Los tribunales nunca dieron a las víctimas del Yak-42 la satisfacción que buscaban
Los familiares de las víctimas del Yak-42 lo han intentado todo para llevar ante la justicia a los responsables de la catástrofe. Consiguieron sentar en el banquillo a los tres militares que repatriaron los cuerpos a toda prisa, sin preocuparse por hacer bien las identificaciones. Uno murió antes de cumplir condena y los otros dos fueron indultados. Agotaron la vía civil, por la que recibieron unas indemnizaciones mucho menores a las que reclamaban. Ahora, con el informe del Consejo de Estado, van a estudiar si acuden a la vía del contencioso-administrativo.
El deseo de las familias siempre ha sido que este informe del Consejo de Estado, esperado desde hace tiempo, sirviese para reabrir el caso. Han intentado sentar en el banquillo a los altos mandos militares, e incluso al exministro de Defensa, Federico Trillo, pero no lo han conseguido.
Las familias acudieron en un primer momento a la vía penal, porque entendieron que los mandos militares habían “incrementado el riesgo” de los soldados por las irregularidades en la contratación del transporte. Se pagaron 150.000 euros, pero la compañía UM Air solo recibió 36.000. El resto se quedó en manos de intermediarios.
Los sucesivos tribunales por los que ha ido pasando el caso no apreciaron delito en los mandos del Ejército. La Audiencia Nacional archivó el caso afirmando que habían cumplido con los tramites legales y que el mismo sistema de subcontratas se había seguido en otras 43 ocasiones.
Este tribunal sí que condenó a tres militares por los errores en la identificación de los cuerpos de la mitad de los fallecidos. El general médico Vicente Navarro fue condenado a tres años de prisión, y los entonces comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez a un año y seis meses, los tres por delitos de falsedad en documento oficial. Navarro falleció antes de cumplir la sentencia, y Ramírez y Sáenz fueron indultados por el Gobierno del PP. Aunque sus penas no les iban a llevar a prisión, sí que hubiesen supuesto su expulsión del Ejército, donde continúan actualmente.
Indemnizaciones tras 11 años de recursos
Los familiares agotaron también la vía civil. Demandaron a la empresa y aseguradoras implicadas en el accidente, que fueron condenadas a pagar algo más de seis millones de euros. En la sentencia, el Supremo rechazaba que hubiese una responsabilidad del Estado “en la deficiente prestación del servicio de transporte”, y centraba todas las culpas en las empresas.
No es lo que opina el Consejo de Estado, que no cree que el Estado pueda desprenderse de toda responsabilidad por el hecho de haber contratado el vuelo con terceros. Según este órgano consultivo, la ley obliga al Gobierno vigilar la actividad de los contratistas.
Las empresas recurrieron hasta el Tribunal Constitucional, que avaló los fallos anteriores y confirmó las indemnizaciones. Los familiares empezaron a cobrarlas en 2014, 11 años después de la tragedia, y tan solo representaron un 10% de lo que habían reclamado al inicio del proceso.
Ahora los familiares estudian si pueden acudir a la vía contencioso-administrativa, la única que les queda. Así lo ha dicho la portavoz de la asociación de víctimas del Yak-42, Curra Ripollés, en la entrevista con eldiario.es. “Estaremos muy atentas, porque sí que podíamos ir al contencioso-administrativo e intentar abrir una vía judicial que necesitamos para que se haga justicia de verdad, pero en los tribunales”.
A la espera de una respuesta de Defensa
Para ello tienen que esperar a la respuesta del Ministerio de Defensa al informe del Consejo de Estado. No hay plazo, pero el abogado de la asociación de víctimas, Leopoldo Gay, cree que no tardará mucho. Defensa puede asumir las conclusiones del informe. En ese caso, las familias no tienen pensado seguir, ya que habrán conseguido que el Estado asuma su culpa en la catástrofe.
Si no lo asume, sí se abre la opción de acudir de nuevo a la justicia. Las familias ya abrieron la vía del contencioso-administrativo en 2004, pero quedó parada a la espera del informe del Consejo de Estado, que se ha conocido este martes, y por el avance de los procesos penales y el civil.
Según explica Gay, lo que buscan las familias si abren finalmente esta nueva vía es seguir con su “búsqueda de la verdad”, que “un juez le diga al Estado que sí que hubo negligencia”. Que un tercer tribunal “sancione a la Administración”.
Para ello debe haber un juez dispuesto a reabrir la causa que se ha archivado en la jurisdicción penal. Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia, cree que la vía del contencioso-administrativo no está cerrada. “Hay que estudiar el sobreseimiento de la Audiencia Nacional. Si solo se centra en la responsabilidad penal, porque es un tribunal penal, se puede ver si hay responsabilidad disciplinaria”, afirma.
Como recuerda el Consejo de Estado en su informe, la Audiencia Nacional sentenció que no había “responsabilidad penalmente relevante”, pero no descartó que hubiese responsabilidades de otra naturaleza. “La vía penal es siempre la preferible”, dice González, pero añade que cuando esta se cierra, siempre quedan la civil y la administrativa.
“Por ejemplo, si se supera la tasa de alcoholemia en un control, pero el juez entiende que no está acreditada la responsabilidad penal, puede derivar al caso a la vía administrativa”, explica.
“Es complicado ir ahora contra los superiores”
Otros expertos no son tan optimistas. Diego Sarabia representó a algunas familias del Yak-42 en el juicio sobre la negligencia en la identificación de los cadáveres. En aquel proceso, este abogado pidió al tribunal que la responsabilidad no se quedase en los mandos militares, sino que se investigase a “los autores intelectuales”, a quienes “obtuvieron un beneficio político por la pronta celebración del funeral del Estado”.
Ahora recuerda estas palabras y lamenta que el informe del Consejo de Estado no va a permitir ir “contra el ministro”, como él pretendió en su momento. “Es complicado dirigir ahora un proceso contra los mandos superiores de los tres militares que fueron juzgados”, asegura.
Sobre el informe del Consejo de Estado, Sarabia cree que no es nada nuevo: “Esa información ya la teníamos”. Tampoco cree que se puedan reclamar nuevas responsabilidades patrimoniales. El informe considera que el Gobierno es responsable, pero señala también que las víctimas ya han sido indemnizadas.
