Anticorrupción pide cinco años de prisión y nueve de inhabilitación para el ex 'número dos' de Rus en el primer juicio del 'caso Taula'

El ex alcalde de Montcada, Juan José Medina (izquierda), junto al ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.

Cinco años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta. Es la pena que solicita la Fiscalía Anticorrupción para Juan José Medina, ex vicepresidente de la Diputación de València, en concepto de colaborador necesario por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Medina se sentará en el banquillo de los acusados del primer juicio oral del caso Taula por la pieza J sobre la presunta financiación de tres campañas electorales de los 'populares' valencianos con fondos desviados de una empresa pública de la institución provincial.

La firma Thematica Events, de la que Marcos Benavent (autodenominado 'yonki del dinero') era propietario en secreto, abonó 47.829 euros para sufragar la campaña municipal del 2007 de Juan José Medina y del actual diputado del PP en el Congreso Vicente Betoret, que no fue investigado en la causa al estar prescritos los hechos en su caso. El Ministerio Público considera que "a través de Imelsa se abonaron gastos electorales al Partido Popular con fondos públicos que salían de la empresa, omitiendo cualquier información de dichos gastos al Tribunal de Cuentas".

La jueza dictó la semana pasada el auto de apertura del juicio oral del macrocaso de corrupción, tras más de cinco años de instrucción. En el escrito no figuraban, debido a un error del juzgado, las peticiones de penas para la mayoría de los acusados, que se han conocido este lunes. El fiscal Pablo Ponce también pide para Benavent, que ha colaborado desde el principio de la instrucción en el esclarecimiento de los hechos, una pena de ocho años y tres meses de prisión por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales, además de inhabilitación absoluta durante seis años.

El Ministerio Fiscal solicita para José Enrique Montblanch, exdirector económico financiero de Imelsa (la empresa pública de la que era gerente Benavent), seis años de prisión e inhabilitación como autor material y directo del presunto delito de falsedad en documento mercantil. Rafael García Barat, socio de Benavent en Thematica Events, se enfrenta a una petición de pena de siete años de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil. 

Para José Estalrich, presunto testaferro del 'yonki del dinero', Anticorrupción pide cuatro años y un mes por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. El fiscal, eso sí, precisa que en el caso de Benavent y Estalrich concurre la circunstancia atenuante de confesión. El otro presunto testaferro de Benavent, Jaime José Úbeda Merino, se enfrenta a una petición de cinco años de prisión y diez de inhabilitación por blanqueo, falsedad en documento mercantil y malversación.

Las dos funcionarias procesadas también se enfrentan a severas peticiones de pena por parte de Anticorrupción. Así, el fiscal pide para Francisca Tamarit siete años de prisión y seis de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad y cohecho. La funcionaria Maria Albors se enfrenta a una petición de seis años de prisión e inhabilitación durante el mismo periodo. 

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal Pablo Ponce pide para Medina, Benavent y su socio una indemnización a Divalterra (actual denominación de Imelsa) de 41.819 euros, la cifra de los gastos abonados indebidamente para las campañas electorales del PP, partido al que se le adjudica también la responsabilidad civil subsidiaria. El escrito de Anticorrupción también solicita para el 'yonki del dinero' y sus dos presuntos testaferros una indemnización a la empresa pública de 171.318 euros. El fiscal también pide el decomiso de varios bienes inmobiliarios adquiridos por Benavent con los fondos públicos presuntamente desviados, de los 40.000 euros de una venta de propiedades por parte de una de las empresas instrumentales y de 141.832 por otra venta.

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15 de febrero de 2021 - 22:15 h

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