Falta de plazas y cierre de 24 residencias entre 2019 y 2022: un informe pide a la Junta de Andalucía un “plan de choque”

Andalucía necesitaría 36.327 plazas residenciales para llegar al estándar recomendado del 5% de plazas por cada 100 personas mayores y alcanzar el cómputo ideal de 83.022 camas en toda la autonomía. A fecha de 2024, cuenta con 46.695 plazas y se sitúa por debajo de la media nacional, un 2,81% frente al 4,05%, además de distribuirse de forma desigual en las ocho provincias andaluzas. En paralelo, se señala que entre 2019 y 2022 se produjo el cierre de 24 residencias, lo que provocó un estancamiento en el número de unidades disponibles.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) pide a la Junta una inyección económica que acelere la construcción de nuevas infraestructuras para dar cobertura a los usuarios y, sobre todo, en previsión de la mayor demanda que experimentará el sistema ante el paulatino envejecimiento de la población. Por tal motivo, piden un plan de “choque inmediato” con 5.000 nuevas plazas concertadas de “carácter urgente” y planificar una estrategia para alcanzar en 2030 la media nacional del 4,05% “en coordinación con fondos estatales y europeos”, ya que el coste alcanzaría los 65 millones de euros anuales.

Así lo recoge un informe publicado por el ente este lunes bajo el título Plazas residenciales para personas mayores en Andalucía. Análisis 2006 - 2022 y diagnóstico actual, en el que se describe la evolución que ha experimentado el sistema de dependencia. Entre las primeras conclusiones, se extrae que, entre 2006 y 2017, Andalucía lideró la creación de nuevos centros, un 34% a nivel estatal, y aportó el 16,35% de las nuevas plazas en España. Sin embargo, en el último periodo entre 2019 y 2022, se cerraron 24 centros mientras que se abrían 150 instalaciones en el país.

A partir de la serie publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —una fuente que no es oficial dado que las competencias están transferidas a las comunidades pero que sirve de baremo—, Sevilla fue la provincia más afectada con la eliminación de 12 unidades, por encima de Málaga (-9), Cádiz (-2), Jaén (-1) y Almería (-1), mientras que Córdoba sumó una instalación y Granada y Huelva no experimentaron ningún cambio entre 2019 y 2022 frente a la franja cronológica que va desde 2006 a 2017. En vista de las cifras, la organización advierte que se tardaría alrededor de 29 años en cumplir con el estándar del 5%: “El déficit estructural no quedaría extinguido hasta 2055, y ello sin contar el crecimiento demográfico previsto”, subraya el ente en un comunicado.

Por otra parte, la distribución de plazas en las ocho provincias andaluzas se reparte de forma desigual conforme a las necesidades de la población: Sevilla acumula la mayor parte de las plazas, 9.651, aunque hay un déficit de 8.916; en cuanto a Málaga, hay 7.961 pero se necesitarían habilitar 8.455 camas más; y en tercer lugar quedaría Córdoba, con 6.048 plazas a las que habría que sumar 2.318 con relación a la densidad de población de mayores de 65 años. A continuación, estarían Cádiz (5.783 plazas), Granada (5.765 plazas) y Jaén (5.107), a las que habría que añadir 5.961, 3.872 y 1.766, respectivamente. Por debajo de ese umbral quedarían Almería (3.833) y Huelva (2.547), en donde habría que destinar un refuerzo para compensar la falta de 2.320 plazas y 2.719 plazas en cada caso.

457 días de espera y 1.963 fallecidas sin la prestación recibida

FOAM establece, a partir de los datos recopilados en el Instituto Nacional de Estadística y en el Imserso, que Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor déficit absoluto de plazas residencias para personas mayores de 65 años en 2024, ya que representa el 37,5% de la estadística nacional. Asimismo, se destaca que el 49,60% de las plazas andaluzas existentes se concentran en macroresidencias de 100 o más plazas.

En cuanto al tiempo medio para obtener una resolución, se alarga a los 457 días frente a los 325 de media, aunque el máximo que establece la ley es de 180 días. Es decir, hasta abril de 2026, fallecieron 1.963 personas sin haber recibido la prestación aunque tuvieran el derecho reconocido.

Cabe recordar que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicaba un análisis basado en el primer censo de centros residenciales en España que realizó el Ministerio de Derechos Sociales en abril de 2024, con los últimos datos disponibles. A tenor de lo observado, se computa que el 64,3% de las plazas en Andalucía corresponden a financiación pública, unas 30.006, y unas 16.689 a la privada, lo que tiene un peso del 35,7%. En visión del eje cronológico, la creación de camas experimentó un parón, sobre todo entre 2010 y 2016, donde se pasó del 2,08% al 1,88%. Esta cifra por fin se rebasó en el período entre 2017 y 2022 cuando se alcanzó el 1,94%. Sin embargo, en 2022 el índice cayó al 1,92% y, seguidamente, al 1,79% en 2023, subiendo dos puntos al 1,81 en 2024. Un comportamiento en dirección opuesta a la media nacional, ya que se alcanzó un 2,84% de financiación pública tras un crecimiento continuado desde 2018.

134 millones de fondos Next Generation

Por tanto, la creación de plazas para personas mayores en Andalucía, que sufrió un estancamiento entre 2022 y 2023, disminuyendo de 45.732 a 42.545, coincidiendo con el segundo mandato del Gobierno popular de Juanma Moreno, se ha sostenido, sobre todo, en la esfera privada dado que creció la financiación entre 2023 y 2024 en ocho centésimas (pasando de 0,93 a 1,01), momento en el que se sumaron más de 4.000 nuevas camas. Así, se consiguió lograr el máximo histórico en la serie andaluza con 46.695 plazas residenciales.

Es más, solo seis comunidades cumplen con la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años en España: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias, La Rioja y Cantabria, pero solo dos lo alcanzan con financiación pública, que serían las dos castillas.

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad responde a este medio que el período analizado se queda en 2022 y que, desde entonces, la inversión en la construcción y reforma de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad se ha reforzado con la creación de más de 5.000 nuevas plazas. Además, destacan la línea de 134 millones de euros a cargo del fondo europeo Next Generation que está destinada a entidades locales y del tercer sector y tiene como fecha fin de ejecución este año 2026, con la que se pretende dar oxígeno al sector para revertir la demanda histórica en la asistencia a personas mayores.