Las Huecas ha estrenado en el Centro Dramático Nacional Risa Canibal / Riure Canibal, una obra que comienza como un chiste y acaba en un aquelarre un tanto gore y desmedido. Las invitadas a este sabbat negro no son otras que: la italiana Giorgia Meloni, la francesa Marine Le Pen, la alemana Alice Weidel y la española Rocío Monasterio, aunque la actriz, Nuria Corominas, hace que este último personaje tenga claros ecos de Isabel Díaz Ayuso. Las cuatro prominentes primeras damas del nuevo fascio europeo se verán encerradas en un cuarto vacío. 

Cuatro actrices, dos de la propia compañía, Júlia Barbany y Nuria Corominas, y dos invitadas de honor, Judit Martín y Sofía Asencio, interpretan a las líderes políticas. Durante treinta minutos la propuesta parece trabajar la comedia ácida. Las líderes parecen subnormales. Se ponen narices de payaso que Meloni ha traído de Estados Unidos, alzan el brazo haciendo el saludo fascista y se sienten liberadas como si estuvieran en una terapia de grupo cutre. 

El problema de esta Risa Caníbal es la distancia. Distancia entre lo planteado y lo conseguido en escena. Esos treinta minutos de acciones, donde las lideresas mostrarán sus dotes expresivas, su política hecha de muecas y teatralidad impostada, no llegan a funcionar. Decía Jardiel Poncela que en teatro lo que más importa es que lo que pase en escena funcione. Una verdad que, aun viniendo del gran dramaturgo de la posguerra que nunca trató lo que había pasado en su propio país, es bastante palmaria. 

Cuentan que Jardiel escuchaba entre bambalinas en los estrenos. Y que si en el primer acto el público no había reído lo suficiente, rescribía el segundo y se lo daba a los actores en el propio intermedio. Buscaba estructuras ascendentes, comedias que se elevaran hacia lo inverosímil, rompiendo así con el naturalismo teatral imperante y llevando al espectador a un asombro lúcido tras el que se desvelaba la condición humana. 

Está claro que Las Huecas no están en esas. Su aproximación es otra. Más política, un tanto más trash. Pero en esta ocasión, en la que confían buena parte de su propuesta a la comedia y la ironía, la nave no va y la distancia con la platea es muy patente. Y ahí, como decía Jardiel, o las cosas funcionan o no hay teatro.  

La tesis de la obra queda clara. Vemos a unas políticas que se han adueñado de las herramientas teatrales, de la comedia, para reírse de todo, para que nada importe. Una vez eres capaz de reírte de la verdad, esta desaparece, llega la impunidad, parece argumentar la pieza. 

Después de esa primera media hora todo se irá extrañando. Meloni acabará arrastrándose en sus propios orines, Le Pen vomitará en escena y la maleta que portaba la líder alemana empezará a exudar sangre. Todo se extraña y esas risas que las lideresas llevan emitiendo durante toda la pieza será las que se volverán contra ellas, aniquilándolas. 

La propuesta se lleva hasta el final. Todas acabarán muertas, comidas y desgarradas por su propia solución. El final es bastante gore, veremos a las líderes de Europa defecar, comerse sus propias heces. Y activista. Incluso la pantalla de los subtítulos se rebelará contras ellas y les lanzará versos del poema Los cobardes de Miguel Hernández. Al final una mujer de neandertal (Andrea Pellejero), símbolo del mito originario del fascismo más idealista, les aplastará la cabeza con una piedra, las desmembrará y se las comerá. 

La obra está planteada como una venganza en la que se hace tragar al nuevo fascismo el engendro que ellos mismo están creando. Pero esa violencia, ese ajuste de cuentas poético, si se quiere, no tensará la escena. Es decir, el cazador, en este caso Las Huecas, no se cobrará la pieza, aunque veamos al enemigo político vejado y destruido en escena. Y es que la ironía, desde Diógenes hasta Javier Krahe, es un estilete que se lleva mal con arrastrar por los suelos al adversario. 

La difícil cuesta de la creación contemporánea

Las Huecas llamaron la atención desde su primer trabajo, Projecte 92, otra misa negra en contra de un pasado no vivido pero heredado, el de los grandes fastos de 1992, en el que se enfrentaron a todo un pasado, político y teatral, reaccionando y buscando un espacio propio de libertad donde poder estar, crear y ser. Salían del Institut del Teatre, más que formadas, deformadas, que diría Thomas Bernhard. Y desde un primer momento buscaron su propio camino con un discurso nada complaciente, una estética crinche y dramaturgias donde el texto, el cuerpo, las visuales y técnicas teatrales normalmente rechazadas por el teatro que se pretende moderno fueron conformando un lenguaje escénico muy propio.

Luego llegarían, Aquellas que no deben morir. Ahí comenzaron a llamar los grandes festivales y teatros más importantes como la Sala Beckett y el Festival Temporada Alta donde estrenaron una pieza juguetona con la autoficción, De l’amistat. Pero este año, gracias al giro contemporáneo de la programación del Centro Dramático Nacional por el cual esta temporada podremos ver los nuevos trabajos de compañías como Edurne Rubio, El Conde de Torrefiel, Cris Blanco o Los Bárbaros, Las Huecas pegaban un paso enorme. Estrenaban nueva pieza en el CDN, en la sala Francisco Nieva, no la grande, pero tampoco la más pequeña. 

A pesar del serio trabajo dramatúrgico de la pieza, de ciertos hallazgos como esa maleta sangrante, pura metáfora teatral de la mochila que arrastra el fascismo europeo, o de ciertos momentos bien interesantes donde la escena se expande hacia el desastre con una laxitud arrastrada por los propios cuerpos, la propuesta no acaba de imponerse.

Aun así, este estreno se revela bien necesario. Apoyar procesos que apuestan por el riesgo, la creación colectiva, la búsqueda y la experimentación de nuevos lenguajes parece inexcusable en una cartelera cada vez más cauta y entregada al repertorio y la repetición. Es bueno, en la escena contemporánea, tan dada en ocasiones en caer en términos como la “nueva sensación” o el “creador provocador”, comenzar a entender y acompañar con normalidad tanto el hallazgo como el equívoco. 

El malestar interno en Vox arrecia a pesar del auge electoral que le auguran las encuestas al calor del crecimiento de la extrema derecha en Europa y de las victorias de Donald Trump en EEUU y de otros ultraderechistas como Javier Milei, en Argentina. Los detonantes que han colmado el vaso de la paciencia de los críticos han sido las últimas expulsiones de dos procuradores de Castilla y León, Ana Rosa Hernando (Burgos) y Javier Bernardo Teira (Salamanca), a las que se sumó después la de la portavoz del grupo municipal de Vox en Palencia, Sonia Lalanda, junto a la dimisión de todos sus cargos del exvicepresidente de la Junta castellana y leonesa, Juan García-Gallardo. Y como en los últimos doce años de vida del partido, todos se marcharon acusando a Abascal y al núcleo duro de la dirección de Vox de “autoritarismo”, “ausencia de democracia interna” y de crear un “clima cercano al terror”.

El malestar interno no es nuevo, aunque esta vez podría traducirse en una corriente organizada para plantar cara a los 'talibanes' del partido, como de hecho están planteándose impulsar un grupo de críticos que se han dado cita en Madrid a finales de este mes.

La realidad es que Vox ha ido sufriendo numerosas crisis prácticamente desde su fundación, a finales de 2013, cuando la formación de extrema derecha fue impulsada por Santiago Abascal y otro grupo de exdirigentes del PP, como Alejo Vidal-Quadras. El político catalán no tardó mucho en marcharse tras fracasar en su intento de sentar por primera vez a Vox en el Parlamento Europeo, y cuya campaña se financió con dinero de la resistencia iraní.

Vidal-Quadras fue de hecho el primero de un lento goteo de dimisiones y bajas que se han ido alternando con expulsiones y purgas de todo aquel que se ha atrevido a cuestionar las decisiones tomadas por el todopoderoso líder y el núcleo duro del que se ha rodeado, dominado por el sector más ultraconservador del partido, del que forman parte Kiko Méndez Monasterio, Gabriel Ariza, Ignacio Garriga, Jorge Buxadé, Enrique Cabanas y Montserrat Lluis, fundamentalmente.

También al poco de nacer el partido se marchó otra de las fundadoras de Vox, la dirigente valenciana y agitadora ultra Cristina Seguí, tras denunciar un caso interno de corrupción. Eran años en los que formación de extrema derecha peleaba con escaso éxito por lograr representación en las principales comunidades autónomas mientras paradójicamente abogaba por la desaparición de las mismas. 

Los críticos se organizan para plantar cara a Abascal

Aunque desde la dirección de Vox están intentando minimizar la más reciente implosión, fuentes del grupo de críticos aseguran a esta redacción que las recientes expulsiones de Teira, Hernando y Lalanda, a los que la dirección nacional acusa de “socavar” al partido por exigir mayor “democracia interna”, no son más que la punta de iceberg de un creciente movimiento telúrico dentro de la formación de extrema derecha, que tras sus doce años largos de existencia está emergiendo cada vez con más fuerza.

Son numerosos los cargos y exdirigentes del partido que se están organizando para, entre otras cosas, forzar la vuelta a las primarias que Abascal eliminó del nuevo documento político para poder poner en las listas electorales y en los cargos orgánicos peones a su antojo. “Hay un gran cabreo interno y algún día tenía que explotar. Habrá más dimisiones”, vaticina una de las voces críticas que proliferan cada vez más en Vox. Una de las que más se está moviendo es la concejala palentina expulsada Soia Lalanda, que está organizando una cumbre en Madrid a la que están invitados todos los descontentos que quieran aportar sus ideas para el futuro de Vox.

Algunos de estos críticos no descartan que al final ese gran malestar se traduzca en el impulso de un nuevo proyecto si “los que manejan los hilos no se dan cuentan del su error”. No obstante, aspiran a que antes de que eso ocurra Abascal y los que en realidad manejan con mano férrea los hilos del partido rectifiquen y devuelvan a Vox sus “principios fundacionales”.

Con este fin, otra de las recientemente expulsadas, la procuradora burgalesa Ana Rosa Hernando, ha lanzado la plataforma https://recuperatuvox.org en la que se anima a todos los descontentos del partido a participar y exponer sus quejas e ideas para mejorar el funcionamiento de la formación de extrema derecha. Los componentes de este foro exigen “garantizar las elecciones primarias en aquellas provincias que cuenten con más de 500 afiliados” y “erradicar las purgas internas y las represalias contra voces críticas”.

“La falta de diálogo y escucha en Vox son la base de todos los problemas que han derivado en la toma de decisiones como rupturas de gobierno, cambios en el grupo político europeo, cambios de organización interna y un largo etcétera”, argumentan. Además, piden “la salida del partido Patriotas por Europa, controlado por Le Pen (Francia) y Orbán (Hungría), aliado de China y Rusia” y la “vuelta al Partido de los Conservadores y Reformistas (ECR) en la Unión Europea” de la italiana Giorgia Meloni. Precisamente el pasado fin de semana Abascal citaba en Madrid a los líderes de Patriotas, que se han conjurado tras la victoria en Estados Unidos de Donald Trump para iniciar una nueva “reconquista” contra la diversidad.

La reaparición de Espinosa de los Monteros

Todo ello ha coincidido con la reaparición del exportavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que fue quien protagonizó uno de los portazos más mediáticos y dolorosos para el partido junto con el que dio posteriormente Macarena Olona. Espinosa abandonó la política en agosto de 2023 para volver a la actividad privada tras ser ninguneado por el ala más conservadora del partido.

El escaño por Madrid que dejó libre le tocaba ocuparlo a Juan Luis Steegmann, el médico provacunas, muy criticado por los talibanes de Vox. Pero se negó a regresar al Congreso y poco después se dio de baja como afiliado denunciando la deriva “antiliberal” y “anticientífica” del partido y su acercamiento al “neofalangismo”. En su lugar entró en el grupo parlamentario Carla Toscano quien poco tiempo después también renunció a él con la excusa de que quería dedicarse de lleno a su puesto de portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Madrid junto a Javier Ortega Smith. 

Espinosa ha decidido ahora romper su silencio, justo antes de que se desencadenara la crisis en Castilla y León. En las numerosas entrevistas que ha concedido ha pedido que PP y Vox entierren el hacha de guerra y alcancen un entendimiento para hacer frente al Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha descartado tajantemente su regreso a la política con el lanzamiento de un nuevo partido. A lo más que ha llegado ha sido a reconocer que hace falta un “espacio” para dar “la batalla cultural y de las ideas”, un nuevo think tank en el que a él le gustaría participar e incluso estaría dispuesto a impulsar.

Su reaparición ha supuesto todo un revulsivo para los críticos que ven en él un referente de las esencias fundacionales de la formación de extrema derecha. Incluso el agitador ultra Alvise Pérez le ha propuesto encabezar la lista de su nuevo partido, SALF, en las próximas elecciones generales, comprometiéndose a echarse él “a un lado”. Pero el exdirigente de Vox, en un largo hilo publicado en X, declinaba educadamente la oferta mientras agradecía “la ola de cariño e interés” recibido.

El respaldo que recibió de Javier Ortega Smith y sus misteriosas maniobras –luego desmentidas por él– hicieron sospechar a algunos que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid estaba armando una candidatura alternativa a Abascal, quien para neutralizarle le incluyó de nuevo en su Ejecutiva, aunque esta vez solo como vocal.

Antes que Espinosa ya se había marchado la que fue su 'número dos', la diputada por Granada y excandidata a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, quien tras renunciar a su acta en el Parlamento andaluz abandonó Vox en agosto de 2022 alegando como excusa “motivos de salud” para montar después su propio proyecto, Caminando Juntos, con el que fracasó. Pronto se destapó que Olona se iba muy dolida por el trato que le dispensaron. De hecho, no ahorró acusaciones contra la cúpula de entonces, a la que acusó de financiación irregular y de desviar millones de euros del partido a la Fundación Disenso, que preside Abascal, como certificó después elDiario.es.

La exdirigente de Vox se despachó a gusto en el programa de Jordi Évole, tildó a Abascal de “macho alfa” y desveló que había sufrido graves ataques de personas “que hacían loas a Hitler y que estaban en el entorno de Vox”. “Conmigo se han equivocado de cojones”, afirmó.  

En Andalucía también fue muy sonada la marcha de Francisco Serrano, el juez en excedencia y excandidato a la presidencia de la Junta conocido por sus excesos verbales. Serrano se vio forzado a dimitir en julio de 2020 tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía había presentado una querella contra él por un presunto fraude de subvenciones por una ayuda pública de 2,5 millones percibida en 2016.

Una de las dimisiones que el partido intentó acallar fue la del gerente y cerebro económico de Vox, Juan José Aizcorbe, materializada en octubre de 2023. Según publicó El País, el exdiputado por Barcelona había presentado su dimisión justo en la misma semana en la que elDiario.es había desvelado ese desvío millonario a Disenso.  

La lista de bajas y dimisiones de todos estos años es bastante numerosa. También de purgas, como las que sufrieron en las listas electorales de las últimas generales los diputados nacionales Rubén Mansó (Málaga) y Víctor Sánchez del Real (Badajoz), entre otros dirigentes cercanos a Espinosa. O la de la eurodiputada Mazaly Aguilar, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura en la Eurocámara, pero enfrentada a Buxadé y excluida de la lista a las europeas. Aguilar terminó rompiendo su carné de Vox en agosto del año pasado.

Con todo, una de las bajas que dio mucho qué hablar fue la de Carmelo González, el líder canario de la corriente crítica VoxHabla, que osó rivalizar con Abascal por la presidencia del partido. Evidentemente, no lo logró y se dio de baja en Vox a finales de 2020 con una carta dirigida a Abascal, en la que mostraba su desacuerdo con “la dictadura intramuros de Vox”, algo que, añade, “algunos han organizado” bajo la presidencia del líder supremo. “Creo, presidente, que con tu conocimiento o sin él, has construido uno de los monstruos más abominables de la libertad: una dictadura intramuros, una apariencia de democracia y libertad, que en realidad es el tan patrio 'palo y tente tieso'”.

Esa medida ya la han saboreado en comunidades como en Baleares, donde Vox sufrió una fuerte crisis que se saldó también con expedientes disciplinarios y dimisiones. O en Murcia, donde a la dirección no le tembló el pulso para expulsar de sus filas a diputados como Juan José Liarte, Francisco José Carrera y Mabel Campuzano, que acusaron a los coordinadores parlamentarios de funcionar como “un cuerpo de comisarios políticos”. El partido los expulsó por decidir unilateralmente el despido de cuatro trabajadores del grupo parlamentario y quitar como titulares de las cuentas de este grupo a dirigentes nacionales.

En Vox tampoco se olvida otro de los portazos más recientes y sonoros, el de Rocío Monasterio, esposa de Iván Espinosa de los Monteros. La exportavoz en la Asamblea de Madrid dejó este cargo tras ser destituida fulminantemente por Abascal como dirigente del partido en Madrid, cargo en el que colocó “a dedo” a José Antonio Fúster, hoy portavoz nacional de la formación ultraderechista. En su comparecencia sin preguntas ante la prensa Monasterio lanzó varias pullas por la falta de democracia interna de Vox recordando que “el de Madrid era el único Comité Ejecutivo Provincial que quedaba en España votado y dirigido por todos sus afiliados”, y enfatizando que “estos afiliados componen el grupo más numeroso de todo Vox”. “El secretario general y el presidente tienen ahora la potestad de nombrar a dedo al siguiente comité ejecutivo de Vox Madrid, gracias a las sucesivas enmiendas que se han ido presentando de nuestro estatuto”, lamentó, en referencia a la eliminación de las primarias. Desde la dirección, como se suele hacer cada vez que alguien se va, se le deseó suerte y se pasó página.

El propio Abascal lo ha dejado claro en las últimas semanas, asegurando que nadie es “imprescindible en Vox” y pidiendo a sus dirigentes que “dejen de mirarse el ombligo”. El líder de Vox ha preferido obviar la enésima crisis de su partido para centrarse en catapultarlo a nivel internacional junto a lo más granado de la ultraderecha europea que acudió a la primera cumbre de Patriots, convocada por Abascal en Madrid.

Sin embargo, hasta el propio exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, que hasta su marcha ha sido cómplice de toda esta situación, ha alertado de la descomposición de Vox: “Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano”.

Santiago Abascal fundó Vox en 2014 y se rodeó de un grupo de dirigentes fieles al nuevo proyecto que le ayudaron a impulsar la formación de extrema derecha y a implantarla por toda España. Diez años después, de aquella primera etapa apenas quedan vestigios de los que formaron ese primer 'núcleo duro'. La mayoría de los que le acompañaron en su aventura o han sido depurados por Abascal o han terminado abandonando el partido.

La última en hacerlo ha sido Rocío Monasterio, la exportavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, a la que Abascal decidió hace tan solo unas semanas apartarla de un plumazo como responsable de la formación en Madrid para sustituirla por José Antonio Fúster, a quien el líder ha empezado a encumbrar tras ponerle al frente de la portavocía nacional de la formación.

Al contrario que su marido –Iván Espinosa de los Monteros dejó su cargo de portavoz en el Congreso sin deslizar una sola crítica a sus compañeros o al propio Abascal– Monasterio dio un portazo recriminando a la cúpula de su partido la falta de democracia interna y el autoritarismo que preside desde hace tiempo todo en Vox. A su marcha hay que sumar muchas otras anteriores de dirigentes que ayudaron a Abascal o bien fundaron Vox, como Macarena Olona, la exeurodiputada Mazaly Aguilar, el médico y exdiputado Juan Luis Steegmann o Pedro Fernández, que fue el brazo derecho del propio Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid.

Este último es, precisamente, uno de los pocos dirigentes que se mantiene activo y con cargos en el partido de extrema derecha, y eso que Abascal le despojó del cargo de vicepresidente y antes de secretario general para relegarle a simple vocal de la Ejecutiva en la última Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado enero. Los fuertes rumores que había por entonces acerca de que el portavoz municipal de Vox y diputado por Madrid estaba intentando armar una candidatura alternativa a la de Abascal con un grupo de críticos quedaron entonces enterrados.

La maniobra fue interpretada como una eficaz forma del líder de Vox de abortar los supuestos planes que Ortega Smith siempre negó y de los que también se desmarcó Espinosa de los Monteros, cuya abrupta marcha sacudió los cimientos del partido de extrema derecha y destapó la lucha interna que había por su control entre dos facciones: la más 'liberal', encarnada por el propio Espinosa de los Monteros, y la ultraconservadora y 'opusiana' dirigida con mano férrea por el eurodiputado Jorge Buxadé, quien pese a perder también galones en el nuevo organigrama sigue al frente de la delegación de Vox en Bruselas y manejando los hilos de la formación.

Cuando Espinosa de los Monteros se fue, Ortega Smith se posicionó claramente del lado de su “querido amigo y compañero Iván”. En un mensaje en su perfil de X lamentó su decisión de dimitir, pero “mucho más las razones” que la habían provocado, sin especificar cuáles eran. Luego halagaba su entrega al partido: “Has luchado sin descanso desde la fundación de Vox con lealtad, con generosidad y con sacrificio. Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una impagable deuda de patriotismo contigo”. “Seguiremos luchando por los mismos principios y valores por los que juntos pusimos en marcha este proyecto al servicio de España y de la libertad. Siempre a tu lado”, se despedía.

El partido y el propio Abascal siempre han tolerado que el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid fuera por libre, obviando sus críticas a la dirección, que no han sido pocas. Por ejemplo, cuando advirtió de que “el partido no podía ser una agencia de colocación de amiguetes”. Ese afán de outsider le llevó a ser relegado a un papel testimonial dentro de la formación. Tanto es así que en las últimas elecciones municipales Abascal dudó sobre si mantenerle como candidato al Ayuntamiento de Madrid, donde tampoco había destacado mucho su trabajo. Al final repitió, al igual que Rocío Monasterio como candidata a la Comunidad de Madrid. En las generales también logró mantenerse en la lista por Madrid, que encabezaba el líder, aunque pasó del segundo puesto al cuarto.

Sus constantes polémicas como portavoz municipal tampoco han pasado desapercibidas y no siempre han sido aplaudidas por los suyos. Desde su enfrentamiento con los 'manteros' a gritos en el Parque de El Retiro de Madrid, o con los okupas de un inmueble en un municipio madrileño –episodios que se encargó él mismo de subir a las redes a través de vídeos–, a plantar cara a la Policía Nacional hace ahora un año, durante las manifestaciones alentadas por Vox contra la ley de amnistía de Pedro Sánchez en la calle Ferraz –sede del PSOE–, a los que recriminó su actuación. “Os vais a quedar con las ganas de hacer detenciones”, increpó a los antidisturbios, a los que recomendó que practicaran “con el saco”. “Agentes, lo siento, pero hoy no vais a poder dar porrazos, os vais a quedar con las ganas. Yo me voy”, zanjó entonces.

La más sonada fue, sin embargo, la agresión al concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, al que en un Pleno municipal le lanzó una botella de agua sobre sus papeles. Después, le espetó un “ahora, llora”, según contó luego el propio concejal de la izquierda. Todos los partidos, excepto Vox, exigieron a Ortega Smith que entregase su acta de concejal por su comportamiento “inapropiado” y “violento”. “Es un día muy triste y es una agresión inaceptable”, dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que cargó contra Ortega Smith al considerar que “no estaba ya capacitado para representar al conjunto de los madrileños”.  

Aunque su partido no se sumó a esa reprobación, tampoco hubo una férrea defensa a su persona. Vox, que había pedido poco antes la inmediata renuncia del edil socialista Daniel Viondi tras tocar varias veces la cara del alcalde de la capital en otro Pleno municipal –dimisión que el socialista materializó a las dos horas–, avaló su continuidad. Pero Abascal se limitó a reprochar al PP que hiciera “el juego al victimismo de la izquierda” sin una palabra de apoyo a su portavoz municipal.

En esta nueva legislatura Ortega Smith está intentando recuperar parte de su protagonismo perdido dentro de Vox. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga al PP de Almeida a rectificar las restricciones impuestas en el Madrid Central le ha dado alas y oxígeno. El portavoz madrileño ha aprovechado para apuntarse el tanto, ya que fue fruto de una denuncia de su grupo municipal. Hace unos días se paseó por Madrid subido a bordo de una furgoneta con consignas contra “el Madrid Central de 'Carmeida'” –como sigue apodando al alcalde mezclando su nombre con el de Manuela Carmena– al grito de “Almeida, trilero, devuelve ya el dinero”.

Pese a todo no ha podido evitar desmarcarse de las amenazas de Abascal de romper con el PP en todos los ayuntamientos, además de desbaratar todos los gobiernos que compartían con los de Alberto Núñez Feijóo en varias comunidades autónomas.

En el Congreso también se le ve más activo, con furibundas intervenciones contra el PP y el PSOE, muchas de ellas sobre inseguridad ciudadana y contra la inmigración. Sin embargo, los que conocen los entresijos del partido señalan que Ortega Smith se mantiene ahí por su antigua amistad con Abascal, que no se atreve a removerlo. Además, destacan que el diputado y edil madrileño no tiene ya influencia en la dirección nacional como vocal ni se encarga de los asuntos jurídicos del partido como antaño.

Ortega Smith es el portavoz de Vox en la Comisión de Justicia y algunos de sus compañeros apuntan a él, entre otros, como responsable de que Vox apoyara la enmienda a la ley que convalida las penas cumplidas en el extranjero a quienes tengan condenas pendientes en España, de las que se beneficiarán también algunos presos de ETA. Tanto el PP como Vox acusaron después al Gobierno de “engaño”, pero no vieron problemas hasta ese momento e incluso defendieron la reforma tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno.

La abrupta marcha de Rocío Monasterio como portavoz en la Asamblea de Madrid ha dejado ahora a Ortega Smith como el último exponente de los 'históricos de Vox', aquellos que fundaron el partido y que poco a poco han ido abandonando al líder o han visto como este les relegaba en favor de otros dirigentes que, como José Antonio Fúster, se muestran fieles a la nueva dirección.

A Ortega Smith le quedan casi tres años de legislatura por delante, pero pocos pondrían la mano en el fuego porque un buen día no se hartara y decidiera seguir los pasos de los demás compañeros que fundaron Vox y han sido ninguneados por Abascal.

La primera vez que Rocío Monasterio oyó hablar de Santiago Abascal fue en boca de su marido, Iván Espinosa de los Monteros. Era enero de 2012 y él regresaba de una cena, donde había conocido a un político del PP que estaba en Madrid porque tenía un juicio a la mañana siguiente. Abascal estaba citado en la Audiencia Nacional en una causa contra más de una decena de simpatizantes de la izquierda abertzale que le boicotearon y agredieron cuando iba a tomar posesión de su acta como concejal de Llodio (Álava). 

“Rocío, mañana voy a cancelar todo porque le voy a acompañar a la Audiencia Nacional”, le dijo esa misma noche Espinosa de los Monteros a su pareja, tal y como recordó años más tarde la ya exlideresa de Vox Madrid en una entrevista con el youtuber Jaume Vives. En ese primer encuentro el político vasco le explicó que iba a acudir al juicio sin apoyo del partido. Nadie del PP planeaba acompañarle a la Audiencia Nacional. 

“Al despedirnos me dijo que estaría conmigo el día del juicio y cumplió; siempre agradeceré el gesto a Iván Espinosa de los Monteros”, detalló el presidente de Vox en su libro No me rindo. La defensa jurídica del político vasco fue liderada por Javier Ortega Smith. 

Denaes, el germen de Vox

Días después, Abascal ofreció a Espinosa de los Monteros un puesto en la dirección de la fundación Denaes, que él presidía. Esa organización, que pretendía defender la nación española, fue el germen del lanzamiento de Vox, cuando todavía estaba liderado por Alejo Vidal-Quadras. En aquella época Monasterio y su marido “tenían mucha inquietud política”, aunque, según cuentan quienes coincidieron con el matrimonio en los primeros años de vida del partido de extrema derecha, hasta ese momento “no habían sabido encauzarla”. 

Su implicación en esa formación, sin relevancia mediática ni parlamentaria, causó desconcierto en su entorno. “Rocío e Iván son de un estrato social alto. Se metieron en un partido marginal. En sus ambientes de Puerta de Hierro y del pijerío, les miraban rarísimo, porque Vox era una apuesta perdedora”, recuerdan estas mismas fuentes.

El apoyo que Abascal y su entorno había dado a Monasterio para que encabezase el partido en la región, fue desapareciendo en los últimos años. “Rocío ha aguantado varios asaltos”, apuntan fuentes cercanas a la pareja, que aseguran que la dirección nacional ha boicoteado en varias ocasiones su poder orgánico. La confección de las listas, con nombres que no contaban con su aprobación, también generó tensiones. Una de las nuevas incorporaciones fue el que se ha convertido en su sucesor, José Antonio Fúster.  

La dirección pretendía que Monasterio se quedase en la Asamblea de Madrid, relegada únicamente a portavoz del grupo parlamentario. No lo aceptó y, a diferencia de Espinosa de los Monteros, que esgrimió motivos personales, ella se ha marchado lanzando duras críticas a la deriva actual de Vox. En una declaración sin preguntas, aseguró que su sustituto había sido elegido “a dedo” por la dirección y que, con este tipo de decisiones, se dejaba “en el olvido” la “democracia interna de los partidos”. Su abandono de la política pilló por sorpresa a la cúpula del partido, a la que no avisó del anuncio que iba a hacer.  

Goteo de salidas desde las elecciones de 2023

El sector afín a Monasterio y a Espinosa de los Monteros defiende que la histórica dirigente ha mantenido un perfil independiente y con criterio propio, enfrentándose, en ocasiones, a la dirección nacional. Y, a diferencia de Javier Ortega Smith, el último de los fundadores que sigue en el partido, más allá de Abascal, ella ha conseguido conservar una cuota de poder orgánico.

La desvinculación de la mayoría de los miembros del grupo promotor arrancó en el ciclo electoral de 2023, cuando se marcharon Espinosa de los Monteros, Víctor Sánchez del Real y la exeurodiputada Mazaly Aguilar. A ellos, se sumaron otras bajas como la del economista Rubén Manso o la del médico Juan Luis Steegmann.  

“Este partido no lo reconoce ni la madre que lo parió”, apuntan desde el sector crítico. Según estas fuentes, el líder de Vox se ha bunkerizado y se ha aislado. Cada vez mencionan a menos personas en ese núcleo duro del partido. Entre los más influyentes, sitúan a Julio Ariza, impulsor de Intereconomía, y a Kiko Méndez Monasterio, que se ha convertido en el gurú de Abascal. 

El cese de Monasterio y la llegada de Fúster a la presidencia de Vox Madrid es otro ejemplo más, según añaden estas voces discrepantes, de la “OPA empresarial” que ha hecho “el grupo Intereconomía” al partido. El sustituto de la política hispano-cubana pasó por ese conglomerado de medios y también ha estado al frente de La Gaceta de la Iberosfera, una web de la fundación del partido que ha difundido bulos en varias ocasiones. 

El tándem Espinosa de los Monteros-Monasterio aportó a Vox “una pátina de modernidad” y de “conexión con el mundo económico”, sostiene la doctora en Ciencia Política y experta en ultraderecha Anna López, que recuerda que el exportavoz parlamentario del partido pertenece a “una de las grandes familias económicas” del país “desde el franquismo” y su mujer tiene redes y contactos en el “lobby cubano”, así como en “el mundo hispano de Estados Unidos”. 

El padre del fundador de Vox es el ex alto comisionado para la Marca España Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, IV marqués de Valtierra, un título creado a principios del siglo XX por Alfonso XIII. Con formación y experiencia laboral en Estados Unidos, el marido de Monasterio inició las giras estadounidenses de la formación para entablar contactos con los republicanos y la administración Trump. 

Tras el impulso electoral del partido en 2019, Espinosa de los Monteros se puso al frente del grupo parlamentario de 52 diputados. Fue su portavoz y consiguió “estar al mismo nivel que sus adversarios” políticos, asegura López, que considera que tras su marcha, su sustituta, Pepa Millán, no ha logrado hacer sombra a Abascal en sus intervenciones. 

La salida del fundador del partido tras los resultados electorales del 23J, en los que Vox perdió 19 diputados, dejó al descubierto la pelea interna que se había disputado a lo largo de ese último año entre dos sectores enfrentados: el liderado por el propio Espinosa de los Monteros, con un grupo de afines que se autodenominaban ‘ala liberal’ y otro más falangista y tradicionalista, capitaneado por Jorge Buxadé. 

La salida de Espinosa generó “inseguridad” en el partido

El sector fiel al exportavoz de Vox sitúa como punto de inflexión en el futuro político de Espinosa de los Monteros la entrada en el grupo parlamentario de asesores próximos a Buxadé. Su relación con la sede nacional del partido, en la calle Bambú, también se fue deteriorando. Comenzó a quedarse fuera del núcleo de poder, gente de su confianza no repitió en las listas y tras los resultados electorales del 23J se abrió la incógnita de si lideraría de nuevo la actividad en el Congreso. Antes de que se conociese el futuro que el equipo de Abascal le había designado en el grupo, él anunció su marcha. 

A partir de entonces, la situación de Monasterio en el partido comenzó a complicarse. En su entorno creen que la cúpula afrontó con “inseguridad” que ella se quedase. Por eso, desde entonces, pagó las consecuencias de ser “mujer de”. Aunque Espinosa de los Monteros ha mantenido un perfil político bajo en este último año, sus movimientos no han pasado desapercibidos para Bambú. Fuentes cercanas a la dirección nacional sostienen que “ha estado enredando” estos últimos meses reuniéndose “con los descontentos del partido”. 

Con la salida de la líder de Vox en Madrid, el partido pierde a la única mujer que tenía un perfil propio, tanto mediático como político. Anna López sostiene que esta decisión forma parte del ADN de la formación, “un partido machista”. Y añade: “En cuestiones de liderazgo, las mujeres no son útiles para Vox, son una decoración”. 

Doce años después de aquella cena que creó una alianza relevante para la extrema derecha de este país, la ruptura (por lo menos política) entre Abascal y el tándem Espinosa de los Monteros-Monasterio se materializó este miércoles. El político vasco no le comunicó a su compañera de partido el cese. Lo hizo su número dos, Ignacio Garriga. “Solo puedo dar las gracias y desearle buena suerte”, se limitó a decir Abascal un día después.

Vox está en crisis desde que en las últimas generales perdió 19 diputados en el Congreso. A las expectativas incumplidas durante el último ciclo electoral –la extrema derecha apenas creció unas décimas y no consiguió superar al PP en ninguna de las citas con las urnas– se sumó, la pasada primavera, el surgimiento de otro partido ultra encabezado por el agitador Alvise Pérez, que consiguió tres escaños en el Parlamento Europeo y que roba desde entonces votantes a la formación de Santiago Abascal. También han aflorado los problemas económicos del partido y las sospechas sobre su financiación. Todo ello ha propiciado un convulso clima interno en el que han aflorado las discrepancias políticas pero también personales, que en los últimos meses se ha traducido en ceses y dimisiones.

La última se produjo este jueves. Una de las figuras más relevantes e incendiarias del partido prácticamente desde su fundación, Rocío Monasterio, decidía dimitir de su cargo de portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y dejar la política. Lo hacía menos de 24 horas después de que la dirección nacional del partido le comunicara su cese como líder de la extrema derecha en la región y su sustitución por José Antonio Fúster, al que se considera de un perfil aún más ultraconservador que el de la arquitecta. En la portavocía de la Asamblea, Abascal colocó a Isabel Pérez Moñino, también alineada con el sector duro. Con todo, se abre así una nueva crisis interna en Vox, que acumula meses convulsos.

Respecto a la salida de Monasterio, dentro del partido fueron pocos a los que pilló de sorpresa la decisión de Abascal, que ni siquiera fue quien se la comunicó a la exdirigente sino que delegó en el secretario de Organización de Vox, Ignacio Garriga. Desde hace años existe una pugna interna entre el sector encabezado por Monasterio y su marido, Iván Espinosa de los Monteros, al que se considera más de corte “liberal”, y otro aún más extremista, en el que se ha solido ubicar al hoy eurodiputado y vicepresidente Jorge Buxadé, que se inició en política en varias candidaturas de Falange y está vinculado al Opus Dei. Por el momento es este último el que va ganando la batalla, siempre con el beneplácito de Abascal.

El precedente de Espinosa

En agosto de 2023 Espinosa dimitió. Dejó tanto los cargos en el partido como su acta de diputado al confesar haber perdido la confianza de Abascal. El sector de Buxadé siempre lo consideró demasiado 'blando' y, además, acumuló críticas internas por algunas decisiones parlamentarias. Monasterio, que mantenía esa misma pugna con el sector contrario a su marido, aguantó al frente de Vox en Madrid hasta esta semana. Pero el miércoles la dirección de Abascal la fulminó del esquema orgánico y, un día después, ella decidió marcharse, cuestionando públicamente a la ejecutiva de su partido.

Unas pocas horas antes de que se conociera la destitución de Monasterio, la crisis interna se evidenció en un intercambio de mensajes de X entre Espinosa de los Monteros y Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox alineado con el ala más dura. El exportavoz reprochó a Tertsch su actitud ante el voto favorable de la extrema derecha a la ley que ha incorporado la convalidación de penas en el extranjero, que desde la derecha se considera una cesión del Gobierno a EH Bildu pese a ser apoyada por PP y Vox. El eurodiputado, en un mensaje anterior, había lamentado el “error” pero en ese mismo tuit quiso recordar otros “errores” de la etapa en la que Espinosa encabezaba el Grupo Parlamentario de Vox.

“Comprendo las dificultades que están pasando, pero lamento que personas por las que siento afecto pierdan la prudencia. Seguramente lo hacen descontando que yo la voy a mantener, pese a todo. En eso aciertan. Pero Vox se equivoca de enemigo. El enemigo lo tenemos delante; no disparéis a los lados”, le escribió Espinosa a Tertsch, en un mensaje en X. Este intercambio de reproches pudo ser el desencadenante que acabó con el cese de Monasterio.

Ante la prensa, ella se mostró este jueves satisfecha de haber “contribuido al partido desde su fundación, cuando las cosas eran difíciles, cuando el espíritu de todos era limpio y cuando el partido destacaba por la solvencia de muchos de sus miembros”. Y acusó a la dirección de elegir a su sucesor a dedo. “El de Vox Madrid era el único Comité Ejecutivo Provincial que quedaba en España votado y dirigido por todos sus afiliados”, recordó, para después criticar los modos del equipo de Abascal en los últimos años: “El secretario general y el presidente tienen la potestad de nombrar a dedo al siguiente comité ejecutivo de Vox Madrid, gracias a las sucesivas enmiendas que se han ido presentando de nuestro estatuto”.

El que será su sucesor al frente de Vox en Madrid, José Antonio Fúster, aseguró después lamentar la decisión de Monasterio y “su interpretación de cómo ha ocurrido”, sin aportar más detalles.

Como denunciaba Monasterio, el círculo más cercano a Abascal –en el que además de Buxadé están Garriga o Fúster– ha ido tomando el control del partido al margen de la militancia, todo ello en un contexto aciago para Vox, que no solo no termina de despegar como posible alternativa al PP sino que se ha estancado, según todas las encuestas. En busca de ampliar el electorado en un contexto en el que Alvise Pérez le roba votantes con mensajes aún más extremistas, Abascal tomó en julio la drástica decisión de salir de los cinco gobiernos autonómicos que compartía con los populares –no, en cambio, de las decenas de ayuntamientos que comparten–, aduciendo que los de Alberto Núñez Feijóo se habían plegado a las exigencias del Gobierno en materia de inmigración por abrirse a acoger en sus autonomías a niños migrantes.

Bajas y ceses constantes

El gesto evidenció el cisma interno de Vox. Justo después se produjo una sangría de abandonos de cargos institucionales y orgánicos que no estaban de acuerdo con la ruptura. Varios consejeros autonómicos desobedecieron al líder y permanecieron con esos gobiernos presididos por los de Feijóo y anunciaron que dejaban el partido. El goteo de bajas desde entonces no cesó, aunque ya había comenzado meses antes, tras la Asamblea General extraordinaria celebrada en enero, en la que el líder fue ratificado en su cargo sin oposición interna que al menos se expresara como tal de forma pública.

Por entonces el partido ya había empezado a sufrir un notable descenso de afiliados, según se pudo comprobar en las cuentas de 2023 que colgó Vox en su web. La mitad del censo de afiliados no pagaban sus cuotas. Aunque el partido tiene registrados cerca de 67.000 militantes, solo 35.000 están al corriente de pago, lo que ha supuesto para Vox además una importante merma de ingresos en ese ejercicio por este concepto.

Precisamente en ese ejercicio Vox recibió un préstamo de nueve millones de euros de un banco húngaro con el objetivo de financiar las distintas campañas electorales de ese año: autonómicas, municipales y las generales anticipadas. Aunque en un inicio el partido de extrema derecha evitó concretar de dónde procedía ese dinero, el pasado 26 de septiembre el medio de investigación Vsquare señaló directamente a una entidad financiera: MBH Bank.

Se trata, según ese mismo medio, de “un gigante financiero formado a partir de la fusión de tres entidades” y que en parte “”es propiedad de Lőrinc Mészáros, el empresario más rico de Hungría y amigo de la infancia de Orbán“. Además, según desveló elDiario.es el 30 de septiembre, el banco húngaro tiene como mayor accionista a Corvinus International Investment, una firma de inversión controlada al 100% por el Estado magiar presidido por Viktor Orbán. Y es, además, de una de las firmas que estuvieron detrás de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Magyar Vagon sobre el fabricante de trenes Talgo, que el Gobierno vetó por razones de ”seguridad nacional“.

La legislación española en vigor –en concreto, el artículo 7 de la ley de partidos– establece que “los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”. El propio Vox ha admitido que ha sido financiado, a través de ese préstamo de nueve millones, por parte de un banco que tiene como primer accionista al Estado húngaro.

La “gira” de Abascal

En medio de la crisis orgánica acentuada este miércoles por el cese de Monasterio y ante los problemas financieros ya citados, el objetivo de Abascal ahora es recuperar el terreno perdido y captar nuevos afiliados y simpatizantes. Por eso ha iniciado una suerte de “gira” por toda España con la que pretende reconectar con ese electorado que haya podido marcharse al proyecto de Alvise o se esté planteando votar al PP. La ya ex líder de Vox en Madrid volverá a la “actividad privada”.

“La política para mí ha sido siempre un acto de servicio a España y a los españoles. Intentar aportar algo a la sociedad y no como un puestecito del que vivir eternamente. Retorno ahora a mi actividad privada donde es probable que haga más vivienda que la señora Ayuso en cuatro años”, ironizó, este jueves, recordando así que se dedica a la arquitectura.

La hasta ahora portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciado este jueves que entrega el acta de diputada y, por tanto, se aparta de la primera línea de la política y vuelve a su trabajo como arquitecta. Monasterio ha hecho este anuncio en una comparecencia sin preguntas ante la prensa justo un día después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, la destituyera como líder del partido de extrema derecha en Madrid.

Esa decisión, tal y como ha revelado la propia Monasterio, no se la trasladó el que ha sido compañero de partido desde que los dos se afiliaron a una formación que por aquel entonces no tenía representación política. No fue Abascal el que le comunicó su cese, fue el secretario general del partido, Ignacio Garriga, quien se lo trasladó.

En declaraciones a los periodistas, Monasterio ha recordado que “el de Vox Madrid era el único Comité Ejecutivo Provincial que quedaba en España votado y dirigido por todos sus afiliados” y ha enfatizado en que “estos afiliados componen el grupo más numeroso de todo Vox”. “El secretario general y el presidente tienen la potestad de nombrar a dedo al siguiente comité ejecutivo de Vox Madrid, gracias a las sucesivas enmiendas que se han ido presentando de nuestro estatuto”, ha asegurado.

Nueva portavoz de Vox Madrid, Isabel Pérez Moñino

Por lo tanto, Abascal decidió a dedo el nombre del sustituto de Monasterio. Se trata de José Antonio Fúster, uno de los perfiles que está ganando proyección en la calle Bambú, donde está la sede de Vox. Este diputado regional está al frente de la portavocía nacional de la formación y se encarga cada lunes de transmitir las conclusiones semanales del Comité de Acción Política, desbancando de este cargo al vicepresidente y secretario general del partido, Ignacio Garriga.

A juicio de Monasterio, la elección a dedo de su sustituto “deja en el olvido la democracia interna de los partidos” que al principio se defendía en Vox. “A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario ni del presidente me parece lógico y honesto entregar mi acta de diputada, cosa que formalizaré ahora mismo en el registro”, ha anunciado.

“La política para mí ha sido siempre un acto de servicio a España y a los españoles. Intentar aportar algo a la sociedad y no como un puestecito del que vivir eternamente. Retorno ahora a mi actividad privada donde es probable que haga más vivienda que la señora Ayuso en cuatro años”, ha aclarado.

Monasterio era una de las pocas fundadoras de Vox que todavía ostentaba poder orgánico en el partido. Su pérdida de galones en la formación política se suma a la salida de otros compañeros que formaron parte de la creación del partido y se han marchado desencantados con la gestión actual de la cúpula o arrinconados por la dirección, entre ellos, el marido de Monasterio, Iván Espinosa de lo Monteros.

La sustituta de Monasterio en los cara a cara con Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid será Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), tal y como ha desvelado Fúster a las pocas horas de que Monasterio anunciase su marcha. En un breve encuentro con los medios, el nuevo presidente de Vox Madrid ha asegurado que “no puede compartir” las interpretaciones que ha realizado la histórica dirigente de Vox del funcionamiento del partido.

Fúster ha querido agradecer la labor de su antecesora al frente del partido en Madrid. Al ser preguntado por las razones esgrimidas por la dirección del partido para destituir a Monasterio, el portavoz nacional del partido asegura que desconoce los motivos porque no estuvo presente en el encuentro en el que se tomó esa decisión. “Vox está por encima de cualquier persona”, ha asegurado al terminar su intervención.

Contribuyó al partido cuando el “espíritu de todos era limpio”

La ya ex lideresa madrileña del partido ha transmitido en sus declaraciones el sentir de algunos de los excompañeros de la formación, que han ido abandonado el partido en el último año y medio, al asegurar que ha “contribuido al partido desde su fundación, cuando las cosas eran difíciles, cuando el espíritu de todos era limpio y cuando el partido destacaba por la solvencia de muchos de sus miembros”.

Monasterio ha entrado hoy sonriente en la Asamblea de Madrid, escoltada por sus compañeros de grupo parlamentario. Dijo que estaba “encantada” y pasó al salón de plenos, donde preguntó a Ayuso por el problema de la vivienda.

La presidenta no quiso hacer sangre sobre la situación orgánica de su rival, que volvió a quejarse de los okupas y a defender la propiedad privada, en riesgo en España, a su entender. Fue lo más parecido a un debate racional, en el que los adversarios ponen en cuestión las cifras del otro, pero no se señalan como la encarnación del mal.

Nada más terminar su intervención ante los medios, en un declaración que llevaba escrita, Monasterio se ha dirigido al registro de la Asamblea para presentar su acta de diputada. Lo ha hecho arropada por cuatro compañeros—Jorge Cutillas, Javier Pérez Gallardo, Íñigo Henríquez de Luna e Ignacio Arias— que le han acompañado gran parte de los años que ha estado en el grupo regional del partido de extrema derecha.

Ni su sustituto ni ninguna de sus compañeras de grupo parlamentario han escoltado a Monasterio a realizar su último trámite como diputada autonómica. En su despedida, la ya ex lideresa del partido ha hecho gala de su característica ironía, al asegurar tras su cese que a lo mejor era, sin saberlo, “la directora del grupo jurídico en el Congreso”, una alusión velada al apoyo de Vox a la reforma legal que permitirá a presos con condenas cumplidas en el extranjero acumular sus penas para el cálculo del cumplimiento máximo.

La influencia de Monasterio en la política regional se había reducido mucho desde que el PP recuperó la mayoría absoluta el año pasado. Vox protestó airadamente por el control de la mesa de la Asamblea de Madrid sobre la comisión de vigilancia de las contrataciones, cuya presidencia abandonó en señal de protesta, y la propia Monasterio se vio envuelta en una polémica, que derivó en expediente sancionador, por votar por otro compañero durante un pleno, según ella por error. Se trató de “una cacería”, criticó en su momento. La pieza se la ha acabado cobrando Santiago Abascal.

Rocío Monasterio abandona la presidencia de Vox Madrid. La formación de extrema derecha ha anunciado este miércoles que su sustituto en este cargo será José Antonio Fúster, actual portavoz nacional del partido y diputado en la Asamblea de Madrid. Esta decisión de la dirección nacional no supone la salida de Monasterio de la formación política, ya que seguirá al frente de la portavocía del grupo en la Asamblea de Madrid.

Monasterio era una de las pocas fundadoras de Vox que todavía ostentaba poder orgánico en el partido. Su pérdida de galones en la formación política se suma a la salida de otros compañeros que formaron parte de la creación del partido y se han marchado desencantados con la gestión actual de la cúpula o arrinconados por la dirección, entre ellos, el marido de Monasterio, Iván Espinosa de lo Monteros.

El sustituto de la lideresa de Vox es uno de los nombre que está ganando proyección en la calle Bambú, José Antonio Fúster. Este diputado regional está al frente de la portavocía nacional de la formación y se encarga cada lunes de transmitir las conclusiones semanales del Comité de Acción Política, desbancando de este cargo al vicepresidente y secretario general del partido, Ignacio Garriga.

En un comunicado hecho público este miércoles, Vox asegura que Fúster “ha aceptado el encargo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido consciente del reto y con el compromiso de servicio permanente a todos los cargos, afiliados y simpatizantes de Vox de todo Madrid”.

La formación de extrema derecha también ha querido agradecer a Monasterio sus “más de ocho años de dedicación” al partido y aseguran que, tras este nombramiento, la política “quedará dedicada en exclusiva a la actividad política de la Asamblea”.

Vox reconoce a Monasterio haber “logrado la implantación territorial de la formación en todo el territorio de la provincia consiguiendo ser la única fuerza política que en las pasadas elecciones municipales presentó candidatura en el cien por cien de los municipios”.

Unas pocas horas antes de que se conociera la destitución de Monasterio, su marido, el exportavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros, reprochó a Hermann Tertsch, eurodiputado del que fue su partido, su actitud ante el voto favorable de la extrema derecha a la ley que ha incorporado la convalidación de penas en el extranjero que desde la derecha se considera una cesión del Gobierno a EH Bildu pese a ser apoyada por PP y Vox. Tertsch había lamentado el “error” pero en un mensaje en X quiso recordar otros “errores” de la etapa en la que Espinosa encabezaba el Grupo Parlamentario de Vox.

“Comprendo las dificultades que están pasando, pero lamento que personas por las que siento afecto pierdan la prudencia. Seguramente lo hacen descontando que yo la voy a mantener, pese a todo. En eso aciertan. Pero Vox se equivoca de enemigo. El enemigo lo tenemos delante; no disparéis a los lados”, le escribió Espinosa a Tertsch, en un mensaje en X.

Con la marcha de Espinosa de los Monteros, y la salida de perfiles afines como Víctor Sánchez del Real, el futuro de Monasterio en el partido era una cuestión que se llevaba especulando desde hace tiempo. En agosto de 2023, tras las elecciones generales, el marido de la hasta ahora lideresa regional de la formación anunció que dejaba la política y abandonaba Vox tras haber perdido poder en el entorno de Abascal.

A nivel electoral, tampoco le han ido bien las cosas a Monasterio. Tener enfrente a Isabel Díaz Ayuso le ha pasado factura. El rodillo de la mayoría absoluta del PP ha dejado a su partido sin influencia política en el parlamento regional y en los últimos años ha ido perdiendo representación, pasando de 13 diputados en los comicios de 2021 a 10 en los de 2023.

Los partidos de izquierda han tratado esta mañana de desdibujar en la Asamblea de Madrid el relato eufórico de la comunidad autónoma que esbozó la víspera la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La más beligerante ha sido la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. “No es mala gestión, es ingeniería social al servicio de un proyecto ideológico: que la experiencia de lo público sea humillante”, ha dicho del modelo del PP madrileño y de la propia Ayuso, a quien ha descrito como “personaje de historieta”. Menos beligerante, el portavoz socialista, Juan Lobato, la ha acusado de “odiar a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero” y ha puesto en duda sus promesas de inversión. La presidenta no sorprendió en sus sucesivas réplicas; de Más Madrid insiste, en bloque, en que es “totalitario”, mientras que la réplica al PSOE la dedicó en buena parte a criticar la política estatal.

Bergerot empezó señalando contradicciones del discurso del PP, como achacar el aumento de los alquileres de los pisos a la ley de vivienda cuando la regulación de precios no está operativa en Madrid porque el Gobierno regional rechaza aplicarla. En ese sentido, propuso dedicar 1.800 millones de euros para poner 10.000 pisos en alquiler a por 600 euros, que se obtendrían eliminando parte de las deducciones fiscales a los ricos, que suman 5.000 millones, según su cálculo.

“Usted forma parte de la ola reaccionaria”, criticó Bergerot, que trazó una línea entre el PP de Esperanza Aguirre y el de Ayuso al hilo de sus casos de corrupción, recordó los muertos en las residencias durante el COVID y concluyó que estaba a la altura del “betún” en términos morales. Se refirió, en ese sentido, el episodio de su hoy jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, llamando nazi al doctor Luis Montes, especialista en cuidados paliativos señalado por el PP en tiempos de su predecesora.

Censura a Ana Millán, investigada por cohecho

La portavoz de Más Madrid insistió en que Ayuso aclare quién ha pagado el ático en el que vive con su novio y a cambio de qué y le afeó que no obligue a dimitir a Ana Millán, número 3 del PP madrileño y vicepresidenta del parlamento regional, investigada por cobrar comisiones a cambio de contratos cuando era edil de Arroyomolinos.

Ayuso se enrocó: dijo que sería la izquierda quien tendría que acabar pidiendo disculpas a Millán. Cuestionar quién pago la vivienda que utiliza tampoco es conveniente. “La mitad de su grupo parlamentario y su partido va a acabar en los tribunales”, ha dicho, aludiendo veladamente a las contradenuncias que su pareja viene planteando contra quienes piden aclaraciones sobre las circunstancias del fraude fiscal que él mismo ha admitido.

La presidenta madrileña tenía tres cuartos de hora para replicar a las respectivas intervenciones de la oposición —de media hora—, y por momentos parecía que le sobraban minutos, que tenía que rellenar con excursos. Si Bergerot cuestionaba su postura proisraelí cuando los muertos en Gaza se cuentan por decenas de miles, Ayuso salía con que la izquierda contemporiza con Afganistán o Irán. Si criticaba la privatización sanitaria y el abuso de la colaboración público-privada, oponía que RTVE también contrata programas con productoras externas. A todos los portavoces los acusó de maniqueísmo, mientras se las arreglaba para sostener una tesis y la contraria unos instantes después; por ejemplo, cuando defendió las rebajas impositivas. “Ningún rico roba a la clase media”, dijo de entrada, para después censurar a la “burguesía nacionalista catalana”. “La intervención no sirve para nada”, dijo del mercado de la vivienda, pero luego se jactó de afianzar la regulación de los pisos turísticos.

Lobato ha ejercido inicialmente de defensor de Pedro Sánchez y la “obsesión” de Ayuso con él. “Su radicalidad no justifica su ignorancia en política exterior”, ha dicho respecto a la postura del PP y la propia Ayuso con Venezuela. También ha sembrado dudas sobre las promesas de la víspera, como las decenas de centros de salud por construir, prometidos algunos “desde hace 20 años”.

La inmigración como arma

Lobato ha centrado el inicio de su discurso en la política de inmigración, que el PP y Vox usan contra el Gobierno central y ha recordado a la presidenta regional su importancia para las pensiones. “Dejen de utilizar la inmigración como arma política. Dejen de incitar discursos racistas. Dejen de distinguir entre inmigrantes buenos y malos” y “traten con respeto y dignidad a los menores en esta Comunidad”, ha exigido.

También se refirió a las palabras de Ayuso el jueves respecto a la libertad de elegir entre pública y privada para atacarla por la gestión de la sanidad. “No se elige libremente, es una desigualdad de manual”, dijo, blandiendo la cifra del 40% de pólizas de seguros sanitarios privados en Madrid. ¿Y usted defiende la igualdad entre los españoles?, se interrogó. Terminó su intervención criticando los “anuncios grandilocuentes que no se cumplen”.

A cada reproche de Lobato había una mención al Gobierno. Respecto a la inmigración, le afeó “el descontrol inhumano de Barajas”. Si cuestionaba la reforma de la ley de universidades, se refería a Begoña Gómez sin nombrarla, acusándola de haberse “lucrado” por su asociación con la Universidad Complutense.

Vox, de acuerdo en que Sánchez es “lo peor”

El debate continuó con la intervención de Rocío Monasterio, de Vox. La portavoz del partido ultra dijo estar de acuerdo con Ayuso en que Sánchez es lo “peor”, pero le reprochó los pactos del PP y PSOE en el Consejo General del Poder Judicial y su rodillo legislativo para limitar la transparencia. “No rindió cuentas”, “no dijo nada del estado real de la región” y “solo tiró de triunfalismo y de ambición personal”, reprochó. Ayuso marcó distancias en cuestiones migratorias en una réplica en la que volvió a sobrarle tiempo; acabó cantando las bondades del vino madrileño. Todavía faltaba el turno para la intervención del PP, que sirvió para una nueva ronda de ataques a la oposición y a Pedro Sánchez.

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha impuesto una sanción de 15 días de sueldo a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, por votar desde el escaño que había dejado vacante un compañero, además del suyo propio. La mesa no ha aceptado las alegaciones de la diputada, que había explicado lo sucedido como un error al intentar apagar el aparato de votación del asiento vacío. La diputada achaca el correctivo a la “obsesión” de Ayuso, si bien los populares, que controlan la Mesa, han sido más benevolentes de lo que pretendía Más Madrid, que reclamaba que el castigo incluyese la suspensión temporal de Monasterio.

“El expediente considera que la diputada ejecutó un doble voto en la mencionada sesión, vulnerando el principio de personalidad del voto y su carácter indelegable, alterando con ello, de forma consciente e intencionada, el orden las votaciones en la sesión plenaria del 1 de febrero, influyendo en la manifestación de la voluntad de la Asamblea”, señala la Mesa en un comunicado que añade que “la sanción se fija solo en 15 días naturales, y no se extiende a otros derechos de la diputada, puesto que se aprecia que la conducta de la diputada de Vox no es reiterada, ni hay antecedentes en su actitud, y no influyó en la aprobación o no de la enmienda a la totalidad de Más Madrid [que se estaba votando en aquel momento]”.

Monasterio votó en contra de una enmienda a la Ley sobre Economía Circular en el pleno del 1 de febrero. Lo hizo desde su asiento, pero también desde el que había dejado vacante el diputado José Luis Ruiz Bartolomé, para quien la formación ultra todavía no había señalado sustituto, tras renunciar el siguiente de la lista electoral. Se puede ver en el siguiente vídeo:

En los últimos días Vox viene alegando como excusa que el PP también se vio envuelto en un suceso similar no sancionado. El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, votó desde un asiento que no era el suyo en un pleno de septiembre. El PP opone que en este caso se produjo un error en la asignación de los servicios de la cámara que se advirtió en el propio pleno y que no se efectuó un voto doble.

“Es injusto y arbitrario”, se quejó el lunes Monasterio, que atribuye lo sucedido a una “orden” de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien tendría la “obsesión” de sancionarla. “Por ser de Vox se nos sanciona”, criticó Monasterio, que asegura que lo sucedido “es perjudicial para la institución” y confirmó sin decirlo expresamente que recurriría el castigo: “Ante las injusticias no me quedo quieta”.

Nunca se han llevado bien y ninguna de las dos lo disimula. Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio escenifican semana tras semana las pésimas relaciones que mantienen desde que en 2019 las dos aterrizaron en la Cámara regional. Ayuso se estrenaba aquel año como presidenta de la Comunidad de Madrid al frente de un Gobierno de coalición con Ciudadanos que necesitaba a Vox, grupo del que Monasterio empezó a ejercer entonces como portavoz. Pero ni siquiera esa dependencia evitó en aquel primer mandato los constantes choques que Ayuso y Monasterio protagonizaban cada dos por tres, choques que han ido incrementándose a partir de mayo de 2023, cuando el PP logró por fin la ansiada mayoría absoluta, por partida doble, en Madrid. Un dulce momento que se acrecentó, tanto para Ayuso como para José Luis Martínez-Almeida, al constatar que no tendrían que depender ya nunca más de Vox. Al menos en los siguientes cuatro años.

No acababa apenas de comenzar aquella primera legislatura cuando en un tenso debate en la Asamblea sobre el aborto, Monasterio, intentando marcar el paso a la dirigente del PP, le pedía que especificara las medidas que iba a impulsar su Gobierno para evitar “esas condenas de muerte”, como definió las interrupciones voluntarias del embarazo. En su turno, la presidenta regional, después de dejar claro que para ella abortar era “un fracaso”, ironizó y le dijo a Monasterio: “Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox”. Desde entonces cuentan que Ayuso se refiere a la portavoz de Vox como “doña Perfecta”.

“Ese comienzo ya demostró que entre las dos no había feeling”, aseguran diputadas del PP que reconocen que las tensiones entre las dos dirigentes son constantes, pero las achacan a la “prepotencia” que dicen que destila Monasterio en casi todas sus intervenciones. Esta, a su vez, asegura que “nunca” ha traspasado las “líneas rojas” en política como cree que ha hecho en algunas ocasiones la presidenta regional, llegando a lanzarle incluso “ataques personales”. A veces, según se queja, sin “dar la cara” y actuando “por la espalda”.

A Monasterio no se le olvida que, cuando en mayo de 2021 fue acusada de corrupción urbanística por la Fiscalía de Madrid, un caso que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmitió a trámite, tenía las cámaras de Telemadrid prácticamente a diario en la puerta de su casa. “Estaban esperando a que saliera para llevar a mis hijos al colegio”, asegura, con el convencimiento de que era una orden expresa de Ayuso, ya que cree –y en eso coincide con el PSOE y Más Madrid– que la televisión pública de Madrid está a su servicio. Su indignación creció hasta tal punto que se fue a ver a Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de la presidenta, para decirle que aquello le parecía “intolerable”.

“No estoy en política para dar navajazos”

La dirigente de Vox asegura que ella no está en política para “dar navajazos” mientras lamenta que la presidenta de la Comunidad de Madrid “nunca haya valorado el apoyo” que su partido le ha dado a su Gobierno y al PP. Especialmente durante la pandemia, recuerda, a pesar de que no estaban de acuerdo con su gestión. Sobre todo en lo referente a la crisis de las residencias, un tema que ahora ha vuelto a la palestra al pedir los dos principales grupos de la oposición un pleno monográfico y una comisión de estudio para ver cómo se puede mejorar la atención a las personas mayores en residencias y centros de mayores, ya que creen que desde aquella devastadora epidemia no se ha “movido un dedo” para “cambiar nada”. Sin embargo, Vox no ha apoyado estas exigencias porque “no quieren revanchismos”, ni tampoco “alinearse con la izquierda”, como recurrentemente les acusa la dirigente madrileña del PP.

Curiosamente, ese hipotético alineamiento con “la izquierda” es otro de los ácidos reproches que se entrecruzan las dos. La portavoz de Vox está convencida de que Ayuso ha asumido “la agenda 2030 progre del PSOE” y ve además “incoherente” su “doble discurso” sobre “inmigración y delincuencia”. También critica sus “bandazos” sobre bajadas de impuestos mientras aumenta el gasto político.

La dirigente del PP, por su parte, afea a la de Vox que haga“pinza” con “la izquierda” cuando le interesa para tumbarle leyes tan importantes como los Presupuestos. De hecho, el Gobierno regional no ha podido sacar adelante la mayoría de las cuentas que ha presentado en la Asamblea de Madrid desde 2019 debido a la oposición no solo del PSOE y Más Madrid, sino también de la extrema derecha. Así lo hizo Vox en 2022 tras llegar tarde a registrar sus enmiendas, obligando al Gobierno regional a prorrogar los anteriores cuentas.

Ayuso ya se había encarado con Monasterio en la Asamblea por esta cuestión. “Les hago todo el trabajo desde que empezó la legislatura”, le dijo a la portavoz. “Se les va agotando el discurso”, añadió. “Lo que no se puede es soplar y sorber a la vez. O está con un bando, o con el otro”, le lanzó, en alusión a esas coincidencias puntuales con los otros grupos de la oposición.

Ayuso se zafa de Ciudadanos y convoca elecciones anticipadas

Las relaciones entre las dos dirigentes no mejoraron nada cuando en marzo de 2021 Ayuso decidió zafarse de Ciudadanos y convocó elecciones anticipadas en Madrid convencida de que iba a arrasar en las urnas al fagocitar los votos de los de Ignacio Aguado y algunos también a Vox. Incluso del PSOE. Pero para su contrariedad, tuvo que afrontar su nuevo mandato con Vox como aliado.

El día de la investidura de Ayuso, Monasterio vio aún la oportunidad de marcar su agenda en un tenso debate en el que la izquierda la acusó de “xenófoba” y “racista” por atacar al diputado de Unidas Podemos Serigne Mbayé, exportavoz del Sindicato de Manteros, de origen senegalés. “Nuestro problema con el señor Mbayé no es que sea blanco o negro, bajo o alto, sino que es una persona que se saltó la cola de entrada”, dijo, acusándole de “entrar de forma ilegal” en nuestro país y de “lucrarse de la venta ilegal a las puertas de los comercios”. Ayuso, sorprendentemente, salió en defensa de Monasterio y reprochó a los demás portavoces de la oposición “el trato que le habían dado”. “Me ha abochornado que traten a su partido de esa manera”, le trasladó. “Diferimos en muchas cuestiones, pero eso no va a ser un obstáculo para lograr propuestas comunes”, añadió, en uno de sus escasos gesto de amabilidad que ha tenido con la portavoz de Vox.

Sus aparentes buenas intenciones pronto se esfumaron. Sus deseos de morder en su electorado en la siguiente convocatoria electoral, que se iba a celebrar apenas dos años después, llevaron a Ayuso entonces a poner en práctica la estrategia de asumir parte de las reivindicaciones más ultraconservadoras de Vox. A finales de 2022, ante una pregunta de Monasterio en el pleno de control, para el asombro de ésta, anunció que, aunque no derogaría las leyes autonómicas de género o la de protección integral contra LGTBIfobia, sí estaba dispuesta a eliminar de ellas la autodeterminación de género, como le llevaba tiempo reclamando, sin éxito, el partido de extrema derecha.

28M: El PP logra mayoría absoluta en Madrid

Con las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, la dirigente regional vio por fin cumplido su sueño. Su candidatura y la de José Luis Martínez-Almeida lograron la mayoría absoluta tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid. Vox, por fin, era irrelevante en ambas instituciones, se jactaban en el PP.

Los roces entre Ayuso y Monasterio no tardaron en reproducirse. Un ejemplo: en el acto celebrado en diciembre del año pasado en la Real Casa de Correos con motivo del 45º aniversario de la Constitución Española, la portavoz de Vox en la Asamblea no pudo tomar la palabra porque los organizadores del acto le dijeron que “no quedaba tiempo”. “A lo mejor no me han dejado hablar para que no hable de las bandas latinas”, se quejó Monasterio. 

Un mes antes, ambas dirigentes se habían enzarzado ya en la Asamblea regional a cuenta de la política de viviendas en alquiler para los jóvenes. Monasterio le echó en cara que el Gobierno regional priorizaba las ayudas para el alquiler a la “inmigración ilegal” antes que a los jóvenes españoles. “Se las dan siempre a los mismos. Solo hay que ver los nombres de a quién han ido a parar esos pisos”, aseguró Monasterio: “Hay muchos 'Mohamed' o 'Mustafás', pero 'muy pocas' 'Saras' o 'Paulas', 'Natalias' o 'Javier'”. Ayuso le replicó que su discurso era “perverso” por mezclar inmigración ilegal con la inmigración que se asienta legalmente en España. “Es perverso mezclar también a los nacidos en España de padres inmigrantes con inmigrantes. Si han nacido aquí son tan españoles como Santiago Abascal”, le soltó con indignación.

En su réplica, la portavoz de Vox recordó a Ayuso que hacía tan solo unos días también ella había relacionado la llegada de inmigrantes a Madrid procedentes de Canarias con posibles episodios de delincuencia e inseguridad. Por ello le dio “la bienvenida al discurso de Vox”. 

En febrero de este año Monasterio volvía a la carga y le pedía que fueran “juntas a cerrar convenios de repatriación, a cerrar los centros de 'menas' y a llevar a los migrantes de Alcalá a la puerta de la Moncloa”. A lo que la mandataria regional le contestó: “Todo lo que dice sobre inmigración siempre viene con el estigma, pero ni el crimen viene con la raza, ni con el país, ni con su cultura, viene con situaciones sobrevenidas y con la ilegalidad”. Ayuso remató su intervención asegurándole a Monasterio: “En materia de inmigración no voy con usted a ningún lado”, cuando justo un mes antes había vinculado, sin pruebas, inmigración con agresiones sexuales y un brote de sarna en Alcalá de Henares.

A la espera de su expediente sancionador

La puntilla a toda esta tensión es el episodio que Monasterio protagonizó a primeros de febrero al votar supuestamente por un compañero de bancada que ya no tiene acta en la Asamblea de Madrid. El caso está pendiente de que la Mesa inicie el procedimiento sancionador, lo que le puede suponer a la portavoz de Vox la suspensión durante quince días o un mes de sus derechos como diputada, incluido también su sueldo.

Su comportamiento, cuanto menos irregular, le ha costado a Monasterio las críticas de todos los grupos de la Cámara, sin faltar el de la propia presidenta regional. “Si usted va por una carretera en la que tiene que circular a 80 [kilómetros por hora] y le pillan a 140, señora Monasterio, usted comprenderá que tendrá que ser multada. Lo que no se ha visto en la vida es que vote por otro diputado que está ausente”, le espetó.

En cuanto reciba la notificación del expediente, Monasterio tendrá cinco días –prorrogables– para presentar alegaciones ante la diputada designada como instructora del caso, Mercedes Zarzalejo, del PP. Pero, según adelanta la portavoz de Vox a esta redacción, lo único que alegará será “la verdad”: “Que intenté apagar reiteradamente todos los botones del panel de votaciones de mi compañero, que incomprensiblemente estaba activado”. Monasterio añade que “es ridículo” pensar que estaba intentando votar por un parlamentario que había renunciado ya a su escaño y aún no había sido sustituido por el siguiente de la lista. Además, recuerda que ese hipotético voto no iba a alterar el resultado de ninguna votación dado que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid.

La portavoz de Vox vuelve a sospechar que lo único que quiere Ayuso es “su cabeza” y que también fue ella la que alertó al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, de unos hechos que habían pasado desapercibidos en su momento. “No sé qué complejo tiene con Vox”, le lanza, mientras afirma que no piensa renunciar a su acta de diputada, desmintiendo así lo que muchas veces se ha rumoreado: que tras la renuncia de su marido, Iván Espinosa de los Monteros, a la portavocía del Congreso, ella también abandonaría la Asamblea ante la falta de apoyo del líder de la formación.

“Llevo la política en el ADN. Me gusta lo que hago, y los temas de Madrid. No voy a irme. Además, tengo un compromiso con mis votantes”, zanja la dirigente de Vox, que “cree” que cuenta para ello con el respaldo de la cúpula de Vox, aunque esta afirmación da la impresión de que la hace con cierto tono socarrón.

Un gallego diría que han sido “cosas de las meigas”. Pero Rocío Monasterio lo despachó asegurando que eran “cosas de la tecnología”. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid fue pillada el pasado uno de febrero votando por ella y por un compañero de bancada, José Luis Bartolomé, que no estaba presente en el hemiciclo porque había renunciado a su escaño días atrás y aún no había sido relevado por el siguiente de la lista (el segundo siguiente, en este caso, ya que el primero, renunció). Pero a la dirigente de Vox no le pareció nada “grave” apretar el botón del ausente en la votación de la enmienda a la totalidad a la Ley de Economía Circular presentada por Más Madrid, a pesar de saber que el reglamento de cualquier parlamento o asamblea regional prohíbe tal cosa.

Su comportamiento le ha costado que la Mesa de la Cámara regional haya decidido este viernes abrirle un expediente informativo y sancionador que podría acabar con la suspensión temporal de la diputada durante quince días o un mes, con la consiguiente la pérdida de ingresos a su grupo parlamentario. El proceso deberá resolverse en un plazo máximo de 18 días, entre el periodo de alegaciones y el de prueba y será instruido - si acepta el encargo- por la diputada del PP Mercedes Zarzalejo, presidenta de la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea. 

En la anterior reunión de este órgano, celebrada el día 9, el presidente del Pleno, Enrique Ossorio, aplazó la decisión, anunció que había ordenado investigar los hechos y que en base al informe que presentaran los técnicos el órgano competente adoptaría una resolución. Al final, será la propia Mesa la que decidirá la suerte de la portavoz de Vox, al haberse descartado derivar el asunto a la comisión de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado.

Pero poco hay que investigar porque existe una grabación del momento en la que se ve nítidamente a Monasterio apretando los botones del escaño de al lado, el del ausente Bartolomé, entre risas. En su defensa la dirigente de Vox dijo que había intentado “darle a todos los botones para que se apagase” el panel. “Por mucho que yo le daba, eso no se apagaba”, añadió, mientras restaba “gravedad” al asunto.

Sus explicaciones no convencieron a ninguno de los portavoces de los demás grupos, que le lanzaron severas críticas, entre las que no faltó la de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que comparó su comportamiento con el de un conductor que circula a 140 kilómetros por hora por donde solo se puede ir a 80. “Usted comprenderá que tendrá que ser multada”, avisó. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, cree que Monasterio debe ser suspendida como diputada durante 30 días, como mínimo.

¿Qué dicen los reglamentos al respecto?

En todos los parlamentos regionales hay normas que rigen el funcionamiento de las cámaras y que establecen los derechos y deberes de los políticos que salen electos y recogen sus actas. Ninguno contempla específicamente el posible fraude de la suplantación del voto electrónico por parte de un parlamentario, un comportamiento que entraría dentro de las denominadas “conductas sancionables”.

En el de la Asamblea de Madrid, el artículo 33, que es el que se le ha aplicado a Monastario, señala en su punto tercero como conducta sancionable “atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando, en este último supuesto, desorden con su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138 de este Reglamento”. A su vez, el artículo 34.1b) dispone que, en este supuesto, podrá imponerse como sanción ‘la suspensión de alguno de los derechos de los diputados reconocidos en los artículos 15 a 21 de este Reglamento por un tiempo de 15 a 30 días“.   

En el Congreso el artículo 79.2 de su Reglamento determina que “el voto de los Diputados es personal e indelegable”. Y en el punto 3 establece excepciones y señala que “se computarán como presentes en la votación los miembros de la Cámara que, pese a estar ausentes, hayan sido expresamente autorizados por la Mesa para participar en la misma”. En el Senado también se especifica en su artículo 92.5 que el voto es “personal e indelegable”. Las dos Cámaras, no obstante, también han autorizado el voto telemático cuando se den ciertas circunstancias: “En caso de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad o en situaciones excepcionales de especial gravedad en que, por impedir el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado”, como puede ser el fallecimiento de un familiar cercano.

La multiplicación de votos en el Senado

Volviendo la vista atrás, el caso del voto irregular de Monasterio no es el único que ha saltado a la luz en estos años de democracia, protagonizados por otros diputados nacionales o autonómicos y también por senadores de distintos partidos políticos. Hay dos, al menos, que no se olvidan y han quedado grabados a fuego en las hemerotecas.

El más chocante y llamativo fue el que protagonizaron el 10 de mayo de 1991 los entonces senadores andaluces del PSOE Joaquín Galán y Gaspar Zarrías, que ostentó después la vicepresidencia de la Junta de Andalucía durante el mandato de Manuel Chaves.

La Camara Alta debatía aquel día las enmiendas a la ley del IRPF y, al llegar la hora de la votación, Galán ejerció su voto con una mano y con el pie apretó el botón de su compañero de bancada, ausente del hemiciclo. Zarrías no se quedó corto y votó con las dos manos, con una por él y, con la otra, por otro compañero de grupo, también ausente. El ejercicio de malabarismo corporal quedó inmortalizado en unas fotos que publicó el desaparecido diario El Sol. Pero el resultado de las votaciones dejó estupefacta a toda la Cámara, presidida en aquel momento por el también socialista Juan José Laborda: 156 senadores presentes, y sin embargo, 177 votos emitidos, es decir, 19 más de la cuenta. Después se supo que también en la bancada del PP había habido senadores con las 'manos largas'.

El caso quedó 'en casa'. Los dos senadores socialistas fueron sancionados por la dirección de su grupo al haber pruebas gráficas, mientras los del PP salieron indemnes. La Mesa del Senado también dejó pasar el lamentable y bochornoso episodio sin consecuencias para ninguno de los protagonistas de aquel fraude. Laborda incluso quitó gravedad al asunto argumentando que el Senado “no era ni un cuartel militar ni un colegio” y dando como 'normal' que los ausentes hubieran pedido a otros compañeros que votaran por ellos. No obstante, ante las evidentes irregularidades detectadas se tuvo que repetir la votación... pero una semana después.

El caso de Iturgaiz en el Parlamento Vasco

El 20 de noviembre de 2003, durante una sesión del pleno del Parlamento Vasco, el entonces dirigente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, también fue pillado 'in fraganti' activando en tres ocasiones la tarjeta electrónica del escaño de su compañero ausente, Jaime Mayor Oreja, para que se contabilizaran sus votos en blanco. Su gesto fue captado por las cámaras y le costó la expulsión del hemiciclo.

Aquel día el dirigente del PP se disculpó y reconoció “haber cometido una torpeza, por estar enredando inconscientemente en los botones del escaño de Mayor Oreja” mientras el PP vasco alegaba que el parlamentario “habría activado el sistema con el codo por error”. Esta explicación fue el blanco de las mofas del desaparecido programa de Euskal Telebista “Vaya Semanita”.

También ironizó el por entonces presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa: “Antes a esto se le llamaba falange y ahora parece ser que, no sé por qué vergüenza, se le quiere llamar codo. Esto es falange y es con esto con lo que el parlamentario está activando el sistema de votación”, dijo, en tono guasón. La Mesa consideró que hubo “una usurpación de personalidad al utilizar el sistema de voto del parlamentario Mayor Oreja, contraviniendo el principio de indelegabilidad del voto” e Iturgaiz finalmente fue sancionado con un mes de derechos y deberes como parlamentario, resolución que se aprobó por mayoría absoluta de la Cámara

El dirigente del PP presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero tuvo que esperar tres años a la sentencia que llegó en 2006 y denegó la solicitud de Iturgaiz. Los magistrados justificaron que si bien era cierto que el diputado autonómico “no votó en sentido stricto sensu” porque no pulsó los botones de 'sí', 'no' o 'abstención', al activar la presencia de Mayor Oreja sí alteró el número de parlamentarios que fijan el umbral de la mayoría.

“Lo que en ningún caso resulta dudoso es que en ambas hipótesis el parlamentario, al pulsar el botón que no le corresponde, está suplantando la personalidad de otro parlamentario y con ello infringiendo el deber de respeto de los procesos y mecanismos de votación”, llegó a declarar el Alto Tribunal.   

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha decidido este viernes abrir expediente a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, por haber votado el pasado 1 de febrero desde el escaño de otro diputado. El expediente podría acabar con la suspensión temporal de la diputada durante un mes y deberá resolverse en un plazo máximo de 18 días, entre el periodo de alegaciones y el de prueba. 

La decisión, según explica la Mesa en un comunicado, “se ha adoptado teniendo presente que el artículo 33.3 [del reglamento de la asamblea] establece que son infracciones ‘atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando en este último supuesto, desorden con su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138 de este Reglamento’. Además, el artículo 34.1b) dispone que, en este supuesto, podrá imponerse como sanción ‘la suspensión de alguno de los derechos de los diputados reconocidos en los artículos 15 a 21 de este Reglamento por un tiempo de 15 a 30 días”.

Monasterio votó en contra de una enmienda de Más Madrid a la Ley sobre Economía Circular en el pleno del pasado día 1. Lo hizo desde su asiento, pero también desde el que había dejado vacante el diputado José Luis Ruiz Bartolomé, para quien la formación ultra todavía no había señalado sustituto, tras renunciar el siguiente de la listaelectoral. La portavoz de Vox viene alegando que se confundió al tratar de apagar el dispositivo de votación y que los demás grupos políticos y los medios han emprendido una “cacería” contra ella.

PP, Más Madrid y PSOE consideran que cabe sancionar el episodio. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dio a entender que así sería en una reciente intervención. “Si va por una carretera en la que hay que circular a 80 y la pillan a 140, aunque sea usted Rocío Monasterio o sea de Vox, tendrá que ser multada”, indicó.

Durante las votaciones en los parlamentos ocurren cosas inexplicables. Puede que un político vote en contra de todo su partido sin querer y el resultado sea que salga adelante una ley crucial para el Gobierno. O puede que ediles fantasma presionen el botón del 'no' desde un escaño vacío. Este segundo caso es lo que ocurrió en la Asamblea de Madrid, cuando se sumó un voto extra de un diputado de Vox que había dejado el puesto días atrás.

El Parlamento madrileño investiga ahora este voto para saber qué sucedió, ya que el exdiputado José Luis Bartolomé no tenía todavía sustituto cuando se debatió la enmienda a la totalidad a la Ley de Economía Circular presentada por Más Madrid.

La formación que lidera Manuela Bergerot ha anunciado que pedirá la suspensión temporal de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. La portavoz de Más Madrid ha publicado un mensaje en X en el que insta a que “las instituciones sancionen a quienes piensan que las reglas no van con ellos”.

En las imágenes, se puede observar cómo la portavoz autonómica del partido de extrema derecha, Rocío Monasterio, aprieta los botones del escaño de al lado entre risas. Según ha explicado ella misma en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Monasterio ha asegurado que “son cosas de la tecnología y lo avisó Enrique Ossorio (el presidente de la Asamblea). Intenté darle a todos para que se apagase”. “Por mucho que yo le daba a todos los botones, eso no se apagaba”, ha añadido Monasterio.

“No hay gravedad”, ha insistido Monasterio, que lo ha justificado en que no afectó al resultado final, ya que se tumbó igualmente la propuesta por la mayoría absoluta del PP. También el portavoz del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha hablado de “falta de trascendencia”, aunque ha apuntado que se debe solucionar: “Que se investiga y que se advierta de que no se puede aprovechar si no hay alguien para darle al botoncito de al lado”.

Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, ha indicado que “a nadie se le escapa” que Vox tiene “dificultades” para estar “a la altura” del trabajo parlamentario.

Pero las declaraciones de Monasterio no convencen al portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, quien ha negado el fallo técnico. “Alguien ha tenido que pulsar el botón de su escaño, a continuación pulsar el de otro. Eso no es un fallo técnico, es un fallo humano o un intento de obtener un voto que no se tiene”, ha lanzado.

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, del Partido Popular, ha respondido a Monasterio, que conoce el funcionamiento de las votaciones y rechaza por tanto la posibilidad de que el voto adicional de Vox se deba a un fallo técnico.

“Usted es diputada en la Asamblea de Madrid desde hace 5 años y sabe perfectamente que en las votaciones no se apaga nada”, ha escrito Ossorio en un mensaje publicado esta tarde en X. “Simplemente se aprietan dos botones. Los que están en el escaño de cada uno”, ha añadido.

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha celebrado este jueves, en mitad del puente de la Constitución, una nueva sesión de control a la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, en el que la nueva portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha preguntado a Ayuso “cuáles van a ser sus prioridades” en el Gobierno y le ha pedido que aclare cuál será la “paguita vitalicia” o “sueldo Nescafé” que cobrará cuando se apruebe la reforma del Estatuto de los expresidentes.

Bergerot, que le ha reprochado además que dicha ley se vaya a tramitar por vía de urgencia “hurtando el debate parlamentario” a la oposición, ha querido saber si “es digno” que Ayuso esté en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pero luego pretenda ponerse un sueldo “de 8.500 euros o más al mes”.

“No me he puesto un sueldo de 8.500 euros, me lo voy a poner de 30.000 euros, para dos vidas, por si acaso, como si fuera una persona de Podemos”, ha ironizado Ayuso en su réplica, en la que ha tachado de “bulo” las especulaciones que se hacen sobre el asunto, recordando que la ley “ni siquiera se ha empezado a redactar”. Dicho esto, ha afirmado que en su Gobierno no tienen “una casa de 400 metros cuadrados como su jefa”, en alusión a la ministra Mónica García, ni tampoco ha puesto “a dedo 35 altos cargos investigados por el Supremo”. A esto ha unido las viviendas oficiales que calcula que tienen los 22 ministros del Gabinete de Sánchez, mientras “los presidentes de Madrid no tienen residencia oficial ni sueldo vitalicio”, como “gozan los exmandatarios en Cataluña”.

“Lo que no podemos hacer es dejar en un vacío legal a los expresidentes de la Comunidad de Madrid si van a formar parte de un consultivo [Consejo Consultivo] en el que deberían al menos cobrar por participar”, ha defendido Ayuso, en referencia a un organismo que eliminó Cristina Cifuentes durante su mandato.

La presidenta regional ha explicado que sus “prioridades” para la región de Madrid seguirán siendo “fomentar la Sanidad, la Educación o las medidas para el aumento de la natalidad”.

Bergerot ha insistido en que será una “ley para beneficiarse a sí misma” y ha criticado que el Gobierno regional esté haciendo “la vida más difícil” a las personas LGTBI tras su decisión de “derogar” las leyes trans, que en su opinión hará aumentar la LGTBIfobia, y le ha advertido de que así “empezaron en Hungría, Rusia y Polonia”.

Ayuso: “Van a tener que ponerle bótox a las cejas”

Durante el pleno Ayuso se ha enfrentado también al portavoz del PSOE, Juan Lobato, que previamente le ha reprochado que su Gobierno se dedique a la “política de fuegos artificiales” mientras Madrid empeora sus cifras de paro y tiene cada vez salarios más bajos, con una subida en la autonomía de “solo un 0,5%, frente a un 2%” nacional. El socialista ha unido a esto las dificultades para acceder a la vivienda, cuyos precios se han disparado en la región.

Por ello le ha recomendado a Ayuso que si quiere seguir dando mítines los fines de semana “hablando de ETA” o del “fin de España”, al menos de lunes a viernes se dedique “a que Madrid no sea la peor región de España en inversión educativa, sanitaria y en bajada del paro”.

En su réplica, la presidente regional se ha lanzado contra el portavoz del PSOE para sentenciar: “No hay ni siquiera un solo actor que les esté apoyando ya a ustedes, nadie”, ni del “mundo de la cultura, ni funcionarios, ni nadie”. “Van a tener que ponerle bótox a las cejas porque se les están cayendo”, ha añadido, punzante, en alusión al gesto de apoyo de los actores al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La presidenta ha criticado a Lobato al que ha acusado de haberse convertido “en el relator” del delegado del Gobierno de Sánchez frente a la Comunidad de Madrid. Después le ha recomendado que se dedique a saber “qué sucede con las Cercanías” -competencia del Gobierno central- , que son “un desastre”. Asimismo, le ha pedido que le adelante “cuándo se va a ver la primera manifestación frente a la Embajada de Rusia para condenar el abuso a homosexuales, transexuales, que se está produciendo en este país” o cuándo va a aparecer “la pancarta de la Marea Verde de las camisetas, ahora que hunden la Educación”.

Ayuso ha reivindicado que ella ayuda “a los autónomos y a aquellos que crean los puestos de trabajo para que haya más empleo” frente a las decisiones que está tomando el Gobierno de Sánchez, que solo provoca que “las empresas se vayan de España y no inviertan en Madrid”.

Santiago Abascal, Rocío Monasterio y el partido Vox han pedido que un joven vaya casi seis años a la cárcel por escribir “Monasterio y Abascal colgados del Puente de Vallecas” en una red social poco antes de un mitin del partido en el barrio en las elecciones de 2021. La Fiscalía ha rechazado presentar acusación contra él y defiende que, como mucho, podría ser acusado de un delito leve de amenazas, pero la abogada del partido de extrema derecha ha pedido un total de cinco años y nueve meses de presidio para él, además de una indemnización de 10.000 euros, por un delito de odio y otro de amenazas.

El acusado escribió el tuit en su cuenta, de unos pocos seguidores, el 5 de abril de 2021, un mes antes de las elecciones autonómicas en las que Rocío Monasterio concurría como cabeza de lista de Vox a la Asamblea de Madrid. “Abascal y Monasterio colgadxs del puente de Vallekas como sus ídolos italianos”, decía el mensaje con una fotografía del cadáver del dictador fascista italiano Benito Mussolini, colgado de una viga en Milán tras ser fusilado por partisanos comunistas.

El mensaje, borrado pocos días después por el propio usuario, fue escrito pocos días antes del mitin de precampaña que Vox y sus líderes ofrecieron en la plaza de la Constitución de Vallecas que terminó en enfrentamientos y cargas policiales. La Policía Nacional detuvo al autor del tuit pocos días después, acusándole de un delito de odio y destacando en sus informes que era simpatizante de una peña del Rayo Vallecano, que había retuiteado algunos mensajes del grupo ultra de Bukaneros y que tenía una foto de una camiseta con las iniciales ACAB (All Cops Are Bastards).

La causa contra él parecía abocada a un juicio por delitos leves, como había solicitado la Fiscalía, pero tal y como reveló elDiario.es la Justicia decidió estimar una petición de Vox y sus dirigentes para que fuera juzgado por delito de odio, exponiéndose a penas mucho más altas de cárcel. La pena que solicita el partido de extrema derecha suma cinco años y nueve meses de presidio: tres años por delito de odio y dos años y nueve meses más por amenazas agravadas.

La petición que hacen de forma conjunta Vox, Abascal y Monasterio incluye una multa de 2.400 euros y que el condenado les indemnice con un total de 10.000 euros por ese tuit. Un dinero que, especifican, no es para ellos: sería para donar a una asociación de apoyo a los huérfanos de la Guardia Civil. También solicita que se le expulse de España mientras cumple condena aunque el acusado tiene nacionalidad española.

El fiscal Ángel Guzmán, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, entiende sin embargo que en ningún caso se trata de un delito de odio y no presenta ningún tipo de acusación contra el joven. Entiende el Ministerio Público que, como mucho, podría ser encausado por un delito leve de amenazas con agravante de discriminación, pero no por odio: “No merece reproche como discurso de odio, no incita públicamente ni a la hostilidad ni a la discriminación o violencia”, dice la Fiscalía. Añade también el Ministerio Público, citando al Tribunal Supremo, que un partido político no es un “colectivo diana” y por tanto posible víctima de este tipo de delitos en el contexto de unas elecciones.

Cargas policiales y lanzamiento de objetos

En su escrito de acusación, la extrema derecha entendía que existió “una clara intención de incitar al odio hacia los simpatizantes y dirigentes de Vox, así como crear un ambiente hostil y amenazante para ellos y demás asistentes al mitin de Vallecas”. Intentan ligar de esta forma este mensaje, que según la propia Policía apenas tenía posibilidad de influencia por su escaso número de seguidores en Twitter, con los disturbios que tuvieron lugar pocos días después en el acto de precampaña del partido.

Abascal y Monasterio lideraron a la representación de Vox en la plaza de la Constitución de Vallecas, también conocida como la 'Plaza Roja', donde decenas de personas acudieron para protestar contra la presencia del partido en el barrio. Los enfrentamientos entre manifestantes y seguidores de Vox, con lanzamiento de piedras y objetos, terminaron en cargas policiales, dos detenidos y un agente de Policía Nacional herido.

A lo largo de la investigación, el joven ha explicado que escribió ese mensaje “como una forma de expresar su rechazo hacia Vox, con el que no comparte su ideología, al que considera un partido de ultraderecha”, añadiendo que borró el mensaje poco después “por si alguna persona se pudiera sentir ofendida”. Este tuitero será juzgado por un delito de odio después de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara un recurso de Vox y aceptara que se le acusara de ese delito en contra del criterio de la Fiscalía.

El juzgado que llevó el caso había rechazado esta acusación tras recordar que el Tribunal Supremo ha dicho varias veces que Vox y sus miembros no pueden ser víctimas de un delito de odio, reservado para colectivos desfavorecidos en riesgo de algún tipo de exclusión u opresión. Por ejemplo, cuando la ministra Ione Belarra les comparó con los nazis.

La Audiencia reconoció que el Supremo ha establecido que entre las potenciales víctimas de los delitos de odio no están comprendidos “en línea de principio, partidos políticos, constituidos legalmente, que se encuentran en liza electoral en un debate público, en el contexto de unas elecciones democráticas”. Pero citó otra sentencia del mismo tribunal que, según su criterio, abre la puerta a considerarlo así: una que en mayo de este año confirmó la condena de cárcel por delito de odio para varios ultras de Sant Andreu por destrozar en 2016 una carpa informativa de 'Barcelona con la selección', asociación que fomenta el apoyo a la selección española de fútbol en Catalunya.

Interpreta esta magistrada que el delito de odio existe para combatir “los ataques a la igualdad” y que la protección de minorías o colectivos desfavorecidos “no está previsto ni exigido en el tipo penal” por lo que “protege a toda la sociedad, sean los afectados minoría o mayoría, estén o no estén desfavorecidos en la actualidad o en el pasado”.

Nueva sesión de control en la Asamblea de Madrid y nuevo rifirrafe entre la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con los portavoces de la oposición. Uno de los principales enfrentamientos se ha dado con Vox, que ha acusado a Ayuso de dar las ayudas a la vivienda de la comunidad antes a los “Mohamed o Mustafás” que a los jóvenes españoles.

La sesión de este jueves la ha inaugurado precisamente Rocío Monasterio, portavoz de la extrema derecha en la Asamblea. Ella ha criticado con dureza la política de vivienda del Gobierno regional asegurando que en Madrid no se ha cumplido el Plan Vive que prometió el Ejecutivo en la anterior legislatura mientras le ha recordado que en la capital “es imposible que los jóvenes puedan emanciparse” ya que tienen que invertir el 57% de su salario en el alquiler de un piso, por lo que ha abogado por “liberalizar más suelo público” para facilitar la inversión privada.

Pero dicho esto, la portavoz de Vox ha cargado contra Ayuso porque, según ella, la comunidad prioriza las ayudas para el alquiler a la “inmigración ilegal” antes que a los jóvenes españoles. “Se las dan siempre a los mismos. Solo hay que ver los nombres de a quién han ido a parar”, ha asegurado Monasterio: “Hay muchos 'Mohamed' o 'Mustafás', pero 'muy pocas' 'Saras' o 'Paulas', 'Natalias' o 'Javier'.

Ayuso le ha respondido asegurando que es “perverso” que “mezcle inmigración ilegal con la inmigración” que se asienta legalmente en España. “Es perverso mezclar también a los nacidos en España de padres inmigrantes con inmigrantes. Ya se lo dije en otra ocasión en aquella pregunta con tintes a mi juicio de dudoso trato con aquellos que proceden de otras latitudes y que, insisto, si han nacido aquí son tan españoles como Santiago Abascal”. “Se lo dije entonces y ahora vuelvo a repetir”, le ha soltado a la portavoz de Vox.

Pero Monasterio no ha cejado en su empeño y ha dado “la bienvenida” a Ayuso “al discurso de Vox”, ya que que hace unos días relacionó la llegada de inmigrantes a Madrid procedentes de Canarias con posibles episodios de delincuencia e inseguridad. La portavoz de extrema derecha ha invitado a la presidenta regional a “emular al alcalde de Nueva York” y “poner dinero para fletar autobuses para llevar a los inmigrantes a las comunidades que gobiernan los socialistas.

Mónica García: “Ustedes van hacia atrás de la mano de las políticas mas ultras”

La portavoz de Más Madrid, y líder de la oposición, Mónica García, ha centrado su pregunta en la sesión de control en los Presupuestos que acaba de presentar el Gobierno regional y que en su opinión “son una estafa”, y están “mas volcados con los toros que contra la violencia machista”. “No hacen nada por proteger la vida, por cuidarla, por hacerla mejor” sino que lo que provocan es hacerla “más difícil, más dura y más dolorosa para la mayoría de los madrileños”, ha sentenciado la portavoz de Más Madrid.

Además, ha añadido que esas cuentas para 2024 “no sirven para llenar la nevera”, ni “para luchar contra la crisis climática” y que mientras hay un 1,6 millones de personas sumidas en la pobreza los bancos tienen “beneficios obscenos”.

La regidora madrileña ha negado la mayor: “Nuestros presupuestos [volcados en ”un histórico gasto social“, según Ayuso] rompen su discurso”, le ha dicho, para atacar después a García por su “falta de gestión”. “Nunca ha gestionado absolutamente nada y mira que hay sanitarios que lo han hecho”, “no ha liderado una publicación, ni un equipo médico, algún avance... o algo que la legitime como gestora para darnos después lecciones”, le ha espetado en su réplica Ayuso.

Pero la portavoz de Más Madrid ha contraatacado y ha asegurado que el PP y en particular la presidenta regional, “van hacia atrás, de la mano de las políticas mas ultras”.

Lobato acusa a Ayuso de “utilizar Catalunya como cortina de humo” a los problemas de Madrid

En su turno, Juan Lobato, portavoz del PSOE, ha preguntado a Ayuso sobre la alta tasa de paro juvenil, que ha cifrado en un 30%, y le ha pedido “no utilizar Catalunya como una cortina de humo” para ocultar “el caos de las becas comedor, las faltas de plazas de FP, o las listas de espera de la Comunidad de Madrid”.

El debate entre ambos ha derivado en un ataque de Ayuso a Pedro Sánchez por la amnistía. “Los movimientos independentistas no ayudan a España ni a Cataluña, todo lo hacen porque han perdido las elecciones y tienen agarrada ahora mismo la justicia y, como dice el Consejo del Poder Judicial y la asociación mayoritaria de jueces, lo que quieren ustedes es burlar cualquier control institucional, confundiendo la amnistía con el interés, el de España, con el interés del presidente”. “España no se rompe. España es un gran país”, ha sentenciado Lobato, que ha recordado a la presidenta regional la contribución del PSOE a la aprobación hace 45 años de nuestra Constitución.

“Van contra el pluralismo político y están intentando que los responsables políticos ya no respondan de sus delitos ante los tribunales. ”Ustedes están atentando contra el pluralismo político“, ha insistido Ayuso al portavoz del PSOE, que previamente había ironizado por ”tanto pastelito“ de regalo a los madrileños durante la jura de la Princesa Leonor.

“¿Opina entonces, por tanto, que los jueces, que el rey, que la policía son fachas? ¿Van ustedes también a amnistiar a aquellos autónomos, aquellos empresarios que crean los empleos y luego los sacan si dejan de pagar un mes los impuestos? ¿De verdad que van a tratar de la misma manera a todos? La impunidad es incompatible con la prosperidad y, especialmente, con el empleo”, le ha preguntado Ayuso, dando por zanjada la cuestión.

El PP va a necesitar el apoyo de Vox para formar gobiernos autonómicos y municipales tras las elecciones del 28M. Y no es la primera vez que los populares van a tener que negociar con la extrema derecha. Ya lo hicieron en 2019, en el primer mandato de dos años de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y también en el mismo año con Juanma Moreno, cuando precisó del apoyo de Vox para ser investido presidente de la Junta de Andalucía. También en 2022, en Castilla y León, PP y Vox tuvieron que llegar a un acuerdo para que Alfonso Fernández Mañueco pudiera ser presidente de la comunidad.

En los tres casos, la formación ultraderechista puso unas condiciones sobre la mesa para que los populares recibieran su apoyo. Siempre se repitió en la defensa de la familia tradicional, la implantación del pin parental o la sustitución de las leyes de violencia de género por otras de violencia intrafamiliar. Y, ahora, estas medidas pueden extenderse por el resto del país después de los resultados del 28M.

Aragón: derogar la ley de lenguas e impulsar la caza

El pasado domingo los populares obtuvieron la victoria en Aragón pero, como en otros territorios, van a necesitar de la ultraderecha para gobernar tanto la comunidad autónoma como algunos municipios, por ejemplo Huesca y Zaragoza. Pese a que el líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que no quiere pactar con Vox, van a tener que hacerlo porque la formación azul no ha conseguido la mayoría absoluta, se ha quedado con 28 escaños.

De nuevo, Vox propone una serie de exigencias de cara a la formación del nuevo gobierno aragonés, ya que puede ser que exija algunas consejerías para dar su apoyo a Azcón. Entre las medidas, destaca la derogación de “la ley de lenguas y los correspondientes institutos del catalán y del aragonés que enfrentan y dividen a los españoles”, pese a que el aragonés esté considerada por el Atlas Interactivo UNESCO de las Lenguas en Peligro en el Mundo como una lengua en peligro de desaparición.

Respecto a la lucha contra la despoblación, el partido extremista propone incentivos fiscales para aquellas familias que quieran instalarse en zonas rurales. No obstante, en estas zonas se impulsará la caza y la tauromaquia frente al “ecologismo radical”.

Otra polémica que ha suscitado Vox en Aragón ha sido la referente al trasvase del Ebro. Alejandro Nolasco, el candidato de Vox de Aragón, aseguró en una entrevista que la propuesta de su partido pasa por “una gran obra de ingeniería para interconectar las cuencas hídricas, de forma que tanto Aragón como el resto de España podrían multiplicar sus cosechas por tres”. Este año, los embalses de la cuenca del Ebro están a menos del 50% y, preguntado por la sequía, respondió que “la mejor forma de combatir la sequía es construir embalses y redistribuir bien el agua, no volar pantanos y embalses”. 

En materia económica, Vox exige una “rebaja radical” de impuestos y una reducción “drástica del gasto político ineficaz”, refiriéndose sobre todo al Instituto Aragonés de la Mujer y el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer. Esta institución, entre otras funciones, se encarga de promocionar la igualdad entre ambos sexos y dar ayudas económicas a las víctimas de violencia.

Comunitat Valenciana: derogar las leyes trans y de vivienda

Después de dos legislaturas del pacte del Botànic, la derecha volverá a gobernar la Comunitat Valenciana, pero esta vez tendrá que hacerlo con el apoyo de Vox, liderado por Carlos Flores, condenado en 2002 por violencia de género contra su exmujer. Con 13 escaños en les Corts, la ultraderecha propone a los de Mazón una serie de exigencias para formar gobierno.

La primera de ellas pasa por eliminar el requisito lingüístico para acceder a las plazas de profesorado y de la administración pública. Además, en su programa se leen propuestas como “Desalojaremos a los activistas y asesores lingüísticos de las aulas y reforzaremos la inspección educativa”.

En materia de derechos sociales, Vox exigirá de nuevo la derogación de “todas las leyes de género y de memoria histórica” impulsadas por el Botànic, incluyendo la ley trans. Hará lo mismo con la ley de la vivienda, que prevé medidas contra el acoso inmobiliario, o la de Cooperación y Desarrollo Sostenible. Además, la ultraderecha pondrá como prioridad a la familia “en el centro de todas las políticas públicas” en contraposición a la supuesta “falta de apoyo institucional y de los ataques progres”.

Respecto a temas culturales, Vox se limita a la defensa de las “tradiciones, costumbres e instituciones propias frente a los falsos países catalanes”. La “defensa sin complejos” de la caza y la tauromaquia están también en el programa de Vox.

Pese a que el programa electoral no hace mención a la televisión autonómica valenciana, À Punt, en plena precampaña la formación ultra escribió un tuit amenazando al medio público con su cierre. Vox consideraba que la cadena supone un “desperdicio de dinero de todos” además de una “máquina de adoctrinamiento separatista”.

Illes Balears: un crecimiento urbanístico sin límites

Hacía más de diez años que las derechas no arrasaban como lo han hecho el 28M en les Illes Balears. Ahora, las cuatro islas se han teñido de azul. Sin embargo, en Palma (Mallorca), en los consells de Menorca y Mallorca y en el mismo Parlament los populares requerirán el apoyo de Vox. La candidata del PP, Marga Prohens, se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta y necesitará los ocho de la extrema derecha.

Así, lo más probable es que una de las carteras que demandará el partido ultra liderado por Jorge Campos sea la Conselleria de Educación, ya que Vox considera que la inmersión lingüística es una muestra de “adoctrinamiento ideológico”. Esto no viene de nuevo, pues durante los últimos cuatro años de Campos como diputado en el Parlament balear ha basado su discurso en denunciar el supuesto “pancatalanismo” de las Islas y los “chiringuitos”.

Respecto a la televisión pública autonómica de les Illes, la IB3, de nuevo Vox se muestra crítico y amenaza con su cierre. Según defienden, lo hacen por “ahorrarse” 40 millones de euros anuales e impulsar, en su lugar, políticas de promoción del sector audiovisual privado.

En cuanto a los problemas derivados de la vivienda, la formación ultraderechista defiende el crecimiento urbanístico sin apenas límites. La propuesta de Campos para facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía balear es “simplificar todo lo que tiene que ver con la normativa urbanística que ha impedido la construcción, rehabilitación y reforma”. De esta manera, se construirían alrededor de 30.000 viviendas. “Queremos que se pueda construir en todas partes, menos en los terrenos protegidos por sus valores medioambientales”, aseveró Campos.

Cantabria: cerrar “chiringuitos” y acabar con el “delirio climático”

El PP de María José Sáenz de Buruaga ganó las pasadas elecciones autonómicas cántabras con 15 escaños, desbancando así a Revilla, que solo consiguió ocho. Los populares ahora tendrán que pactar con Vox, que se quedó con cuatro escaños, para llegar a la mayoría absoluta y gobernar en coalición. No obstante, la ultraderecha no ha presentado ningún programa electoral para Cantabria propiamente dicho así que, para saber qué es lo que exige esta formación a los azules para gobernar, hay que bucear en las declaraciones de sus candidatos en campaña.

Leticia Díaz, la candidata de Vox por Cantabria, dio a conocer 12 medidas entre las que destacan “la lucha contra la corrupción y el clientelismo que ha instalado el PRC en la región”, el apoyo al sector primario, bajadas masivas de impuestos, “el fomento de la natalidad para combatir la despoblación” o “la defensa de la familia en las políticas públicas”.

Como en todas las autonomías en las que Vox tiene posibilidades de entrar en el gobierno, el partido propone en Cantabria una rebaja sustancial de impuestos, como por ejemplo el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y bonificar el impuesto de Patrimonio, así como rebajar el tramo autonómico del IRPF en todos sus intervalos. Díaz apuesta, además, por una reestructuración necesaria de la administración regional, así como de sus empresas públicas, lo que dice que “permitiría realizar una reducción drástica de este gasto político superfluo con el cierre de todos los chiringuitos ideológicos y entes duplicados”.

Las menciones a los “chiringuitos ideológicos” son recurrentes en el discurso y en el programa de Vox en todos los ámbitos, y en Cantabria no iba a ser menos. Para la formación, estos “chiringuitos” son sindicatos y otras organizaciones sociales que se cerrarán en el momento en el que Vox entre al gobierno cántabro. Así lo anunció Díaz: “Ese dinero lo destinaremos a aumentar las ayudas de protección social de las familias españolas”. De igual manera, la portavoz dijo que se revisarían todas las subvenciones públicas y eliminarían las destinadas “a los partidos políticos, a los sindicatos, a patronal y a asociaciones que promueven la ideología de género”.

Respecto a la cuestión medioambiental, Díaz hizo campaña criticando lo que denomina el “delirio climático”. Por eso, ha señalado que “cerrará” todo departamento vinculado a la lucha contra el cambio climático.

Extremadura: contra el aborto y el colectivo LGTBI

La lista del PP en Extremadura liderada por María Guardiola quedó segunda fuerza con 28 parlamentarios y Vox, encabezado por Ángel Pelayo, irrumpió por primera vez en la Asamblea autonómica con cinco escaños. Ambos partidos tienen que sentarse a negociar para formar gobierno, pero el problema es que ni el PP conoce las propuestas de Vox para Extremadura. Por eso, hay que tirar otra vez de declaraciones de los candidatos durante la campaña electoral para conocer qué quiere la extrema derecha para la autonomía.

Pelayo quiere instaurar un “orden moral y socioeconómico”. En el debate de Canal Extremadura negó la existencia de la violencia sobre las mujeres y en una entrevista en Onda Cero el pasado abril se mostró “a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte”, por lo que el aborto “no es un derecho, es un error”, y en contra de considerar como “colectivo” a las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.

Respecto a las rebajas fiscales, Vox propone rebajar el impuesto sobre la renta pero bonificar en su totalidad sucesiones, donaciones y patrimonio. En cuanto a la política medioambiental y los derechos sociales, no hay ninguna medida clara que haya expresado Vox.

Ana González Martínez, la concejala de Vox en Parla que permanece en prisión provisional tras ser detenida en una operación antidroga, apareció en un vídeo lamentando los “problemas de venta de drogas” que supuestamente ocasionaba un grupo de okupas en el municipio.

En ese vídeo, recuperado este lunes por el periodista Antonio Maestre, Ana González Martínez recorre una calle de Parla junto a la líder de Vox en la Comunidad de Madrid y candidata a la presidencia, Rocío Monasterio. Ambas hablan sobre un proyecto de vivienda social que “no llegó a término” y acabó siendo “okupado”. “Así es como están actuando, con todo lo que conlleva eso: problemas de delincuencia, problemas de venta de drogas...”, decía González Martínez, también número tres en las listas electorales para las municipales del próximo día 28 de mayo.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido este lunes “presunción de inocencia” para Ana González Martínez y ha indicado que les “faltan detalles”. No obstante, ha afirmado que “si se confirma todo lo que dicen”, espera que ella misma entregue el acta y dimita de forma “inmediata”. La concejala se encuentra en prisión provisional tras ser detenida por la Policía Nacional en una operación contra el tráfico de drogas y los investigadores le atribuyen delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y blanqueo de capitales. 

En esa operación fueron arrestadas otras tres personas. Una de ellas es su pareja, que es militar de profesión y también fue enviado a prisión provisional. Los registros tuvieron lugar en varias naves industriales de las localidades de Parla (Madrid) y de Yeles y Borox, en la provincia de Toledo. Según La Razón, en las entradas y registros efectuados fueron incautados más de un kilo de cocaína, marihuana, utensilios para la venta y tráfico de las sustancias, armas cortas y largas y su munición, dinero en efectivo y vehículos a motor de alta gama.

Según la información que aparece en la página web del Ayuntamiento de Parla, la concejala tiene 37 años y es diplomada en Empresariales por la Universidad Carlos III, Máster en Dirección y Gestión de Empresas y en Administración y Dirección de Recursos Humanos. Su salario bruto como concejala asciende a 21.494,90 euros, aunque compatibiliza este cargo con su trabajo en una empresa privada. 

La Agencia Tributaria en un documento oficial sostiene que el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, trató de defraudar al fisco a través de facturas falsas que giró su pareja la también portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monaterio, por “trabajos simulados”. En total 169.000 euros por una supuesta asesoría en la venta de un edificio familiar en el corazon de la capital que se vendió a un vehículo de inversión por 25 millones de euros. Por el último escándalo del clan familiar ya nadie ha pedido la dimisión a ninguno de los dos cargos políticos. El fraude que le atribuye Hacienda es solo una más de las desventuras empresariales de Espinosa de los Monteros y Monasterio, un largo historial que incluye embargos de sueldos, condenas por impagos e irregularidades urbanísticas en la residencia de lujo donde ambos residen. Hubo un tiempo en que el resto de partidos exigían dimisiones por esos comportamientos tan alejados de la ejemplaridad que se presume a un servidor público.

El listado de irregularidades en el desempeño profesional de la pareja es interminable: condenas por no pagar parte de las obras de su chalé de cinco plantas, expedientes de clausura de esa vivienda, embargo del sueldo de diputado, falsificación de firmas en expedientes son algunas de las informaciones que ha ido desvelando elDiario.es los últimos años sobre los negocios de la pareja de diputados de extrema derecha.

Esta redacción destapó este martes también que Hacienda acusa al matrimonio de declarar un trabajo “simulado” por valor de 169.400 euros mediante una “factura falsa” para defraudar impuestos a través de una sociedad que no tiene personal. La Agencia Tributaria también ha descubierto un segundo fraude del diputado Espinosa de los Monteros por “simular” que dos de sus sociedades, también sin trabajadores en nómina, vendieron un edificio de lujo.

La respuesta de ambos dirigentes tras conocerse estos hechos ha sido la misma que otras veces: acusar a elDiario.es de mentir, amenazar al medio con una querella, insultar, para acabar admitiendo que toda la información es cierta. Cuatro actos en una misma declaración, una actuación que han repetido tanto Espinosa de los Monteros como Monasterio cada vez que esta redacción ha destapado sus irregularidades. “No me extraña nada que un panfletillo como este tipo de elDiario nos ataque; está bien que nos ataquen porque quiere decir que nos tienen miedo”, dijo la líder de Vox en Madrid este miércoles a los medios, en un intento de contradecir a Hacienda pero reconocía al mismo tiempo la veracidad de la información publicada por este medio: que Espinosa de los Monteros tuvo que pagar a Hacienda 268.676,79 euros, más 24.704,78 en intereses de demora, después de que la Agencia Tributaria determinase que había tratado de defraudar al fisco en un pleito que todavía dirime la Justicia. 

Este es solo uno más de los numerosos escándalos que acompañan a los dirigentes de Vox de su paso por el sector privado y los negocios inmobiliarios. La líder del partido en Madrid Rocío Monasterio fue condenada recientemente por la obra “ilegal”, según determinó la Justicia, que realizó en el 'loft' del presentador Arturo Valls. La Audiencia Provincial de Madrid en segunda instancia consideró entonces que la líder de Vox en Madrid realizó los trabajos en 2005 siendo “consciente de su ilegalidad”. La sentencia confirmaba una condena anterior dictada en 2021 por un juzgado de primera instancia.

Embargo del sueldo de diputado

Hace poco más de un año, la Justicia ordenó el embargo del sueldo como diputado de Iván Espinosa de los Monteros, como desveló esta redacción. El juzgado de primera instancia número 36 de Madrid dio la orden después de que el portavoz de Vox en el Congreso no hubiera pagado la deuda contraída con el constructor que hizo las obras de su lujosa vivienda familiar, un chalé de cinco plantas y piscina en un barrio residencial en el distrito de Chamartín, al norte de Madrid. Espinosa de los Monteros debía pagar después de que el Tribunal Supremo confirmara su condena por esta deuda: un total de 63.183 euros, más las costas judiciales y los intereses por la demora en el pago. Cuatro meses después de la resolución del Alto Tribunal, el dirigente de extrema derecha seguía sin pagar. Espinosa de los Monteros saldó la deuda después de que elDiario.es desvelara que sobre su nómina de diputado en el Congreso, donde a menudo impartía lecciones de ejemplaridad al Gobierno y al resto de partidos, recaía una orden de embargo. 

También entonces el diputado de Vox volvió a asegurar que elDiario.es mentía. Incluso amenazó, como lo ha hecho esta semana, con querellarse por esta información, a pesar de que esta redacción hizo pública la resolución judicial donde se daba orden de embargar su sueldo. Espinosa de los Monteros aireó su intención de denunciar en la prensa, pero su querella nunca llegó a los tribunales.

Detrás de esa sentencia por dejar de pagar parte de las obras de su vivienda, hay otra irregularidad más. En un primer momento, la condena fue para una empresa de la que el dirigente de Vox era único accionista y con la que gestionó la reforma de su mansión. Para eludir el pago de la deuda, Espinosa de los Monteros declaró en concurso de acreedores la sociedad. Entonces, la empresa perjudicada decidió demandar directamente al portavoz de Vox, argumentando que él era el responsable de esa deuda al ser el propietario real de esa vivienda. La justicia condenó a pagar entonces al político ultraconservador. El fallo fue ratificado después por el Tribunal Supremo.

La (casi) clausura de su casa

A estos casos hay que sumar otras irregularidades. La más clamorosa obligó al matrimonio Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros a afrontar en septiembre de 2019 la clausura y precinto de la mansión familiar en la que residían ilegalmente desde 2014, la misma por la que habían dejado de pagar al constructor. El chalé carecía de la licencia de primera ocupación obligatoria para poder residir en él y tampoco tenía la licencia de funcionamiento, necesaria para desempeñar allí actividades económicas: Rocío Monasterio trasladó allí la la sede de su empresa.

Los dirigentes de la formación de extrema derecha levantaron un chalé mucho más grande de lo permitido en la licencia y añadieron otros elementos nuevos que no estaban en el proyecto inicial, que realizó la propia Monasterio. La diputada regional de Vox y Espinosa de los Monteros evitaron in extremis la clausura de su chalé presentando un nuevo proyecto. En 2021, tras varios años viviendo ilegalmente, el Ayuntamiento legalizó el chalé después de que el matrimonio acometiera varias obras para acomodarse a lo que estaba en los permisos.

Firmas irregulares

En marzo de 2020, elDiario.es desveló nuevas negligencias llevadas a cabo por el estudio de arquitectura de Monasterio. La empresa de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid suplantó la identidad de una de sus clientas y falsificó su firma en documentos que luego se registraron en el Ayuntamiento de Madrid. En el expediente de esta obra en la calle San Marcos, que guarda el registro municipal, la rúbrica falsa aparece hasta en quince documentos que eran necesarios para solicitar una licencia que nunca llegó. El estudio de la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid habría falsificado la firma sin que la técnica lo supiera, confirmó la propia afectada a esta redacción: “No es mi firma”, aseguró sorprendida tras recibir la llamada y repasar los documentos.

Era una irregularidad más que Monasterio había llevado a cabo desde su estudio de arquitectura. El País publicó que Rocío Monasterio habría utilizado un sello falseado del Colegio de Aparejadores de Madrid para las obra del loft del presentador y actor Arturo Valls en 2016, solo tres años antes de que se convirtiera en diputada autonómica. Entonces, la dirigente de Vox ya formaba parte de la dirección del partido de Santiago Abascal e incluso lideró la candidatura de la formación a la alcaldía de Madrid un año antes, en 2015.

La Fiscalía presentó una querella pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la inadmitió a trámite “al no reunir los hechos relatados los caracteres del delito de falsedad documental atribuido a la querellada”. Los jueces afirmaron que la inclusión de un sello falseado en la documentación que la diputada presentó al Ayuntamiento de Madrid fue “tan burda y perceptible a simple vista” que no permitía inducir a error, que es uno de los requisitos de ese tipo penal.

El reguero de irregularidades de su paso por el sector privado resulta interminable hasta el punto de que incluso sus rivales políticos corren el riesgo de acabar normalizando esas prácticas. El cruce de “facturas falsas” por trabajos “simulados” entre dos diputados del Congreso y la Asamblea de Madrid con los que según Hacienda el matrimonio trató de eludir impuestos ni siquiera merece ya las peticiones de dimisión de sus primeros escándalos.

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