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Opinión - ¿Y ahora qué? Por Marco Schwartz

El juez sitúa a Ábalos como “intermediario” para evitar que Baleares recuperara 2,6 millones de la trama

El exministro José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el Congreso.

Alberto Pozas / Pedro Águeda / Elena Herrera

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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno considera al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos “intermediario” en las maniobras que su antiguo asesor Koldo García y otros investigados en la trama de las mascarillas realizaron para evitar que el Govern balear pudiera recuperar de la empresa adjudicataria 2,6 millones por unas mascarillas que le suministró y que fueron pagadas sin ser el modelo que se ajustaba al contrato. Tres semanas después del auto, fechado el 7 de febrero, explotó la operación Delorme sin Ábalos imputado. El ex ministro sigue a día de hoy sin estar investigado.

A finales de 2023, Koldo García y sus colaboradores están preocupados por las actuaciones administrativas del Gobierno autonómico, una de las administraciones públicas que contrataron con Soluciones de Gestión, la empresa pantalla utilizada por los acusados presuntamente para obtener los contratos y las comisiones. En total, Baleares pagó 3,7 millones de euros de los más de 53 que ingresó Soluciones de Gestión procedentes también de contratos la Administración central y la canaria.

“La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo. En este sentido, el día 10 de enero de 2024, Koldo se reúne entre otras personas, con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana aproximadamente, conforme queda reflejado en el oficio policial”, recoge el auto del juez del pasado 7 de febrero, apenas dos semanas antes de que la Guardia Civil explotara la operación.

Para el juez, esta reunión “tiene un especial interés para los hechos investigados” ya que el principal empresario de la trama, Juan Carlos Cueto, había pedido a Koldo que antes de realizar un viaje a Perú, “le dijese algo a un tercero”. Y precisa que estaban hablando de evitar que prosperase la reclamación de 2,6 millones que había puesto en marcha el ejecutivo balear. Al día siguiente, destacan los investigadores y el juez, Koldo se reúne con Ábalos.

En otro punto del auto, el juez recoge: “Koldo afirmó que había comentado este asunto al 'ex ministerio donde yo trabajaba antes', habiendo obtenido como respuesta que este asunto no tiene recorrido jurídico ninguno. En el mismo sentido, el día 4 de diciembre de 2023, Cueto informa a Iñigo Rotaeche que en principio la Administración balear no tenía intención de continuar con la reclamación iniciada a Soluciones de Gestión: 'esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino... él y su ex jefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio”, recoge el auto de una grabación autorizada. Los investigadores añaden: “Del devenir de la conversación telefónica en curso se referiría a José Luis Ábalos Meco.

Contactos con “Miguel Tellado” y la caducidad de la reclamación

Las gestiones continuaron en una dirección muy distinta pero con el mismo fin. El 2 de diciembre de 2023, Koldo García comunicó al empresario Cueto que había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Ni la Guardia Civil ni el juez profundizan en si Miguel Tellado es el portavoz parlamentario del PP y “Alberto” es el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Koldo dice que la cita responde a que le acaban de llamar.

El PSOE defiende que el Servicio de Salud balear interpuso la reclamación en marzo de 2023, cuando Armengol era presidenta, mientras que el PP, que gobierna actualmente el archipiélago, sostiene que fue presentada en junio y ratificada en agosto de ese mismo año, bajo el mandato de Prohens. En su auto, el juez entiende que la reclamación podría haber caducado, con fecha límite 18 de enero de 2024, por inacción del Govern balear del PP, al no apreciar comunicaciones entre la empresa y el Ejecutivo. También la jurisprudencia del Tribunal Supremo apunta a esa prescripción. El actual Govern puede acudir, sin embargo, a la vía penal -de hecho, ya se ha personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional-, informa elDiario.es Balears.

“Cabe señalar que, de la observación de las comunicaciones telefónicas de los investigados, pocos días antes de la fecha límite indicada, se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto, por lo que puede colegirse que podría haberse producido la caducidad de la reclamación a Soluciones de Gestión y, por lo tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto”, añade el juez en el sumario.

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