El ex secretario general del PP Teodoro García Egea ha anunciado este jueves que deja la política. “Voy a servir a España desde el mundo privado”, ha dicho en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. “Ahora me centro al 100% en mi actividad profesional desde la docencia hasta la investigación. Se puede servir a España desde muchos ámbitos, también desde la sociedad civil, trabajando en el sector tecnológico, al que pertenezco desde que tengo uso de razón”, ha dicho.

García Egea ha destacado que ha sido “un honor” trabajar en primera línea de la política en el PP y que ahora seguirá siendo “un afiliado más”. “También [en el sector privado] se pueden cambiar las cosas”, ha indicado el que fuera secretario general del PP hasta el año pasado, cuando llegó el actual líder de la oposición y salió Pablo Casado. “He trabajado por el interés de España y ahora abro una nueva etapa para seguir trabajando por mi país”.

El ya exdiputado del PP ha agradecido a su grupo sus “13, 14 años” en el Congreso. “Mantengo excelentes amigos, grandes compañeros allí”, ha indicado. “Seguro que seguiremos en contacto y trabajando juntos”.

Preguntado sobre si su salida del Congreso tiene que ver con la moción de censura de Vox al Gobierno –que se debate y vota el martes y miércoles que viene– García Egea ha asegurado que la fecha “es casualidad”: “No hay ninguna otra circunstancia que confluya más allá”, ha añadido. El que fuera secretario general del PP ha completado que “hace tiempo” que sus decisiones no se rigen por la actividad ni la actualidad política: “Esa es una de las razones por las que yo hoy doy el paso a la actividad profesional”.

En la anterior moción de censura que presentó Vox contra el Gobierno, el PP de Pablo Casado votó en contra. Esto no va a suceder la semana que viene, ya que Alberto Núñez Feijóo ya anunció que el principal partido de la oposición va a abstenerse. Sobre su opinión acerca de esa decisión y cuál habría sido el sentido de su voto, García Egea ha afirmado que “no se ha parado a pensarlo” y ha añadido que lo que él “ha pedido” a quienes han trabajado con él es lo mismo que ha dado al dejar la Secretaría General del PP: “Lealtad y trabajo. Cualquier debate, que se produzca en el seno interno del partido. La coherencia es lo único que una persona puede defender y puede legar, creo que es lo mas importante”.

Hace un par de meses, camino del dentista, me crucé por la calle de Madrid con Teodoro García Egea. Iba vestido de temporada 2021/2022 de Sesión de Control al Gobierno, con un traje azul marino y corbata morada, look impoluto como para recibir una tanda de datos de Yolanda Díaz. Fue como ver un fantasma. Tanto que estuve a punto de dibujar un circulo en el suelo y meterme dentro boca abajo, que es lo que se supone que hay que hacer en Galicia si te cruzas con la procesión de ánimas de la Santa Compaña.

Teodoro está ahora “volcado en su vida profesional”, una de esas expresiones eufemísticas que se utilizan cuando no quieres —o, mejor dicho, no quieren— que hables de tu vida personal. El 7 de marzo publica libro, pero no de memorias, sino de criptomonedas. Criptoeconomía, más allá del bitcoin: oportunidades del nuevo sistema financiero’ (Lid Editorial), se llama la obra. Habrá que leer entre líneas y blockchains.

También Pablo Casado está volcado en su nueva etapa laboral en el sector privado como captador de inversiones para un fondo de tecnología y defensa. Al ex líder popular me lo he llegado a imaginar como el personaje del libro Los Asquerosos de Santiago Lorenzo: un Robinson Crusoe castizo sometido a un destierro forzado en algún pueblo de la España vaciada, alimentándose de hierbajos y de una compra de Lidl que le envía Teodoro esporádicamente, incomunicado del mundo.

Los mensajes del chat del Comité de Dirección del PP los días previos a la traición, publicados recientemente por El País, demuestran que a Casado el destierro le llegó súbito y espléndido, sin matices. “Enhorabuena, presidente. Sinceridad y verdad. Ese es el camino”, “Gran entrevista. Con claridad, seriedad y verdad”, le decían mientras le amortajaban. Cuando te elogian en un chat grupal de Whatsapp pero te dejan en visto en privado, o te derivan a buzón de voz en las llamadas, comienza a sospechar de que te están enterrando entre aplausos.

La pasada semana, en el primer aniversario del golpe palaciego, Casado comió con Alberto Núñez Feijóo y ambos descartaron su “rehabilitación” en la vida política, incompatible con el sector privado en el que ahora trabaja (siendo “sector privado” una metáfora de Ayuso). Tan descartada está su rehabilitación política que ni siquiera estuvo en los fastos cumpleañeros de José María Aznar del fin de semana, donde sí se dejaron ver otros cargos importantes del presente y el pasado del partido. Allí, por supuesto, bien arropada, estaba Isabel Díaz Ayuso, que se ha mantenido en silencio sobre el aniversario de su consumada venganza; algo extraordinario —el silencio— porque otra cosa no, pero Ayuso habla bastante.

Quiere el nuevo PP ofrecer una imagen de mayor moderación y entendimiento, estimulando la empatía entre unos y otros, en uno de esos casos de regeneración política espontánea analizables por Nature. Ya nadie se acuerda de Casado y Egea, de quienes se agradece su más valiosa aportación política hasta el momento: su impagable silencio. Pero ahí sigue, un año después, esculpido en mármol, el tuit que recuerda de dónde viene todo y a donde quizá va, el tuit de la cuenta oficial del PP reproduciendo una de las frases de la entrevista de Pablo Casado en la Cope, el 18 de febrero del 2022, a las 9:39 de la mañana: “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas”.

Si algo ha dejado el expediente Casado es una valiosa lección: en política nadie, absolutamente nadie, es intocable. Ni siquiera Ayuso, aunque no se lo crea.

25 de febrero de 2021. PSOE y PP sellan su primer gran acuerdo de la legislatura, dos años y medio después de la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP. El Gobierno confió en que pactar la composición del Consejo de Administración de RTVE allanaría el camino a más entendimientos con el principal partido de la oposición para el desbloqueo de otras instituciones. Así comenzó la historia del gol que la dirección de Casado metió al Gobierno y que ha terminado con la dimisión del presidente de la corporación, José Manuel Pérez Tornero, tras perder la confianza de la mayoría de consejeros del ala progresista.

Diecinueve meses después de aquel pacto in extremis para nombrar a los miembros del Consejo de Administración de la radio y la televisión públicas, y con un cambio en la dirección del principal partido de la oposición de por medio, el Gobierno ya no se fía de sus interlocutores. “Dicen una cosa en privado y en público la contraria”, lamentan en Moncloa, donde han dado un golpe en la mesa ante la cadena de polémicas que ha acumulado el presidente de RTVE. 

Tornero, que quedó tercero en el fallido concurso con el que inicialmente se iba a componer el consejo de administración del ente público, fue la propuesta que el entonces secretario general de Presidencia y hoy ministro, Félix Bolaños, puso sobre la mesa para la presidencia como hombre de consenso con el PP, que lo aceptó. El acuerdo era una pieza más de un puzle que incluía, entre otros, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que por entonces acumulaba ya un importante retraso.

Unidas Podemos aceptó por la promesa de poder incluir nombres en el CGPJ. Pablo Iglesias, quien por entonces era vicepresidente segundo del Gobierno y líder del espacio político, aseguró el pasado lunes en la cadena SER que “era imposible llegar a acuerdos en nada con el PP y, de hecho, se iba a buscar una mayoría parlamentaria por otro lado, por el lado de la izquierda”. “No hacía falta el acuerdo con el PP”, señalaba desde la tertulia de Hora 25..

Pero un día, según sus explicaciones, desde Moncloa se pusieron en contacto con Unidas Podemos para comunicarles un acuerdo con el PP para el CGPJ según el cual “aceptan que no solo proponen ellos y nosotros, sino que puede haber dos vocales a propuesta de Unidas Podemos”. “Parecía razonable”, prosiguió Iglesias, “que el PP diga que para llegar a una acuerdo en el CGPJ había que llegar a un acuerdo en RTVE. Aquello se votó y una vez que el PP tuvo a Tornero en Televisión Española y a sus consejeros, dijo este pacto no se cumple”.

Con el tiempo, el Gobierno ha visto cómo Tornero se alejaba de las posiciones de los consejeros designados por PSOE, Unidas Podemos y PNV para acercarse a los conservadores, cuyos nombres ya rechinaron a las fuerzas progresistas en el momento en el que se votaron en el Congreso, con Jenaro Castro y Carmen Sastre, dos perfiles muy polémicos en el ente, a la cabeza. Tornero llegó a perder el control del Consejo de Administración. 

En Moncloa no gustaba el tratamiento informativo, más en la televisión que en la radio, por supuesta falta de ecuanimidad. Al tiempo, Tornero elevaba a puestos directivos a personas que habían recibido en el pasado el reproche del Consejo de Informativos por manipulación o que tenían vinculaciones con el PP. Uno de los nombramientos más controvertidos fue el de José Juan Ruiz Jota, como director de gabinete, quien acumuló muchísimo poder al margen del consejo de administración. 

Fuentes gubernamentales aseguran que les fueron trasladados numerosos problemas de Tornero con los consejeros. Uno de ellos, Roberto Lakidain, nombrado a propuesta de Unidas Podemos, elaboró un informe analizando la tendencia ideológica de los tertulianos de algunos programas llegando a la conclusión de que había una presencia sensiblemente mayor de perfiles de derechas. 

En medio de estas polémicas y con una crisis histórica de audiencias, se produjo esta semana la dimisión de Tornero y su inmediata sustitución por Elena Sánchez, nombrada a propuesta del PSOE. Se hará con las riendas de RTVE de manera interina hasta que el Congreso nombre un nuevo consejero para sustituir a Tornero (se requiere mayoría absoluta). Más complicada será la elección de un nuevo presidente dado que se requiere de la participación del PP, que persiste en el bloqueo del resto de instituciones. 

Y es que el nombramiento de Tornero fue una rara avis en la política española desde que una moción de censura mandó al PP a la oposición en junio de 2018. El Gobierno de coalición aceptó entonces desligar el Consejo de Administración de RTVE del conjunto de instituciones que estaban caducadas con la confianza de que ese desbloqueo allanara el de las demás. Pero tuvo que esperar ocho meses para el siguiente acuerdo, que se limitó al Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos, Tribunal Constitucional y el de Cuentas. El CGPJ siempre quedó al margen.

La coalición se tragó entonces dos indigestos sapos: la designación de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, absolutamente alineados con el PP. El objetivo era lograr una mayoría progresista en el Constitucional durante los próximos nueve años con los dos nombres que le corresponden al Gobierno. Sin embargo, la persistencia en el bloqueo del CGPJ y la posterior rebelión del sector conservador para no designar a los dos magistrados que les corresponden ha truncado de momento esos planes. 

Ni siquiera el cambio en el PP y la llegada de Alberto Núñez Feijóo, en quien Sánchez quiso ver un perfil más pactista que el de su antecesor, ni tener un acuerdo firmado por escrito para el desbloqueo del Poder Judicial con la anterior cúpula de Génova han permitido renovar el órgano de gobierno de los jueces, que se encamina ya a los cuatro años de mandato caducado.

El pacto de Casado para RTVE, sí; el del CGPJ, no

El propio Feijóo ha reconocido la existencia de un acuerdo para renovar RTVE al denunciar que el Gobierno lo ha roto por, supuestamente, forzar la dimisión de Tornero. “Lamento que RTVE se vea sometida al control férreo del Gobierno. O haces lo que te mandan o simplemente te cesan”, aseguró el dirigente gallego el pasado martes. “Obliga a cesar a una persona elegida, el Gobierno no respeta los pactos”, añadió, para concluir que es algo “especialmente grave”, dijo el presidente gallego que llegó a colocar al frente de la televisión autonómica a una periodista que hacía de interventora del PP en las elecciones y donde se acumulan más de 200 semanas de huelga de una parte de la plantilla que denuncia la manipulación del ente público.

Feijóo insiste pese a todo en tratar de resucitar un acuerdo sellado por la anterior dirección del PP con el Gobierno de coalición para la televisión pública estatal, algo que, sin embargo, rechaza cuando se trata del pacto para renovar el CGPJ.

El pasado mes de agosto se hizo público un acuerdo sellado por Bolaños y el que fue número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea, que hacía referencia a esa segunda batería de renovaciones institucionales que tuvo como objetivos el Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Defensor del Pueblo, entre otros.

El documento, firmado por el secretario general del PP, dejaba claro que el principal partido de la derecha se comprometía a renovar el CGPJ sin exigencias. Feijóo negó primero la existencia del acuerdo, aseguró después conocer el contenido y, finalmente, dijo que a él no le incumbía porque lo había sellado otra dirección. La misma que acordó el nombramiento de Tornero, en cuya dimisión ha encontrado el PP una nueva excusa para no alcanzar acuerdos con el Gobierno, al que acusa de “no cumplir sus pactos”.

La Fiscalía de Madrid ha pedido el archivo de la causa abierta por revelación de secretos contra el digital InfoLibre y una de sus periodistas a raíz de una denuncia del ex número dos del Partido Popular, Teodoro García-Egea. Este medio publicó conversaciones de WhatsApp entre García-Egea y el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, hablando sobre un posible trato de favor a un familiar del primero en una intervención quirúrgica.

La información publicada por InfoLibre en junio recogía también mensajes de WhatsApp que ambos habrían cruzado y que captaron las cámaras de la Asamblea Regional de Murcia el 14 de abril. El diario, que ha tenido acceso a esas grabaciones, denunció que el presidente del Gobierno murciano medió para que un familiar de García Egea fuera intervenido en un hospital público de la región.

La Fiscalía pide ahora al juzgado 18 de Madrid que archive el caso ya que no hay posibilidad de acusar a la periodista, el medio o los trabajadores de la Asamblea de un delito de revelación de secretos.

Para la Fiscalía esta actividad periodística no ha traspasado ningún límite legal. “Los datos que aparecían en la noticia eran estrictamente necesarios para la publicación del hecho noticiable”, dice en un comunicado.

Esa conversación de WhatsApp, añade, “reflejaba el presunto caso de corrupción entre políticos que mantenían la misma Fernando López Miras y Teodoro García Egea”. Además se publicó la información pero “sin aportar otros datos sin interés noticiable y que afectasen a terceros no implicados” ya que la noticia no identificaba al familiar del entonces número dos del Partido Popular.

Dos llamadas telefónicas han sido fundamentales en la carrera política del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras: la que no cogió a Rajoy cuando se disponía a pedirle el apoyo para Soraya Sáenz de Santamaría y la que intercambió con el exsecretario general del PP, el también murciano Teodoro García Egea, la noche del 9 de marzo de 2021 para desactivar la moción de censura que pretendía fulminarle como barón popular y que acababan de firmar los diputados socialistas y de Ciudadanos de la Asamblea Regional.

Gracias a esta última conversación y a las negociaciones que ambos mantuvieron con los tránsfugas de Cs –Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez– y los disidentes de Vox –Mabel Campuzano, Francisco Carrera y Juan José Liarte– el jefe del Ejecutivo murciano se mantuvo en el poder y les arrancó el compromiso de apoyar la reforma a la Ley del Presidente que le permitió volver a presentarse a las elecciones de 2023, a pesar de ser una iniciativa impulsada por los propios populares en 2014, que no le habría permitido repetir como candidato.

Lo que en el momento se vendió como el resultado de la astucia política de García Egea, hasta el punto de que Pablo Casado vino a celebrar el triunfo del 'no' a la moción al Parlamento murciano, a la postre ha dejado a López Miras al albur de los caprichos de los consejeros y diputados tránsfugas. Por segunda vez y, en menos de dos meses, el presidente murciano vio la semana pasada cómo la estabilidad de su Gobierno se ponía contra las cuerdas por las desavenencias entre los tres díscolos de Vox, de quienes depende para tener mayoría. Si las tensiones entre la consejera de Educación, Mabel Campuzano, con sus compañeros Carrera y Liarte le llevaron a esta a perder la cartera de Cultura el pasado febrero, el jefe del Ejecutivo murciano apagó un nuevo fuego el jueves de la semana anterior cuando, tras tres horas de cese, fue readmitido el director de la Biblioteca Regional al amenazar Campuzano con abandonar a los suyos e irse al Grupo Mixto.

La 'Ayuso murciana' que apoya a Feijóo, posible adversaria

Y aunque López Miras se apuntó hace un semana el tanto de llevar a 85 de los 90 compromisarios murcianos al congreso extraordinario que se celebra el 1 y 2 de abril en Sevilla para nombrar a Alberto Núñez Feijóo nuevo presidente del PP, fue su presunta adversaria Patricia Fernández, alcaldesa del municipio murciano de Archena y conocida como 'la Ayuso murciana', quien se adelantó en Twitter al presidente murciano para pedir la celebración de dicho congreso. López Miras fue el último barón popular en retirar su apoyo a Pablo Casado y Teodoro García Egea durante la crisis interna popular.

La prensa regional lleva al menos dos años informando sobre la posible candidatura de la alcaldesa de Archena para liderar el Partido Popular en la Región. “A Fernández le apoya tanto la vieja como la nueva guardia del PP”, afirma una fuente cercana al PP respecto al soporte que ha recibido de antiguos líderes populares como el expresidente de la comunidad Ramón Luis Valcárcel o el antiguo alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, pero también miembros de Nuevas Generaciones. A la regidora archenera también le avalan tres mayorías consecutivas obtenidas en su municipio, mientras que López Miras no ha conseguido ninguna victoria en las urnas desde que accediera al poder en 2017: ni en las elecciones municipales, ni autonómicas ni nacionales.

El propio Feijóo, durante el encuentro que tuvo con los militantes populares el pasado 11 de marzo en el Teatro Circo de Murcia, acompañado por López Miras en el escenario, no tuvo reparos en criticar a los jóvenes que “vienen a la política a aprender”, abogar para que gobierne la lista más votada –en el caso de la Región de Murcia es el Partido Socialista– y hasta mencionar al expresidente Ramón Luis Valcárcel, quien gobernó con mayorías absolutas durante 19 años y le “sacaba diez puntos más” en las victorias obtenidas en sus respectivas comunidades: la Región de Murcia y Galicia.

Suspenso en el barómetro regional

El PP murciano está valorando la posibilidad de no celebrar el congreso regional previsto para este año para que López Miras no se les tenga que ver cara a cara con Fernández. “Patricia no lo tendría fácil en caso en unas primarias porque tendría que enfrentarse al aparato, a favor de López Miras. Al final, ganaría quien fuera señalado por Madrid”, apunta un joven militante popular. El pasado domingo ambos dirigentes coincidieron protagonizando el pregón de la Semana Santa en dos pedanías de la capital murciana, Torreagüera y San Ginés.

López Miras se ha enfrentado, además, por primera vez al suspenso como líder regional en el barómetro de invierno del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP): del 5,5 que obtuvo en la primavera de 2021 ha pasado a un 4,6. Los resultados del grupo de investigación de la Universidad de Murcia también otorgaron en este último barómetro 19 escaños al PP frente a los 16 con los que cuenta actualmente en el Parlamento murciano, mientras que Vox doblaría el número de diputados respecto a las autonómicas de 2019 y pasaría de cuatro a ocho.

El presidente murciano está acostumbrado, por otra parte, a lidiar con el azar en la vida política. No en vano, el antiguo presidente de la Región Pedro Antonio Sánchez (PAS) le eligió a dedo cuando su partido le obligó a dimitir por las acusaciones en el 'caso Púnica' en abril de 2017, aún cuando albergaba esperanzas de volver a recuperar el liderazgo popular en la Región. “He llorado esta mañana todo lo que tenía que llorar, a partir de ahora las lágrimas se tienen que convertir en fortaleza”, declaró López Miras la mañana en que PAS le propuso como candidato a presidir la Comunidad Autónoma. “Este va a seguir siendo el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez”, subrayó en aquel momento López Miras, quien se encumbró como el presidente más joven de una comunidad autónoma con 33 años.

“Guardar la silla”

“Ellos tenían pactado la vuelta de PAS al poder y Fernando acepta el cargo porque le va a guardar la silla”, apunta una fuente popular crítica con el actual mandatario murciano. “Pedro Antonio empieza a tener problemas con la justicia y a partir de ahí empieza la debacle del PP en Murcia. Dejamos de tener rumbo y ya hacemos la política del parche”. En esos momentos López Miras era diputado en la Asamblea Regional e iba tercero en la lista de los populares por Lorca. “No le ha importado nunca el tema de la integración, para él el partido son cuatro personas y el resto le sobran. Además, la comunidad autonóma debe cada vez más dinero, tiene peores políticas relacionadas con el medio ambiente y, algo inexplicable, le da la consejería de Educación a una persona negacionista”, añade en referencia a Mabel Campuzano, díscola de Vox y actual titular de Educación, quien declaró públicamente que no se vacunaría contra la Covid–19 por ser 'preguntacionista“.

En las elecciones de 2015 y 2016 Pedro Antonio Sánchez también eligió a García Egea como cabeza de lista del PP al Congreso por la Región de Murcia. “Teo y Casado son aprendices de Miras. No es que Murcia sea la réplica de lo que había en Madrid, es que Madrid era la réplica de lo que hay en Murcia”, afirma un antiguo dirigente popular.

“La transición de Ramón Luis Valcárcel, visto con el paso del tiempo, no ha podido salir peor”, añade esta misma fuente. El expresidente murciano ganó por mayoría absoluta cinco elecciones autonómicas seguidas entre 1995 y 2014. En 2011, los últimos comicios a los que se presentó Valcárcel, el PP venció también en 42 de los 45 municipios que componen la Región. Actualmente, el Partido Popular gobierna en 17 de ellos, mientras que el PSOE lo hace en 23.

El jefe del Ejecutivo murciano es descrito por otra voz crítica del entorno del PP regional como “una figura efímera que se ha convertido en aspirante a la eternidad”. “Feijóo no querrá de entrada generar un conflicto en una de sus baronías, pero si se necesita un voto de calidad no se va a decidir por López Miras”, añade.

Vamos con el espectáculo que nos ha ofrecido el PP recientemente, que solo faltaba echar barro y sentarse a mirar. Estos son los acontecimientos: el PP aún de Casado intenta una doble jugada maestra para desestabilizar al gobierno social-comunista: primero tumbar la aprobación de la Ley de Reforma Laboral mediante la (más que) presunta compra de dos diputados de UPN y a continuación sacar mayoría absoluta en Castilla-León, para lo cual habían forzado el adelanto electoral. Pero todo sale mal de un modo risible, gracias a que Alberto Casero, mano derecha de Teodoro García Egea, se mete un gol en propia portería que será más recordado que el de Iniesta y la Reforma Laboral sale adelante con el ridículo espantoso de un PP que se enzarza en querer que le anulen un voto perfectamente válido, aunque sea a favor del adversario. Posteriormente, las elecciones en Castilla-León no salen como esperaban y gana el PP, sí, pero por la mínima, mientras ve cómo le pisan los talones los caminantes verdes de Vox. Deciden entonces que les empieza a apretar el fachaleco y se ponen su otra chaqueta, que se estaba apolillando en el armario: la chaqueta de derecha europeísta moderada (cuánta falta nos hace), para lo cual tienen que tomar distancia con los de Abascal. Pero, oh sorpresa, a la señora Ayuso pactar con los ultras (financiados por Putin, por cierto) le parece lo más natural del mundo. La lideresa empieza a hacerle sombra a Casado. Aquí Casado se viene arriba y, trama de espionaje mediante, acusa de corrupción en un programa de radio a la presidenta de la comunidad madrileña por favorecer a su hermano, que se había llevado una comisionaza en venta de mascarillas de casi trescientos mil euros mientras la gente en Madrid moría a racimos, pero eso sí, se servían cervezas en todas las terrazas. Resultado: los votantes del PP se manifiestan en masa frente a la sede nacional, aclamando a Ayuso y pidiendo la dimisión de Casado y García Egea, que será el primero en caer. Al mismo tiempo se reclama que sea Feijóo el nuevo líder del PP, el que les conduzca a un nuevo amanecer.

Primero Ciudadanos y ahora el PP han comprobado que la foto de Colón ha resultado ser una escopeta de caza con retroceso, un retroceso que casi ha barrido del escenario político a CS y ahora ha ayudado a despeñarse a Pablo Casado. Porque el mismo Pablo Casado que se hacía fotos con los ultras, líder del mismo PP que pactó con ellos en varias comunidades autónomas, decía a raíz de las elecciones en Castilla-León: “tenemos límites para pactar y acordar. Nuestros principios son nuestras condiciones y nunca renunciaremos a ellos”. Quien con tanto mimo ayudó a que esta maquinaria de Vox cogiera velocidad ahora arruga el morro frente a un ultra. Y es que el mismo facha que le ayudó a gobernar en regiones tan bien conocidas por nosotros como la nuestra, ahora le puede quitar el poder. Así que lo que le disgusta no es el facherío sino que ese facherío le esté adelantando por la derecha. No sé qué esperaban: a ser fachas no hay quien gane a los de Vox.

El espectáculo-terremoto-trama de espionaje también da para una serie de Netflix de ocho temporadas. A Ayuso se le abrió un expediente cóctel molotov por las sospechas de cobro de comisiones irregulares por parte de su hermano, cóctel molotov fallido, desactivado a las 24 horas, cuando el gigante Ayusodzilla rugió, amedrentando a sus adversarios. Así es cómo el PP hace limpieza porque el expediente tenía intención de tumbar al contrario y no de poner orden en el partido. Finalmente él se va pidiendo disculpas y ella se queda pidiendo cabezas. A Pablo no le ha quedado más remedio que marcharse, atrapado entre la pared de Vox y la espada de Ayuso. No podemos decir que le vayamos a echar de menos, ni a él ni a Teodoro,  porque han hecho gala de un tono bronco y pendenciero tanto hacia afuera como hacia dentro, donde los machetes estaban más afiliados que en una banda latina.

Visto lo visto, los votantes del PP son los culpables de la corrupción de su partido. Defenestran a un presidente por denunciar un flagrante caso de corrupción (aunque la denuncia sólo se haya producido para desestabilizar a la contrincante), aplauden y vitorean a la más que presunta corrupta y aclaman como futuro presidente a un barón regional conocido a nivel nacional por sus fotos con un narcotraficante. Al final ha resultado que señalar la corrupción dentro de un partido corrupto es tan inútil como señalar la basura dentro de un vertedero. Menuda forma de regenerar el partido. Conclusión: los votantes del PP quieren ser gobernados por corruptos. Corruptos de corbata y broche de perlas, de fachaleco y mechas rubias, corruptos que fomenten la sanidad y la educación privadas en detrimento de las públicas, que hostiguen a los inmigrantes, que renieguen de los homosexuales, que vayan a misa y a los toros. Y que les brinden barra libre en plena pandemia, que es lo que le da calidad a la película.

Si este es el que está llamado a ser un nuevo PP hay que ver lo que se parece al viejo.

A las puertas de la reunión con los barones del PP en su sede de Génova, el jefe del Ejecutivo regional y líder del PP murciano, Fernando López Miras, ha calificado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo como “la solución” para el Partido Popular.

Miras ha apostado por “una solución rápida y consensuada” entre los barones: “La solución es Feijóo”, ha reiterado. Casado se ha comprometido a apoyar al líder gallego. Fuentes de la dirección del PP aseguraron a los periodistas presentes en la sede nacional de la calle Génova de Madrid que “Casado le ha pedido a [Alberto Núñez] Feijóo que se presente”. Ambos líderes mantuvieron una reunión previa al encuentro de los dirigentes territoriales.

El presidente del PP seguirá en el cargo hasta el próximo congreso tras sortear la presión de los barones, que pidieron ayer una dimisión inmediata para comenzar la transición.

Miras fue de los últimos dirigentes populares en respaldar a Casado y Egea, aunque con matices. El pasado 18 de febrero, definió como “correcta y adecuada” la actuación del secretario general del PP, Teodoro García Egea: “Creo que para la Región de Murcia es un orgullo que Teodoro García Egea sea secretario general del partido político más importante de España y del único que puede desalojar al sanchismo”. Sin embargo, en todo momento manifestó su convencimiento por “la honorabilidad” de Isabel Díaz Ayuso.

Desde que Yolanda Díaz llegó a la vicepresidencia del Gobierno hace casi un año, sus 'cara a cara' con Teodoro García Egea en el Congreso han sido algunos de los momentos parlamentarios que más se han viralizado. El ya ex secretario general del Partido Popular era el encargado de lanzar preguntas a la líder de Unidas Podemos en las sesiones de control al Gobierno, donde la vicepresidenta ha acostumbrado a tirar de información para desmentir los reproches de su adversario.

“Señor García Egea, le voy a dar los datos”, ha repetido en varias ocasiones Díaz en estos meses. “¿Cree usted que el impuesto al empleo va a ser favorable para la creación de empleo?, preguntó una vez Egea. ”Le voy a volver a repetir los datos: el único momento histórico en el que tuvimos una tasa de paro histórica era cuando gobernaba su partido“, le respondió la también ministra de Trabajo. Y así en numerosas ocasiones.

A pesar de esos tradicionales rifirrafes, Yolanda Díaz no ha querido meter el dedo en la llaga de la crisis interna en el PP y ha preferido mostrar empatía con García Egea. Lo hizo ya este martes, antes de confirmarse su dimisión como secretario general: “Mi respeto es absoluto”, expresó, “más allá de nuestros debates acalorados y de nuestros cruces de datos”.

Este miércoles, García Egea no ha acudido a la sesión de control, pero los datos de Díaz sí han estado presentes. Se han dirigido a Diego Movellán, diputado del PP por Cantabria, que ha sido el encargado de formular la pregunta que el ya ex secretario general del PP tenía intención de formular hasta que su partido se abrió en canal.

“El PP perdió el Gobierno por no atajar la corrupción y nosotros llegamos con la bandera de la regeneración. Hemos hecho preguntas. Si los partidos no pueden hacer preguntas, lo mejor es dejarlo. Los ciudadanos deben preguntarse si hay que tirar la información a una papelera”. Así ha justificado en una entrevista en La Sexta el ya ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, el proceso de investigación interno cuando en el verano de 2021 la dirección del partido recibió una documentación que supuestamente señalaba los pagos recibidos por el hermano de Isabel Díaz Ayuso de una empresa que ha contratado con el Gobierno de Madrid.

Esas pesquisas internas (que no “espionaje”, ha asegurado) han derivado en una guerra interna que ha terminado con su dimisión y el inminente final del mandato de Pablo Casado al frente del partido. Un presidente que, ha dicho Egea, “no ha dudado en poner en riesgo su cargo para defender sus principios”. “Que no hemos hecho nada malo es obvio. Todo el mundo lo sabe”, ha añadido. “Espero que la nueva dirección siga trabajando en la misma línea”, ha apuntado.

Egea ha insistido en que la guerra por el control del PP de Madrid arrancó después de que él mismo preguntara a Díaz Ayuso por la documentación recibida, en agosto de 2021. “Ningún presidente presionó para adelantar el calendario”, ha dicho sobre la pelea de Ayuso por ser elegida presidenta del partido en la región. “Lo pidió cuando empezamos a preguntar por su hermano”, ha añadido. La semana pasada fue más explícito cuando dijo que Ayuso quiso “blindarse” tras las siglas.

“Esperábamos recibir explicaciones, como hemos intentado recibir en otros casos con informaciones de este tipo”, ha dicho. Pero esas explicaciones no llegaron hasta el pasado viernes, con la rueda de prensa de dos de los consejeros de Ayuso y el comunicado oficial firmado por la propia presidenta y en la que se reconoce expresamente que su hermano cobró 55.850 euros por unas mascarillas importadas de China, aunque sin detallar otros tres pagos de la empresa.

Pero dichas explicaciones, más las que dio Ayuso a Casado en una reunión que se celebró en la sede del partido en la calle Génova de Madrid, son suficientes. Egea las ha calificado de “contundentes”. “Deseo y espero que esas explicaciones sean ciertas”, ha señalado. “Me creo a la presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha añadido, para insistir: “Deseo que toda la información que nos ha llegado sea falsa. Lo deseo y lo creo”.

García Egea ha presentado su dimisión este martes por la tarde, tras 48 horas de un goteo incesante de deserciones entre los afines a Pablo Casado, y señalado por la mayoría de los dirigentes, autonómicos y nacionales, como uno de los principales responsables de la gravísima crisis interna que ha terminado con el mandato de Casado.

El exdirigente ha señalado que ha dimitido para permitir una “transición” en la dirección del PP. “Para dar voz a los afiliados y tomar aire”, ha añadido. “El presidente que salga elegido contará con mi respaldo y mi apoyo”, ha señalado.

Sobre el futuro presidente del PP, ha dejado la puerta abierta a que se puedan presentar más de un candidato, cuando todos los ojos señalan a Alberto Núñez Feijóo. Si así fuera, y el ya ex secretario general ha cifrado la probabilidad de que haya más de una opción en “un 7,5” sobre diez, habría que celebrar unas primarias entre todos los militantes. Así ocurrió en 2018. Y Pablo Casado no las ganó. Fue Soraya Sáenz de Santamaría, pero en la segunda vuelta congresual (con delegados de cada territorio), Casado aglutinó los votos de los compromisarios que rechazaban a la exvicepresidenta.

Una “salida digna”. Es lo que pide Pablo Casado después de ver cómo sus apoyos internos en el PP se han desmoronado. Sin descanso. Uno a uno, o en pequeños grupos. Algunos, previsibles. Otros, sorprendentes. El martes por la tarde quemaba su último fusible, el de su número dos, Teodoro García Egea. El secretario general dimitió cuando ya todo estaba perdido. Acuciado por el que ha sido su círculo de confianza hasta este lunes, presionado por todos los dirigentes autonómicos del PP, incluso los más afines, Casado terminó por claudicar. El martes 1 de marzo se celebrará una Junta Directiva Nacional que pondrá fecha a un congreso extraordinario. Fin de la partida para un Casado que se resiste a dimitir de su cargo en busca de esa “salida digna”.

En realidad, las últimas defensas de Casado cayeron el lunes, en una larga reunión de su Comité de Dirección en la que una parte de su equipo de colaboradores más cercano le pidió que rindiera el fuerte del número 13 de la calle Génova de Madrid. Un edificio que el propio Casado puso en venta hace ya más de un año por su asimilación con el PP corrupto del pasado, según la tesis que defendió tras el batacazo de las elecciones catalanas de febrero de 2021.

El mismo edificio acogerá este miércoles por la noche una reunión de los dirigentes autonómicos del partido, que uno a uno fueron retirando en público su confianza a Casado. Incluidos algunos muy inesperados: el murciano Fernando López Miras, el aragonés Jorge Azcón o el vasco Carlos Iturgaiz. No solo. A lo largo del martes el líder del partido perdió a su grupo parlamentario, a diputados y a dirigentes de distintos ámbitos. El portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, renunciaba a media mañana, después de haber dado plantón al Comité de Dirección. Un goteo incesante de deserciones durante todo el día.

A la cita del miércoles no está invitada Isabel Díaz Ayuso por no presidir el PP de Madrid, cuyo control está detrás de una disputa entre dos viejos amigos que ha llevado el partido a lo nunca visto: miles de militantes manifestándose frente a su sede al grito de “Casado, traidor”. Su gente de confianza lo ve “abatido”, aseguran que “no entiende nada” de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, y que ahora su empeño pasa por tener esa “salida digna” que tampoco está claro en qué consiste.

Con Ayuso o sin ella, los barones certificarán ante Casado el final de su liderazgo y darán su confianza al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Algunos de los presidentes autonómicos aseguran a elDiario.es que no hay ningún acuerdo con el presidente del PP. Esperan que dimita, o que anuncie su dimisión antes incluso de reunirse con ellos. Pero pacto, haberlo no lo hay.

Fuentes del entorno de Casado aseguran que aún no ha tomado la decisión, y que quiere escuchar a los barones y seguir hasta que se celebre la Junta Directiva Nacional dentro de una semana. Su intención ahora mismo, dicen esas mismas fuentes, es anunciar ese día la convocatoria del congreso extraordinario y dejar claro que no se presentará.

Feijóo quiere llegar a la Presidencia del PP aupado por todo el mundo. Sin rivales. Como el salvador. Para “desbloquear el colapso en que se encuentra el partido”. En la reunión del lunes se planteó la renuncia de algunos de sus vicesecretarios si Casado se mantenía enrocado al frente del partido. La opción de Feijóo como recambio de consenso ha ido ganando peso desde la semana pasada, y más en las últimas horas, pero el gallego exigía que el relevo se produjera en el menor tiempo estatutariamente posible. En unas cuatro o cinco semanas se puede resolver un congreso siempre y cuando no haya más de una lista. Los barones, y los principales dirigentes, hacen hincapié en esto cuando apelan a la “unidad”.

Con Casado queda ya apenas un pequeño núcleo de sus pretorianos. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos; el Territorial, Antonio González Terol; y la de Organización, Ana Beltrán. La navarra es, además, la única de las dirigentes autonómicas que se mantiene fiel al todavía presidente. Algunos, como el exalcalde de Boadilla (Madrid), abandonaron el Pleno del Congreso para acudir a la sede de Génova.

Otros de los vicesecretarios aguantaron la dimisión el mismo lunes y dieron 24 horas a Casado para convocar una Junta Directiva que diera paso a un congreso extraordinario. Pero el martes la convocatoria no llegaba. Por la tarde llegaron los avisos públicos. El goteo de fieles a Casado que han abandonado el barco concluía a punto de cumplirse 24 horas del acuerdo alcanzado en el Consejo de Dirección del lunes. Los vicesecretarios y los portavoces parlamentarios hicieron público su desacuerdo con textos muy similares al que puso Cuca Gamarra en Twitter.

Si ellos dimitían, tal y como habían amenazado con hacer, Casado no podría acceder a esa “salida digna”. Game over. El último sacrificio es el de García Egea, el hombre señalado con toda la virulencia posible en las últimas horas y a quien le están pasando la factura no solo de esta última gestión, sino de toda su labor en los últimos tres años y medio.

El hombre que sustituyó a Mariano Rajoy al frente del PP se ha enredado en una guerra fratricida con Ayuso por el control del PP de Madrid. Ahora sabemos que detrás de la guerra había informaciones sobre las comisiones cobradas por el hermano de la presidenta para importar mascarillas a España en plena pandemia. Para ello utilizó una empresa de un amigo, tal y como ha reconocido la propia Ayuso e investiga la Fiscalía Anticorrupción. El resultado de las pesquisas determinará las responsabilidades jurídicas que pudiera haber. Pero las políticas ya se están cobrando.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió este fin de semana airosa del expediente informativo con el que la amenazaron el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y su secretario general, Teodoro García Egea, apenas dos días antes. Todo ello pese a que en el cruce de acusaciones entre ambas partes han aflorado declaraciones que podrían situar a la madrileña en el incumplimiento de varios preceptos que recogen los propios Estatutos Nacionales del partido.

El documento, aprobado en el 18 Congreso Popular, celebrado en febrero de 2017 –cuando aún lo lideraba Mariano Rajoy– y disponible en su página web, obliga a todos los cargos públicos y orgánicos del partido a suscribir, antes de acceder al cargo, el compromiso de abstenerse “de cualquier conducta que, aun siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen”. Es decir, las normas que rigen el comportamiento de los mandos conservadores van más allá de lo legal y se sitúan en el plano ético de la honorabilidad.

La Justicia debe determinar si la comisión que el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, recibió por hacer de intermediario en un contrato que la Comunidad adjudicó a dedo a un amigo de la familia, como elDiario.es desveló en noviembre, es plenamente legal, pero la situación ya ha dañado la imagen del PP. Así lo consideró a primera hora del viernes el presidente del partido, Pablo Casado, que ya hablaba de que “más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermano y recibir 300.000 euros por vender mascarillas”.

“Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un Consejo de Ministros”, dijo Casado en una entrevista en la Cope. Apenas 24 horas después, anunció que daba por buenas las explicaciones de la presidenta madrileña y concluyó “satisfactoriamente” el expediente informativo en forma de órdago que lanzó dos días antes. Un cierre que, de facto, permite que el hermano de Ayuso cobre sin consecuencias esa cantidad por un contrato que pasó por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que el Comité de Derechos y Garantías del PP podría sancionar con los estatutos en la mano. Por el momento, han sido Más Madrid, el PSM y Unidas Podemos quienes han llevado los contratos ante la Fiscalía, en medio de acusaciones de “corrupción” contra el PP.

Pero no es esta la única norma autoimpuesta por el partido que podría haberse saltado la presidenta madrileña, que niega haber tenido conocimiento de la vinculación de su hermano con esa empresa hasta año y medio después de autorizarse la adjudicación por el procedimiento de urgencia que permitía el estado de alarma. En concreto, desde su comparecencia ante los medios el pasado jueves, podría haber incurrido en la comisión de otras dos infracciones graves, castigadas con la suspensión de afiliación y la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en su representación por un periodo de entre uno y cuatro años.

Los Estatutos Nacionales del PP consideran una infracción grave “propagar, por cualquier medio, noticias que desprestigien al Partido, que sean descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus órganos de gobierno, representación o de los Grupos Institucionales o personas que los integran” y “cualquier manifestación pública oral o escrita en los medios de comunicación que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado al Partido”.

La comparecencia de Ayuso del pasado jueves ante los medios de comunicación parece encajar de lleno en esos supuestos, al menos según lo considera la mano derecha de Casado en Génova, García Egea. La presidenta cargó duramente contra la dirección nacional de su partido, a quien acusó de perseguirla “de forma cruel e injusta”. “Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado, y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos y, además, lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la Dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato”, acusó la presidenta madrileña.

García Egea respondió entonces que Ayuso había obviado las peticiones de información del partido sobre el contrato adjudicado a la empresa de su amigo, Daniel Alcázar: “Lo único que ha recibido la dirección en vez de una respuesta clara es una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias como las que se han vertido hoy mismo (por el jueves)”. Una respuesta que llegó el jueves de forma pública, en la que la presidenta reconocía un pago de 55.850 euros por parte de Priviet Sportive S.L. a su hermano, así como otros tres que se negó a detallar porque, dijo, no tienen relación con la Comunidad de Madrid y que Casado dio por buena para cerrar el expediente.

Pero de ser cierta esa negativa a facilitar la información sobre el contrato a la dirección nacional que desveló García Egea, la presidenta madrileña habría incurrido en otra infracción, en este caso “muy grave”, del estatuto del partido: la de no colaborar en cualquier investigación interna llevada a cabo en el seno del partido de conformidad con el Protocolo de Reacción ante la detección de irregularidades. 

“Guiarse por principios éticos”

El código ético de la Comunidad de Madrid también recoge que “todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no solo las obligaciones legales, sino que además su actuación ha de guiarse por principios éticos y de conducta, en algunos casos no plasmados expresamente en las normas pero que sí se derivan de ellas”. Lo que sí manda este código, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 2 de noviembre de 2016, es atender a una conducta de “ejemplaridad”.

Además, esta norma establece unos “criterios para una actuación imparcial”, donde determina claramente qué es un “conflicto de intereses”. En uno de los puntos, indica claramente que se consideran “intereses personales, de acuerdo con la normativa estatal reguladora de los altos cargos los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien convive en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad”. Dos hermanos están en segundo grado de consanguinidad.

La presidenta madrileña ha explicado que de la adjudicación a dedo a la empresa de su amigo Daniel Alcázar, a la que está vinculado su hermano, se enteró en Génova. “Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno”, indicó el jueves en un comunicado, pese a que el contrato pasó por su Consejo de Gobierno.

La guerra total abierta entre el líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso por los pagos al hermano de la dirigente madrileña, ha provocado una crisis sin precedentes en el principal partido de la oposición que su máximo jefe está intentando atajar tras recular el viernes ante Ayuso y cerrar el expediente informativo que le abrió solo dos días antes, el jueves.

Pero distintos barones autonómicos como la propia Ayuso, el gallego, Alberto Núñez Feijóo o el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ya se han aliado para echar a Casado y forzar un congreso extraordinario del partido en marzo. El que sigue es el manual de instrucciones que deberán seguir para poder acabar con el líder del PP:

El congreso lo debe convocar la Junta Directiva Nacional, que es el principal órgano entre congresos, por su tamaño e importancia, y añade un buen número de cargos a los del Comité de Dirección. En total, la Junta tiene más de 550 miembros, entre miembros de la dirección, diputados, senadores, dirigentes autonómicos y alcaldes de las principales ciudades, entre otros cargos.

Se trata del arma que han amenazado con detonar en las últimas horas los barones territoriales ante la deriva del enfrentamiento entre Casado y Ayuso. Lo convoca el presidente, pero también puede reunirse de forma extraordinaria por acuerdo del Comité Ejecutivo, o a solicitud de tres quintos de sus vocales.

Este órgano tiene la competencia de convocar un congreso extraordinario con el único objeto de elegir una nueva dirección, tal y como ocurrió en julio de 2018 tras la dimisión de Mariano Rajoy. Para ello es preciso que se especifique en el orden del día que se debatirá sobre dicho congreso y el voto favorable de dos tercios de sus componentes, un número que puede variar según las circunstancias pero que, en cualquier caso, supera ampliamente los 500 miembros.

Este proceso ya ha comenzado. Tras una larga reunión durante todo este lunes, el Comité de Dirección del partido, que agrupa al núcleo duro de Pablo Casado, ha decidido por unanimidad convocar la Junta Directiva Nacional para el próximo lunes. El todavía presidente espera lograr en ese órgano los apoyos suficientes para resistir al frente del partido hasta la celebración del congreso. Quienes empujan para que se marche ya, un número cada vez creciente y con nombres muy relevantes, necesitan que dos tercios de los miembros de la Junta Directiva Nacional voten a favor de convocarlo lo antes posible. Su alternativa: Alberto Núñez Feijóo.

En cuanto al organigrama de ese Comité de Dirección reunido este lunes, sitúa como número dos del partido al secretario general, Teodoro García Egea. Nacido en Cieza (Murcia) en 1985 es la mano derecha de Casado. El presidente del partido confía plenamente en él, incluso ahora que se ha convertido en el objetivo de todos los disparos de fuego amigo que se han desatado en el seno del PP. Egea ha liderado los movimientos orgánicos de la dirección de Casado para hacerse con el control provincial del partido y fue el negociador de la mayoría de los acuerdos de Gobierno tras las municipales y autonómicas de 2019. Fue también él quien planteó en la convención nacional del pasado otoño la estrategia del goteo de triunfos en las elecciones hasta las generales, previstas para el final de 2023, pero el estrecho resultado en Castilla y León ha puesto en duda su tesis.

De García Egea dependen todas las vicesecretarías, que también integran el Comité de Dirección

Ana Beltrán (Secretaría de Organización). Es una de las figuras principales del partido a nivel interno, aunque su proyección pública es menor. Por estructura, es la número tres del PP. Nacida en Zaragoza en 1966, milita en el partido en Navarra desde 2008, que preside desde 2017. Entre 2011 y 2019 fue diputada en el Parlamento Foral. Desde entonces, es diputada en el Congreso.

De Beltrán dependen cargos como el secretario Electoral, Vicente Betorer, o el secretario de Organización, el recientemente famoso Alberto Casero.

Antonio González Terol (Secretaría Territorial). Exalcalde de Boadilla, uno de los municipios más ricos de Madrid y epicentro de algunas de las tramas de corrupción que han asolado al PP de la región en los últimos años, es uno de los incondicionales de Pablo Casado. Nacido en Cartagena (Murcia) en 1978, hoy es diputado nacional y ha liderado la ofensiva de los alcaldes del PP contra la gestión de los fondos europeos que se ha estrellado una y otra vez contra la indiferencia de la Comisión Europea.

Elvira Rodríguez (Secretaría Sectorial). Es una veterana del PP que ya ocupó cargos de responsabilidad en los gobiernos de José María Aznar. Nacida en Madrid en 1949, llegó a ser ministra de Medio Ambiente en 2003. Un breve colofón de unos meses a una carrera que la llevó por la Presidencia de la Asamblea de Madrid en la segunda legislatura de Esperanza Aguirre, en cuyo Ejecutivo fue también consejera de Transportes durante un año y en sustitución de una de sus principales valedoras, María Dolores de Cospedal. Antes, fue presidenta de la extinta CNMV, y secretaria de Estado de Presupuestos.

Ana Pastor (Secretaría Social). Fue una de las últimas incorporaciones a la dirección de Pablo Casado. Nacida en Cubillos (Zamora) en 1957 acumula también una amplia trayectoria que incluye los cargos de ministra de Sanidad o de Fomento, tanto en los gobiernos de José María Aznar como de Mariano Rajoy. En la última legislatura de este fue presidenta del Congreso. Pastor es una de las figura más respetadas dentro del PP y su designación formó también parte del intento de Casado de mostrar una imagen más moderada.

Pablo Montesinos (Secretaría de Comunicación). Fichaje personal de Pablo Casado en 2018, es diputado por Málaga desde las elecciones de un año después. Antes de dar el salto a la política ejerció como periodista en Libertad Digital. Nacido en Almería en 1985, Montesinos es el responsable de toda la política de comunicación del partido, así como de la relación con los periodistas.

Jaime de Olano (Secretaría de Participación). Nacido en A Coruña en 1970, es diputado por Lugo desde 2011. Forma parte de la ejecutiva de Pablo Casado desde 2019. Ha sido uno de los dirigentes del PP más belicosos desde que la semana pasada estallara definitivamente la guerra total con Ayuso

Además de los vicesecretarios, también forman parte de la ejecutiva los diferentes portavoces parlamentarios del PP. Cuca Gamarra (Congreso), fue alcaldesa de Logroño, ciudad en la que nació en 1974, y forma parte del núcleo más cercano a Casado desde que este fuera elegido presidente del partido en julio de 2018.. Fue la encargada de sustituir en el cargo de portavoz a Cayetana Álvarez de Toledo.

Javier Maroto (Senado): Otra figura municipal relevante del PP, fue alcalde de su ciudad natal, Vitoria, desde 2011 hasta 2015. Después fue diputado y, desde 2019, senador por designación autonómica por Castilla y León. Ya fue vicesecretario con Mariano Rajoy, y Casado lo incluyó desde el principio en su Comité de Dirección.

Dolors Monserrat (Parlamento Europeo): Nacida en Barcelona en 1973, ha tenido un amplio recorrido en el PP hasta llegar a ser ministra de Sanidad con Mariano Rajoy durante su segunda legislatura y hasta la moción de censura de 2018. Ese mismo año, tras el verano, fue la primera portavoz parlamentaria de Pablo Casado, pero un año después encabezó la lista del PP a las elecciones europeas.

También tiene silla en esta mesa la presidenta del Comité de Derechos Garantías, Andrea Levy, y la presidenta del Comité Electoral, Belén Hoyo, a quien algunas informaciones daban este martes como dimitida de su cargo. Levy es concejala de Cultura en el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid. Antes, fue una de las caras visibles del PP de Catalunya, siendo diputada por Barcelona (donde nació en 1984) en el Parlament desde 2015 a 2019. Ya formó parte del Comité de Dirección de Mariano Rajoy en el mismo periodo.

La figura del portavoz no forma parte de este organigrama desde la primera ejecutiva de Casado. El presidente recurrió a esta figura en el verano de 2020, cuando se aprobó la actual composición del Comité de Dirección. El ascenso de Martínez Almeida (Madrid, 1975) coincidió con el final de la primera oleada de la pandemia, durante la cual la figura del alcalde de Madrid salió reforzada. Casado optó por aparentar un giro moderado tras romper con Cayetana Álvarez de Toledo y parte del ala más dura del PP. Almeida no dio el salto a la primera línea hasta 2019, cuando fue elegido alcalde pese a perder las elecciones contra Manuela Carmena. Antes, tuvo diversos cargos técnicos en los gobiernos de Esperanza Aguirre.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha remitido a las palabras de Pablo Casado y ha respaldado este viernes la actuación de la dirección nacional del Partido Popular. “Creo que para la Región de Murcia es un orgullo que Teodoro García Egea sea secretario general del partido político más importante de España y del único que puede desalojar al sanchismo”, ha declarado respaldando al ciezano Teodoro García Egea, que fue quien negoció directamente con tránsfugas de Ciudadanos y de Vox para hacer fracasar la moción de censura registrada por el partido de Inés Arrimadas y el PSOE en esa comunidad, en marzo del año pasado. “Soy consciente de que el trabajo de un secretario general es muy ingrato, pero también le digo que sé que las actuaciones de Egea siempre las hace y están guiadas por lo mejor para el PP. De ahí mi respaldo a la dirección nacional”, subraya

Pese a estas declaraciones, ha asegurado estar “convencido” de la “honorabilidad” de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Del mismo modo, también creo que la actuación de la dirección nacional ha sido correcta”, ha asegurado. “Es una situación que a ninguno nos gusta (...) Lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo importante: mostrar la unidad de este partido como único proyecto que puede dar respuesta a lo que quieren los españoles”, ha repetido.

¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás

Alaska y Dinarama, 1984

Es un clásico en el melodrama cinematográfico y en el cine de gánsters. Dos hermanos se juran amor eterno y acaban enfrentados a muerte. Los socios en una organización criminal que terminan a tiros o delatándose a la policía. Michael, dando ese beso brutal a Fredo (“sé que fuiste tú, Fredo, me rompiste el corazón”). A veces, todo ocurre de improviso, porque alguien traspasa la línea que no se puede cruzar. También puede suceder que el rencor o la envidia vayan creciendo a lo largo del tiempo. Lo que es seguro es que el final es apoteósico, sangriento, espeluznante. Si alguien se arrepiente, siempre es demasiado tarde. El suelo se llena de cadáveres.

Nueve meses después de la gran victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas, la presidenta madrileña ha aplicado a la dirección nacional del partido el mismo tratamiento de choque que tan buenos resultados le dio contra la izquierda. El discurso lo tiene memorizado. Ella es la víctima de oscuras maniobras conspiratorias. Sólo ella pelea a muerte para proteger el bienestar de los ciudadanos. Le tienen envidia por su defensa de la libertad. “Ayuso se adelantó”, como decía el vídeo de propaganda en julio de 2020 con el que Miguel Ángel Rodríguez (MAR) lanzó la campaña con la que absolverla de cualquier responsabilidad en la tragedia vivida en los primeros meses de la pandemia.

Esta vez, fue demasiado lejos y picó demasiado alto. El martillo de MAR acabó estallando en la cabeza de su jefa. La filtración de la investigación que Génova estaba realizando sobre un contrato del Gobierno madrileño que benefició al hermano de Díaz Ayuso desencadenó unos acontecimientos que pronto escaparon del control de sus protagonistas.

Inicialmente, los hechos daban una imagen penosa de Pablo Casado y Teodoro García Egea, embarcados en unas pesquisas que además ellos habían comenzado a circular entre los medios de comunicación. Luego, el poder de Génova impuso su ley.

Tras saberse que Ángel Carromero –alto cargo en el Ayuntamiento de Almeida– podía estar implicado en estos negocios sucios, la historia cobró el estilo de Mortadelo y Filemón, más que el de James Bond. No en vano, Carromero fue el que viajó a La Habana para ayudar a la oposición cubana y acabó matando en un accidente de coche a su dirigente más carismático. “El Rasputín”, llamó ABC al asesor de Almeida con una cierta exageración. En la tarde del jueves, presentó la dimisión para salvar la cabeza del alcalde de Madrid.

Al estallar el escándalo, Ayuso y Rodríguez optaron por apretar el botón nuclear. Cualquier cosa antes de dejar que Génova utilizara cuando más le conviniera su información sobre Tomás Díaz Ayuso. El hermanísimo cobró, según el diario ABC citando fuentes de la dirección del PP, 286.000 euros de un contrato de venta de mascarillas concedido a dedo en abril de 2020 por valor de 1.512.500 euros a una empresa dirigida por un amigo de la presidenta. Una fenomenal comisión del 18% nada menos que es difícil de comprender en un contrato que no se había decidido de forma competitiva al entregarse por la vía de urgencia. ¿Qué gestiones hizo el hermano que justificaran esos emolumentos? ¿Consultar el boletín oficial de la Comunidad?

Todos los gobiernos asignaron contratos por el método de urgencia durante 2020. Díaz Ayuso lo tomó como costumbre y siguió haciéndolo el año siguiente. No consta que en ningún caso los hermanos de otros presidentes se llevaran una tajada tan suculenta. En 2020 y 2021, el Gobierno de Madrid se convirtió en un adicto a esta vía rápida de contratación. Tramitó 4.890 expedientes por un importe total superior a los 1.006 millones de euros, según un informe no definitivo de la Cámara de Cuentas.

En la Asamblea, la oposición tenía el día hecho. “No merecemos un Madrid que parezca gobernado por la mafia siciliana”, denunció Carolina Alonso, de Unidas Podemos. Mónica García, de Más Madrid, recordó que en la época de ese contrato 500 personas morían cada día en la región mientras el amigo y el hermano de Ayuso estiraban el concepto 'colaboración pública-privada' para alcanzar grandes niveles de rentabilidad. Para sus bolsillos.

Ante este panorama, Ayuso y su consigliere decidieron llevar la apuesta hasta el final, hasta un lugar al que nunca ha osado llegar un dirigente de su partido. Fue directamente contra su líder y los que le rodean. Denunció que intentan acusarla de corrupción sin pruebas “metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver”. Confirmó que su hermano había hecho negocios con la empresa que recibió el contrato de las mascarillas, pero que todo era legal, porque había declarado a Hacienda la suma recibida.

Como es habitual en ella, leyendo un papel donde lo llevaba todo meditado y apuntado, dijo que las declaraciones aparecidas el jueves en los medios procedían del “entorno de Casado” y que representaban “lo peor que se puede esperar de los políticos”. En resumidas cuentas, estaba sosteniendo que Casado no es digno de presidir el PP.

Su discurso, casi idéntico al que utiliza contra la izquierda, tenía dos partes. La reseñada de presentarse como la víctima. La segunda es la que afirma su valor imprescindible en el PP. “Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí”. No miro a nadie, querido Pablo.

Hora y media después, García Egea recogió el testigo. Díaz Ayuso le había facilitado a él y a Casado el arma que estaban esperando. El número dos del partido anunció un “expediente informativo” contra ella, el trámite que se utiliza en los partidos para iniciar el proceso de expulsión de un afiliado. Para Egea, resulta evidente cuál debe ser el desenlace: definió sus acusaciones a Casado como “casi delictivas”. Ya había emitido su veredicto.

Génova se dio prisa. Había que terminar el trabajo. Se dieron las órdenes oportunas y en poco tiempo dieciséis diputados cerraban filas en Twitter. Luego, otros les siguieron. El proyecto del PP “no debe ponerse en riesgo por las ambiciones personales por muy arriba que uno ha llegado o espere llegar”, escribió el diputado Diego Movellán. “En política como en la vida no todo vale. La deslealtad no tiene lugar”.

El apoyo más notorio que recibió Ayuso fue el de Cayetana Álvarez de Toledo, sobre la que sus compañeros de escaño no tienen ya muy buena opinión. También la ven como una diva que se niega a respetar las órdenes de arriba. En el mundo mediático, la balanza estará más equilibrada. Toda esa publicidad institucional del Gobierno de Madrid tiene que servir para algo. Para abrir boca, el editorial de El Mundo del viernes toma partido por Ayuso. Así define la gestión de Casado en esta crisis: intento de chantaje sin pruebas, inseguridad patológica, pinza siciliana, insensatos sin escrúpulos...

Díaz Ayuso puede haber cometido el error que pondrá fin a su carrera política, aunque con ella todo es posible, como que pretenda seguir al frente del Gobierno de Madrid incluso si es expulsada del partido. Se ha achicharrado por querer volar muy alto y muy rápido. Nadie gana un pulso a Génova, suelen decir los dirigentes del PP. Pero hay pulsos que pueden llevarse a todo el mundo por delante y hacer que el partido pague el precio más doloroso en las próximas elecciones generales. Ese sería el legado de Ayuso que nadie será capaz de olvidar.

Isabel Díaz Ayuso ha admitido este jueves que su hermano cobró de Priviet Sportive SL, la empresa a la que su Gobierno adjudicó a dedo un contrato de 1,5 millones de euros, como desveló en noviembre elDiario.es. Lo ha hecho en medio de una rueda de prensa en la que ha cargado contra la dirección del Partido Popular por el supuesto espionaje que ordenó. “Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí”, ha lamentado, acusando directamente al entorno de Casado de perseguirla de “forma cruel” por querer presentarse a dirigir el PP regional.

Algo más de una hora más tarde, el secretario general del PP le daba una respuesta del partido a nivel nacional. “Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo”, ha dicho Teodoro García Egea.

Mientras Ayuso ha lamentado que es la dirección de su partido la que está actuando contra ella, García Egea ha reprochado que siempre que nadie creía en ella y todos la atacaban, ha sido Pablo Casado el que ha salido en su defensa. El secretario general del PP ha informado en su rueda de prensa de que la dirección nacional de Pablo Casado ha abierto expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso “para culminar las averiguaciones” que se han llevado a cabo a nivel interno alrededor del citado contrato.

“Mi primera obligación desde que asumí el cargo es asegurar que esta organización está libre de toda sospecha. Que todos los cargos están comprometidos con la ejemplaridad y la transparencia”. Así ha arrancado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, una rueda de prensa en la que ha informado de que la dirección nacional de Pablo Casado ha abierto expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso “para culminar las averiguaciones” que se han llevado a cabo a nivel interno alrededor de un contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid a una empresa relacionada con el hermano de la presidenta regional, tal y como desveló elDiario.es el pasado mes de noviembre.

García Egea ha asegurado que Ayuso “ha reconocido pagos” a una empresa relacionada con su hermano en su comparecencia de este mismo jueves, y que no dio las explicaciones que prometió a Pablo Casado el año pasado, cuando llegaron a Génova las informaciones sobre el papel del hermano de Ayuso en un contrato adjudicado a dedo por la Comunidad de Madrid. Además, ha acusado a Ayuso de atacar a Génova: “Lo único que ha recibido la dirección en vez de una respuesta clara es una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias como las que se han vertido hoy mismo”.

El relato de los hechos que ha realizado García Egea parte del pasado mes de septiembre, cuando “el PP recibió información” sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Gobierno de Ayuso. “Posteriormente, conocimos que estaba en manos de la oposición y de determinados medios de comunicación”, ha añadido. En ese momento, siempre según esta versión, Pablo Casado “convocó a Ayuso a una reunión para ponerle al corriente de los hechos”, momento en el que la presidenta de Madrid “se comprometió a aclararlo de forma inmediata”.

“Desde la absoluta confianza en la honorabilidad de las personas, mi obligación estatutaria era cerciorarme de la verdad, como he hecho siempre con todas las informaciones que he recibido de todas los cargos” y que “haciendo partícipe en todo momento a Isabel Díaz Ayuso, a quien yo informé el 20 de octubre, el PP puso en marcha el procedimiento de buenas prácticas”, es decir, una “investigación interna”.

Isabel Díaz Ayuso, ha continuado el número dos de Casado, quedó interpelada “para aportar más información” sobre lo ocurrido con el contrato de su amigo del que se benefició su hermano. “Hasta hoy. No hemos recibido ninguna aclaración”, ha concluido.

El motivo de la guerra por el control de Madrid

Egea ha negado que el PP, o cualquiera de sus administraciones, haya contratado ninguna empresa privada para investigar a Ayuso y su entorno. De hecho, cuando a la dirección nacional le llegó el rumor de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, podía haber usado a la Empresa Municipal de la Vivienda para encubrir los cargos del supuesto espionaje a Ayuso, se le requirieron explicaciones.

“Almeida hizo todo lo posible” por aclararlo, mientras Ayuso no ha vuelto a hablar del tema hasta la rueda de hoy, siempre según Egea.

El secretario general también ha desvelado que las dudas sobre este contrato están detrás de la cruenta guerra abierta por el control del PP de Madrid. Según la dirección nacional, Ayuso busca acelerar los plazos tras la reunión que mantuvo con Pablo Casado en septiembre, con la intención de “blindarse” tras las siglas del PP. “Desde que a la vuelta del verano recibimos la información sobre estas irregularidades, lo único que ha recibido la dirección, en vez de una respuesta clara, es una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias como las que se han vertido hoy mismo”, ha dicho. “Ataques que han hecho mucho daño. Ataques intolerables acompañados en la exigencia de adelantar un congreso regional”, ha añadido.

“Esta y no otra es la verdadera razón” de la pugna por el calendario, ha dicho. “Ahora aparece como la verdad”, ha concedido, para señalar las intenciones de Ayuso: “Nadie puede usar las siglas para blindarse ante problemas en los que eventualmente pudieran verse envuelto”. Egea ha recordado que “en el pasado, el PP se vio manchado por no haber sabido cortar a tiempo” con asuntos similares. “Todos nuestros cargos tienen el deber en preservar el honor del PP. Un buen resultado electoral no exime del deber de rectitud ni de lealtad. Es lo único que hemos pedido a Ayuso estos meses: colaboración leal y aclaraciones en el marco interno”, ha sostenido.

Egea, quien a diferencia de Ayuso ha admitido varias preguntas, no ha desvelado cómo le llegó la información al PP, ni si fue la Moncloa quien aportó las pruebas, como ha dicho la presidenta regional que le confesó Casado. También ha señalado que el calendario para elegir a la nueva dirección del PP de Madrid se mantiene como está, es decir, que el congreso se celebrará a finales de la primavera.

Expediente informativo

Por último, Egea ha reprochado a Ayuso su comparecencia, sin preguntas, de este jueves. “Tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, han vertido acusaciones gravísimas casi delictivas contra el presidente y toda la dirección nacional”, ha dicho, para añadir: “Nunca pude imaginar esta reacción”.

“Desde la dirección nacional lo único que se ha hecho es apoyarla en los momentos de mayor dificultad y soledad”, ha asegurado. “Cuando nadie confiaba en ella o la atacaban, ahí estaban Pablo Casado y la dirección para defenderla”, ha lamentado. “Pablo Casado la ha apoyado a lo largo de 17 años. Yo mismo, el pasado 2 de junio, la apoyé públicamente para presidir el PP de Madrid”, ha recordado.

El secretario general del PP ha informado de que “los servicios jurídicos estudian acciones legales” por las acusaciones que ha lanzado contra la dirección, y que se pondrá ya en marcha un “expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han llevado a cabo”, así como para analizar el alcance estatutario de las mismas acusaciones. “La verdad se abre paso”, ha terminado.

“Yo sé lo que se sufre cuando hay que ordeñar los domingos”, dijo Alfonso Fernández Mañueco en el mitin final de la campaña del Partido Popular. Como está metido en la política institucional desde 1995, se nota que tiene buena memoria. Ahora podrá recuperar esos conocimientos y esa inmensa capacidad de sufrimiento para ordeñar los resultados de las elecciones de Castilla y León. Él compró la vaca al convocar elecciones, así que le toca ocuparse de ella. Ya intuye que la leche que salga le puede resultar muy indigesta.

El problema para su partido supera el asunto de la gobernabilidad de la región. Lo que se ha venido abajo es toda la estrategia del PP para encarar el resto de la legislatura. Adiós a la unificación del voto de la derecha bajo la égida de Pablo Casado. Los muy buenos resultados de Vox han sido tan contundentes que no hay muchas dudas de que el partido de extrema derecha repetirá como mínimo sus resultados de noviembre de 2019. Adiós también a la idea con que los dirigentes del PP alimentaban a los periodistas, según la cual les sería fácil convencer a Vox para que se conformara con apoyarles desde fuera del Gobierno después de futuras elecciones. Como si fueran una organización benéfica.

Algunos se preguntarán en relación a este último punto cómo se puede hacer depender tu estrategia de lo que haga otro partido político. Es cierto que resulta difícil de comprender hasta que uno es consciente de que los líderes del PP están convencidos de que el resto del mundo debería estar agradecido por su existencia. Es la única forma de entender a su número dos, Teodoro García Egea, que negó el lunes que vayan a aceptar un Gobierno de coalición con Vox. Casi le ofendió que se lo preguntaran. Pretenden gobernar en solitario y aceptarían el apoyo de otros. Hasta ese punto llega su generosidad: “Quien quiera sumarse puede votar al PP y si no, en caso de bloqueo, cada uno tendrá que explicarlo”.

Egea parece creer que ponerse chulo con Vox es la táctica que les va a funcionar. Pero ese partido ya no es el de 2019, cuando no le convenía entrar en gobiernos autonómicos ni estaba en condiciones de resistir la presión del PP en Madrid.

De todas formas, lo de ponerse chulo tampoco le ha ido muy bien a Egea en sus relaciones con Isabel Díaz Ayuso. Sus enemigos en el partido, que ya son unos cuantos, habrán detectado que empieza a recurrir a los trucos de los que se ven superados por los acontecimientos. En la rueda de prensa, denunció “una campaña mediática contra la dirección nacional como no se había visto nunca”. Es cierto que la mayoría de los columnistas de la prensa de derechas han tomado partido por Díaz Ayuso en su guerra con Casado. Decir que no hay “precedentes” de algo así puede provocar carcajadas en otros partidos.

El resultado de Castilla y León ha permitido a Vox dar un giro a su estrategia. Se acabó lo de amenazar y no dar, por ejemplo como hizo después de las elecciones de Madrid, donde básicamente se entregó a Díaz Ayuso a cambio de algo de bisutería política. El partido de Santiago Abascal ha decidido que su crecimiento le obliga a entrar en los gobiernos que sólo puedan sobrevivir con sus escaños. Ya no se limitará a llevar las toallas al PP, como hace Rocío Monasterio en Madrid.

Aumentar los votos que recibió en esa región en las segundas generales de 2019 es el premio que el PP le ha concedido con el adelanto electoral. Lo ha hecho en una comunidad con nueve provincias en la que su implantación territorial era escasa y con un candidato de 30 años sin ninguna experiencia política anterior. Cree que puede exigir la recompensa.

“No nos vamos a abstener (en la investidura). No vamos a regalar los votos al PP”, dijo Juan García-Gallardo, al que Abascal ya presentó el domingo como futuro vicepresidente autonómico. Aspira a un matrimonio de los de antes con iglesia, novia de blanco y tarta de varios pisos. No se conformará con menos.

La amenaza de Vox cambia en mucho las perspectivas de cara a las próximas elecciones nacionales. Casado ya no podrá acercarse a esa cita electoral de forma sigilosa, sin revelar sus verdaderas intenciones sobre Vox y utilizando ese lugar común tan penoso de los políticos cuando dicen que el único pacto que buscan es con los votantes. Ya está claro que, en el mejor de los casos para el PP, no llegará a Moncloa sin llevar a Vox de pasajero en el coche.

En una comunidad tan conservadora como Castilla y León –durante veinte años hasta 2011 el PP nunca bajó del 49%–, se quedó en el 31,4% en esta ocasión. Cualquier extrapolación de esos datos a toda España indica que el partido de Casado va a sudar tanto como el PSOE para superar con claridad el 30%.

Los socialistas han reincidido en sus tradicionales malos resultados en Castilla y León, con la excepción de 2019. Ese año, al coincidir con las elecciones municipales, se vio favorecido por la corriente de cambio que existía en las grandes ciudades de la región. Ahora no había salvavidas a mano. El PSOE no ha esperado ni 24 horas para descartar por completo la abstención en la votación de investidura que le serviría al PP para no tener que pactar con Vox. En política, no suele ser tu enemigo el que te salva para que puedas derrotarle más tarde.

Dentro de un mes, sabremos cómo resuelve Mañueco el dilema cuando se constituya la nueva Cámara en Valladolid y haya que elegir a su presidente. Lo que vendrá mucho antes será la segunda parte de la guerra Casado-Ayuso por el control del PP madrileño, interrumpida por una tregua que comenzó con la convocatoria electoral.

A través del portavoz del Gobierno de Madrid, Enrique Ossorio, Ayuso ya ha reanudado las hostilidades. Reiteró el deseo de celebrar cuanto antes el congreso provincial del partido y le sumó a eso el inevitable troleo: “Nosotros hemos pactado con Vox y las cosas nos van muy bien”. Cuanto mejor le vaya a Ayuso, peor le irá a Casado.

Se pueden sacar enseñanzas de la huida hacia adelante de la derecha con su voto errado en la reforma laboral. Por mucho que en un principio pueda parecer un vodevil fruto de su incapacidad para reconocer el ridículo que subyace de la última trampa artera de Teodoro García Egea, hay algo que traspasa fronteras y décadas en la cultura política reaccionaria. No es un movimiento improvisado más, es una estrategia recurrente que posee antecedentes históricos y tiene como fin culpar al adversario de un hecho provocado por los propios para buscar tomar el poder por cualquier medio. Es la estrategia Van Der Lubbe, que recoge su nombre del comunista holandés que fue guillotinado en Leipzig en 1934 tras ser el chivo expiatorio de la estrategia nazi para asaltar el poder con un ataque de falsa bandera contra el edificio que recogía la soberanía alemana. La derecha quiere quemar el Reichstag usando la mentira de un error informático y busca convertir a Meritxell Batet en su propia Marinus Van Der Lubbe. 

No se puede realizar un acto de este calibre sin colaboradores necesarios. Aunque es cierto que los habituales altavoces de toda campaña de agitprop esta vez han ido decayendo conscientes de que la credibilidad hay que venderla en campañas que tengan un mínimo porcentaje de éxito, siempre hay gente en los medios de comunicación dispuesta a arrastrarse al toque de corneta del argumentario hasta niveles que provocan sonrojo en un observador externo con sensibilidad para la vergüenza ajena. Estos días hay que apartar la mirada de la televisión al ver algunos ejercicios de contorsionismo periodístico imprescindibles para seguir siendo el plumilla que la derecha impone en ciertos espacios. Recuerda quién te puso ahí.

La estrategia contemporánea de culpar a la víctima de ser la responsable de los hechos comenzó con motivo de los sucesos de Charlottesville, en los que miembros de extrema derecha llegaron a asesinar manifestantes antifascistas embistiendo con un coche. Donald Trump empezó una campaña que trataba de convertir el movimiento Antifa en terrorista. Ocurrió lo mismo en España con motivo de la manifestación neonazi en Chueca, cuando la extrema derecha patria comenzó a difundir que los manifestantes eran infiltrados antifascistas que habían proferido los insultos homófobos para vincular a VOX con un delito de odio. No se quedaron solos en la estrategia. Carlos Herrera y Ana Rosa Quintana fueron solo dos de los comunicadores más importantes que dieron pábulo a la conspiración que tenía como objetivo culpar al adversario de los hechos que realizan los suyos. 

La mayor amenaza para la pervivencia de la democracia es la extrema derecha. El partido republicano decidió por mayoría que el asalto terrorista al Capitolio fue un “discurso político legítimo” en la misma semana en que unos energúmenos asaltaron el pleno del Ayuntamiento de Lorca. Tanto VOX como el PP justificaron este asalto por el supuesto hartazgo de los ganaderos, que solo fue tal porque fueron manipulados en unas asambleas previas dirigidas por miembros de ambos partidos. El PP ha asumido que no puede competir con VOX enfrentándose a ellos porque tampoco creen que haya que hacerlo y usan las mismas estrategias, intentando así convencer de que nadie mejor que ellos para recuperar el poder aunque para ello haya que despedazar las instituciones y la legalidad. 

Los demócratas tenemos que ser conscientes de que lo único que nos separa de la sangre derramada y un golpe de Estado no es el respeto a la legalidad o las convicciones democráticas de la derecha de este país. Si no ocurre es porque no tienen los medios suficientes y porque son unos cobardes que no están dispuestos a asumir las consecuencias de lo que significaría el fracaso. Nos quieren quemar el Reichstag, aunque por ahora nos salva su ineptitud para encontrar el lugar por donde prenda.

Pablo Casado no aplaudió en los segundos posteriores al error de Meritxell Batet cuando esta dio por derrotado el decreto de la reforma laboral. Muchos diputados del PP se levantaron para mostrar su alegría por lo que creían que era una resonante derrota del Gobierno. Cuca Gamarra y Teodoro García Egea aplaudían pero sin levantarse del escaño. Su líder parecía haberse quedado en estado un poco catatónico. Tenía que saber que los dos diputados de UPN habían decidido traicionar a su partido y votar en contra del decreto. Pero los números de la votación que había dado Batet inicialmente mostraban que había salido adelante por un solo voto.

Es posible que el cerebro de Casado se hubiera quedado en modo stand by. Estaba cargando la información que le llegaba antes de empezar a procesarla. Al poco, apareció en el hemiciclo el político más famoso en España en estos momentos. Alberto Casero, uno de los diputados que forman parte del círculo de confianza de García Egea, se había equivocado tres veces esa tarde al ejercer el voto por vía telemática. Una de ellas fue esencial para aprobar la reforma laboral.

Cómo iba a volver a su función principal –trasladar las órdenes de Egea a las direcciones regionales del partido– después de dar ese ejemplo de cómica incompetencia. Alegó que la web desde la que los diputados votan fuera del hemiciclo aportando su nombre de usuario y contraseña había cambiado el sentido de su voto. Es algo que no ha ocurrido nunca en el Congreso, aunque sí en un episodio de Los Simpson, por si el Tribunal Constitucional necesita algún precedente para deliberar sobre eventuales recursos.

Alberto Casero había hecho un Homer Simpson. Casado y el PP no necesitaban más. Decidieron ahorrarse el bochorno y anunciar al mundo que se había producido un “pucherazo”. Una convulsionada Gamarra convocó a los periodistas para comunicarles el drama. Pero luego se largó de inmediato y no aceptó contestar preguntas de los periodistas, sencillamente porque no tenía las respuestas.

Varios diputados del PP mostraron en Twitter párrafos del reglamento del Congreso –nadie había telefoneado a Casero para confirmar su voto– ignorando a sabiendas que un acuerdo unánime de la Mesa del Congreso había anulado ese requisito en marzo de 2020. Lo sabían porque ellos han votado por vía telemática en varias ocasiones durante la pandemia y unos cuantos diputados se han equivocado al ejercer el derecho al voto de esta manera.

Todo eso, unido al hecho de que Casero no podía demostrar con pruebas que el error no era suyo, pasó de repente a ser secundario. Su portavoz en el Senado, Javier Maroto, lo confirmó en una entrevista el viernes al calificar de “irrelevante” que fuera un error humano o informático. Exigió la repetición de la votación. Lo que importaba era denunciar el “atropello” o el “fraude democrático” ocasionado cuando Casero pinchó en la zona equivocada de su pantalla.

Además del consabido recurso al Tribunal Constitucional, donde espera tener un público receptivo, Casado apuntó directamente el viernes a Batet: “Vamos a pedir a la Mesa del Congreso que reconsidere este atropello. Si no lo hace de inmediato, la presidenta del Congreso podría estar prevaricando, y tendría consecuencias judiciales para ella”. Con el PP, enseguida terminas llegando a las amenazas, como cuando un grupo criminal avisa a un comerciante de lo que le puede pasar si no paga una cantidad mensual a cambio de protección.

El PP dio un paso más el viernes al exigir a Batet que no envíe la resolución para su publicación en el BOE, que supondría la confirmación definitiva del decreto. Ese es un requisito formal, preceptivo después de una votación. Si Batet no lo llevara a cabo, entonces sí que se le podría acusar de prevaricación, ya que entre sus funciones no está la de decidir al día siguiente qué votaciones de la Cámara tienen validez y cuáles no.

En Estados Unidos, Donald Trump exigió a su vicepresidente, Mike Pence, que rechazara el 6 de enero de 2021 la convalidación de los votos electorales aportados por cada Estado y que certificaban la victoria de Joe Biden en las elecciones. Se trata de un acto protocolario en el que el vicepresidente preside la sesión del Senado sin que la Constitución le permita intervenir de otra manera. Pence se negó después de consultar a expertos jurídicos.

Entre las artimañas de la conspiración posterior, los abogados de Trump acusaron a la empresa fabricante de las máquinas con las que se vota en EEUU de haber hackeado los aparatos –en connivencia con personas relacionadas con George Soros y el Gobierno de Venezuela y ayudados por “inmensas cantidades de dinero comunista”– para robar la victoria a Trump.

Decenas de autos judiciales en su contra y la ausencia de pruebas reales sobre el supuesto fraude no han impedido a Trump mantener la conspiración sobre el fraude que le arrebató la victoria en las urnas. Ni le han restado apoyo entre la mayoría de los votantes republicanos para los que es la primera opción de cara a las elecciones de 2024.

El expresidente norteamericano ha creado el modelo en que se mira el PP para cuestionar la legitimidad del Gobierno en España y sus principales decisiones. No importa las pruebas que tengas. Lo que cuenta es sostener que el rival político es un enemigo de la democracia dedicado a prácticas fraudulentas.

Si lo de la trama denunciada por los abogados de Trump en la que figura hasta Venezuela suena a chiste, no es menos ocurrente la que se inventó en la noche del miércoles el director de comunicación digital del PP, para el que un gesto de Sánchez en la confusión surgida tras el primer error de Batet confirma sin lugar a dudas que todo estaba preparado.

Casado incidió en la idea de la conspiración general cuando dijo que el Gobierno ya ha intentado controlar “la Fiscalía, el Consejo de Estado, los reguladores, la CNMC y la CMNV, el CGPJ, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y ya solo les quedaba atacar al Parlamento”. En realidad es el Partido Popular el que ha cuestionado el sistema de voto telemático del Parlamento después de que los servicios informáticos y los letrados de la Cámara hayan confirmado que no hubo ningún error técnico en su funcionamiento.

El PP lo tendría más complicado si no recibiera tanta cobertura mediática favorable con este tipo de actuaciones. La Razón tituló en portada el viernes que “la reforma laboral se convalida vulnerando los derechos fundamentales”, como si fuera un hecho obvio. Carlos Herrera llamó indecente en la COPE a Batet por no repetir la votación. Juan Carlos Girauta lo definió en ABC como “una violación en vivo de la esencia parlamentaria”. Juan Manuel de Prada optó por otra conspiración, “un tongo con luz y taquígrafos” en el que el PP habría encargado a Casero que votara a favor para permitir la aprobación de la reforma.

El ABC destacó como primera noticia en la tarde del viernes en su web que “el TC reprochó (en 2006) al Parlamento vasco no revisar un voto erróneo por un fallo técnico”. El propio artículo indica que no existió ese voto erróneo. El sistema de votación en el escaño de una diputada socialista no funcionó, por lo que ni siquiera pudo votar (Casero evidentemente sí votó).

Quien sí cuestionó desde la derecha la campaña del PP fue Federico Jiménez Losantos. Básicamente porque no puede ver a García Egea por su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso: “A ver, Pablo, que tienes en tu mano derecha a un tonto (por Egea) cuya mano derecha es lelo (por Casero). Han quedado como idiotas. Dicen que es un error informático. No hay ningún error informático. Se confirma el sí y el no dos veces en el ordenador. Estaría viendo porno”.

No está claro qué es peor para la salud democrática del país. Que el PP sostenga que el Gobierno corrompe todas las instituciones a cuenta del error de uno de sus diputados o que la única crítica clara y rotunda desde la derecha esté confeccionada a base de insultos.

Alberto Casero logró entrar este jueves al Salón de Plenos del Congreso justo a tiempo para constatar que la había pifiado sin remedio. El diputado, dirigente del partido como miembro de la Junta Directiva, y secretario de Organización a las órdenes de Teodoro García Egea y Ana Beltrán en la sede nacional del PP de la calle Génova (todavía en venta), llevaba varios días enfermo y pidió el voto telemático para participar en la sesión parlamentaria de esta semana. Se sometían a debate importantes cuestiones legislativas, como los reales decreto ley de las mascarillas o el más crucial de la reforma laboral. Uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición y que ha dividido en dos a los empresarios, al bloque de los Presupuestos y, también, al de la derecha. El líder de la oposición, Pablo Casado, se ha llegado a enfrentar públicamente con el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, a cuenta de la nueva norma.

El diputado cacereño del PP ya votó el martes a distancia, como se puede comprobar en la admisión a trámite de una proposición de ley del PSOE sobre pymes. Una opción que solo está permitido en casos concretos: embarazo, maternidad, paternidad y enfermedad grave, lo que incluye ser positivo en Covid o casos de confinamiento obligatorio, aunque también otras dolencias. Oficialmente, no está confirmado qué alegó Casero para no acudir en persona.

En los cinco puntos que se sometieron a la Cámara Baja ese día votó lo mismo que el resto de su grupo parlamentario. El plan para este jueves era el mismo, pero la ejecución no fue la deseada.

Según la reconstrucción de lo sucedido, Casero entró al sistema de voto telemático del Congreso para ejercer su derecho. 17 votaciones diferentes, algunas divididas en varios puntos. Pese a residir en Cáceres, es diputado por la provincia extremeña, no debía estar muy lejos de la Cámara Baja. La presidenta, Meritxell Batet, abrió el plazo para el voto telemático a las 17.30 y lo cerró a las 18.15. 45 minutos de margen para cerca de 30 elecciones diferentes.

El sistema emite un justificante al finalizar el voto telemático donde se recoge lo seleccionado en cada apartado. Esta suerte de recibo se utiliza por algunos grupos en caso de votaciones secretas para verificar que nadie se ha saltado la disciplina de voto. Es lo que hizo el PSOE, por ejemplo, en la elección de los cuatro magistrado del Tribunal Constitucional del pasado mes de noviembre, cuando el exministro José Luis Ábalos votó, por error, en blanco. Entonces, no le permitieron emitir un nuevo sufragio.

Cuando Casero comprobó el papel se dio cuenta de su error. Había votado mal. Justo al contrario de lo que se había ordenado por el grupo parlamentario. Tenía que haber elegido no en la convalidación del real decreto ley y sí en su tramitación como proposición de ley, pero lo hizo al revés. Votó sí a la primera, y no a la segunda. De hecho, no fue el único fallo de Casero ya que el jueves votó diferente a su grupo en otras dos ocasiones, como se puede observar en los registros de voto que publica el Congreso en su página web.

El diputado comprendió de inmediato el alcance de su error y salió corriendo hacia el Congreso. La votación de la contrarreforma laboral iba a ser muy ajustada, el Gobierno de coalición había atado a última hora los votos que necesitaba tras pactar con el PDeCAT y UPN. Habría tres sufragios de diferencia a favor de la convalidación, pero nunca se sabe. O sí. El caso es que Casero intentó enmendar su error, pese a ser consciente de que difícilmente lo lograría.

Llegó al Congreso y accedió al Edificio del Palacio, donde se encuentra el Salón de Plenos. Su condición de diputado le permite moverse con total libertad por casi todo el complejo de la Carrera de San Jerónimo de Madrid. Pero era tarde. Batet proclamó la votación, con suspense incluido por un error en el conteo del Letrado Mayor que la presidenta replicó, y se desató la ira en las filas del PP al comprobar que la traición de UPN, cuyos diputados se pasaron al no sin avisar al Gobierno ni a su propio partido, supuestamente, no serviría para nada por el fallo de su diputado.

La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, aseguró en una rueda de prensa que los servicios de la Cámara impidieron a Casero entrar al Hemiciclo durante la votación para enmendar su error. Las normas de la Cámara Baja son claras: cuando llega la hora de la votación suena en todo el complejo una llamada para que los diputados acudan al Hemiciclo. Una vez que la señal se silencia, se cierran las puertas del Salón de Plenos y nadie puede entrar ni salir. Esta norma se ha modificado por la pandemia y ahora, según confirman varias fuentes parlamentarias, las puertas no se cierran físicamente. Esto ha hecho que, a lo largo de la presente legislatura, algunos diputados hayan podido colarse incluso una vez iniciada la votación, según relatan a elDiario.es fuentes parlamentarias, aunque sin poder participar en las votaciones ya cerradas.

Pero Alberto Casero finalmente sí logró entrar al Pleno. Tarde, pero entró. Se sentó, tal y como se aprecia en la imagen que encabeza este reportaje, en la tercera fila de la bancada del PP. En la fotografía, es el diputado que aparece sobre la cabeza de García Egea, su jefe en Génova, mirando hacia el objetivo que retrata el momento en el que la dirección popular es consciente de que un error propio permitirá sacar adelante una de las votaciones cruciales del Gobierno de coalición.