El PP intentó sobornar a las víctimas del metro de València para silenciarlas y que no denunciaran: “Cotino ofreció trabajo a mi hijo”

Este próximo viernes, 3 de julio de 2026, se cumple el vigésimo aniversario del accidente del metro de València, en el que fallecieron 43 personas. La tragedia fue, y continúa siendo, la mayor ocurrida en Europa en un tren subterráneo. Pero al drama se sumó una estrategia de silenciamiento de los familiares de las víctimas por parte del Gobierno de Francisco Camps, que precisamente esa semana recibía la visita del papa Benedicto XVI. Las actuaciones para acallar las voces críticas y las peticiones de justicia llegaron tan lejos que el Gobierno valenciano del PP intentó sobornar a las familias de los fallecidos con puestos de trabajo en la administración a cambio de su silencio y de que no denunciaran los hechos, tal y como publicaron en su día varios medios de comunicación y recuperó el webdocumental 0 Responsables, de la productora Barret Films.

La causa judicial, archivada inicialmente, fue reabierta años después y acabó derivando en condenas a responsables de la administración autonómica. Sin embargo, durante años las víctimas tuvieron que enfrentarse no solo a las consecuencias de la tragedia, sino también a una estrategia política e institucional destinada a minimizar las críticas y evitar que se cuestionara la gestión del accidente.

Con motivo del vigésimo aniversario, elDiario.es publicará esta semana una serie de informaciones y entrevistas sobre algunas de las actuaciones impulsadas por el Gobierno valenciano del PP para silenciar a los familiares que reclamaban verdad, justicia y responsabilidades. Entre ellas figuran los intentos de soborno atribuidos al entonces conseller de Agricultura y exdirector general de la Policía durante el Gobierno de José María Aznar, el ya fallecido Juan Cotino.

Según relató en su día Paco Manzanero, que perdió a su mujer, Rosa Medina, en el accidente ferroviario, Cotino se presentó en su casa para intentar convencerle de que no se personara en el procedimiento judicial a cambio de ofrecer un puesto de trabajo a su hijo en la administración.

“Vino Juan Cotino a mi casa con un concejal del PP de Torrent. Fue una reunión en la que, cuando se fueron, te dabas cuenta de a qué habían venido. Por una parte, estaban ofreciendo un puesto de trabajo a mi hijo. Ellos nos conocían, sabían perfectamente quiénes éramos, sabían que mi hijo tenía la carrera de ADE. Lo sabían todo. Y, claro, te ofrecen un puesto de trabajo y, por otra parte, te preguntan si te vas a personar en el procedimiento judicial. Entonces no sé cómo catalogar esa manera de apoyar a la gente”, explica Manzanero en el documental 0 Responsables.

El familiar de la víctima añade: “Después me llamó, cuatro, cinco o seis días después de la primera reunión, para ver si había recapacitado respecto a la conversación que habíamos tenido. Le dije que no me volviera a llamar para hablar de ese tema”.

Otro de los testimonios recogidos en el documental, estrenado en 2013 y que puede verse de nuevo en la web, apuntaló esa denuncia. En este caso, el familiar de una de las víctimas ofreció su testimonio de forma anónima por el temor que entonces le inspiraban posibles represalias de Cotino. “Fue a Torrent y pasó por el tanatorio, por la sala donde estábamos nosotros. A mi hijo le dijo: 'Para lo que necesites, llámame'. Y después, cuando vino aquí, nos lo volvió a repetir. Había dos o tres salas ocupadas y pasó por las tres. Lo que les dijo a los demás no lo sé, pero a mí me dijo eso: que para lo que fuera, a la hora que fuera y como fuera. Que si necesitábamos algo le llamáramos. De hecho, yo tengo el número personal de Juan Cotino”, explicó en su día.

La estrategia de Cotino no funcionó con la mayoría de los familiares de las víctimas, aunque en algunos casos sí aceptaron la ayuda que les ofreció el entonces dirigente del PP. Sin embargo, estos presuntos intentos de soborno no fueron la única maniobra utilizada para contener las críticas y silenciar a quienes reclamaban responsabilidades. A ello se sumaron el rechazo institucional a la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, la censura en la televisión pública valenciana y la manipulación de la comisión de investigación celebrada en Les Corts Valencianes.

La reapertura de la causa judicial y el cambio de mayorías parlamentarias tras las elecciones de 2015 permitieron la constitución de una nueva comisión de investigación en Les Corts, que concluyó con una severa condena política a la gestión realizada por el Gobierno de Francisco Camps.