Carlos Mazón viu a València en un pis propietat d’un antic assessor de Presidència del Govern autonòmic del PP d’Alberto Fabra. Mazón paga 1.240 euros al mes de lloguer, segons ha pogut confirmar elDiario.es. La residència, de 129 metres quadrats i compartida amb el seu cap de gabinet, el secretari autonòmic José Manuel Cuenca, està situada en una coneguda plaça d’un barri acomodat de la capital del Túria, la direcció exacta del qual aquest diari omet.

L’habitatge pertany a un antic assessor del gabinet de l’expresident Alberto Fabra, del PP, segons les dades que consten en el Registre de la Propietat. L’amo, actualment desvinculat de la política, es dedica a l’empresa privada.

La finca, segons les dades cadastrals consultades per aquest diari, es va construir originalment el 1932, encara que es manté en perfecte estat. Està situada prop d’una artèria senyorial de la ciutat, en una zona tranquil·la envoltada per restaurants i locals d’oci.

El contracte de lloguer, segons ha confirmat aquesta redacció, està signat a nom de Carlos Mazón. El preu del lloguer és notablement inferior al plus per habitatge que han cobrat Mazón i Cuenca des que el primer va accedir a la presidència de la Generalitat i el segon es va convertir en la seua mà dreta al Palau.

Si entre tots dos ajuntaven 1.731 euros, el preu del lloguer mensual tan sols ascendeix a 1.240 euros. La diferència suposa un pretés estalvi de 491 euros.

Els veïns, segons fonts consultades, coneixen la presència de Carlos Mazón en l’edifici i l’han vist accedir al portal amb el seu equip d’escortes. Malgrat un veïnatge tan singular, no hi ha hagut problemes de convivència en la finca.

Els inquilins de l’habitatge han tingut una certa inquietud per la possibilitat que isquera a la llum la direcció exacta del pis. En la seua declaració del 26 de novembre passat com a testimoni en la causa de la dana, José Manuel Cuenca es va negar a confirmar a un dels advocats de les acusacions populars si la casa estava situada en la plaça a què al·ludia el lletrat.

Cuenca va esgrimir motius de seguretat, per haver rebut Mazón “amenaces de mort” i haver-se “conegut” públicament el seu domicili familiar a Alacant.

Aquest diari ha pogut accedir a la referència cadastral i a les dades sobre l’habitatge de València que consten en el Registre de la Propietat després d’accedir a la direcció exacta (portal, pis i porta) del pis que comparteixen tots dos a la ciutat.

Carlos Mazón vive en València en un piso propiedad de un antiguo asesor de Presidencia del Gobierno autonómico del PP de Alberto Fabra. Mazón paga 1.240 euros al mes de alquiler, según ha podido confirmar elDiario.es. La residencia, de 129 metros cuadrados y compartida con su jefe de gabinete, el secretario autonómico José Manuel Cuenca, está situada en una conocida plaza de un barrio acomodado de la capital del Turia, cuya dirección exacta este periódico omite.

La vivienda pertenece a un antiguo asesor del gabinete del expresident Alberto Fabra, del PP, según los datos que constan en el Registro de la Propiedad. La finca, según los datos catastrales consultados por este diario, fue construida originalmente en 1932, aunque se mantiene en perfecto estado. Está situada cerca de una señorial arteria de la ciudad, en una zona tranquila rodeada por restaurantes y locales de ocio.

El contrato de alquiler, según ha confirmado esta redacción, está firmado a nombre de Carlos Mazón. El precio del alquiler es notablemente inferior al plus por vivienda que han cobrado Mazón y Cuenca desde que el primero accedió a la presidencia de la Generalitat y el segundo se convirtió en su mano derecha en el Palau.

Si entre ambos juntaban 1.731 euros, el precio del alquiler mensual tan solo asciende a 1.240 euros. La diferencia supone un supuesto ahorro de 491 euros.

Los vecinos, según fuentes consultadas, conocen la presencia de Carlos Mazón en el edificio y lo han visto acceder al portal con su equipo de escoltas. A pesar de tan singular vecindad, no ha habido problemas de convivencia en la finca, aseguran las mismas fuentes vecinales. “Y eso que hubo preocupación tras la dana”, señalan.

Los inquilinos de la vivienda han tenido cierta inquietud por la posibilidad de que saliera a la luz la dirección exacta del piso. En su declaración del pasado 26 de noviembre como testigo en la causa de la dana, José Manuel Cuenca se negó a confirmar a uno de los abogados de las acusaciones populares si la casa estaba situada en la plaza a la que aludía el letrado.

Cuenca esgrimió motivos de seguridad, al haber recibido Mazón “amenazas de muerte” y haberse “conocido” públicamente su domicilio familiar en Alicante.

Este diario ha podido acceder a la referencia catastral y a los datos sobre la vivienda de València que constan en el Registro de la Propiedad tras acceder a la dirección exacta (portal, piso y puerta) del piso que comparten ambos en la ciudad.

Como ha venido contando elDiario.es en las últimas semanas, la vivienda se encuentra relativamente cerca de lugares significados por los movimientos de Carlos Mazón el día de la dana del 29 de octubre de 2024. El domicilio de Mazón y Cuenca está a 12 minutos andando de El Ventorro y a unos ocho del parking Glorieta-Paz, donde estacionó su vehículo la tarde de las inundaciones la periodista Maribel Vilaplana.

También está cerca del restaurante La Raspa, el bar de tapas en el que cenaron Vilaplana y Mazón el 11 de octubre de 2024 (18 días antes de la polémica comida en El Ventorro).

Una vez abandonada la presidencia de la Generalitat por parte de Mazón y en el caso de que Cuenca no continúe como alto cargo, ambos perderán el plus de vivienda conjunto de más de 20.000 euros anuales.

El expresidente de la Generalitat Valenciana y diputado del PP Alberto Fabra deja la presidencia de la comisión de Defensa del Congreso para evitar un conflicto de intereses. Fabra, que dirigió el Gobierno valenciano entre 2011 y 2015, renunciará también al complemento de 1.600 euros que percibe como cabeza de esta comisión después de que se revele que su hijo trabaja para una empresa adquirida por una mercantil de la familia del presidente de Indra. El popular sí mantendrá su acta como diputado.

El diputado popular ha confirmado la decisión, adelantada por El Confidencial, en declaraciones a los periodistas antes de un desayuno informativo. Según ha indicado, ha sido una decisión propia consensuada con su partido, considerando “que es lo mejor”, para que nadie pueda pensar que su formación defiende algunos intereses o hace política de “forma intencionada” en un asunto sensible. “Creo que eso puede generar un conflicto de intereses, de manera que me echo al lado para que haya otro compañero”, ha expresado el parlamentario.

En concreto, el hijo de Fabra trabaja en Das Photonics, una firma valenciana que fue adquirida el año pasado por Escribano Mechanical & Engineering (EM&M), la empresa familiar del presidente de Indra, Ángel Escribano. Fue elegido como presidente el pasado enero tras la salida de Marc Mutra. Escribano está en proceso de fusión con Indra, de la que ya tiene un 14,3% del capital de esta tecnológica, y es ya es el segundo mayor accionista de la empresa sólo por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene un 28%.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha situado al expresidente valenciano y senador del PSOE, Ximo Puig, como el presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, la única comisión de la Cámara Alta que presidirán los socialistas, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El líder de los socialistas valencianos llegó al Senado durante esta legislatura como parlamentario por designación de les Corts Valencianes después de perder el Gobierno regional, que tras el 28M pasó a manos de PP y Vox.

Ahora, Sánchez ha decidido que Ximo Puig, que llegó a estar en las quinielas para convertirse en ministro del nuevo Gobierno, se convierta en presidente de la única comisión que dirigirán los socialistas en el Senado, la de Presupuestos.

En concreto, la Comisión de Presupuestos se suele reunir exclusivamente cuando llegan las cuentas públicas a la Cámara Alta para acoger comparecencias de altos cargos y posteriormente hacer el debate de los vetos y las enmiendas.

Después de que Sánchez fichara como secretarios de Estado a dos de sus exconsellers, el secretario general del PSOE ha decidido que Ximo Puig ocupe la Presidencia de la Comisión de Presupuestos, por la que percibirá un complemento adicional de 1.622,27 euros al mes.

El nombramiento de Puig se suma a los del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que presidirá la comisión de Interior en el Congreso; Alejandro Soler, exalcalde de Elche y exdirector general de la empresa pública Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo), dirigirá la comisión de Hacienda y Función Pública; y Susana Ros, exconcejala en el Ayuntamiento de Benicàssim, presidirá la de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Además, el Partido Popular ha situado al frente de la comisión de Defensa al expresident de la Generalitat Alberto Fabra.

Tal y como sucedió el pasado 28 de mayo, en las elecciones municipales y autonómicas, la derecha ha vuelto a ganar las elecciones en la Comunitat Valenciana (en España, Alberto Núñez Feijóo ha sido el candidato más votado, aunque la suma con Vox no le llega para gobernar). Y una vez celebrados los comicios del 23 de julio, en los que el PP ha sido el partido más votado, ya conocemos a los 33 diputados valencianos que ocuparán un puesto en el Congreso la próxima legislatura. En concreto, los populares han conseguido 13 representantes, el PSPV 11, Vox 5 y Compromís-Sumar 4.

Diputados por la circunscripción de Valencia

Partido Popular

1.- Esteban González Pons.- (1964) Licenciado de Derecho y doctor en Derecho Constitucional por la Universitat de València, el todavía eurodiputado del Partido Popular (desde 2014) es el actual vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del PP con Alberto Núñez Feijóo. Ha sido diputado y senador, además de conseller de Educación, Cultura y Deportes, de Relaciones Institucionales y de Territorio y Vivienda con Francisco Camps como president de la Generalitat. González Pons, al contrario que su partido, se ha manifestado en diferentes ocasiones en contra de la ampliación del puerto de València.

2.- Belén Hoyo.- (1984) Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia (UV) y con estudios de Humanidades, Belén Hoyo es diputada en el Congreso desde 2011 y, en febrero de 2022, fue la primera en presentar su dimisión como integrante del Comité de Dirección del partido -era presidenta del Comité Electoral- que entonces dirigía el defenestrado Pablo Casado. En septiembre del pasado año fue repescada por Núñez Feijóo para formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Partidaria de pactar con Vox, antes de las elecciones generales de 2019 ya dijo en una entrevista con elDiario.es que la formación de extrema derecha “sí que entraría dentro de nuestros límites” para pactar.

3.- Esperanza Reynal.- Doctora en Medicina y Derecho y Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, Reynal es jefa del departamento de Ginecología del hospital Arnau de Vilanova de València. Es la actual secretaria de Derechos Sanitarios y Sociales en el PP valenciano de Carlos Mazón.

4.- Fernando de Rosa.- (1959) Magistrado, fue vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular entre 2008 y 2014 y presidente de la Audiencia Provincial de València en 2015. Senador desde 2019 y portavoz de Justicia del PP en la Cámara alta la pasada legislatura, con Francisco Camps como presidente valenciano, ocupó la secretaría autonómica de Justicia entre 2003 y 2007 y fue conseller de Justicia y Administraciones Públicas entre 2007 y 2008.

5.- Carlos Gil.- (1969) Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias Políticas y de la Administración y en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universitat de València, ha sido diputado provincial y alcalde de la pequeña localidad de Benavites, en la comarca del Camp de Morvedre entre 1999 y 2007 y desde 2011. Fue jefe de Formación del Hospital General de Valencia (2002-2017). Resultó absuelto después de ser procesado por un juzgado de Sagunto por un presunto caso de violencia machista.

6.- Alma Alfonso.- Licenciada en derecho por la Universidad de València, se incorporó a la candidatura de María José Catalá al Ayuntamiento de la capital valenciana en el número 18 de la lista del PP. Es trabajadora autónoma del sector promotor inmobiliario y forma parte de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana, además de ser y asesora jurídica de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

PSOE

1.- Diana Morant.- (1980) Ministra de Ciencia e Innovación en el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez desde julio de 2021 en sustitución de Pedro Duque. Fue alcaldesa de la localidad valenciana de Gandia entre 2015, cuando le arrebató la alcaldía al popular Arturo Torró, hasta que recibió la llamada de Pedro Sánchez para formar parte del Consejo de Ministros. Dos históricos socialistas de Gandia muy cercanos a Ximo Puig, José Manuel Orengo y Alfred Boix, apadrinaron la carrera política de la ministra en funciones cuando, tras varios años ejerciendo su carrera profesional como ingeniera, Diana Morant se presentó en la candidatura del PSPV-PSOE de Gandia en las elecciones locales del 24 de mayo de 2011.

2.- José Luis Ábalos.- (1959) Uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez en su particular 'reconquista' del Partido Socialista Obrero Español, uno de los abanderados del que se conoció como 'espíritu de Xirivella', Ábalos fue premiado por Sánchez con la Secretaría de Organización del PSOE después de recuperar la dirección socialista y con el Ministerio de Transportes cuando llegó a la Moncloa. En julio de 2021 fue cesado por el presidente del Gobierno, junto a la entonces vicepresidenta Carmen Calvo. Sin embargo, a pesar del enfado inicial de Ábalos, el exministro sigue siendo un 'hombre de Sánchez', a quien arropó en su último mitin en València.

3.- Carmen Martínez.- (1962) Licenciada en medicina y Cirugía por la Universitat de València, es militante del socialista desde 1982 y persona próxima al secretario general del PSPV, Ximo Puig. La exalcaldesa de la localidad valenciana de Quart de Poblet ha sido diputada provincial y autonómica y vicepresidenta de las Corts Valencianes la pasada legislatura.

4.- Vicent Sarrià.- (1967) Diputado autonómico entre 1999 y 2018 y concejal en el Ayuntamiento de València entre 2011 y 2019, ha sido diputado en el Congreso en la XIII y XIV legislaturas. Fue secretario de Organización del PSPV con Joan Ignasi Pla como secretario general de los socialistas valencianos.

5.- Marta Trenzano.- (1984) Nacida en Algemesí, localidad de la que ha sido alcaldesa y de la que actualmente es la portavoz socialista, es una persona próxima al secretario general del PSPV y expresident de la Generalitat, Ximo Puig (forma parte de la ejecutiva del PSPV como secretaria de Comarcas y Mancomunidades). Licenciada en Filología Inglesa-Humanidades por la Universitat de València, Trenzano es vocal de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Compromís-Sumar

1.- Àgueda Micó.- (1978) Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, es profesora asociada en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia. Micó es secretaria general de Més-Compromís, el antiguo Bloc Nacionalista Valencià, y coportavoz de la coalición Compromís, fue una de las negociadoras del Pacto del Botànic, en junio de 2015 que posibilitó la llegada a la Generalitat del PSPV y la formación valencianista. 

2.- Alberto Ibáñez.- (1991) Portavoz de Iniciativa del País Valencià y coportavoz de la coalición Compromís, Ibáñez fue secretario autonómico de Igualdad y Diversidad en la X legislatura (durante poco más de un año) con el segundo Gobierno del Botànic que formaron PSPV, Compromís y Unides Podem.

3.- Nahuel González.- (1989) Militante del PCE y miembro de Esquerra Unida, concejal en el Ayuntamiento de Gandia desde 2015, ha sido delegado de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Memoria Democrática en el Consistorio de la capital de La Safor. En su trayectoria se ha caracterizado por la defensa de las víctimas del franquismo y las políticas de memoria histórica. Es promotor cultural y ha trabajado en el sector privado de la cultura, el ocio y los festivales.

Vox

1.- Carlos Flores Juberías.- (1964) El que fue candidato a la Generalitat de la formación de extrema derecha ocupará un asiento en el Congreso de los Diputados la próxima legislatura. Flores Juberías participó directamente en las negociaciones con el PP para formar gobierno en la Generalitat con el popular Carlos Mazón como president. Su condena por violencia psicológica hacia su exmujer en 2002 -por un delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones- provocó que finalmente no ocupara la vicepresidencia del Consell, tal y como estaba previsto, y acabó convirtiéndose en el candidato ultra al Congreso. Es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, en la que se licenció en 1987 y doctoró en 1993 con Premio Extraordinario en ambos casos, además de ser licenciado en Ciencias Políticas por la UNED (2007) y en 1982 fue candidato por Fuerza Nueva.

2.- Ignacio Gil Lázaro.- (1957) Vicepresidente Cuarto de la Mesa del Congreso en la pasada legislatura tras salir elegido como cabeza de lista por Vox, Gil Lázaro es licenciado en Derecho y ha sido diputado en la II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, y XIV legislaturas -primero por Alianza Popular y posteriormente como representante del Partido Popular, antes de desembarcar en el partido de extrema derecha-, senador en la IV Legislatura y fue miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y presidente de la Delegación Española en la UIP (Organización Internacional de los Parlamentos).

Diputados por la circunscripción de Alicante

Partido Popular

1.- Macarena Montesinos.- (1961) Diputada en el Congreso de los Diputados entre 2004 y 2016 y en las dos pasadas legislaturas, desde 2019. También fue parlamentaria en las Corts Valencianes entre 1995 y 2004 y concejala en el Ayuntamiento de Alicante entre 1991 y 1995. Es la hija de uno fundadores de Alianza Popular, primero, y del Partido Popular, después: Juan Antonio Montesinos.

2.- Joaquín Melgarejo.- Licenciado en Geografía a Historia y doctor en Historia por la Universidad de Murcia. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Análisis Económico Aplicado en la Universidad de Alicante. Presidente de la Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante y director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante. Es autor de diversos informes en materia de agua y en defensa del trasvase Tajo-Segura.

3.- Julia Parra.- (1973) Exvicepresidenta de la Diputación de Alicante que dirigía el popular Carlos Mazón con Ciudadanos, partido que abandonó poco antes de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28M para integrarse en el PP valenciano. En la institución provincial fue la responsable de Cultura y Transparencia. Cursa estudios de Medicina.

4.- César Sánchez.- (1978) Licenciado en Sociología, fue diputado en el Congreso la pasada legislatura. Diputado autonómico entre 2007 y 2015, el exalcalde de Calp (2011-2019) fue el predecesor de Carlos Mazón como presidente de la Diputación de Alicante (2015-2019). Sánchez se presentó como candidato del PP a la alcaldía de Calp en las pasadas elecciones municipales después de que el partido no apostara por la continuidad de la que era la alcaldesa, Ana Sala, que decidió abandonar el partido y presentarse con otro partido con el que consiguió retener la alcaldía.

5.- Sandra Pascual.- Miembro de Nuevas Generaciones, es una persona de confianza de Pablo Ruz, alcalde de Elche gracias al apoyo de Vox. Es técnico en contabilidad.

PSOE

1.- Alejandro Soler.- (1972) Es licenciado en Derecho y ha sido diputado en el Congreso desde 2019 por la circunscripción de Alicante. Fue alcalde de Elche entre 2011 y 2015, período en el que también fue diputado provincial. Fue director general de la empresa pública Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo), dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre 2018 y 2019. Es el actual secretario general del PSPV en la provincia de Alicante.

2.- Patricia Blanquer.- (1973) Licenciada en Económicas y Empresariales (Universidad de Alicante)y Máster en Auditoría y Gestión Empresarial con un curso de especialista en Comunidades Europeas y Unión Europea, es diputada en el Congreso desde 2012. Ocupa la Secretaria de Industria, Comercio y Turismo de la Ejecutiva Federal del PSOE. Fue concejala socialista en el Ayuntamiento de Alcoi entre 2007 (encabezó la candidatura del PSPV a la alcaldía) y 2011.

3.- Lázaro Azorín.- (1975) Diplomado en Magisterio Educación Física y licenciado en Psicopedagogía, es profesor de Educación Primaria. Es alcalde de Pinoso desde 2011. En la pasada legislatura fue diputado en el Congreso, un cargo que ocupó en 2020 en sustitución del exministro Pedro Duque a raíz de la renuncia de este a su acta.

4.- María Araceli Poblador.- (1962) Licenciada en Geografía e Historia, ha sido la subdelegada del Gobierno en Alicante desde 2018 (dejó el cargo para formar parte de la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados en las elecciones del 23J). Formó parte de la ejecutiva socialista del PSPV de Alicante, donde ocupó la secretaría de Justicia Social y Valores Sociales.

Vox

1.- David García.- (1980) Ha sido concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y diputado autonómico en las Corts Valencianes entre 2019 y 2023. En la formación ultra ha ocupado el cargo de vicepresidente del Comité de Organización y Gestión Electoral Provincial y del Comité Ejecutivo Provincial de Alicante. También es el responsable nacional del sindicato Solidaridad. Ha trabajado de conductor de ambulancias, peón agrícola o vigilante de seguridad.

2.- José María Sánchez.- (1963) Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia-Real Colegio de España, es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia, juez en excedencia desde diciembre de 2019 y catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Fue elegido diputado al Congreso por Alicante en las elecciones generales de noviembre de 2019 y fue portavoz de Vox en la Comisión de Calidad Democrática y en la Comisión de Hacienda y Función Pública y portavoz adjunto en la comisión de Justicia y miembro de la Diputación Permanente del Congreso.

Compromís-Sumar

1.- Txema Guijarro.- (1975) El diputado de Unidas Podemos (desde 2016) ha ocupado el número 1 en las listas de Sumar por Alicante al Congreso. Guijarro ha formado parte de Podemos y de su Consejo Ciudadano y, en el pasado, de la ejecutiva. Sin embargo, dejó de asistir a medida que se fue alineando con el proyecto de Yolanda Díaz. Como diputado, ha representado al grupo confederal en multitud de debates y tramitaciones en el área económica y ha ocupado el cargo de secretario general.

Diputados por la circunscripción de Castellón

Partido Popular

1.- Alberto Fabra.- (1964) Licenciado en Arquitectura Técnica por la Universitat de València, el exalcalde de Castelló de la Plana (2005-2011) fue la persona elegida para relevar a Francisco Camps al frente de la Generalitat Valenciana a raíz de su imputación en el caso de los trajes, del que Camps finalmente fue declarado 'no culpable' por un jurado popular. Fabra ocupó la jefatura del Consell entre 2011 y 2015, cuando los populares perdieron la Generalitat -a pesar de ganar las elecciones autonómicas- a manos de Ximo Puig y el primer Botànic, compuesto por PSPV y Compromís con el apoyo parlamentario de Podem. El exalcalde de Castelló fue nombrado senador territorial designado por las Corts en 2015, y fue elegido diputado autonómico el pasado 28M como cabeza de lista por Castellón.

2.- Óscar Clavell.- (1978) Licenciado en Historia por la Universitat de València, Clavell fue alcalde de la Vall d'Uixó entre 2011 y 2015 -el mandato anterior había sido concejal bajo el mandato de la exdirigente del PP valenciano Isabel Bonig, y ha sido diputado en el Congreso desde 2016.

PSOE

1.- Susana Ros.- (1969) Diplomada en Turismo por la Universidad Jaime I, fue concejala en el Ayuntamiento de Benicàssim entre 2007 y 2011 y ha sido diputada en el Congreso por Castellón entre 2009 y 2015 y desde 2019. Inició su andadura política en la década de los noventa del pasado siglo en Esquerra Unida para ingresar posteriormente en el PSPV.

2.- Artemi Rallo.- (1965) Doctor en Derecho por la Universitat de València y catedrático en Derecho Constitucional en la Universitat Jaume I de Castelló, fue diputado en las Corts Valencianes (1987-1995) y en el Congreso entre 2016 y 2019. Ha sido senador desde abril de 2019.

Vox

1.- Alberto Asarta.- (1951) Es General de División retirado. Tiene 72 años. Ha participado en misiones en Irak y Líbano. En 2018 firmó el manifiesto que exaltaba a Franco y denunciaba la “campaña infame” que está llevando a cabo “la izquierda política” para desprestigiar al dictador a través de la “perversa pretensión” de exhumar sus restos del Valle de los Caídos. En diciembre de 2020 protagonizó una confusa polémica por un acto de su partido en Castelló de la Plana. Ha sido diputado de Vox en el Congreso por Castellón en la XIV Legislatura, donde ha sido portavoz del partido de extrema derecha en la Comisión de Asuntos Exteriores.

La Universidad Internacional de Valencia (VIU) nació con la pretensión de ser un centro de estudios virtual, de practicar la enseñanza online a través de internet. Su impulso no estuvo exento de polémica: la ley de creación, aprobada por la mayoría absoluta del PP en las Corts Valencianes en 2008, apuntaba al carácter privado de la entidad, que sin embargo se sufragaría con fondos públicos.

Cuando se produjo la votación, los grupos socialista y Compromís manifestaron su posición contraria. La entonces síndica del PSPV, Ana Noguera, afirmó: “Nace en contraposición y en ataque frontal al sistema público”. Añadió que el Consell tenía “la intención de controlar sus contenidos y su formación”, porque “no confía en nada que no se pueda controlar y que acate las órdenes del presidente”. El diputado del grupo de Compromís Josep Maria Pañella se manifestó en el mismo sentido: aseguró que era un proyecto hermético, que respondía a “la voluntad de hacer una universidad totalmente privada con el control del Consell”.

El PP, que llevaba trabajando en la creación de la institución más de cuatro años, defendió que la institución de enseñanza online “acerca la Universidad a todos los sectores sociales”, casi como si se tratara de una obra social. El centro, cinco años después, fue vendido al Grupo Planeta por la entonces consellera de Educación, Maria José Catalá, hoy portavoz del PP en las Corts Valencianes, candidata al Ayuntamiento de València y profesora en la citada universidad.

La institución acercó la universidad a multitud de capas sociales, especialmente a aquellas afines al partido que la creó desde el Gobierno. El primer rector del centro fue José Sanmartín, conseller de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer gobierno de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana, responsable de la VIU entre 2008 y 2011. Catedrático de Filosofía por la Universitat de València, ya había dirigido la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en València, entre otras responsabilidades. A Sanmartín le siguió Juan Manuel Badenas, catedrático de Derecho Civil por la Universitat Jaume I de Castelló y actual candidato de Vox para el Ayuntamiento de València.

Durante estos años, personas que habían mantenido cargos bajo el signo político de los populares estuvieron a sueldo de la universidad. Los excargos de confianza de los populares tenían los salarios más elevados de la institución, según la tabla retributiva a la que ha tenido acceso este diario, solo por debajo del rector. El informe del auditor previo a la venta de la universidad apuntó que había remuneraciones en altos cargos por encima de lo legalmente previsto, sin entrar en detalle de cuáles ni cuántos.

Entre los trabajadores afines, según la documentación consultada por elDiario.es, se encuentra el que fue jefe de prensa de Rafael Blasco, Víctor Mut Badenes. Hombre de máxima confianza del exconseller condenado por corrupción, al que acompañó durante distintas etapas en el Gobierno valenciano (como en Industria, Territorio y Cooperación), Mut fue designado jefe de comunicación de la universidad en 2011, prácticamente en el mismo momento que Badenas fue elegido rector. Mut consta como profesor no titular, con contrato temporal y una retribución anual de 48.200 euros.

Otro de los empleados de la VIU que fue cargo de confianza de los populares es José Santamans. Fue director de marketing y comunicación de la VIU entre 2007 y 2011, según su perfil profesional. En el momento de la venta, constaba como profesor titular con reserva, en situación de excedencia, con la misma categoría laboral que Mut, aunque no consta su jornada ni su retribución. En 2006 Santamans fue asesor de prensa de Justo Nieto en la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Tras su paso por la VIU, fue asesor de José Císcar en la Conselleria de Educación y director general de Relaciones Informativas y Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, también con Císcar, en el Gobierno de Alberto Fabra. Tras un año en el sector privado, en julio de 2015 fue llamado por el entonces presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, del PP, para ser jefe de prensa, donde estuvo un año.

En la lista le sigue Maria Antonia Porcel, vicegerente y responsable de servicios generales administrativos de la VIU desde julio de 2008 hasta el año 2014. Antes, según consta en su perfil profesional, fue adjunta al director en la Fundación Jaume II el Just, entre octubre 2004 y enero 2008. La fundación fue una idea de Francisco Camps, que se creó para restaurar el patrimonio valenciano y se convirtió en una oficina de empleo para el Partido Popular: hasta 17 personas vinculadas al partido trabajaron en la entidad pública que dejó un agujero de 8 millones de euros, entre ellas el sobrino de Rita Barberá y la exportavoz de justicia del grupo popular en las Corts. Con contrato indefinido como personal administrativo, consta una retribución de 50.282 euros anuales.

Otra popular en nómina de la universidad sufragada con fondos públicos es Lucia Granados Alós, actualmente directora del máster en psicopedagogía en la VIU. En el momento de la consulta consta como profesor auxiliar ayudante, con un contrato temporal y una retribución anual de 29.300 euros. Granados fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Alcoi durante varios mandatos, entrando en el gobierno municipal de la mano de Miguel Peralta, secretario general del PP en Alicante. Dejó el partido en 2016 para pasarse a Ciudadanos, en una maniobra conjunta con otros representantes, y fue candidata de los naranjas al Senado en 2019, como número 1 y 2 por Alicante en las sucesivas convocatorias electorales.  

Entre las personas afines a los populares que se relacionaron con la universidad también se encuentra gente de más relieve público, como el periodista Arcadi Espada. En 2012 la VIU lo incorporó como consultor, una figura que empleaba también para complementar la labor docente, aunque se desconoce su salario. Espada impartió varias conferencias a cargo de la universidad, entre ellas una titulada 'Periodismo 3C', sobre las conexiones entre ciencias y humanidades, y el 'Encuentro optimista', ambas el mismo año y retransmitidas por streaming. Años más tarde escribiría el libro en defensa de Francisco Camps, Un buen tío: cómo el populismo y la posverdad liquidan a los hombres (Ariel, del Grupo Planeta, en 2018), que presentó en Valencia ese marzo junto al expresidente.

L'expresident de la Generalitat Alberto Fabra ha comparegut aquest dilluns en la comissió de recerca sobre les irregularitats en la construcció de col·legis a la Comunitat Valenciana a través de l'empresa pública Ciegsa, per la qual es van pagar al voltant de 1.000 milions d'euros en sobrecostos.

L'excap del Consell s'ha decantat per oferir un 'míting' sobre la seua gestió, assegurant que el seu Govern no tenia diners i que el Govern del Botànic no té tants problemes de finançament com denuncien. D'aquesta manera, ha presumit d'haver-hi tancat 71 ens públics i d'haver intervingut amb el Govern per a aconseguir canals de finançament, com el FLA.

Pel que fa als sobrecostos, Fabra ha indicat que són els complementaris que es fan els projectes. “Hi ha hagut afegits en els d'ara?”, s'ha preguntat l'expresident popular, qui responia: “Supose que sí... Sempre dins de la llei, justificats pels tècnics”. “No és un polític al que se li ocorre que es faça un modificat, sempre signa un tècnic”, ha explicat Fabra.

Així, ha defensat que va haver-hi sobrecostos però que aquests van ser “legals” i creu que encara existeixen: “no sé si li diuen modificats i fa com amb els barracons i canvien la terminologia”.

La prioritat, l'eliminació dels barracons

Fabra ha apuntat que l'única directriu que li va donar a la llavors consellera d'Educació María José Catalá va ser l'eliminació dels barracons, “aules prefabricades”, “era la prioritat”.

Respecte a Ciegsa, l'exdirigent popular ha defensat les bondats de l'empresa pública: “Ciegsa va ser necessària, útil i satisfactòria”, ja que va permetre construir col·legis “de forma ràpida”. Si no s'haguera creat, ha sentenciat Alberto Fabra, “sí que seria necessària aquesta comissió de recerca”.

No obstant açò, ha indicat que va voler tancar l'empresa mitjançant una cessió de les accions a l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (Eige), de manera que l'Eige, al costat de l'IVF, assumira el deute de Ciegsa, després de liquidar els actius. Fabra entén que es va fer “tot bé, i si no, estan els tribunals”.

El expresident de la Generalitat Alberto Fabra ha comparecido este lunes en la comisión de investigación sobre las irregularidades en la construcción de colegios en la Comunitat Valenciana a través de la empresa pública Ciegsa, por la que se pagaron alrededor de 1.000 millones de euros en sobrecostes.

El exjefe del Consell se ha decantado por ofrecer un 'mitin' sobre su gestión, asegurando que su Gobierno no tenía dinero y que el Gobierno del Botànic no tiene tantos problemas de financiación como denuncian. De este modo, ha presumido de haber cerrado 71 entes públicos y de haber mediado con el Gobierno para conseguir canales de financiación, como el FLA.

Acerca de los sobrecostes, Fabra ha indicado que son los complementarios que se hacen los proyectos. “¿Ha habido añadidos en los de ahora?”, se ha preguntado el expresident popular, quien respondía: “Supongo que sí... Siempre dentro de la ley, justificados por los técnicos”. “No es un político al que se le ocurre que se haga un modificado, siempre firma un técnico”, ha explicado Fabra.

Así, ha defendido que hubo sobrecostes pero que éstos fueron “legales” y cree que todavía existen: “no sé si los llaman modificados y hace como con los barracones y cambian la terminología”.

La prioridad, la eliminación de los barracones

Fabra ha apuntado que la única directriz que le dio a la entonces consellera de Educación María José Catalá fue la eliminación de los barracones, “aulas prefabricadas”, “era la prioridad”.

Respecto a Ciegsa, el exdirigente popular ha defendido las bondades de la empresa pública: “Ciegsa fue necesaria, útil y satisfactoria”, ya que permitió construir colegios “de forma rápida”. Si no se hubiera creado Ciegsa, ha sentenciado Alberto Fabra, “sí que sería necesaria esta comisión de investigación”.

No obstante, ha indicado que quiso cerrar la empresa por medio de una cesión de las acciones a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige), de modo que el Eige, junto al IVF, asumiera la deuda de Ciegsa, tras liquidar los activos. Fabra entiende que se hizo “todo bien, y si no, están los tribunales”.

El grupo parlamentario de Podemos ha presentado en las Corts Valencianes una petición de comparecencia del ex presidente del Consell y actualmente senador por designación autonómica por el PP, Alberto Fabra, después de que tanto el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, como uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo, aludieran a él en sus declaraciones durante el juicio en la Audiencia Nacional.

El número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, declaró el viernes pasado que uno de los empresarios que ha reconocido haber sufragado los actos de campaña del PPCV en 2007 y 2008 pagó las vallas publicitarias en las que se promocionaba a Alberto Fabra como candidato a la Alcaldía de Castellón.

Por su parte, Costa aseguró que se hizo una entrega de dinero a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo para que pagase un acto en esa ciudad organizado por Orange Market; una “facturación” relacionada con la campaña en Castellón, en la que en ese momento era candidato a la Alcaldía Alberto Fabra; y, por último, otro abono destinado a la campaña municipal que se hizo en Elda (Alicante), en la que se presentaba a gobernar el municipio la senadora Adela Pedrosa.

Según ha informado la formación morada en un comunicado, Podemos quiere que Fabra, “que fue elegido por el PPCV para que las Corts le designaran como senador”, explique ante el parlamento valenciano “de qué manera su presunta vinculación al caso Gürtel afecta al ejercicio de su cargo en representación de los intereses públicos de los valencianos y valencianas y qué decisiones piensa tomar en consecuencia”.

El portavoz adjunto y diputado por Castellón, César Jiménez, ha lamentado que “utilicen el Senado para colocar a aquellos miembros que se ven salpicados por escándalos de corrupción y para recompensar los servicios prestados al frente de esta red corrupta que sirvió para financiar al PPCV”. En este sentido, ha recordado que también se ha implicado a la exalcaldesa de Elda y ex secretaria general del PPCV, Adela Pedrosa.

Además, Podemos ha exigido a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que “reclame a Fabra y a Pedrosa sus escaños si quiere tener credibilidad cuando defiende que el PPCV está regenerado”. “Es necesario que Fabra asuma responsabilidades políticas, rinda cuentas y despeje todas las dudas ante las Cortes que le eligieron senador”, ha añadido Jiménez.

Ricardo Costa ha afirmado este miércoles en el juicio de Gürtel sobre la financiación ilegal del PPCV que Francisco Camps pagó “complementos” -como fuegos artificiales o una banda de música- con dinero negro para los actos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebró en la plaza de toros de Valencia en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y generales de 2008. En concreto, se trata de 30.000 euros en 'b' sufragados por empresarios.

Según ha explicado en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, Camps hizo “peticiones expresas” para contratar una “serie de complementos” para los actos centrales que Rajoy hizo en el coso valenciano.

Se trata concretamente de “fuegos artificiales, alguna pantalla adicional, algún animador, por ejemplo, una banda de música”. Costa ha precisado que los actos de Rajoy -en 2007 fue en calidad de presidente del PP y en 2008 como candidato a presidir el Gobierno-, fueron organizados y pagados directamente por la sede nacional del PP y que fue Camps el que quería añadir estos “complementos”.

Campañas locales pagadas en 'b'

El exsecretario general del PP valenciano con Francisco Camps también ha asegurado que las campañas de los actuales senadores populares Alberto Fabra (expresident de la Generalitat y exalcalde de Castellón) y Adela Pedrosa (exprimera edil de Elda) y la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo en las elecciones locales de 2007 se pagaron en negro. Pablo Crespo ya dijo la pasada semana que la empresa Piaf sufragó un acto de Alberto Fabra en Castellón.

Costa, quien ha apuntado directamente a Camps en el tema de la financiación ilegal, ha matizado no obstante que los actos locales “los decidía la dirección provincial”. “Conozco actos locales pagados en 'b'”, ha subrayado el exsecretario general del PPCV, quien se ha referido a la entrega de dinero en efectivo a Castedo para pagar actos en Alicante, al dinero de Piaz para Castellón ciudad y dinero negro para la campaña municipal de Pedrosa en Elda.

Pablo Crespo, el comptable de la trama Gürtel, ha engegat el ventilador. Crespo ha ratificat en el judici en l'Audiència Nacional que van cobrar als empresaris els deutes de l'organització d'actes del PP valencià perquè en el partit no els pagaven.

Com a exemple, Crespo ha posat un acte del PP a Castelló per a les eleccions del 2007. “Vam anar a cobrar-li a Alberto Fabra [aleshores candidat a l'alcaldia] i ens va dir que no ens pagava perquè l'acte era autonòmic. Com en el PP regional també es van negar acabàrem cobrant de Piaf, una empresa de Castelló”, ha explicat.

El de l'expresident de la Generalitat Valenciana i actual senador del PP és l'únic exemple concret d'actes i empresaris que ha posat. El comptable de la Gürtel ha afegit que sabien que “els actes del PP els havien de cobrar als empresaris”

Pablo Crespo, el contable de la trama Gürtel, ha enchufado el ventilador. Crespo ha ratificado en el juicio en la Audiencia Nacional que cobraron a los empresarios las deudas de la organización de actos del PP valenciano porque en el partido no les pagaban.

Como ejemplo, Crespo ha puesto un acto del PP en Castellón para las elecciones de 2007. “Fuimos a cobrarle a Alberto Fabra [entonces candidato a la alcaldía] y nos dijo que no nos pagaba porque el acto era autonómico. Como en el PP regional también se negaron acabamos cobrando de Piaf, una empresa de Castellón”, ha explicado.

El del expresident de la Generalitat y actual senador del PP es el único ejemplo concreto de actos y empresarios que ha puesto. El contable de la Gürtel ha añadido que sabían que “los actos del PP que hicimos se los teníamos que cobrar a los empresarios”

El Jutjat d’Instrucció número 2 de València investiga –en dues peces separades– les irregularitats detectades en la contractació i la gestió de la Fórmula 1 a València, el conegut com a cas Valmor. Precisament, el pròxim 24 de gener ha de declarar davant de la jutgessa l’expresident de la Generalitat Francisco Camps en qualitat d’imputat per les negociacions perquè la capital valenciana acollira el Gran Premi de velocitat.

No obstant això, aquestes no són les úniques causes obertes que investiguen el que ha passat en la Fórmula 1. El Tribunal de Comptes també indaga les presumptes irregularitats que s’hagen pogut cometre i ha citat a declarar el pròxim 1 de febrer a Madrid dues exconselleres populars d’Educació, Cultura i Esport, Trini Miró i Lola Johnson, (amb quatre exalts càrrecs del Consell més i exdirectius del Circuit del Motor: José Miguel Escrig, Julio García, Blanca Tomás i Luis Lobón). Així mateix, els comunica que han de personar-se “assistides d’advocat”.

El procediment iniciat pel Tribunal de Comptes té lloc en paral·lel i de manera independent al procés penal i té com a objecte reintegrar a les arques públiques els diners que s’hagen pogut malversar arran de l’adquisició de la mercantil Valmor Sports per part del Consell –la Generalitat calcula que aquesta operació va suposar unes pèrdues de 24 milions d’euros de diners públics.

El Tribunal va obrir la investigació arran d’una denúncia presentada per Compromís el 2013. La formació valencianista va denunciar llavors la compra de Valmor per part de la Generalitat que dirigia Alberto Fabra per un euro, assumint un deute superior a 30 milions d’euros. L’objectiu, recuperar els diners “malgastats” per la gestió dels governs del PP.

El pleno de la sala cuarta del Tribunal Supremo (TS) considera “ajustado a derecho” el despido colectivo en 2014 en Radio Televisión Valenciana (RTVV).

De esta forma, en su deliberación, el alto tribunal ha acordado por unanimidad desestimar los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional que ya había rechazado la demanda de CGT sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado en la televisión y radio públicas valencianas que fueron cerradas durante la etapa en el gobierno de la Generalitat del popular Alberto Fabra.

La sala considera que la Ley autonómica 4/2013, eliminando el servicio público de radio televisión en la comunidad autónoma es “compatible” con la Constitución, por lo que no debe plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional, detalla el TS a través de un comunicado.

Asimismo, argumenta que el despido se ha basado en la extinción de RTVV, al tiempo que en su deficiente situación económica negativa, lo que “aleja la sombra del fraude y constituye causa válida de despido colectivo”.

El PP destinó un 15'9% del total del gasto educativo en centros privados durante su último año de Gobierno en la Generalitat. En total, el Gobierno de Alberto Fabra pagó 661'5 millones de euros a centros de titularidad privada, según se desprende del informe del Ministerio de Educación.

El ministerio hizo público el martes el dossier del Sistema estatal de indicadores referente a la Educación en España, en el que detalla el gasto por comunidades autónomas y por habitante correspondiente al años 2014, último año contabilizado. En este periodo, antes de que se produjera el cambio de gobierno, la Comunidad Valenciana invirtió en enseñanza 4.210'8 millones de euros, un 9% del total estatal.

Respecto al año anterior, el gasto total bajó ligeramente, siguiendo la tendencia del resto del país, aunque aumentó el porcentaje. En 2013 el Ejecutivo valenciano destinó 655'3 millones de euros a los colegios privados -educación concertada incluida- , que supusieron el 15,7% total.

El gasto público estatal en educación se eleva a 44.846,8 millones de euros para el año 2014 de ellos, de los que 5.768,4 millones de euros se dedican a financiar la enseñanza privada concertada, lo que representa un 14,7% del gasto público en educación. Prácticamente la totalidad del importe destinado a conciertos y subvenciones corresponde al gasto efectuado por las comunidades autónomas, según explica el ministerio.

Por alumno, el gobierno autonómico valenciano destinó 4.995 euros en centros públicos, sin contar la enseñanza universitaria. Secundaria es la etapa que más gasto supone para las arcas públicas. Según los datos oficiales, entre 2009 y 2014 el gasto por alumno en la escuela pública cayó 674 euros en la Comunidad Valenciana.

En el total del Estado, según los datos provisionales que publicó el ministerio en dicho año, 2015 fue el año récord para la concertada. El gasto total para estos centros fue de 5.918 millones de euros, mientras que la escuela pública recibió 40.730 millones de euros.

Unos ya no son los mismos y otros no están en la misma posición política en la que llegaron a ese momento crucial. El 24 de mayo de 2015 tenían lugar las últimas elecciones municipales y autonómicas, unos comicios que pusieron fin a las mayorías absolutas del Partido Popular en la Comunitat Valenciana después de veinte años. Así, en junio se producía el relevo en la presidencia de la Generalitat y en el Gobierno autonómico, de forma que el socialista Ximo Puig asumía la jefatura del Consell en detrimento del popular Alberto Fabra. Puig y la líder de Compromís Mónica Oltra se ponían al frente de un Ejecutivo valenciano formado por el PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos en virtud del 'Acord del Botànic'. Desde entonces, bastantes cosas han cambiado en el panorama político autonómico.

La foto fija que nos dejó aquel 24 de mayo estaba protagonizada, como ahora, por el socialista Ximo Puig, a la postre president de la Generalitat, y Mónica Oltra, la gran triunfadora de las elecciones, actualmente vicepresidenta del Gobierno. Enfrente, el expresident Alberto Fabra como efímero líder de la oposición y Carolina Punset como portavoz de Ciudadanos. El quinto actor principal era Antonio Montiel, síndic de Podemos. Desde entonces, ha habido cambios. No tanto en el Ejecutivo valenciano como en el parlamento autonómico.

El primer cambio se produjo nada más comenzar la legislatura. De este modo, el socialista Francesc Colomer, que inicialmente ocupó la presidencia de las Corts, fue sustituido poco después por Enric Morera (Compromís) como consecuencia del acuerdo de gobierno entre socialistas y valencianistas. Ello propició la marcha de Colomer a la Agència Valenciana de Turisme y la entrada en la mesa de la Cámara de la socialista Carmen Martínez, la única mujer que forma parte de este organismo.

No obstante, la principal novedad se vio pronto en el grupo parlamentario del Partido Popular, donde al derrotado Alberto Fabra se le concedió el retiro dorado del Senado, como representante por designación territorial. El relevo lo tomó Isabel Bonig, ahora también cuestionada por la propia dirección de su partido a raíz de las discretas críticas a los presupuestos de Mariano Rajoy y de su imposibilidad para lograr pacificar el PP provincial en Valencia.

Mayores han sido los cambios en Ciudadanos, por donde ya han pasado en tan sólo media legislatura hasta tres portavoces diferentes. Comenzó como síndica la controvertida Carolina Punset, quien fue sustituida por Alexis Marí después de que Punset, que ya había mostrado algunas discrepancias con la dirección de Albert Rivera, ocupara el acta en el Parlamento europeo que dejó vacante Juan Carlos Girauta. Recientemente, Marí también ha sido relevado como portavoz en las Corts por sus discrepancias con Rivera. El cargo lo ocupa ahora Mari Carmen Sánchez, más próxima al portavoz regional de la formación naranja, Fernando Giner.

En Podemos, que por el camino ha perdido a una de sus diputadas, Covadonga Peremarch (en el grupo de diputados no adscritos), la 'crisis' se producirá a partir de ahora. Tras unos meses coqueteando con su posible entrada en el Consell, la asamblea ciudadana y, sobre todo, las primarias del pasado fin de semana han alumbrado a un nuevo líder del partido de los círculos. Antonio Estañ es el nuevo secretario general de Podem, aunque ya ha anunciado que no será él quien asumirá el cargo de portavoz en las Corts, en el que tampoco continuará Antonio Montiel.

Pocas novedades en PSPV y Compromís

Por lo que respecta a PSPV-PSOE y Compromís, pocas novedades se han producido en estos dos años en el Parlamento autonómico. Otra cosa es lo que pueda suceder a partir de ahora tras el aplastante triunfo de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE entre los socialistas valencianos pese al apoyo explícito de Ximo Puig a Susana Díaz.

En cuanto al Consell, no se han producido cambios en el primer escalafón del Gobierno autonómico (consellers), aunque sí que ha habido pequeñas crisis en el segundo y el tercer escalafón del ejecutivo. De este modo, han caído altos cargos como Mónica Cuquerella, número tres de Economía; Dolores Salas, número dos de Sanidad; Lydia del Canto, secretaria autonómica de Comunicación; Ximo Clemente, director general de Relaciones Informativas; Luis Felipe Martínez, subsecretario autonómico de la conselleria de Justica; o el jefe de gabinete de la conselleria de Medio Ambiente, Fernando Rodrigo, así como la actual secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, que no fue cesada pero pasó de la Conselleria de Economía a la de Hacienda.

Por último, este periodo ha estado marcado por el fallecimiento el pasado mes de noviembre de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, quien comenzó la legislatura como diputada autonómica aunque poco duró en las Corts, ya que marchó junto a Alberto Fabra al Senado. Como senadora, Barberá se dio de baja en el PP para pasar al grupo de no adscritos tras ser imputada en Taula. Precisamente, la corrupción ha seguido planeando sobre el parlamento autonómico, con la imputación del diputado del PP Víctor Soler por el caso Púnica y del también parlamentario popular Miquel Domínguez por el blanqueo en el grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Valencia, una causa que fue sobreseída provisionalmente el pasado mes de febrero.

Los pagos del PP a los abogados de la trama Gürtel serán tema de largo recorrido. El viernes, el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, aseguró que llevaría toda la documentación al Tribunal de Cuentas para que investigue si es legal pagar con dinero público, procedente de las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios, las minutas durante la instrucción del Caso Gürtel.

Este martes, los portavoces de los grupos parlamentarios han sido prudentes al respecto y esperarán a que el tribunal se pronuncie para iniciar una investigación parlamentaria. Lo mismo hará el PP, según ha confirmado su portavoz adjunta, Maria José Catalá, ya que la número uno del partido estaba reunida con la vicepresidenta del Gobierno. 

Sin embargo, sin querer entrar a valorar si estos pagos son o no legales, el resto de formaciones tiene claro que no son muy éticos. En concreto, PSPV y Compromís han acusado al PP de proteger a sus “conseguidores”.

¿Por qué el PP y su grupo parlamentario deciden pagar la defensa de esta gente imputada por casos de corrupción y por el saqueo de arcas públicas?“ se preguntaba Fran Ferri, síndic de Compromís. ”Porque actuaban como conseguidores de dinero y recursos públicos para ganar elecciones. Si a tus conseguidores los maltratas y no los defiendes... pues difícilmente seguirás consiguiendo dinero“, se respondía el portavoz, en la misma línea en la que se pronunciaba el PSPV.

El portavoz socialista, Manolo Mata, considera que no tiene sentido realizar los pagos “de espaldas a la gente”, ya que se hicieron mientras el entonces líder del partido, Alberto Fabra, hacía gala de las 'líneas rojas' contra la corrupción y apartaba a los dirigentes implicados en cualquier investigación en esta materia. “Es un pacto mafioso para proteger a determinadas personas”, ha señalado el síndic.

Según El Mundo, los pagos fueron a parar a la defensa del exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; la extesorera y exdiputada, Yolanda García, y el exvicesecretario regional, David Serra, así como a Milagrosa Martínez, ex consellera de Turismo y ex presidenta de las Cortes valencianas, imputada en la pieza por Fitur.

Por su parte, desde Podemos han recordado que el año pasado se aprobó su propuesta para crear una subcomisión parlamentaria que investigara la financiación electoral del Partido Popular y que todavía, siete meses después, no se ha constituido. Desde Ciudadanos consideran que “el dinero público es sagrado” y su portavoz, Alexis Marí, “no ordenaría esos pagos” que, en algunas ocasiones, alcanzaron los 40.000 euros.

El expresident de la Generalitat Valenciana y actual senador del PP, Alberto Fabra, considera que la sentencia que declara justificado el despido colectivo de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) debería poner a más de uno “colorado”. “¿Ya nadie se acuerda de las camisetas?”, se ha preguntado el popular en referencia al actual Gobierno autonómico -integrado por PSPV y Compromís-, en la oposición en el momento del cierre del canal.

Fabra ha aseverado, en declaraciones a Europa Press, que la sentencia de la Audiencia Nacional que descarta la inconstitucionalidad de la ley que suprimió el servicio público que provocó la liquidación de la empresa y el consiguiente despido colectivo de RTVV “debería hacer reflexionar a muchos de los que en su día estuvieron en contra de hacer un ERE para hacer la RTVV más proporcional y menos costosa buscando la viabilidad”.

“Tanto sindicatos como partidos, en la oposición entonces, hoy en el gobierno, se opusieron al ERE, que hubiera hecho viable la supervivencia de la RTVV, como se había contemplado en los presupuestos” de los 'populares'. Sin embargo, según ha recalcado Fabra, “se enfrentaron, posiblemente por razones políticas, a lo que era aquella necesidad” y la sentencia “avala, en cierta medida, lo que era aquella necesidad dolorosa y, desde luego, a nivel personal y político, ratifica esa complicada y difícil decisión que hubo que tomar”.

El exjefe del Consell ha explicado que la RTVV estaba sobredimensionada y en ese momento en todos los medios de comunicación a nivel nacional se habían producido regulaciones por lo que se ha preguntado por qué no querían los sindicatos de radiotelevisión que también hubiera un recorte en esa televisión.

Pulso “injustificado

“Ellos sabrán por qué, pero quisieron hacer un pulso injustificado, a la vista de la sentencia, y eso desgraciadamente propició que tuviéramos que tomar esa decisión muy complicada, que supuso el ere de extinción”, ha argumentado el exjefe del Consell. “

Nosotros queríamos una RTVV viable mas reducida y con un coste soportable en cuanto a los ingresos que teníamos y no nos dejaron. Ahora aquellos que se opusieron quieren hacer una televisión con menos trabajadores de lo que proponía el ERE, una situación difícil de entender“, ha indicado.

Fabra ha subrayado que, al final, los ciudadanos “se tienen que dar cuanta” de que lo que proponía su gobierno en aquel momento era “lo que se debía de hacer frente a aquellos que hoy quieren desvirtuar la realidad y hacer creer que han sido los salvadores”. “Desgraciadamente, con su actitud propiciaron el cierre”, ha reprochado.

“Curiosamente -ha añadido- la abogacía de la Generalitat ha defendido nuestro posicionamiento absolutamente contrario al que ellos defendían en la oposición. Yo creo que los ciudadanos son lo suficientemente inteligentes para ver quién entra en contradicción y, los partidos que ahora están en el gobierno, deberían reflexionar mucho sobre lo que hicieron porque, en definitiva, las contradicciones, el ciudadano no las entiende y, uno puede equivocarse en una decisión, pero no puede decir una cosa y mañana hacer la contraria, que es lo que están haciendo”.

Fabra, que ha reiterado su queja ante la actitud de la oposición a su gobierno con cuyo posicionamiento “impidieron” una RTVV viable, ha manifestado que deben reflexionar “sobre lo que hay que hacer en política y lo que no se puede”. Asimismo, sobre lo que supone la sentencia para el arranque de la nueva televisión autonómica ha indicado que aunque le “venga bien al gobierno actual algunos ”deberían ponerse colorados“.

El expresidente de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra ha recordado este miércoles a Rita Barberá como “una persona que ha materializado el sentimiento de cualquier político de ayudar a transformar la sociedad” y ha dicho que “es un día triste” porque “ha fallecido una gran política”.

En declaraciones en la cámara alta, el senador del PP ha recalcado que Barberá “era un referente” en toda España “porque era una gran alcaldesa” y se ha referido a las mejoras que llevó a cabo en la ciudad de Valencia.

Fabra ha hecho hincapié en que “lo que ha sucedido al final” de la vida de Barberá, en alusión a su relación con los casos de corrupción investigados, “no tiene por qué desvirtuar ni eclipsar su gran trayectoria política”.

“Hoy quedémonos con el agradecimiento a una persona que ha hecho tanto por los demás”, ha remarcado Fabra quien ha insistido en que Barberá fue “un ejemplo de política, especialmente en el ámbito municipalista” y en que “las otras cuestiones ahora no tienen ningún sentido”.

“Quedémonos con lo que ha sido y lo que ha representado para tantas y tantas personas, para el PP y para aquellos que creemos que la política sirve para hacer cosas por los demás”, ha concluido.

El Govern central ha cobrat a la Generalitat la multa de 18,9 milions que va interposar la Comissió Europea (CE) per la manipulació de les dades del dèficit a la Comunitat Valenciana, comesa per anteriors responsables de l’executiu autonòmic.

L’executiu de Mariano Rajoy ha cobrat l’import d’aquesta multa en l’últim lliurament a compte de l’Estat a la Generalitat, tal com han explicat fonts del Consell. Al març, el Consell de Ministres va aprovar repercutir en la Generalitat la sanció imposada per Brussel·les a Espanya per negligència greu a causa de la manipulació de les dades de la Comunitat Valenciana del 2012, època en què era president de la Generalitat el popular Alberto Fabra.

El cap del Consell, Ximo Puig, s’ha referit a aquest tema en la sessió de control del ple de les Corts, després de la pregunta feta per la síndica del PP, Isabel Bonig, sobre la manera com pensa complir els pressupostos de la Generalitat per al 2017 que es tramiten en les Corts.

Durant la seua intervenció, Puig ha manifestat: “Aquesta setmana hem rebut una mala notícia: Montoro ens ha cobrat els 18,9 milions de la multa de la Comissió Europea”. Segons Ximo Puig, s’ha de “canviar d’una vegada per sempre” la intenció d’“amagar el problema valencià i les ambicions dels valencians”. “No és possible que, d’una banda, ens diguen que ens ajudaran i, de l’altra, es faça tot just el contrari”, ha manifestat.