Radiografía del PP de Feijóo en el Congreso: 'no' a las medidas económicas y votaciones para agrietar la coalición

Alberto Núñez Feijóo fue elegido presidente del PP el 2 de abril. Casi tres meses en los que el Congreso ha celebrado una treintena de votaciones legislativas en el Pleno. En ellas se han dirimido múltiples asuntos: desde el decreto ley para intentar paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra de Ucrania hasta la aprobación del tope al precio del gas, pasando por la reforma del voto rogado, la creación de un fondo público de pensiones, la Ley Audiovisual, una modificación del Código Penal para reforzar la judicialización de accidentes de tráfico, la Ley de Seguridad Nacional o la conocida como ley del solo sí es sí. Y las diferencias con la estrategia que seguía el parido cuando lo dirigía Pablo Casado son menores, cuando no inapreciables.

Feijóo asumió el liderazgo de la oposición con la promesa de dar un giro a la estrategia que había trazado su predecesor en el cargo. El dirigente gallego no ha dudado en descalificar abiertamente a la antigua dirección, pese a que ha mantenido a algunos de sus protagonistas, como es el caso de la actual secretaria general y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, o del portavoz en el Senado, Javier Maroto.

“Si tengo que dejar Galicia después de 13 años, con la confianza mayoritaria de los gallegos, no es para presentarme a un juego. Vengo a hacer una política seria”, dijo en su discurso ante el XX Congreso Nacional (extraordinario) que lo encumbró. “Estamos aquí para ofrecer fiabilidad, madurez, sentido de Estado y un rumbo claro”, dijo también.

La semana siguiente, el Pleno del Congreso tuvo una actividad baja. Se votó una iniciativa legislativa popular para proteger el Mar Menor que tuvo un amplio respaldo: todos menos Vox. La ultraderecha tenía su propia agenda con una ley destinada a eliminar los impuestos de Sucesiones y Donaciones. La proposición fue rechazada, pero el PP la apoyó, al igual que convalidación del decreto ley que regula el nuevo Estatuto del Artista.

En ese Pleno se produjo otra votación sin carácter legislativo pero con interés político. El Congreso reprobó el giro de Pedro Sánchez en la posición española en el Sáhara Occidental. El PP apoyó la iniciativa de Unidas Podemos, Bildu y ERC. Feijóo daba así un paso en uno de sus objetivos: señalar las diferencias que existen en el Gobierno de coalición y usar su voto para hacer palanca y evitar que esas grietas se puedan restañar.

Rechazo del decreto anticrisis

A finales de mes, el 28 de abril, se votó la convalidación del real decreto ley de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, conocido como decreto anticrisis. Entre otras muchas medidas, el texto incluía la bonificación directa de 20 céntimos por cada litro de combustible repostado en las gasolineras. 

El PP votó en contra, después de presentar un plan alternativo que quiso negociar a última hora con el Gobierno de coalición, con un intercambio epistolar que se dirimió en los medios. El decreto ley salió adelante y este mismo jueves, dos meses después, Feijóo reconoció en Bruselas que está a favor de la bonificación de 20 céntimos. 

También se convalidaron otros decretos que contaron con el respaldo casi total de la Cámara: para “garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas” y el que reformaba el marco laboral del Sistema Español de Ciencia y Tecnología.

El PP también tuvo tiempo para refrendar su agenda ideológica en aquel pleno de finales de abril: apoyó una proposición de ley de Vox para aumentar las penas a las personas que ocupan viviendas vacías, independientemente de las circunstancias de los propietarios o los ocupantes. 

La entrada de mayo no cambió la estrategia. El PP mantuvo su agenda ideológica al apoyar una propuesta del Parlamento de Cantabria para reformar la Ley de Costas y legalizar a posteriori construcciones que debían ser derruidas, algunas por sentencia firme. La iniciativa fue rechazada. 

El PP, sin embargo, ayudó a la aprobación de un proyecto del Gobierno de coalición que no contaba con el respaldo de los aliados: la nueva Ley de Seguridad Nacional. Contra ambas se presentaron enmiendas a la totalidad por algunos de los habituales apoyos del Ejecutivo, pero el sí de los de Feijóo permitió salvar el escollo y ofrecer una imagen de “partido de Estado”, como dijo Cuca Gamarra, que encaja perfectamente con el estilo que quiere ofrecer el líder del partido, ausente de estos debates por estar en el Senado. El proyecto se tramita ahora en comisión.

Además, el PP respaldó otros dos actos del Gobierno: otro proyecto de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación de edificios y un decreto ley para perseguir económicamente a los denominados oligarcas rusos, como parte de la respuesta a la invasión de Ucrania.

Una semana después, la actividad legislativa fue leve. Pero el PP fue protagonista con una proposición para constituir un Cuerpo de Alta Inspección Educativa cuya principal fundamentación es la de investigar la supuesta persecución que sufre el castellano en Catalunya. Una iniciativa que fue rechazada por la mayoría y que solo recibió el respaldo de Vox y Ciudadanos.

El debate se produjo mientras en Catalunya se cerraba una reforma de la ley para garantizar la educación en catalán, después de que el tribunal superior de la comunidad lo tumbara.

Además, y con las elecciones andaluzas ya en el horizonte, el PP rechazó una proposición no de ley de Vox que relacionaba migración irregular con terrorismo, y otra moción que señalaba al Ministerio de Igualdad como responsable de todas las desigualdades al margen de la que existe entre hombres y mujeres.

Ahondar en las divisiones del Gobierno de coalición

En el Pleno del 24 al 26 de mayo, a tres semanas de las elecciones andaluzas, la pugna ideológica se aceleró. El PP sometió a votación su proposición de ley que pretendía revertir la prohibición de la caza del lobo ibérico en determinadas zonas que aprobó el Gobierno. Vox, por su parte, planteó un endurecimiento del Código Penal para los delitos de hurto. 

Ambos grupos se apoyaron mutuamente, pero sus iniciativas fueron tumbadas por la mayoría parlamentaria.

Pero el PP aprovechó esta semana, y las siguientes, para ahondar en las grietas que existen en el Gobierno en una de las materias más sensibles para la coalición, y hacer palanca para evitar que se puedan restañar.

Rechazó la llamada ley del solo sí es sí de Irene Montero, que aún así pasó el trance y sigue su trámite en el Senado. Pero, a la vez, apoyó la ley Zerolo, de Igualdad de Trato, que en su momento presentó el PSOE al margen de su socio, lo que provocó un duro enfrentamiento en el seno del Ejecutivo.

La tramitación previa de la ley del solo sí es sí fue otro ejemplo de cómo el PP sabe que sus opciones pasan por la caída de la coalición entre el PSOE e IU. El PSOE llevó una enmienda a la Comisión de Igualdad del Congreso para introducir en este proyecto una leve  modificación del Código Penal contra el proxenetismo (y que después transformaron en proposición de ley, como se verá a continuación). Una jugada que denunciaron no solo desde el ministerio de Irene Montero o desde Unidas Podemos, sino todos los grupos aliados del Gobierno. Y no tanto por el fondo, que en algunos casos también, sino por la forma en la que se había gestionado.

El PP anunció su apoyo a la enmienda, lo que permitía superar el veto de los demás grupos. Pero el PSOE se vio finalmente forzado a retirarla, lo que permitió a los de Feijóo atacar a los socialistas.

Los de Feijóo también solventaron una complicada papeleta al PSOE, que introdujo días antes una enmienda a la Ley Audiovisual que permitirá a las grandes productoras de los conglomerados de Atresmedia y Mediaset hacerse con financiación destinada inicialmente a productoras independientes.

El cambio, que los socialistas añadieron al margen del socio de Gobierno (siendo como era un proyecto de ley, es decir que emanó directamente del Consejo de Ministros con otra redacción), provocó que la mayoría de los aliados parlamentarios del PSOE se bajaran de la ley, incluidos los diputados de Unidas Podemos que se pasaron a la abstención. Igual que hizo el PP, lo que permitió que saliera la ley. Eso sí, con menos votos a favor que abstenciones. En el Senado se repitió la escena y la ley ya está vigente.

En junio, el PP ha incidido en esta misma estrategia. En el Pleno del 7 al 9 rechazó, junto al PSOE, la proposición de ley de Unidas Podemos para introducir, al margen del Gobierno, un impuesto a las grandes fortunas. El mismo día, los de Feijóo respaldaron una propuesta del PSOE para castigar el proxenetismo. Los socialistas la presentaron puenteando la ley de trata que ultima el Ministerio de Igualdad.

Además, el PP se abstuvo en el real decreto ley que ha introducido el tope al precio del gas en el mercado mayorista, así como a un endurecimiento del procedimiento para los conductores que provoquen accidentes con consecuencias personales tras cometer infracciones graves. También rechazó el nuevo fondo público de pensiones, en cuya tramitación en comisión también se regocijó en las diferencias que hay entre el PSOE y Unidas Podemos.

El último Pleno celebrado hasta ahora, esta misma semana, dejó un rechazo mayoritario a permitir en el Congreso el uso de las lenguas cooficiales en determinadas comunidades. El PSOE, junto al PP, Vox y Ciudadanos, votaron no. Los mismos votos, y alguno más como el PNV, se sumaron al rechazo de la proposición de ley de Unidas Podemos para modificar la Ley de Minas. Mucho más mayoritario fue el respaldo a la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La tambaleante mayoría con la que el Gobierno de coalición ha contado a lo largo de toda la legislatura, con idas y venidas de algunos de sus aliados, ha obligado al Ejecutivo, y no solo a la parte socialista, a buscar en ocasiones el apoyo de la derecha para sacar adelante algunas medidas. Y el PP ha aprendido a utilizarlo en su beneficio.