La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha desvelado este martes en el pleno del Senado que el expresidente del PP Pablo Casado fue el único representante de este partido que le envió un mensaje para solidarizarse con ella tras la campaña de insultos que, según ha denunciado, activaron los populares en su contra a cuenta del supuesto episodio en el Parador de Teruel atribuido al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Lo ha revelado en respuesta a la senadora del PP -y alcaldesa de Teruel- Emma Buj, quien le ha preguntado si el Gobierno tuvo conocimiento de la presunta “fiesta salvaje” que habría protagonizado Ábalos el 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia, en el citado parador, en el que también pernoctó Alegría, que entonces era delegada del Gobierno en Aragón.

La ministra ha vuelto a negar esos hechos, ha incidido en que la campaña contra ella la iniciaron “bots anónimos” en redes sociales y ha lamentado especialmente que fuera el PP de Aragón el que activara “el botón del ventilador del odio” profiriendo “mentiras” y que lo hiciera con el “amparo” del PP nacional, que dirige Alberto Núñez Feijóo.

Según ha relatado, ha recibido mensajes de “distintos dirigentes de todos los partidos a excepción del PP”, al que ha reprochado que condene “siempre con peros”. Pero entre esos mensajes de apoyo también hubo uno de Casado, al que se ha referido como el “dirigente del PP al que tiraron por el balcón cuando se atrevió a denunciar la corrupción en la Comunidad de Madrid”, que gobierna Isabel Díaz Ayuso.

“Si ustedes se piensan que con esta campaña tóxica me iban a doblegar es que no me conocen; han dado ustedes con hueso. Si algo he aprendido durante estos días es que cabeza alta y ni un paso atrás. Y, en lo que ustedes se refiere, es necesario que se queden muchos años en la oposición porque no están a la altura de gobernar en este país”, ha sentenciado Alegría.

“Siempre con mala fe”

La ministra ha negado una vez más haber tenido conocimiento de ese episodio en el que también habría participado el exasesor de Ábalos, Koldo García, y ha señalado que la insistencia del PP con el tema evidencia que “siempre actúan de mala fe”.

La senadora Buj ha tachado de “erráticas” las aclaraciones del Ejecutivo y ha criticado el comunicado de Paradores “que niega que hubiera destrozos, pero no los hechos, amparándose en la confidencialidad”.

Además, ha criticado que se tardara una semana en emitir ese comunicado a que el Gobierno “amenazó con el despido” a los trabajadores del hotel que habrían denunciado lo sucedido. “Solo cuando estuvieron seguros de haber impuesto la ley del silencio lanzaron un comunicado”, ha dicho, remarcando que se amenazó a esos trabajadores con echarles no por “mentir, que habría sido lo lógico, sino por faltar la cláusula de confidencialidad”.

“Escándalos por corrupción, sexo y ley del silencio, ¿en qué momento dejaron de parecerse a un partido y empezaron a parecerse a una mafia?”, ha deslizado, antes de retar a Alegría a decir si defiende a las personas amenazadas con el despido o con “Ábalos y Koldo”.

Pilar Alegría ha insistido en que no existe ninguna “denuncia ni informe” de la Policía ni la Guardia Civil y se ha remitido a sus propias explicaciones y las ofrecidas por Paradores y Transportes. “Hemos ofrecido una información amplia pero a ustedes les da absolutamente igual”, ha lamentado.

Y ha añadido: “No deja de ser curioso que ustedes dicen conocer absolutamente cada minuto de lo que pasó en unos supuestos hechos de hace cinco años, pero les ataca una amnesia absolutamente colosal cuando se les pregunta sobre los hechos que sucedieron hace seis meses en Valencia”.

Según Alegría, al PP “nunca le ha interesado la verdad” y sólo está en utilizar “mentiras y insidias” para llevársela por delante por ser la secretaria general del PSOE de Aragón y, por tanto “la clara alternativa” al 'popular' Jorge Azcón“.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo avala las informaciones publicadas por elDiario.es sobre las campañas que el consultor político Aleix Sanmartín impulsó para desincentivar el voto a PSOE y Podemos cuando asesoraba al Partido Popular en las elecciones andaluzas de 2018 y en las generales de 2019. El alto tribunal sostiene que no vulneró su derecho al honor y revoca la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que había impuesto una multa de 30.000 a la editora de este medio.

En una sentencia fechada el 9 de abril, los magistrados sostienen que elDiario.es se limitó a informar con “datos” y “hechos constatados” de una cuestión que “es de interés general, como es la utilización de ciertas técnicas de propaganda electoral que son novedosas y controvertidas”. Destacan, además, que los calificativos utilizados “no resultan injustificadamente ofensivos” y “están directamente relacionados con la materia sobre la que se informa y con el mensaje que el medio de comunicación transmite, claramente crítico con ese tipo de actividad electoral”.

Sanmartín trabajó para el ahora presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla y también para el expresidente del PP Pablo Casado en parte de su época como líder del partido. Tras colaborar durante algunos años con dirigentes del PSOE, el partido de Alberto Núñez Feijóo volvió a contratar sus servicios el pasado febrero, según adelantó El Español.

Los hechos juzgados se remontan a octubre de 2019, cuando este periódico desveló que uno de los empleados de Sanmartín estaba detrás de una campaña destinada a encontrar debilidades en las candidaturas de izquierdas y explotarlas haciéndose pasar por falsos votantes progresistas desencantados.

La operación simulaba mensajes de izquierdas contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a través de carteles en la calle y una página de Facebook falsa llamada 'Yo con Íñigo' [en referencia a Errejón]. Parte de su estrategia era fomentar el “#yonovoto” para desincentivar el voto de la izquierda. Sanmartín había lanzado una operación similar para el PP en Andalucía, con la creación de la página “socialistas por el cambio” desde la que promovió el voto contrario o nulo de los afines a Sánchez tras su enfrentamiento con Susana Díaz. 

Sanmartín denunció ante un juzgado de Madrid que ocho artículos publicados en elDiario.es sobre sus campañas para Moreno Bonilla y Casado habían vulnerado su derecho al honor y reclamó una indemnización de 100.000 euros. El juzgado desestimó su demanda al considerar que había un “notable elemento de veracidad en las informaciones publicadas”, de las que además se habían hecho eco otros medios. Algo que, según el juzgado, revelaba “la trascendencia en el ámbito político y social de las campañas que nos ocupan” y “el fondo de certeza de las mismas”.  

El consultor recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó en parte su recurso al determinar que lo publicado era una “elucubración elevada a categoría de noticia”. Este tribunal declaró que esas informaciones supusieron una intromisión ilegítima en su derecho al honor, condenó a la editora de este medio a indemnizarle con 30.000 euros, a retirar las noticias de la web y a publicar el encabezamiento y fallo de la sentencia.

Ahora, el Supremo revoca esta resolución y concluye que elDiario.es no vulneró el derecho al honor de Sanmartín. Los jueces afirman que la “combinación de información sobre hechos y emisión de juicios de valor es propia de la libertad de prensa”. Y afirman que elDiario.es realizó sus informes en base a “hechos constatados, admitidos incluso por el demandante”. A saber; que su empresa estuvo contratada por el PP, que existió una campaña en redes sociales y en cartelería “en la que personas que supuestamente se encuadraban en la órbita de partidos que competían electoralmente” con el PP pedían a las personas de izquierdas que no votaran o que emitieran un voto nulo, y que uno de sus empleados contrató esa publicidad para la campaña de las generales. 

El Supremo recuerda, además, que en los artículos de elDiario.es se informaba de quién había sido el empleado que había contratado de la publicidad en Facebook, se recogían sus declaraciones asumiendo la autoría de la campaña y atribuyéndola a una iniciativa personal, así como la versión de Sanmartín negando su participación e incluso el desmentido que este hizo en una red social a la información contenida en uno de los artículos. La sentencia añade que dentro de la libertad que se reconoce a los periodistas ha de incluirse la posibilidad de no dar credibilidad a las declaraciones de algunas personas “por no considerarlas creíbles”. 

“La constatación por el medio informativo demandado de que la empresa del demandante había asesorado al partido político, que se había realizado esa campaña de comunicación calificada como de «falsa bandera» y que un empleado de su empresa había contratado esta publicidad en una red social en unas elecciones generales, debe considerarse como denotativa del cumplimiento del estándar de diligencia exigible en la obtención de la información”, concluye el alto tribunal.

Cada vez que salen trapos sucios en el PP, el PSOE tiene motivos para alegrarse. Pero también para echarse a temblar. El último ejemplo es reciente. Tenemos un fraude fiscal confeso de la pareja de Ayuso. Pero la cosa se va enredando, la van enredando entre unos cuantos, hasta que el que acaba dimitiendo es el secretario general del PSOE en Madrid, preocupado porque vayan a por él como ya hicieron el Fiscal General del Estado. Hay precedentes de casos similares: el del Prestige, el de la Gürtel o, relacionado con la propia Ayuso, la dimisión del exlíder del PP Pablo Casado.

Lo analizamos con el director adjunto de elDiario.es José Precedo. 

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

No llegó a ser presidente del Gobierno en España, pero sí lo es -desde julio- de una empresa japonesa de inteligencia artificial (IA), con capital estadounidense. Pablo Casado dejó de ser líder del PP en 2022 tras pedir explicaciones a Isabel Díaz Ayuso por el supuesto cobro de una comisión del hermano de esta última en gestiones de material sanitario. Le sustituyó, en un congreso extraordinario, Alberto Núñez Feijóo. Tras este cisma en el PP, el papel de Casado ha sido muy discreto y ha centrado su actividad fuera de la política, concretamente en el ámbito empresarial y de los fondos de inversión. Su nombre volvió este martes a los titulares de la prensa económica y a los labios del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page en la inauguración de un proyecto en Puertollano.

A comienzos de este año, ya se había hecho pública su participación en el fondo de capital riesgo Hyperion Fund FCR, enfocado en la ciberseguridad y la inteligencia artificial. También forma parte del mismo Ricardo Gómez-Acebo Botín -sobrino de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín- y dos expertos de la industria de armamento. Su objetivo es invertir en tecnología militar como de “doble uso”, término empleado para el material militar que puede aplicarse también en contextos civiles.

Ahora, el interés de Pablo Casado por la inteligencia artificial le ha llevado a convertirse en presidente de DataSection, una empresa japonesa con sede en Tokio cuya actividad está centrada también en la inteligencia artificial y que acaba de desembarcar en Puertollano (Ciudad Real).

Una empresa con un pie en Puertollano

La compañía nació en el año 2000. El análisis de ‘Big Data’ y el aprendizaje automático son el núcleo de su actividad. Ya cuenta con un centro de datos en la ciudad japonesa de Osaka. Entre sus estrategias está también la creación de un servicio de IA en la nube, centrado especialmente en Europa, en respuesta “al reciente aumento de los riesgos geopolíticos”.

El expresidente del PP fue nombrado su máximo ejecutivo el pasado mes de julio y desde entonces no había trascendido su papel en la empresa hasta ahora, cuando la compañía ha puesto un pie en Puertollano, considerada la capital industrial de Castilla-La Mancha, para construir un ‘data center’ de inteligencia artificial.

Lo hará de la mano de Solaria, que esta misma semana ha firmado un acuerdo con la firma japonesa para cederle sus conocidas “casas blancas” de la ciudad, estancias con un alto nivel de aislamiento y calidad del aire que en el pasado se utilizaron para la fabricación de células fotovoltaicas.

Se da la circunstancia de que DataSection es socia de las compañías de computación de inteligencia artificial NVIDIA y Supermicro. Precisamente, las mencionadas “salas blancas” albergarán en los próximos meses los racks de Supermicro y los microchips de última generación de NVIDIA, que serán el “cerebro” del futuro centro de datos.

Pablo Casado no apareció en el acto de la firma para esta cesión, pero sí lo mencionaron en varias ocasiones. Lo hizo su consejero delegado en DataSection, Norihiko Ishihara, para celebrar su nombramiento como presidente, y lo hizo Emiliano García-Page, que presidía el acto de la firma.

El presidente de Castilla-La Mancha proclamó que el hecho de que el futuro centro de datos lo vaya a realizar esta firma japonesa es “una marca de garantía de que este proyecto va en serio, está firmado, comprometido y muy avalado”. Y al hilo de ello dedicó elogios a Pablo Casado, agradeciendo su “compromiso con el país” por “atraer grandes inversiones”.

Mientras, Casado mantiene su papel como operador de Hyperion, autodenominado como “el primer fondo de capital riesgo en España enfocado en los ámbitos aeroespacial, de ciberseguridad e inteligencia artificial”. Se trata de tres ramas de la industria tecnológica que, por separado, llevan mucho tiempo habituadas a que sus empresas se conviertan en contratistas militares.

El gran salto que ha tenido lugar en el último año, a la par que se desarrollaban las inteligencias generativas del ámbito civil, es la integración de la tecnología aeroespacial, la de ciberseguridad y la de IA, en una sola herramienta militar. Sistemas de algoritmos de aprendizaje automático capaces de recoger datos de muy diversas fuentes, analizarlos, interpretarlos y tomar decisiones estratégicas en base a ellos.

La localidad toledana de Camuñas celebrará este domingo 28 de julio, a las 12 del mediodía, un acto institucional para colocar una bandera de España en la plaza del Molino, cuyo nombre es un homenaje al Molino de la Unión, un gigante construido en el siglo XIX, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que forma parte del encanto del municipio.

Fernando Gallego, ya jubilado, gobierna por primera vez en este municipio toledano donde el PP cuenta con seis concejales frente a los tres del PSOE, un partido que dirigió el ayuntamiento la pasada legislatura. Gallego dice que será la última y que no tiene intención de repetir candidatura en 2027, en conversación con elDiarioclm.es

Al acto están invitados tanto representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, bomberos, miembros de Protección Civil y militares vinculados al pueblo, según confirma el edil. La bandera ya se colocó el pasado mes de mayo “de forma provisional” y ahora se instalará otra de forma definitiva, más grande y “reglamentaria”.

Habrá un desfile desde la plaza del Ayuntamiento hasta la plaza del Molino, con banda de música incluida, hasta un lugar “despejado de barreras arquitectónicas”, donde “se asegura el ondeado perfecto de la bandera. Allí el aire nunca falta” y sin que pueda interferir, asegura el alcalde, con el espacio cultural protegido que ocupa el molino. “Lo vio el arquitecto municipal”.

Camuñas cuenta con algo más de 1.700 habitantes censados. Su ayuntamiento invertirá 3.488 euros en colocar esta bandera. “Se ha intentado que fuera lo más económico posible, y que fuera más testimonial e institucional que ornamental. Éramos el único pueblo sin la bandera y ya tocaba. No es un gasto oneroso y no desequilibra el presupuesto anual”.

Un rey “flojo gobernado por una roja”

El alcalde, un habitual de las redes sociales desde hace años, compaginará la colocación del símbolo del Estado, con sonadas publicaciones en X (antes Twitter) antes de ser alcalde y también una vez incorporado al cargo.

En septiembre de 2023, recién estrenado el bastón de mando, cargaba contra el rey Felipe VI, al que tilda de “blando” o de “flojo gobernado por una roja”, en alusión a la reina Letizia, a la que en otras ocasiones ha calificado de “raspa” o “plebeya comunista”.

Sobre la Guardia Civil también ha escrito en diversas ocasiones y momentos en sus redes sociales para tildar a la Benemérita de “mercenarios” o “putos sacamultas”.

El “payaso” de Feijóo y el “mierda” de Pedro Sánchez

Sus comentarios no se quedan en las instituciones del Estado como la Corona o la Guardia Civil. En los últimos años también han sido habituales sus críticas encendidas a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, al que ha calificado de “mierda”, entre otras lindezas.

Sobre los dos últimos presidentes del PP también ha escrito en varias ocasiones. De Pablo Casado escribió: “Cada vez representas menos a la gente, incluso a los que te votan”, allá por enero de 2020. El líder nacional de los 'populares todavía permanecería dos años más al frente del partido.

Y sobre el actual líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en 2021, cuando todavía Pablo Casado lideraba el partido, publicó en las redes sociales varios comentarios en los que calificaba al entonces presidente de Galicia como “nacionalista encubierto”, “plaga” o “payaso” y aseguraba que siempre sería “un segundón”.

En otras ocasiones se ha mostrado partidario de la formación de extrema derecha que lidera Santiago Abascal.

Otros de los comentarios más llamativos del ahora alcalde, estando ya en la oposición en el Ayuntamiento de Camuñas, se caracterizan por su tono machista, sexual o de otro calado, incluso sumándose a mensajes negacionistas sobre el cambio climático.

Duda de la capacidad política de varias mujeres de la izquierda española. Como respuesta a un tuit se refería a Leire Pajín, Susana Díaz, Irene Montero o Ada Colau como “sospechosas de vivir del arte de vivir de la mamada furtiva”.

Tampoco se libran de sus publicaciones la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, a la que califica de “golfa” y se dirige también con sus comentarios a conocidas periodistas como Almudena Ariza, de RTVE, o Rosa Villacastín. También comenta “el tiro” que recibió el concejal del PP Miguel Ángel Blanco y que, dice, hubiera sido “más provechoso” en otros, aludiendo a una publicación sobre el que fuera líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El alcalde de Camuñas ha declinado hacer comentarios a elDiarioclm.es sobre sus publicaciones en las redes sociales.

El PSOE pedirá su dimisión

El secretario de Organización del PSOE Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha anunciado que pedirán “formalmente” la dimisión y “expulsión” del PP.

“Felipe IV es un flojo dominado por una plebeya comunista; la Guardia Civil son mercenarios, saca multas; las dirigentes del PP tienen caras de muy golfas, viven de hacer mamadas furtivas. Si yo dijera todo esto, Paco Núñez y el PP pedirían mi dimisión inmediata. Pero no he sido, yo sino el alcalde de Camuñas, del PP, al que deberían expulsar inmediatamente del partido por decencia democrática”, escribía Gutiérrez en la red social X.

PSOE y PP han llegado a un acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Lo han hecho después de casi seis años de bloqueo del PP. Lo han hecho sin pactar nada muy distinto a lo que ya habían negociado hace dos años. Lo han hecho con una fría mediación en Bruselas entre el ministro de Justicia Félix Bolaños por la parte socialista y con Esteban González Pons por la parte popular.

Profundizamos en las claves de la renovación del CGPJ con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.  

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 45 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

A principios de la década de los 2000, Ana Pastor –entonces ministra de Sanidad– visitaba las obras del puerto exterior de A Coruña con sus compañeros del grupo municipal del PP, cuando un periodista le preguntó “en calidad de qué” acudía a comprobar el desarrollo de aquellos trabajos, aparentemente tan apartados de su área de responsabilidad. Pastor, fuera de juego, apenas pudo balbucear una respuesta. Poco después, el director del medio en el que trabajaba aquel periodista recibía una llamada y de pregunta y respuesta nunca más se supo. No fue una amenaza –ni tampoco un “anuncio”, por utilizar la terminología de MAR–, sino una petición personal. Pastor conseguía más con el guante de seda que con el puño de hierro.

Vista hoy, la carrera posterior de la recién dimitida parecía emprender una enmienda a la totalidad a aquella pregunta. Pastor, médica de formación, sólo fue ministra de Sanidad dos años, los últimos del gobierno Aznar. Sin embargo, la vuelta al poder del PP, con su amigo Mariano Rajoy en Moncloa, le devolvería una cartera: la de Fomento, sustituyendo a otro diputado por Galicia, el socialista José Blanco. Ya podía opinar sobre puertos, aeropuertos... y alta velocidad. Aunque, a veces, le costaría hacerlo. Durante su mandato se produjo el accidente de Angrois, con 80 fallecidos y 144 heridos, el segundo más grave de la historia del ferrocarril en España.

El papel de Pastor es todavía hoy muy criticado por las asociaciones de víctimas. “Ana Pastor ha sido la persona que más ha trabajado desde las instituciones públicas para tratar de ocultar las verdaderas causas de la tragedia”. Entre sus movimientos, destacan el intento de evitar que la Comisión Europea divulgase el informe en el que cuestionaba la investigación del Gobierno. A un mes de las elecciones generales de 2016, escribió una carta personal a la comisaria de Transporte en la que la “alertaba” de la gravedad que supondría hacerlo público.

Para las víctimas, lo que buscaba era evitar que se supiese que, siendo ministra, se desconectó el sistema de seguridad ERTMS para evitar retrasos sin realizar el análisis de riesgos. Ese sistema, según los expertos, habría evitado el fatal descarrilamiento. Hoy, la causa, está vista para sentencia con sólo dos acusados: el maquinista, Francisco José Garzón, y el que fuera jefe de Seguridad de Adif.

Maniobras desde la Presidencia del Congreso

Pastor vivió la segunda legislatura de Rajoy como tercera autoridad del Estado. Durante ese tiempo, desde la Presidencia del Congreso, no dudó en poner los intereses de su partido por delante de su papel institucional. En Galicia recuerdan cómo vetó una y otra vez el debate sobre la transferencia de la autopista AP-9, de la que hoy el PP hace causa. Pero no quedó ahí. Sus maniobras parlamentarias y su manejo de los tiempos buscó siempre sacar rédito para los suyos. Un cálculo que le falló tras la presentación de la segunda y definitiva moción de censura contra Mariano Rajoy. Convocó la sesión sólo para seis días después, pensando que con ese escaso margen, PSOE y Unidas Podemos no tendrían tiempo de convencer a los nacionalistas.

Pero sucedió justo lo contrario: esa prisa permitió que las fuerzas estatales recabasen el apoyo de los grupos minoritarios sin ofrecer nada a cambio. A toro pasado, los impulsores de aquellas negociaciones ven a Pastor como “la gran instigadora de la moción” y no dudan de que su exceso de diligencia fue clave para alcanzar un final exitoso.

Tras la marcha de Mariano Rajoy, Pastor, y pese a asegurar que se lo habían pedido “muchos militantes”, no presentó candidatura a presidir el PP. Se refugió en su responsabilidad como presidenta del Congreso, desde donde seguía maniobrando en beneficio de los suyos, a través de la mesa de la Cámara, contra el primer Gobierno Sánchez. Entonces evitó elegir entre Casado y Sáenz de Santamaría mientras admitía que la negativa final de Feijóo a presentarse le había provocado “un disgusto gordo”.

Ese papel neutral, casi borbónico, que le gustaba representar, se repitió en el congreso del PP de 2018, donde ejerció como presidenta de la mesa electoral. Tras la derrota de su “amiga” Soraya, heredera oficiosa del marianismo, no dudó ni tardó en alinearse con Pablo Casado. Fue su número 2 por Madrid en las elecciones generales de 2019, en un guiño al sector fiel a Rajoy, pero también una de las dirigentes de su núcleo que más claramente le enseñaron la puerta tras su denuncia sobre las comisiones que cobró durante la pandemia el hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Su papel en la decapitación de Casado

En la eterna reunión de nueve horas en la que el comité de dirección del PP –los 12 dirigentes más próximos a él– convenció a Pablo Casado de que convocase a la junta directiva en la que acabó dimitiendo, Ana Pastor llegó a pedir al resto de sus compañeros que nadie se levantara de la silla hasta obtener lo que buscaban: el compromiso de que se haría a un lado para facilitar un cambio de liderazgo. Si Casado esperaba levantar un muro de contención, se encontró con un barranco. Y Pastor fue una de las que lo empujaron con más fuerza.

Con Feijóo al frente del partido, Pastor volvió a encabezar la lista al Congreso por Pontevedra mientras el nuevo líder fichaba como número dos a la ex de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz –también gallega, pero de Lugo– y llenaba los puestos de salida de la lista madrileña con sus afines. Aunque él se envuelva en la capa de heredero de Rajoy, hace mucho que no existe sintonía entre Feijóo y Pastor, esta sí amiga del expresidente del Gobierno. La vicesecretaria del partido regresó a la Cámara baja, pero su papel estaba más desdibujado. Y eso que se esforzaba en desarrollar un perfil más acorde con el que marca el actual PP. No dudó, por ejemplo, en utilizar las redes sociales para respaldar al portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, cuando éste defendió el acoso sufrido a bordo de un tren por el ministro Óscar Puente.

En la red X, antes twitter, Pastor se despojaba de esa aura de moderación que siempre la ha acompañado. En el año 2000, cuando presidía el Congreso, el periódico compostelano El Correo Gallego la nombraba Gallega del Año y la alababa como “la gran dama de la política”. Sin embargo, nueve años después, era una de las dirigentes que sujetaba la pancarta de Galicia Bilingüe contra la supuesta imposición lingüística del bipartito. Con Feijóo de viaje electoral en Argentina, fueron ella y Alfonso Rueda, entonces número dos del PPdeG, quienes defendieron la postura del partido. A su lado, Rosa Díez y un bisoño Albert Rivera. Los convocantes, convertidos ya en Hablamos Español, se mueven hoy en la órbita de Vox.

Sanxenxo y el Casino: la sociedad bien de Pontevedra

Aunque zamorana de nacimiento, Pastor (Cubillos, 1957) forma parte del clan de Pontevedra, el grupo de los más próximos a Mariano Rajoy y en el que también se ha hecho un perfil propio el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Son habituales en los veraneos de Sanxenxo y en esos bailes del Casino donde se sigue presentando en sociedad a las jóvenes. El marido de Pastor, José Benito Suárez, presidente de la autoridad portuaria de Marín desde hace 15 años –el segundo más longevo en toda la historia de los puertos españoles– es ese rostro anónimo que acompaña a Mariano Rajoy en sus habituales rutas de senderismo, una afición a la que se ha sumado en los últimos tiempos el jefe del ejecutivo gallego.

Fue Suárez –no Pastor– quien apareció en el vídeo electoral en el que amigos y familiares de Rueda hablaban del hombre detrás del político. Él fue el primero en desvelar el “defectillo” que marca el carácter del líder de los populares gallegos: la impuntualidad. “Tamén teño que dicir que isto fala no seu favor, é o último que se vai [tengo que decir que esto habla a su favor, es el último que se va]”, aseguraba en un fluido gallego, ese idioma contra el que se manifestó su mujer y que ni ella ni su amigo Mariano utilizan jamás en público.

Hoy, con su salto a la sanidad privada, Ana Pastor ha puesto fin a casi tres décadas de actividad política. De la guardia pretoriana de Rajoy ha sido, también, a última que se vai.

España vive un “cambio de régimen” que transita de la democracia a una “dictadura” por culpa de un presidente del Gobierno “ilegítimo”. PP y Vox han extendido esa tesis los últimos seis años, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Periódicamente, la deslegitimación del Ejecutivo pero también de las instituciones u organismos que no controla la derecha –como RTVE o el Tribunal Constitucional– se verbaliza de forma habitual por parte de los dirigentes conservadores desde 2018 y se amplifica por parte de algunos medios afines.

Recientemente, en la última semana, las direcciones de PP y Vox volvieron a desplegar sus argumentarios tras la “reflexión” de Sánchez y su posterior decisión de seguir en el poder.

“Lo que necesita España es un nuevo Gobierno democrático, con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro”, dijo esta misma semana Alberto Núñez Feijóo, dando a entender que el actual Ejecutivo no es democrático. “España no ha recorrido este largo camino desde la Transición para emular a regímenes que no creen en la plena libertad”, añadió. Santiago Abascal, por su parte, responsabilizó a Sánchez de un “escenario extremo provocado por un aprendiz de tirano”.

Esas mismas reflexiones llevan repitiéndose desde hace años. Y ese permanente cuestionamiento de la vigencia de la democracia ya tiene consecuencias en la ciudadanía, según constatan varias analistas consultadas por elDiario.es. “La ruptura de legalidad y legitimidad que pronuncian constantemente las derechas en sus discursos es uno de los mayores riesgos de futuro”, explica Carmen Lumbierres doctora en Ciencia Política y de la Administración y docente en la UNED. “La hipérbole continua sobre golpes de Estado, ruptura constitucional o la violación de la división de poderes consigue que el entramado democrático pierda valor”, añade.

Un fenómeno que se remonta a la victoria de Zapatero

Según su lectura, “la actitud constante en la derecha española, con unos años de excepción de Mariano Rajoy, es no dar legitimidad al gobierno de izquierdas con apoyos de los nacionalismos periféricos”. El fenómeno se da, según ella, desde la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004, con “su cuestionamiento” el bloqueo por parte del PP “a las principales leyes de reformas de derechos” o el “intento infructuoso de reforma del Estatut catalán”. Pero todo se agravó con el discurso de la ilegitimidad de la moción de censura de Sánchez.

“A partir de aquí, además, se le une el coro de la extrema derecha cuando aparece en las primeras votaciones nacionales. No ponen en duda la normativa que regula los procedimientos, pero cada vez más añaden incertidumbre sobre el proceso en sí mismo, la eficacia de Correos para desplegar el derecho al voto o las fechas elegidas para votar”, concluye.

La deslegitimación institucional de aquellos organismos de la izquierda fue también la principal política de la oposición de Pablo Casado, el líder del PP desde 2018 hasta 2022. En el Pleno de investidura de Sánchez de enero de 2020 Casado llamó “sociópata” y “presidente 'fake'” a Sánchez. En 2019, en un acto de su partido, el entonces líder del PP había llamado “traidor”, “felón”, “incapaz”, “incompetente”, “mediocre”, “mentiroso compulsivo”, “ilegítimo” y “okupa” al jefe del Ejecutivo. 

Dos años después, dirigentes del PP mantienen esa misma estrategia. El pasado martes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida llamó a Sánchez “macho alfa”, “caudillo populista” y “jefe de una trama corrupta”, entre otros descalificativos. Ayuso, que tampoco ha escatimado nunca en insultos contra el presidente del Gobierno, sumó esta semana más elementos a la tesis de la ilegitimidad al considerar que el Ejecutivo progresista defiende un “proyecto a la bolivariana”. A raíz de la carta con la que Sánchez anunció un periodo de “reflexión” la presidenta madrileña dijo que “es un hombre a la deriva, busca confundir, embarrar y victimizarse para promover el sentimiento de agravio”.

El efecto sobre los ciudadanos excluidos

María Elena Martínez Barahona, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, remarca que la permanente deslegitimación de las instituciones democráticas por parte de las derechas “puede tener y tiene un impacto en la percepción de las instituciones públicas”. “Puede socavar la confianza ciudadana en las mismas y, de hecho, la confianza hacia los políticos, partidos, justicia, gobierno o parlamento se encuentra resentida en la multitud de encuestas que se realizan”.

En su opinión, todo esto “debilita la democracia aumentando la desafección política”. “Si percibimos que las instituciones no representan nuestros intereses, se encuentran manipuladas por intereses partidistas o simplemente no confiamos en ellas lo más probable es que esto suponga un descrédito en las instituciones democráticas y un alejamiento de los canales de participación política activa. Y más entre aquellos ciudadanos que se sienten excluidos o marginados del sistema político”, remacha.

La profesora recuerda, además, que “otra de las consecuencias” de la estrategia de las derechas “es la polarización política tanto ideológica como afectiva” que “resiente también la confianza en las instituciones. ”Esta polarización afectiva hace referencia a las emociones: la distancia emocional entre aquellos que nos despiertan simpatía y aquellos que consideramos nuestros rivales“, apunta. ”Esa distancia, ese 'hooliganismo político', hace que no toleremos al otro. Los discursos anti-el otro conllevan a un aumento de esa polarización afectiva que nunca puede traer buenas consecuencias para las democracias que se basan en los consensos, en la tolerancia del otro, en el pluralismo, en la convivencia entre diferentes“, zanja.

En cuanto a la polarización afectiva el diagnóstico es similar por parte de Araceli Mateos, también profesora de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, aunque “más que con desafección” ella vincula la estrategia de la deslegitimación “con un descontento o insatisfacción con cómo se gestionan algunas cuestiones políticas”. 

El papel de los medios

Cuando se pregunta a la ciudadanía en encuestas de opinión pública qué sentimientos le inspira la política, algunos de esos sentimientos suelen tener connotaciones algo negativas. Mateos señala que, “generalmente”, el más mencionado es “desconfianza”, seguido de “aburrimiento”. “Pero esto no significa que la política sólo despierte sentimientos negativos, sino que también encontramos un porcentaje de personas que muestran su interés por la política y valoran el compromiso que implica”, apunta.

Actualmente, añade, los datos de desconfianza “están lejos de otros más llamativos y preocupantes como los que hubo en torno a 2007 (donde la desconfianza alcanzó sus máximos) y que pudieran ser un indicador de agotamiento de la ciudadanía con la situación política”. Por eso relaciona la situación actual “con la afinidad política, o la experiencia más directa que cada persona tiene con la política, para poder entender los grados de desconfianza, o qué hay detrás de esa desconfianza”.

Respecto a comportamientos antidemocráticos que pudieran surgir ante la deslegitimación permanente del sistema por parte de las derechas Martínez Barahona señala que ya hay indicios de que la citada “polarización afectiva” como “causa de muchas de estas estrategias” de PP y Vox “influye en las actitudes y en los comportamientos políticos”, aunque apunta que “la evidencia del impacto de la polarización afectiva en el apoyo a la democracia es, hasta ahora, escasa”. 

“Lo que es incontestable”, a su juicio, “es que el aumento de los niveles de polarización afectiva plantea retos considerables al proceso democrático”. Por lo tanto, en su opinión “es un deber inexcusable y un ejercicio de responsabilidad política tratar de reducir dichos niveles”. “Y para esto se necesita también el concurso de unos medios de comunicación que no desinformen ni 'toxifiquen' el ambiente político amplificando discursos extremistas y polarizantes”, concluye.

El Partido Popular ha dado por amortizado a Pedro Sánchez casi desde que asumió la Secretaría General del PSOE, hace ahora una década. En 2014 pocos pensaban que aquel joven e inexperto político, aupado por la misma nomenklatura socialista contra la que luego se revolvió, llegaría a donde llegó. Incluso cuando puso un pie en la Moncloa la derecha política y mediática dio por hecho que duraría un suspiro. Un lustro después, Sánchez sigue como presidente. Pero la oposición cree que, ahora sí, el ‘caso Koldo’ supondrá su caída, como antes lo pensó con otras crisis que pusieron en duda su capacidad de resistencia.

“Pedro Sánchez llegó al Gobierno de España abanderando el Gobierno de la dignidad. Se ha convertido en el Gobierno de la indignidad”. Así se despachó este viernes el portavoz del PP contra el líder socialista en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en la que insistió en reclamar la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por haber comprado material a la trama.

Borja Sémper se refería a la moción de censura que llevó a Sánchez al Gobierno en 2018. Porque el primero que pensó que el hoy presidente no le duraría mucho fue su predecesor en la Moncloa, Mariano Rajoy. De hecho, en octubre de 2016 vio cumplida su premonición cuando un golpe del poder interno del PSOE terminó con el primer mandato de Sánchez como secretario general mientras el entonces líder del PP retenía el poder gracias a la abstención de la mayoría de los diputados socialistas.

Pero Sánchez volvió y puso en marcha su ‘Manual de Resistencia’. A bordo de un Peugeot recorrió España y, de la mano de José Luis Ábalos, recuperó el control del PSOE en unas primarias que derrotaron a Susana Díaz. Aquel coche lo conducía un tal Koldo García. Hoy, García y Ábalos se han convertido en dos apestados al estar, el primero de ellos, en el centro de la trama corrupta que investiga la Audiencia Nacional. Uno por acción, el otro, de momento, por haber elegido como asesor al primero.

Sánchez volvió y el PP naufragaba. Un año después de las primarias del PSOE, la Audiencia Nacional condenó al partido de Rajoy por la Gürtel. La moción de censura aupó al líder socialista a la Moncloa de la mano de una incierta mayoría plurinacional de difícil gestión.

Esa fue la segunda prueba que el PP pensó que Sánchez nunca superaría. A principios de 2019 ERC tumbó el proyecto de Presupuestos Generales y la derecha reunió a decenas de miles de personas en la Plaza de Colón contra las negociaciones entre el PSOE y los independentistas para las cuentas públicas.

“Este es el final de una legislatura agotada”, dijo Albert Rivera, entonces líder de Ciudadanos y hoy fuera de la política tras hundir a su partido. Junto a él compartieron escenario Pablo Casado (líder del PP) y Santiago Abascal (Vox). En Colón nació el ‘trifachito’. Y en Moncloa vieron la oportunidad. Rivera acertó, la legislatura estaba muerta. Pero las elecciones de abril del 2019 no supusieron el final de Pedro Sánchez, sino que depararon un triunfo del PSOE.

El PP cosechó su peor resultado: 66 diputados. Ciudadanos estuvo cerca (50) y Vox entró al Congreso con una veintena de escaños. 

La llegada de Pablo Casado al liderazgo del PP tras la marcha de Rajoy supuso una completa renovación del partido. Casado perdió las primarias frente a Soraya Sáenz de Santamaría, pero se impuso en la segunda vuelta gracias al apoyo de María Dolores de Cospedal. Su primera cita electoral fue un tremendo fiasco. La segunda no fue mucho mejor. 

La falta de acuerdo en el verano de 2019 entre el PSOE y Unidas Podemos provocó una repetición de los comicios que la derecha no supo aprovechar. Fue la tercera vez que en el PP se frotaron las manos esperando la caída de Pedro Sánchez.

No ocurrió. El PSOE y Unidas Podemos perdieron apoyos en los comicios de noviembre de 2019, pero mantuvieron números para un Gobierno de coalición. El primero desde la restauración de la democracia y sustentado en una compleja mayoría parlamentaria tan débil que Pedro Sánchez superó su investidura en segunda votación y por los pelos. Algunos rezaron por un nuevo ‘tamayazo’.

En el PP le dieron pocos meses de vida al “Gobierno más radical de la historia”, según las palabras de Pablo Casado en la investidura de Sánchez. El líder de la derecha se había dejado barba y se preparaba para una oposición “dura” y sin cuartel, convencido de que la alianza de socialistas y postcomunistas con la izquierda y la derecha nacionalista sería inviable.

El PP consideró desde el inicio “ilegítimo” al Gobierno de Sánchez. Y la pandemia no solo no hizo que aflojara la oposición, sino que la redobló. Porque la derecha vio en la crisis sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus otra nueva oportunidad de hacer caer al Ejecutivo de coalición. Se intentó tumbar a Sánchez hasta en los tribunales con artimañas que fracasaron.

Casado se enfrentó hasta con sus socios europeos, con Ursula Von der Leyen a la cabeza, para intentar poner en apuros al Gobierno y su creciente relevancia en Europa. El PP se opuso a todo lo que pudo: pactos de Estado, declaraciones de estado de alarma y a la gestión de los fondos comunitarios. También a la reforma laboral, a todos los presupuestos, mantuvo bloqueado el Poder Judicial (salvo cuando pudo controlarlo “por la puerta de atrás”).

Por supuesto, el PP rechazó los indultos a los líderes independentistas encarcelados. Y volvió a sacar a la calle a decenas de miles de españoles que se oponían a la medida de gracia en una nueva ‘foto de Colón’. Pero mientras la presión política subía el Gobierno de coalición consolidaba su mayoría parlamentaria, que en algunas partidas alcanzó los 190 votos a favor.

El PP de Casado convirtió la oposición en un “no a todo”. Y, al final, el “no” lo recibió él, y de su propia gente. En febrero de 2022 un golpe de mano de los barones autonómicos acabó con Casado fuera de la política. La justificación: una dura guerra con Isabel Díaz Ayuso por el control del PP de Madrid que se recrudeció a cuenta de las comisiones que el hermano cobró por la importación de material sanitario durante la pandemia.

Dos años después, ya no está Pablo Casado al frente del PP, sino Alberto Núñez Feijóo. Y se ha dado la vuelta a la tortilla porque ahora es el Gobierno quien afronta un escándalo de corrupción relacionado con comisiones durante la pandemia.

Pero hasta llegar a esta situación Feijóo ha pasado por situaciones similares a las de Casado. En muchos casos, análogas. La llegada del expresidente de la Xunta a Madrid vino acompañada de un subidón del PP en las encuestas. Las mismas que habían hecho creer al equipo de Casado que su llegada a la Moncloa era una cuestión de tiempo: Sánchez iba a caer como fruta madura. 

Pero no sucedió. Feijóo no ha logrado en dos años desbancar a Sánchez de la Moncloa. Ni con los indultos ya aprobados, la crisis de inflación provocada por la guerra de Ucrania, la bronca entre Sumar y Podemos que limitó sus opciones electorales, y sin cuyo concurso el PSOE no puede aspirar a gobernar. Tampoco sin el resto del arco parlamentario que no ocupa la derecha española. 

Feijóo lo ha intentado todo. Como su predecesor, ha desacreditado al Gobierno de su país ante las instituciones europeas, que no han cedido en su apoyo a Sánchez. Boicoteó la renovación del Poder Judicial cuando el Ejecutivo cerraba con ERC la reforma de la malversación y la derogación de la sedición. Y ha mantenido su “no a todo” como estrategia de oposición.

El líder gallego creía tenerlo en sus manos. Lo tuvo, de hecho. Tras el triunfo del PP en las municipales y autonómicas de mayo de 2023, Sánchez convocó elecciones de forma inmediata. Todas las encuestas le daban a la derecha una amplia mayoría que permitiría a Feijóo gobernar, seguramente con el apoyo de Vox. 

Pero no ocurrió. Sánchez resistió. Y ató el apoyo de Junts que Feijóo no logró, aunque sopesó la amnistía y se plantea un indulto a futuro como forma de “reconciliación” en Catalunya. 

El presidente del Gobierno logró su tercer mandato en otoño de 2023. Pocos meses después, la legislatura pende de un hilo. Las negociaciones para la amnistía están encalladas, los Presupuestos de 2024 no están ni presentados. Por no tener, el Ejecutivo de coalición no tiene aprobada aún la preceptiva senda de estabilidad. 

En el momento quizá más delicado para el líder socialista desde que accedió a la Moncloa, a Sánchez le ha estallado un caso de corrupción que le salpica porque se produjo en el ministerio de quien fuera su mano derecha en el partido y uno de sus principales hombres en el Gobierno hasta que lo destituyó de manera fulminante en julio de 2021. Aquel cese está sin explicar, y en el PP creen que tiene que ver con el escándalo de las mascarillas.

En el edificio que se levanta en el número 13 de la calle de Génova, en Madrid, dan otra vez por muerto a Sánchez. Lo dicen en privado, pero también en público. Tras el pase de Ábalos al Grupo Mixto, el PP ha puesto la proa a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuyo Gobierno autonómico compró mascarillas a la trama ahora destapada. Y confían en acorralar al presidente en la comisión de investigación del Senado hasta hacerle imposible resistir.

El PP cree que las posibles ramificaciones que puedan tocar a su partido no serán determinantes. Dan el caso del hermano de Ayuso por amortizado. Y confían en que la comisión de investigación planteada por el PSOE en el Congreso no servirá de nada porque los aliados nacionalistas no querrán que el Estado se meta en cómo gestionaron sus gobiernos aquellos meses de 2020. Ahora está por ver si el manual de resistencia de Pedro Sánchez sigue vigente.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? ¿Has abandonado ya los buenos propósitos que te fijaste para 2024? Una de estas aspiraciones de buena parte de la humanidad es tratar de reducir al máximo posible el consumo de combustibles fósiles. Hay fechas, propuestas, normas, planes de acción, dinero... Sin embargo, la realidad es que el petróleo sigue marcando nuestras vidas. A pesar de todos los avisos y amenazas del cambio climático, las petroleras siguen ganando y dictando la marcha de la economía. En España es evidente: nuestro país sigue enganchado al petróleo y el gas, cuyo peso en el consumo total de energía volvió a crecer en 2022 hasta rozar el 70%, la cota más elevada desde 2010 (lo puedes ver en el gráfico de abajo). 

La Secretaría de Estado de Energía destaca como “uno de los datos más relevantes” de 2022 la recuperación del porcentaje de consumo de productos petrolíferos: gasolinas y gasóleos, querosenos, fuel, gases licuados del petróleo y otros derivados como lubricantes, productos asfálticos o coque. En esta información te explicamos cómo los productos petrolíferos y el gas copan el consumo de energía en España. 

No es que no se hayan dado pasos adelante. De hecho, en 2023 se alcanzó el hito de que las renovables generen más de la mitad de la electricidad en España: la fuerte producción eólica, que ha vuelto a ser la primera fuente en 2023, la aportación de la fotovoltaica y la mejora de la producción hidroeléctrica, pese a la sequía, han conseguido que en el año pasado se registre un nuevo máximo de 180 días con mayoría de generación con energía limpia, casi el doble que en 2022.

Entonces, ¿cuál es el problema? La fuerte dependencia del gas para generar electricidad, la pobre implantación del coche eléctrico así como el escaso desarrollo de la electrificación de la economía. Hay demasiados intereses en la defensa de los combustibles fósiles. 

Entre los más activos en la defensa de los intereses petrolíferos están, claro, los directivos de Repsol. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, dijo en el Foro Económico Mundial de Davos que la manera de abordar la descarbonización desde Europa se basa en “una aproximación ideológica”, como si el cambio climático no fuera una realidad. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, le respondió a Imaz que su argumento era “crecientemente decepcionante” y “populista”. Pero para entender la fuerte influencia de estas empresas, solo hay que ver el salto que dio el PNV en defensa del directivo de la petrolera por boca de la eurodiputada nacionalista vasca Izaskun Bilbao. El PNV es un socio necesario para el mantenimiento del Gobierno de coalición. Aquí te explicamos la polémica.

No es el único movimiento para obstaculizar la transición ecológica. El Partido Popular Europeo quiere revertir la prohibición de la venta de coches de gasolina y diésel a partir de 2035, una de las principales medidas de la agenda verde europea, a la que ya se opuso en el Parlamento Europeo. 

Los coches eléctricos son todavía excesivamente caros y la industria europea del automóvil está más preocupada por frenar (en los pasillos de la Comisión Europea) la entrada de eléctricos chinos y estadounidenses que en desarrollar modelos más accesibles para el público europeo. En España, las ventas de coches eléctricos puros no despegan y se quedan por debajo del 6% en 2023.

Eso sin contar que las administraciones no han hecho todos los deberes que tendrían que haber abordado. Por un lado, eléctricas, fabricantes de coches, consumidores o estaciones de servicio reclaman que el Gobierno publique ya un mapa de electrolineras con información “fiable” como una de las medidas para impulsar la electrificación de la movilidad, en la que España está a la cola de Europa. La Ley de Cambio Climático preveía que la DGT pusiera en marcha esta herramienta en mayo de 2022. Siguiendo con los cargadores, el Ministerio de Defensa ha denunciado la “opacidad” del mercado español de recarga de vehículos eléctricos y cómo esto dificulta las licitaciones públicas para contratar estos servicios.

Y no es un problema de que falte dinero. Once comunidades autónomas no han ejecutado ni el 50% de los fondos para energía (movilidad, eficiencia y renovables) del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) que gestionan las regiones, con cuatro de ellas (Canarias, Balears, Murcia y Extremadura) que no han llegado ni de lejos al 20%. 

Así, la petroleras seguirán ganando. Todos perdemos. 

El Gráfico

La economía de España se está transformando por completo. Aunque la inversión de las empresas y de las familias en “capital fijo” es uno de los elementos que no se han recuperado de los niveles previos a 2020. Según datos del INE, en el tercer trimestre del año pasado aún estábamos a casi 3 puntos porcentuales del montante inversor anterior a la pandemia. La situación ha cambiado: la vivienda llegó a copar 4 de cada 10 euros de la inversión en “capital fijo” antes de 2008; ahora solo es 2,9 euros de cada 10. La gran diferencia es el mayor peso de sectores relacionados con la innovación, la ingeniería o las energías renovables. Aquí puedes leer cómo la inversión crece un 30% desde 2013 con menos dependencia de la vivienda y un máximo en innovación. 

La caída en la inversión en vivienda es relevante, teniendo en cuenta el problema para la compra o el alquiler que sufren, sobre todos, los jóvenes y los colectivos vulnerables. En noviembre de 2023, último mes con datos, la compraventa de viviendas amplió su caída un 15,1% y encadena 10 meses de descenso. Altos tipos de interés que hacen inviable pagar una hipoteca y precios de alquiler por las nubes. ¿Quién esta manejando el mercado inmobiliario? Un estudio de Funcas ha revelado que el deterioro del acceso a la vivienda en España responde al aumento persistente de los precios impulsado más por la demanda especulativa -mayorista y no residente- y no por la demanda minorista residencial. En este artículo te lo contamos.  

El Dato

43.600 funcionarios 

Se van a jubilar en los próximos cinco años. Estamos hablando del 22% de las plantillas que conforman el sector público. El problema generacional se incrementa si la mirada se amplía a un horizonte de 15 años: el grupo de trabajadores que tiene ahora más de 50 años roza el 60% de toda la fuerza laboral del sector público estatal. Los recortes que el Gobierno del PP acometió durante la gran crisis financiera se han traducido en un aumento del desfase generacional: se restringió la convocatoria de ofertas de empleo público que no llegaron a cubrir la salida de personal jubilado. Sin una buena plantilla de funcionarios no es posible dar una adecuada asistencia de servicios públicos. Estamos hablando de sanidad, educación, dependencia, justicia, búsqueda de empleo, asistencia a ancianos... lo básico para conformar el Estado del Bienestar de una sociedad civilizada. Aquí tienes más información sobre la jubilación de miles de funcionarios y su impacto en los servicios de la Administración Pública. 

Entrepreneur

La tensión bélica en el mundo se dispara y siempre hay gente preparada para hacer negocio. Hyperion Fund FCR es el fondo que han creado nuestros 'entrepreneurs' de la semana, el ex presidente del PP Pablo Casado y Ricardo Gómez-Acebo Botín —sobrino de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín— junto a expertos del sector. El vehículo inversor de Casado y Gómez-Acebo se define como “el primer fondo de capital riesgo en España enfocado en los ámbitos aeroespacial, de ciberseguridad e inteligencia artificial”, siguiendo las últimas tendencias de la industria bélica. Pretende captar 150 millones de euros para impulsar este tipo de inversiones. Israel ya está utilizando en Gaza este tipo de armamento con las consecuencias que se conocen: una matanza que supera los 25.000 muertos. Aquí te contamos de qué va la inteligencia artificial militar en la que va a invertir Pablo Casado y sus socios. 

Cada vez que habla sube el pan

Esto llevó a la percepción pública de que el BCE vivía en una especie de realidad paralela. Se tomaron medidas demasiado tarde, lo que finalmente provocó una pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos europeos del 10% al 20%.

Trabajador anónimo del Banco Central Europeo (BCE)

Christine Lagarde tiene un grave problema en su propia casa. Los trabajadores del Banco Central Europeo (BCE) respondieron a una encuesta donde dejaron patente el descontento con la gestión de su presidenta porque no es “competente” y porque “la mayor parte del tiempo no se dedica a su cometido, sino a hablar de política”. “Lagarde se comporta como una autócrata, del tipo haz lo que digo, no lo que hago”, responde anónimamente, como en la frase elegida arriba, uno de los empleados. La plantilla está “muy insatisfecha con su gestión: el 73% de los empleados no la aprueba”. El suspenso de Lagarde se extiende a todo el Comité Ejecutivo, que completan el vicepresidente Luis de Guindos, el economista jefe y otros miembros, como la alemana Isabel Schnabel. La confianza para el 59% de la plantilla en el principal órgano del BCE es “baja o inexistente”. Aquí tienes mucha más información de la pésima visión de los empleados del BCE sobre su presidenta, Christine Lagarde. 

Con esta situación se presenta este jueves una nueva reunión del BCE en la que parece que no habrá cambios en la política monetaria. Mientras, las empresas siguen exprimiendo la crisis de inflación: los márgenes de beneficios se han disparado en la mayoría de sectores, especialmente en las grandes compañías de la agricultura, la industria y las eléctricas. Aquí te lo contamos.  

Bien público

Una nueva decisión judicial echa por tierra el mito de que la derecha cuando llega al Gobierno gestiona mejor la economía. El último revés judicial a la política económica de los Ejecutivos del Partido Popular (PP), que presidió Mariano Rajoy durante la crisis financiera, agrava el agujero millonario en las arcas públicas. El Tribunal Constitucional decidió tumbar una de las medidas que tomó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda en 2016 para cumplir con el déficit: limitar las deducciones de las grandes empresas. Este nuevo roto en las cuentas públicas podría alcanzar hasta los 7.000 millones, dependiendo de cuántas empresas hayan reclamado ante los tribunales. Otra de las grandes medidas de Montoro y el ejecutivo de Rajoy que tumbó el Constitucional fue la amnistía fiscal de 2012, Además, habría que añadir 50.000 millones por el rescate a la banca de 2012, que no iba a costar ni un duro público, según Luis de Guindos, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), o los 35.000 millones que engordaron la deuda pública de nuestro país por el fiasco de la Sareb, el conocido como “banco malo”, según exigió Eurostat (la institución de estadística de la UE). Pero es que hay muchas más pifias del Gobierno de la derecha que nos están costando un dineral a todos. Aquí tienes un reportaje de Daniel Yebra y Antonio M. Vélez sobre la ruina que dejó de herencia la política económica del Partido Popular.  

Nos gusta la competencia

En esta sección te presentamos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Aquí acaba este boletín. Espero que lo hayas disfrutado y te haya parecido interesante. Volvemos a vernos el próximo jueves, pero si mientras quieres escribirnos con alguna propuesta o idea, este es nuestro correo: contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

Apúntate a Contraoferta, todos los jueves en tu buzón

Acepto las condiciones de uso y privacidad

Apúntate

La primera guerra en Europa en dos décadas. La ofensiva total de Israel contra la franja de Gaza. El intercambio de bombardeos entre Irán y Paquistán. Los ataques a cargueros. La militarización de la frontera sur de EEUU. La amenaza china de recuperar Taiwán por la fuerza. La tensión bélica en el mundo se dispara y eso siempre son buenas noticias para las empresas de armamento. También, cada vez más, para las empresas de tecnología e inteligencia artificial.

Este lunes se ha presentado oficialmente Hyperion Fund FCR para explotar ese nicho de mercado. Se trata de un fondo encabezado por el exsecretario general del PP Pablo Casado, Ricardo Gómez-Acebo Botín —sobrino de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín— y dos expertos de la industria de armamento para invertir en tecnología militar como de “doble uso”, termino empleado para el material militar que puede aplicarse también en contextos civiles.

Hyperion se autodenomina “el primer fondo de capital riesgo en España enfocado en los ámbitos aeroespacial, de ciberseguridad e inteligencia artificial”. Se trata de tres ramas de la industria tecnológica que, por separado, llevan mucho tiempo habituadas a que sus empresas se conviertan en contratistas militares. Los drones, los equipos de hardware y software dedicados a la ciberguerra o la evolución del armamento autónomo son terrenos en los que el avance civil y el militar van de la mano.

El gran salto que ha tenido lugar en el último año, a la par que se desarrollaban las inteligencias generativas del ámbito civil, es la integración de la tecnología aeroespacial, la de ciberseguridad y la de IA, en una sola herramienta militar. Sistemas de algoritmos de aprendizaje automático capaces de recoger datos de muy diversas fuentes, analizarlos, interpretarlos y tomar decisiones estratégicas en base a ellos.

El mejor ejemplo de esta nueva tecnología es el sistema que Israel denomina “El Evangelio”. Se trata de una herramienta que su ejército está utilizando para que le seleccione de manera constante personas y lugares a atacar en La Franja. “Una máquina que produce cantidades enormes de datos con más eficacia que cualquier humano, y los traduce en objetivos para el ataque”, presumía antes de la guerra Aviv Kochavi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes hasta enero de 2023.

“Cada brigada dispone ahora de un sofisticado aparato de inteligencia similar al de la película Matrix, que proporciona inteligencia en tiempo real”, continuaba Kochavi en una entrevista: “Es la guerra del futuro”. Aunque el funcionamiento de El Evangelio es secreto, los analistas presumen que analiza datos recogidos por drones y por herramientas de ciberespionaje como Pegasus para detectar patrones de conducta tanto de individuos como de grandes grupos de personas y relacionarlos con Hamás. Gracias a ello los bombarderos israelís tienen una lista de 100 objetivos al día en vez de 50 al año, según Kochavi.

Al igual que ocurre con la IA generativa del mundo civil, las decisiones de este tipo de inteligencia artificial militar no resultan transparentes ni para sus propios desarrolladores. El ejército israelí asegura el sistema causa “un daño mínimo a los no combatientes”, pero las imágenes de Gaza y las cifras de fallecidos, que ya superan las 25.000, lo contradicen.

“No pueden decirte cómo han escogido a los objetivos. No pueden decir si hay algún error, si se podría afinar el sistema, si se podría corregir. Son preguntas para las que no tienen respuesta”, denuncia Tica Font, fundadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau. “Para convertirlo en un arma totalmente autónoma solo es necesario dar al sistema la capacidad de lanzar un dron armado y disparar. Así el sistema informático habría marcado un objetivo, hecho un seguimiento, tomado la decisión y atacado sin intervención humana”, avisa.

De ChatGPT al Pentágono

El fondo de Pablo Casado quiere captar 150 millones de euros para empezar a impulsar las inversiones en este campo, priorizando las que se den en el entorno español. “Las tecnologías en las que invertirá Hyperion están experimentando un gran crecimiento en todo el mundo”, afirma el fondo, que dice tener “muy avanzada una cartera de proyectos con una alta rentabilidad estimada, que constituye para los potenciales inversores una oportunidad de diversificación financiera y de diferenciación sectorial, al ser uno de los primeros fondos europeos en esta vertical”.

La inversión en IA se ha convertido en una de las más atractivas para inversores de todo el mundo. Microsoft acaba de convertirse en la empresa más valiosa del mundo gracias a su apuesta por esta tecnología y su alianza con OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT. Una organización que nació como un laboratorio de investigación sin ánimo de lucro pero que ahora está centrada en rentabilizar al máximo sus productos y que acaba de cambiar sus estatutos para habilitar su uso militar.

La compañía, que promociona cada uno de sus avances como claves en el desarrollo de la humanidad, llevó a cabo la modificación en silencio. Hasta hace dos semanas, las políticas de uso de OpenAI prohibían una lista de “actividades con alto riesgo de daño físico”, que incluían el “desarrollo de armas” y el uso “militar y bélico” de ChatGPT y el resto de sus herramientas. En la nueva política las referencias a “militar y bélico” han desaparecido, así como la lista de actividades prohibidas.

“No utilices nuestros servicios para hacerte daño a ti mismo o a otros. Por ejemplo, no utilices nuestros servicios para promover el suicidio o autolesionarte, desarrollar o utilizar armas, herir a otros o destruir propiedades, o participar en actividades no autorizadas que violen la seguridad de cualquier servicio o sistema”, es la nueva redacción.

Tan solo unos días después de este cambio, OpenAI confesaba que ha empezado a colaborar con el Pentágono. Oficialmente, para desarrollar “herramientas de ciberseguridad”, afirmó Anna Makanju, vicepresidenta de la organización. Sobre el cambio de políticas, aseguró que se debe a que “mucha gente pensaba que prohibiría este tipo de casos de uso, que la gente cree que están muy alineados con lo que queremos ver en el mundo”. Se trata de la misma empresa cuyo CEO firmó un manifiesto alertando de que la IA tiene un potencial nocivo para la humanidad comparable al de la bomba nuclear.

Auge de la IA militar sin regulación

OpenAI no es ni mucho menos la única startup de Silicon Valley en la que el Departamento de defensa de EEUU ha puesto sus ojos. Empresas como Mach Industries, que desarrolla vehículos militares y municiones propulsadas por hidrógeno para el ejército; o Anduril Industries, que desarrolla sistemas de IA y robots enfocados a las armas autónomas, han cerrado millonarias rondas de financiación en los últimos meses.

“En materia de regulación, prácticamente todos los debates que se han dado se refieren al uso civil de la inteligencia artificial”, dice Tica Font. Excluyendo las armas autónomas, todos los demás ámbitos militares a los que puede aplicarse esta tecnología se encuentran en un limbo normativo. “Puede que incluso los militares estén incómodos con esta situación, porque es un ordenador el que les dice a quien hay que matar y ni siquiera ellos saben por qué”, expone.

“El problema está en los estados. La posición que están tomando en estos debates es la de no regular, porque quien invente el prototipo de éxito se va a quedar con el negocio económico y con la ventaja militar. Así que no hay disposición de hacer avances”, lamenta la especialista en economía de defensa y comercio de armas.

Otra reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sin acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y van tres desde que el líder del PP tomó las riendas del partido, en abril de 2022. Eso sí, Feijóo y Sánchez han pactado retomar las negociaciones, pero con la intermediación de la Comisión Europea. El jefe de la oposición planteó este viernes la supervisión de una figura internacional, y se comparó con lo que le han exigido Junts y ERC al Ejecutivo: “Si del Gobierno no se fían sus propios socios nosotros tampoco podemos fiarnos”. Un nuevo giro, una nueva petición para la colección que el PP acumula desde hace un lustro, el tiempo que la derecha mantiene bloqueado el órgano de gobierno de los jueces.

El bloqueo comenzó con Pablo Casado en 2018 y continúa con el dirigente gallego. Ambos han encadenado excusas y reclamaciones para impedir una renovación que interesa más allá de las fronteras de España, en Bruselas. Desde la Comisión Europea abogan en público y en privado desde hace muchos meses por una solución inmediata que no llega. Y no llegará, de momento. Pese a que el pasado viernes se pactó retomar las conversaciones, ninguno de los implicados se atreve a poner fecha a un hipotético acuerdo.

Feijóo llegó a la cúspide del PP con la vitola de presidente autonómico moderado, dialogante, pactista y alejado del ruido que había dominado a la dirección de su partido desde que Casado la asumió en el verano de 2018. Pero quien más cerca estuvo de cerrar el acuerdo fue precisamente Casado ese mismo año. De hecho, PP y PSOE cerraron la lista de los nuevos 20 vocales del CGPJ, quienes elegirían como presidente del Tribunal Supremo a Manuel Marchena. Pero un sms filtrado a la prensa desde dentro del propio PP dio al traste con el pacto.

“Y además controlando la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) desde detrás y presidiendo la sala 61”, dejó escrito el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea”, alardeó. Marchena, señalado directamente por el mensaje, renunció. El PP bloqueó el acuerdo. Y hasta hoy.

La historia se repitió en octubre de 2022, cuando se desbarató el acuerdo que PP y PSOE tenían al alcance de la mano. Siete meses antes, Feijóo había aterrizado en Madrid con una colección de pactos de Estado que ofreció al presidente del Gobierno en su primera reunión formal en el Palacio de la Moncloa como jefe del Ejecutivo y líder de la oposición. Ambos acordaron “reiniciar” la negociación para renovar el CGPJ.

Las conversaciones se perfilaron en el otoño de ese mismo año. Justo cuando el Gobierno negociaba con ERC el apoyo a los Presupuestos Generales. Los independentistas exigieron la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación. Una negociación que nunca se ocultó y que corrió pareja a la que el Ejecutivo mantenía con el PP para el Poder Judicial.

El acuerdo PSOE-PP estaba ya prácticamente cerrado no solo en la renovación del CGPJ. Feijóo había logrado imponer, además, buena parte de su agenda y ampliar la negociación a otros ámbitos: entre otras, la reforma de los nombramientos del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía General del Estado, así como limitar la influencia de las Cortes Generales en la designación de vocales del Poder Judicial.

Pero la presión de la derecha mediática y del propio PP, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, dio vértigo a Feijóo, quien mandó parar. El gallego consideró “imposible” negociar en una mesa mientras en la de al lado se cerraban las reformas del Código Penal que exigían los independentistas. “Los pactos de Estado llegarán con otro PSOE”, zanjó. Un año después, Feijóo se desdice de sus propias palabras.

Cadena de excusas

En los cinco años que el PP ha evitado renovar el CGPJ, cuya composición responde al resultado de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, tanto Casado como Feijóo han transitado de una excusa a otra para justificar su rechazo a negociar la renovación, o a bloquearla cuando se acercaba su culminación.

Casado rompió las negociaciones por culpa de una filtración de su propio partido, que dejó señalado a Marchena. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo renunció al encargo, lo que reseteó las conversaciones.

El entonces líder del PP, hoy desaparecido de la vida pública, puso luego diferentes pretextos para no avenirse a renovar el CGPJ y mantener de paso una mayoría conservadora que duplica ya el mandato que la Constitución establece para los vocales del órgano. Por ejemplo, las críticas del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a Juan Carlos de Borbón y su exilio en Abu Dabi en plena investigación judicial de sus finanzas. “No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de batasunos”, dijo Casado. Era verano de 2020 y la pandemia dominaba la conversación.

Ese mismo año el PP estrenó la novedosa petición de que 12 de los 20 vocales del CGPJ los elijan los jueces en solitario, y no el Congreso y el Senado, como ocurre desde los años 80 del siglo pasado. Una reforma de la ley que el PP nunca ha planteado cuando ha tenido la mayoría parlamentaria, ni siquiera durante las dos absolutas que le permitían legislar a su antojo. De hecho, Alberto Ruiz Gallardón redujo como ministro de Justicia la independencia del órgano. Antes de llegar a 2021, el PP de Casado también esgrimió como excusa el ‘sí’ de EH Bildu a los Presupuestos del ejercicio siguiente.

Con el nuevo año, Casado vio cómo su partido se estrellaba en las elecciones en Catalunya: últimos, con 3 escaños; la mitad que Ciudadanos y casi un tercio menos que Vox. La reacción: anunciar la venta de la sede nacional de la madrileña calle de Génova (que nunca se produjo) y retomar las conversaciones con el Gobierno para renovar determinadas instituciones.

El PP logró un pacto para que el Congreso designara un nuevo consejo de administración para RTVE tras una extraña votación que echó al traste con el nuevo sistema de designación pactado en el Parlamento. Pero el CGPJ volvió a quedar bloqueado, esta vez porque Casado vetó las dos propuestas de Unidas Podemos: la jueza Victoria Rosell (entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género) y el también magistrado  José Ricardo de Prada, a quien el PP ha vuelto a señalar en público este mismo mes.

Luego llegaron las elecciones autonómicas en Madrid o los indultos. Todo excusas para no renovar el CGPJ, mientras sí se desbloqueaban otros órganos como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos e incluso un tercio del Tribunal Constitucional. Pero no el Poder Judicial. Casado se enfangó contra Isabel Díaz Ayuso y el partido optó por defender a la baronesa madrileña y buscar en Galicia al “barón de barones”, el hombre de las cuatro mayorías absolutas, para intentar ganar a Pedro Sánchez en las urnas y pacificar el partido.

Feijóo: no, no y no

Casado aspiraba a sustituir rápido al primer Gobierno de coalición que se constituía en España desde el primer tercio del siglo XX. Pero el Ejecutivo le sobrevivió. En el PP que controlaba Teodoro García Egea hacían el cálculo de que la coalición entre Unidas Podemos y el PSOE, con una compleja mayoría parlamentaria, decaería por sí misma. 

Es la misma cuenta que echan ahora en el número 13 de la calle de Génova de Madrid, donde fantasean con que el Gobierno de PSOE y Sumar no supere el 2025. Es el mismo equipo que daba por hecho que Sánchez no superaría las elecciones de julio de este 2023.

Y mientras tanto, el PP de Feijóo mantiene una posición maximalista. Todo o nada. Pese a no tener la mayoría suficiente (ni ahora ni en la pasada legislatura), la derecha aspira no solo a un reparto al 50% de los vocales del Consejo, sino a imponer su reforma del sistema de designación para el futuro, pese a que el Congreso ya la ha rechazado en varias ocasiones. Y Feijóo lo tuvo en su mano. Pero no lo hizo. “Le temblaron las piernas”, según palabras del Gobierno en aquel octubre de 2022.

Desde entonces, el líder del PP ha mantenido una bamboleante negativa. Unas veces acepta renovar primero y cambiar el sistema de nombramiento después; otras, la exigencia pasa por renovar el CGPJ ya con una nueva ley. 

Siempre con la bandera de la independencia judicial que mandata Bruselas por delante. El problema para el PP es que la Comisión Europea ha dicho que hay que acometer ya el desbloqueo del CGPJ y, luego, renovar la ley. De hecho, el comisario Didier Reynders, con quien el PP presume de afinidad pese a no compartir grupo político, no ha dicho que el sistema propuesto por los de Feijóo sea el único aceptable.

En mayo, justo antes de las elecciones municipales y autonómicas, Feijóo elevó al máximo la tensión al decir que era imposible la renovación si no se imponía su sistema. El fiasco del 23J ha hecho retroceder el ímpetu del líder de la oposición, quien ahora vuelve a la casilla de renovar y reformar “a la vez”.

Pero en estas ha llegado la ley de amnistía. Una aparente línea roja para Feijóo que, a diferencia de lo que ocurrió con la sedición y la malversación, no imposibilita el acuerdo. Lo dificulta, pero no es motivo de ruptura, al menos de momento. Tampoco la moción de censura en Pamplona con la que el PSOE aupará a la Alcaldía a EH Bildu. Pese a que el PP ha dicho que mantenerla supondrá “un antes y un después en la política nacional en general y en las relaciones PP-PSOE en particular”, Feijóo ha optado por reiniciar las negociaciones sobre el CGPJ y dejar casi cerrada la reforma para cambiar la palabra “disminuidos” en la Constitución, que ocurrirá a principios de 2024, siempre que Feijóo no vuelva a cambiar de opinión.

Llevaban dos semanas sin ponerse de acuerdo ni siquiera con la fecha para la reunión, pero finalmente, tras pactar celebrarla este viernes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo consiguieron abrir una vía de entendimiento que permitirá un primer deshielo de las relaciones entre el Gobierno y el PP después de años de choques, fundamentalmente porque el PP no ha reconocido la legitimidad del Gobierno. De este, ni del anterior. Sucedió pasada la una del mediodía, casi al mismo tiempo que los niños de San Ildefonso cantaban el gordo de navidad. El líder del PP anunciaba en la sala de prensa del Congreso en una comparecencia plagada de reproches al presidente, que Sánchez y él se habían puesto de acuerdo en algo.

El primer pacto para reformar el artículo 49 de la Constitución con el fin de retirar el término “disminuidos” y cambiarlo por “personas con discapacidad”, una medida pendiente desde la legislatura anterior. La proposición conjunta se registrará antes de que acabe el año y tanto el Gobierno como el primer partido de la oposición confían en que pueda sustanciarse en enero. Feijóo dejó claro en la comparecencia que el acuerdo es solo para retirar ese término. Cualquier otra modificación de la Carta Magna es una quimera, vistas las relaciones que mantiene el Partido Popular con el Gobierno.

También se produjo un avance en torno al gran conflicto entre el Gobierno y la oposición de los últimos cinco años: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado por el PP desde 2018. Tras negarse esta misma semana a que un verificador facilitara las conversaciones, Feijóo planteó por sorpresa la mediación de la Comisión Europea para las citadas negociaciones y Sánchez aceptó que Bruselas “medie y verifique”, tal y como explicó en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

Minutos antes, en la comparecencia que ofreció en el propio Congreso, Feijóo mantuvo el mismo tono de enfrentamiento de los últimos meses, pero sí reconoció esos dos acuerdos. No fue posible un pacto sobre la financiación autonómica, tal y como quería el Gobierno. El líder del PP defendió la figura de mediación y pidió “respeto por la Comisión Europea” para no compararla con “un mediador salvadoreño especializado en bandas armadas”, en referencia al diplomático que ejerce de supervisor de las reuniones entre el Gobierno y Junts, quien ha sido dirigente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como embajador de su país en varias naciones europeas.

Un clima de “desconfianza” permanente

Este mismo miércoles, Feijóo le dijo a Sánchez en la tribuna del Congreso sobre la reunión de este viernes: “Ha dicho usted donde quiera, como quiera y cuando quiera. Muy bien. Sin mediador. ¿Le parece bien reunirse sin mediador conmigo, señor Sánchez?”. En la reunión fue Feijóo quien planteó que sí haya mediador y en la rueda de prensa posterior citó al comisario de Justicia, Didier Reynders, como alguien “muy procedente” porque “conoce bien” el problema y ya ha advertido en España “al Gobierno de sus incumplimientos”. “Y al PP de los suyos”, reconoció. Reynders ha acuciado a los principales partidos en diferentes ocasiones a cerrar ya la renovación del CGPJ y, después, modificar la ley para acordar otro sistema que ahonde en la independencia del órgano.

El inesperado acercamiento de Feijóo a Sánchez no pasó de esas dos cuestiones: la mediación para renovar el CGPJ y la reforma del artículo 49 de la Constitición. Por lo demás, el líder del PP volvió a insistir en la deslegitimación del presidente, a quien no quiso ver en su residencia oficial, y en remarcar que su “desconfianza” con el Gobierno es “total” e incluso deslizó que preferiría otro interlocutor diferente al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Alegría le respondió que el PSOE también tiene su propia opinión sobre algunos dirigentes populares pero que respeta a los portavoces que designe este partido.

Este viernes, en las vísperas navideñas, se abrió un mínimo resquicio de entendimiento entre el PP y el Gobierno, tras cinco años de choque total en que primero Pablo Casado y después Feijóo establecieron el mismo marco discursivo respecto al presidente y la coalición que se da cita en el Consejo de Ministros. Los populares quieren ejercer una labor implacable que no dé muestra alguna de acercamiento o colaboración con un Gobierno que han llegado a calificar de “fraude” y al que incluso algunos referentes de la derecha como José María Aznar y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han señalado como una amenaza para la democracia. “Es una deriva sin frenos hacia Vox”, apuntan en la Moncloa, donde también creen que, pese a los avances de este viernes, con el PP de Feijóo existen aún menos puentes que en la etapa de Casado. 

“Casado tuvo un día de lucidez en la moción de censura de Abascal y, en la práctica, rompió con la ultraderecha. Feijóo ni siquiera ha tenido ese día. El PP, bajo su liderazgo, ha pactado con la ultraderecha en todos los sitios donde podía pactar y sin líneas rojas”, apuntan en el equipo del presidente, donde no ocultan una cierta sensación de decepción. “En el fondo eso nos defrauda también a la izquierda porque él aterrizó desde Galicia como un gestor moderado. Teníamos expectativas de una etapa de más diálogo y entendimiento”, subrayan esas mismas fuentes. 

Ferraz cree que Feijóo se ha comportado “como un ultra”

El propio presidente admite en primera persona esa decepción y la dificultad de desplegar una interlocución sincera con su oponente. “Habló de mí como un enfermo mental, dijo que tenía tics patológicos. En fin, no hay mucho más que decir”, comentó recientemente en un corrillo informal con periodistas sobre su nulo entendimiento con el político gallego. En el PSOE también reprochan al líder del PP que ni siquiera haya sido capaz de marcar en su partido una línea dura de rechazo a la violencia política ejercida por la extrema derecha en las últimas semanas. 

“Llevamos un mes con nuestras sedes atacadas y nuestros compañeros acosados en más de 120 casas del pueblo; Abascal, que es su socio, ha hablado de colgar por los pies al presidente. Y todas sus declaraciones son siempre tibias para, en el fondo, justificarlo porque supuestamente lo merecemos por traidores. Nos da igual que sea por falta de liderazgo interno o por convencimiento. Feijóo se está comportando también como un ultra”, denuncian en Ferraz.

Durante la oposición de Pablo Casado, que también resultó implacable contra Pedro Sánchez y durante la cual llegó a calificar al presidente del Gobierno de “felón”, llegaron a concretarse, sin embargo, algunos encuentros de trabajo discretos para intentar desatascar los pactos de estado pendientes. Lograron acordar, por ejemplo, la renovación de la dirección de RTVE, del Defensor del Pueblo o los nombramientos pendientes del Tribunal Constitucional. Y también estuvieron a punto de renovar el Consejo General del Poder Judicial pero coincidió con el desahucio de Casado de la calle Génova. 

Lo más cercano a un entendimiento con el PP de Feijóo fue, de hecho, sobre el Poder Judicial. En octubre de 2022 ambos partidos llegaron a un acuerdo de renovación que llegó a estar cerrado a expensas de la firma del líder de los populares, que a última hora y ante una oleada de presiones externas y también internas se echó atrás y lo tumbó. Este viernes, después de que Feijóo acusara directamente a Bolaños del bloqueo, desde el PSOE respondieron resaltando que “la realidad es que la no renovación en octubre de 2022 nada tiene que ver con el señor Bolaños, sino que obedeció a las presiones que padeció el propio Feijóo”.

Un PP alineado con Vox

Entonces alegaron que resultaba “inasumible” alcanzar un pacto de ese tipo con un Gobierno que se disponía a reformar el Código Penal para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación. Antes fue el pacto con Podemos o las críticas del partido de Pablo Iglesias al rey emérito. Últimamente, la ley de amnistía y el pacto con EH Bildu para la alcaldía de Pamplona. “Nos han llamado miserables y escoria. Su estrategia es hacer irrespirable la convivencia política pero en eso no nos van a encontrar. Mantenemos nuestra oferta de un diálogo con la oposición para desbloquear los grandes temas pendientes”, señalan en la calle Ferraz. 

“¿Crees que les vamos a ayudar en algo? En cada votación tendrán 171 ‘noes’ en bloque”, advirtió uno de los principales colaboradores de Alberto Núñez Feijóo en los días previos a la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Ante ese panorama de alineación absoluta del PP con los postulados de la extrema derecha, en el PSOE aprovechan para construir su estrategia política en base al rechazo explícito de lo que tienen enfrente. “La alternativa a un Gobierno de progreso sustentado en una mayoría parlamentaria plural es la ola reaccionaria que ya asola otros países del mundo”, insisten en la Moncloa.

Bajo ese paraguas, por el momento, cabe todo y en muy poco tiempo: la ley de amnistía, el verificador, los pactos de gobernabilidad con EH Bildu e incluso, según el propio Sánchez, varios cara a cara con Puigdemont que en el PSOE prorrogan al menos hasta la aprobación de la amnistía.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este lunes un mandato completo caducado. Cinco años en los que el bloqueo del Partido Popular ha impedido adecuar la composición del órgano de gobierno de los jueces a la realidad parlamentaria, tal y como establece la Constitución. No es una estrategia nueva. La estrenó José María Aznar, entre 1995 y 1996. La siguió Mariano Rajoy, entre 2006 y 2008. Y la han exprimido al máximo, primero Pablo Casado y, después, Alberto Núñez Feijóo. Y gracias a esa sucesión de bloqueos el PP se ha garantizado un dominio conservador en el órgano que decide los principales ascensos en la carrera judicial en 22 de los últimos 27 años. 

Es una maniobra que también ha servido al principal partido de la derecha para mantener abierta una vía de oposición al Gobierno desde otro poder del Estado. Y que explica, en parte, la evolución de la composición de la instancia judicial más delicada, por la que pasan los casos de corrupción y la que tiene la última palabra sobre la mayoría de las causas penales que se juzgan en España: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esa Sala ha pasado de estar formada en 1995 por siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2023 sean 11 conservadores frente a cuatro progresistas. 

La judicial es una carrera a la que se accede a través de una de las oposiciones más duras de la Administración. Una vez adquirida la condición de juez, muchos ascensos están reglados y se alcanzan por puro escalafón. Pero la llegada a las cúpulas —las diferentes salas del Supremo o las presidencias de la Audiencia Nacional, los tribunales autonómicos y las audiencias provinciales— depende de los vocales del CGPJ, a los que nombra el Parlamento. Esos mismos cuya renovación ha impedido el PP en los tres períodos citados, lo que le ha permitido mantener una ventaja perdida en las urnas.  

El último de esos bloqueos perpetúa este lunes 4 de diciembre una década de mayoría conservadora en la institución más importante del tercer poder del Estado. El actual CGPJ se conformó en 2013, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. Debería haberse renovado a finales de 2018, pero no ha sido posible por los cálculos partidistas del PP. Además, el órgano cruza el umbral de los cinco años en funciones en una precaria situación: con un pleno mermado (con 16 de sus 21 miembros: diez conservadores y seis progresistas), un segundo presidente “por sustitución” y con unas atribuciones limitadas. 

Desde marzo de 2021 tiene prohibido ejercer su función principal: realizar nombramientos en la cúpula judicial. Fue un cambio legal promovido por el PSOE y Unidas Podemos, que el Tribunal Constitucional avaló el pasado octubre. Esta coyuntura ha provocado una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo, donde ya hay 23 plazas vacantes. Su actual presidente interino, Francisco Marín, calificó la situación de “crítica, casi de respiración asistida” en su discurso durante la última apertura judicial. Hasta que se aprobó ese cambio legal, un órgano ampliamente caducado había adjudicado hasta 74 plazas en los principales tribunales, 21 de ellos en el Supremo, donde los jueces pueden permanecer hasta su jubilación a los 72 años.

Previamente, el rodillo de los vocales elegidos a propuesta del PP y la influencia del expresidente Carlos Lesmes habían sido claves en algunos nombramientos estratégicos. A esa situación contribuyó la reforma que aprobó en solitario el PP en 2013 y en cuya elaboración colaboró el propio Lesmes, que dimitió en octubre de 2022 ante el bloqueo institucional. 

Esa norma multiplicó el poder del presidente y acabó con la mayoría de tres quintos (13 de los 21 miembros) para el nombramiento de los principales cargos, incluidos los de jueces del Supremo. Se volvió a la mayoría simple (más síes que noes), lo que dio margen al sector conservador para imponer a sus candidatos. Este modelo estuvo vigente hasta finales de 2018, cuando el PSOE recuperó la mayoría reforzada. En ese periodo, el CGPJ realizó 32 nombramientos en el Supremo. De ellos, 21 fueron aprobados por mayoría cualificada, pero un tercio (11 en total) salieron por mayoría simple. 

Un contrapoder al Ejecutivo progresista

Neutralizada la cuestión de los nombramientos por el cambio legal de 2021, el CGPJ se ha convertido casi en una plataforma más de oposición del Gobierno progresista. En los últimos años ha ganado protagonismo un grupo de vocales especialmente beligerantes contra el Ejecutivo y a los que diversas fuentes dentro del órgano atribuyen un “hilo directo” con el PP con la voluntad de “desgastar” al Gobierno a través del altavoz que les otorga su pertenencia a la más alta institución del tercer poder del Estado. 

Este grupo de vocales lideró durante el otoño de 2022 el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías de una conservadora a una progresista; y ha buscado el choque el Gobierno a raíz de la reforma del delito de sedición, la ley del ‘solo sí es sí’ y, más recientemente, la ley de amnistía. Antes incluso de que se hiciera público el texto de la norma, lograron imponer una declaración que sostiene que la despenalización del procés supone la “abolición del Estado de derecho” . Esta misma semana han conseguido que el CGPJ rechazara por primera vez en democracia una propuesta de fiscal general del Estado realizada por el Ejecutivo. 

Es en este escenario en el que se explican los esfuerzos que ha hecho el PP para negarse a pactar una renovación que requiere el acuerdo de tres quintas partes de las Cámaras y que le haría perder esa mayoría. Una negativa camuflada con excusas cambiantes y crecientes, según el momento político en el que se desarrollaran las conversaciones: de los acuerdos parlamentarios con EH Bildu al veto a los dos candidatos propuestos por Podemos, los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés o la reforma que derogó el delito de sedición. 

Y, sobre todo, el PP ha exigido un cambio legal para que los 12 vocales que pertenecen a la carrera judicial sean elegidos de forma directa por los miembros de la carrera sin necesidad de un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas, que ahora votan sobre una preselección que hacen los propios jueces. Es una exigencia que coincide con las reclamaciones de fondo de la Comisión Europea —que pide cambiar la norma que está vigente desde hace 38 años—, aunque Bruselas pide que primero el órgano sea renovado. Esa posición del PP supone una enmienda a la totalidad de la actual fórmula de elección parlamentaria, que fue ratificada en un pacto suscrito en 2001 con el PSOE y que no modificó en sus dos mayorías absolutas. 

En todo caso, la tentación parece enorme, pues todo apunta a que este modelo permitiría a la derecha judicial copar el CGPJ. La fórmula que propone el PP es de elección directa, mediante “una única lista abierta” y con una circunscripción electoral para todo el territorio nacional. Es el mismo sistema que permitió a los miembros de las asociaciones conservadoras acceder al 75% de los puestos en las últimas elecciones a las salas de gobierno aunque solo representan al 41% de los magistrados, mientras se laminó la presencia de miembros de la asociación progresista y de no asociados, que son más de la mitad de la carrera judicial. 

Cronología de los bloqueos del PP a la renovación del CGPJ

Comparación entre el tiempo en el Gobierno de cada presidente con la duración del mandato del CGPJ con mayoría progresista o conservadora

Desliza para ver el gráfico

Fuente: BOE

Los otros bloqueos del Poder Judicial

Pero la realidad evidencia que los conservadores ni siquiera necesitan ese cambio legal para garantizarse su influencia en la Justicia. Al bloqueo de los últimos cinco años del CGPJ se suman dos previos. Entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008 fue Mariano Rajoy quien propició esa parálisis institucional y pugnaba por mantener una mayoría de vocales afines que no tenía nada que ver con la realidad parlamentaria que habían dibujado las urnas en 2004. El PP había perdido la mayoría en el Congreso pero se resistía a hacerlo en el CGPJ, que también nombró a varios jueces vitalicios en el Supremo durante esos dos años. Por ejemplo, entraron en la Sala de lo Penal el progresista Luciano Varela (ya jubilado) y el conservador Manuel Marchena, que es su actual presidente.  

El PP se negó a la renovación del CGPJ hasta la segunda victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2008. Y a pesar de su derrota en las urnas, no salió demasiado mal de ese acuerdo. Para sentarse a negociar, los conservadores pidieron mantener “la minoría de bloqueo” con nueve de los veinte miembros para hacer imposible sin su acuerdo la elección de magistrados. 

El acuerdo llegó en septiembre de 2008 y fue el primer gran pacto de Estado entre PP y PSOE en cinco años, con la excepción de varios estatutos de autonomía. Al final, se quedaron nueve vocales para cada uno y dieron otro a CiU y otro al PNV. IU, que en aquel momento tenía dos escaños en el Congreso, se quedó fuera. Los dos grandes partidos se aseguraron un número suficiente de vocales como para bloquear decisiones de calado, como las relativas a los nombramientos o las cuestiones disciplinarias. 

El pacto dejó un órgano muy politizado. Formaba parte de él la actual ministra de Defensa, Margarita Robles; la jueza Gema Gallego, que promovió una polémica investigación que sirvió para amplificar la teoría de la conspiración que trataba de vincular a ETA con los atentados del 11-M; o Concepción Espejel, actual magistrada del Constitucional y que fue apartada de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. El presidente, Carlos Dívar, fue nombrado por consenso y era también conservador. Acabó dimitiendo tras el escándalo de sus viajes de lujo en fin de semana pagados con fondos del CGPJ.

El primer bloqueo tuvo lugar entre noviembre de 1995 y julio de 1996, durante un total de ocho meses. El PP se negó a la renovación para así retrasar el acuerdo hasta después de las elecciones de marzo de 1996, donde esperaban la victoria de Aznar ante la agonizante situación del Gobierno de Felipe González. Al final, la renovación no se desbloqueó hasta ese verano, tras la efectiva victoria electoral del PP. Los socialistas perdieron una mayoría pactada durante un momento en el que PSOE casi tenía la mayoría absoluta en el Congreso, con 175 de los 350 diputados.

En el nuevo acuerdo el PP se quedó con ocho vocales, los mismos que el PSOE, pero también nombró al presidente, que tiene voto de calidad en caso de empate: el conservador Javier Delgado Barrio. Si esta renovación se hubiese hecho cuando tocaba, en 1995, habría habido un órgano de mayoría progresista hasta el año 2000. Otro ejemplo más de una estrategia que estrenó Aznar y que han mantenido todos los presidentes del PP que le han sucedido. Y que ha permitido 22 años de dominio conservador en la principal institución del Poder Judicial que no siempre se han correspondido con la realidad parlamentaria expresada en las urnas.

Eduardo Fernández Rubiño (Madrid, septiembre, 1991), portavoz adjunto de Más Madrid del Ayuntamiento capitalino, es uno de los activistas madrileños más comprometidos en la defensa de los derechos LGTBI, colectivo al que pertenece. Comenzó su andadura política muy joven, en 2015, cuando con apenas 24 años logró un acta de diputado en la Asamblea de Madrid en representación de Podemos, la formación que acababa de nacer fruto del descontento social con los partido tradicionales. Rubiño participó en los movimientos que sirvieron de embrión al proyecto de Pablo Iglesias, como Juventud Sin Futuro o el 15M. Durante esos inicios, fue nombrado responsable de redes sociales del partido asesorando a Iglesias en esa materia.

Su idilio con Podemos acabó cuando en las elecciones de mayo de 2019 optó por ir en la lista autonómica de Más Madrid de Iñigo Errejón junto con otros compañeros y compañeras de su antiguo partido, entre las que figuraba Mónica García. Rubiño logró de nuevo acta en el Parlamento regional y ese mismo año fue elegido senador autonómico por la Asamblea de Madrid.

En 2023 fue designado portavoz de la campaña municipal del 28M de Más Madrid, situándose como número 4 en la candidatura de Rita Maestre, a la que sustituyó cuando esta dio a luz. Tras salir elegido concejal, Rubiño fue nombrado portavoz adjunto del grupo municipal, encargándose este verano de nuevo de dar los mensajes de su partido después de que Maestre decidiera completar su baja por maternidad.

Rubiño, que está a punto de cumplir 32 años, comenta en esta entrevista lo que cree que le espera a la oposición en Cibeles con el PP gobernando con mayoría absoluta. También reflexiona sobre los resultados en Madrid de su partido y de las fuerzas de izquierda que no lograron frenar ese holgado triunfo de Almeida y Ayuso. Pero cree que esos resultados fueron 'corregidos' a tiempo por la ciudadanía en las elecciones del 23J en las que el PP y Vox no sumaron los apoyos suficientes para gobernar.

¿Se esperaban la mayoría absoluta de Almeida el 28M?

Nosotros trabajamos hasta el último momento para evitar un gobierno del PP en Madrid. Pero éramos conscientes del contexto general en el que se movieron esas elecciones, que no permitió hablar de los problemas de Madrid, sino que centró la discusión a escala nacional. El PP y Vox en toda España lograron un resultado muy preocupante para nuestro país, pero a eso ha seguido una respuesta ciudadana por parte de la izquierda que se ha movilizado y que es lo que ha impedido su llegada al Gobierno a partir del 23 de julio.

¿Esos resultados del PP tanto en la comunidad como en el ayuntamiento certifican que Madrid es de derechas?

En absoluto. Madrid es una región que ha demostrado, en muchos momentos, ser clave para el cambio político y que ha tenido periodos progresistas como el de Manuela Carmena. Vamos a seguir trabajando con la misma determinación, creyendo en que en absoluto Madrid está perdido. Madrid es un lugar que espera que haya políticas progresistas, verdes, que haya un proyecto diferente al laboratorio neoliberal en el que lo han intentado convertir desde el PP. Y nosotros, con el resultado que hemos tenido liderando la oposición tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, vamos a trabajar con la misma convicción para mantener esos principios progresistas firmes.

¿Qué esperan de este nuevo mandato de Almeida?

Creemos que se está evidenciando una realidad que veníamos apuntando ya hace bastante tiempo. Y es que el problema no es Vox. El PP, incluso cuando ya no necesita a Vox, como es el caso de Ayuso y de Almeida, se comporta exactamente de la misma manera. Vox ahora mismo está entrando en descomposición. Solamente hay que ver lo que ha ocurrido con Iván Espinosa de los Monteros.

Ya que lo menciona, ¿le ha sorprendido su dimisión?

Como decía, creo que por una parte es el reflejo de la descomposición de Vox pero, por otra, también del triunfo de las posiciones más radicales y peligrosas que habitan en Vox. Es que el ala que está triunfando en Vox es la que está íntimamente relacionada con los sectores de El Yunque y esa secta es peligrosísima, ha sido denunciada a nivel internacional y está ligada a los elementos que están en este momento haciéndose con el control de Vox. Así que creo que los sectores más radicales son los que están fortaleciéndose en Vox, lo cual coloca en una situación aún más comprometida a un PP que ha encadenado su destino a gente tan peligrosa como la que está causando fantasmas tan terribles en todo el mundo. El PP ha sido colonizado por los principios ideológicos y por algunas de las actitudes de Vox. No los necesita para aplicar una determinada agenda.

Supongo una de las pocas cosas de las que se alegraron de los resultados del 28M es que Vox no haya entrado en el Gobierno. Se lo digo porque en otros ayuntamientos de Madrid en los que los dos partido han cerrado acuerdos ya se ha visto que están censurando eventos, eliminando símbolos LGTBI o tomando medidas contra los derechos y libertades de la ciudadanía.

Claro, pero es que la primera medida que están tomando los gobiernos de PP y Vox es subir el sueldo a los alcaldes y a los cargos públicos de los consistorios, con lo cual todo el discurso que enarbolaba Vox de venir a acabar con la grasa política y con el gasto político es una auténtica estafa. Y hay que dejar muy claro que esa es la primera medida que hacen allí donde tocan poder: aumentar el gasto político y aumentar los sueldos de los cargos públicos. Y, en segundo lugar, lo siguiente que hacen es una agenda ultraconservadora destinada a practicar unas posiciones ideológicas radicales que van en contra de cuestiones básicas de igualdad de género, de igualdad de derechos de las personas LGTBI, de negacionismo climático. Y eso lo estamos viendo con esa obsesión por borrar banderas LGTBI o retirar un simple banco pintado de arcoíris, hasta cosas mucho más graves como directamente eliminar las concejalías de Igualdad y aquellas políticas que van destinadas a luchar contra la violencia machista.

El alcalde prometió tras su investidura que, pese a gozar de esa mayoría absoluta, dialogaría con los grupos de la oposición para intentar alcanzar consensos en las medidas que tome el Ayuntamiento. La primera que se aprobó en un Pleno extraordinario a toda prisa fue la de las nuevas normas urbanísticas. ¿Cumplió su palabra y se reunió previamente con ustedes y con los demás portavoces para conocer sus posturas?

En absoluto. Lo que han demostrado las nuevas normas urbanísticas es cómo el PP siempre muestra su cara más sectaria en cuanto tiene una mayoría absoluta, aplicando un rodillo y actuando de forma completamente unilateral sin atender ni una sola de las alegaciones que se habían presentado.

¿Qué es lo que más les preocupa de lo aprobado por esa nueva normativa?

Las normas urbanísticas son una oportunidad perdida para la ciudad de Madrid. No han regulado las cocinas fantasma que amargan la vida a cientos de vecinos. No han hecho nada para acabar con las casas de apuestas que están acabando con la vida en los barrios. En mi barrio, Usera, por ejemplo, hay una cada 50 metros y son una auténtica lacra. Tampoco ha servido para abordar uno de los problemas más importantes que tiene la ciudad de Madrid como es la vivienda. Las normas urbanísticas podían haber servido para regular en esa dirección y ganar instrumentos para abordar ese problema. En definitiva, son una oportunidad perdida y una forma de profundizar en el modelo neoliberal del PP.

A la vuelta de vacaciones empezarán a tramitarse los nuevos presupuestos, ¿qué esperan de ellos?

Que se escuchen las demandas ciudadanas, que no sean unos presupuestos que profundicen en la desigualdad que asola a Madrid y que atiendan a las cuestiones que de verdad importan a los madrileños. Nosotros vamos a poner el centro en las políticas sociales de Madrid, pero sobre todo la vivienda, que nos preocupa muchísimo y que creemos que es el problema más grave que tiene la ciudad. Los nuevos presupuestos tienen que ser sociales, verdes y apostar por una ciudad sostenible que mira al futuro y que sea más respirable. Eso es lo que vamos a reclamar.

¿Cree que el alcalde, una vez ganadas las elecciones, olvidará su promesa de bajar impuestos con el fin de paliar el déficit con el que acabó la anterior legislatura?

Ya veremos. El PP siempre se llena la boca con las bajadas de impuestos. Conviene recordar que Mariano Rajoy fue quien más subió los impuestos. Normalmente esas promesas solamente benefician a los más ricos y a los más privilegiados, mientras que la pequeña cantidad que se detrae de los impuestos de las rentas medias y bajas luego se multiplica en gastos que tienen que abordar las familias. Por ejemplo, a la hora de llevar a sus hijos a una escuela infantil. Es indecente que en la ciudad de Madrid las familias se tengan que gastar cientos de euros todos los meses para llevar a sus hijos a una escuela infantil, que debería ser un derecho, gratuito y con suficientes plazas públicas a disposición de las familias. Y podríamos hablar de tantas otras cosas más, como los comedores escolares, porque luego se multiplican los gastos que las familias abordan por otros sitios al reducirse las prestaciones que ofrece el Ayuntamiento de Madrid.

Una de las medidas urgentes que ha reclamado Más Madrid este verano es acondicionar los colegios ante las olas de calor.

Sí. Hemos reclamado con muchos meses de antelación que había que acondicionar los colegios para las olas de calor que había y para una emergencia climática, que ya es evidente. Pero lo que tuvimos fue una contestación por parte del alcalde llamándonos alarmistas y diciéndonos que no había que hacer ninguna actuación. Bueno, pues ahora estamos en repetidas olas de calor y en alertas extremas por altas temperaturas y no se ha hecho ni las cuestiones mínimas como poner toldos y pérgolas en los colegios. Ese proceso de adaptación sería tan barato y muy sencillo y se podría acometer si hubiera una mínima voluntad política. Tampoco podría haber para evitar que en la ciudad haya auténticas sartenes, porque el modelo de construcción de la ciudad es el de un urbanismo totalmente duro y que no tiene elementos de sombra. En Madrid se han perdido 80.000 árboles en la última legislatura. Pero no se ha hecho nada porque para Almeida nunca ha sido una prioridad abordar esta cuestión de la emergencia climática y de las altas temperaturas.

Más Madrid sigue liderando la oposición en Cibeles pero el PSOE les ha pisado los talones en estas últimas elecciones. Los resultados de su grupo no fueron los esperados. ¿Alguien puso en cuestión el liderazgo de Rita Maestre? 

Yo creo que nosotros hemos tenido un resultado muy importante. Seguimos liderando la oposición en la ciudad de Madrid y seguimos ofreciendo una alternativa allí donde algunos decían que Más Madrid era un proyecto que no venía para quedarse. Nos hemos consolidado como proyecto líder de la oposición y como alternativa en Madrid. Los resultados en ese sentido saltan a la vista en un contexto muy difícil para el resto de las fuerzas progresistas en toda España, donde hemos visto cómo otras fuerzas progresistas alternativas al PSOE directamente han desaparecido y, sin embargo, Más Madrid no solamente no lo ha hecho, sino que mantiene el liderazgo de la oposición y supera al Partido Socialista en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid.

Todo el mundo ha reconocido que la campaña de su candidata fue muy buena pero en cambio luego, a nivel práctico, reconozca que no dio los resultados esperados. La propia Maestre en el Pleno de investidura dijo que era “importante ser autocrítico, pero sin martirizarse”. ¿Qué análisis han hecho ?

Creo que fue determinante el factor nacional de la campaña y que hicimos una campaña de la que estamos a día de hoy orgullosos, porque planteamos muchísimas propuestas, muchísimos proyectos concretos para cambiar la ciudad de Madrid. Intentamos hablar de los problemas de cada barrio, hicimos más de 200 actos, nos recorrimos toda la ciudad planteando mejoras específicas para cada uno de ellos.....Sin embargo, evidentemente, esos resultados no han sido suficientes para cambiar el gobierno y para que haya un gobierno progresista. Y en ese sentido, por supuesto que hay mucho que analizar, pero creo que es un análisis que tenemos que hacer en el conjunto de las fuerzas progresistas, porque el mapa del 28 M es un mapa que se tiñó de azul, De todas formas, creo que ese análisis ya ha empezado a hacerse en la medida en que el 23J ya ha supuesto un cambio de paso y el declive de ese supuesto tsunami azul que iba a venir y que al final se ha quedado parado gracias a la reacción y a la movilización de mucha gente progresista que no quería que llegaran al Gobierno de la nación, que no hubiera un gobierno del PP de Feijóo y Vox.

Centrándonos en los resultados en Madrid, ¿se arrepienten de no haber logrado una lista de unidad con Podemos e Izquierda Unida? El candidato de la primera, Roberto Sotomayor, dijo que ustedes se negaron. Y Podemos no entró por poco en el Ayuntamiento.

Bueno, el debate sobre la unidad creo que siempre provoca ríos de tinta, pero me parece que no hay que hacer análisis simplistas. Hay que hacer un análisis más profundo y desde luego nosotros tenemos que estar abiertos a seguir trabajando para que las fuerzas progresistas logren el mejor resultado. Pero sí que es verdad que los resultados han ofrecido una lectura muy clara y las políticas que más éxito han tenido en la izquierda en la Comunidad de Madrid han sido el proyecto, el tipo de política y el discurso que ha ofrecido Más Madrid. Creo que todos los actores políticos tienen que hacer una reflexión crítica con sus propios resultados. Y desde luego, creo que hay que hacer una reflexión mayor cuando directamente no ha obtenido representación.

¿Y a qué achaca ese retroceso de su antiguo partido? ¿Cree que terminará desapareciendo?

No lo sé, y desde luego no me corresponde a mí analizarlo. Sí que creo que estamos en un momento en el que tiene que primar el respeto, el diálogo, y, sobre todo, hay que pedirle a los todos actores políticos que no se miren el ombligo. Eso es lo que hemos demostrado con Sumar. En Más Madrid estamos orgullosos de haberlo hecho con generosidad, aportando propuestas, insistiendo en políticas verdes y siempre intentando reforzar los objetivos que eran comunes para las fuerzas progresistas. Y eso creo que ha sido clave y lo que esperamos es que no haya la tentación de mirarse el ombligo y que no se entre en una dinámica por parte de algunos totalmente egocéntrica y que creemos que es destructiva. Cada partido tiene que ser responsable y en este momento más que nunca, porque es ahora cuando tenemos una oportunidad de cerrar el paso a la derecha. La gente no está para cuestiones autorreferenciales ni para una dinámica que parece que lo que busca permanentemente es diferenciarse a cualquier precio sin tener en cuenta los objetivos mayores que nos trascienden a cada una de las formaciones.

Hay enfado por el trato que le ha dado Yolanda Díaz a los dirigente de Podemos dentro de Sumar.

Insisto en que lo que toca en este momento es no mirarse el ombligo y es trabajar por lo común y dejar de pensar en las cuitas particulares. Hay que dejar de mirar a las cuestiones propias para pensar en un horizonte que es mucho más importante que los partidos políticos en cada uno de sus intereses, que pueden ser legítimos pero que no pueden eclipsar la realidad. Y la realidad es que la gente está pidiendo que en este momento seamos responsables y aprovechemos la oportunidad que han dado las urnas, que es importantísima, para parar a la derecha, para impedir que haya un gobierno del PP. Pero sobre todo, para una cosa más importante, que es para que continúen las políticas progresistas para poder seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, para continuar ampliando derechos a nivel laboral, o para que continuemos haciendo políticas de vivienda que vayan en una dirección contraria a la del Partido Popular. Eso es lo que la gente está pidiendo y no se entendería en absoluto una actitud que fuera contraproducente en este sentido.

¿Usted opina que hizo bien Yolanda Díaz en dejar fuera de las listas a Irene Montero?

Me parece que en el acuerdo dificilísimo que hizo Yolanda Díaz puede haber insatisfacciones de todos los actores porque se alcanzó con 16 o más fuerzas políticas. Fue un acuerdo amplísimo que no se había hecho nunca. Y yo puedo hablar por la actitud que mantuvimos nosotros que en todo momento dispuestos, con generosidad, sabiendo que cualquier acuerdo iba a implicar renuncias, cesiones y que las cosas no son exactamente como tú quieras, pero es la única manera de trabajar en política. Y así es como nosotros entendemos la política. No fijarnos permanentemente en las diferencias y en los obstáculos, sino en intentar que rememos en la misma dirección para lograr cosas tan importantes como la que hemos logrado el 23 de julio, que es precisamente cerrar el paso al Gobierno del PP y Vox, con un resultado muy importante por parte de Sumar que ha conseguido 31 diputados.

La integración de Más Madrid en Sumar benefició a Iñigo Errejón [que fue como número cuatro de la candidatura por Madrid, por debajo de  la activista saharaui Tesh Sidi, que fue de tres]. ¿Cree que va a tener mucho protagonismo?

Más Madrid es una fuerza autónoma que hemos formado parte, como digo, con generosidad, de esa coalición. Y lo que vamos a hacer es seguir trabajando desde todas las instituciones con nuestros diputados, que estamos muy orgullosos de haber conseguido que sean nuestros representantes en el Congreso. Creo que tanto Íñigo Errejón como Tesh Sidi van a hacer un trabajo fundamental para todos los españoles. La labor como diputado de Íñigo ha sido sobresaliente, llevando temas que importan a la ciudadanía, como la salud mental o como la reducción de la jornada laboral, y es un trabajo que va a continuar y que se va a fortalecer, ahora integrados con un montón de actores y con el proyecto que representa Sumar y Yolanda Díaz.

¿Qué le parece que el PP pida ahora que gobierne la lista más votada?

Bueno, en primer lugar, lo que significa es un escaso conocimiento de la Constitución española y un auténtico ejercicio de hipocresía. Que salga Almeida a decir ahora que tiene que gobernar la lista más votada cuando precisamente él llegó al poder mediante un 'acuerdo de perdedores', que es como como ellos lo llaman, pues es un ejercicio de hipocresía absoluta. Nos parece absolutamente legítimo que Almeida, por ejemplo, en su momento llegara al poder después de perder las elecciones frente a Manuela Carmena porque obtuvo más apoyos gracias a Vox y Ciudadanos. Así es como funcionan las instituciones españolas y nuestro ordenamiento jurídico. Quien decide quién lidera los gobiernos es quien ha obtenido más apoyos de los representantes de los ciudadanos. Por eso tenemos un sistema plural que reconoce la pluralidad de fuerzas que después pueden llegar a acuerdos y que tienen que explicar sus pactos a los ciudadanos.

Pese al encargo del rey a Feijóo, ¿cree que Sánchez logrará al final de nuevo gobernar?

Estoy convencido de que vamos a lograr que haya un gobierno progresista que profundice en las mejores políticas sociales que se han llevado a cabo en la pasada legislatura y que, ante las dificultades terribles que hemos vivido, ante una guerra con efectos económicos tremendos, yo creo que la gente ha pedido que sigan políticas que ofrecen salidas y respuestas colectivas. Respuestas que no van a dejar tirada a la gente en el peor momento, sino que van a seguir subiendo el salario mínimo, que han ofrecido una reforma laboral para ampliar derechos y reducir la precariedad, que han logrado cifras de empleo récord, incluso en los peores momentos, porque se han hecho las cosas bien gracias, entre otras cosas, al Ministerio de Trabajo que ha encabezado Yolanda Díaz. Yo creo es lo que la gente está pidiendo que se revalide y creo que es lo que se va a lograr gracias al resultado que hubo el 23 de julio, que además desmiente todo el destino que habían dibujado algunos con las encuestas.

Si se repiten las elecciones, ¿a quién cree que beneficiarán? ¿Cree que se mantendrá la marca Sumar?

Si hubiera una repetición electoral, que yo estoy convencido de que no la va a haber, el proyecto de Sumar estaría en mejores condiciones para abordarla de lo que lo ha estado hasta ahora. Porque, pese a las dificultades con las que se ha enfrentado Sumar, la coalición ha tenido un resultado muy importante y relevante y ha sido clave y decisiva para lograr que se pueda revalidar el gobierno progresista. Aunque es verdad que una de las dificultades evidentes es que a Sumar [las elecciones] le pillaron con el pie cambiado, sin haber hecho las negociaciones ni todo un proceso de ordenación y de configuración de la estructura de campaña. Claro que, evidentemente, en el caso de que hubiera una repetición electoral estaría mucho más preparada y las alianzas estarían mucho más engrasadas como para poder abordarlas en unas condiciones óptimas.

¿Ve ya a Ayuso entrenando por la banda para salir si Feijóo no logra gobernar, como pretende pese a carecer de apoyos suficientes?

Ayuso lleva mucho tiempo mirando a la Moncloa y yo no descarto en absoluto que en algún momento haga con Feijóo lo mismo que hizo con Casado. Desde luego, ha demostrado que no es una persona de fiar y que siempre tiene los cuchillos afilados frente a sus propios compañeros de partido. No respeta ni a los que fueron sus amigos personales en el pasado. Pero, en ese caso, sería una mala noticia porque desde luego Ayuso representa la postura más trumpista dentro del PP y un modelo que yo estoy convencido de que no encontraría un respaldo por parte de los españoles, sino todo lo contrario.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cómo frenar las mentiras

En la campaña del 23J ha quedado clara la tremenda importancia que tiene la prensa libre, que depende de sus lectores y no le debe nada a nadie más. La inmensa mayoría de los grandes medios son propiedad de bancos, de fondos y grandes grupos de comunicación. La gran mayoría de ellos han blanqueado a los ultras y están bajo el control de la agenda que marca la derecha.

Por eso te pedimos tu apoyo. Necesitamos crecer. Contratar a más periodistas. Reforzar nuestras ediciones locales frente a las mentiras de los gobiernos locales y autonómicos de la extrema derecha. Fichar a más reporteros de investigación. Nos hace falta llegar a más gente, construir un periódico más grande, capaz de contrarrestar la brutal ola de propaganda conservadora a la que nos vamos a enfrentar. Y que dejará pequeña la que hemos vivido en esta sucia campaña electoral.

Si te preocupa el futuro de este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca porque nuestra labor es más necesaria que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

La empresa Desokupa, que se dedica a amenazar y a desalojar forzosamente a inquilinos, colgó este lunes una lona contra Pedro Sánchez con el eslogan ‘Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa’. Justo a la salida del metro Antón Martín, en el número 75 de la calle Atocha, se puede ver la pancarta enorme con la foto del presidente del Gobierno y Daniel Esteve, el fundador de Desokupa y también lanza un mensaje contra los aliados políticos de Sánchez: “Os echaremos de menos a todes”.

Para los vecinos del edificio, ha sido una sorpresa. No se esperaban que la empresa publicitaria contratada, Urban Vision, negociara con Desokupa para colocar esa lona. La presidenta de la comunidad explica a elDiario.es que hace aproximadamente unos veinte días Urban Vision contactó con los vecinos para decirles que tenían otra publicidad, pero no les especificaron cuál sería su contenido. Hasta ahora, en esa fachada se habían anunciado empresas como Uber o el Fútbol Club Barcelona.

“No nos han preguntado, estamos en contra de esta publicidad. Hemos sido engañados, no teníamos ni idea ni nadie nos ha pedido permiso”, dice la presidenta, que insiste en que habla en nombre de toda la comunidad. Además, denuncia que Urban Vision haya tapado su logo, que es prácticamente invisible.

El PSOE ya ha denunciado ante la Junta Electoral dicha lona, y ahora los vecinos piden que se retire lo antes posible, aunque los abogados de Urban Vision y Desokupa aún se encuentran en negociaciones.

En principio, la comunidad va a recibir 8.000 euros por mantener el cartel durante tres semanas, un precio acordado por la empresa publicitaria y el cliente. “Nosotros no ponemos el precio”, afirma. Sin embargo, el abogado Xaime da Pena, financiador de la lona con un historial de polémicas a sus espaldas, asegura en conversación con elDiario.es que le ha costado 40.000 euros por colgarla desde el día 3 hasta el 23. En lo que va de año, el edificio ha albergado cuatro lonas diferentes. En este sentido, los ingresos para los vecinos varían según algunos factores, como el tamaño de las mismas y el tiempo que estén colocadas. Según la presidenta, el ingreso mínimo, en general, que recibe la comunidad por colgar una lona son 5.000 euros.

Vuelven las lonas, pero ¿son eficaces?

Este tipo de carteles se han convertido en un clásico de la comunicación política y empresarial hasta tal punto que su uso se ha hegemonizado en los últimos años. Esas lonas, tradicionalmente usadas por empresas para publicitarse, son un recurso cada vez más recurrente para difundir mensajes políticos, atacar al adversario o hacer visibles a los nuevos candidatos a las elecciones de las fuerzas políticas. Sobre todo durante la campaña, a pocas semanas de la cita a las urnas, cuando los partidos políticos cuelgan grandes lonas en edificios y calles estratégicas de Madrid para provocar el mayor impacto posible y llamar la atención de los que pasan por allí.

Carles Foguet, profesor del máster de Análisis Político y Electoral en la UC3M, destaca el excesivo empleo de las pancartas electorales en los últimos años, hasta el punto de que a día de hoy pueden llegar a ser en algunos casos “ridículas”. “Estas campañas de guerrilla funcionan en la medida en que tienes capacidad de sorprender”, explica. Es el círculo del cambio en comunicación política: lo que en algún punto fue disruptivo, ahora ya forma parte del status quo. Por eso, para que un cartel de estas dimensiones sea realmente efectivo, ha de provocar un verdadero impacto, ser controvertido. “Habría de ser una lona que la hicieran retirar o con algún mensaje muy fuerte”, indica. Es decir, lo que logró Vox con su pancarta contra el colectivo LGTBI o ahora Desokupa con su lona.

Gabriela Ortega, directora de estrategia de la institución educativa ALEPH, explica que colgar una lona es una acción transmedia, es decir, una acción que permite una mayor comunicación a través de varios canales como, por ejemplo, su difusión en las redes sociales. “Una lona tiene que tener un mensaje disruptivo o provocador para que pueda generar transmedia”, indica. Esta técnica también es útil para dar a conocer a candidatos nuevos de las distintas formaciones.

Según Ortega, las lonas son efectivas cuando hay un gran porcentaje de desmovilización o de deslealtad política de algún partido en concreto. Son acciones enfocadas “a quien no tiene fidelidad de voto”, esto es, a todos aquellos que carecen de compromiso electoral, se abstienen o cambian con facilidad de voto. “Necesito poner un mensaje llamativo para provocar que estos que no tienen fidelidad se acerquen a votar”, señala.

Pero hay una línea muy fina cuando se trata de mensajes tan polémicos que atacan directamente al rival político. La experta explica que las lonas con un anuncio tan directo de ataque victimizan al adversario y lo movilizan, es decir, se consigue el efecto contrario al deseado. “Cuando las lonas se utilizan para un objetivo de posicionamiento, te arriesgas a que movilice al otro y no al tuyo. El riesgo es más alto que el beneficio”, declara. 

El eje movilizador en las lonas de Vox, Podemos o Más Madrid

Es, por ejemplo, lo que ha sucedido con las últimas lonas que han colgado Vox y Podemos. Respecto al primero, la formación de extrema derecha eligió la fachada de la antigua cervecería Santa Bárbara, en la confluencia de las calles Goya y Alcalá de Madrid, para colgar una pancarta gigante en la que se atacaba a varios colectivos. En ella, se veía una mano tirando a la basura los diversos símbolos que representan al feminismo, al colectivo LGTBI, la Agenda 2030, el comunismo, el Movimiento okupa y la bandera independentista catalana.

Para Ortega, este mensaje es un eje movilizador para la izquierda: “Confirma el discurso del contrario, que ahora mismo es que va a gobernar un partido con la extrema derecha”. “PSOE y Podemos tenían razón en que nos enfrentamos a un peligro porque el mensaje es bastante provocador y evidente”, apunta.

De hecho, el PSOE ya se posicionó y denunció a Vox ante la Junta Electoral Central, junto con la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, acusándolo de incumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al publicitar un acto de campaña fuera del periodo permitido, y además ven posible un delito de odio. La denuncia ya se ha resuelto y la Junta Electoral de la Zona de Madrid ordenó a Vox retirar la lona en el plazo de un día, pero no por el contenido del cartel, sino por la prohibición de propaganda electoral antes del inicio de la campaña.

También, el colectivo ecologista Activistas de Futuro Vegetal tiñó la lona de pintura roja en un acto de protesta contra “sus políticas de odio y miedo”. Según explican en sus redes sociales, las activistas que han llevado a cabo esta protesta “han sido detenidas, como es costumbre”. “Las llevan a la comisaría de Moratalaz a petición de la Brigada de Información”, apuntan.

Podemos también fue noticia hace unas semanas, en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales, cuando colocó una lona en pleno barrio de Salamanca con la cara de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta madrileña y un tuit del exlíder del PP Pablo Casado. “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000€ de beneficio por vender mascarillas”, dijo Casado en una entrevista el 18 de febrero de 2022.

Respecto a esta lona, el profesor indica que ni tan solo consiguieron llamar la atención: “Estaba replicando un método que ya no era innovador”. Además, señala que “intentaron hacer una campaña de guerrilla saltándose el primer mandato, que es sorprender y ser disruptivo”. En ese sentido destaca que causó más sorpresa e impacto la camiseta de Alejandra Jacinto en el debate a cinco entre los aspirantes a presidir la Comunidad de Madrid en la televisión autonómica. En ella se podía ver la cara del hermano de Ayuso con la frase del tuit de Casado.

“En el caso de Podemos se llegó a medir que causaba movilización del contrario”, dice Ortega. En parte, esto se debe a la localización de la propia lona, en pleno barrio de Salamanca, donde hay mucho más voto a la derecha. “Cuando haces un mensaje provocativo y lo pones en territorio en donde sabes que el voto es contrario, la movilización del rival va a ser aún más porque es como si entras en mi casa y me insultas”.

La experta destaca lo que para ella ha sido una campaña “inteligente”: la que llevó a cabo Rita Maestre en las elecciones municipales de este año, que colgó lonas segmentando el mensaje por barrios. “Te estaba diciendo lo que iba a hacer en ese barrio. Es el mensaje que querían oír los votantes”.

¿Son caras o rentables?

Hay lonas que realmente llegan a ocupar los 200 o los 300 metros cuadrados y hay otras que se sitúan en la confluencia de dos grandes calles. El dinero que se llega a pagar, por tanto, para colgar un cartel con estas características, depende de las tasas del ayuntamiento y del alquiler de la comunidad de vecinos.

Si la publicidad está situada sobre andamios, conlleva el pago de una tasa que estará en función de la superficie y del vuelo ocupado, así como de la categoría que corresponde a la vía o tramo donde estén situadas. Hay nueve categorías, que se reparten de la más cara a la más barata progresivamente, y las tasas se dividen según el establecimiento donde esté situada la lona (con carácter general por obras o por obras realizadas en establecimientos destinados a un uso mercantil o comercial). También por si dificultan el paso, que serán más caras, o no. Y además de esta liquidación, como las lonas se consideran publicidad, los partidos tienen que pagar una tasa aparte, que va desde los 20,40 euros en la primera categoría, a ni siquiera llegar al euro en la última.

Si la lona se encuentra en la confluencia entre dos calles, como es el caso de la de Vox (Alcalá y Goya), se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría superior. Igualmente, existen varias categorías dentro de una misma calle. Por ejemplo, en Alcalá, hay tramos con la categoría uno y otros con la siete. El número 75 de la calle Atocha corresponde a la categoría tres y, en el caso de la lona de Podemos, situada en Goya, solamente existen las categorías uno y dos, es decir, las más caras.

Pese a esto, lo que realmente cuesta dinero es el alquiler de la fachada a la comunidad de vecinos. Sobre todo en las zonas céntricas, dicho alquiler se ha convertido en una fuente de financiación para los vecinos, que puede ascender hasta los 100.000 euros si su edificio está situado en una zona céntrica y así sufragar más del 50% de las obras.

Para Foguet, no hay que pensar en el dinero gastado en términos absolutos: “Depende del impacto publicitario”.

--------------------------------

Te necesitamos más que nunca

El resultado electoral de las elecciones municipales y autonómicas no deja lugar a dudas. Viene una ola reaccionaria y la mayoría de los medios nadan en esa misma dirección. elDiario.es se ha convertido en uno de los pocos periódicos de referencia, con capacidad de marcar la agenda y destapar investigaciones exclusivas, que sigue siendo independiente y no está capturado por la derecha.

Si crees que el periodismo importa y afecta a nuestras vidas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es

La libertad de expresión también ampara los comentarios “desacertados y rechazables”. Así lo ha recordado el juez de Barcelona que ha archivado la querella de la Generalitat contra el exlíder del PP Pablo Casado por los bulos que el expolítico profirió contra la escuela en catalán.

En un auto, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez remarca que el caso debe enmarcarse en un contexto de disputa partidista sobre el catalán en la escuela y no de incitación al odio. La libertad de expresión, recuerda el instructor citando jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), debe protegerse más cuando quien la ejerce es un representante público como Pablo Casado.

La causa ahora archivada se remonta a finales de 2021. La decisión judicial de imponer el 25% de castellano a toda un aula a petición de una sola familia de Canet de Mar (Barcelona) desembocó en una campaña de la derecha y la extrema derecha contra la inmersión lingüística en catalán. En este contexto, Casado alimentó los bulos sobre la escuela en catalán durante un acto político del PP.

El entonces líder conservador difundió dos bulos. El primero, que se prohíbe ir al baño a los menores que hablan castellano. El segundo, que hay niños a los que se les pone “piedras en la mochila” por expresarse en castellano en el patio, una referencia que se remonta a lo ocurrido en 1997 en el pueblo vizcaíno de Zeanuri, sin relación con Catalunya.

Dos días después, Casado admitió que en realidad había leído “una noticia de hace diez años”, lo que, a su juicio, demostraba que el caso de la escuela de Canet “no es nuevo”. Por entonces el Govern y los partidos independentistas ya habían anunciado acciones legales contra Casado. Ante el juez, Casado reconoció que no contrastó los bulos antes de difundirlos.

La Generalitat se querelló contra Casado por injurias y delito de odio, pese a tratarse de un tipo penal ideado para proteger a colectivos tradicionalmente discriminados por racismo o LGTBIfobia. “El análisis de los excesos en las expresiones proferidas [por Pablo Casado] debe hacerse en el contexto de la contienda pública”, insiste el magistrado Santiago García.

La solución jurídica del caso, resuelve el instructor, “debe plantearse en clave de conciliación con los derechos fundamentales de expresión y de opinión”. En consecuencia, la causa debe archivarse porque los comentarios de Casado no incitaron al odio ni suponen un delito de injurias “por desacertados y rechazables que sean”.

“La Constitución no prohíbe las diversas ideologías, por muy extremistas que sean y que por ello pudieran ser rechazables desde la perspectiva de los valores éticos y de los derechos fundamentales”, apostilla el auto. Fuentes de la Generalitat han anunciado que recurrirán el archivo y han lamentado “la impunidad” de la que disfrutan los comentarios contra el catalán.

En su recurso, han agregado las mismas fuentes, el Govern alegará que la libertad de expresión no es un “derecho absoluto” y que no puede justificar “los apelativos insultantes o injuriosos que exceden el derecho a la crítica”. “La incitación a la hostilidad y la finalidad difamatoria de Pablo Casado está constatada”, han apostillado.

La declaración de Casado como investigado se postergó varios meses después de que el juez no lo localizara en la sede del PP, donde no sabían el paradero de su exlíder, desbancado por Alberto Núñez Feijóo el año pasado tras su disputa con Isabel Díaz Ayuso y que desde entonces ha abandonado la política.

Dos días antes de las elecciones de abril de 2019, Pablo Casado demostró que no daba la talla. No por su estatura, sino porque su carácter temerario o falta de experiencia le empujó a hacer algo que perjudicaba los intereses de su partido. Unos años después, Alberto Núñez Feijóo, con mucha más mili política sobre sus hombros y una gran capacidad de resultar aburrido cuando no le conviene dar un titular, ha cometido una pifia similar. Una de esas de las que no es posible conocer su auténtica gravedad hasta el día en que se abran las urnas.

En 2019, a Casado le interesaba en teoría no crear incentivos para que los votantes del Partido Popular se decidieran a dar el salto hacia Vox. Por ejemplo, debía afirmar que un voto a Vox hacía más fácil que Pedro Sánchez continuara en Moncloa. Es lo que hizo durante la campaña. Pero en una entrevista en el viernes anterior a las elecciones el presidente del PP tiró todo ese trabajo previo a la basura.

“Vox o Ciudadanos, tengan diez escaños o tengan 40, van a tener la influencia que ellos quieran tener para entrar en el Gobierno o para decidir la investidura o la legislatura”, dijo. El votante del PP que estaba dudando sobre si entregar su papeleta al partido de extrema derecha vio despejadas sus dudas. La frase de Casado le ponía la pista libre para que hiciera lo que quisiera. A fin de cuentas, al final estarían todos juntos.

Feijóo se ha preocupado de no incurrir en la misma torpeza. Insiste en reclamar un Gobierno en solitario –pedir es gratis– y aspira a repetir lo que consiguieron Moreno y Ayuso en Andalucía y Madrid. Pero hay ocasiones en que cualquier cosa puede ocurrir con él si tiene delante un micrófono. Para explicar por qué no es lo mismo aceptar a Vox en un Gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, como así ha ocurrido, y hacer lo propio en Extremadura, comentó esta semana que en el primer caso el partido de Santiago Abascal había llegado al 12% y en el segundo sólo llegó al 8%.

Así que ya lo saben los votantes de Vox. Si de verdad quieren que su formación esté en un Gobierno de coalición tras el 23J, deben conseguir que alcance el 12%. Palabra de Feijóo. No lo tienen tan difícil. Vox sacó un 15% en las elecciones de noviembre de 2019. Varias encuestas lo sitúan ahora en torno a ese umbral del 12%.

Los números tienen una fuerza que a veces supera a las palabras. Ya puede el PP llorar todo lo que quiera con su llamamiento a un Gobierno monocolor, a pesar de que ningún sondeo anticipa su mayoría absoluta. Si necesita el apoyo de Vox en una investidura, Abascal podrá recordarle la regla del 12%. No aparece en la Constitución ni en las leyes. Es cosecha propia del presidente del PP.

No ha pasado ni un mes desde su victoria en las elecciones autonómicas y locales y el PP ha descubierto que digerir la victoria puede llegar a ser tan incómodo como la derrota. En Valencia, Carlos Mazón se esforzó por tener un acuerdo rápido con Vox, y eso que el paquete incluía un extorero nostálgico del franquismo. En Baleares, hubo un primer pacto para la constitución del Parlamento que dio a Vox la presidencia. En este caso, la factura venía en forma de un xenófobo y antivacunas obsesionado con los penes (en términos generales, no sólo con el suyo).

Aún se desconoce cómo cree Marga Prohens, candidata a presidir la región, que le condiciona la ausencia de esa protuberancia y si comparte la opinión de la segunda autoridad de la comunidad.

Llegó Extremadura y la noticia no fue esta vez la elección de un espécimen de la ultraderecha sacado del gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Allí fue la candidata del PP, María Guardiola, la que se plantó ante las exigencias de Vox. Lo que sorprendió a todos es que no lo justificó por razones de reparto de poder en función del número de votos –todo eso del 8% o el 12%–, sino por una cuestión de principios: “No puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes o despliegan una lona para tirar a una papelera la bandera LGTBI”. Efectivamente, todo eso que Carlos Mazón había hecho en Valencia.

De repente, el modelo de funcionamiento de Feijóo que tantos elogios recibió por los barones del partido y la prensa de derechas se ve envuelto en la confusión. El gallego que daba a sus dirigentes regionales la máxima autonomía posible siempre que le entregaran todos los mandos de la política nacional no parece ya un paradigma de la astucia alejado de las interferencias constantes de la era de Casado. En el momento decisivo, las piernas han empezado a temblar.

Algunos de los mismos que se habían quejado de ser intimidados por el estilo autoritario de García Egea reclaman ahora que el líder del partido muestre algo de autoridad e imponga una estrategia que condicione todas las negociaciones con Vox. Se quejan de que Mazón concedió a Vox todo lo que quería y ahora la extrema derecha está crecida y no va a aceptar menos que lo que obtuvo en Valencia.

También critican a Guardiola por descartar con tanta firmeza un pacto con Vox, lo que deja en evidencia a Mazón y los que vendrán después. Por el momento, Génova le ha dicho a su líder extremeña que tenga la boca cerrada y que intente reconstruir su relación con Vox.

En la prensa de derechas, se impone la idea de que hay que pactar con Vox, aunque sea tapándose la nariz y con la cabeza metida en una escafandra. Pero no son esos columnistas los que tienen que encerrarse en una habitación con los dirigentes ultras sin poder abrir las ventanas.

La semana acaba con la elección de Marta Fernández, de Vox, como presidenta de las Cortes de Aragón, que se ha convertido en el último ejemplo del bestiario que están dibujando los pactos del PP y Vox. Fernández parece el resultado que ofrecería una inteligencia artificial sobre el prototipo del dirigente del partido de extrema derecha. Odio a los trans, xenofobia, integrismo religioso, negacionismo climático, antifeminismo... No hay ejemplo de fanatismo que no aparezca en sus credenciales.

Esta no es precisamente la tarjeta de presentación de la que Feijóo esperaba presumir en las elecciones de julio. El coste político de contar con socios inevitables tan tóxicos –si no lo fueran, no habría tanta polémica– ha hecho que el PP tenga que dar explicaciones. O intentarlo malamente, como Feijóo diciendo sobre las negociaciones de Extremadura que “hay una divergencia importante que nos separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo”. Feijóo, siempre con la claridad en el mensaje como bandera.

Cuando el PP quería estar hablando sólo de Sánchez, en estos momentos le toca hablar de sí mismo y de su probable aliado y no está preparado para tal ejercicio de transparencia. Al menos, su líder no lo está.

--------------------

Te necesitamos más que nunca

El resultado electoral de las elecciones municipales y autonómicas no deja lugar a dudas. Viene una ola reaccionaria y la mayoría de los medios nadan en esa misma dirección. elDiario.es se ha convertido en uno de los pocos periódicos de referencia, con capacidad de marcar la agenda y destapar investigaciones exclusivas, que sigue siendo independiente y no está capturado por la derecha. 

Si crees que el periodismo importa y afecta a nuestras vidas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

La derecha española ya copia las tácticas más peligrosas de Trump en Estados Unidos: poner en duda la legitimidad del Gobierno, montar conspiraciones sobre un grano de arena e inventarse enemigos y peligros que no existen. Con el subdirector de elDiario.es Iñigo Sáenz de Ugarte.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al Día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al Día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 60 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Los vecinos de la céntrica calle Goya de Madrid se han encontrado una ‘sorpresa’ esta mañana. Junto a una de las bocas de Metro de la estación de Goya, en el barrio de Salamanca, Podemos ha desplegado una enorme lona con la cara de Tomás Díaz Ayuso –hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– y la frase que pronunció Pablo Casado hace un año sobre el polémico contrato de las mascarillas de la Comunidad de Madrid, que hizo caer al entonces líder nacional del Partido Popular. (La frase, no el contrato)

“La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000€ de beneficio por vender mascarillas”, dijo Pablo Casado el 18 de febrero de 2022 en una entrevista de la que entonces se hizo eco la cuenta de Twitter del PP, y que ahora retoma Podemos en plena campaña del 28M.

En la lona, que abarca cinco plantas de un edificio, se ve el tuit con las palabras de Casado y una imagen de Tomás Díaz Ayuso, que en plena pandemia se llevó una comisión de más de 280.000 euros por un contrato a dedo de 1,5 millones de euros en mascarillas por parte del Gobierno de Madrid. La pancarta también incluye el mensaje “hay que echarlos”, en referencia al PP de Madrid, y la firma de Podemos en los laterales.

El contrato se produjo en 2020 y lo desveló elDiario.es un año después, pero no fue hasta febrero de 2022 cuando la dirección del PP empezó a mostrarse incómoda por la “comisión” que se agenció el hermano de Díaz Ayuso. Pocas semanas después, el que era presidente del PP era ‘defenestrado’ por su propio partido, y en abril de 2022 se materializaba el cambio de liderazgo, tras una profunda crisis ahondada por las declaraciones de la propia Díaz Ayuso, que no dudó en cargar duramente contra Casado aquellos días.

Ahora, el nombre –y el rostro– de Tomás Díaz Ayuso han vuelto a la actualidad por la campaña para las elecciones del 28 de mayo. Primero fue Alejandra Jacinto, candidata de Podemos-IU-Alianza Verde a la Comunidad de Madrid, la que usó una camiseta con la cara de Tomás Díaz Ayuso en el debate electoral autonómico, en el que, por cierto, la presidenta madrileña retiró el saludo a Jacinto. 

Un día después del debate, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, vistió una prenda similar para acudir al Congreso a la sesión de control de este miércoles. “Me preocupa que en este país ofendan más las camisetas que las mordidas”, dijo entonces Belarra cuando le preguntaron sobre ello.

Ahora, la cara de Tomás Díaz Ayuso vuelve a aparecer en las calles, esta vez a tamaño gigante y en uno de los barrios más ricos –y de derechas– de Madrid.