Feijóo: no a todo con mejores palabras que Casado

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 28 de julio.

Iñigo Aduriz


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“Estamos aquí para ofrecer fiabilidad, madurez, sentido de Estado y un rumbo claro”, aseguró Alberto Núñez Feijóo el pasado 2 de abril, nada más ser elegido presidente del Partido Popular en el XX Congreso de la formación. Fue tras el inédito cisma interno que acabó con la expulsión del cargo de su predecesor, Pablo Casado, el único líder del partido que a lo largo de su historia ha sido elegido por primarias. “Para rectificar lo que se hace mal, garantizamos nuestro apoyo al Gobierno (...). Para agilizar las medidas que los españoles necesitan (...). Para proteger nuestros servicios públicos con una economía que crezca de forma sana”, añadió, tendiendo la mano al Ejecutivo. Feijóo prometió todo esto tratando además de escenificar un giro a la moderación respecto a la estrategia del enfrentamiento continuo, los insultos y las descalificaciones que caracterizaron la estrategia del equipo saliente. Propuso “sacar la política del enfrentamiento, de la hipérbole” y remarcó que su “proyecto” era “de entendimiento”.

El doble discurso del PP desdibuja la imagen de moderación de Feijóo

El doble discurso del PP desdibuja la imagen de moderación de Feijóo

Todas esas pretensiones han caído en saco roto casi medio año después de aquel discurso. Aunque en sus intervenciones públicas Feijóo sí ha mantenido un tono más pausado que el de Casado, con apelaciones al entendimiento entre diferentes y a la moderación, el balance de su breve mandato no se corresponde con el de esas conciliadoras palabras.

Desde abril, el PP no ha llegado ni a un solo acuerdo de Estado con el Gobierno y se ha opuesto a todas las medidas aprobadas para hacer frente a la situación económica agravada por la inflación y, sobre todo, por la guerra de Ucrania. Además, aunque Feijóo inició su mandato abriéndose a retomar la negociación con el Ejecutivo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –llegó a nombrar a su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, como interlocutor con Moncloa–, casi medio año después su dirección mantiene el mismo bloqueo al que sometió el PP de Casado al máximo órgano de los jueces desde 2018. Y pese a las apelaciones a tender la mano, también da a entender que no habrá acuerdo hasta el final de la legislatura porque, como su predecesor, Feijóo sigue planteando una y otra vez condiciones cambiantes y crecientes para la negociación.

El martes, en su última comparecencia pública, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó que el PP llevaba hasta ese momento “1.351 días” bloqueando la renovación del Poder Judicial. “No hay precedente en Europa de un bloqueo como el que se está sometiendo a los jueces”, enfatizó, además de realizar un nuevo “llamamiento a la responsabilidad y a la lealtad constitucional” al principal partido de la oposición.

Ese mismo día, el diario El País había revelado el documento que firmaron en octubre de 2021 el Gobierno y el PP, entonces en manos de Casado, para desbloquear la situación y renovar el CGPJ. Un pacto que fue roto por el principal partido de la oposición en el último momento, arguyendo que la parte del Ejecutivo había planteado que algunos de los miembros del Poder Judicial fueran propuestos por el socio minoritario del Gobierno de coalición, Unidas Podemos. “Confirmo que hubo un pacto con la dirección del PP para renovar el CGPJ”, dijo Sánchez el martes, para pedir a la dirección de Feijóo “que cumpla con lo firmado, que cumpla con la ley y con la Constitución”.

Las “condiciones” cambiantes del PP

En un nuevo giro para mantener el bloqueo del Poder Judicial –que aún sigue configurado con la mayoría conservadora pactada por PP, PSOE e IU en 2013, cuando Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta–, la nueva cúpula del PP reniega de ese acuerdo suscrito por su exsecretario general, Teodoro García Egea, hace menos de un año y lo califica de documento “secreto”. Feijóo, este fin de semana, aseguró en una entrevista en El País que desconocía ese pacto. El martes, sin embargo, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, reconoció, tras ver el documento, que sí se había firmado por el partido.

Este miércoles, de nuevo, el ‘número tres’ del PP, Elías Bendodo, volvió a sostener, como Feijóo, que la dirección desconocía el acuerdo de sus predecesores. “No lo conocía ni reconozco ese documento”, aseguró Bendodo en declaraciones a la prensa desde Málaga, donde afirmó que su formación tiene la mano tendida al PSOE para negociar. El problema, dijo, es que el presidente del Gobierno “es preso de sus socios”, que no le permiten “sentarse y pactar con los populares”. “Ese es el problema. Nos queremos sentar, lo hemos intentado y se ha producido algún encuentro, pero en cuanto íbamos a llegar a un acuerdo y el PP iba a presentar sus propuestas, el Gobierno cambia las reglas del juego”, añadió. 

Pons, el elegido por Feijóo para negociar con el Gobierno sobre este asunto, aseguró también este miércoles, por su parte, que su interlocutor por parte del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo primero que le dijo al iniciar la negociación fue que “tenía unos documentos que se habían pactado en secreto, no conocidos por la opinión pública y que los quería poner encima de la mesa”.

En distintas entrevistas en Onda Cero, TVE y Cuatro, el dirigente del PP aseguró este miércoles que Bolaños le “amenazó” con sacar a la luz ese acuerdo con Casado y que el ministro “lo ha filtrado cuando ha querido”. Pons también quiso dejar claro que el texto “ni ha formado parte ni formará parte de la negociación” que se mantiene con el Ejecutivo de Sánchez. “Una cosa es que la negociación sea discreta y otra muy distinta es que los acuerdos sean secretos”, precisó. “El único papel que ha puesto el PP tiene condiciones razonables para renovar el Consejo con la ley en vigor” y después abordar “en consenso” con los partidos políticos y las asociaciones judiciales una reforma para que “sean los jueces los que eligen a los jueces”, añadía, ahondando en ese mismo marco de bloqueo de los últimos cuatro años, tanto cuando el PP lo lideraba Casado como ya con Feijóo.

Más allá de la renovación del Poder Judicial, el 'no a todo' lo que tenga que ver con llegar a acuerdos con el Gobierno se ha instaurado como una práctica continuista de la dirección de Feijóo, que sigue así el mismo camino que su predecesor. El mismo abril, solo cinco días después de ser elegido líder del PP, el expresidente gallego acudió a La Moncloa a una reunión con Sánchez de la que solo salió ese compromiso mutuo de retomar las negociaciones sobre el CGPJ que siguen bloqueadas. No hubo ningún otro acercamiento.

A finales de ese mismo mes, el PP de Feijóo evidenció ese continuismo respecto a la línea de Casado votando en contra de la convalidación del real decreto ley de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania que recogía 16.000 millones de euros en ayudas para distintos sectores así como la bonificación de 20 céntimos en el precio del combustible, la ampliación del ingreso mínimo vital o del bono social eléctrico.

Desgastar al Gobierno desde Europa

Los populares, que sí fueron contactados por el Gobierno para buscar su apoyo, habían exigido al Ejecutivo como condición para convalidar el decreto que asumiera sus tesis económicas basadas en una bajada masiva de impuestos, sin más concreción. Como Moncloa no aceptó esa exigencia, el PP anunció su 'no' poniendo en riesgo el decreto, que, ante la negativa de los independentistas catalanes a apoyarlo a raíz el escándalo del espionaje con Pegasus, finalmente salió adelante gracias al voto a favor de PNV, EH Bildu y otros partidos más pequeños.

Introducido de lleno en la precampaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio en las que finalmente arrasó el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, que logró la mayoría absoluta, Feijóo también copió de su antecesor la estrategia de tratar de desgastar al Gobierno ante los socios europeos. “Entiendo la intranquilidad por la división interna y la debilidad externa de mi país”, dijo el líder del PP español el 1 de junio, ante sus colegas de la UE. Además de hablar de España como de “un país sin rumbo”, Feijóo retorció los datos para arremeter, con datos falsos, contra la “baja ejecución” del primer paquete de ayudas de Europa y reclamó a la Comisión “desbloquear” los fondos de recuperación, cuando España era el único país que ya había pedido el segundo tramo frente a otros que aún no habían recibido la tanda inicial.

En junio, el PP se abstuvo en el real decreto ley que introdujo el tope al precio del gas en el mercado mayorista, así como a un endurecimiento del procedimiento para los conductores que provoquen accidentes con consecuencias personales tras cometer infracciones graves. También rechazó el nuevo fondo público de pensiones, en cuya tramitación en comisión también se regocijó en las diferencias que hay entre el PSOE y Unidas Podemos. Y se abstuvo, asimismo, en la convalidación del segundo decreto anticrisis en el Congreso en julio, tras un durísimo discurso de descalificaciones y apelaciones al terrorismo de la vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante el debate del estado de la nación, que contrarrestó con el estreno del propio Feijóo en el Senado –fue elegido senador por designación autonómica del parlamento gallego para poder tener presencia en las Cortes, ya que no es diputado en el Congreso– rechazando la política del insulto.

Este mismo mes, esa estrategia del 'no a todo' se volvió a evidenciar con la actitud del PP ante el decreto para el ahorro energético cuyas medidas principales entraron en vigor la semana pasada. En este asunto ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que ha marcado el paso a Feijóo. Como quería esta última, todo el PP se acabó embarcando en una guerra total contra el Gobierno por esas medidas de ahorro, logrando centrar la atención mediática en pleno agosto. Y eso que el texto recoge algunas de las medidas que el propio Feijóo llegó a pedir a finales de julio.

A rebufo de Ayuso en materia energética

Entonces el líder del PP defendió que, en solidaridad con los socios de la UE, para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra y para reducir la dependencia del gas ruso debían adoptarse límites de temperatura de los aires acondicionados y las calefacciones. También apoyó reducir los alumbrados públicos por parte de los ayuntamientos. Pero nada más ser aprobado el texto por parte del Gobierno, Ayuso no solo contradijo al Ejecutivo, sino también al propio líder de su partido, rechazando de plano todas esas medidas. “Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza y tristeza”, tuiteó.

Entonces, la dirección nacional del PP de Feijóo se vio obligada a hacer equilibrios para no contradecir a una de las dirigentes autonómicas del partido con más peso político y la que ayudó al expresidente gallego a echar a Casado y liderar el principal partido de la oposición. Ningún presidente autonómico secundó a la presidenta madrileña en su llamamiento a la insumisión, lo que la obligó a recular y abogar por el recurso ante los tribunales. Los barones que junto con Ayuso ostentan un mayor poder político dentro del PP, los presidentes gallego, Alfonso Rueda, y andaluz, Juan Manuel Moreno, asumieron, en cambio, el real decreto.

Y, ante este panorama, el líder de los populares tuvo que adoptar, una vez más, un doble discurso que desdibuja la imagen de moderación que trata de encabezar desde su llegada al frente del PP. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, calificó a Pedro Sánchez de “egoísta”, “insolidario” y “ególatra”. Pero, a diferencia de Ayuso, ella se quejó de las formas con las que se aprobó el real decreto ley, y no de las medidas en sí: “A la gente cuando se le imponen las cosas, evidentemente se rebela”. En realidad, el Gobierno mantuvo encuentros con los gobiernos autonómicos y los grupos parlamentarios antes de aprobar el decreto, tal y como contó el diario El Español y confirmó después el Ejecutivo.

Con todo, el PP pasó en unas semanas por todos los escenarios posibles en materia de ahorro energético, desde el rechazo a la insumisión, pasando por el abanderamiento de las medidas, la petición al Gobierno de distintas reuniones o las críticas a su ineficacia. Y el pasado 8 de agosto, el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, pidió finalmente la retirada del decreto ley. Una semana después de la entrada en vigor del plan de ahorro energético, este miércoles González Pons aseguraba que “la España productiva paga el derroche de un Gobierno improductivo”.

El recurso de ETA

“El estilo de Sánchez es quitarse la corbata y luego montarse en el Falcon a quemar combustible. Se monta en un vuelo privado en vez de hacer un esfuerzo por el cambio climático. Piden sacrificio pero ellos no se sacrifican nunca. Es la España productiva la que debe pagar el derroche de un Gobierno improductivo”, aseguró el vicesecretario del PP en una entrevista en Cuatro. Sus declaraciones se producían después de que este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunciara que la demanda eléctrica en España ha caído un 3,7% desde que se puso en marcha el plan de ahorro del Gobierno, en comparación con los datos de la semana anterior.

Con todo, el mismo Feijóo que apela una y otra vez al entendimiento o al espíritu de la Transición desde que lidera el PP no ha dejado de recurrir a la hipérbole o al dato fragmentado, cuando no directamente a la mentira –por ejemplo, poniendo en cuestión los datos del paro–, para buscar la forma de hacer oposición al Gobierno, al que también vincula a la desaparecida ETA para desacreditar sus acuerdos parlamentarios con fuerzas independentistas y, en concreto, con EH Bildu. Exactamente lo mismo que hacía Casado.

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