María, el rostro de la espera andaluza en dependencia, cuida a su padre enfermo de 84 años: “He renunciado a mi vida”

Juan José Martínez, de 84 años, espera desde el 26 de junio de 2025 a que se reconozca el Grado III de dependencia por la Junta de Andalucía. Aquel día recibió la visita de los evaluadores de la Consejería de Inclusión Social, pero no hay respuesta por parte de la administración mientras que su estado de salud se debilita. En los últimos cinco meses ha estado ingresado en el hospital hasta en cuatro ocasiones. Pese a las leves mejoras, el Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señala que Andalucía sigue a la cola del sistema en 2025: el tiempo medio de espera es de 496 días, en vez de los 180 días establecidos por ley, mientras que 6.995 personas fallecieron sin que les llegara una resolución de grado y 40.092 personas en lista de espera.

María, de 61 años, es la persona cuidadora de referencia de sus padres, Juan José y Adelaida del Pino, de 84 y 85 años, quienes tienen reconocido un Grado II en dependencia desde el año 2022, lo que significa que tienen asignados dos cuidadores con 40 horas mensuales, es decir, una hora por la mañana y una hora por la tarde de lunes a viernes por lo que se le cobra a él una media de 100 euros al mes. El resto del tiempo es la hija quien está al tanto de los progenitores, cuyo desgaste ha avanzado a grandes pasos en los últimos meses, sobre todo el de su padre.

Al entrar en la cafetería, María saluda a unos y otros. Solía bajar cada mañana con su padre antes de que empeorara y, también, antes de que le cambiaran el perfil de trabajador que acudía a su casa, ya que necesita la fuerza de un cuidador para manejar sin riesgos al hombre que mide 1,90. Acude a la entrevista antes de que llegue la cuidadora de su madre a las doce del mediodía. Si no está, no habrá quien abra la puerta debido a la escasa movilidad que tienen los dos ancianos. Abre un archivero con decenas de fundas de plástico llenas de documentos, listas de medicamentos y facturas que va consultando mientras las muñequeras aprietan sus articulaciones en ambas manos, desgastadas después de varios años manipulándolos tanto para lavarlos, trasladarlos o levantarlos cuando se caen al piso.

Horarios y altos costes de las residencias

Al lado del folleto de simplificación administrativa que reparte la Junta de Andalucía está la solicitud que realizó el pasado año para que su padre accediera al Grado III en dependencia: adjuntó la solicitud, las copias del DNI y nuevos diagnósticos sobre su estado de salud en el ambulatorio. “Esto qué persona mayor te lo hace”, dice con los documentos apilados. Necesita más ayuda y la última vez que acudió al hospital fue la trabajadora social del propio servicio sanitario quien le dio un listado, apenas legible, de las residencias cofinanciadas por la Junta.

Hay dos trabas: por una parte, su padre tiene que aprobar este traslado dado que está lúcido y, por otra, el proceso para iniciar los cambios del Programa Individual de Atención (PIA) se demoraría meses. “Cuando se fracturó la cadera en 2024 lo consideré, pero no es algo que se haga sobre la marcha y, una vez recuperado, tienes que pasar otro proceso para que lo devuelvan a casa... No pude más que hacerme cargo”, la alternativa era pagar por adelantado y luego solicitar una subvención para la cofinanciación. Las residencias más baratas que ha consultado rondan los 1.500 euros, una cantidad que no tiene y a lo que habría que añadir su situación como parada de larga duración.

El batalleo comienza pronto en casa de los Martínez. María se levanta antes para que a las ocho y media de la mañana esté preparado el desayuno, dadas las pastillas y medida la tensión, que últimamente se le dispara a Juan José. A las 9.15 horas llega la cuidadora de su padre, que la ayuda a quitarle el pijama, asearlo y vestirlo. La hora que está con la familia se dedica exclusivamente a la higiene. No hay tiempo para más. A las 10.15 horas se marcha y aprovecha el tiempo para poner lavadoras y limpiar. A las 12.15 horas, la segunda cuidadora se dedica a Adelaida. Otra hora de cuidado personal y el mediodía ya está aquí. Hasta las 19.45 horas no vendrá la persona encargada de su padre, que apoyará a María en el lavado y puesta a punto del pijama. Todo ello, sin contar con la rigidez o contratiempos que provoque el Parkinson: “El resto del tiempo, como los fines de semana, estamos expuestos a caernos los dos si lo tengo que mover porque le duela el cuerpo de estar tanto tiempo quieto o le tengo que cambiar el pañal”.

“El sistema no es malo, pero lo malo son los tiempos y la escasez de recursos. Yo soy la que ha pagado de su bolsillo un fisioterapeuta para mis padres, yo soy la que está pendiente de ellos día sí y día también... Estamos resignados”. Entre enero y abril, su padre ha estado hospitalizado hasta en cuatro ocasiones. “Él lo que me dice es que no tengo en quién delegar... He tenido que renunciar a mi vida”, explica. María solo tiene una hermana, con la que no puede contar. Al vivir cerca de sus padres, va y viene prácticamente todos los días después de que la pandemia de 2020 supusiera un punto de inflexión y contemplara que la pareja era incapaz de pervivir por sí sola.

“No están suficientemente formados”

“Desde la Junta, me dieron la posibilidad de que vinieran los dos cuidadores a la misma hora, pero eso significaría que pierdo todo el tiempo a que si vinieran por separado”, detalla Martínez. “Mis padres me tienen a mí para cubrir el resto de horas, si hay que cambiarles los pañales o darles de comer y que no se asfixien, pero, imagínate los que están solos”, resume. Una vez tuvo que salir y dejó solo a uno de los trabajadores del servicio de dependencia. Al volver, encontró a su padre semidesnudo, desorientado, con las sábanas y el pijama en el que había excrementos tirados en el suelo frente de la pareja de ancianos. Las imágenes quedaron grabadas y se remitieron a la coordinadora del dispositivo. “No están suficientemente formados”, critica.

Las personas más cercanas a María le recomiendan que delegue, pero le es imposible quedarse de brazos cruzados. Es la persona que los acompaña al hospital, quien arregla los trámites en el ayuntamiento y pide que desglosen cada una de las facturas, la que habla con el servicio de ayuda a domicilio para que se cumpla con el programa establecido. A todo ello, habría que añadir el cuidado de la salud mental de sus progenitores, sobre todo de su padre, que aún es consciente de todo lo que pasa a su alrededor y sufre por las consecuencias de la enfermedad degenerativa. “Sí, claro que tengo el síndrome del cuidador, pero si haces mal tu trabajo, es él quien paga las secuelas”, advierte. Su oído rastrea la respiración y los tosidos de su padre durante el día, en alerta por si necesita auxilio. Reconoce que no es indispensable, solo necesita el compromiso de quienes acuden a su casa y que la rotación o sustitución de los trabajadores no sea tan frecuente para que aprendan la rutina de los cuidados que requieren los mayores.

“Tengo que ser fuerte por muchas razones. Detrás de mí hay mucha gente, porque no es solo mi padre ni mi madre, es que hay gente peor que está esperando en una cama a que alguien venga. Hay 7.000 personas que se mueren, ¿sabes lo que te digo?”, zanja. María cree que esto irá a más: “Paséate por la mañana por los supermercados, por los parques... Solo hay personas mayores. La longevidad es muy alta y el sistema se ha quedado muy chico”.

La dependencia, en la rueda electoral

La dependencia ha sido uno de los reclamos de los partidos políticos en campaña. Todos están de acuerdo en que las listas de espera hay que rebajarlas y en los debates electorales tanto Por Andalucía, de Antonio Maíllo, como Adelante Andalucía, de José Ignacio García, han prometido a promulgar una ley en la que se obligue a cumplir con los 180 días de espera y que, de incumplir tales plazos, se indemnice a los usuarios y a sus familias.

Acerca de la gestión de Loles López, consejera de Inclusión Social, el Observatorio establece que ha disminuido la lista de espera en 10.756 personas y el tiempo de tramitación en 106 días en comparación con el año anterior. Unas cifras de las que se enorgullece la administración que, en sendos comunicados, ha trasladado en los últimos meses que ha habido un récord histórico de personas beneficiarias. Por contra, el Gobierno andaluz sigue afirmando que aporta más que el Estado para la financiación del sistema de dependencia, una cuestión para la que pide estar a la altura del País Vasco, a pesar de que los informes tanto del Imserso como la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores desmienten. Andalucía es de las comunidades más cofinanciadas por el Gobierno central, recibiendo un 34,90%, y se puntualiza que el presupuesto autonómico dedicado a la partida apenas ha pasado del 0,7% al 0,9% del PIB entre 2018 y 2024, con un gasto por beneficiario que sigue siendo el más bajo de toda España: 7.173 euros.

En marzo de 2024, el Gobierno andaluz implantó un nuevo modelo de gestión mediante el decreto de simplificación administrativa que cambió 176 leyes de una vez. El cambio buscaba la agilización de los trámites y un año después las huelgas, protestas y críticas al sistema se agolpan, con cese mediante en julio del año pasado del director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, José Luis Prieto, a quien sustituyó el viceconsejero José Repiso. La última manifestación frente al Palacio de San Telmo fue en el inicio de la campaña andaluza cuando la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía y CCOO pidieron una respuesta “urgente”. La dependencia arrastra los males históricos de una infraestructura infrafinanciada. Cuestiones que se escapan al día a día de María, como tantas otras personas: “Le dije a mi tío que le ayudaría a tramitar su ayuda, pero murió hace un mes”.