José Barrionuevo, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana... La lista de exministros en el banquillo de los acusados no es tan larga y en una misma semana se han sumado de golpe dos nombres más: José Luis Ábalos y Jorge Fernández Díaz. La política es también la agenda informativa: el espacio en las portadas de los periódicos es un bien escaso, los minutos de la televisión también. Y la Justicia ha decidido, casualmente, que ambos juicios se celebren a la vez. 

Para sorpresa de nadie, esta oportuna coincidencia está sirviendo para que el esperado caso Kitchen pase en muchos medios a segunda división. ¿A quién le importa el uso de los fondos reservados para destruir pruebas de corrupción cuando tienes a Jessica enchufada en un puesto de trabajo al que nunca fue? 

Esta coincidencia cósmica, dos exministros en el banquillo a la vez, fue decidida por el Tribunal Supremo. Por la Sala de lo Penal. El juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional, ya estaba en agenda cuando se fijó la misma fecha para Ábalos. Pero los parecidos se acaban con la semana en la que arrancan los juicios. El resto del proceso penal de ambos exministros no ha sido igual.

El caso mascarillas –por el que Ábalos está siendo juzgado– comenzó a investigarse en 2022 sobre unos hechos ocurridos en 2020. La Kitchen, en 2018, por algo que pasó en 2013. Hay cuatro años de diferencia en la instrucción. Siete años de distancia, si contamos desde que se cometió el presunto delito.

Ábalos es un apestado, con razón. Nadie de su partido le defiende. Fue expulsado del PSOE meses antes de que fuera siquiera imputado, cuando estalló el caso Koldo. Fernández Díaz, mientras tanto, sigue publicando todas las semanas artículos en la prensa de derechas. Pontificando sobre la corrupción de los demás. 

Ábalos duerme cada noche en la cárcel. Es prisión preventiva, aunque aún no hay sentencia, supuestamente por el riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que se enfrenta. Jorge Fernández Díaz duerme en su casa. Aunque las acusaciones contra él son también muy graves, la Justicia aquí no ve riesgo de fuga.

Incluso si Jorge Fernández Díaz es condenado, es posible que siga durmiendo en su casa, como ocurre con Eduardo Zaplana. Salvo que la condena fuera muy alta, no entraría en prisión hasta que la sentencia sea firme en el Supremo. Para eso, aún quedan unos años.

Si Ábalos es condenado –cosa probable– seguirá durmiendo en prisión. Su sentencia sí sería firme, al ser del Supremo. Y no tendría siquiera un calendario claro de cuándo podría salir. Aún tiene pendiente otra causa penal en la Audiencia Nacional, junto a Santos Cerdán. Hasta que no haya sentencia firme de ese segundo juicio –si es condenado– tampoco podrá consolidar penas.

Hay una justicia rápida. Hay otra muy lenta. La diferencia de velocidad en teoría responde al juzgado que instruye cada caso. La Audiencia Nacional está colapsada. El Tribunal Supremo apenas celebra juicios: solo los de los aforados o de aquellas excepciones que le vienen mejor, como ocurrió con el Procés, que debería haberse juzgado en el TSJ catalán. Por eso la Kitchen fue lentísima en la Audiencia Nacional y lo de Ábalos, o lo del fiscal general, ha sido a toda velocidad.

Pero esta explicación es incompleta para entender el ritmo electrizante con el que Ábalos ha sido encarcelado, está siendo juzgado y probablemente será condenado. Este juicio es anómalo porque es un proceso contra la persona, y no contra los delitos.

A Ábalos se le acusa en este juicio de haber cobrado comisiones por la adjudicación de un contrato de mascarillas durante la pandemia. Pero el empresario que vendió esas mascarillas no está en el banquillo de los acusados en el Supremo.

También se le acusa de haber enchufado en dos empresas públicas a una de sus parejas, Jessica Rodríguez. Pero los directivos de esas empresas que colaboraron con el enchufe y permitieron que Jessica no fuera siquiera a trabajar tampoco están entre los acusados en este juicio.

A Ábalos también se le juzga por disfrutar durante el verano de un chalet gratis en la costa a cambio de otro favor político que prometió a una empresa de hidrocarburos. Pero la empresaria que pagó ese chalet tampoco está en el banquillo. Ni tampoco el empresario de hidrocarburos que supuestamente lo sobornó.

La mayor parte de estas personas que colaboraron, indujeron o participaron en los presuntos delitos de Ábalos están imputadas. Acusadas judicialmente por estos hechos. Pero no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. Han sido convocados a este juicio, pero solo como testigos, no como imputados: con obligación de decir verdad. Aún queda mucho para que sean juzgadas. Cuando puedan defenderse, ya dará igual, porque para entonces ya habrá una sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos. 

Hay también una curiosa excepción: el caso de Jessica Rodríguez. No está imputada en ningún sitio, ni el Supremo ni en la Audiencia Nacional. Por mucho que pregunto a mis fuentes jurídicas, nadie me sabe explicar por qué ella no está siquiera acusada, pero el hermano de Pedro Sánchez será juzgado. Y eso que David Sánchez sí iba a trabajar. 

Volvamos a Ábalos. En teoría, un mismo delito no se puede juzgar dos veces. En teoría, los acusados tienen derecho a defenderse. En teoría, las piezas separadas en los juzgados se trocean en función de los presuntos delitos, no según las personas que participan en ellos. Pero con este caso, el imaginativo Tribunal Supremo ha inaugurado una nueva forma de juzgar. 

Como Ábalos era diputado, la competencia en la instrucción era del Tribunal Supremo. Cuando la Audiencia Nacional –que empezó la investigación del caso Koldo– pidió la imputación del ministro, lo lógico habría sido que todos los demás implicados hubieran pasado al Tribunal Supremo junto a él. Es lo que se hizo, por ejemplo, cuando el Supremo asumió la investigación de toda la causa de los GAL porque José Barrionuevo era aforado. Toda aquella investigación pasó al Supremo, Amedo no siguió en la Audiencia Nacional.

En vez de eso, en esta ocasión, se partió la instrucción de una forma absolutamente artificial: Ábalos, Koldo y Aldama, al Supremo. Y el resto de la tropa se quedó en la Audiencia Nacional. 

¿Pueden dos tribunales distintos investigar y juzgar unos mismos delitos? En España parece que sí. 

Si el Supremo se hubiera quedado con toda la causa en aquel momento –habría sido lo razonable–, es dudoso que hubiera podido ir tan deprisa. Con los GAL tardaron tres años desde que asumieron la instrucción. Cuando hay muchos acusados, los tiempos de la Justicia se suelen alargar. 

El día en que Ábalos renunció a su escaño –el 28 de enero de 2026– este juicio aún no tenía fecha. El Supremo podría haberlo mandado de vuelta a la Audiencia Nacional y acabar con esta absurda división. Ninguna ley se lo impide, solo un acuerdo en el pleno que se puede cambiar. Pero claro, enviar el caso a este juzgado colapsado no habría permitido condenar a un exministro de Pedro Sánchez antes de que llegue el verano, como probablemente ocurrirá. Las prisas son políticas.

Las anomalías en este caso de corrupción –porque es corrupción, a pesar de estas extrañas maniobras judiciales– no se acaban aquí. Te recomiendo este artículo del abogado Carlos López-Keller que explica muy bien esta absurda división y otros desatinos más. Una de sus metáforas sobre el juicio es muy potente: “Como el plato es escaso, lo llenan de guarnición”. Se supone que este juicio va de las mordidas por los contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero en lo que llevamos de juicio, el enchufe de Jessica Rodríguez (una malversación de 44.000 euros) parece ser la gran prioridad. El dinero de las supuestas comisiones, por ahora, parece más difuso.

La exuberante instrucción del Supremo contrasta con la otra pista de este doble circo: el caso Kitchen. 

De aquella investigación se ocupó Manuel García Castellón. Es ese juez que recomendaba Ignacio González, en conversación con Eduardo Zaplana, cuando pedía mandar al magistrado que ocupaba su plaza en la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente”.

Es el mismo juez que, tal y como pronosticaba González, pidió volver a su plaza en la Audiencia Nacional: a cobrar menos y trabajar más. 

Es el mismo que acusó de terrorismo a Carles Puigdemont con la coartada de un turista francés que había fallecido de un infarto durante las protestas independentistas en el aeropuerto de El Prat. El mismo que tuvo que cerrar abruptamente aquella investigación porque metió la pata con los plazos. 

En la Kitchen, García Castellón tampoco decepcionó. Fue el responsable de que Mariano Rajoy ni siquiera fuera llamado a declarar como testigo, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. Y había argumentos más que de sobra para ello: Rajoy no solo era el jefe directo de Fernández Díaz, sino también el principal beneficiario de que la Kitchen destruyera esas pruebas de corrupción que guardaba Luis Bárcenas. Unas supuestas grabaciones que le afectaban directamente a él, y también al partido del que era presidente.

García Castellón también fue quien salvó de este juicio a María Dolores de Cospedal, de nuevo en contra del criterio de la Fiscalía, a pesar de esos audios donde la entonces número dos del PP hablaba con Villarejo de “la libretita de Bárcenas”.

El caso Kitchen llega a juicio, trece años después. Pero aún quedan por investigar judicialmente muchos otros de los presuntos delitos que cometió esa policía política que anidaba en ese Ministerio del Interior. La Operación Catalunya, contra los independentistas. La guerra sucia contra Podemos y todos los rivales políticos del PP. Todo eso aún sigue impune. Es muy probable que nunca se llegue a juzgar.

Porque la Justicia es igual para todos y los niños vienen de París. Más concretamente, de la Plaza de París, en Madrid, donde tiene su sede el Tribunal Supremo español.

P.D. En elDiario.es hemos producido dos documentales cortos sobre cada uno de estos juicios. El primero: Caso Ábalos, la tríada de la corrupción. El segundo: Juicio final a la guerra sucia del PP. Te recomiendo que los veas: son muy buenos y ayudan a comprender lo que pasó. 

Y el lunes, estrenamos otro documental más: Las tres guerras sucias del PP. Espero que te gusten.

Dinero público financiando una asistencia gestionada por empresas muy diferente a la ofrecida en los hospitales públicos. Ese podría ser el resumen de 30 años de privatización de la sanidad que la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) pretende frenar con la derogación de la norma 15/97. A pesar de que no revierte los conciertos ya suscritos, la ley empieza su tramitación con la vocación de dificultar que el dinero de todos acabe engrosando las arcas de una compañía privada tras mercadear con la salud de la ciudadanía. Pacientes que no se trasladan, hospitales dopados, pruebas nocturnas y condiciones laborales paupérrimas forman una realidad que rodea a un modelo extendido, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y el País Valencià, levantados por los gobiernos de Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana y en los que han profundizado sus sucesores.

Si uno lee los comunicados que emite el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en todos ellos aparece que el centro pertenece a la red pública de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, traspasar las puertas del hospital y empezar a escuchar a sus trabajadores supone percatarse de que sus condiciones laborales, así como la forma de funcionar, están supeditadas al máximo rédito económico que se puede granjear la empresa que lo gestiona: Ribera Salud. El centro fue inaugurado por Aguirre en 2011 y se construyó directamente para ser externalizado.

Tania García San Martín, presidenta del comité de empresa y delegada de Satse en el Hospital de Torrejón, recalca que las precarias condiciones en las que se ven obligados a trabajar redundan en una peor calidad asistencial del paciente. “Los públicos se rigen por el estatuto marco. Nosotros, por un convenio de clínicas privadas y laboratorios en el que también hay incluidos hasta centros odontológicos de apenas cuatro trabajadores”, compara.

Por otra parte, esta técnico de rayos se queja de que las ratios también son mucho mayores en los centros de gestión indirecta. “En lo público, normalmente hay el doble de enfermeras que de médicos, y aquí estamos a la par. La dirección dice que las recomendaciones de las guías médicas del Ministerio de Sanidad son eso, recomendaciones, y no obligaciones”, se explaya. Y añade: “No se atiende igual a un paciente en Alcalá que aquí. La sobrecarga de trabajo que tenemos favorece que aparezcan los errores humanos”.

El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges

Una sobrecarga de trabajo con consecuencias

Martín recalca desde Torrejón que la elevada movilidad del personal es otro problema debido a su bajo salario, algo que en la pública no sucede. “Las enfermeras nuevas que entran se van porque esto es insostenible. Compañeras se han ido a otros hospitales públicos de la Comunidad con una jornada reducida y cobran lo mismo que nosotras aquí trabajando ocho horas”, ilustra la delegada sindical, quien compara el Hospital de Torrejón con una fábrica de hacer churros. “Vamos muy rápido y sin tiempo de escuchar al paciente”, comenta la técnico de rayos, quien hubiera deseado que la nueva ley impulsada por Mónica García también revirtiera los conciertos ya suscritos.

La sobrecarga de trabajo tiene efectos en el personal. “Vienen a trabajar con ansiolíticos”, asegura la presidenta del comité de empresa del centro torrejonero. “El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges. A nosotros nos quitan mucho dinero y a veces preferimos venir a trabajar”, dice Martín. Las sustituciones, denuncia la delegada de Satse, muchas veces las realiza Ribera Salud desde una aplicación móvil. “Contratan enfermeras para ir a quirófano cuando a lo mejor nunca han estado en uno. Aquí llega gente que lleva años sin haber trabajado y no saben hacer nada. Es uno de los riesgos más grandes que tenemos en el hospital”, incide.

Prohibido el traslado de pacientes

La empresa Ribera Salud, al igual que Quirón con otros hospitales en la Comunidad de Madrid, cobra una cifra concreta por los pacientes que cubre de una zona determinada. Esa cifra se puede ver incrementada si atrae pacientes de otras zonas, como intentan hacer continuamente, pero también al contrario. “En Torrejón está prohibidísimo trasladar pacientes, solo se hace lo mínimo indispensable. Nos lo quedamos todos, estemos preparados para ello o no, porque derivar significa perder dinero”, sintetiza Martín. Por eso, en muchos de estos hospitales se crearon especialidades que en otros centros sanitarios del mismo nivel no existen. 

Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable

Algo similar es lo que ocurre en el Hospital Universitario de Vinalopó, en Elche, también gestionado por Ribera Salud. “No derivan a no ser que un neonato requiera una UCI, pero tiene que ser algo de extrema urgencia”, sostiene una técnico de laboratorio y auxiliar de enfermería que trabaja en el centro alicantino desde su inauguración en 2010 y que prefiere no dar su nombre. Este es el único hospital público de la Comunidad Valenciana, región en la que nació el modelo Alzira, que continúa con una gestión externalizada.

Vinalopó sufre la fuga de personal: “Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable”, añade esta trabajadora. Ello conlleva que más de la mitad de los trabajadores estén recién salidos de la carrera. “Hay mucho conocimiento que te lo da la experiencia”, apuntilla esta auxiliar de enfermería que, según recalca, el temor cunde entre la plantilla a la hora de expresar sus quejas.

Más pruebas para pacientes de otras áreas

Desde el Hospital Universitario General de Villalba, gestionado por Quirón, Néstor Fernández Val suscribe lo planteado por las dos sanitarias. Él es delegado de CCOO en el centro madrileño y uno de los referentes del sindicato en lo que a hospitales concesionados en la región se refiere, además de auxiliar de enfermería. “Se nota que a este hospital viene mucha gente de otras áreas que no le corresponde, y se nota que a esas personas se les hacen más pruebas diagnósticas”, denuncia.

Del mismo modo, Fernández asegura que en Villalba se realizan pruebas y resonancias, o cirugías, a pacientes que no son de su área pero que sufren largas listas de espera en la pública. “No sabemos si la Comunidad se lo comunica o cómo lo consiguen, pero el hospital llama a esos pacientes para ofrecerles una cita mucho antes, lo que ralentiza a los pacientes de su área, a quienes muchas veces posponen”, desarrolla el sindicalista basándose en los testimonios de los propios pacientes.

La explotación por parte de Quirón del Hospital de Villalba hace que las resonancias magnéticas no paren ni siquiera de madrugada. “Vimos las citas y casi todos eran pacientes de Fuenlabrada o lugares con hospitales públicos con listas de espera de meses, y aquí les citaban en unos 15 días”, describe Fernández. De hecho, ahora han instalado un camión tráiler en el aparcamiento en el que en su interior se continúan realizando resonancias.

Un modelo de inequidad territorial

Esta realidad fraguada a través de tres décadas de privatización es lo que llevan denunciando desde hace años en la Asociación Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià. Eduardo Zafra, su vicepresidente, enfatiza a elDiario.es que el mayor impacto que ha supuesto la gestión indirecta de los hospitales públicos ha tenido lugar en las cuentas de resultados de las diferentes empresas. “Los pacientes hemos tenido en general una atención correcta, pero sí se han introducido elementos de inequidad territorial”.

Este médico jubilado subraya que los hospitales del modelo Alzira fueron “dopados”. Así lo explica: “Más allá de crear unidades de alta complejidad en hospitales de esta categoría, la Administración ha dejado de invertir en los departamentos públicos que tenían a su alrededor, provocando su deterioro. Hay muchas formas de favorecer la privatización”.

Los activistas piden más

Por otra parte, el momento político en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado el inicio de tramitación de la norma hace dudar a los activistas en defensa de la sanidad pública de su materialización real, desde donde reclaman mayor ambición al Ejecutivo. “Queremos una ley que revierta la privatización al completo, también los acuerdos tomados hasta la fecha”, reivindica Matilde Iturralde. 

Por su parte, N. Flores, una médico que trabaja en un hospital público de la Comunidad de Madrid e integra la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), el colectivo que desde 2005 lucha por la derogación de la 15/97, no entiende por qué han esperado hasta ahora para presentar una ley así. “No apoyaron la iniciativa legislativa popular que promovimos, y aun así tampoco abarcan muchas de nuestras reivindicaciones”. Se refiere, por ejemplo, a que la norma no es retroactiva, por lo que no eliminaría la gestión indirecta ya establecida en numerosos hospitales de España.

Para evitar que la gestión indirecta por parte de empresas privadas de la sanidad española vaya a más, el departamento de García ha recalcado que esta debería tener un “carácter excepcional” y que debe estar acompañada de una evaluación previa. Ante dicho extremo, la médica jubilada vasca se queja de que sean expertos en quienes recaiga la potestad de dar vía libre o no a los conciertos. “El Informe Abril Martorell se hizo a petición el Gobierno, lo hicieron expertos, y fue la entrada de la gestión indirecta en la sanidad pública hace 30 años”, ilustra.

Derogar la ley sin alternativa para la privada

Por otro lado, la norma explicita que las administraciones sanitarias deberán publicar periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Este articulado de la ley podría evitar situaciones como la que se produce en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha perdonado a 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes desde otros hospitales públicos. 

“Aquí ha habido una dejadez tremenda por parte de la Administración. Cuando explotan estos casos se echan las manos a la cabeza, pero en realidad debería haber sido el Tribunal de Cuentas el que debería haber intervenido desde el principio”, se explaya la misma Iturralde. El PSOE madrileño ya ha anunciado que pedirá al Tribunal de Cuentas la apertura de una investigación por el perdón de Ayuso a las dos empresas privadas.

Flores, la médica madrileña, subraya que todos los esfuerzos deberían estar enfocados en sacar el interés privado de un derecho público y esencial como es la sanidad. “Se debería derogar la ley, pero sin ningún tipo de alternativa para que las empresas hagan negocio con nuestra salud, y para eso hay que dotar al sistema público de mayor financiación y recursos con la idea de que llegue a todos los ciudadanos”, desarrolla.

La médica jubilada afirma desde Araba que la inestabilidad parlamentaria que surfea el Gobierno de coalición no es ningún síntoma halagüeño de cara a aprobar la norma. “Parece paradójico. ¿No han tenido tiempo de hacer esto antes?”, se pregunta antes de proponer una auditoría externa: “Debemos saber cuáles son las fortalezas y los puntos flacos de nuestro sistema sanitario, ya muy descapitalizado”. Todas las políticas que se adopten sin esa auditoría global serán un parche, finaliza.

Una oficina d’atenció al ciutadà de la Generalitat Valenciana ‘ressuscita’ la figura política de l’expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana malgrat la seua condemna a presó. L’edifici, una de les seus del PROP, que se situa al carrer de Gregori Gea de València, mostra una placa commemorativa de la inauguració del centre a càrrec de l’exdirigent popular, condemnat per corrupció, que estava en el despatx d’un responsable del centre.

La secció quarta de l’Audiència Provincial de València va condemnar a 10 anys i cinc mesos de presó l’exministre del PP i expresident autonòmic com a autor dels delictes de blanqueig de capitals, suborn, falsedat en document mercantil, amb una inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant 17 anys i 10 mesos (pels delictes de prevaricació administrativa i suborn) i una multa de 25 milions d’euros. L’expresident va recórrer contra la sentència al Tribunal Suprem i està en llibertat; no entrarà a la presó fins que la sentència siga ferma i no s’observa risc de fugida.

El cartell que torna a mostrar-se en el PROP i que ha causat indignació en els treballadors data del 1996, quan el president llavors, amb el títol de Molt Honorable, va destapar la placa. Al final dels noranta i el començament del segle següent eren molt freqüents els actes de col·locació de primera pedra o inauguració d’espais, una forma de propaganda política que va limitar el Govern del Pacte del Botànic amb un codi de bones pràctiques en la seua primera legislatura, a partir del 2015. L’aliança d’esquerres va limitar aquests actes a través del Codi de bon govern (aprovat el 2016) i la Llei de publicitat institucional (maig del 2018). L’objectiu de la normativa, que continua en vigor, és impregnar tota l’acció de l’executiu d’“una ètica pública positiva”.

En la mateixa norma es prohibeixen condecoracions a condemnats per sentència ferma i es demana als poders públics uns compromisos ètics. En concret, l’article 22, diu: “Les persones subjectes a aquest Codi garantiran que els reconeixements honorífics o commemoratius que depenguen de les seues organitzacions o administracions recaiguen en persones d’un compromís públic rellevant. Igualment, retiraran els reconeixements atorgats a persones que siguen condemnades penalment per sentència ferma”.

Després de la condemna, la coalició Compromís per València va exigir a l’alcaldessa, María José Catalá, la retirada en els edificis públics de les plaques honorífiques a l’expresident, i el PSPV va demanar una reprovació en les Corts Valencianes. En tots dos casos, el PP, amb majoria en el consistori i en l’hemicicle, va rebutjar retirar els honors, emparant-se en el fet que la sentència no és ferma. És el mateix argument esgrimit pel responsable de l’oficina que ha tornat a exhibir la placa, segons denuncien els empleats. A falta d’una sentència del Tribunal Suprem, que pot tardar anys, Eduardo Zaplana continuarà sent Molt Honorable. I l’oficina pública ho acreditarà.

Una oficina de atención al ciudadano de la Generalitat Valenciana 'resucita' la figura política del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana pese a su condena a prisión. El edificio, una de las sedes del 'PROP', que se encuentra en la calle Gregorio Gea de València, muestra una placa conmemorativa de la inauguración del centro a cargo del exdirigente popular, condenado por corrupción, que se encontraba en el despacho de un responsable del centro.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de València condenó a 10 años y cinco meses de prisión al exministro del PP y expresidente autonómico como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil, con una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 17 años y 10 meses (por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho) y una multa de 25 millones de euros. El expresidente recurrió la sentencia al Tribunal Supremo y se encuentra en libertad; no entrará en prisión hasta que la sentencia sea firme y no se aprecia riesgo de fuga.

El cartel que vuelve a mostrarse en el PROP y que ha causado indignación en los trabajadores data de 1996, cuando el entonces presidente, con el título de Molt Honorable, destapó la placa. A finales de los noventa y principios del siglo siguiente eran muy frecuentes los actos de colocación de primera piedra o inauguración de espacios, una forma de propaganda política que limitó el Gobierno del Pacto del Botánico con un código de buenas prácticas en su primera legislatura, a partir del 2015. La alianza de izquierdas limitó estos actos a través del Código de Buen Gobierno (aprobado en 2016) y la Ley de Publicidad Institucional (mayo de 2018).  El objetivo de la normativa, que sigue en vigor, es impregnar toda la acción del ejecutivo de “una ética pública positiva”.

En la misma norma se prohíben condecoraciones a condenados por sentencia firme y se pide a los poderes públicos unos compromisos éticos. En concreto, su artículo 22, dice: “Las personas sujetas a este Código garantizarán que los reconocimientos honoríficos o conmemorativos que dependan de sus organizaciones o administraciones recaigan en personas de un compromiso público relevante. Igualmente, procederán a la retirada de los reconocimientos otorgados a personas que sean condenadas penalmente por sentencia firme”.

Tras la condena, la coalición Compromís per València exigió a la alcaldesa, María José Catalá, la retirada en los edificios públicos de las placas honoríficas al expresidente, y el PSPV pidió una reprobación en las Corts Valencianes. En ambos casos, el PP, con mayoría en el consistorio y en el hemiciclo, rechazó retirar los honores, amparándose en que la sentencia no es firme. Es el mismo argumento esgrimido por el responsable de la oficina que ha vuelto a exhibir la placa, según denuncian los empleados. A falta de una sentencia del Tribunal Supremo, que puede tardar años, Eduardo Zaplana seguirá siendo 'molt honorable'. Y la oficina pública lo acreditará.

La promotora de la promoció d’HPO Los Lirios d’Alacant, on té un HPO la dona de l’alcalde de la ciutat, Sagrario Martín, va ser Antares Inmoinvest SA, una coneguda empresa alacantina que en l’actualitat continua presentant-se a la gestió d’habitatges protegits. Antares Inmoinvest SA va vendre a Sagrario Martín un pis de 90 metres, una plaça de garatge i un traster, a més de la part proporcional de les zones comunes, on hi ha una piscina, mitjançant la subrogació d’un préstec amb Caja Madrid per valor de 68.489,73 euros.

A canvi d’aquest preu avantatjós el 2006, quan la bambolla immobiliària estava a punt d’esclatar, i segons el decret en què s’emparaven aquests habitatges, Sagrario Martín havia de mantindre l’habitatge per a lloguer durant deu anys a un preu taxat. Després, i segons la mateixa norma, “en el cas que l’inquilí no comprara l’habitatge, l’arrendador podrà optar per continuar amb l’explotació d’aquest en règim d’arrendament o vendre’l, amb autorització prèvia del canvi d’ús per part dels Serveis Territorials d’Arquitectura i Habitatge, coincidint amb la finalització del termini del contracte d’arrendament o d’alguna de les seues pròrrogues». Sagrario Martín va poder acollir-se al termini de 10 anys de limitació del preu del lloguer i no al de 25, que també preveu el decret.

Segons ha pogut confirmar elDiario.es, Sagrario Martín no ha venut l’habitatge i ha continuat llogant el pis fins hui, amb el préstec amortitzat des del 27 de juny de 2016. És a dir, des de fa quasi deu anys més ha pogut cobrar un lloguer a preu de mercat, i no taxat com entre el 2005 —data en què es va qualificar l’habitatge— i el 2015, encara que fonts de l’Ajuntament d’Alacant asseguren que sempre ha cobrat «per davall del preu màxim“. En la promoció hi havia 11 immobles més d’HPO per a lloguer, com el de Sagrario Martín.

Per què va accedir Sagrario Martín, i no una altra persona d’Alacant, a aquest HPO convertit en un vehicle d’inversió gràcies al Decret 92/02, del 30 de maig, de la Generalitat Valenciana? Perquè així ho va decidir la promotora. elDiario.es ha preguntat a l’Ajuntament d’Alacant que explique si la dona de Luis Barcala es va apuntar en alguna llista pública o si va participar en algun sorteig per a aconseguir aquest habitatge per a llogar, però no ha obtingut resposta. L’única explicació sobre l’assumpte la van oferir divendres: «La compradora se n’assabenta perquè el pla parcial de Benisaudet va ser una actuació en què l’Institut Valencià d’Habitatge llavors va promoure sòl per a diversos edificis d’habitatges protegits i va ser molt conegut en tot Alacant».

Segons la norma del 2002 per la qual es regeixen aquests HPO, «en cas de venda per qualsevol dels supòsits indicats, el preu màxim de l’habitatge, que figurarà en el visat del contracte de compravenda expedit pels Serveis Territorials d’Arquitectura i Habitatge, no podrà superar, per metre quadrat de superfície útil, 1,25 vegades el preu bàsic a escala nacional vigent en el moment de la transacció. Si l’habitatge tinguera garatge o traster, serà aplicable el percentatge establit en el paràgraf b) de l’article 14 del Reial decret 1/2002, de l’11 de gener, a l’efecte del càlcul del preu d’aquests».

Així doncs, si Sagrario Martín volguera vendre l’habitatge, hui podria aspirar a 1,25 vegades el preu bàsic a escala nacional vigent en el moment de la transacció, que actualment és de 2.230 euros per metre quadrat, segons l’Institut Nacional d’Estadística. Si es multiplica per 90 metres, en aquests moments el pis HPO de la dona de l’alcalde podria traspassar-se per fins a 250.875 euros, sempre que el canvi fora autoritzat per la Conselleria d’Habitatge.

L’HPO que va adquirir Sagrario Martín el 2006 subrogant-se a un préstec de 68.489,73 euros, i que ja està 20 anys llogat amb els ingressos corresponents, tindria ara un valor màxim de més de 250.000 euros: quasi quatre vegades més que el valor inicial. Una revaloració important per a tractar-se d’un HPO, però així són les lleis urbanístiques aprovades pel Consell d’Eduardo Zaplana i que, en alguns casos, es volen replicar en l’actualitat.

Barcala dà explicacions i parla de “cacera”

L'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, va defensar la legalitat de l'operació aquest divendres en una compareixença sense preguntes en la qual va venir a comentar el mateix que va traslladar a aquesta redacció quan un dia abans, el dijous 19 de febrer, se li va traslladar a l'equip la informació de la qual disposava la redacció perquè aportaren les explicacions que consideraren oportunes.

Barcala va considerar que aquesta informació forma part d'una “cacera” a la qual està sotmés: “Absolutament tot val amb tal de difamar, embrutar i enverinar” i va afegir que sembla que “l'important no és que les coses siguen d'una manera o d'una altra sinó d'atacar-me per terra mar i aire a mi, i a la meva família”.

Segons va explicar, la VPO adquirida per la seva dona en 2006 era de nova construcció i formava part d'un grup de 12 de l'edifici dirigides exclusivament a lloguer i “no per a ús propi dels compradors”. El primer edil popular va afegir que el beneficiari o beneficiària podien tenir alhora diversos habitatges i que el requisit que tenien era llogar-la dins d'un termini estipulat i amb una renda màxima fixada oficialment, que és el que ha complert la seva dona atenent l'autorització de venda amb data de 24 de maig de 2006 concedida per l'aleshores conselleria valenciana de Territori i Habitatge.

“I això és el que s'ha fet des de l'inici fins a l'actualitat amb arrendaments per sota del preu màxim en tots els casos”, va recalcar l'alcalde sobre aquest habitatge situat en el pla parcial de Benisaudet, del qual va afegir que formava part d'una promoció de l'aleshores Institut Valencià de l'Habitatge que era “molt coneguda a tot Alacant”. L'alcalde va insistir que la transacció de la seva dona “ha complert escrupolosament des del primer minut tota la normativa”.

La promotora de la promoción de VPO Los Lirios de Alicante, donde tiene una VPO la mujer del alcalde de la ciudad, Sagrario Martín, fue Antares Inmoinvest SA, una conocida empresa alicantina que en la actualidad sigue presentándose a la gestión de viviendas protegidas. La empresa le vendió en 2006 a Sagrario Martín un piso de 90 metros, una plaza de garaje y un trastero, además de la parte proporcional de las zonas comunes, donde hay una piscina, mediante la subrogación de un préstamo con Caja Madrid por valor de 68.489,73 euros.

A cambio de este precio ventajoso, cuando la burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar, y según el decreto en el que se amparaban estas viviendas, Sagrario Martín debía mantener la vivienda en alquiler durante diez años a un precio tasado. Después, y según la misma norma, «en el supuesto de que el inquilino no comprase la vivienda, el arrendador podrá optar por continuar con la explotación de la misma en régimen de arrendamiento o venderla, previa autorización del cambio de uso por parte de los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, coincidiendo con la terminación del plazo del contrato de arrendamiento o de alguna de sus prórrogas». Sagrario Martín pudo acogerse al plazo de 10 años de limitación del precio del alquiler y no al de 25, que también contempla el decreto.

Según ha podido confirmar elDiario.es, Sagrario Martín no ha vendido la vivienda y continuó alquilando el piso hasta hoy, con el préstamo amortizado desde el 27 de junio de 2016. Es decir, desde hace casi otros diez años ha podido cobrar un alquiler a precio de mercado, y no tasado como entre 2005 —fecha en que se calificó la vivienda— y 2015, aunque fuentes del Ayuntamiento de Alicante aseguran que siempre ha cobrado «por debajo del precio máximo». En la promoción había otros 11 inmuebles de VPO para alquiler, como el de Sagrario Martín.

¿Por qué accedió Sagrario Martín, y no otra persona de Alicante, a esta VPO convertida en un vehículo de inversión gracias al decreto 92/02, de 30 de mayo, de la Generalitat Valenciana? Porque así lo decidió la promotora. elDiario.es ha preguntado al Ayuntamiento de Alicante que explique si la esposa de Luis Barcala se apuntó en alguna lista pública o si participó en algún sorteo para conseguir esta vivienda para alquilar, pero no ha obtenido respuesta. La única explicación sobre el asunto la ofrecieron el jueves: «La compradora se entera porque el plan parcial de Benisaudet fue una actuación en la que el entonces Instituto Valenciano de Vivienda promovió suelo para varios edificios de viviendas protegidas y fue muy conocido en todo Alicante».

Según la norma de 2002 por la que se rigen estas VPO, «en caso de venta por cualquiera de los supuestos indicados, el precio máximo de la vivienda, que figurará en el visado del contrato de compraventa expedido por los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, no podrá superar, por metro cuadrado de superficie útil, 1,25 veces el precio básico a nivel nacional vigente en el momento de la transacción. Si la vivienda tuviera garaje o trastero, será de aplicación el porcentaje establecido en el párrafo b) del artículo 14 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, a efectos del cálculo del precio de los mismos».

Así, si Sagrario Martín quisiera vender la vivienda hoy podría aspirar a 1,25 veces el precio básico a nivel nacional vigente en el momento de la transacción, que actualmente es de 2.230 euros por metro cuadrado, según el Instituto Nacional de Estadística. Si se multiplica por 90 metros, en estos momentos el piso VPO de la esposa del alcalde podría ser traspasado por hasta 250.875 euros, siempre que el cambio fuese autorizado por la Conselleria de Vivienda.

La VPO que adquirió Sagrario Martín en 2006 subrogándose a un préstamo de 68.489,73 euros, y que ya lleva 20 años alquilada con sus correspondientes ingresos, tendría ahora un valor máximo de más de 250.000 euros: casi cuatro veces más que su valor inicial. Una revalorización importante para tratarse de una VPO, pero así son las leyes urbanísticas aprobadas por el Consell de Eduardo Zaplana y que, en algunos casos, se quieren replicar en la actualidad.

Barcala da explicaciones y habla de “cacería”

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, defendió la legalidad de la operación este viernes en una comparecencia sin preguntas en la que vino a comentar lo mismo que trasladó a esta redacción cuando un día antes, el jueves 19 de febrero, se le trasladó a su equipo la información de la que disponía la redacción para que aportaran las explicaciones que consideraran oportunas.

Barcala consideró que esta información forma parte de una “cacería” a la que está sometido: “Absolutamente todo vale con tal de difamar, ensuciar y emponzoñar” y agregó que parece que “lo importante no es que las cosas sean de una manera o de otra sino de atacarme por tierra mar y aire a mí, y a mi familia”.

Según explicó, la VPO adquirida por su esposa en 2006 era nueva construcción y formaba parte de un grupo de 12 del edificio dirigidas exclusivamente a alquiler y “no para uso propio de los compradores”. El primer edil popular añadió que el beneficiario o beneficiaria podían tener a la vez varias viviendas y que el requisito que tenían era alquilarla dentro de un plazo estipulado y con una renta máxima fijada oficialmente, que es lo que ha cumplido su mujer atendiendo la autorización de venta con fecha de 24 de mayo de 2006 concedida por la entonces conselleria valenciana de Territorio y Vivienda.

“Y eso es lo que se ha hecho desde el inicio hasta la actualidad con arrendamientos por debajo del precio máximo en todos los casos”, recalcó el alcalde sobre esa vivienda situada en el plan parcial de Benisaudet, de la que añadió que formaba parte de una promoción del entonces Instituto Valenciano de la Vivienda que era “muy conocida en todo Alicante”. El alcalde insistió en que la transacción de su esposa “ha cumplido escrupulosamente desde el primer minuto toda la normativa”.

Grabaciones secretas del máximo capo de la basura en Orihuela (Alicante) al PP; un partido roto entre campistas y zaplanistas; un empresario que repartía fondos para campañas electorales, y reuniones en el agua de un balneario para evitar micros (aunque con un detective rondando y captándolo todo). Son algunas de las escenas más llamativas de la trama del 'caso Brugal' en la capital de la Vega Baja, localidad en la que el PP cosechó tremendas mayorías absolutas y en la que todos sus exalcaldes populares han sido salpicados por la corrupción al calor de la burbuja inmobiliaria. La última sentencia del 'caso Brugal' avala las grabaciones efectuadas por el empresario Ángel Fenoll y las escuchas telefónicas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de una compleja investigación comandada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, se autoenmienda en la sentencia, dictada esta semana, tras la anulación inicial en su primer fallo de las escuchas por parte del mismo tribunal y el aval posterior a los pinchazos del Tribunal Supremo, tras un recurso de Anticorrupción, representada por el fiscal Pablo Romero. El alto tribunal, tal como informó este diario, se escudó en la jurisprudencia nacida de las grabaciones del 'caso Gürtel', en una sentencia cuya ponente fue la magistrada Ana Ferrer.

El último fallo del 'caso Brugal' impone a Ángel Fenoll penas que suman tres años y nueve meses de cárcel por tres delitos de cohecho (uno de ellos de carácter continuado), prevaricación en concurso con fraude, uso de información privilegiada y extorsión. Por su parte, la exalcaldesa popular Mónica Lorente ha sido condenada a cuatro meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con un delito de fraude. A todos los condenados se les ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Las grabaciones de Fenoll propiciaron la investigación de la trama corrupta. En los registros del 'caso Brugal', los investigadores de la UDEF hallaron un “sofisticado sistema de grabación y numerosos material grabado, con la ayuda de un detective”, tal como recuerda la Audiencia de Alicante. En el domicilio de Ángel Fenoll se toparon con 87 cintas VHS “rotuladas de políticos de Orihuela” y en la sede de una de sus empresas con dos grabadoras y un ordenador que almacenaba las transcripciones de las conversaciones. En el domicilio de otro de los condenados (por extorsión), los agentes se incautaron de 103 cintas y DVD “similares”, así como una “grabadora de bolsillo”.

Toda la trama de Ángel Fenoll se centraba en conservar su negocio de recogida de residuos en la localidad. El empresario se encargaba, sin contrato y (“al menos”) desde 1993, de la gestión de la basura en Orihuela, según relata la sentencia. El contrato se licitó en 2000 en un concurso al que solo se presentó la UTE formada por Necso Entrecanales Cubiertas y Colsur, representada por Ángel Fenoll.

Un lustro después, se produjo la tremenda “fractura” en el grupo municipal del PP, cuando la teniente de alcalde, Mónica Lorente, se hizo con la Ejecutiva de los populares de Orihuela en sustitución del entonces primer edil, José Manuel Medina. El municipio vivió en aquella época una “explosión urbanística” en su zona de costa, con los consiguientes “problemas técnicos que impedían afrontar con seriedad” la contrata de Ángel Fenoll, explica la sentencia.

“El crecimiento exponencial de las urbanizaciones que no tenían contador de agua y alcantarillado impedía conocer el número exacto de viviendas existentes al no estar catastradas, no pudiendo concretarse en el pliego de condiciones técnicas los puntos exactos de recogida de la basura”, agrega.

La oferta que hizo la UTE al primer concurso de la basura ya fue “técnica y jurídicamente anómala desde el principio”. Tras un informe del técnico municipal, la adjudicataria simplemente cambió “las reglas del juego” y solo se comprometió a dar servicio a las urbanizaciones costeras del término municipal recepcionadas por Ayuntamiento de Orihuela hasta aquella fecha y hasta un máximo de 20.000 viviendas. El concurso quedó finalmente desierto.

Un empresario en las “guerras internas” del PP en Orihuela

Ángel Fenoll, según la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, “decidió aprovecharse de las guerras internas que se produjeron en la provincia de Alicante entre unos y otros sectores del Partido Popular (conocidos popularmente como 'campistas' y 'zaplanistas'), apoyando en Orihuela la candidatura de la 'zaplanista' Mónica Lorente, próxima al líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, entonces presidente de la Diputación de Alicante, candidatura enfrentada con el 'campista' José Manuel Medina”.

Así, la “ruptura oficial” entre Medina y Lorente “se formalizó” el 4 de octubre de 2005, cuando el primero destituyó a la teniente de alcalde. Poco después, el comité provincial del PP cesó a José Manuel Medina de su Ejecutiva, mientras Ripoll apoyaba a Lorente. Al quedar en minoría el sector del PP de Medina en Orihuela, a consecuencia de la “división” de los populares, “cobró protagonismo” un grupo municipal minoritario que recibiría el apoyo soterrado de Ángel Fenoll.

Después de haberse “estropeado las buenas relaciones” de Fenoll con José Manuel Mediana, el empresario “planteó la estrategia para retrasar el concurso” con la inestimable ayuda de Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez, dos de los concejales del PP partidarios de Mónica Lorente, “la cual tenía pleno conocimiento de dicho concierto”.

El empresario, al ver peligrar su negocio, emprendió una táctica que, a la postre, se revelaría suicida en términos penales. Consistía, por un lado, en “beneficiarse de la estrecha relación que venía manteniendo con personas influyentes en la política oriolana” y, además, “utilizar las grabaciones que realizaba él mismo a los políticos con la colaboración esencial” de su hijo, Ángel Antonio, y de otro empleado, ambos condenados.

El 22 de marzo de 2005, tras haber fracasado las presiones sobre Medina con un concejal de un grupo minoritario usado como bisagra para paralizar el concurso, el empresario hizo públicas algunas de las grabaciones, en las que aparecía él mismo, y se hablaba de presuntas comisiones por parte de una de las empresas aspirantes a la adjudicación (de la competencia). En una rueda de prensa posterior con su abogado, Ángel Fenoll “manifestó que lo publicado era sólo una pequeña parte de todo un proceso de conversaciones, que había más implicados y que iba a enseñar más grabaciones”, tal como recuerda la sentencia.

Fenoll, con su fonoteca, buscaba presionar a determinados políticos del PP con “hacer públicas dichas grabaciones si no actuaban en beneficio de sus intereses y conseguir así la adjudicación del concurso a su empresa Colsur SL o, en todo caso, la declaración de desierto del concurso, y poder así mantener la situación irregular por la que venía prestando el servicio de recogida de basura en el Ayuntamiento de Orihuela en beneficio propio”, según afirma la sentencia.

“Gaviotas”: las cartas por Seur para “presionar” a Camps y Zaplana

También redactó “cartas” dirigidas a los dos capitanes generales que comandaban la guerra interna en el PP: Francisco Camps, presidente de la Generalitat, y su antecesor en el cargo, el entonces portavoz popular en el Congreso (tras haber sido ministro del Gobierno de José María Aznar), Eduardo Zaplana. En las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía, el empresario se refería a las misivas como “gaviotas”.

En los registros del domicilio del empresario, los investigadores de la UDEF hallaron “resguardos” de la empresa Seur correspondientes a las cartas enviadas a ambos dirigentes del PP, que tenían la misma finalidad que las grabaciones a los concejales: “presionar a los políticos” para “tratar de influir en la confección de las listas electorales” y meter a afines a Mónica Lorente (“objetivo que fue finalmente logrado”).

Los audios demostraron que Fenoll tenía “puntual y previo conocimiento de los acontecimientos que se iban produciendo en la tramitación del expediente administrativo con relación al concurso público” de la gestión de la basura, “como reflejan las conversaciones grabadas entre Antonio Ángel Fenoll [hijo del empresario] y políticos de distintos partidos”. Así pudieron constatarlo los investigadores de la UDEF tras los registros en 2007 y la incautación de “numerosa documentación, efectos y material informático referido a grabaciones a políticos”.

Mónica Lorente y dos concejales del PP, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez (ambos condenados), se concertaron con Ángel Fenoll para “defender sus intereses empresariales por encima del interés público del Ayuntamiento de Orihuela, lo que se traduciría posteriormente durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2007” en el apoyo del empresario a la candidata zaplanista.

Reunión “dentro del agua” de un balneario en Murcia

“Mientras tanto, Ángel Fenoll siguió grabando conversaciones con políticos con relación al concurso”, afirma la sentencia de la Audiencia de Alicante. Ante la desconfianza con un empresario que ya había revelado públicamente audios grabados subrepticiamente, el concejal Jesús Ferrández (actualmente fallecido) celebró una reunión con el hijo de Fenoll “dentro del agua” de un balneario en Fortuna (Murcia), “a fin de asegurarse que no iban a ser grabados”.

Sin embargo, el clan de los Fenoll se las sabía todas y un detective (de la firma Cipol de Murcia) grabó el encuentro, según indica la sentencia. Jesús Ferrández, escindido del PP y portavoz del partido Centro Liberal, se convirtió en uno de los apoyos de Fenoll en su alianza con Lorente contra el alcalde Medina para preservar su negocio de la basura.

El empresario financió a ambos partidos. Su hijo le entregó al edil Ginés Sánchez un sobre con 1.200 euros durante el acto de inauguración de la sede del PP en Orihuela Costa, según se desprende de las escuchas telefónicas.

La Audiencia de Alicante concluye que —“con la intención de obtener influencia en el Ayuntamiento de Orihuela para sus propios intereses”— Fenoll “intervino en el proceso electoral” en favor de ambos partidos, “sufragando gastos electorales” de las dos formaciones, “cuya victoria podía suponerle un beneficio, al asegurarse la presencia en el Consistorio de quienes iban a defender sus intereses”, según la sentencia, que enumera aportaciones como gorras, programas electorales, banderas o camisetas.

El empresario también ayudó a la candidata del PP, Mónica Lorente, con “publicidad electoral” y “movilizando gente para asistir a actos electorales”. Eso sí, “tratando siempre de que no se conociera que era él quien sufragaba esos gastos”. La mercantil Comercial Candel Reclamo y Publicidad SL facturó a una de las empresas de Ángel Fenoll 10.799 euros por la publicidad electoral de ambas formaciones, unos recursos que nunca fueron fiscalizados en la contabilidad declarada ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, esos hechos acreditados en la sentencia no eran constitutivos de delito en la fecha de su realización, señala la sentencia del 'caso Brugal'.

“Conversaciones comprometedoras” para diseñar las listas

Por otro lado, el hijo de Fenoll aludía, según las escuchas telefónicas, a su capacidad de influir en la conformación de las listas “utilizando conversaciones comprometedoras grabadas por él mismo o por gente de su entorno de manera coactiva, y poniéndole en conocimiento de que iba a enviar para ello lo que él llamaba 'gaviotas”.

La campaña soterrada del empresario se centraba en conservar el negocio de la basura, tal como destaca la sentencia. Una vez nombrada alcaldesa Mónica Lorente, en 2007, Urbaser SA presentó la mejor oferta al concurso y los políticos favorables a Fenoll trataron de declarar desierto el concurso. Por su parte, el empresario se planteó una nueva estrategia: “adquirir empresas interpuestas dirigidas por testaferros”.

El 9 de noviembre de 2007, la mayoría absoluta del PP declaró desierto el concurso, dejando vía libre para que el 'señor de la basura' de Orihuela siguiera con el negocio. La alcaldesa era “plenamente” consciente “de lo arbitrario de su proceder y de la ilegalidad que comportaba dicha decisión al no estar motivada, quebrantando de este modo la normativa en materia de contratación pública (...)”, según concluye la sentencia.

Mientras que las empresas Colsur SL y Proambiente SL continuaron prestando el servicio de recogida de basuras, Urbaser SA, que había presentado la mejor oferta al concurso declarado desierto, reclamó el derecho a que le fuera adjudicado el concurso. En 2009, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche número 1 estimó íntegramente el recurso de Urbaser SA, cuya oferta consideró “incontrovertible” como la mejor y merecedora, por tanto, de la adjudicación.

Indemnización a Urbaser SA de 4,7 millones, según una pericial

El Ayuntamiento de Orihuela, con Mónica Lorente de alcaldesa, recurrió el fallo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) desestimó el recurso y volvió a darle la razón a la empresa ganadora del concurso (condenado en costas al consistorio). Actualmente, existe un incidente de ejecución en el seno de ese procedimiento en el que Urbaser SA reclama al Ayuntamiento de Orihuela 7,8 millones de euros. Una pericial judicial estima la cuantía de la indemnización de 4,7 millones, tal como recuerda la sentencia de la Audiencia de Alicante.

El siguiente concurso del servicio de recogida de basura fue en 2008, en la misma legislatura de Lorente. Ángel Fenoll “diseñó la estrategia de adquirir empresas del sector” para formar una UTE, en el marco de una licitación con denuncias de irregularidades por parte de los grupos de la oposición municipal, tal como recuerda la sentencia. Ese año, varios responsables de la UTE se reunieron con el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente (absuelto), en un restaurante de Raal (Murcia), según las vigilancias y seguimientos policiales. Los comensales, indica la sentencia, tomaron medidas de seguridad “para no ser localizados”.

Tanto en esa comida como en una posterior en la que no asistió el hermano de la alcaldesa y a la que sí que acudió Ángel Fenoll, el concejal Manuel Abadía (condenado) facilitó a los asistentes “informaciones” sobre el concurso que “no debían ser divulgadas, de las que tenía conocimiento por razón de su cargo”.

Los empresarios “aprovecharon las informaciones facilitadas por el concejal” del PP para la elaboración de las ofertas, según reza la sentencia de la Audiencia de Alicante. Los votos favorables de los 14 ediles del PP dieron el concurso a la UTE pilotada por Ángel Fenoll, que “incurrió en numerosos incumplimientos”.

El nuevo año judicial será decisivo para varios exministros y altos cargos vinculados al PP y al PSOE que afrontan resoluciones y juicios inminentes que pueden acabar con penas de cárcel. El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los recursos presentados por antiguos responsables políticos, mientras se enjuiciarán causas por corrupción que abarcan desde el uso irregular de dinero público hasta tramas de espionaje y tráfico de influencias. 

Para los primeros meses de 2026 está previsto el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, quien fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia adjudicados a dedo por el ministerio de Transportes. Los dos primeros, que están en prisión provisional desde el pasado noviembre, se enfrentan a condenas de hasta treinta años de cárcel. 

Aunque está fuera del Gobierno desde 2021 y fue expulsado del PSOE el pasado junio, Ábalos fue una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez: ministro, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno. Fue él quien defendió en el Congreso la moción de censura que logró sacar al PP de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa en 2018 precisamente con un discurso basado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. 

Su imagen en el banquillo acusado de favorecer al comisionista Aldama a cambio de mordidas y otras prebendas será un duro golpe para el Gobierno, que tendrá que afrontar las sesiones del juicio mientras salen a la luz nuevas revelaciones de la otra parte de la causa, la centrada en el presunto amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que pasó casi cinco meses en prisión preventiva. 

Ábalos está en la misma situación desde el pasado noviembre. Tras el juicio, lo previsible es que en verano llegue la condena, que será firme al ser del Tribunal Supremo, lo que augura que pasará mucho tiempo en prisión a la espera del avance del resto de procedimientos que tiene abiertos. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento —Adif y Puertos del Estado— también adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

Vuelve la guerra sucia del PP

Más de una década ha tenido que transcurrir para que se juzguen otros hechos que, sin embargo, devuelven a la actualidad uno de los episodios más oscuros de la democracia reciente. En abril comenzará la vista oral por Kitchen, la operación orquestada desde el Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear el caso de corrupción más grave en la historia del Partido Popular, el de su financiación irregular o caja B. 

En el banquillo se sentarán los mandos policiales que integraron la brigada política que orquestó el PP cuando llegó al Gobierno en 2012 para atacar primero a los independentistas catalanes y luego a Podemos. Entre medias, todos ellos participaron presuntamente en una maniobra para hacer desaparecer las pruebas que guardara el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que pudieran incriminar al partido y sus dirigentes en la causa abierta por financiación ilegal. 

Las mayores penas de cárcel que solicita la Fiscalía Anticorrupción son para el ex jefe operativo de esos policías, el comisario Eugenio Pino, y para los máximos responsables políticos del Ministerio del Interior, su titular, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para los tres, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel. La última vez que un ministro del Interior se sentó en el banquillo fue por el terrorismo de Estado de los GAL durante el Gobierno de Felipe González. Como entonces, ahora también los supuestos delitos de la Operación Kitchen se sufragaron con dinero público de los fondos reservados. 

La vista comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Comparecerán como testigos el expresidente Rajoy y sus segundas en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el partido, María Dolores de Cospedal, para quien el actual juez del caso deberá decidir próximamente si cambia su situación a imputada a la vista de nuevas revelaciones y una solicitud del PSOE. Entre los policías juzgados estarán el excomisario Villarejo, el ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos y José Luis Olivera, de actualidad reciente por su participación en el montaje contra Miguel Urbán y Podemos. 

La corrupción del PP de Madrid, 12 años después

A hechos aún más antiguos alude la pieza ‘Waiter Music’ del caso Púnica que sentará en el banquillo a partir del 19 de enero al ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia Francisco Granados. La macrocausa de corrupción contra el PP madrileño de Esperanza Aguirre cumplió en octubre 11 años desde que se produjeran las primeras detenciones y aún restan varios juicios por celebrarse. 

La Fiscalía Anticorrupción pide este caso para Granados seis años de cárcel por dos delitos de fraude en la contratación y otros tantos de prevaricación. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre ya fue condenado a dos años de cárcel en otra pieza del caso, por el chivatazo de un guardia civil cuando estaba siendo investigado. Granados habría maniobrado para que varios ayuntamientos del PP y un ente regional contrataran en las fiestas de las localidades a Waiter Music, la empresa de su amigo José Luis Huerta que no será juzgado porque falleció en 2020. 

Junto a Granados se sentarán en el banquillo el ex senador y antiguo diputado regional David Erguido, que también ejerció como asesor de Esperanza Aguirre, y once personas más, entre ellas, seis alcaldes del Partido Popular cuando el poder de la formación en la región madrileña ya era omnímodo. Se trata de los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los antiguos regidores de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, y el de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada. 

Los antiguos alcaldes se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel o simplemente de inhabilitación por parte de Anticorrupción. Sin embargo, la acusación popular, que ejerce Adade, solicita penas de entre 13 y 27 años de cárcel para algunos. 

El hermano de Sánchez, en el banquillo

Como ocurre con la agilidad en el Tribunal Supremo a la hora de juzgar a Ábalos el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez no se dilatará tanto tiempo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Se sentarán en el banquillo 11 personas después de que la instructora del caso concluyera que la Diputación de Badajoz creó la plaza de responsable de los conservatorios para que la ocupara David Sánchez y que este se presentó al proceso de selección y a la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”.

El candidato socialista a la Junta de Extremadura en las últimas elecciones, José Miguel Gallardo, concurrió procesado porque la jueza Beatriz Biedma concluyó que resulta “inverosímil” que, como presidente de la Diputación, no supiera que el fin de la creación del puesto era que recayera en el hermano de Pedro Sánchez, ya que se conocía “de forma generalizada”. También le acusaba de haber participado “directamente” en los hechos al tener la competencia para el nombramiento. Gallardo ha dimitido de su puesto de secretario general del PSOE extremeño después de haber cosechado el peor resultado de la historia en la comunidad autónoma. 

Una denuncia de Manos Limpias que incluía informaciones falsas originó el procedimiento. El pseudosindicato ultra pide 3 años de cárcel para David Sánchez por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La Fiscalía dice que el auto de procesamiento de la jueza está plagado de “conjeturas” y solicita la absolución para todos los acusados. 

Los ministros de Aznar

En los próximos meses dos pesos pesados del Gobierno de José María Aznar se juegan su entrada en prisión. El Tribunal Supremo decidirá sobre los recursos a la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid contra Rodrigo Rato en el caso de su fortuna personal. El tribunal condenó al exvicepresidente del Gobierno a 4 años y 9 meses de prisión por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, por ocultar patrimonio en el extranjero. El Supremo ya confirmó la condena a cuatro años y medio de cárcel contra Rato por las 'tarjetas black', causa por la que ya cumplió su pena de prisión. 

Por su parte, Eduardo Zaplana se enfrenta a cumplir diez años y cinco meses de cárcel por los delitos a los que le condenó la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia: prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. El tribunal también le impuso una multa superior a los 25 millones de euros como responsable del cobro de sobornos entre 1997 y 2000, cuando ocupaba el puesto de presidente autonómico en una trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Zaplana, al que controvertidos informes médicos sobre su estado de salud le evitaron la prisión en el pasado, podría ingresar en la cárcel si el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.

El testimonio como testigo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la causa de la dana el próximo 9 de enero y de forma telemática, y el careo que la jueza ha admitido entre la exconsellera Salomé Pradas y el ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, abren el año judicial de 2026 en la Comunitat Valenciana.

La evolución de esta macrocausa judicial sigue centrada en determinar si hubo responsabilidades políticas, y de quiénes, entre los gestores de aquella emergencia que dejó 230 víctimas mortales.

Tras la declaración de Feijóo y el citado careo, la testifical del que fue responsable de bomberos, José Miguel Basset, el próximo 14 de enero se adivina como de especial trascendencia, a la vista de las averiguaciones sobre el papel de los bomberos en la vigilancia de los cauces y los debates que se produjeron en torno al envío del mensaje Es-Alert aquel 29 de octubre de 2024.

Mónica Oltra

Otro de los asuntos de especial trascendencia será la resolución del futuro judicial de la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, después de que el juez de instrucción haya acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por un supuesto delito de encubrimiento de abusos sexuales.

La decisión está de nuevo en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que ya ordenó el procesamiento de Oltra en una anterior resolución.

Ni el juez que ha investigado la causa ni el fiscal ven indicios de delito, y no creen tampoco que las acusaciones que ejercen Vox y Gobierna-te los hayan precisado con suficiente claridad, aunque la Audiencia ya expresó en su día que no podía “descartarse claramente la comisión de infracción penal”.

Esta misma sección de la Audiencia deberá resolver ahora el nuevo recurso de apelación planteado por las acusaciones y decidir si finalmente se enjuicia o no a Mónica Oltra.

Francis Puig

También se encuentra en el paso previo al juicio oral la causa abierta en Instrucción 4 de València contra Francis Puig, hermano del expresident Ximo Puig, y el empresario castellonense Joan Enric Adell Bover por el supuesto fraude en las ayudas a la promoción del valenciano.

La Audiencia ha de resolver los recursos de ambos investigados contra el auto de procesamiento y decidir si la causa sigue adelante y los citados empresarios de la comunicación del norte de Castellón se sientan en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat han presentado ya sus escritos de acusación en los que reclaman penas de entre 3 y 4 años de prisión para ambos.

Eduardo Zaplana

Otro de las noticias del año judicial que comienza podría estar relacionada con el expresident de la Generalitat y exministro del PP Eduardo Zaplana, que recurrió el pasado mes de marzo ante el Tribunal Supremo la condena de 10 años y 5 meses que le impuso la Audiencia Provincial de Valencia por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo.

Zaplana, que el próximo abril cumplirá 70 años, se encuentra actualmente en libertad provisional con medidas cautelares -obligación de comparecer periódicamente en el juzgado- tras rechazar la Audiencia la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que ingresara en prisión.

También sigue viva la instrucción del caso Azud, una causa que cumplirá este 2026 siete años de recorrido judicial en los que no ha parado de ganar complejidad.

El levantamiento del secreto del sumario, en septiembre de 2024, permitió conocer nuevas acusaciones contra dos de las personas más cercanas a Rita Barberá: su vicealcalde, Alfonso Grau, y su cuñado, José Corbín, aunque todavía se siguen incorporando informes a la causa y solicitando nuevas diligencias de investigación.

Además, la Audiencia de Valencia tiene pendiente resolver el recurso presentado por la edil de Vox en València Cecilia Herrero contra el auto que ordenaba su procesamiento por publicar decenas de tuits denunciados por un supuesto delito de odio.

También se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción las denuncias presentadas por el PSPV y Compromís por diversos contratos suscritos por el concejal de Vox y ex teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas.

Caso Imelsa

Por otra parte, el próximo 26 de enero está previsto el inicio del juicio por una de las piezas separadas del caso Imelsa, la E, por contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València cuando dirigía este departamento María José Alcón, fallecida en 2018 y que era pareja del entonces vicealcalde con Rita Barberá, Alfonso Grau.

Los contratos investigados se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de València como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad, y en la vigésima séptima edición de la edición del festival de cine Mostra de València.

Los investigados son el que fuera empleado de la Fundación Jaume II el Just hasta su nombramiento como gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent, el autodenominado “yonqui del dinero”; el exgerente de esa fundación y exmarido de Alcón, Vicente Burgos, y cuatro representantes legales y/o apoderados de diferentes empresas adjudicatarias.

En valenciano hay que escribir como escribía Estellés, como escribía Valor, como escribe Enric Soria, Ferran Torrent, Joan Francesc Mira, Rodolf Sirera, Martí Dominguez y tantos otros. Y dejémonos de cuentos de si “discutix” o “discuteix” o “vacacions” o “vacances”, que no acabamos nunca

Més de 300 escriptors donen suport a l'AVL davant les “agressions” al valencià i acusen el Govern de Mazón d’arraconar la llengua

Unos trescientos escritores valencianos, que yo no sé cómo hay tantos, han escrito un manifiesto en apoyo del valenciano, o sea, que denuncian las agresiones -y las reducciones- que sufre “la morta viva” por parte de la política que hoy corta el bacalao. En esa política también se ha integrado algún lingüista, dispuesto a elaborarla en directo. La política es que tira mucho, e igual te encuentras en el ajo político a un bioquímico que a un especialista en Malthus. Será la adicción al servicio público. Observemos a Camps: el servicio público, para él, es droga pura. Necesita volver al campo de batalla. A mi, el manifiesto de los cientos de escritores me suena a aquellos escritos que comenzaban así en la Transición y aún antes: “Els sotasignants, treballadors de la cultura…”. Yo creo que éste de ahora debía de haber comenzado de ese modo. Hubiera sido bonito. Un homenaje. Lo que nos dice el manifiesto, en primer lugar, es que no hemos avanzado nada. Pero nada, nada. El mundo se llena de algoritmos y nosotros aún andamos con manifiestos “estilo Transición”, con los acentos y con los sujijos y, encima, cuestionando a la Acadèmia realmente existente. Para una vez que acordamos algo al respecto, la tratamos como si fuera un bolo de Rosita Amores. Cualquier día Vox cuestionará la RAE, que es lo suyo, el castellano, si es que no lo ha hecho ya. Con Camps vivíamos mejor. Y también con Zaplana, que levantó la Acadèmia. En aquel pacto lingüístico estuvo el PP y el PSOE, y Casp y Grisolía, claro. Grisolía estaba en todo. Igual ahora lo que hace falta aquí es un Vox pero ultranacionalista, no ultraregionalista (que ya lo tuvimos), ni ultraespañolista/madrileñista (que ya lo tenemos). La derechona reduce el uso del valenciano, resucita el “peligro catalán”, ataca la AVL y lo peor es que conduce a la derecha por esas encrucijadas venéreas, con lo facilona que es la derecha en este asunto: ni gomitas le hacen falta para caer en la tentación. Está pasando lo mismo que ya vivimos en technicolor, en los setenta y ochenta, pero ahora en formato 3D y medio siglo después. Tenía razón Einstein. El tiempo solo pasa según la velocidad del observador. La derechona no se ha movido, y así andamos todos.

A ver. Se escribe en castellano como dicta la RAE y Delibes y Aldecoa y así. Y después se habla como se puede o se sabe. Como dice Antoni Ferrando, no se escribe “Madriz” ni “Graná” sino Madrid y Granada. Lo mismo con el acento del Cap i casal. En À Punt se ha de hablar según la comarca de cada locutor o corresponsal, que Salvador Barber hablaba de una manera y Joan Monleón de otra y todos tan tranquilos. Pero À Punt no pretende hacer literatura, ni literaturizar la vida, menos mal. En este pedazo de geografía ya teníamos las Normas del 32, suscritas hasta por el “pare” Fullana, dado que había que normalizar y normativizar a “la morta viva”, y después lo que se vino a hacer reeditando la gramática del franciscano y fabricando las normas del Puig es un buen panquemado político, primero por despecho (como dice Colón) y después por conectar con las elites que manejan el cotarro. Menos mal que el “pacto lingüístico” de finales de los noventa centró de nuevo el tiro y puso orden en la cosa, gracias a Zaplana, al que se debía reconocer el mérito, y a Romero (creo que estaba Romero entonces bendiciendo los designios, siempre tan raros, del PSOE valenciano). De ahí partió la AVL. Ahora resulta que Zaplana sería un catalanista incorrupto, yo no sé adonde vamos a ir a parar con esta derechona, y Camps, que leía Nosaltres, otro.

Lo que viene ocurriendo aquí, cree uno, es que la izquierda ha hecho demasiadas concesiones a la derecha y derechona. Y así se lo paga hoy. Que si la banderita, que si el nombre del territorio, que si la música oficial, que si la AVL. Y total, ¿para qué? Para acabar redactando un manifiesto como si estuvieramos en la preTransición. “Els sotasignants…” En valenciano hay que escribir como escribía Estellés, como escribía Valor, como escribe Enric Soria, Ferran Torrent, Joan Francesc Mira, Rodolf Sirera, Martí Dominguez y tantos otros. Y dejémonos de cuentos de si “discutix” o “discuteix” o “vacacions” o “vacances”, que no acabamos nunca. En lugar de una lucha de clases como motor de la historia parece que los motores y las clases, por aquí, sean las gramáticas y sus derivados. A mi me parece que Vicent Baydal y los de Drassana, con muy buena voluntad y estilo, lo que están haciendo son de nuevo cesiones, inocular la duda, abrir el melón -en lugar de cerrarlo- para que por esa carne humeda y blanca penetre el discurso de la singularidad “nostra” y “nostrada”, de las inflexiones y reflexiones de la derechona y de algún lingüista despechado, estilo Fullana, de modo que no terminamos nunca de ordenar esta torre de Babel ni de escribir como escribía Estellés y escribe Joan Francesc Mira. La lengua no es el urinario de Duchamp, y viniendo de ese plantel de letraheridos en torno a Drassana quizás sería conveniente reducir la extensión de la utopía y también ocultar alguna certeza (o incerteza). La cuestión es que el manifiesto está firmado por 300 escritores, una barbaridad, con lo que tocamos a casi veinte mil habitantes por escritor. No está nada mal. En mi pueblo, sale la cifra. Está Manuel Baixauli, novelista. Está Salvador Ortells, poeta y crítico. Y está Emili Piera, que últimamente produce unos dietarios viajeros y muy excelsos, quizás para luchar contra el fracaso del instante, o para detenerlo.

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, adjudicó el pasado mes de febrero tres contratos de auditoría a una empresa en la que figura como administrador solidario Eduardo Such, el hijo del exconseller de Zaplana, Diego Such, y uno de los nombres que sonaba en las quinielas para la Conselleria de Economía y Hacienda en el Consell de Carlos Mazón. Eduardo Such, profesor de Economía en la Universidad de Alicante, asesoró al PP valenciano en su propuesta de reforma fiscal previa a las elecciones.

Como informó elDiario.es, se trata de tres adjudicaciones a Dula Auditores para “destacar qué no se hace bien y qué es mejorable”, según afirmó Beut, nombrado en el puesto por PP y Vox, en una comparecencia en las Corts Valencianes el pasado viernes.

El objetivo del encargo era auditar las áreas más sensibles del organismo público: la dirección de Análisis e Investigación; la dirección adjunta y de Asuntos Jurídicos; los buzones y los procedimientos del Comité de Ética y de la Unidad de Resolución de Conflictos. La adjudicación de los tres contratos, por procedimiento abierto, sumó finalmente un importe global de 33.800 euros.

Sin embargo, dos meses después, en abril, la empresa solicitó a la Agencia Antifraude la resolución de los contratos, petición que fue aceptada. Según el expediente al que ha tenido acceso elDiario.es, “la solicitud viene justificada en que circunstancias sobrevenidas obligan a una restructuración interna de la sociedad, lo que imposibilita la ejecución de los trabajos encomendados con la debida diligencia”.

Al respecto, fuentes de Dula Auditores han explicado que la mencionada restructuración se debió al fallecimiento del propietario de la empresa, Carlos González Cepeda, el pasado mes de marzo. Cepeda también fue conseller con Zaplana, y delegado del Gobierno.

La renuncia se produjo también después de trascender que la mercantil carecía de certificado de calidad de medidas antifraude, motivo por el que quedó excluida de una licitación en el Palacio de Congresos de València, tal y como informó esta redacción, si bien es cierto que la posesión de ese certificado no se exigía como requisito en la licitación de la Agencia. Al respecto, las mismas fuentes de la auditora han explicado que prevén obtener este certificado a lo largo del mes de septiembre.

Dula Auditores, sin embargo, ha conseguido diferentes contratos públicos de asesoramiento en los últimos años, tanto con el Gobierno del Botánico como el de Carlos Mazón. Entre los más recientes figuran, entre 2023 y 2024, adjudicaciones por importe de 15.000 euros de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, de 9.250 euros del Institut Valencià de Cultiura (IVC), o de 14.600 euros de Las Naves, entidad dependiente también del Ayuntamiento de València, entre otros.

Recientemente la empresa recurrió otra exclusión, esta vez en una licitación valorada en 55.000 euros de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas del Ayuntamiento de València (Aumsa) para el servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia fiscal, económico-financiera, presupuestaria, contable y laboral. Sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) dio la razón a la entidad pública.

La entrada de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real se ha convertido en el último capítulo de la serie de políticos del más alto nivel que ingresan en prisión provisional por orden de un juez en una causa por corrupción. El nombre del exsecretario de organización del PSOE se suma al de ministros como Eduardo Zaplana, altos cargos como Rafael Vera o políticos autonómicos como Francisco Granados o Ignacio González que pasaron tiempo entre rejas mientras la investigación contra ellos estaba en marcha. El magistrado que investiga el caso Koldo entiende que Cerdán, ya sin cargos políticos u orgánicos dentro del partido, podría destruir pruebas sobre la trama de contratos amañados y comisiones en la que comparte imputación con José Luis Ábalos y Koldo García.

Las grandes causas de corrupción de la última década han venido acompañadas, en muchos casos, de grandes operaciones policiales con decenas de detenidos. El filtro judicial, tradicionalmente en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, aplica criterios muy concretos para decidir quién tiene que empezar la investigación entre rejas: si hay riesgo de que se fugue o de que destruya pruebas. En el caso de Cerdán, el juez Leopoldo Puente intuye que el “botín” de la trama tuvo que ser mucho más alto que el que ha detectado la Unidad Central Operativa (UCO) y hay un peligro real, alega, de que el exdiputado pueda destruir las potenciales pruebas.

Santos Cerdán ostentó el cargo más importante que puede tener alguien dentro de un partido político por debajo del secretario general. Fue el de secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025. Pero no es el único alto cargo enviado a prisión provisional durante una investigación. El preso preventivo con mayor rango político sigue siendo, a día de hoy, Eduardo Zaplana. Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar en su última legislatura, Zaplana pasó ocho meses y medio en la cárcel de Picassent después del estallido del caso Erial. Abandonó la prisión antes del juicio y después de que los magistrados entendieran que debía permanecer en libertad para recibir tratamiento contra el cáncer que padece.

Zaplana, también expresident de la Generalitat Valenciana, pasó 259 días en prisión entre 2018 y 2019 en un caso Erial que ha terminado, a la espera de un pronunciamiento del Supremo, en una condena para él: diez años de cárcel y multa de 25 millones de euros por cobrar comisiones en un proceso de privatización de las ITV. El terremoto político por su entrada en prisión provisional fue de una intensidad bastante inferior al provocado por el encarcelamiento de Cerdán. Fue detenido unos días después del décimo aniversario de su salida de la política para fichar por Telefónica.

Muchos altos cargos de Gobiernos ligados sobre todo al PP han entrado en prisión, pero después de ser condenados, en primera o en segunda instancia. A nivel de la administración, otros antecedentes previos a Zaplana se remontan a la década de los 90, cuando Rafael Vera pasó varios meses la prisión de Alcalá de Henares por su implicación en el caso del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el secuestro de Segundo Marey. El exsecretario de Estado de Seguridad con Felipe González estuvo casi cinco meses entre rejas entre febrero y julio de 1995, de donde salió tras pagar una fianza de 200 millones de pesetas.

El Tribunal Supremo terminó confirmando condenas para Vera que sumaban más de 17 años de prisión por su relación con el secuestro y también con el uso de fondos reservados para pagar a dos policías de los GAL. El Gobierno de José María Aznar limitó su estancia en prisión por el primer caso tras indultar una parte importante de su condena y terminó entrando en la prisión de Segovia en 2005 para cumplir su segunda condena.

El listón de la prisión provisional también ha llegado en ocasiones al nivel parlamentario que también ocupó Santos Cerdán hasta pocos días antes de ser encarcelado. Luis Bárcenas, conocido y condenado por su actividad como tesorero del Partido Popular y gestor de la 'caja B' de la formación, sorteó la prisión provisional cuando era senador, estalló el caso Gürtel y el juez Antonio Pedreira entendió, tras dos años de imputación, que no había pruebas contra él. Su suerte cambió dos años después, cuando El País publicó su contabilidad paralela, que recogía las entradas y salidas de dinero negro de Génova 13, y el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional decidió enviarle a Soto del Real en el verano de 2013.

Bárcenas pasó 19 meses en prisión provisional hasta que salió en 2015 armado con su frase más lapidaria: “Luis ha sido fuerte de verdad”. Arrancó entonces para él un reguero de sanciones penales por corrupción, fraude fiscal y el pago de la reforma de la sede del PP en dinero negro que le devolvió a prisión aunque esta vez para cumplir condena. Quedó en libertad condicional en diciembre del año pasado, más de una década después de su primer ingreso en prisión.

La nómina de políticos encarcelados de forma preventiva por causas relacionadas con la corrupción se amplía descendiendo al nivel autonómico. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, estuvo casi siete meses en prisión como cabecilla de la operación Lezo. Una causa por la que, ocho años después, sigue procesado y a la espera de juicio por corrupción en la construcción de un campo de golf o por cobrar una comisión de 1,8 millones cuando estaba al frente del Canal de Isabel II.

Francisco Granados, exsenador, pero sobre todo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, pasó dos años y medio en prisión preventiva por una trama Púnica cuyas piezas principales también están pendientes de juicio más de una década después del arranque de la operación. Años antes, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el primero conseller y el segundo secretario general de Presidencia con Jordi Pujol, pasaron más de un mes en prisión provisional por el caso de corrupción urbanística 'Pretoria' por el que fueron finalmente condenados a casi dos años de cárcel tras reconocer que cobraron comisiones.

De los ministros de Aznar al procés

La lista de políticos que han pasado por la prisión crece drásticamente al analizar aquellos que han sido encarcelados después de ser condenados, todos evitando el presidio cuando la investigación todavía estaba en marcha. A nivel nacional, muchos de ellos integrantes de los gabinetes del PP y José María Aznar. Rodrigo Rato, uno de los hombres fuertes de los gobiernos del Partido Popular y considerado artífice del 'milagro económico español', fue detenido en 2015 durante los registros de su domicilio y su despacho, pero nunca fue enviado a prisión provisional.

El exvicepresidente del Gobierno no pasó por la prisión provisional, pero sí tuvo que entrar a cumplir condena por el uso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia y está por ver si tiene que volver a hacerlo si los tribunales declaran firme su segunda condena de casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda.

Jaume Matas, ministro con José María Aznar y también presidente del Govern de Balears por el PP, también optó por empezar a pactar sus condenas con la Fiscalía ante la amenaza de causas judiciales que le llevaron a la cárcel sin que antes hubiera pasado por prisión provisional. Desde su primera condena en 2012 por pagar con dinero público a un periodista que escribía sus discursos hasta el macro caso Palma Arena y dos años y medio entre rejas.

El caso de los GAL y la guerra sucia contra ETA no solo llevó a prisión a Rafael Vera. El exministro del Interior socialista José Barrionuevo no fue encarcelado de forma provisional, pero sí entró a cumplir los 10 años de cárcel que le fueron impuestos por su papel en el secuestro de Segundo Marey. Vera tampoco es el único secretario de Estado de Seguridad que ha pasado por la cárcel de forma preventiva: Francisco Martínez, procesado en la operación Kitchen, estuvo menos de una semana en prisión por su supuesta implicación en la 'operación Borraska' sobre la actividad del hacker Alcasec.

No todos los políticos que han sido presos preventivos o condenados han estado encarcelados por delitos relacionados con causas de corrupción política. El cargo orgánico de un partido con más categoría dentro de su formación que ha pasado tiempo entre rejas es Oriol Junqueras, líder de ERC que estuvo en torno a dos años en prisión preventiva por el procés. Desde que la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a este político y varios miembros del Govern depuesto de Carles Puigdemont en 2017 hasta que el Supremo firmó su condena de 13 años de prisión y su encarcelamiento dejó de ser preventivo.

Junto con Junqueras pasaron meses o incluso años en prisión provisional varios políticos catalanes que ocupaban cargos públicos o de partido en el Govern como consellers o en ERC y Junts. En su caso, tanto Lamela en primer lugar como Pablo Llarena posteriormente en el Tribunal Supremo cimentaron su decisión de mantenerles entre rejas en el riesgo de que se fugaran o, incluso, de que siguieran adelante con el desafío soberanista si eran dejados en libertad.

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, también pasó tiempo en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. Entró en octubre de 2009 por el caso Bateragune, la causa en la que los tribunales europeos determinaron que no había tenido un juicio justo. Previamente, también había pasado por prisión provisional por participar, dentro de la banda terrorista ETA, en el secuestro del director de la fábrica de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, en 1979. Fue preso preventivo desde 1987 hasta que fue condenado en 1989.

La consellera de Industria de la Generalitat, Marian Cano, ha denegado al grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes la copia que solicitaba el PSPV-PSOE de “toda” la documentación que firmó el actual president, Carlos Mazón, cuando era director general de Seguridad Industrial y Consumo, entre 2004 y 2008. Se trata de la etapa en que la trama del 'caso Erial', que conllevó la condena a 10 años de cárcel de Eduardo Zaplana y su ingreso en prisión provisional, dio el pelotazo con la privatización de las ITV y obtuvo plusvalías millonarias. La familia Cotino obtuvo 42 millones de euros con la reventa de la empresa que había obtenido la adjudicación amañada en 1998. Mazón ostentaba entonces la competencia de realizar el “seguimiento y control de las estaciones de inspección técnica de vehículos”, aunque ni el sumario del 'caso Erial' ni la sentencia condenatoria cita al actual jefe del Consell. El fallo, que no es firme, está pendiente del recurso de Zaplana ante el Tribunal Supremo. “Se trata de una petición masiva e indiscriminada de documentación e informes relativos a las actuaciones realizadas por un órgano administrativo, actualmente inexistente, durante un periodo de cinco años (2004-2008), con una retroacción en el tiempo de más de 20 años”, afirma la respuesta de la consellera Marian Cano.

La actual titular de Industria considera que la petición del PSPV-PSOE resulta “genérica, desproporcionada y abusiva” y que no estaría amparada por la Constitución, el Estatut d'Autonomia ni por el reglamento de las Corts.

La respuesta a la petición duda de que la petición, firmada por la diputada socialista Nuria Pina y por el portavoz José Muñoz, pretenda “ejercer el control de la acción del Consell”. Más bien considera que “lo que se solicita supone una indagación retrospectiva que se remonta más de 20 años atrás, para examinar la gestión de gobiernos autonómicos que ya no lo son y que dejaron de serlo hace muchos años”. La consellera Cano concluye que “puede tener un interés histórico”, pero en ningún caso se enmarcaría en el “ejercicio efectivo de la función de control del Consell”.

“No se recoge en la petición ningún dato o argumento que permita vincular a las decisiones, previsiones, objetivos, planes o expedientes administrativos la responsabilidad de los cuales corresponda al Consell actual”, argumenta la respuesta.

Marian Cano sostiene que la documentación solicitada “tendría como objeto la acción de un gobierno actualmente inexistente”, que no sería susceptible de control parlamentario “en el momento actual, cuando han transcurrido más de tres legislaturas desde la disolución del último gobierno cuya acción supuestamente se pretendía fiscalizar”.

Una petición “claramente abusiva”

La consellera también reprocha al PSPV que pretenda hacer un “uso indebido y desviado” de las previsiones del reglamento de las Corts Valencianes sobre solicitudes de información. Además, asegura Cano, el “carácter masivo e indiscriminado” de la petición de los socialistas valencianos “implica que los esfuerzos necesarios para su cumplimiento afectarían gravemente al buen funcionamiento” de la Conselleria de Industria.

Para cumplir con la petición, el departamento que dirige Marian Cano “debería de dedicar grandes esfuerzos en la búsqueda, recopilación y reproducción de documentos que, en su totalidad, atendiendo a las fechas, estarían disponibles solo en papel”, dado que el proceso de digitalización en el seno de la Administración autonómica se inició en 2014.

Se trata, a juicio del Consell, de una petición “claramente abusiva y contraria a la exigencia de buena fe en el ejercicio de los derechos”. “La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de este”, agrega la respuesta.

“Nada impide a los diputados de les Corts interesarse por un documento o por una serie de documentos en poder de la Administración referidos a legislaturas anteriores, siempre que se pueda apreciar la existencia de una conexión racional y lógica con el ejercicio de control del Consell actual”, afirma Marian Cano.

La respuesta a la petición del PSPV agrega: “De la misma forma, nada impide que el Ple de les Corts acuerde la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público para la Comunitat Valenciana, sea el que sea el periodo al cual se refiera”.

Documentación incautada por el juzgado

Por otro lado, el PSPV también pidió los expedientes del proceso de adjudicación del Plan Eólico y de las ITV, núcleo fundamental de la trama del 'caso Erial'. También solicitaron la copia “íntegra” de “todas” las comunicaciones entre las empresas concesionarias del Plan Eólico y de las ITV con la Generalitat “entre 1996 y 2014”, así como los cambios de titularidad en el mismo periodo.

La misma consellera ha contestado que la documentación continúa precintada, al haber sido incautada en 2018 por requerimiento judicial de la magistrada instructora de la causa.

“En consecuencia, no es posible atender la solicitud de documentación presentada”, concluye la respuesta del Consell al PSPV.

Los audios y mensajes que estamos conociendo relacionados con la última trama de corrupción política vinculada a Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, hablan de sobornos, de comisiones y también de prostitución, un elemento que parece formar parte del paisaje macho de la corrupción política y personal. Es una práctica a la que se acude o se comenta en grupo, que cohesiona relaciones y es también una exhibición de poder, incluso una celebración del éxito, y una confidencia que une para siempre a los hombres.

Desde el caso Gürtel al caso Mediador, pasando por un directivo de una fundación pública andaluza, repasamos varios casos de corrupción de los últimos años en los que aparece este ingrediente. Hablamos con Marcos Pinheiro, jefe de Política de elDiario.es, Jennifer Jiménez, periodista de Canarias Ahora y Dani Cela, de elDiario.es en Andalucía. Con Ana Requena, redactora jefa de Género, abordamos este fenómeno desde una óptica feminista y sacamos algunas conclusiones sobre la misoginia que entrañan estos comportamientos.

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Com el depredador que olora la sang, Francisco Camps ha olorat la debilitat del president de la Generalitat i líder del PP valencià, Carlos Mazón, arran de la gestió duta a terme per la Generalitat Valenciana de la tràgica DANA del 29 d’octubre passat, que va deixar 228 víctimes mortals (tres de les quals romanen desaparegudes) a la província de València. I, emulant Pedro Sánchez, l’excap del Consell ha pujat al seu cotxe i va recorrent agrupacions locals del Partit Popular de llarg a llarg de la Comunitat Valenciana per a reunir-se amb els afiliats i intentar guanyar-los per a la seua causa. L’objectiu no l’amaga, tornar a liderar un PPCV que Camps va portar a les cotes més altes de poder a la Comunitat Valenciana.

Amb el lema ‘30 anys de governs populars’, Camps ha convocat un acte multitudinari –espera que hi participen unes 1.500 persones– per a dissabte que ve 10 de maig, a les 11, en el Veles e Vents de la Marina de València: “Reconeixerem la faena de tots els alcaldes, regidors i governs del PPCV que van canviar la història de la nostra Comunitat. Per la pròxima majoria absoluta”, tal com es pot llegir en el cartell de la convocatòria. El secretari general dels populars valencians, Juan Francisco Pérez Llorca, reconeixia aquesta setmana en À Punt que estava convidat a l’acte i que havia parlat amb Camps, però que no hi aniria.

L’expresident, que també s’ha retrobat fa poc amb el que va ser el seu ‘rival’ en el PP valencià, Eduardo Zaplana, tal com demostra la fotografia publicada per Levante-EMV, ha protagonitzat unes quantes trobades amb afiliats en diverses localitats, entre les quals, Alacant, el feu de Mazón: primer al febrer i després el 12 de març passat, amb motiu de la presentació del seu llibre Reenfocando España. Entre els presents va destacar l’exalcaldessa de la capital alacantina Sonia Castedo, que va participar en els dos actes.

Camps, que ja ha reunit en aquest temps centenars de persones en diferents actes celebrats a València, Paterna, Sueca..., mai ha amagat la seua intenció de tornar a primera línia de la política. Si inicialment va coquetejar amb la possibilitat que el partit l’elegira per a ser el candidat a l’alcaldia de València, ara sembla que, vista la debilitat de Carlos Mazón, l’expresident valencià ha marcat proa cap a la direcció del PPCV i a la Generalitat Valenciana. Fonts coneixedores del procés consideren que Camps voldria optar a la presidència del partit, però no de la Generalitat. Una mena de lideratge orgànic, com el mític Xabier Arzallus en el Partit Nacionalista Basc, per a marcar estratègia i arengar la militància, bastant derrotada arran de la gestió de la DANA per part de Mazón.

El maig de l’any passat, Francisco Camps celebrava el final de quinze anys de processos judicials dels quals ha aconseguit eixir indemne (suma una desena d’absolucions en altres tantes causes), i això malgrat les múltiples condemnes per corrupció que han recaigut sobre diferents càrrecs dels seus governs autonòmics, incloent-hi la causa de Gürtel que donava per provat el finançament il·legal del Partit Popular de la Comunitat Valenciana.

L’exdirigent popular es reconeixia llavors entusiasmat per recuperar una activitat que va assegurar que no havia abandonat mai: “Tinc ganes de tornar a l’arena política; en el primer nivell i en la primera línia”, va dir llavors. I aquesta mateixa idea la va traslladar al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo; unes intencions que ni en Génova ni a València van veure amb bons ulls.

Ara, tal com va fer Pedro Sánchez en el seu moment després de ser executat per l’aparell del PSOE, Paco Camps apel·la a les bases del seu partit per a ocupar de nou el poder. El temps dirà si ho aconsegueix o si es queda en el camí.

Como el depredador que huele la sangre, Francisco Camps ha olido la debilidad del president de la Generalitat y líder del PP valenciano, Carlos Mazón, a raíz de la gestión realizada por la Generalitat Valenciana de la trágica DANA del pasado 29 de octubre, que dejó 228 víctimas mortales (tres de ellas permanecen desaparecidas) en la provincia de València. Y, emulando a Pedro Sánchez, el exjefe del Consell se ha subido a su coche y está recorriendo agrupaciones locales del Partido Popular a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana para reunirse con los afiliados e intentar ganarles para su causa. El objetivo no lo esconde, volver a liderar un PPCV que Camps llevó a sus cotas más altas de poder en la Comunitat Valenciana.

Con el lema de '30 años de gobiernos populares', Camps ha convocado un acto multitudinario -espera que participen unas 1.500 personas- para el próximo sábado 10 de mayo, a las 11 horas, en el Veles e Vents de la Marina de València: “Vamos a reconocer el trabajo de todos los alcaldes, concejales y gobiernos del PPCV que cambiaron la historia de nuestra Comunidad. ¡A por la próxima mayoría absoluta!”, tal y como se puede leer en el cartel de la convocatoria. El secretario general de los populares valencianos, Juan Francisco Pérez Llorca, reconocía esta semana en À Punt que estaba invitado al acto y que había hablado con Camps, pero que no iba a acudir.

El expresident, que también se ha reencontrado recientemente con el que fuera su 'rival' en el PP valenciano, Eduardo Zaplana, tal y como demuestra la fotografía publicada por Levante-EMV, ha protagonizado diversos encuentros con afiliados en diversas localidades, entre ellas, Alicante, el feudo de Mazón: primero en febrero y después el pasado 12 de marzo, con motivo de la presentación de su libro 'Reenfocando España'. Entre los presentes destacó la exalcaldesa de la capital alicantina Sonia Castedo, que participó en ambos actos.

Camps, que ya ha reunido en este tiempo a cientos de personas en diferentes actos celebrados en València, Paterna, Sueca..., nunca ha escondido su intención de volver a primera línea de la política. Si inicialmente coqueteó con la posibilidad de que el partido le eligiera para ser el candidato a la alcaldía de València, ahora parece que, vista la debilidad de Carlos Mazón, el expresidente valenciano ha marcado proa hacia la dirección del PPCV y a la Generalitat Valenciana. Fuentes conocedoras del proceso, consideran que Camps querría optar a la presidencia del partido, pero no de la Generalitat. Una especie de liderazgo orgánico, como el mítico Xabier Arzallus en el Partido Nacionalista Vasco, para marcar estrategia y arengar a la militancia, bastante derrotada tras la gestión de la DANA por parte de Mazón.

En mayo del pasado año, Francisco Camps celebraba el final de quince años de procesos judiciales de los que ha conseguido salir indemne (suma una decena de absoluciones en otras tantas causas), y eso a pesar de las múltiples condenas por corrupción que han recaído sobre diferentes cargos de sus gobiernos autonómicos, incluyendo la causa de Gürtel que daba por probada la financiación ilegal del Partido Popular de la Comunitat Valenciana. 

El exdirigente popular se reconocía entonces entusiasmado por recuperar una actividad que aseguró no haber abandonado nunca:“Tengo ganas de volver a la arena política; en el primer nivel y en la primera línea”, dijo entonces. Y esa misma idea se la trasladó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; unas intenciones que ni en Génova ni en València vieron con buenos ojos. 

Ahora, tal y como hizo Pedro Sánchez en su día tras ser ejecutado por el aparato del PSOE, Paco Camps apela a las bases de su partido para tomar de nuevo el poder. El tiempo dirá si lo consigue o si se queda en el camino.

Cualquiera que haya hablado más de dos horas con Carlos Mazón sabe que no es un facha. O no lo era hasta el pasado 17 de marzo, cuando selló su segundo pacto con Vox con un discurso en el que puso en la diana y como fuente de todos los problemas de los valencianos y las valencianas a los menores migrantes no acompañados. El actual presidente de la Generalitat pertenece, o pertenecía, más bien a la corriente y modus vivendi de los cayetanos. Un joven liberal de clase media –su padre fue un reputado hematólogo– que arrancó su carrera política como líder estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Mazón, con náuticos y camisas de lino blancas en verano, lideró en su etapa universitaria un colectivo llamado Programa 10, independiente y alejado de las asociaciones estudiantiles de PP y PSOE. Esos pinitos como independiente fueron su carta de presentación cuando el PP de Alicante de José Joaquín Ripoll lo fichó para su filial juvenil en 1995, el año en que todo cambió en la Comunitat Valenciana. El actual líder conservador terminó la carrera en 1997.

Abierto en lo económico y en lo social, fue una de las caras jóvenes que promocionó Eduardo Zaplana en su segundo Gobierno, cuando se deshizo de Unión Valenciana y consiguió mayoría absoluta en 1999. Como Zaplana, Mazón es amante de Julio Iglesias, de la balada mediterránea y del bronceado en verano. Sol, mucho sol. Mazón es de Alicante y vive en playa de San Juan, una zona residencial bañada por sus playas. Y se fue pronto a emparentar en la vecina Sant Vicent del Raspeig, otra localidad cercana, donde por cierto, también ha acabado encontrando pareja el presidente de Vox, Santiago Abascal.

La dureza del rictus y los discursos de Mazón desde que ha tenido que firmar los diez mandamientos de la ultraderecha para salvar su sillón de presidente, contrasta con el talante que tuvo como presidente de la Diputación de Alicante y en su primer año y medio como presidente de la Generalitat Valenciana. Hasta que llegó la DANA, su inexplicada e inexplicable comida en el Ventorro y sus tres cambios de versión sobre su llegada al Cecopi. Para salvarse, el presidente de la Generalitat no ha dudado en desdeñar al pueblo de Gaza, equiparar delincuencia e inmigración o negar el proyecto europeo que su propio partido ha diseñado y liderado. Todo por el Palau. Todo por la pasta.

Porque, en realidad, Mazón nunca fue un pata negra del PP. Fue más bien un oportunista que se subió a la ola del cambio de los años 90 y que se bajó del tren diez minutos antes de que los distintos casos de corrupción abrieran el suelo sobre el PP valenciano y alicantino y acabaran con el partido hecho unos zorros. Su salida de la Diputación de Alicante hacia la Cámara de Comercio en 2009 pocas semanas antes de la detención de José Joaquín Ripoll, le sirvió para apartarse de la primera línea política mientras el partido se autodestruía (2008–2015) y se refundaba (2015–2023). Ni estuvo en la caída ni estuvo en la recuperación, que lideró Isabel Bonig y a quien Pablo Casado cambió por Mazón por haber apoyado en el congreso del PP a Soraya Sáenz de Santamaría.

Y como muestra de su endeble fidelidad al proyecto popular, un botón. Carlos Mazón estuvo a una comida de ser el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Alicante en 2019. Cuando Ciudadanos soñaba con el sorpasso al PP y la marca conservadora todavía se enfrentaba a graves procesos judiciales por corrupción política en España y en la Comunitat Valenciana. El actual presidente de la Generalitat se reunió con Fran Hervías, la mano derecha de Albert Rivera, para encabezar la lista de los naranjas en la segunda ciudad más poblada de la Comunitat Valenciana. Tras un café en el Corte Inglés días después de Reyes de 2019 y a cinco meses de las elecciones, la cosa estaba hecha.

Pero semanas después, el grupo de amigos empresarios y periodistas llamado Delicatesen y del que forma parte Mazón invitó a Teodoro García Egea. Tras esa cena, la mano derecha de Casado se enteró de la jugada del ahora presidente del PPCV de su fichaje por Ciudadanos. García Egea consultó con varios asistentes sobre cómo verían a Mazón de presidente de la Diputación. Le dieron buenas referencias y acabó por ofrecerle seguir en el partido a cambio de ser presidente provincial y de la Diputación de Alicante. Fue entonces, cuando montaron la operación para que César Sánchez no repitiera en la Diputación de Alicante y se fuera a Madrid como diputado. Una operación teledirigida por Casado desde Madrid y similar a la posterior en la que descabalgaron a Isabel Bonig de la presidencia autonómica. Un buen puesto en primera línea sirvió para que Mazón abandonara el sueño centrista de Ciudadanos.

Mazón ha navegado en su carrera política como el 'Cayetano' de Carolina Durante. En la primera versión de la canción, la banda madrileña aseguraba: “Todos mis amigos se llaman Cayetano. No votan al PP, votan a Ciudadanos”. Era 2018 y el partido de Albert Rivera iba disparado en las encuestas y las elecciones. A finales de 2019 y con la explosión electoral de Vox, los Carolina Durante tuvieron que adaptar la letra. Que quedó así: “Todos mis amigos se llaman Cayetano. Ahora votan a Vox, antes a Ciudadanos”. Como Mazón, de Ciudadanos a Vox, según ha soplado el viento, pero siempre con un cargo en el PP donde agarrarse.

Caza de brujas contra diputados y senadores alicantinos que no adulan a Mazón

Mientras el PP valenciano intenta cerrar los presupuestos con Vox con salvajes recortes en Cultura, Bienestar Social y la entrega de miles de euros a medios afines y al sector del toro, los afines a Mazón aprietan las filas y persiguen a los disidentes. La idea es aguantar y dar la imagen de que todo el partido está con su líder, pese al desgaste político por sus mentiras en la DANA y la presión de las encuestas y los medios conservadores como ABC, La Razón u Onda Cero.

La secretaria general del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso y diputada por Alicante, Macarena Montesinos, zaplanista y uno de los pocos apoyos que le quedan a Mazón en Madrid, se ha convertido en el azote de los diputados y senadores del PP alicantino críticos con Mazón. Montesinos supervisa las publicaciones en X de sus correligionarios sobre el presidente de la Generalitat y su gestión de la DANA y regaña y presiona a quienes arrastran los pies para mostrar adhesión o directamente no tuitean nada. Como los senadores Gerardo Camps, Eva Ortiz y Agustín Almodóvar, o el diputado César Sánchez, que obvian al presidente del PP de la Comunitat Valenciana en sus redes sociales y están ya en el punto de mira de su jefa en el Congreso. Roma no paga a traidores. Y Feijóo tampoco los protege.

El PP valenciano está en ebullición y su aparato mediático se está reconfigurando, pese a la millonada que Mazón se gasta en publicidad institucional. La de medios de Madrid que han abandonado al presidente, excepto algunos que siguen pegando verdaderos sablazos a la Generalitat en publicidad institucional. En Valencia, Mazón sigue manteniendo aliados, que también están sacando su tajada pública. En elDiario.es hemos intentado conocer cuánto fue el dinero que Presidencia dedicó a la propaganda, pero se nos ha denegado la información. Aseguran que la harán pública el 31 de diciembre de este año. Los números de 2024 y 2025 pueden ser un escándalo. Medios sin periodistas en la Comunitat Valenciana entre los que reciben cientos de miles de euros.

En elDiario.es seguiremos hasta el final y acabaremos sabiendo y contando cómo está repartiendo Mazón el dinero. Porque es dinero público y cada euro se debe otorgar con criterios objetivos, transparentes y para que la información que se transmite llegue a la mayor parte de la sociedad valenciana. No hacerlo así, como marca el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que es desde 2024 ley española, es ilegal.

Qualsevol que haja parlat més de dues hores amb Carlos Mazón sap que no és un fatxa. O no ho era fins al 17 de març passat quan va segellar el seu segon pacte amb Vox amb un discurs en què va posar en la diana i com a font de tots els problemes dels valencians i les valencianes els menors migrants no acompanyats. L’actual president de la Generalitat pertany, o pertanyia, més aïna al corrent i modus vivendi dels cayetanos. Un jove liberal de classe mitjana –son pare va ser un prestigiós hematòleg– que va arrancar la seua carrera política com a líder estudiantil en la Facultat de Dret de la Universitat d’Alacant. Mazón, amb nàutics i camises de lli blanques a l’estiu, va liderar en la seua etapa universitària un col·lectiu anomenat Programa 10, independent i allunyat de les associacions estudiantils del PP i el PSOE. Aquests primers passos com a independent van ser la seua carta de presentació quan el PP d’Alacant de José Joaquín Ripoll el va fitxar per a la seua filial juvenil el 1995, l’any en què tot va canviar a la Comunitat Valenciana. L’actual líder conservador va acabar la carrera el 1997.

Obert en l’econòmic i en el social, va ser una de les cares joves que va promocionar Eduardo Zaplana en el seu segon Govern, quan es va desfer d’Unió Valenciana i va aconseguir majoria absoluta el 1999. Com Zaplana, Mazón és amant de Julio Iglesias, de la balada mediterrània i del bronzejat a l’estiu. Sol, molt de sol. Mazón és de Sant Joan d’Alacant, un municipi fronterer amb Alacant i les seues platges. I se’n va anar prompte a emparentar a la veïna Sant Vicent del Raspeig, una altra localitat pròxima, on, per cert, també ha acabat trobant parella el president de Vox, Santiago Abascal.

La duresa del rictus i els discursos de Mazón des que ha hagut de firmar els deu manaments de la ultradreta per a salvar la seua butaca de president contrasta amb el tarannà que va tindre com a president de la Diputació d’Alacant i en el seu primer any i mig com a president de la Generalitat Valenciana. Fins que va arribar la DANA, el seu inexplicat i inexplicable dinar en El Ventorro i els seus tres canvis de versió sobre la seua arribada al Cecopi. Per a salvar-se, el president de la Generalitat no ha dubtat a menysprear el poble de Gaza, equiparar delinqüència i immigració o negar el projecte europeu que el seu propi partit ha dissenyat i liderat. Tot pel Palau. Tot per la pasta.

Perquè, en realitat, Mazón mai va ser un pota negra del PP. Va ser més aïna un oportunista que se’n va pujar a l’ona del canvi dels anys 90 i que va abaixar del tren deu minuts abans que els diferents casos de corrupció obriren el terra sobre el PP valencià i alacantí i acabaren amb el partit fet un eccehomo. La seua eixida de la Diputació d’Alacant cap a la Cambra de Comerç el 2009 poques setmanes abans de la detenció de José Joaquín Ripoll li va servir per a apartar-se de la primera línia política mentre el partit s’autodestruïa (2008-2015) i es refundava (2015-2023). Ni va estar en la caiguda ni va estar en la recuperació, que va liderar Isabel Bonig i a qui Pablo Casado va canviar per Mazón per haver donat suport en el congrés del PP a Soraya Sáenz de Santamaría.

I per a mostra de la seua frèvola fidelitat al projecte popular, un botó. Carlos Mazón va estar a un dinar de ser el candidat de Ciutadans a l’alcaldia d’Alacant el 2019. Quan Ciutadans somiava amb el sorpasso al PP i la marca conservadora encara s’enfrontava a greus processos judicials per corrupció política a Espanya i a la Comunitat Valenciana. L’actual president de la Generalitat es va reunir amb Fran Hervías, la mà dreta d’Albert Rivera, per a encapçalar la llista dels taronges en la segona ciutat més poblada de la Comunitat Valenciana. Després d’un café en El Corte Inglés dies després dels Reis del 2019 i a cinc mesos de les eleccions, la cosa estava feta.

Però setmanes després, el grup d’amics empresaris i periodistes anomenat Delicatessen i de què forma part Mazón va convidar Teodoro García Egea. Després d’aquest sopar, la mà dreta de Casado es va assabentar de la jugada de l’ara president del PPCV del seu fitxatge per Ciutadans. García Egea va consultar amb diversos assistents com veurien Mazón de president de la Diputació. Li van donar bones referències i va acabar oferint-li continuar en el partit a canvi de ser president provincial i de la Diputació d’Alacant. Va ser llavors que van muntar l’operació perquè César Sánchez no repetira en la Diputació d’Alacant i se n’anara a Madrid com a diputat. Una operació teledirigida per Casado des de Madrid i similar a la posterior en què van descavalcar Isabel Bonig de la presidència autonòmica. Un bon lloc en primera línia va servir perquè Mazón abandonara el somni centrista de Ciutadans.

Mazón ha navegat en la seua carrera política com el ‘Cayetano’ de Carolina Durante. En la primera versió de la cançó, la banda madrilenya assegurava: “Tots els meus amics es diuen Cayetano. No voten pel PP, voten per Ciutadans”. Era el 2018 i el partit d’Albert Ribera anava disparat en les enquestes i les eleccions. Al final del 2019 i amb l’explosió electoral de Vox, els Carolina Durante van haver d’adaptar la lletra. Que va quedar així: “Tots els meus amics es diuen Cayetano. Ara voten per Vox, abans per Ciutadans”. Com Mazón, de Ciutadans a Vox, segons ha bufat el vent, però sempre amb un càrrec en el PP on agafar-se.

Caça de bruixes contra diputats i senadors alacantins que no adulen Mazón

Mentre el PP valencià intenta tancar els pressupostos amb Vox amb retallades salvatges en cultura, benestar social i el lliurament de milers d’euros a mitjans afins i al sector del bou, els afins a Mazón estrenyen les files i persegueixen els dissidents. La idea és aguantar i donar la imatge que tot el partit està amb el seu líder, malgrat el desgast polític per les seues mentides en la DANA i la pressió de les enquestes i els mitjans conservadors com ABC, La Razón o Onda Cero.

La secretària general del Grup Parlamentari del PP en el Congrés i diputada per Alacant, Macarena Montesinos, zaplanista i un dels pocs suports que li queden a Mazón a Madrid, s’ha convertit en l’assot dels diputats i els senadors del PP alacantí crítics amb Mazón. Montesinos supervisa les publicacions en X dels seus correligionaris sobre el president de la Generalitat i la seua gestió de la DANA i marmola i pressiona els que arrosseguen els peus per a mostrar adhesió o directament no tuiten res. Com els senadors Gerardo Camps, Eva Ortiz i Agustín Almodóvar, o el diputat César Sánchez, que obvien el president del PP de la Comunitat Valenciana en les seues xarxes socials i estan ja en el punt de mira de la seua cap en el Congrés. Roma no paga traïdors. I Feijóo tampoc els protegeix.

El PP valencià està en ebullició i el seu aparell mediàtic està reconfigurant-se, malgrat la milionada que Mazón es gasta en publicitat institucional. La quantitat de mitjans de Madrid que han abandonat el president, llevat d’alguns que continuen clavant veritables cotnades a la Generalitat en publicitat institucional. A València, Mazón continua mantenint aliats, que també van traient el seu profit públic. En elDiario.es hem intentat conéixer quants van ser els diners que Presidència va dedicar a la propaganda, però se’ns ha denegat la informació. Asseguren que la faran pública el 31 de desembre d’enguany. Els números del 2024 i el 2025 poden ser un escàndol. Mitjans sense periodistes a la Comunitat Valenciana entre els que reben centenars de milers d’euros.

En elDiario.es continuarem fins al final i acabarem sabent i explicant com reparteix Mazón els diners. Perquè són diners públics i cada euro s’ha d’atorgar amb criteris objectius, transparents i perquè la informació que es transmet arribe a la major part de la societat valenciana. No fer-ho així, com marca la Media Freedom Act europea, que és des del 2024 llei espanyola, és il·legal.

Mentre l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) contractava una empresa propietat d’un exconseller d’Eduardo Zaplana, un organisme públic de l’Ajuntament de València –el Palau de Congressos– vetava la mateixa firma en un una adjudicació estimada en 180.000 euros. I ho feia, segons un informe jurídic consultat per elDdiario.es, per no tindre el certificat de qualitat de mesures antifrau, que era un dels requisits de solvència tècnica que imposaven els plecs de contractació. 

El contracte del Palau de Congressos per al servei d’assessorament comptable i fiscal, tramitació laboral i d’externalització de la gestió administrativa es va declarar desert, “i va quedar sense efecte”. El representant legal de l’empresa Dula Auditores va reconéixer que estava “en procés d’implementació del certificat de qualitat (...) de mesures antifrau” i va estimar un termini “que no hauria de superar sis mesos” per a obtindre’l, segons indica l’informe del 31 de gener passat. 

Es tracta d’una empresa propietat de l’exconseller popular Carlos González Cepeda, que va dirigir el departament autonòmic de Justícia amb Eduardo Zaplana de president de la Generalitat. En la firma, segons les dades que consten en el Registre Mercantil, figura com a administrador solidari el fill de Diego Such, també exconseller de Zaplana. 

El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Eduardo Beut, nomenat pel PP i Vox, va adjudicar a l’empresa tres contractes d’auditoria operativa de les àrees més sensibles en l’etapa anterior, dirigida per Joan Llinares. Dula Auditores va obtindre la millor puntuació en els quatre lots a què es va presentar. Finalment va renunciar a un dels lots i va resultar adjudicatària de l’auditoria de la Direcció d’Anàlisi i Investigació; la Direcció Adjunta i d’Assumptes Jurídics; les bústies i els procediments del Comité d’Ètica i la Unitat de Resolució de Conflictes, i l’àrea d’Administració. 

L’adjudicació dels tres lots, per procediment obert, sumava un import global de 33.800 euros.

L’empresa nega que estiga “vinculada a la política”

Els plecs de la licitació de l’AVA no incloïen el requisit del certificat de qualitat de mesures antifrau. Eduardo Such, administrador solidari de la societat, defensa que l’empresa no està “vinculada a la política”. De fet, assegura que el seu soci “ja fa temps que està lluny de l’activitat” política. 

“Hem contractat amb totes les administracions i de tots els partits polítics”, afig Such.

Mientras la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) contrataba a una empresa propiedad de un exconseller de Eduardo Zaplana, un organismo público del Ayuntamiento de València —el Palacio de Congresos— vetaba a la misma firma en una adjudicación estimada en 180.000 euros. Y lo hacía, según un informe jurídico consultado por elDiario.es, por no contar con el certificado de calidad de medidas antifraude, que era uno de los requisitos de solvencia técnica que imponían los pliegos de contratación.

El contrato del Palacio de Congresos para el servicio de asesoramiento contable y fiscal, tramitación laboral y de externalización de la gestión administrativa fue declarado desierto, “quedando el mismo sin efecto”. El representante legal de la empresa Dula Auditores reconoció que se encontraba “en proceso de implementación del certificado de calidad (...) de medidas antifraude” y estimó un plazo “que no debería superar los seis meses” para obtenerlo, según indica el informe del pasado 31 de enero.

Se trata de una empresa propiedad del exconseller popular Carlos González Cepeda, que dirigió el departamento autonómico de Justicia con Eduardo Zaplana de presidente de la Generalitat. En la firma, según los datos que constan en el Registro Mercantil, figura como administrador solidario el hijo de Diego Such, también exconseller de Zaplana.

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, nombrado por PP y Vox, adjudicó a la empresa tres contratos de auditoría operativa de las áreas más sensibles en la etapa anterior, dirigida por Joan Llinares. Dula Auditores obtuvo la mejor puntuación en los cuatro lotes a los que se presentó. Finalmente renunció a uno de los lotes y resultó adjudicataria de la auditoría de la dirección de Análisis e Investigación; la dirección adjunta y de Asuntos Jurídicos; los buzones y los procedimientos del Comité de Ética y la Unidad de Resolución de Conflictos, y el área de Administración.  

La adjudicación de los tres lotes, por procedimiento abierto, sumaba un importe global de 33.800 euros.

La empresa niega que esté “vinculada a la política”

Los pliegos de la licitación de la AVA no incluían el requisito del certificado de calidad de medidas antifraude. Eduardo Such, administrador solidario de la sociedad, defiende que la empresa no está “vinculada a la política”. De hecho, asegura que su socio “lleva tiempo lejos de la actividad” política.

“Hemos contratado con todas las administraciones y de todos los partidos políticos”, agrega Such.