, ha dicho. “Engañó de forma infantil a la administración Obama”, ha sostenido, en referencia a las negociaciones con EE UU sobre el programa nuclear iraní. “Ha provocado destrucción, muerte, caos y terrorismo”, ha añadido, para asegurar que ha “esquivado las sanciones que se le han puesto”.

“Esta guerra la decide Irán, no EE UU ni Israel”, ha afirmado, porque “es una amenaza presente y clara para la estabilidad” de occidente. “Detener a los terroristas de Irán es lo que hacen quienes no quieren una guerra mayor”, ha añadido, para zanjar: “A veces no queda otra opción sobre todo cuando quien está en frente no entiende otra manera”.

Trump ha traído la “paz a Gaza”

Espinosa de los Monteros ha alabado a Trump. Aunque ha dicho que no todo lo que hace hay que apoyarlo, ha defendido que “no hay que apoyar ni denostar” al presidente de EE UU. En el ámbito económico, por ejemplo, ha arremetido contra los aranceles impuestos por Trump.

Pero ahí han terminado sus críticas. Espinosa de los Monteros ha asegurado que Trump “ha iniciado un periodo de esperanza en Venezuela con una intervención quirúrgica y de impacto muy limitado”, en referencia al secuestro del ya expresidente, Nicolás Maduro, y su reemplazo por Delcy Rodríguez.

Espinosa de los Monteros ha reconocido que la operación militar y el nuevo Gobierno venezolano garantizan un suministro de petróleo a EE UU que le hacen menos dependiente del crudo de los países del Golfo Pérsico.

Pero no solo ha aplaudido a Trump por Venezuela, sino que ha confiado en que el presidente de EE UU haga “mucho más pronto que tarde” lo mismo “en Cuba, una nación con especial vínculo con España”. Su esposa y también exdirigente de Vox, Rocío Monasterio, es de origen cubano.

Espinosa de los Monteros ha defendido la actuación de Trump en Siria, donde hoy gobierna con apoyo de las potencias occidentales un exdirigente del ISIS. Trum lo recibió en la Casa Blanca con todos los honores.

El todavía militante de Vox ha llegado a afirmar que Trump “ha acabado con la guerra en Gaza”.

Espinosa no aclara su futuro político

Lo que no ha hecho Espinosa de los Monteros ha sido aclarar su futuro político. El todavía militante de Vox ha reclamado la celebración de un congreso extraordinario del partido, una figura que no existe en los estatutos, para revisar a fondo la contabilidad de la organización, que está bajo sospecha.

Vox no está por la labor de cumplir con sus deseos, pero Espinosa de los Monteros no ha revelado qué hará a la vuelta del verano, si lanzará un partido propio o se integrará en otro, como el PP.

La inteligencia artificial es la herramienta digital de moda. Un cambio de paradigma y un salto para la humanidad, si se hace caso a expertos y publicistas. Existen innumerables sistemas para diferentes usos, con distinta procedencia y coste. 'Influencers' de toda índole monetizan vídeos que apremian a todo el mundo a no dejar pasar el tren de la modernidad que representan estos sistemas. Su uso está extendido en ámbitos empresariales, educativos y sociales. Pero entraña riesgos, especialmente para los poderes públicos. Al menos así lo entiende el Senado, que ha aprobado una prolija normativa interna que pone límites tanto a los representantes públicos como a funcionarios o trabajadores.

“Tiene sentido que el Senado utilice el potencial transformador de la IA para mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones”, asegura el documento, aprobado por la Mesa de la Cámara el pasado 16 de febrero. Según el texto, redactado por la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones que dirige Manuel Pereira, la IA permitirá “perfeccionar nuestras libertades en el marco del Estado de Derecho, así como la calidad de nuestra democracia”.

El problema es que no se está haciendo bien. “Nuestros parlamentarios y gente de la casa ya están usando la IA, y la están usando mal”, dijo Pereira en una jornada sobre el uso de esta tecnología que acogió el propio Senado. Porque la IA plantea “riesgos de diversa naturaleza, para los derechos y libertades, operativos, de seguridad o institucionales”. Entre otras cuestiones, la IA produce “información incorrecta o engañosa” en su forma generativa (es decir, los ‘chatbots’ que resuelven preguntas, los más utilizados). Mientras los “agentes dotados de autonomía”, es decir, los sistemas que toman decisiones, a veces dan órdenes “inadecuadas o incorrectas”. Por eso, apunta el documento del Senado, “la utilización o difusión” de la IA “podría ocasionar daños y comprometer a la institución”.

Los senadores y los trabajadores de la Cámara usan la IA a diario, pero no hay información sobre qué herramientas concretas se emplean. Desde el Senado apuntan a elDiario.es que se está “preparando la información sobre todos los sistemas que utilizan” esta herramienta “para publicarla en las próximas semanas en el Portal de Transparencia” de la institución.

La intención del Senado es hacer una “lista” con los sistemas de IA autorizados para su uso por el personal al que aplica la normativa: senadores y senadoras, personal funcionarial, laboral o eventual, así como “a cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección” de la institución. Las directrices aprobadas apuntan a dos tipos de herramienta: las de uso general y las que puedan tratar documentación o información confidencial. Para esta segunda las limitaciones que se plantean son amplias y pasan, principalmente, por exigir contractualmente a los proveedores que no utilicen al Senado para “entrenar” a sus herramientas.

El Senado presupuestó en 2026 96.000 euros para el “suministro de licencias de aplicaciones de Inteligencia Artificial”. Preguntados al respecto, la respuesta oficial de la Cámara es que se están “evaluando las distintas herramientas disponibles”, con especial atención en aquellas que tienen “capacidades de gestión y tratamiento documental, que es donde se espera que aporten mayor valor”. En los acuerdos se incluirán “cláusulas específicas sobre el respeto a la normativa de regulación de la IA, protección de datos, igualdad y derechos de autor”, según las mismas fuentes oficiales.

Dichos contratos con los proveedores deberán “garantizar que no se entrene el sistema de IA con los datos que se introduzcan por el personal del Senado”, especialmente con la información que no sea de carácter público. Dichos sistemas, apuntan desde la Cámara, “solo podrán ser utilizados por usuarios autorizados”. La institución también se plantea desarrollos propios a través de plataformas ya existentes.

Sobre estos proveedores se pronunció el director tecnológico del Senado en las jornadas sobre la IA antes mencionadas. Pereiro planteó que los procedimientos de contratación públicos son lentos y que la Cámara “no puede permitirse” una latencia de un año. “Hay que ser ágiles”, planteó. Y anunció que las contrataciones se harán por “convenio marco”, “sin necesidad de un procedimiento abierto” que pase “por la Mesa del Senado, la Intervención, la asesoría jurídica, etcétera” para dotar al proceso de “mucha agilidad”. La idea, dijo, es colaborar con alguna “empresa con la que ya se estaba trabajando con algún software” y se valoran “proyectos ejecutados ‘on premise”, es decir, en las propias instalaciones del Senado.

Posibles ataques y “supervisión” humana

La idea es “integrar la IA en todos los procesos internos”. Las 38 directrices aprobadas intentan acotar su uso, y plantean, por ejemplo, que “los resultados obtenidos” con el uso de la IA “siempre deberán ser supervisados por personas”, máxime si atañen “a los derechos y libertades o al funcionamiento institucional”. En caso de error, las personas no podrán escudarse en la IA para evadir su responsabilidad, que podrá incluso llegar al proveedor del sistema, “quien deberá asumir en su integridad estas directrices”.

El documento advierte también de que “los sistemas de IA pueden generar vulnerabilidades que podrían ser explotadas mediante ataques de terceros, con el fin de manipular los sistemas, redes o datos del Senado, comprometer su disponibilidad, o poner en peligro su confidencialidad y su fiabilidad”. 

El año pasado, el Senado fue el centro de una polémica por el despido de dos trabajadores del departamento que dirige Pereira por, supuestamente, haberse infiltrado en dispositivos electrónicos de representantes y trabajadores de la institución. La Fiscalía investiga los hechos. El senado se da seis meses para aprobar un régimen disciplinario para quienes incumplan las directrices.

Riesgo para los trabajadores

Una de las cuestiones que se planteó durante el debate en la Mesa del Senado previo a la aprobación de las directrices fue la afectación que el uso de la IA puede tener para los trabajadores. Es decir, que determinados puestos puedan ser sustituidos por una máquina.

Lo planteó la vicepresidenta segunda, Concha Andreu, tal y como recoge el acta oficial de la reunión. La representante del PSOE pidió “que se garantice que no se produzca una reducción de empleos como consecuencia de la aplicación de la IA”, y el documento aprobado así lo recoge: “Se tendrá especial cuidado en que no incida negativamente en la estrategia de recursos humanos de la Cámara”.

Pero la IA ya está afectando a trabajadores relacionados con el Senado, como expuso Manuel Pereira en las jornadas sobre esta herramienta. Citó tres ejemplos concretos: la transcripción automática de las sesiones, el subtitulado en tiempo real de las intervenciones y la traducción a lenguas oficiales. 

Tres tareas que hoy hacen personas y que pasarán a hacer máquinas, según dijo Pereira: “Lo queremos sustituir por una IA”.

110 días después de las elecciones anticipadas en Extremadura, el PP y Vox volvieron a sentarse este viernes alrededor de una mesa para intentar negociar un acuerdo para la investidura de María Guardiola. Tras seis horas de reunión, volvieron a comunicar un fracaso. El miércoles la cita fue en Zaragoza. Se produjo dos meses después de los comicios, también anticipados. Y el resultado fue el mismo: casi sin avances para la investidura de Jorge Azcón. Rebasado, por mucho, el ultimátum dado por Alberto Núñez Feijóo, el reloj avanza hacia la repetición electoral. Y en la dirección del PP se impacientan: “Debería haber sido en febrero”.

El líder del PP planteó el pasado mes de marzo un límite claro para evitar que las negociaciones se eternizaran ante las evidentes reticencias de Vox a alcanzar un acuerdo y la utilización que Santiago Abascal y los suyos están haciendo del bloqueo político. En el horizonte, las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

“No deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo”, dijo en una entrevista. “No es complejo”, aseguró, para afirmar que una negativa de Vox sería un comportamiento “antidemocrático”. Cuando se cumple casi la mitad del mes de abril, el pacto no parece estar siquiera cerca, aunque desde el PP aseguran que “están avanzando” para sellar una alianza.

Feijóo dijo esa frase un día después de que desde la dirección del PP reconocieran a los periodistas que es Vox quien “maneja los tiempos”. Y lo sigue haciendo, lo que está impacientando a Génova. “Debería haber sido en febrero”, apuntan a elDiario.es fuentes de la dirección sobre un acuerdo en Extremadura.

Pero en Vox vieron la oportunidad de usar el bloqueo político como palanca electoral: de Extremadura a Aragón y después a Castilla y León. Fue en esta última campaña donde Abascal viró su estrategia: pasó de culpar a María Guardiola del fiasco negociador para señalar directamente a la dirección del PP, y en especial al secretario general, Miguel Tellado, diana de los dardos de los portavoces ultras en las últimas semanas.

El control de tiempos por parte de Vox no es nuevo. Lo ha tenido siempre. En 2023 Génova quería retrasar al máximo los pactos posteriores a las autonómicas para que un entendimiento generalizado con Vox no enturbiara la campaña de las generales, como finalmente ocurrió. Los de Abascal buscaban justo lo contrario, y aceleraron allí donde más débil parecía el rival. En tiempo récord ataron un pacto con Carlos Mazón para hacerle presidente de la Generalitat valenciana.

El resto de acuerdos llegó en cascada. Un año después, en julio de 2024, Vox salió de todos los gobiernos autonómicos a la vez, y dejó al PP con cinco regiones ingobernables y una doble oposición: por la izquierda y por la derecha. Vox no ha aprobado los presupuestos y ha forzado los adelantos electorales que se le han atragantado a los de Feijóo y han dejado a la ultraderecha al borde del 20% en todas las regiones.

“Continúan acercando posturas”

En la dirección del PP daban por hecha la imposibilidad de un acuerdo el miércoles en Aragón y este viernes en Extremadura. “No creo que sea la definitiva, pero están avanzando”, aseguraron a este medio antes de finalizar la reunión.

A la cita no acudió en persona Miguel Tellado, quien sí se desplazó de urgencia hace un par de semanas al anterior encuentro. Tanto a la del viernes como a la del miércoles se “conectó por videollamada”, según informaron desde la dirección del PP. En ambas le tocó viajar a la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela.

Tellado fue el señalado por Feijóo para corregir el rumbo de las negociaciones en Extremadura cuando Vox había diseñado una estrategia que pasaba por golpear a María Guardiola y dejar en paz a Jorge Azcón. Los de Abascal llevaron la presión al máximo, y el 'número dos' cogió el mando. “No negociéis con ella”, le dijo Tellado al que realmente decide las cosas en Vox, Kiko Méndez-Monasterio, según publicó hace unas semanas 'Artículo 14'.

Pero Tellado es ahora el principal enemigo de Vox, desde donde señalan al secretario general del PP como el responsable directo de una “campaña” de hostigamiento y de la atención mediática que está recibiendo la alternativa al partido ultra liderada por los dirigentes purgados por Abascal. Desde Iván Espinosa de los Monteros a Javier Ortega Smith, pasando por José Ángel Antelo o Juan García Gallardo.

Vencido el plazo dado por Feijóo, Vox respondió con una carta a todos sus militantes donde señalan directamente al líder del PP de dirigir “un ataque brutal” de “insidias” contra el partido.

La realidad es que los acuerdos no llegan. El miércoles hubo pocos avances en Aragón, donde la negociación se limita a “cuestiones conceptuales”. Este viernes en Extremadura, los partidos “acercaron posturas” sobre “la definición y desarrollo de las medidas y políticas prioritarias necesarias para poner en marcha el nuevo mandato, así como los plazos y la financiación que las hacen viables”.

Uno de los principales escollos es la pretensión del PP de que Vox garantice estabilidad a los nuevos gobiernos. Los de Feijóo quieren garantías de que habrá apoyo presupuestario durante toda la legislatura. Los de Abascal no quieren ni oír hablar de tal cosa.

Guiños a la ultraderecha

En Vox dudan sobre si les conviene políticamente entrar o no a los gobiernos. Abascal ha pasado por varias fases en las últimas semanas, y ha hecho declaraciones públicas en los dos sentidos. También ha jugado a decir primero que no le importaría repetir elecciones para luego comprometerse a alcanzar acuerdos con el PP.

El plan de Méndez Monasterio no es nuevo. Ya lo aplicó en la Comunitat Valenciana cuando Mazón, primero, y Juan Francisco Pérez Llorca, después, les imploraron su apoyo ante la crisis provocada por la gestión de la Generalitat de la dana de 2024 que mató a más de 230 personas.

Tanto Mazón como Pérez hicieron sendas declaraciones públicas en las que asumieron buena parte del ideario político e ideológico ultra.

El conocido en Vox como “modelo Mazón” ha empezado a ser replicado. Y el PP ya ha asumido los marcos ultras. Por ejemplo en una reciente votación en el Congreso en la que los de Feijóo se abstuvieron en una moción (una declaración sin trascendencia legal) que pedía que una sanidad pública “prioritaria” para los españoles.

No es la única petición de Vox. Los de Abascal, reconocidos antieuropeístas, han reclamado al PP la ruptura de los acuerdos con socialistas y liberales en Bruselas. Esto supondría la ruptura de la Comisión Europea o de acuerdos comerciales como el de Mercosur.

Este mismo viernes, en un acto organizado por el medio 'Politico' y la consultora BeBartlet, Feijóo arremetía contra los “partidos antieuropeos”. “Me comprometo sin ningún género de dudas a contribuir desde el Gobierno a los nuevos retos preservando la unidad de Europa”, dijo. “La UE no es solo una moneda. No es solo un mercado. No es solo un pasaporte. Es un compromiso que se respeta a las duras y a las maduras”, zanjó.

Pero Feijóo asumió, en parte, uno de los paradigmas de Vox: la teoría conspirativa del gran reemplazo, la sustitución de la población europea por extranjeros. “Europa debe ocuparse de su realidad demográfica porque no hay Europa sin europeos”, afirmó.

Silencio ante el riesgo de repetición electoral

¿Y cuándo creen en el PP que se podrán cerrar los acuerdos? La realidad es que no lo saben, y se hace el silencio cuando se pregunta a los dirigentes nacionales y autonómicos, que pasan de la incredulidad al enfado cuando tienen que responder sobre lo que está ocurriendo.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho en varias ocasiones en las últimas semanas que las negociaciones deben ser “a fuego lento”. “Todo lo bien hecho necesita tiempo”, apuntan las fuentes consultadas por elDiario.es.

El problema es que el calendario avanza y ya asoma el límite legal para cerrar un acuerdo. Se cumple en ambas regiones el 3 de mayo, coincidiendo con el inicio de la campaña andaluza.

Preguntados en Génova sobre si descartan la repetición electoral, responden que “lo hizo Abascal” cuando “dijo que habría acuerdos”. Repreguntados si se fían, dejan una pregunta en forma de respuesta irónica: “¿Qué político diría una cosa y haría la contraria?”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este viernes su “condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo”. “La contención, la desescalada y la diplomacia es el único camino en el que Occidente se reconoce”, ha sostenido. “Todos debemos empujar para que la mesura sustituya a la barbarie”, ha añadido, porque “la barbarie se vence con sensatez”, ha dicho. “Tener razón no justifica actuar sin ella, por supuesto”, ha zanjado.

Así se ha expresado Feijóo durante una breve intervención en el evento 'European Pulse Forum', organizado por el medio 'Politico' y la consultora BeBartlet en Barcelona. El líder del PP no ha mencionado a EE UU ni a Israel. Tampoco a Donald Trump o Benjamin Netanyahu. Ni siquiera a Irán. Fiel a su estilo, Feijóo se ha limitado a hacer aseveraciones generales que le comprometan poco o nada.

El líder del PP ha participado en el evento con un discurso de unos 15 minutos en el que ha asegurado que “la sensatez” le “lleva a reclamar” que “contención, desescalada y diplomacia” son “el único camino en el que Occidente se reconoce”.

Siempre con frases impersonales y sin concretar, Feijóo ha asegurado que “la razón interpela para defender sin matices” los “valores” europeos, “sin equidistancia”. “Los regímenes que matan a los disidentes, que vulneran derechos, que persiguen, mujeres que oprimen a homosexuales tienen que tener una condena sin ambigüedad”, ha apuntado, sin referirse a ninguno en concreto.

“Con los autócratas, toda Europa debe tener actitud de firmeza”, ha defendido, para atacar al Gobierno, también sin mencionarlo: “Ningún país europeo debería aceptar felicitaciones de terroristas o dictaduras sin abochornarse, revolverse o desmarcarse”.

Casi la única referencia concreta del breve discurso ha llegado al hablar de Venezuela. Feijóo ha rechazado la presidencia de Delcy Rodríguez acordada por EE UU tras el secuestro de Nicolás Maduro. “Nuestro sitio”, ha dicho, está con “Edmundo González y María Corina Machado”, dirigentes de la oposición en el exilio y que, según ha dicho el líder del PP, se reunirán con él en breve en Madrid.

Defensa de la OTAN y de la UE

Feijóo ha aprovechado la intervención para reafirmar el compromiso inquebrantable del PP con la OTAN. De nuevo sin mencionar que ha sido Donald Trump quien ha amenazado con sacar a EE UU de la organización militar, el líder de la oposición ha sostenido que esta es “el mejor instrumento para garantizar la seguridad a ambos lados del Atlántico”.

“Todos debemos preservarla”, ha sostenido, “porque estamos amenazados por guerras de agresión en nuestro entorno, nuevos aranceles y nuevas guerras comerciales”, ha remachado. De nuevo, ha obviado que es Trump quien ha impuesto aranceles y ha amenazado a diversos países, entre ellos España, con esa “guerra comercial”.

Feijóo también ha hecho una defensa cerrada de la Unión Europea. “Europa es el ideal al que seguimos aspirando, pero su construcción política requiere abandonar utopías quizás plausibles para otras épocas, pero no para esta”, ha asegurado, sin especificar a qué se refiere.

“La UE levanta recelos y por eso requiere reformas”, ha planteado. “Porque más que nunca es necesario proteger el europeísmo de sus debilidades y de sus enemigos”, ha añadido. Estos están “fuera y dentro de la UE”, ha asegurado. “Sin ir más lejos, en España hay partidos antieuropeos y antiOTAN. Incluso en el propio Gobierno de España”, ha afirmado.

Feijóo ha criticado a la UE, y ha pedido “abrir los ojos”. “Europa puede ser gigante medio en lo económico pero tiene pies de barro en lo geopolítico”, ha sostenido. “No estamos libres de reproches”, ha asegurado, porque Europa ha llegado “tarde” a sus “deberes en materia de seguridad”. “El ritmo de los acontecimientos exige celeridad en la toma de decisiones y no estructuras paquidérmicas”, ha dicho. “Hemos boicoteado nuestra propia prosperidad regulando hasta la asfixia a sectores económicos concretos”, ha apuntado.

“Me comprometo sin ningún género de dudas a contribuir desde el Gobierno a los nuevos retos preservando la unidad de Europa”, ha espetado. “La UE no es solo una moneda. No es solo un mercado. No es solo un pasaporte. Es un compromiso que se respeta a las duras y a las maduras”, ha zanjado.

Feijóo ha hecho estas declaraciones mientras su jefa de gabinete, Marta Varela, y su secretario general, Miguel Tellado, negocian un acuerdo de gobierno en Extremadura con Vox. El miércoles pasado la reunión fue en Aragón.

Vox es un partido que ha defendido en el pasado la salida de España de la UE. Ya no lo hace, pero sí ha reclamado desmontar precisamente toda la estructura política de la UE y volver a un sistema como el de hace medio siglo, cuando apenas era una unidad de mercado para algunas mercancías y capitales.

De hecho, en las negociaciones Vox ha puesto sobre la mesa la ruptura de los acuerdos del PP en Bruselas con socialistas y liberales, así como con el grupo de Giorgia Meloni, lo que supondría romper con la actual Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen.

Feijóo ha asumido en su discurso algunos de los mantras de los ultras con los que pretende gobernar autonomías y, llegado el momento, el país. Por ejemplo, la teoría que establece que se está produciendo un reemplazo de ciudadanos europeos por extranjeros.

“Europa debe ocuparse de su realidad demográfica porque no hay Europa sin europeos”, ha afirmado. “Muchos colegas europeos me han trasladado su preocupación por la regularización masiva que está impulsando nuestro país”, ha dicho, para encadenar una serie de mentiras.

“España está exportando un problema migratorio al conjunto de la UE”, ha dicho. Pero el comisario europeo de Migraciones ha admitido que la regularización migrantes es “una competencia de los Estados miembros” y que “son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”.

Feijóo ha asegurado, además, que “la decisión de regularizar masivamente y sin condiciones a más de un millón de inmigrantes irregulares se está adoptando contra el criterio común de Europa, pero también contra la voluntad expresada por la mayoría del Congreso y del Senado”.

Pero ni la regularización será de más de un millón de personas ni el Congreso o el Senado la han rechazado. Sí se han aprobado mociones (declaraciones no ejecutivas ni vinculantes) para endurecer los requisitos.

“Puedes tener un aliado y discrepar de él”. Así de leve fue la crítica que lanzó este jueves la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, contra EEUU y sus ataques contra Irán, que se prolongan ya más de un mes. Muñoz no lo expuso de primeras, ni siquiera mencionó a qué “aliado” se refería. Solo ante la insistencia de los periodistas concretó que esa “discrepancia” se debe a la amenaza de “borrar una civilización” lanzada por Donald Trump. Contra quien no tiene una mala palabra el PP es contra Israel y su ruptura unilateral del alto el fuego, que Muñoz justificó.

La dirigente del PP dio así un paso más en el giro en su posición sobre la guerra de Irán emprendido por el PP con el paso de los días: del aplauso a los bombardeos iniciales a reconocer una “discrepancia” con un Trump al que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, intenta no nombrar nunca.

Fue el propio Feijóo quien definió en un primer momento la posición del PP sobre los ataques unilaterales de EEUU e Israel sobre Irán. En un comunicado publicado en Twitter, el líder de la oposición justificó desde el primer día los bombardeos porque “el régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región”. Y aseguró que “la libertad se defiende en todo el mundo”.

Feijóo pidió “contención” y “evitar una escalada”, pero no especificó a quién pedía tal cosa. Un día después, el 1 de marzo, los bombardeos acabaron con la vida del líder iraní, Ali Jamenei, tras casi tres décadas en el poder. Feijóo planteó una dicotomía: “Con la libertad o con los tiranos”. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el líder del PP fue más claro en su respaldo a la acción militar de EEUU e Israel: “El mundo es mejor cuando cae un tirano”.

En la carta, Feijóo calificó de “buena noticia” la caída del régimen Iraní. El problema es que no cayó entonces, ni ha caído todavía. El líder de la derecha española aseguró que “la seguridad global exige responsabilidad y límites claros”, exigió a España “claridad moral” y mantenerse “junto a las democracias” sin recurrir a “fórmulas ambiguas”. Feijóo insistió en reclamar “contención” de forma genérica e impersonal, “impulsar soluciones negociadas” y “evitar la escalada”.

El líder del PP sí aprovechó ese mensaje para atacar a la “acción exterior” del Gobierno de España, a quien acusó de forma poco velada de mantener un “silencio cómplice” ante la “represión sistemática de Irán”.

Dos días después, ante las amenazas directas de Trump contra España por impedir el uso de las bases españolas compartidas, Feijóo señaló al Gobierno. Sin mencionar ni una sola vez a EEUU ni a su presidente, se limitó a dirigirse a los “aliados” para pedir “respeto” a España.

Feijóo tampoco mencionó la guerra o los bombardeos. Se limitó a señalar en otro tuit-comunicado que “la situación internacional es crítica” y que, ante ella, “caben opiniones distintas”. “Lo que ya no admite discusión es que la política exterior del Gobierno es una constante irresponsabilidad y que la frivolidad tiene consecuencias”, afirmó a continuación. El líder del PP lanzó además un “compromiso”: “España volverá a ocupar su sitio. En Europa, en la OTAN y en todas partes. Y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos”.

Era 3 de marzo. Para entonces, la Alemania de Friedrich Merz no se había desmarcado en público de Trump ni el canciller había defendido a España ante los ataques del presidente americano, lo que le valió las críticas internas. Tampoco Giorgia Meloni se había plantado por el uso de bases italianas en lo que ella mismo calificó poco después como “fuera del derecho internacional”. Tampoco lo hizo al día siguiente en un acto informativo donde dijo que “la relación con los EEUU ha de preservarse”. “Tengamos o no discrepancias con su presidente”, dijo sin especificar qué opinaba él.

Los aplausos del PP a la guerra de Irán se hicieron más sonoros el 5 de marzo, cuando convirtieron un acto por el 8M organizado por el partido en el Congreso en una defensa de Trump con críticas a Pedro Sánchez. “Está del lado de los asesinos”, dijo la activista iraní afincada en EEUU Masih Alinejad, quien no sabía el nombre del jefe del Gobierno al que criticaba. Junto a ella, la portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo, quien lamentó la “cobardía”, la “condescendencia” y “la complicidad” de lo que ha señalado como “apaciguamiento” liderado por el presidente español. Álvarez de Toledo conminó a Sánchez a “aprender de la Historia”: “El apaciguamiento no pacifica, envalentona; no reduce el peligro, lo multiplica”.

 “Te guste o no Trump”, dijo la mujer iraní, lo que ha hecho “es liderazgo”. “Quitar a los terroristas no es una tragedia, es justicia para las víctimas”, sentenció entre aplausos y vítores de los diputados del PP.

Feijóo intervino en el acto: “¿Qué les decimos a las iraníes, que esperen 40 años más, que nos pondremos una chapita mientras se las sigue matando? Si no tienes respuesta a la tiranía, el pacifismo es un aval a la dictadura”.

Feijóo: “Sí a la paz”

Las elecciones de Castilla y León, celebradas el 15 de marzo, dieron un margen al PP para hablar menos de la guerra de Irán. Al día siguiente de los comicios, el 16 de marzo, Feijóo reunió a la Junta Directiva Nacional, como es habitual, y frente a sus barones planteó un primer giro discursivo.

“¿No a la guerra?”, se preguntó. “Pues claro. ¿Qué país se creen que están gobernando?”, afirmó, como si hubiera defendido previamente esa misma posición. Feijóo alertó de los “falsos dilemas” y proclamó su eslogan: “Sí a la paz”. Eso sí, sin críticas a EEUU ni a Trump.

Ante la comparecencia de Sánchez en el Congreso, el PP preparó el terreno para un aterrizaje de Feijóo en un debate en el que no podía mantener la posición que había establecido hasta entonces. En una entrevista un día antes de la cita parlamentaria, el líder de la oposición explicó que “Sánchez es una cosa y España es otra”, y que “el señor Trump es el presidente de EEUU, y EEUU es uno de los grandes países del mundo, sin ninguna duda, y nuestro aliado desde la Segunda Guerra Mundial”. “Por tanto, no tiene nada que ver una cosa con otra”, remachó.

“¿Oiga, seguidismo al señor Trump? Ninguno”, aseguró. Y concluyó con una novedad: “Nosotros no estamos de acuerdo con esa guerra”. Para entonces, la mayoría de los países aliados se habían distanciado pública y notoriamente de EEUU. El bloqueo del estrecho de Ormuz y la imposibilidad de Trump y Netanyahu de reabrirlo han golpeado a las economías europeas. Como España, otros países como Francia, Italia o Alemania han puesto límites al uso de sus instalaciones o incluso de su espacio aéreo para la guerra de Irán.

En su réplica a Sánchez en el Congreso, el líder del PP cambió otra vez de eslogan para el conflicto de Irán: “No a la guerra, y no a usted”. Ese “usted” se refiere a Sánchez.

Este jueves, la portavoz del PP en el Congreso fue un poco más directa en sus críticas a EEUU y a Trump. Pese a asegurar que no ha habido “ningún viraje” en su posición, planteó que se puede “tener un aliado y discrepar de él”. Preguntada por la discrepancia, Muñoz dijo que “el mensaje del presidente Feijóo fue evidente” al respecto. Se refería al tuit en el que, ante la amenaza de Trump de arrasar Irán por completo, el líder del PP dijo: “En momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto”. Sin más.

Muñoz dio un paso más este jueves: “No nos parece bien que un mandatario diga que va a borrar a toda una civilización”. La dirigente añadió: “¿Qué pasa con discrepar? Es perfectamente compatible con saber que EEUU, con independencia de Trump, debe ser aliado”.

A quien no criticó fue a Israel. Cuestionada por la ruptura del alto el fuego con sus ataques sobre Líbano, Muñoz se limitó a señalar que en ese país está “un grupo financiado por Irán, Hezbolá”. Y preguntada por la retención durante una hora de un 'casco azul' español por parte del ejército israelí, una acción que supuso la condena de la ONU, la portavoz del PP rebajó lo ocurrido. Muñoz desmereció el tiempo que estuvo retenido. Y zanjó: “Yo he estado en controles de tráfico más tiempo retenida”.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha evitado este jueves valorar la detención “ilegal” por parte de Israel de un soldado español destacado en el sur del Líbano en una misión de paz de la ONU. “La ministra [de Defensa, Margarita Robles] dijo que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido, me va a permitir que no diga qué nos parece. Sí sabemos que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, ha respondido.

El suceso ocurrió el martes. Israel detuvo a un 'casco azul' de nacionalidad española desplegado en el marco de la misión de la ONU en Líbano (FINUL), pero lo liberó “en menos de una hora”, tras trasladar España su “más enérgica protesta” tanto a Naciones Unidas como al Estado hebreo, según desveló Robles. La FINUL denunció en un comunicado oficial que el Ejército israelí bloqueó un convoy logístico el martes, aunque no detalló la nacionalidad del 'casco azul' retenido.

Muñoz ha evitado criticar a Israel tanto por la detención ilegal del soldado español, como por romper el alto el fuego pactado por EE UU e Irán con la mediación de Pakistán. El acuerdo se refería también al Líbano, pero el Gobierno de Benajmin Netanyahu ha bombardeado Beirut y ha provocado cientos de muertos.

“Llevamos tiempo pidiendo que se desescale la guerra”, ha dicho Muñoz, para después justificar que Israel no está atacando el Líbano, sino “a un grupo terrorista financiado por Irán, Hezbolá”.

La Comisión Europea sí ha condenado los ataques de Israel sobre Líbano: “Estas acciones representan una escalada muy grave y una amenaza inaceptable para la vida de los civiles y la estabilidad regional. Por ello, reiteramos la necesidad del pleno respeto del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, que exigen la protección de los civiles en todo momento”.

La UE ya se sumó este miércoles a un comunicado que firmado por España junto a varios países europeos en el que hacían “una llamada a todas las partes para implementar el alto el fuego, incluido el Líbano”.

“Meloni es el ejemplo”

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha lamentado las amenazas del presidente de EE UU, Donald Trump, de que su país va a abandonar la OTAN.

“No nos gustan las amenazas de que EE UU pueda dejar la OTAN porque Europa necesita que la OTAN siga en pie”, ha dicho. “Es una cuestión de defensa nacional y territorial”, ha añadido. “Pregunten a cualquier militar sobre la posibilidad de que EE UU abandone la OTAN. Sería realmente peligroso”, ha afirmado.

Muñoz ha puesto la responsabilidad, tanto de la amenaza como de evitar que se lleve a cabo, en el Gobierno español. “Espero que el Gobierno sea responsable y tenga puesto al cuerpo diplomático para evitar que esto se produzca”, ha afirmado.

“No puedes generar conflictos que pueden dejarnos sin marcos de defensa”, ha añadido en referencia a Pedro Sánchez. “¿Se puede estar en contra [de Trump] sin generar conflicto internacional? Sí, Meloni es el ejemplo”, ha apuntado.

Preguntada sobre cuáles son las discrepancias del PP con Trump, y que hasta ahora no se habían enunciado, Muñoz ha asegurado que “el mensaje de Feijóo fue evidente: no nos parece bien que un mandatario diga que va a 'borrar' a toda una civilización”. “¿Qué pasa con discrepar?”, se ha cuestionado. “Es perfectamente compatible con saber que EE UU, con independencia de Trump, debe ser un aliado”.

Muñoz ha insistido en que “Europa necesita a la OTAN”. “España no puede defenderse si no tenemos aquí a la OTAN”, ha remachado.

Sobre la respuesta de la Embajada de Irán en España al tuit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que pedía “sensatez, no brutalidad” ante la amenaza de Trump de “borrar” a Irán, Muñoz ha negado que fuera un mensaje de “felicitación” para su jefe de filas. “Me da la risa, no he visto la felicitación por ningún sitio”.

La dirección nacional del PP ha informado este jueves de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se reunió ayer con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con su “equipo de gobierno”. “Este tipo de encuentros se producirán en términos similares con representantes de otros gobiernos del PP en toda España”, apunta el PP en una nota remitida a los medios esta mañana. “Y serán útiles para definir nuestras prioridades políticas tanto a la hora de hacer oposición a Pedro Sánchez como para concretar y mejorar nuestro proyecto como alternativa a este Ejecutivo”, concluye.

La reunión se produjo el miércoles por la mañana. Fue “un desayuno de trabajo”, según el comunicado de la dirección nacional del PP. La nota afirma que “Ayuso, junto con los consejeros que integran su Ejecutivo, compartieron con Feijóo las prioridades estratégicas” de la región.

Desde la dirección nacional del PP no revelan quién solicitó la reunión a quién. “Fue acordado”, se limitan a decir.

En el encuentro, continúa la nota, “trasladaron las principales necesidades que siguen sin ser atendidas por parte de un Gobierno de España empeñado en convertir a los madrileños en rehenes de las prácticas de ajuste de cuentas con las que el PSOE les castiga por su falta de apoyo electoral” en Madrid.

Sin acuerdos PP-Vox en Extremadura ni Aragón

Poco después del comunicado de la dirección nacional del PP, la Comunidad de Madrid ha publicado su propia nota. El Gobierno de Ayuso informa de que en la cita estuvo también presente el secretario general del PP, Miguel Tellado, un dato que obvia el equipo de Feijóo. Fueron los únicos representantes

La presencia en la Real Casa de Correos de Madrid de Miguel Tellado, sin responsabilidades sectoriales en el PP, estaría detrás de su ausencia en la infructuosa reunión que el PP y Vox mantuvieron este miércoles por la mañana en Aragón para acordar la investidura de Jorge Azcón.

El PP y Vox son incapaces de cerrar los pactos de gobernabilidad para dar estabilidad a Extremadura y Aragón, que celebraron elecciones en diciembre y febrero, respectivamente.

Las direcciones nacionales de ambas formaciones se han implicado plenamente en las negociaciones. La dirección nacional del PP está representada habitualmente por el propio Tellado y por la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela. Antes de Semana Santa, Tellado viajó de urgencia a Extremadura y estuvo presente en una reunión también sin ningún resultado. Ayer, fue Varela la que se desplazó a Zaragoza, mientras el secretario general se conectó por videoconferencia, según informó Génova.

Cambio de rostros en un acto de fiscalidad

El “desayuno de trabajo” fue previo a un acto sobre fiscalidad en el que Feijóo prometió una inconcreta bajada general de impuestos si llega a gobernar. “Si no lo hago, dejaré de ser presidente”, afirmó.

El acto tenía que haber sido presentado y moderado por el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo. Así constaba en las previsiones informativas que cada día remite a los periodistas el equipo de prensa del partido.

Pero fue la consejera de Economía y Hacienda de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, quien cogió la batuta del acto. Bravo estuvo sentado en primera fila sin intervenir en ningún momento.

“Líder de la oposición”

En su nota, la Comunidad de Madrid informa de “un encuentro de trabajo institucional con el presidente del PP y líder de la oposición”. “El objetivo de la reunión ha sido analizar la situación política de España” y de la región, sostiene. La cita duró “una hora y media”, afirma el Ejecutivo autonómico.

El comunicado afirma: “La presidenta madrileña ha trasladado al líder de la primera fuerza parlamentaria en el Congreso y Senado en España los principales retos y logros de la Comunidad de Madrid, así como los ataques a los servicios públicos madrileños que se están produciendo desde el Gobierno central en diferentes materias: financiación, fiscalidad, la ausencia de inversión estatal en las infraestructuras de transporte como Cercanías, la falta de médicos en toda España que afecta a todas las CCAA, la inexistencia de políticas migratorias, así como las trabas con la energía y la gestión del agua que ponen en dificultades el enorme desarrollo en digitalización de la región, entre otros”.

Hace ahora un mes, la dirección nacional del PP ha conminado a Ayuso a iniciar el proceso para poner en marcha el registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, tal y como le exigió el Tribunal Supremo.

El Gobierno de Madrid se negaba a cumplir la ley, y el Ministerio de Sanidad ya le había remitido los requerimientos para que lo hiciera, condición previa para llevar al Ejecutivo autonómico ante los tribunales.

“Siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan. Por tanto, yo estoy convencida que la Comunidad Madrid acatará la decisión judicial”, aseguró en una rueda de prensa la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Alberto Núñez Feijóo no menciona a Donald Trump. Lo hacía poco antes, pero desde la guerra de Irán el presidente de los EEUU ha desaparecido del vocabulario del líder del PP, quien ha tenido que corregir su posición inicial sobre los bombardeos ilegales contra el país persa. Ni siquiera ante la amenaza expresa de una destrucción total fue capaz Feijóo de decir su nombre. El jefe de la oposición se limitó a reclamar “sensatez” en un tuit impersonal que roza los dos millones de visualizaciones y ha recibido el irónico aplauso de la propia embajada iraní en España. Mientras, esquiva a los periodistas en todos sus actos públicos.

Feijóo ha tenido que virar 180 grados su posición sobre Irán en poco más de un mes. El líder del PP aplaudió la guerra ilegal iniciada de forma unilateral por EEUU e Israel. Después, vitoreó el asesinato del líder iraní, Ali Jamenei. “El mundo es mejor cuando cae un tirano”, escribió el 1 de marzo en Twitter en un largo comunicado en el que dio por hecho el desvanecimiento del régimen de los ayatolás. “La caída de un sistema así es una buena noticia para la libertad y la democracia”, aseguró el líder del partido más votado en las elecciones de 2023. Un mes después, el régimen iraní se mantiene.

Feijóo volvió a referirse a la guerra de Irán el 3 de marzo, también en un mensaje en la red social propiedad de Elon Musk. Donald Trump había amenazado con cortar todo lazo comercial con España ante la clara posición del Gobierno de Pedro Sánchez contra los bombardeos ilegales y la negativa a permitir el uso de las bases militares compartidas en territorio español.

“España es mucho más que su mal Gobierno”, escribió Feijóo. “La situación internacional es crítica. Caben opiniones distintas”, añadió, para repetir su ataque al Ejecutivo: “Si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted”. Y zanjó: “España volverá a ocupar su sitio. En Europa, en la OTAN y en todas partes. Y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos”.

Publicó su mensaje poco después de las siete de la tarde. Feijóo, quien siempre presume de su excelente relación con los demás mandatarios del PP Europeo, tuvo que ver cómo apenas una hora después la presidenta de la Comisión Europea y colega de partido, Ursula von der Leyen, salía a respaldar a España frente a las amenazas de EEUU.

Tras casi una semana de conflicto armado Feijóo no había pronunciado ni una sola vez el nombre de Donald Trump. Ni el de Benjamin Netanyahu. Tampoco lo hizo al día siguiente en un acto informativo donde dijo que “la relación con los EEUU ha de preservarse”. “Tengamos o no discrepancias con su presidente”, añadió, sin marcar su posición. “Pero nuestra relación con los Estados Unidos ha de preservarse”, remachó.

Fue su respuesta al “no a la guerra” de Pedro Sánchez, un intento para recuperar el espíritu contra la guerra de Irak en la que España entró durante el segundo mandato de José María Aznar. A diferencia de Feijóo, el expresidente sí ha criticado a Trump, tanto directamente como a través de la fundación Faes que preside.

Aznar y Feijóo ya discreparon sobre el secuestro del exmandatario venezolano Nicolás Maduro. Entonces y ahora, el dirigente del PP ha optado por alinearse con Vox en su respaldo a Trump.

Un día después, el 5 de marzo, Feijóo clausuró un acto sobre el 8M que el PP dedicó a glorificar las acciones militares ilegales de EEUU en Venezuela e Irán. Tampoco el líder de la oposición mencionó por su nombre al presidente americano más que de pasada y para atizar a Sánchez: “Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional”. Tampoco mencionó el nombre de Trump en su entrevista en esRadio del 17 de marzo.

Feijóo se pasa al “no a la guerra”

La tónica se mantuvo unos días. Pero Feijóo comenzó a virar a finales de marzo ante el realineamiento de la mayor parte de la comunidad internacional, que se fue situando poco a poco contra los bombardeos ilegales de EEUU e Israel. En una entrevista en Espejo Público el 24 de marzo, Feijóo planteó diferenciar entre Trump y EEUU como país, e igualó al presidente americano con el español.

“Sánchez es una cosa y España es otra” dijo. “El señor Trump es el presidente de EEUU y EEUU es uno de los grandes países del mundo, sin ninguna duda, y nuestro aliado desde la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, no tiene nada que ver una cosa con otra”, añadió.

Recordó que el mandato de Trump “vence en el año 29”, en “dos años”. “¿Qué pasa, que ahora nosotros nos vamos a enfrentar a EEUU? ¿Oiga, seguidismo al señor Trump? Ninguno. Nosotros no estamos de acuerdo con esa guerra”, afirmó.

El líder del PP preparaba así el terreno para la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Congreso y en la que Feijóo entonó su eslogan para el conflicto de Irán: “No a la guerra, y no a usted”. Ese “usted” se refiere a Sánchez.

Pasado el trago del Congreso, Feijóo ha vuelto a su estrategia previa: no importunar a Trump. En la reciente Semana Santa se han publicado dos entrevistas al líder del PP. En 'La Vanguardia' lo menciona de pasada: “Una cosa es hacer seguidismo a Trump y otra cosa es enfrentarse a Estados Unidos, que es lo que está haciendo Sánchez”. En la de Servimedia optó por no nombrarlo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este miércoles a una rebaja generalizada de impuestos si llega al Gobierno. En caso contrario, ha asegurado, dimitiría como presidente. “En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del Gobierno”, ha dicho durante un acto sobre fiscalidad organizado por su partido.

Feijóo no ha citado qué impuestos y en qué cantidad los prevé rebajar si logra gobernar. El líder del PP se ha limitado a criticar el “infierno fiscal” que, ha dicho, existe actualmente en España, y ha planteado de forma genérica una “deflactación” del IRPF para ajustarlo al encarecimiento de los precios o una bonificación total de los impuestos de Donaciones y Sucesiones.

La “deflactación” del IRPF es una de las propuestas que más veces ha planteado Feijóo. De hecho, la primera vez que la expresó fue en 2022, al poco de llegar a la dirección del PP. Los precios se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania, lo que dio pie a la derecha a exigir una “actualización” de las tarifas del impuesto de la renta para descontar la inflación y, así, compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores por el diferencial entre el encarecimiento del consumo y las subidas salariales, que suelen ir siempre por detrás del IPC.

Según la Airef, la Agencia Tributaria recauda unos 10.000 millones más por IRPF al no deflactar este impuesto.

Pero lo que olvida decir Feijóo es que no solo el Gobierno central puede hacerlo. Las Comunidades Autónomas gestionan sus propios tramos del IRPF, y tienen capacidad normativa sobre ellos. De hecho, en la anterior crisis inflacionaria por la guerra de Ucrania los gobiernos del PP sí deflactaron el IRPF. Algo que ahora no han hecho pese a la escalada de precios provocada por la guerra de Irán y el posterior bloqueo del estrecho de Ormuz.

El líder del PP no ha dado cifras de cuántos millones de euros dejaría de ingresar el Estado o de plazos de cumplimiento de su promesa. Pero sí ha asegurado que harán público su “modelo fiscal alternativo” antes de las próximas elecciones generales, previstas para 2027.

“Se ríen cuando decimos que bajamos impuestos”

“Mucha gente se ríe cuando decimos que vamos a bajar los impuestos”, ha dicho ante un público compuesto casi íntegramente por cuadros del partido. “La fórmula está probada en muchas comunidades, como en Andalucía o en Madrid” donde, ha asegurado, se han bajado los impuestos, lo que ha permitido “aliviar a las familias y fortalecer el crecimiento para sostener mejor los servicios públicos”.

Feijóo ha negado que la economía española esté “como para presumir” aunque los datos macroeconómicos mejoren en todos los indicadores. “¿Cómo se mide la riqueza de un país?”, se ha preguntado el líder del PP. “Se mide en la nevera”, se ha respondido. Una forma de separar los números de los que hace gala el Gobierno (crecimiento del PIB o récord de afiliación) de las “sensaciones” que, ha asegurado, tienen los ciudadanos.

“Hoy llenar la nevera con lo básico supone un 43% más de coste”, ha afirmado Feijóo. “También se mide en la facilidad de una familia para comprar un coche”, ha añadido.

“El 90% de los españoles ha perdido poder adquisitivo”

“No asistimos a una crisis clásica de la nación en su conjunto”, ha reconocido Feijóo, quien ha asegurado que “los aprietos se producen dentro de las casas, donde cunde la sensación de empobrecimiento mientras ven por la tele al Gobierno de la inflación y la corrupción”.

“Tú pagas y ellos se lo llevan, es la conclusión”, ha espetado Feijóo, quien ha reiterado algunos datos que esgrime desde hace años. “Se han subido más de 100 veces los impuestos”, ha dicho. “Cada español paga de media más de 3.600 euros más en impuestos y cotizaciones”, ha afirmado. Un dinero, ha sostenido, que igual a “lo que gasta de media en ciudadano durante dos años en acudir al supermercado”.

Según Feijóo, las subidas de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez equivale a “la posibilidad de hacer la compra durante dos años íntegros”.

“El 90% de los españoles han perdido poder adquisitivo”, ha sostenido el líder del PP. Según Feijóo, “un ciudadano que en 2018 cobraba 14.000 euros al año y pagaba cero euros, hoy ajustado su salario al año 2025, tiene que aportar 745 eurois en su declaración”. “¿le vamos a decir que los ricos pagan más? ¿De verdad que a una persona que gana 1.200 euros al mes le vamos a decir que son los ricos los que pagan más? No, hombre, no. No son los ricos los que sufren la decadencia de nuestro país”, ha espetado.

Una comisión de investigación por trimestre. Es el récord que ha establecido el PP en su estrategia de uso del Senado contra el Gobierno. Desde abril de 2024, cuando se abrió la del llamado ‘caso Koldo’ (y que ha diluido su justificación inicial) el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su mayoría absoluta para promover hasta siete pesquisas parlamentarias con el objetivo, a menudo malogrado, de hacer oposición al Gobierno.

La última la anunció este mismo Lunes Santo su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García. El objeto de la investigación esta vez es RTVE. El PP ha puesto la proa al ente público que gestiona la radio y la televisión española, a la que tildan de “Tele Pedro”. 

Los de Feijóo arremeten tanto contra la gestión económica como profesional del ente, desprecian sus informativos y la calidad de sus programas. Y eso que la televisión pública estatal vive su mejor momento en lustros. La semana pasada, el Consejo de Administración aprobó las cuentas de 2025, ejercicio que se cerró con 55 millones de euros de superávit gracias a los ingresos comerciales, una reducción del coste por programa y los mejores datos de audiencia en 14 años, según datos públicos. La 1 cerró 2025 con una cuota de pantalla del 11%, su mejor ‘share’ en 13 años. La tendencia ascendente se mantiene en el comienzo de este año: un 12,2% en enero y un 12,3% en febrero.

Para el PP, “mientras los bolsillos de los españoles se vacían, RTVE aumenta su presupuesto para comprar obediencia editorial” y hacer “propaganda ‘sanchista”. Según dijo Alicia García, el ente público está “al borde de la quiebra” y el Consejo de Administración hace “ingeniería contable”, una forma sutil de acusar al presidente de la Corporación, José Pablo López, de manipular las cuentas.

“Quien haya dilapidado fondos, falseado cuentas y manipulado oposiciones tendrá que comparecer en la comisión de investigación y asumir responsabilidades”, zanjó García, quien no aportó nombres, datos ni fechas sobre estas futuras citaciones.

La comisión se establecerá formalmente a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, salvo que RTVE logre impedir legalmente su constitución, tal y como ha anunciado que intentará. Y sustituirá en la agenda de oposición del PP a otras que ya se han agotado o están dando sus últimos coletazos.

La más provechosa de las comisiones es la del llamado ‘caso Koldo’. Fue la primera en constituirse, en abril de 2024. Originalmente, se centró en “los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19”. Es decir, por la presunta intermediación a cambio de comisiones en la compra de mascarillas y otro material sanitario durante la pandemia, y que la semana que viene llega a los tribunales.

Después pasó a investigar “los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre”. También a “las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme”. Y a “los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas”. 

Esta última redacción ha permitido al PP, por ejemplo, citar en dicha comisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o tener en reserva la comparecencia de su esposa, Begoña Gómez, a quien amagan con llamar a declarar sin decidirse a hacerlo. También ha sido interrogado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo. El PP amenazó incluso con llamar al expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales. A quien sí convocó fue a Paco Salazar, despedido de Moncloa y del PSOE por supuesto acoso sexual. Lo citó justo antes de las elecciones en Aragón. 

El momento álgido de la comisión fue la comparecencia de Sánchez, quien logró salir del trance políticamente indemne. Tras la citación de Zapatero, interrogado por su supuesta intermediación con el Gobierno de Venezuela, la comisión se ha descafeinado. Aun así, dos años después de constituirse no tiene fecha de cierre. El PP usa su mayoría para ampliar calendario y objeto de la investigación, aprobar las citaciones, señalar cuándo deben producirse y evitar aquellas que no sirven a sus objetivos políticos. 

CIS y apagón, visto y no visto

Otras comisiones han sido despachadas con mucha más celeridad, y han sido cerradas sin pena ni gloria. Uno de los ejemplos más palmarios es la comisión sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que incluyó las comparecencias del presidente de la institución, José Félix Tezanos, y del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. 

Como conclusión, el Senado como institución se limita a pedir la dimisión o la destitución de Tezanos y hace algunas propuestas como limitar el mandato del presidente del CIS a ocho años —Tezanos los cumplirá el próximo mes de junio— y exigir “dedicación exclusiva”.

Al margen del Senado, el PP ha anunciado una querella contra el presidente del CIS por delito electoral por usar sus encuestas para “inflar sistemáticamente” y “beneficiar” al PSOE para “alterar” la voluntad de los ciudadanos. Le podría acarrear de tres meses a un año de cárcel. De momento, la denuncia no se ha formalizado.

También se ha clausurado ya la investigación sobre el apagón de abril de 2025, en la que han comparecido la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y la presidenta del grupo Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, entre otras personas. En menos de un año, los senadores han ventilado la causa, pese a que los informes oficiales definitivos europeos y españoles sobre qué lo provocó todavía no se han hecho públicos. El PP no ha comunicado sus conclusiones.

El Senado tiene en marcha otras dos comisiones, una para analizar lo ocurrido en la dana de Valencia de 2024 y otra para evaluar el estado de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. El PP citó en la primera a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, futura candidata del PSOE al Ayuntamiento de Valencia. También a otros cargos estatales, especialmente adscritos a la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo presidente, Miguel Polo, ha acudido ya dos veces. Pese a su carácter constitucional de “Cámara de representación territorial”, aquí no se ha sentado el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En cuanto a la comisión por el accidente del AVE del pasado mes de enero, todavía no ha realizado un solo trabajo. El PP ha citado al ministro de Transportes, Óscar Puente, pero no aquí, sino en la del ‘caso Koldo’. Puente sí ha dado explicaciones ante el Pleno del Senado.

SEPI y RTVE, siguientes en la lista

Y como si del juego de la oca se tratara, de comisión a comisión, el PP ha activado o va a activar dos nuevas investigaciones parlamentarias. La destinada a analizar “las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)” apenas ha echado a andar. Todavía no se han aprobado el plan de trabajo ni, por tanto, las comparecencias previstas. El PP ya apunta a que citará a la ya exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien ha dependido precisamente la SEPI durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez. 

En ocho años, los de Feijóo no han constituido esta comisión ni han citado a Montero. Lo harán ahora, cuando ya no ejerce el cargo, y lo harán ante las elecciones andaluzas en las que Montero será la candidata del PSOE.

Cierra la lista la comisión de RTVE, que ya ha recibido el reproche del ente público, que la considera “un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación” que “puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”. Este martes, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, respondió: “Entiendo que hay mucha gente de la izquierda que considera que las comisiones de investigación sirven para juzgar políticamente. Pero la realidad es que las comisiones de investigación no juzgan a nadie penalmente ni civilmente”.

“La dirección nacional dirige las negociaciones”. Así de rotundo se mostró este jueves el responsable de política autonómica del PP, Elías Bendodo, preguntado por la presencia ‘in situ’ de Miguel Tellado en las conversaciones con Vox para investir en Extremadura a María Guardiola. Tres meses después de las elecciones, el acuerdo parece todavía lejano. Y ya han comenzado los primeros guiños a la ideología del partido ultra.

El ‘número dos’ de Alberto Núñez Feijóo viajó el miércoles por la mañana de urgencia a Mérida. Las previsiones informativas que remite cada día el PP indicaban que estaría en el Congreso para participar en la sesión de control. Pero Tellado se ausentó de la comparecencia de Pedro Sánchez para informar sobre Irán y no realizó su anunciada pregunta parlamentaria. Tellado llegó para sumarse a la reunión a la una de la tarde. Desde Madrid se conectó por videoconferencia la jefa de Gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela. Para entonces, los negociadores llevaban ya un buen rato reunidos. A un lado de la mesa, dirigentes autonómicos del PP. Al otro la habitual intermediaria de Vox, Montserrat Lluís.

Como novedad, se habían sumado desde primera hora otros dirigentes nacionales de Vox: el portavoz económico, José María Figaredo, y el de vivienda, Carlos Hernández Quero. Ambos son habituales de las sesiones de control al Gobierno. Pero la semana pasada, su partido no registró preguntas a su nombre. Una pista de que no estarían en Madrid el miércoles. El PP sí la registró para Tellado, aunque fuentes de la dirección nacional aseguran que ya sabían para entonces de la cita en la capital extremeña.

La reunión acabó sin acuerdo y sin avances programáticos tangibles. Tampoco se abordó un hipotético reparto de consejerías. Según diferentes fuentes consultadas en los últimos días, fue una reunión técnica y de exclusivo ámbito autonómico, pese a la amplia presencia de dirigentes nacionales de ambos partidos.

La dirección nacional del PP ha señalado esta reunión como el reinicio de las conversaciones. Fuentes oficiales indicaron que era la primera cita desde finales de febrero, cuando se produjo la investidura fallida de María Guardiola. Desde el PP extremeño aseguran que, en realidad, se han producido varias reuniones más entre medias.

Vox difunde sus condiciones ideológicas

Sea como fuere, Vox difundió en medio de la reunión un comunicado en el que planteó una serie de condiciones ideológicas que desbordan el marco que se autoimpuso el PP: “Los acuerdos se ceñirán a las medidas que legalmente pueden adoptarse por parte de cada Administración”. Pero Vox quiere forzar al PP a ir más allá. No necesariamente con leyes concretas, o no inmediatamente. Al partido de Santiago Abascal le basta y le sobra con que Feijóo y los suyos compren su discurso ultra. Algo que ya hicieron en el pasado Carlos Mazón y Juan Francisco Pérez Llorca para retener el poder en la Comunidad Valenciana tras la mortal dana de 2024.

Ese “modelo Mazón” pasa por asumir la ideología de Vox y que el PP agradezca su apoyo públicamente. Una estrategia que les ha impulsado electoralmente desde que en julio de 2024 Abascal ordenara a sus líderes territoriales abandonar los gobiernos autonómicos que compartían con la derecha.

En su nota pública, Vox apuntó: “La reunión se ha centrado exclusivamente en las medidas políticas a adoptar”. El comunicado proseguía con un listado: “La negociación ‘medida a medida’ implica el compromiso de: Seguridad en las calles. Vivienda accesible. Fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos. Prioridad de los españoles en sanidad. Fin de Mercosur y el Pacto Verde. Fin de las políticas de sustitución demográfica. La familia en el centro de todas las políticas. Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030. Reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria. Fin del adoctrinamiento en las aulas. Rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa”.

Un planteamiento que excede las competencias autonómicas y que implicarían, por ejemplo, que el PP debe romper con la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, dirigente del propio PP en Europa. Desde el PP insisten en que ninguna de estas materias ajenas a la política autonómica se trataron en la reunión del miércoles. Pero ese mismo día ocurrió algo en el Congreso que pasó por debajo del radar en un día de alta intensidad informativa.

Exclusión sanitaria

Vox defendió el pasado martes una moción (una iniciativa declarativa, sin capacidad normativa) que recopila toda la ideología racista de la que hace gala el partido de Santiago Abascal. El texto (que se puede consultar aquí íntegro) obvia que la sanidad es una competencia transferida casi íntegramente a las comunidades autónomas, y señala al Gobierno central por la mala opinión que los españoles tienen del sistema público. Vox recuerda que “a las pocas semanas de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa [se] reconoció nuevamente el derecho a la asistencia sanitaria para los inmigrantes en situación irregular en las mismas condiciones que los españoles”. En 2026, continúa, se ha puesto en marcha una “regularización masiva” y se ha legislado para “agilizar y facilitar el derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes que residen ilegalmente”.

El texto también acusa al PP de promover una “saturación” del sistema de sanidad pública. Aun así, los de Feijóo se abstuvieron como guiño a Vox en una moción que, entre otras cuestiones, reclama al Gobierno “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario”. Es decir, sanidad pública para los españoles. Pero no solo. Vox aprovecha la moción para extender su mensaje de odio hacia los extranjeros y pide “proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles”.

El mismo miércoles, en su intercambio con Sánchez, Abascal insistió desde la tribuna en la misma retórica.

Vox reconoció el guiño del PP con la abstención a su moción, aunque sin olvidar incidir en la bronca abierta entre las dos direcciones nacionales. “Parece que estamos avanzando a pesar de las zancadillas de Génova”, dijo la portavoz, Pepa Millán. Ella también planteó que “el PP conoce el escollo y el impedimento” que mantiene bloqueado el pacto en Extremadura, algo en lo que desde la dirección de Feijóo no quieren ahondar. Miguel Tellado se limitó a celebrar que Vox haya “vuelto a la mesa de negociación”.

Pero en el PP tienen prisa por cerrar el pacto en Extremadura, además del de Aragón y Castilla y León. Feijóo pidió que se hiciera “antes de abril”, algo que ya no va a suceder. Todos confían en que el acuerdo llegue tras la Semana Santa, y permita facilitar los siguientes.

El riesgo está en que el enfrentamiento entre PP y Vox llegue a las elecciones andaluzas, convocadas el 17 de mayo. Esta misma semana, el responsable autonómico del PP, Elías Bendodo, lo dejaba claro ante los medios de comunicación: “No podemos defraudar las expectativas en Extremadura y en las demás comunidades autónomas que se han depositado en las urnas por los ciudadanos”. En el PP están dispuestos a hacer guiños como el de este miércoles. Pero los de Feijóo tienen límites. La ruptura de los acuerdos en Bruselas es uno de ellos.

El PP español está atado y, como mucho, puede sacar pecho de votaciones como una de esta misma semana en el Parlamento Europeo para permitir la apertura de centros de deportación de migrantes fuera de la UE similares a los que se han demostrado inútiles en la Italia de Giorgia Meloni. El PSOE se quedó fuera, y desde Vox se admitió que este texto “es el más contundente de la historia de la Unión Europea en materia de inmigración”. Otro hito de la lista de imposiciones a Feijóo que Abascal, quizá, puede tachar.

El PP prepara una nueva ofensiva contra el Gobierno en una comisión de investigación en el Senado. Esta vez, a cuenta de las pesquisas parlamentarias para determinar las responsabilidades del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas. La portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado este viernes el plan de trabajo de su grupo, que incluye las futuras citaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente; de su predecesora, Raquel Sánchez; e incluso del anterior responsable, José Luis Ábalos, y de su asesor Koldo García, quienes dejaron sus respectivos cargos cuatro años antes del siniestro.

García ha asegurado que en el accidente “falló el Gobierno”, y ha planteado su intención de relacionar el siniestro con la supuesta trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes bajo el mando de Ábalos. El que fuera secretario de Organización del PSOE asumió el cargo en junio de 2018 y fue destituido en julio de 2021. Junto a él, salió Koldo García.

Ambos están en prisión preventiva, investigados judicialmente por el amaño de contratos a cambio de comisiones, entre otras cuestiones.

García ha dicho que quiere “seguir el rastro del dinero” teóricamente desfalcado en Transportes, y ver qué posible relación hay con el accidente. El PP quiere reclamar una amplísima cantidad de documentación sobre las obras que se llevaron a cabo en el tramo del siniestro. Pero no solo. El plan de trabajo anunciado este viernes incluye informes y expedientes de hace 10 años.

La portavoz ha asegurado que se pedirá “toda la documentación” para “reconstruir cada decisión, una a una”, que llevaron al descarrilamiento y choque del pasado 18 de enero en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. También se reclamarán las “comunicaciones del día del accidente”, las “diligencias abiertas por la Fiscalía europea” por el posible “desvío de fondos europeos”, los “informes remitidos a los juzgados sobre los contratos amañados en Adif” o los “expedientes que justifiquen los cambios de velocidad en algunos tramos” de la red de ferrocarril.

El PP también llamará a asociaciones de víctimas del accidente de Adamuz. Una decisión que choca con su bloqueo a que las víctimas de la dana de Valencia, donde murieron 238 personas según los datos oficiales, fueran citadas en la comisión de investigación del Senado que investiga las riadas de octubre de 2024.

En el listado anunciado por el PP figuran también los máximos responsables de empresas operadoras como Renfe, Iryo y Ouigo; el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; o la ex secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera (también investigada en las causas relacionadas con la corrupción de Transportes), entre otras personas, un total de 75.

El plan de trabajo anunciado hoy tiene todas las posibilidades de ser el aprobado en su integridad o con pequeños cambios, ya que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y el control de todas las decisiones. Eso no quiere decir que finalmente se ejecuten todas las citaciones ni peticiones de información contempladas en el documento. Esa decisión será tomada por la propia comisión de investigación, también controlada por el PP, en función de sus trabajos.

El Congreso ha convalidado este jueves el primero de los dos decretos aprobados por el Gobierno para paliar los efectos económicos y sociales de la guerra de Irán, que se acerca a su primer mes de duración. El Ejecutivo ha logrado el apoyo o la abstención de los partidos de la investidura, así como el 'sí' de UPN, lo que garantizaba que las medidas, que ya entraron en vigor, no iban a decaer. El PP ha anunciado su abstención ante la evidencia de que el decreto pasaría el test parlamentario sin importar su decisión. Solo Vox ha votado en contra.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la necesidad de “proteger y preparar” a la economía española ante el 'shock' que puede producirse si la escasez de petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz se mantiene durante semanas.

Cuerpo ha apelado por poner en marcha un “escudo social” que controle un posible aumento de los precios por el encarecimiento de los combustibles, y una “transformación de la economía” tendente a reducir la dependencia del petróleo y sus derivados.

Los grupos de la investidura han reconocido que “por primera vez” el Gobierno ha “consultado a los grupos”, en palabras de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal. Pero el Ejecutivo se ha llevado también el pellizco de socios como ERC, EH Bildu o Podemos por no haber traído también a votación, y en un único documento, el segundo decreto, que limita el incremento de los alquileres.

En ese sentido, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, criticó ya el miércoles que el PSOE haya decidido separar ambos paquetes de medidas y que el que ha salido adelante este jueves contemple rebajas “generalizadas” de impuestos “sin control de precios”. En la misma línea se expresó su homólogo de ERC, Gabriel Rufián. Y este jueves la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha denunciado que el PSOE presuma de medidas como “la subida del salario mínimo, la reforma laboral o los escudos sociales” cuya aprobación en el seno del Gobierno ponen “tan difícil”.

El decreto estaba en manos del PP y de Junts. Los independentistas catalanes desvelaron este martes que lo apoyarían a cambio del apoyo del PSOE a una PNL sobre el IVA de los autónomos. Este jueves, el diputado Josep María Cruset, utilizó su turno durante el debate para cargar contra un Gobierno al que acusó de provocar la necesidad de aprobar medidas de urgencia para hacer frente a la crisis económica por la guerra de Irán.

“Mientras dicen ustedes que España va como un cohete, la gente va para atrás, y esto va a ir a mucho peor”, denunció Cruset, que tachó al Ejecutivo de “irresponsable supino” por no haber, dijo, “aprovechado los años de bonanza en los que la macroeconomía funcionaba para reforzar la economía de las familias”. “La gente lo está pasando peor ahora que cuando ustedes llegaron al Gobierno”, criticó el parlamentario de Junts, que denunció que “cada vez hay más gente subsidiada” y eso es un “síntoma” de la mala situación económica.

Ese texto normativo no tiene fecha de votación. El plazo es de un mes desde su publicación en el BOE.

Estas son las medidas económicas y fiscales aprobadas:

— Una bajada de los impuestos de la electricidad gracias a una rebaja del 21% al 10% de IVA, la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE). En total, el Gobierno asegura que la bajada de impuestos de la electricidad será de un 60%.

— El Gobierno rebajará el IVA de los combustibles al 10%. Además, una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. Sánchez ha cifrado la rebaja en 30 céntimos por litro en función del carburante.

— Congelación del precio máximo de venta de butano y propano y también una reducción al 10% del IVA el gas natural, 'pellets' y leña.

— Ampliación hasta diciembre de 2026 todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y reforzar el bono social térmico. Se prolongará la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares vulnerables.

— Bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para las industrias “expuestas al shock energético”. “Ayudaremos a ahorrar en torno a unos 200 millones de euros”, ha dicho Sánchez.

— Se recupera la ayuda para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores de 20 céntimos por litro de combustible, que abonará la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.

— Establecimiento por ley de “mayor flexibilidad” en los contratos de suministro energético. “Nos va a permitir que empresas y trabajadores autónomos puedan adaptar sus condiciones al escenario actual sin costes adicionales”, ha explicado.

— Se va a dotar de más “capacidad de supervisión y sanción” a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar que las empresas saquen partido de las ayudas.

— En el caso del coche eléctrico, se impulsan deducciones de hasta el 15% en el IRPF para quienes adquieran un medio de transporte eléctrico “enchufable” y de pila de combustible, matriculados hasta el 31 de diciembre y que no estén vinculados a actividad económica.

— Durante 2026, libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética. “Un beneficio fiscal destinado a la instalación de puntos de recarga de automóviles eléctricos y a la puesta en marcha de otras instalaciones destinadas al autoconsumo de electricidad o al uso térmico de consumo propio de fuente renovable”, explica Hacienda.

— En el ámbito de la eficiencia energética, se recuperan las deducciones en el IRPF del 20%, 40% y hasta 60% para los contribuyentes que realicen reformas para rehabilitar viviendas o edificios para reducir la demanda de calefacción o refrigeración

— En otros impuestos, como el IBI, una bonificación de hasta el 50% para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol o de la energía ambiente.

“Seguridad en las calles”. “Prioridad de los españoles en sanidad”. “Fin de Mercosur y el Pacto Verde”. “Reindustrialización de España”. “Rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa”. Así de simples y de amplias son algunas de las exigencias “imprescindibles” planteadas por Vox para hacer presidenta de Extremadura a María Guardiola. Unas peticiones que exceden, con mucho, las capacidades de una comunidad y que implicarían para Alberto Núñez Feijóo romper incluso con la Comisión Europea de su colega del PP Europeo Ursula von der Leyen. 

PP y Vox retomaron este miércoles las negociaciones públicas en Extremadura, donde se celebraron elecciones autonómicas el 21 de diciembre del año pasado. 95 días después, Feijóo no verá cumplida su exigencia de cerrar el acuerdo en marzo. Este miércoles, los negociadores de ambos partidos aseguraron ante los medios que no habrá pacto antes de Semana Santa. Así lo afirmó el 'número dos' de Guardiola, Abel Bautista. El mismo que, hace unas semanas, dijo tener cerrado “al 98%” un acuerdo programático con Vox. El portavoz del partido ultra en la Asamblea, Óscar Fernández, lo ratificó. Los equipos negociadores se volverán a ver la semana que viene.

A la reunión, celebrada en Mérida, acudieron dirigentes autonómicos y estatales. Por parte de Vox, además de la negociadora habitual, la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montserrat Lluís, estuvieron los diputados José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, dos rostros emergentes del partido de Abascal. Por parte del PP se desplazó el secretario general, Miguel Tellado, quien viajó en la misma mañana del miércoles. Se perdió la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de la guerra de Irán, la réplica de su jefe y la sesión de control, pese a que el orden del día del Congreso refleja una pregunta dirigida a la vicepresidenta María Jesús Montero. Finalmente, fue otro diputado quien la hizo en su nombre.

La cita estaba cerrada desde la semana pasada, aseguran desde Génova. Las mismas fuentes sostienen que es la primera reunión en la que participan representantes de ambas direcciones nacionales desde la investidura fallida de Guardiola, a principios de mes. Justo antes de esa doble votación se canceló una cita similar a la de ayer después de que se filtrara. Desde el PP extremeño aseguran que sí ha habido más contactos en los días previos. Y es que la desconfianza entre el PP y Vox no para de crecer con cada cita del miniciclo electoral abierto precisamente en Extremadura en diciembre. Luego se celebraron en Aragón (febrero), Castilla y León (marzo) y el próximo 17 de mayo serán en Andalucía. En todas ellas han ganado los de Feijóo holgadamente, más allá de subidas y bajadas. También en todas Vox ha crecido hasta consolidarse entre el 18% y el 19% del voto. 

Pero por el camino, la relación personal entre el líder del PP y Santiago Abascal se ha demostrado pésima. Y ha continuado después de la reciente campaña de Castilla y León, con Feijóo tildando de “antidemócrata” y “adolescente” a su teórico aliado. Los titubeos de los de Feijóo y la robustez electoral de Vox (pese a las purgas internas, las dudas sobre su financiación y el bloqueo al PP) han hecho el resto.

El PP planteó en febrero un “documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica”. Una guía negociadora de la dirección nacional del PP que demostraba que Génova tomaba las riendas de las conversaciones, que hicieron pública para marcar el paso a Vox, pero que luego tuvo que decir que era de uso “interno” y solo “dirigida a los barones”.

Entre otras cuestiones, el documento establece la “obligación” de que PP y Vox lleguen a un acuerdo y se establece como “único, vinculante y de aplicación en toda España”. En su punto dos, el texto dice: “El respeto a la ley incluye el acatamiento del reparto competencial actualmente existente en España. Los acuerdos se ceñirán a las medidas que legalmente pueden adoptarse por parte de cada Administración”.

Retomar las conversaciones

Pero Vox no asume este marco negociador, como ha demostrado de forma habitual en las últimas semanas en las campañas electorales. De forma sistemática, Abascal y los suyos han pedido el voto autonómico para cuestiones ajenas, como la inmigración o la política europea.  El partido ultra ha dado ahora un paso más al dejar por escrito sus pretensiones y hacerlas públicas como marco negociador con el PP extremeño, aunque sus peticiones son extensibles a toda España. Unas medidas que Vox asegura que son “imprescindibles para alcanzar un acuerdo de Gobierno” y que superan ampliamente no solo las fronteras de Extremadura, sino de España.

“La reunión se ha centrado exclusivamente en las medidas políticas a adoptar, sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica”, añaden desde Vox, lo que intenta poner fin a las filtraciones de los últimos días que dan por hecho un reparto de sillones en el futuro Ejecutivo.

Vox lanzó un esquema simple de sus peticiones: “Seguridad en las calles. Vivienda accesible. Fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos. Prioridad de los españoles en sanidad. Fin de Mercosur y el Pacto Verde. Fin de las políticas de sustitución demográfica. La familia en el centro de todas las políticas. Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030. Reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria. Fin del adoctrinamiento en las aulas. Rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa”.

La referencia a la “Agenda España” implica ir aún más allá de la simple enumeración detallada. Es un documento de 2021 que establece, por ejemplo, “suprimir de la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de sexo, aborto, eutanasia, etc.)

Las negociaciones extremeñas se producen en paralelo a las aragonesas. En ambas el límite es el mismo: el 3 de mayo. Si ese día no hay un nuevo presidente o presidenta, se celebrarán una repetición electoral en ambas comunidades. También en Castilla y León hay conversaciones, aunque los plazos son un poco más largos. En todo caso, el lío entre Vox y PP ha afectado a todas las convocatorias, y amenaza con dominar también la campaña en Andalucía. Justo lo que Juan Manuel Moreno dijo no querer. El presidente de la Junta pugna por revalidar un tercer mandato, aunque prometió estar un máximo de ocho años.

Aunque en 2018 perdió contra Susana Díaz, logró arrebatar al PSOE el Gobierno andaluz gracias al apoyo de Ciudadanos y de Vox. Y en 2022 obtuvo una mayoría absoluta que ahora está en riesgo si los ultras mantienen la pujanza electoral que han demostrado hasta ahora. Un escenario que lastraría el liderazgo de Moreno y, por extensión, de Feijóo.

La Faes que preside José María Aznar ha justificado este miércoles la invasión de Irak de 2003, y en la que participó España al margen de la ONU, en que “Sadam [Husein] no dejó que los inspectores de la ONU comprobaran” si el país tenía las “armas de destrucción masiva” que EE UU, Reino Unido y España dijeron que tenía para justificar la guerra. Irak no acreditó “haber cumplido con sus obligaciones de desarme”, según Faes, que sí reconoce a regañadientes que “en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces”.

Faes arremete contra la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso para informar de las consecuencias de la guerra de Irán declarada unilateralmente por EE UU e Israel. Sánchez ha alertado de que los efectos de esta guerra serán “mucho peores” que los que provocó la intervención en Irak, y ha defendido su 'no a la guerra' frente a lo que hizo Aznar hace ahora más de dos décadas.

“Como Sánchez ni puede ni sabe gobernar, se dedica a hacer oposición retrospectiva con 23 años de retraso”, apunta Faes en una nota remitida a los periodistas. “Oírle 'argumentar' en el Congreso ha sido comprobar hasta qué punto carece de pudor a la hora de insultar la inteligencia del auditorio”, ha planteado, para lamentar que “el único recurso que le queda a este presidente sin presupuestos y sin vergüenza es 'la guerra de Aznar”.

El expresidente, a través de Faes, ha intentado explicar que Aznar tuvo el apoyo de los españoles para secundar a EE UU en la guerra de Irak en que el PP ganó las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003. “Al margen de sus mayorías relativas, el PP cosechó mayorías absolutas en 2.969 municipios, un número superior al que sumaron, juntas, las victorias absolutas y relativas de los socialistas. Si hubo una mayoría social 'contra la guerra', lo cierto es que, a dos meses de su comienzo, no hubo una mayoría electoral contra el PP”, dice Faes.

“Aznar no mandó tropas españolas a ninguna guerra en Irak”, dice Faes. “España no participó en la invasión y toma de control del territorio. Eso se hizo a cargo de tropas de Estados Unidos y británicas”, ha añadido. Faes reconoce que “España, sí, prestó un apoyo político avalando la interpretación de una Resolución de Naciones Unidas que podía darle curso” a la invasión. “Junto a muchos otros países de la UE y de la OTAN que apoyaron también esa decisión. La apoyó Portugal, la apoyó Italia. España mandó tropas cuando la ONU establece el plan de estabilización y de reconstrucción de Irak, bajo paraguas de Naciones Unidas y para misiones que no eran bélicas”.

“Mentir se parece mucho más a salvar esa distancia de un salto por pura conveniencia”, asegura el comunicado de Faes. “Sadam había tenido armas de destrucción masiva, las había utilizado contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después. No dejó que los inspectores de la ONU lo comprobaran acreditando así haber cumplido con sus obligaciones de desarme. De haberlo hecho, la intervención militar no se habría producido. Cierto que en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces. Pero el Gobierno de Aznar actuó en función de la información que tenía y de la lógica. Eso, ni es engañar ni es manipular”.

Las investigaciones posteriores a la invasión de Irak en 2003 concluyeron que no existían armas de destrucción masiva (ADM) en el país en ese momento. El Grupo de Investigación de Irak (ISG) y la CIA confirmaron que Sadam Husein no poseía arsenales de armas químicas, biológicas o nucleares activas, ni había reiniciado programas de producción.

Pedro Sánchez alerta de que el mundo que amanecerá tras la guerra de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio estará lastrado por las consecuencias de un conflicto que ha comparado con el de Irak en 2003. “La historia se repite. Porque a Aznar le han reemplazado Feijóo y Abascal. Y a Bush, Trump. Y en lugar de Irak tenemos a Irán, que es un país dos veces más poblado y con un peso en la economía global cinco veces mayor. Un país que cuenta con más soldados regulares que Alemania, Francia e Italia juntos, y con tecnologías muy avanzadas, capaces de destruir F-35s en pleno vuelo, lanzar misiles balísticos a 4.000 km de distancia, y controlar el estrecho de Ormuz pese a la presencia de la flota norteamericana. Irán es una potencia militar”.

Por eso, el presidente del Gobierno advierte de que el riesgo es “mucho peor” que el de 2003, cuando la administración Bush decidió invadir Irak bajo la mentira de que el régimen de Sadam Hussein escondía armas de destrucción masiva. “No estamos ante el mismo escenario. Estamos ante algo mucho peor. Con un potencial de impacto mucho más amplio y profundo”.

Sánchez ha recordado que, en solo un mes de guerra, hay confirmados 2.000 muertos, más de 4 millones de personas desplazadas en Irán y en Líbano, “un Primer Ministro, Netanyahu, envalentonado y cuyo objetivo es repetir en el Líbano la misma destrucción y sufrimiento que el cometido en Gaza. Una respuesta del régimen de Irán cruel e ilegal a sus países vecinos que condenamos y rechazamos. Unos 12.000 millones de dólares de dinero público gastado en las operaciones militares. Una contracción severa del turismo, del comercio marítimo y del tráfico aéreo mundial. Y un incremento drástico del precio de los hidrocarburos, los fertilizantes, el helio y otras materias primas esenciales para el correcto funcionamiento de la economía mundial y para la seguridad alimentaria de millones de personas”.

“Todo esto, ¿para qué? ¿Qué han logrado los promotores de esta guerra ilegal?”, ha proseguido. “Socavar la legalidad internacional. Desestabilizar Oriente Medio. Reavivar los conflictos en Líbano e Irak. Enterrar Gaza bajo más escombros. No de hormigón esta vez, sino de olvido e indiferencia. Llevar la inseguridad a países del Golfo que hasta ahora eran seguros. Incentivar los programas nucleares de Pakistán y Corea del Norte. Dar a Putin unos 8.000 millones de euros adicionales para financiar su guerra, gracias al aumento del precio de los combustibles y al levantamiento de las sanciones. Agravar las dificultades energéticas y logísticas del pueblo y el ejército ucraniano. Y, en Teherán, cambiar a un Jameneí por otro Jameneí aún peor. Resumiendo en pocas palabras: un desastre absoluto”, ha relatado.

Sánchez ha subrayado también que en España los efectos económicos ya se notan. Y que, por eso, el verdadero “patriotismo” es proteger a los ciudadanos de las consecuencias de la guerra. “Aquí, en nuestro país, el diésel y el gas han llegado a subir un 35 y 95% respectivamente. Y el IBEX 35 ha acumulado una caída del 9%. Eso significa que las empresas españolas han perdido más de 100.000 millones de euros en menos de un mes. Casi 5.000 millones de euros por cada día de conflicto”.

El líder del Ejecutivo ha arremetido contra la oposición por no posicionarse en un contexto como este del lado de la legalidad internacional y los derechos humanos y nítidamente en contra de la deriva del presidente de los Estados Unidos. “Eso es lo que sus señorías del PP y Vox han contribuido con su silencio. Callar ante una guerra injusta no es prudencia ni lealtad. Es un acto de cobardía y de complicidad”.

Sánchez ha reivindicado durante toda su comparecencia la política exterior desplegada por su Gobierno para oponerse a una guerra “injusta e ilegal” en contraposición a la actitud de José María Aznar durante la invasión de Irak. “Aznar nos arrastró a esa locura porque quería sentirse importante, porque quería que el presidente George Bush le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa”, ha denunciado antes de calificar el conflicto de Irak como “el mayor desastre geopolítico desde la guerra de Vietnam”. “Una guerra a cambio de ego, la dignidad de todo un país a cambio de esa foto” de las Azores, ha criticado tras recordar que el expresidente aún no ha perdido perdón. “Eso mide su catadura moral”.

Frente a la actuación de aquel Gobierno del PP, Sánchez ha defendido que su Ejecutivo desplegará todas las medidas económicas necesarias para paliar los efectos de la guerra. “El señor Montoro, ministro de Hacienda entonces, no aprobó ni una sola rebaja fiscal, cero reformas y cero ayudas. Se ve que estaba demasiado ocupado enriqueciéndose y traficando con el Boletín Oficial del Estado como para preocuparse por la ciudadanía”, ha criticado. “Y ahora el PP dando lecciones. Qué cara más dura”.

El presidente ha avisado a Donald Trump de que “ser aliados no significa obediencia ni seguidismo ciego”. Y que, por eso, “España no va a ser cómplice: ni de agresiones ilegales, ni de mentiras disfrazadas de libertad”. “No podemos condenar la invasión de Ucrania con una mano y aplaudir los ataques sobre Irán con la otra. No podemos exigir que se respete la integridad territorial de Groenlandia y callar cuando esta es atropellada en Gaza o en el Líbano. Patriotismo es oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los intereses de los españoles ni de los europeos”, ha concluido.

Feijóo, a Pedro Sánchez: “No a la guerra, y no a usted”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha espetado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la posición de su partido ante los ataques ilegales de EE UU e Israel es “no a la guerra y no a usted”. En su intervención en el Congreso tras la comparecencia de Sánchez, el líder de la oposición ha repartido descalificativos al Ejecutivo y a sus socios. “Ha intentado imitar a Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias es mucho más auténtico que usted. La defensa de la paz difícilmente se puede defender si la propaganda iraní estampa tu cara en un misil”, ha dicho.

“Le han dado las gracias el régimen iraní, los terroristas de Hezbolá y Maduro. Le falta el régimen norcoreano”, ha ironizado, para sostener que Sánchez no estará “al nivel de Nelson Mandela”. “Usted un pacifista de pacotilla”, le ha dicho. Feijóo también ha comparado a España con Cuba, y ha concluido desvelando la supuesta conversación con algún primer ministro de la UE: “¿Sabe cómo le llama en privado algún homólogo suyo? El traidor de Europa”.

Feijóo también ha arremetido contra el decreto de ayudas por la guerra de Irán, que “llega tarde” y, ha dicho, no recoge las medidas necesarias, aunque no ha desvelado el sentido de su voto. El líder del PP ha hablado de corrupción, de energía nuclear, sobre la amenaza de que las personas migrantes sean, en realidad, terroristas.

“Preside el Gobierno con el mayor gasto militar de la historia. Su problema es la falta de coherencia”, ha añadido, para zanjar: “Compartimos los deseos y los compromisos por la paz de los españoles. Pero alguien tan irresponsable como usted no puede condicionar servir a España con la seriedad que usted no tiene”.

En su turno de respuesta, Pedro Sánchez ha reprochado a Feijóo que use “los mismos argumentos que Aznar” con Irak. “Sostuvo que el ataque era legítimo porque Irán persigue la bomba nuclear. ¿Dónde lo ha leído, en OKDiario?”, le ha preguntado.

“No sabe usted poner a Huelva en el mapa pero sí sabe dónde están las bombas nucleares en Irán. Es impresionante”, ha dicho Sánchez, que también ha pedido “tranquilidad” a los ciudadanos y ha recordado que “los servicios de inteligencia estadounidenses han dicho que no hay riesgo de bomba nuclear por parte de Irán”.

También ha criticado que 24 horas antes de la votación del decreto con el paquete contra la guerra no se conozca cuál es el voto del PP pese a calificar como “correctas” las medidas y asumir que son en su mayoría suyas.

También ha arremetido contra el lider de Vox, Santiago Abascal, tras las acusaciones de sus excompañeros de filas. “Dice que todo esto lo hace por la patria. Y llega el señor Gallardo y dice que cobra dinero de forma ilegal. El señor Espinosa de los Monteros, asegura que Vox se ha convertido en un entramado económico que es cada vez más sospechoso y opaco. Y el señor Ortega Smith, uno de los fundadores, asegura que el señor Abascal ha convertido a Vox en su gallina de los huevos de oro”.

“Sabemos que ahora mismo el señor Abascal desvía 2,5 millones de euros de la Fundación Disenso a su bolsillo personal. El que venía a regenerar la vida democrática de nuestro país”, ha añadido para concluir que, en su opinión, “el señor Abascal no es un político, es un intermediario. Y por tanto hemos pasado de la caja B de Bárcenas del Partido Popular a la caja A de Abascal en Vox”.

Sumar exige a Sánchez defender a Cuba

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, se ha mostrado “orgullosa de que nuestro gobierno se plantara desde el primer momento y dijera con contundencia 'no a la guerra'”, pero también ha pedido a Sánchez una mayor contundencia en la defensa de Cuba ante la presión creciente de los Estados Unidos y su amenaza de invasión. “¿Qué petróleo tiene Cuba? ¿Qué amenaza supone Cuba para Estados Unidos? Ninguna. Esto no va de seguridad, va de pura humillación, es un acto de matonismo, va del placer obsceno de castigar a un pueblo que no se arrodilla”, ha criticado Martínez, que se ha preguntado “dónde está España”, “qué pasa con la solidaridad hispanocubana” o “dónde está España cuando a un pueblo hermano se le quiere doblegar con asfixia, con hambre y con un colapso energético”.

“Lo que está en juego en Cuba va mucho más allá de Cuba. Igual que en Gaza, igual que en Sudán, igual que en el Sáhara Occidental, lo que se está decidiendo es si la dignidad humana va a seguir siendo un principio universal o va a quedar reducida a una excepción geopolítica”, y por eso España debe “actuar”, ha planteado la portavoz de Sumar a Sánchez, a quien también ha felicitado por su defensa de las energías renovables y por haber afirmado que es de interés nacional abandonar progresivamente las energías fósiles, pero a quien le ha exigido no caer en la “tentación con incumplir el calendario de cierre de las nucleares”. 

Por otra parte, Martínez ha presumido de que su formación ha logrado que las medidas anticrisis aprobadas por el Consejo de Ministros la semana pasada no se hayan limitado a ser “algo que no cumpliese con los mínimos de un Gobierno progresista”. Pero, asimismo, ha cargado contra Junts por no querer convalidar el decreto con iniciativas de vivienda, entre ellas la prórroga de los contratos de alquiler durante dos años a partir de su vencimiento al mismo precio, y ha exigido a los de Carles Puigdemont “escuchar” a sus propios votantes. “Señorías de Junts, yo les reconozco una cosa: suelen defender lo que piensan, sin avergonzarse, defienden a los poderosos con total transparencia, así que no tiren de excusas, porque todos sabemos de qué estamos hablando: de fondos buitres y de rentistas”, ha criticado.

En la misma línea, Martínez ha cargado contra el PP afirmando que “cada vez que hay que elegir entre proteger a la gente o alinearse con la derecha trumpista”, los populares “acaban siempre en el mismo sitio”: junto a Vox. “En cuanto Trump chista, ustedes se cuadran”, ha ironizado la portavoz de Sumar. Y la misma crítica planteó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que aseguró que a PP, Vox y Junts “lo de ser patriotas les viene grande”. “Sí, hombre, mucho golpe de pecho, mucha pulserita, mucho Don Pelayo, mucha Cruz de Borgoña, mucho Tercio de Flandes, mucho Blas de Lezo, mucho no surrender, mucho 1714, mucha bandera, hasta en el cuello de la camisa. Pero a la que empieza la fiesta, a la primera amenaza de un ególatra multimillonario extranjero, venden a su gente”, ha espetado.

“Dicen que el ridículo lo hacemos aquellos que plantamos cara a un asesino como Netanyahu y a un pedófilo como Trump, pero no, eso no es ridículo, eso realmente es ser patriota”, ha aseverado Rufián, que —como Sánchez— ha recordado el papel de Aznar en la guerra de Irak. “Ridículo era poner los pies encima de la mesa con un puro, decir aquello de 'estamos trabajando en ello' o pasearte por Bruselas con la cabeza gacha porque no sabes decir ni good morning. Eso era ridículo, no plantarte frente a esta gente”, ha afirmado.

Podemos reclama topes de precios

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha querido reconocer a Sánchez que haya abanderado el “no a la guerra”, pero —como ha hecho en las últimas semanas— le ha exigido que lo llene de “acciones concretas” y no se quede en las “palabras bonitas”. Belarra ha reclamado medidas como un “tope a los márgenes de beneficios de los alimentos, al alquiler y a las hipotecas”, y que se apruebe “sin trampas ni trocear decretos”, en referencia a la decisión del Gobierno de llevar a un decreto separado las medidas relativas a la vivienda.

“Tenemos el deber de actuar en defensa propia, de la vida y del planeta”, y por ello es imperativo, a juicio de la líder de Podemos, convocar un “referéndum” sobre la permanencia de España en la OTAN “para que la gente pueda elegir su destino”. “Mientras estemos en el mismo equipo que Trump y Netanyahu, seguiremos siendo cómplices de sus crímenes”, ha razonado.

Por el contrario, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha felicitado a Sánchez por su decisión de separar en dos las medidas adoptadas el viernes pasado, lo cual permitirá que las iniciativas fiscales sean aprobadas este jueves sin mayores problemas y sin que corran riesgo de ser tumbadas por el rechazo de la mayoría del Congreso a las de vivienda. Vaquero, no obstante, también reclamó al Gobierno que no utilice la guerra de Irán como “excusa” para volver a retrasar la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). “No cuela”, denunció.

La convocatoria de las elecciones andaluzas para el 17 de mayo anunciada por Juan Manuel Moreno, antes de lo previsto, supondrá el cierre del miniciclo electoral abierto el pasado mes de diciembre y con los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León en el aire por la falta de entendimiento de PP y Vox, que mantienen abierta su negociación, al PSOE con María Jesús Montero todavía más pendiente de Madrid que de Sevilla y a la izquierda dividida en tres candidaturas con pocos visos de entenderse.

Moreno busca maximizar la participación en unas elecciones que se le presentan complicadas cuando su objetivo declarado es el de revalidar la mayoría absoluta que logró en 2022 gracias a llevarse los últimos diputados en algunas provincias solo por un puñado de votos. Su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, también le exige que iguale un éxito difícil de repetir.

“Todo parece indicar que el PP va a ganar las elecciones y la discusión es si las va a ganar o no con mayoría absoluta”, reconoció este martes Feijóo en una entrevista en Antena 3. El líder del PP admitió que es “difícil” que Moreno lo consiga. La experiencia de los últimos comicios les obliga a la prudencia: María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco quedaron lejos, y los dos primeros perdieron incluso votos sobre la anterior cita electoral.

Vox logró en las tres comunidades un aumento de sus apoyos, y en Castilla y León rozó el 19% del voto. En Andalucía, aún sin candidato, las encuestas anticipan un resultado similar. Por eso, Moreno dijo este martes en Onda Cero que no deben “estar obsesionados” con el partido de Santiago Abascal, que marca de forma constante el camino discursivo al PP.

“Cuanto menos hablemos de Vox, mejor”, dijo Moreno, quien ha anticipado que pedirá el voto para evitar que Andalucía caiga en el “bloqueo” que sufren sus compañeros. 

La semana pasada, Feijóo planteó este mes de marzo como fecha límite para que Vox acordara con el PP en las tres comunidades pendientes, pero nada apunta a que se vaya a cumplir su petición.

El líder del PP reveló este martes que ambos partidos se reunirán de manera “formal” esta misma semana en Extremadura para intentar avanzar en un acuerdo. En Aragón, Azcón ha asumido que las elecciones andaluzas sí pueden influir en sus negociaciones. En un acto informativo este martes, recordó que la fecha límite para un acuerdo es “el 3 de mayo, y sería deseable que sirvan para adelantar los acuerdos de Aragón y Extremadura”. Lo cual es tanto como admitir que puede tener el efecto contrario. En cuanto a Castilla y León, los plazos son otros porque los comicios acaban de celebrarse y, de momento, ni siquiera se han constituido las Cortes.

El PSOE, frente a los peores presagios

En el PSOE, mientras, se afanan en el desembarco definitivo en Andalucía de María Jesús Montero, que este martes asistió a su último Consejo de Ministros como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Aunque Montero ha compaginado estos últimos meses su agenda ministerial con la de candidata, en su día tomó la decisión de apurar los plazos para abandonar su trabajo en el Ejecutivo, algo que está previsto que sea oficial antes de que finalice la semana. 

No le otorgan mucha relevancia en las filas socialistas al impacto de la fecha elegida por Juan Manuel Moreno, el 17 de mayo, para unos comicios que también se podría haber llevado al mes de junio. Pero la propia candidata socialista aseguró en una comparecencia en Sevilla este martes que ella sí atisba la intencionalidad de que no prenda el ambiente electoral en la ciudadanía. 

“Moreno Bonilla no quiere ambiente electoral ni de campaña, porque sabe que eso le perjudica. Por eso ha puesto esa fecha, en mitad de las fiestas de primavera”, dijo Montero, que llegó a insistir en que su partido experimenta un “repunte” que hace temer al PP. “Moreno Bonilla ha adelantado las elecciones porque sabe del repunte del PSOE y del desgaste de su gestión” apuntó. 

El gran reto en las filas del PSOE de Andalucía, antaño un garante de éxitos electorales para la calle Ferraz, es conseguir activar al partido y al electorado progresista en tiempo récord para voltear unas encuestas que pronostican el peor de los resultados posibles. Los últimos sondeos internos señalan la posibilidad, incluso, de que la candidatura de María Jesús Montero obtenga peores números que la de Juan Espadas hace cuatro años. Y el riesgo cierto, por tanto, de cosechar el suelo electoral de los socialistas en una tierra que era bastión hasta hace apenas dos legislaturas. 

El guion trazado pasa por poner toda la maquinaria electoral al servicio de la gran causa de la sanidad pública, el auténtico agujero negro de gestión de la era Juanma Moreno, con el escándalo de los cribados de cáncer de mama como principal argumento. “En estas elecciones nos va la vida, nos va la salud de los andaluces. No son unas elecciones más, son un referéndum sobre la sanidad pública”, clamó Montero. 

Mientras, en Moncloa y en Ferraz miran con recelo la cita del 17 de mayo. Persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez y una de las pocas ministras que ha permanecido a su lado desde que fue investido presidente, un batacazo de María Jesús Montero implicaría en gran medida un duro revés para el propio presidente y para el PSOE en su conjunto. Encomendados a la capacidad de reanimación de la fuerte maquinaria socialista andaluza, en el Ejecutivo defienden en cualquier caso como “un activo” el bagaje de Montero como ministra con “una gestión inmejorable” y como “la mejor candidata posible”.

La izquierda alternativa, dividida

A la izquierda del PSOE, por el contrario, el problema no es tanto que la convocatoria electoral haya cogido al espacio en un momento de debilidad política como que parece imposible que vaya a presentarse unido. Ahora mismo, la izquierda alternativa prevé concurrir en tres listas separadas: la de Por Andalucía (la coalición entre IU y Movimiento Sumar, la más fuerte de las tres, aunque no termina de arrancar en las encuestas), la de Adelante Andalucía (la formación de Teresa Rodríguez) y la de Podemos. Y, aunque ni IU ni los morados quieren descartar un acuerdo de última hora para acudir conjuntamente a las elecciones, las fuentes consultadas ven muy complicado que ese pacto termine produciéndose.

Una vez se ha puesto en marcha la cuenta atrás para los comicios, Podemos e IU tienen diez días naturales para intentar reconducir la situación, puesto que será entonces cuando termine el plazo para registrar las coaliciones. Pero ni en público ni en privado los mensajes que trasladan sus dirigentes son demasiado halagüeños. Este martes, el coordinador de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, dejó en manos de Podemos —que ha elegido como candidato a Juan Antonio Delgado— la decisión de integrarse en su proyecto, que a su juicio es el “único unitario” en la izquierda alternativa. Pero también dejó caer que su organización había esperado sin éxito durante “nueve meses” a que Podemos “respondiera” a su invitación.

Por su parte, la secretaria general morada, Ione Belarra, también evitó cerrar expresamente la puerta a una coalición, pero planteó que su modelo es “el de Extremadura”, que ahora mismo es inasumible para IU. En esas elecciones —celebradas el pasado diciembre—, los de Maíllo aceptaron que Movimiento Sumar quedara fuera de la alianza y que la lista la liderase la candidata de Podemos, Irene de Miguel. En Andalucía, en cambio, IU ya ha cerrado un acuerdo político con el pequeño partido de Yolanda Díaz y no tiene intención de romperlo. Varios pesos pesados de la dirección andaluza de Podemos han defendido públicamente la reconciliación con IU, pero la dirección estatal que lidera Belarra siempre se ha mostrado esquiva ante esa posibilidad. 

Sin embargo, fuentes de la cúpula estatal de Podemos sostienen que, lejos de buscar un pacto, son los de Maíllo quienes están haciendo todo lo posible por torpedear cualquier posibilidad de entendimiento, y afirman que el acuerdo solo se producirá si IU “cambia de actitud”. Para los morados, no obstante, las elecciones andaluzas llegan en un momento muy complicado, tras dos batacazos electorales consecutivos en Aragón y Castilla y León —en ninguna de las dos comunidades llegaron al 1% de los votos— y con malas perspectivas también para la cita de mayo. Las encuestas, de hecho, coinciden en pronosticar que Podemos se quedaría fuera si se presentara en solitario.

Alejada de esta pugna se encuentra Adelante Andalucía, que aspira a recoger una parte del voto desencantado con el resto de la izquierda alternativa. La formación andalucista, que presentará como candidato a José Ignacio García, mantiene un discurso muy crítico con el PSOE y también serias diferencias estratégicas con los demás partidos de su espacio, puesto que rechaza compartir gobiernos con los socialistas. Y su objetivo es intentar ampliar su espacio tras haber obtenido representación la pasada legislatura en el Parlamento de Andalucía por primera vez, después de su traumática ruptura con Podemos e IU.

El Congreso ha dado este martes el primer paso para rebajar el umbral a partir del cual el exceso de velocidad al volante se considera delito. Es decir, a partir de qué velocidad se aplica el Código Penal. La proposición del PSOE plantea bajarlo en 10 y en 20 kilómetros por hora (km/h) en vías urbanas e interurbanas, respectivamente. El texto ha sido aprobado con los votos a favor del PSOE, Sumar y de sus socios habituales. Vox ha votado en contra y el PP se ha abstenido, después de haber rechazado bajar el nivel de alcohol al volante la semana pasada.

Los actuales límites están fijados en 60 km/h y 90 km/h por encima del límite, según sea una vía urbana o interurbana. En la actualidad, si en una zona limitada a 50 km/h en ciudad un conductor es detectado a más de 110 km/h, la denuncia entrará en la vía penal. Fuera de ciudad, donde el límite es de 80 km/h, por ejemplo, la barrera del delito estaría en 179 km/h.

España no logra bajar el número de muertos en carretera, que se mantiene estable desde 2013.

Estos umbrales están establecidos desde hace casi 20 años, tal y como ha recordado el PSOE en la presentación de la proposición de ley para reformar el Código Penal. El texto legal establece una rebaja a 50 km/h extra en ciudad y a 70 km/h en vías interurbanas.

Los conductores declarados culpables de superar estos umbrales será “castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.

La mayoría de los grupos se ha posicionado a favor de la medida y con argumentos muy similares. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha sostenido que “la seguridad vial no admite ambigüedades” y que “el compromiso de defender la vida y la seguridad de todos y todas”. En su opinión, la velocidad a la que se conduce es una “decisión consciente”, por lo que apoyan la ley “plenamente convencidos”.

El PNV ha sido el partido del 'sí' que más reticencias ha puesto. Nerea Renteria ha asegurado que no tienen “una posición cerrada”, aunque han votado a favor de la admisión a trámite por un bien mayor: “salvar vidas”. Los conservadores vascos han reclamado “cautela” y “contexto”. Renteria ha asegurado que en las carreteras del País Vasco, con datos del año pasado, se pasaría “de nueve a 28” delitos contra la seguridad vial al rebajar los umbrales.

“Nadie discute que la velocidad sigue siendo un factor importante” en los accidentes, ha planteado, para echar en cara al PSOE que la “respuesta sea solo penal”.

Desde Junts y ERC han coincidido en apoyar la medida. “No son inevitables”, ha sostenido Marta Madrenas por los postconvergentes, quien ha pedido que no se llame “accidente” cuando hay exceso de velocidad porque se “presupone que es irremediable, pero aquí hay una conducta consciente”.

“Los datos dicen que el 22% de los accidentes mortales tienen la velocidad como factor fundamental”, ha apuntado Inés Granollers, diputada de ERC. “Esta reforma salva vidas, que es el bien más preciado que tenemos”, ha planteado.

El bloque de los grupos favorables lo ha cerrado Laura Vergara, de Sumar, quien ha recordado otras limitaciones de velocidad acometidas en el pasado, como la reducción a 110 km/h la velocidad máxima en autovías en 2011 durante la crisis económica. “Supuso un ahorro de 450 millones de euros y se redujeron un 15% los accidentes sobre el periodo anterior”, ha dicho, para asegurar que conducir más despacio mejora la “prevención, la visibilidad, se reduce el efecto túnel y se amplía el margen de respuesta”.

“Menos Código Penal y más alquitrán”

En contra se han posicionado el PP y Vox. Por el grupo ultra ha comparecido Francisco José Alcaraz. El que fuera presidente de la AVT ha iniciado su intervención con una referencia directa a ETA y a las víctimas del terrorismo vasco que ha reiterado en varias ocasiones para acusar al PSOE de “hipocresía y trilersimo”. “No les importa la vida ni las víctimas”, ha dicho.

Alcaraz ha citado la flexibilización de la condena de la exjefa de ETA, María Soledad Iparraguire, 'Anboto', o las reticencias de la mayoría del Congreso a endurecer la prisión permanente revisable. También el accidente mortal de Adamuz o de Santander, la 'ley del solo sí es sí' o la dana de Valencia.

“Todas las iniciativas que traen tiene como objetivo recaudar y responsabilizar siempre como único responsables al conductor”, ha dicho Alcaraz, quien ha sostenido que un tercio de los accidentes se deben al mal estado de las carreteras. El diputado de Vox ha señalado como culpable de todo el mantenimiento al Gobierno central.

“Menos Código Penal y más alquitrán”, ha zanjado.

Por parte del PP ha defendido su posición el diputado Francisco de Rosa, quien ha pasado de la judicatura a la política varias veces.

“Cada muerte en materia de tráfico es un drama”, ha dicho. “Pero hay que hacerlo bien”, ha añadido. “Hay que dar seguridad. No podemos llevar al BOE una ley que traiga frustraciónn a las víctimas”, ha sostenido.

De Rosa también ha reprochado al resto de grupos haber “votado fríamente” en contra de la prisión permanente revisable, y ha reclamado “medidas complementarias” como “la educación y la concienciación”. También ha dicho que “hay que tener en cuenta todo lo que son las fotografías en los cinemómetros”, sin explicar a qué se refería.

La proposición de ley pasará ahora al trámite parlamentario en comisión, y deberá regresar al Pleno del Congreso para una votación definitiva.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este martes que el Gobierno retire la votación del real decreto-ley que recoge el paquete de 5.000 millones para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, prevista para este jueves, y que negocie modificarlo con su partido, algo que no se puede hacer porque el texto legal ha sido ya publicado en el BOE y está en vigor. Feijóo no ha desvelado si lo apoyarán: “Haremos lo que consideremos oportuno”.

“Planteo que el Gobierno recapacite”, ha dicho en una entrevista en Antena 3. “Las medidas de rebaja del IVA de los combustibles no van a ser suficientes para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles”, ha asegurado, pese a que su partido lo ha pedido de forma insistente. “Y para eso necesitamos rebajar el IRPF”, ha añadido.

El PP plantea una “deflactación del IRPF”, es decir, una rebaja del impuesto de la renta que compense la subida del IPC, muy superior a los incrementos salariales que pagan las empresas. “Los alimentos han subido un 42%; el de la vivienda, un 53%; bajando solamente el IVA de los combustibles, no solucionamos el problema del poder adquisitivo. Por eso le pedimos que recapacite. Tiene tiempo para recapacitar un mes”, ha sostenido.

Ese mes de margen que da Feijóo es el que marca la ley para convalidar los decretos. El Congreso tiene la potestad de aprobarlos o tumbarlos, y el Gobierno puede decidir cuándo los somete a los diputados. En el caso del decreto de Irán, el Ejecutivo lo ha introducido en el orden del día de esta semana, por lo que se votará el jueves. En este momento, no está garantizado que pase el test de la Cámara Baja.

El PP ya planteó ayer una serie de añadidos al decreto para comprometer su apoyo. A última hora de la tarde, remitieron una carta a la Moncloa con Pero el decreto no se puede modificar porque ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE, por lo que es intocable.

Sus medidas ya están en vigor, pero una votación en contra del Congreso supondría su derogación y eliminaría los descuentos fiscales que recoge.

“No necesitamos que el jueves se vote. Será una decisión del Gobierno”, ha concluido en consonancia con la misiva remitida ayer al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, donde la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, sostiene “que hay tiempo suficiente para que el Gobierno pueda incorporar” sus propuestas“ y dar, de este modo, una respuesta completa a las necesidades de las familias”.

Entre las propuestas, el PP plantea “eliminar totalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica” (que el Gobierno rebaja al 0,5%) o “la bonificación del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva”, es decir, que las empresas no paguen por conectarse y usar la red lo que está establecido.

El PP también lamenta en su carta que el Gobierno añada una disposición para permitir que las centrales de energía renovable puedan usar los “nudos” de conexión al sistema que ahora mismo están destinados a centrales térmicas y nucleares en proceso de desmantelamiento.

Además, el partido de Feijóo reclama que el Gobierno negocie con las comunidades autónomas porque, dicen, “van a asumir financieramente el 50 % de las rebajas fiscales propuestas y deben ser escuchadas y respetadas”.

El PP asume así que no es el Gobierno central quien se lleva los impuestos a los hidrocarburos y otros energéticos. Hasta ahora no había reconocido que las comunidades se financian con estos impuestos y, de hecho, lo hacen en más de ese 50% que ahora reconocen.

Preparar el terreno para el 'no'

La portavoz parlamentaria PP, Ester Muñoz, ha explicado después que su partido plantea mantener el decreto actual hasta el máximo de vigencia sin pasar por el Congreso, un mes, mientras se negocia uno nuevo. Y cuando esté pactado, retirar el vigente y sustituirlo por el nuevo.

Un complejo encaje de bolillos burocrático sin mucha posibilidad de prosperar, máxime ante el acercamiento entre el PSOE y Junts. Un 'sí' de los independentistas catalanes sería casi definitivo para la aprobación del decreto, a expensas de que EH Bildu confirme el sentido de su voto.

En el Gobierno dan por hecho que el decreto será convalidado, lo que permite al PP liberarse de ningún compromiso con las medidas aprobadas por el Gobierno y lanzar una ofensiva política contra el Ejecutivo que pasa por reclamar la inclusión de medidas imposibles para justificar un hipotético 'no' el jueves.

El PP, partido del 'no a la guerra'

Feijóo ha completado también su viraje sobre la guerra de Irán. De dar su apoyo incondicional a Donald Trump y Benjamin Netanyahu y criticar al Gobierno por impedir a EE UU el uso de las bases aéreas españolas compartidas, el líder de la oposición ha pasado a defender que “el 'no a la guerra' del PP es claro”.

“Yo no conozco ningún país en la Unión Europea que diga sí a la guerra”, ha sostenido Feijóo, quien ha acusado reiteradamente a Pedro Sánchez de estar aislado internacionalmente por oponerse a los bombardeos ilegales sobre Irán. “El planteamiento del señor Sánchez no es novedoso desde el punto de vista estructural”, ha añadido. “No hay ningún colega de los 27 que conforman la Unión Europea que se haya mostrado favorable a la guerra”, ha asegurado, para zanjar: “Lo que no ha hecho ningún colega, y Sánchez sí lo ha hecho, es una confrontación con la administración norteamericana y una confrontación con los aliados”.

“¿No a la guerra? Por supuesto. ¿El 'sí a la paz'? Por supuesto. ¿El 'sí' al derecho de las mujeres a su dignidad integral? Por supuesto”, ha dicho Feijóo para justificar los ataques, aunque ha reiterado que él no está “de acuerdo con ella”.

O no del todo, porque Feijóo ha girado la vista hacia el Líbano. “Esta guerra tiene una serie de connotaciones”, ha dicho, para explicar que estuvo la semana pasada “con el líder homólogo de mi partido en el Líbano” durante una reunión del PP Europeo en Bruselas. “Me dijo una frase que me quedó grabada: el Líbano es una base militar del régimen iraní para atentar contra el pueblo libanés y contra Israel”, ha expuesto, para concluir: “Las cosas son un poco más complejas”.