Claves del juicio al “grupo criminal” del 'molt honorable' Eduardo Zaplana

La condena a Eduardo Zaplana llega tras un larguísimo periplo judicial. Por la sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de València desfilaron una pintoresca galería de personajes, entre acusados y testigos del juicio a la presunta organización criminal liderada por el exministro del PP. La sobrina del espía Paco Paesa, el peluquero de José María Aznar, el fisioterapeuta de Zaplana, un penalista que veraneaba en Corea del Norte, un discreto y 'Molt Honorable' José Luis Olivas, el empresario y expresidente del PP de Benidorm 'Paco Gasofa', el periodista radiofónico Luis Herrero, el dúo formado por el excomisario Villarejo y el 'yonqui del dinero' e incluso Joaquín Torres, el televisivo arquitecto de los famosos. Las comparecencias propiciaron multitud de escenas tragicómicas y, por momentos, cierta hilaridad en el tribunal, a modo de potente anecdotario para todos los operadores jurídicos presentes en la sala.

Sólo faltó el fugaz testigo Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional. Su antiguo despacho —Estudios Jurídicos y Procesales SL— fue uno de los bufetes españoles que llegó a un acuerdo con el fiduciario uruguayo Fernando Belhot, experto en tinglados 'offshore' en paraísos fiscales, para captar clientes españoles en materia de “servicios de constitución de sociedades” o “asesoramiento en Latinoamérica”. Lo propuso como testigo el letrado de Francisco Grau (asesor fiscal de Zaplana), pero a mitad juicio desistieron. Quien tampoco declaró —nadie lo propuso— fue Lluís Majó, excanterano del Barça reconvertido en gestor de la banca andorrana, a pesar de que su nombre se repitió sin parar durante la vista oral.

Una vez amarrado el testimonio incriminatorio de Fernando Belhot y de Beatriz García Paesa durante la fase de instrucción, el fiscal Pablo Ponce se plantó al inicio del juicio con cuatro arrepentidos de primer nivel que confesaron los hechos. Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, desveló las tensas semanas anteriores al juicio. El acusado relató durante el turno de última palabra la visita a su antiguo jefe, al que le unía una amistad de “46 años”, para anunciarle que iba a confesar los hechos y para animarle a seguir el mismo camino. “No voy a citar literalmente su contestación”, dijo en el tono educado que le caracteriza Juan Francisco García ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, presidido por Pedro Castellano y completado por las magistradas Isabel Sifre y Cristina Badenes, esta última designada como ponente de la sentencia.

Los dos bandos acabaron “a navajazos”, según la expresión del biógrafo no autorizado de Eduardo Zaplana, el periodista Francesc Arabí. Las confesiones clarificaron los hechos: se trataba de una presunta trama corrupta en la que la firma Sedesa, de la familia político-empresarial de los Cotino, pagó mordidas en Luxemburgo que Zaplana cobró mediante un testaferro, su amigo de la infancia Joaquín Barceló 'Pachano'.

Los dos empresarios le echaron la culpa a su tío, el fallecido ex director general de la Policía, Juan Cotino. El pacto con el fiscal de los hermanos Vicente y José Cotino incluye el pago de multas de 4,6 millones de euros, una cifra sensiblemente superior a la sanción de 109.500 euros que pagó el primero, en el marco del 'caso Gurtel', por financiar ilegalmente al PP.

La confesión de Pachano fue especialmente dura para la defensa de Zaplana, por motivos jurídicos y personales. “Pachanito”, como lo llamaba afectuosamente el exministro en las escuchas policiales que figuran en el sumario, lo cantó todo con pelos y señales. La UCO también contaba con un precioso documento intervenido al contable: la “cuenta de la vieja” de la presunta red corrupta (el nombre literal del archivo informático con todos los detalles de las operaciones, saldos e inversiones).

El exministro, por su parte, declaró que todos los bienes sospechosos eran de su amigo de la infancia mientras que el fiscalista Paco Grau adujo que Pachano representaba a los Cotino en una serie de inversiones en la provincia de Alicante de los empresarios, veteranos de las adjudicaciones de los gobiernos del PP.

Todos los bienes de la presunta trama —los fondos que viajaron entre Luxemburgo, Andorra y Panamá, el piso en el barrio de Salamanca de Madrid, los dos áticos en el puerto deportivo de Altea y las parcelas en primera línea de La Vila Joiosa— eran del modesto Pachano, según dijeron al unísono Zaplana y Grau. El exministro popular también afirmó que, aunque pueda parecer descabellado, simplemente se dedicaba a hacer “miles de favores” a sus amigos. El fiscal ironizó en la exposición de su informe de conclusiones con la supuesta condición de “filántropo” argüida por Eduardo Zaplana.

La vista oral también ha reflejado el alto nivel de vida de Zaplana, un político que en 1990 ya se refería en las famosas escuchas telefónicas del 'caso Naseiro' a su imperiosa necesidad de hacerse rico. Además de los yates, los vuelos internacionales y el dinero en efectivo, salieron a la superficie en la audiencia pública dos televisores Bang & Olufsen valorados en 20.000 euros y un reloj del mismo precio que, según Pachano, acabó en la muñeca de Ignacio González.

Zaplana no era precisamente “pobre”

El exministro del PP no era precisamente “pobre”, según destacó el fiscal Pablo Ponce. De hecho, cobraba 700.000 euros anuales en Telefónica, la empresa del Ibex 35 que lo fichó a iniciativa de César Alierta cuando abandonó la política activa y que lo largó —de mutuo acuerdo— tras su detención y encarcelamiento en prisión preventiva en 2018.

Los investigadores consiguieron levantar a Zaplana un supuesto botín individualizado de 15 millones de euros, según la suma de la instructora de la causa, la magistrada Isabel Rodríguez Guerola. Anticorrupción elevó la 'cifra de negocio' total de la trama hasta los 20,6 millones de euros.

El Ministerio Público cuenta con la poderosa baza de las confesiones de cuatro de los acusados y de las declaraciones —incriminatorias, en mayor o menor medida— de los fiduciarios 'offshore' Beatriz García Paesa y Fernando Belhot, ambos implicados en otros casos de corrupción. En la recámara del fiscal Pablo Ponce también figura la “extraordinaria” investigación policial de la “moderna” unidad de élite del instituto armado.

Por el contrario, la defensa de Zaplana, que ejerce el exfiscal anticorrupción Daniel Campos, atacó repetidamente el origen de las pesquisas, comandadas por una policía judicial de la que dijo, poco menos, que actuó con el exministro del PP como la Brigada Político Social franquista pero sin torturas en comisaría. Campos cuestiona de plano el hallazgo casual de la prueba primigenia: los denominados 'papeles del sirio', en referencia a la documentación que el empresario Imad Al Naddaf se encontró en una vivienda de la plaza de la Legión Española de València que había pertenecido a Zaplana y que, según su versión, entregó a un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción: Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'.

La UCO se topó con la documentación en el registro del despacho del primer abogado del 'yonqui del dinero', ordenado por el juez instructor del 'caso Taula'. El cuestionamiento de aquella actuación policial por parte de las defensas del 'caso Erial' contrasta con la declaración del letrado Ramir Blasco, propietario del despacho que certificó la corrección de la entrada y registro.

La documentación clave, “apócrifa”

La sentencia de la pieza separada D del 'caso Taula' también avaló el auto que ordenó el registro (“No hay nada que objetar”, afirmaba) y destacó que no se trataba “ni mucho menos” de una investigación prospectiva. Fue, en definitiva, una medida “proporcionada, necesaria e idónea”, según el fallo.

A su vez, la sección quinta de la Audiencia Provincial de València tumbó durante la instrucción de la causa los recursos de la defensa de Zaplana y el tribunal que juzga al expresidente autonómico descartó inicialmente, en la fase de cuestiones previas, la anulación de las pruebas clave. Sin embargo, durante el juicio hubo un momento fugaz que no pasó desapercibido para nadie. El presidente del tribunal, el magistrado conservador Pedro Castellano, le espetó a uno de los peritos de la UCO que los 'papeles del sirio' eran un documento “apócrifo”.

La expresión designa algo “falso o fingido” o “de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución”, según el Diccionario de la Real Academia Española. Por su parte, el Diccionario panhispánico del español jurídico sólo aporta una acepción, “dicho de un texto: que no es obra de la persona a quien se atribuye la autoría”. El concepto de apocrifidad será, previsiblemente, una de las muchas claves de la sentencia.

En otro momento revelador del durísimo informe de conclusiones del Ministerio Público, el fiscal Pablo Ponce aseguró que los fondos atribuidos a Zaplana eran “dinero negro” y no “sucio”; una alusión directa al polémico auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València —la misma que juzga al exministro del PP— que tumbó el procesamiento de medio centenar de asesores y ediles de Rita Barberá en la pieza separada A del 'caso Taula' (con un contundente voto particular de la magistrada Clara Bayarri). El magistrado Pedro Castellano tomó nota.

El letrado Daniel Campos también dejó clara su estrategia: tumbar la “piedra angular” de la acusación. Es decir, el presunto delito de cohecho. “Si no hay cohecho no hay blanqueo, si no hay blanqueo no hay ningún grupo criminal”, dijo en una de las sesiones más tensas del juicio, en plena guerra abierta entre los dos bandos de las defensas.

Las cloacas del 'caso Erial'

Más allá del trasfondo técnico de la estrategia jurídica de Eduardo Zaplana, su defensa también ha sacado a escena la teoría de la conspiración del 'caso Erial' con la declaración del excomisario José Manuel Villarejo, que aludió a un supuesto complot contra el expolítico del PP.

En el Congreso de los Diputados dijo que el supuesto complot fue obra del PSOE y en el juicio oral la conspiración corrió a cargo del PP en el contexto de las guerras internas del partido. El fiscal anticorrupción ni siquiera formuló preguntas al testigo, que inició su carrera en la Brigada Político Social a las órdenes del comisario Roberto Conesa y que ha acabado siendo el máximo exponente de las cloacas del Estado español.

Villarejo ha transitado en el subsuelo del 'caso Erial' desde el principio. Cuando Zaplana fue detenido por la UCO el 22 de mayo de 2018 su maletín contenía, tal como informó elDiario.es, una anotación manuscrita referida a la mercantil panameña Merson Overseas SA y un número de cuenta asociado de la Union Bancaire Privée (UBP) de Suiza, propiedad del empresario Adrián de la Joya, histórico aliado del excomisario. Por otro lado, el exministro sospechaba que podría aparecer en la fonoteca de Villarejo, según se desprende de su correspondencia desde la cárcel de Picassent.

La superficie de la causa

Si bien Eduardo Zaplana navegó en la cloaca que rodea al procedimiento, en la superficie de la causa la defensa del exministro quedó muy tocada con las confesiones y la ofensiva final del fiscal anticorrupción en su informe de conclusiones, casi cinco horas de ametrallamiento indiciario en un tono extremadamente severo.

Después, las defensas se enfrentaron en campo abierto. El penalista David González Wonham, antiguo militante del PP y letrado del exjefe de gabinete Juan Francisco García, le arreó a Zaplana donde más le duele cuestionando sin medias tintas su honorabilidad. En la sala se respiraba un aire de derrota mientras el fiscal Pablo Ponce observaba, impertérrito, el espectáculo.

La veintena de sesiones del juicio, algunas extenuantes, ha pintado un retrato de tintes costumbristas de la presunta trama corrupta. En las escuchas telefónicas, reproducidas en la sesión dedicada a la fase de la prueba documental, se oyó al 'molt honorable' expresidente de la Generalitat Valenciana hablando en un críptico lenguaje velado. La sala escuchó conversaciones, cuando menos, poco virtuosas para todo un exministro.

En los últimos minutos del juicio, los apoderados de cada bando protagonizaron la escaramuza final y, en el turno de última palabra, Eduardo Zaplana reivindicó su trayectoria en la vida política, una “actividad digna donde las haya”. Se trata, quizá, de su última gran aparición en un acto público.