El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por el PSOE contra la forma de tramitación de la Ley de Telemadrid, que se reformó en 2021 por el procedimiento de lectura única (sin enmiendas y sin debate parlamentario). La sentencia anula los acuerdos de la Mesa y el Pleno de la Asamblea de Madrid que propusieron al Pleno que acordase esa vía de tramitación y reconoce que se vulneró el derecho fundamental de los diputados recurrentes. 

La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías, alineados en el bloque conservador. 

El junio de 2022, el entonces secretario general del PSOE-M y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, informó de que los socialistas habían registrado un recurso a la reforma de la Ley de Telemadrid al tramitarse de “forma absolutamente opaca”. “Pretenden controlar de forma absolutista Telemadrid y ponerla al servicio de la presidenta [Isabel Díaz Ayuso]”, alegó Lobato. 

El recurso cuestionaba el procedimiento parlamentario, no el contenido de la norma. En consecuencia, la sentencia no entra a valorar el contenido de la reforma ni cambia automáticamente la estructura actual de Telemadrid. Tampoco hace ningún pronunciamiento sobre el Reglamento de la Cámara, que ya ha sido modificado por la propia Asamblea.

Esa reforma permitió al Gobierno de Ayuso designar al director general con mayoría simple en la Asamblea. Es algo que no permitía la anterior regulación aprobada por una amplia mayoría durante el Ejecutivo de Cristina Cifuentes, que obligaba a un entendimiento de gran parte de la Cámara regional, ya que esa designación debía ser refrendada por una mayoría de dos tercios.

Suena la canción 'Había una vez un circo' y aparece en pantalla un presentador con una careta de payaso. No es el inicio de un chiste de los ochenta, es un programa de debate político en la Telemadrid de Ayuso. El de la careta es Antonio Naranjo, tertuliano afín al PP madrileño desde tiempos inmemoriales y hoy conductor del programa El Análisis: Diario de la noche. Pedro Sánchez había reprochado ese día al Partido Popular que hubiesen convertido en un circo el Senado con sus comisiones de investigación y Naranjo se lo tomó al pie de la letra, con otra diatriba contra el presidente del Gobierno como las que lanza en el programa En Boca de Todos, en Cuatro, que presenta Nacho Abad. Podría decirse que durante el día Naranjo opina en la tele privada lo mucho que mejora la vida de los madrileños con Ayuso y lo malos que son los sociocomunistas y cuando cae la noche informa en la tele autonómica sobre lo mucho que mejora la vida de los madrileños con Ayuso y lo malos que son los sociocomunistas.

Se trata de uno de los programas más controvertidos de Telemadrid. Los analistas a los que invita oscilan entre la derecha y la derecha extrema porque, y eso lo dice su director, no atiende a cuotas, simplemente selecciona a “los mejores”. Esos “mejores” suelen llegar a Telemadrid de diarios como The Objective, Libertad Digital, El Debate o El Mundo.

Además, a finales de enero, se ha incorporado como refuerzo a la cadena Carlos Cuesta para liderar el nuevo espacio de actualidad Hablamos de Madrid. Cuesta es otro exponente de la TDT Party, director adjunto del grupo Libertad Digital que lidera Federico Jiménez Losantos y con tertulia en Es Radio. Esos nuevos espacios de actualidad, que proliferan por las parrillas de todos los canales, incluida TVE, complementan la oferta informativa de los Telenoticias, también bajo sospecha y con el mismo sesgo favorable a Ayuso y en contra de la izquierda en general. En los últimos meses Telemadrid, a través de sus servicios informativos, ha replicado noticias falsas difundidas por medios como The Objective en contra de la familia del presidente del Gobierno y ha minimizado hasta el extremo los escándalos que sacuden a la presidenta madrileña. El canal invierte cantidades millonarias en coberturas taurinas y programas sobre la Casa Real que apenas tienen seguimiento.

Cuesta, Naranjo y la panoplia de tertulianos siempre de derechas no cayeron en las sillas de los platós del canal autonómico tras un meteorito. Antes se produjo la toma de control del PP en la radiotelevisión autonómica, tras años de insólita pluralidad durante el mandato de Cristina Cifuentes, quien pactó con Ciudadanos una ley que obligó a que la dirección del ente se eligiese por consenso. El primer Gobierno de Ayuso convivió a duras penas con la dirección de Telemadrid que había tenido un respaldo mayoritario la legislatura anterior. Tan pronto como Ciudadanos desapareció de la ecuación y Vox lo sustituyó como socio, todo eso saltó por los aires. El primero, José Pablo López, un profesional reputado que el Gobierno de Cifuentes había seleccionado por concurso y que hoy es presidente de RTVE. Ayuso había sufrido en sus carnes los disgustos que le daban periodistas libres haciéndole preguntas en un canal que considera suyo. Así que tiró de un viejo conocido del PP para tenerlo todo bajo control.

Es en 2021 cuando entra en juego José Antonio Sánchez, otro miembro clave de la guardia de corps de la presidenta madrileña. Si Enrique Ossorio mantiene a raya a la Asamblea de Madrid, y Miguel Ángel Rodríguez ejerce de solucionador de problemas varios mientras engrasa las relaciones con los medios privados a través de la partida de publicidad, Sánchez (José Antonio) es su hombre en la tele autonómica.

El elegido no llegó de nuevas: acumula 20 años al frente de canales públicos siempre bajo encargo de dirigentes populares. Fue director general de RTVE entre 2002 y 2004, durante la mitad del último mandato de José María Aznar, entre las protestas de la oposición que puso el grito en el cielo por la cobertura de las grandes crisis que vivió aquel Gobierno: desde la catástrofe del Prestige, a la guerra de Iraq y sobre todo los atentados del 11 de marzo de 2004. Se le relevó tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a Moncloa, cuando cambió la ley de RTVE para hacerla más plural y la televisión y la radio vivieron la época de mayor independencia de la democracia.

Pero volvió a casa tras otro cambio legal en 2014 con Mariano Rajoy como presidente entre 2014 y 2018 que lo designó con los únicos votos de su partido. Durante esa etapa en que presidió los medios públicos, la oposición, los sindicatos y los consejos de informativos le reprochaban el sectarismo de TVE, él se jactaba de ser votante del PP.

En Telemadrid, Sánchez ya había sido director general en 2012 durante uno de los episodios más rocambolescos de la historia de la televisión madrileña. El entonces presentador y hoy eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, grabó su crónica sobre la huelga general convocada contra Rajoy, antes de que se produjese. En su locución, Tertsch daba por hecho el fracaso del paro y afirmaba que 24 horas después España seguía teniendo los mismos problemas. Cuando se conoció que había grabado la crónica antes del día de la huelga, Tertsch alegó que lo hizo para evitar que el “totalitarismo sindical” impidiese su emisión. Los sindicatos, la plataforma Salvemos Telemadrid y la oposición política denunciaron el escándalo como el summum de la manipulación de la cadena. José Antonio Sánchez no movió un dedo. No hubo dimisiones, tampoco se pidieron disculpas y Tertsch siguió presentado el Diario de la Noche.

La filosofía y el nombre de ese programa se mantienen una década después, ahora bajo la dirección de Naranjo. En ese formato, que se vende como informativo, ha intervenido varias veces como “especialista en cuidado de la piel” una empresaria con clínicas de belleza llamada Cristina Galniche, a la que Naranjo entrevista para comentar el aspecto físico de Pedro Sánchez y supuestas operaciones estéticas del presidente, que la entrevistada da por seguras. El día siguiente a la última entrevista a Pedro Sánchez en TVE, donde el presidente tuvo que responder a varias preguntas comprometidas formuladas por la directora del Telediario de la noche, Pepa Bueno, Naranjo decidió analizar la entrevista con la citada “especialista en el cuidado de la piel”. Ese día los espectadores de Telemadrid asistieron a diálogos como el que sigue.

Antonio Naranjo: “Yo es que le veo y me preocupo por él, yo conozco a Pedro Sánchez desde hace muchos años y pensaré políticamete lo que sea, pero, hombre, es un ser humano y yo lo que le veo es cada vez más enjuto, más demacrado, tiene unas marcas raras en la cara, parece que se cae el rostro. ¿Eso a qué obedece, qué se ha hecho en la cara el presidente?”.

Cristina Galniche. “Eso obedece a que la cara es el espejo del alma y aunque se ha hecho diferentes tratamientos, aun así se sigue viendo cómo tiene su rostro. Opino que ha puesto hilo y que el pómulo se lo ha trabajado con ácido hialurónico, que eso se hace con unas infiltraciones, pero no deja de manifestarse lo que lleva dentro, se manifiesta perfectamente”.

A continuación Naranjo dio paso a un psiquiatra forense para analizar, esto es literal, “el desgaste físico y la mirada de Pedro Sánchez”. El psiquiatra forense José Cabrera aseguró sobre el presidente del Gobierno en la tele pública madrileña: “Él cómo persona en la vida no tiene ningún diagnóstico, él como persona para un psiquiatra no tiene ningún interés, es un mediocre no ha hecho nada en la vida interesante, lo único que lleva varios años de presidente del Gobierno de un país y ahí anda con sus zancandileos. Pero no es una persona de la que podamos decir 'es que tiene una iluminación especial y por lo tanto por ahí y por allá', ni es un psicópata, la gente dice 'es un psicópata, no tiene sentimientos'. ¿Cómo no va a tener sentimientos? Si está enamorado de su mujer, lo ha dicho por escrito, la coge de la mano y no creo que eso sea un escenario. No hay un diagnóstico psiquiátrico, no insistamos, lo único que hay es un hombre que tiene una resistencia interior, que quiere un sillón donde estar sentado y para eso es capaz de todo, de pactar con la gente que odia a España, de repartir dinero a las comunidades autónomas, de hacer el pino con la nariz. En eso es hábil, es un hombre extremadamente hábil del que se puede aprender muchas habilidades sociales”.

No se trata de episodios aislados, es la norma en Telemadrid. Mientras el Partido Popular pone en la diana a Televisión Española por los nuevos espacios de infoentretemiento externalizados a través de productoras privadas y que también ha criticado el Consejo de Informativos, en Telemadrid los populares campan a sus anchas tras haber cambiado la ley para imponer a la dirección y sin ningún contrapeso profesional, como los que sí tiene TVE.

José Antonio Sánchez y su equipo han puesto la parrilla al servicio de Ayuso, desde los informativos, a los programas, pasando por las retransmisiones especiales, como los toros. Para pasmo de muchos profesionales de la cadena, Telemadrid también decidió cortar la programación para retransmitir en directo la boda del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. No solo eso, se emitieron avances informativos sobre el enlace.

A la presidenta de Madrid, directamente se le coloca la alfombra, como sucedió durante un encuentro supuestamente casual del reportero José Antonio Masegosa a la llegada de la presidenta al desfile militar del 12 de octubre, plagado de preguntas orientadas para atacar a Pedro Sánchez; o el tratamiento informativo que se le da a sus giras internacionales, que llegó a su cénit durante la cobertura de su viaje a Nueva York.

Todo lo contrario a lo que sucede en el tratamiento informativo del Gobierno central. Sánchez fue víctima de un vídeo manipulado, que se emitió con su voz distorsionada en el Telenoticias y que, tras las críticas, desde el informativo achacaron a un “error técnico involuntario”. Fuera de los servicios informativos, el presidente también se ha convertido en la diana de los tertulianos, que no escatiman ataques: Mariló Montero ha llegado a decir de él que “ha secuestrado España” y que “estamos camino de la dictadura”. Vicente Gil, ex presentador de informativos y actual tertuliano, le llamó directamente “rata miserable” en Buenos días, Madrid.

Los argumentarios del PP se trasladan directamente a las escaletas de los informativos y así se trata la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador, como parte de una campaña para tapar 'el caso Koldo'. En los Telenoticias nunca se llegó a emitir el “hijo de puta” que Ayuso profirió contra Pedro en la tribuna del Congreso, pero se acusó al presidente del Gobierno de “ensañarse especialmente” con ella durante ese debate. Los servicios informativos difundieron un titular falso sobre Mónica García y Hamás por el que tuvieron que pedir disculpas. Y a la diputada trans Carla Antonelli se la rotuló en masculino. De la mujer de Pedro Sánchez contaron en la apertura de un informativo que había recibido una subvención del Gobierno para un negocio de hostelería. Era otra Begoña Gómez que vivía en Cantabria. La fuente de la exclusiva era The Objective. La cadena pública madrileña se ha lanzado también contra RTVE por su comentado mensaje sobre la paz durante la retransmisión del último festival de Eurovisión.

En los espacios no informativos también es habitual que el canal se alinee con las guerras culturales de la presidenta madrileña. Ya en 2022, la cadena abandonó la emisión íntegra de la manifestación del Orgullo LGTBI por primera vez en ocho años para centrarse en un maratón taurino. En 2025, Telemadrid duplicó su presupuesto destinado a los toros y anunció movimientos de programación llamativos para reemitir corridas como la del 12 de octubre. Ahí en los toros confluyen los gustos de Ayuso y del propio Sánchez, taurino reconocido que ya durante su etapa al frente de Televisión Española motivó algunos desencuentros con los periodistas. En los pasillos todavía se recuerdan sus quejas airadas tras una pieza en un telediario sobre cogidas a toreros que él criticó por su falta de épica y porque la locución advertía que el toreo era una práctica controvertida.

“Tres millones para toros, 2,5 millones para la productora de Ana Rosa Quintana, han convertido Telemadrid en el cajero automático de sus amiguetes”, clamó en uno de sus últimos plenos el diputado socialista Horacio Díez Contreras, mientras el Gobierno de Ayuso en las réplicas atacaba a TVE.

Cuando Más Madrid preguntó en la Asamblea a Sánchez si estaba conforme con la inversión en el programa monográfico semanal sobre la Casa Real, dijo que solo a medias, que en realidad él preferiría un mayor seguimiento. Y a continuación se puso a glosar la cantidad de funciones que la Constitución asigna a la monarquía, ante el asombro de los diputados.

Sus comparecencias parlamentarias las despeja con todo tipo de displicencias a la oposición cuando enfila su quinto año como guardián de Telemadrid. Aterrizó en 2021, tres años después de salir de RTVE, para tomar el relevo de José Pablo López —actual presidente de RTVE—, y de una etapa en la que el PP no tenía mayoría absoluta y Cristina Cifuentes se vio obligada a pactar con Ciudadanos para regenerar la televisión pública, que recuperó cierta credibilidad tras una década con la imagen por los suelos.

La primera decisión de Sánchez tras su toma de posesión fue fulminar al completo a la cúpula de Telemadrid (y Onda Madrid), entre ellos al director de Informativos de la cadena Jon Ariztimuño y a su adjunto Jaime García Treceño, al director de Contenidos Paco Díaz Ujados, y al director de Comunicación Daniel Forcada. Desdibujó así el organigrama que impulsó el cambio en la pública madrileña y que recuperó la confianza de los espectadores.

Desde entonces, y a pesar de la inyección económica que el Ejecutivo de Ayuso ejecutó en 2024, aportando 2,5 millones en publicidad institucional para sanear las cuentas y salvar a su presidente, Telemadrid ha vuelto a desandar el camino de su época anterior en reputación y audiencias y se mantuvo el año pasado en un 5,1% de media, lo que lleva a la oposición a repetir en la Asamblea regional que los madrileños cuando quieren informarse acuden a TVE.

Cronología de sus idas y venidas entre RTVE y Telemadrid

Esta es la segunda era de José Antonio Sánchez en Telemadrid. La anterior vez lo reclutó Esperanza Aguirre para hacerlo director general del ente público entre julio de 2011 y octubre de 2014. La manipulación informativa alcanzó entonces niveles escandalosos hasta el punto de que la cadena fue rebautizada coloquialmente como TeleEspe. Durante su mandato, Sánchez privatizó el funcionamiento del canal, impulsó un ERE en el que despidió a más de 800 trabajadores, la audiencia se desplomó a mínimos históricos, acumuló pérdidas de cientos de millones de euros e hizo que los ciudadanos perdieran la confianza en sus informaciones. Sánchez fue imputado por vulnerar la ley laboral y la normativa de contratación y él mismo se declaró a favor de cerrar la cadena. La mitad de los espectadores desconectaron durante aquellos años de la televisión autonómica que pasó de tener una audiencia anual del 8% en 2010 al 4,2% solo cuatro más tarde.

Pese a su cuestionable gestión, José Antonio Sánchez emprendió ahí el camino de vuelta a la dirección Radio Televisión Española. Entonces fue como presidente de la Corporación RTVE después de que Leopoldo González-Echenique presentara su dimisión. Ocurrió durante los últimos años de Rajoy en La Moncloa, y su nombramiento tampoco se libró de polémicas: no fue bien acogido por ningún grupo parlamentario salvo por el PP, que había impuesto su nombramiento, que precisó de tres plenos —dos de ellos extraordinarios—.

Comenzaba entonces en TVE otra era repleta de protestas tanto por su gestión como por sus intervenciones en las comisiones de control del Congreso. Una de las más recordadas la protagonizó cuando se le vinculó con los papeles de Bárcenas como perceptor de un millón de pesetas (6.000 euros) por dos supuestos pagos del PP en 1994 y 1995. Podemos se lo afeó en el Congreso y Sánchez respondió así: “Yo no estoy ni en los papeles de Irán, ahí donde se cuelga en grúas a los homosexuales o se mata a pedradas a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle como en Caracas... Yo estoy en los papeles de Bárcenas, en los papeles manchados de sangre nunca estaré”, expresó.

Pese a semejante declaración, mantuvo su trono en la televisión pública. En otras de sus singulares comparecencias como presidente de RTVE también predicó abiertamente su sentido de voto: “Voto al PP y seguiré votando al PP. A quién no he votado nunca ni voy a votar en mi vida es a Izquierda Unida”, afirmó en junio de 2015 durante otra comparecencia en el Congreso.

En Televisión Española los viejos del lugar recuerdan su intento de montar una redacción paralela al servicio del Partido Popular. Bajo su etapa se produjo uno de los episodios más escandalosos del ente público con la comparecencia del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Audiencia Nacional como testigo en el caso Gürtel en septiembre de 2017. “Todas las demás cadenas estaban retransmitiéndola en directo y nosotros estábamos con un programa de cocina sobre croquetas”, recuerda un veterano de la casa. Pero lo peor llegó cuando hubo que hacer la pieza para el telediario: una directiva exigió a la redactora que el enfoque de la noticia siguiera las tesis del PP y llegó a entregarle un argumentario con las siglas del partido.

Su ciclo en una televisión pública se había cerrado en 2018 con la caída de Mariano Rajoy tras la moción de censura. También entonces decidió dejar frases para la hemeroteca. Sus interlocutores recuerdan el tono chulesco de su despedida cuando quiso sacar pecho por su gestión en RTVE: “Por imperativo legal tengo que dejar la presidencia. Dejo una casa mejor de la que encontré”. No es el diagnóstico que hicieron los trabajadores, que mantuvieron fuertes encontronazos con su dirección, entre convocatorias de paros parciales y las protestas de la plataforma Viernes Negros. Estas son algunas de las frases que marcaron su mandato.

Durante su gestión los audímetros de TVE apenas se movieron. Su primer año confirmó la tendencia descendente que llevaba experimentando La 1 desde que perdió el liderazgo anual en 2012, con la toma de control por el PP. Sus datos interanuales se mantuvieron estables, y apenas se movieron medio punto hasta el 10,5% de cuota de pantalla en 2018, cuando salió por la puerta de atrás de TVE.

Desde hace cinco años vuelve a tener todo el poder en Telemadrid. Fue nombrado cuando ya había reconocido haber cobrado de los papeles de Bárcenas, tras una condena en la vía laboral, después de haberse confesado votante del PP y de haber apoyado el cierre del canal. Ese fue el perfil elegido por Ayuso para dirigir los medios públicos. Un lustro más tarde, José Antonio Sánchez y la presidenta madrileña siguen pilotando Telemadrid mientras miran de reojo al Tribunal Constitucional, que está estudiando un recurso de la oposición contra el cambio de la ley que permitió al PP asaltar de nuevo Telemadrid.

A las puertas del nuevo ciclo electoral que comenzará, si no hay sorpresas, el próximo año, los diferentes Gobiernos del Partido Popular en las autonomías tratan de blindar su control de los canales regionales con cambios de leyes, nombramientos a dedo y algunas purgas en las redacciones para garantizarse un tratamiento amable en esos medios públicos. Los últimos episodios se han sucedido en la Comunitat Valenciana y en Balears: los Ejecutivos del PP tratan de seguir los pasos de autonomías como Galicia y Madrid, donde los populares han configurado medios a su medida y desatado la indignación y las protestas de trabajadores, sindicatos y oposición, que claman contra la manipulación y el secuestro de las teles y radios autonómicas.

À Punt, desmantelada pieza a pieza

Acorralado por la gestión política y la investigación de los tribunales sobre la catástrofe de la DANA, el Gobierno de Carlos Mazón ha tardado casi dos años en retomar el control de la televisión pública valenciana À Punt. Primero, el Ejecutivo conservador tuvo que desmontar junto a Vox la madeja jurídica que los gobiernos de izquierdas montaron para reabrir el ente público en 2017, blindar a sus profesionales y que los órganos de dirección se eligieran por mayoría cualificada, después de que los populares cerrasen Canal 9 en 2013. Posteriormente, la mayoría de PP y Vox creó una nueva empresa para disolver las dos corporaciones que montó el Botànic y facilitar el cambio legislativo.

Desde este año, el consejo de administración de À Punt se elige ahora con mayoría simple, que a su vez selecciona al director general. Tras elegir las Corts al nuevo presidente con los votos de PP y Vox, Compromís y PSPV renunciaron a formar parte del Consejo de Administración de la televisión pública. Con los votos de la derecha y la extrema derecha se nombró a Francisco Aura para la dirección general.

Aura, que ya estuvo en Canal 9 en la peor etapa de manipulación del PP de Eduardo Zaplana, ha tardado semanas en eliminar los programas más críticos con la gestión del Gobierno de Carlos Mazón durante la DANA y en destituir al jefe de Informativos que lideró la televisión pública durante el 29 de octubre y los meses posteriores. Tras esta decisión, el número dos de los informativos de À Punt y el jefe de Política han dimitido de sus cargos esta semana.

En la nueva era de la televisión pública valenciana liderada por PP y Vox también se ha eliminado el Consejo de Informativos, que fiscalizaba el trabajo de los profesionales para evitar casos de manipulación informativa, y se ha cambiado el libro de estilo para poder emitir toros y más programación en castellano, en el único canal en valenciano que se puede ver en la Comunitat Valenciana.

La exhibición de poder del PP sobre la televisión pública llegó al punto de que el equipo de Mazón difundiese, como coartada sobre su larga comida en el restaurante El Ventorro durante las peores horas de la DANA, que el president en persona estaba ofreciendo ese día la dirección de la tele a la periodista Maribel Vilaplana. Una versión que algunas fuentes cercanas a la Generalitat consideran inverosímil pero que evidencia la concepción de los medios públicos que tiene el president valenciano.

IB3, el polvorín para el PP en Balears

También en Balears, la radiotelevisión pública se ha convertido en un polvorín para el PP. El Govern que preside Marga Prohens dio un giro de 180 grados en la gestión de IB3 hace poco más de un mes. En febrero se había marchado Albert Salas, un experiodista de la casa, y el Parlament nombró a Josep Codony para sustituirlo en la dirección general del ente público. Para el comité de empresa de la cadena se trata de un nombramiento “con tintes ideológicos” que llega en un momento clave. Esta primavera vuelven a producirse protestas para exigir unas mejoras laborales que se reclaman desde hace veinte años. IB3 empezó a emitir el 2 de mayo de 2005, concebida, teóricamente, como una empresa pública y, que funciona en la práctica, como una empresa privada. El de la radiotelevisión pública balear es un conflicto enquistado sin solución a la vista.

No fue un capricho rescatar del olvido a Codony, un ex militante del PP que también tuvo acta de concejal en Inca (Mallorca) y que no es periodista, lo cual ha sido criticado por la Asociación de Periodistas de Illes Balears (APIB). Los conservadores buscaban cultivar la simpatía de la ultraderecha para sacar adelante unos presupuestos que estaban –y están– sin aprobar. Vox, aunque defiende el cierre de una televisión y una radio que emiten toda su programación en catalán, votó a favor de Codony, un viejo gestor para la nueva era: ya había ocupado el mismo cargo hace una década en IB3, cuando la convulsa legislatura de José Ramón Bauzá, del PP. 

“Antes teníamos a un director neutro y ahora tenemos a otro muy alineado con el PP y que ya habíamos tenido de director. Este nombramiento llega por una alianza con Vox”, dice Jordi Julián. Así radiografía el presidente del comité el baile de cargos que ha habido en la radiotelevisión durante el último medio año. Salas –el director general “neutro”– anunció en diciembre que dejaría el cargo a principios de 2025. Cuando se conoció quien iba a ser su sustituto, también dimitieron la directora de Comunicación Corporativa, Marketing y Medios Digitales, Marisa Candia, la directora del área de Televisión, Mar Comín, y la gerente, Vanessa Cursach. Salas apenas llevaba dos años y se iba “agotado”.

Con un panorama algo más tranquilo que el de Mazón, el Ejecutivo de Prohens mueve todas estas fichas durante este valle electoral, sin comicios a la vista, pero con la mirada puesta en el ciclo que comenzará el año próximo, si no hay cambios en el calendario, en Andalucía.

Feijóo siembra, Rueda recoge

También en Galicia, donde el PP acumula 16 años continuados de férreo control sobre su tele y radio autonómicas, que han derivado en años de protestas de sus profesionales a través de los llamados Venres Negros, el Gobierno de Alfonso Rueda prepara nuevos cambios al frente de la Corporación de medios públicos.

Entre las primeras medidas que tomó Alberto Núñez Feijóo cuando llegó a la Xunta en 2009 con la bandera de la “regeneración” estuvo nombrar como director general de la CRTVG a Alfonso Sánchez Izquierdo, veterano periodista vinculado al grupo ourensano La Región que ya en los años de la Transición —cuando aún mantenía un perfil progresista— había sido procesado por hacer campaña por UCD en la jornada de reflexión. Lo hizo “por orden de su editor”, según explicó entonces, lo que dejó patente que para el elegido de Feijóo la obediencia a sus jefes era tan o más importante que cumplir con la legalidad.

Izquierdo llegó como un director de transición, ya que el PP había anunciado su intención de reformar la ley de medios públicos. Esa nueva norma llegó en 2011. Entre sus principales medidas, se acababan los dedazos, ya que era necesaria una mayoría cualificada para nombrar al máximo responsable de los medios públicos y se aprobaba la creación de dos órganos de control profesional: el consejo de informativos y el estatuto de redacción.

En 2015, tras cuatro años sin consenso para sustituir a Izquierdo, el PP de Feijóo introdujo por la puerta de atrás, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, una modificación que permitía perpetuar en el cargo a quien lo ejerciese si no había acuerdo para nombrar un sustituto. Empezó así la etapa más dura de la CRTVG, con los medios públicos convertidos “en órganos de propaganda del PP” según el movimiento Defende a Galega que acaba de cumplir su 'venres negro' número 365 (este viernes, con el 366, “celebran” siete años de movilizaciones) respaldado por condenas judiciales a la corporación por represaliar a trabajadores críticos.

En 2022, Feijóo dejó la Xunta para presidir el PP nacional e Izquierdo consideró que había llegado la hora de marchar. Su compromiso, decía en privado, era con el ya expresidente y no con su sucesor, Alfonso Rueda, al que no le quedó más remedio que buscar una salida para su relevo. La única fórmula que encontró fue otro cambio en la ley. Intentó justificarlo por la necesidad de hacer frente a los nuevos desafíos de la sociedad digital y de adaptarse al reglamento europeo —que, en realidad preconiza la independencia de los medios—, la norma permite elegir al director general con mayoría absoluta —si fallaban, claro, los dos intentos previos de hacerlo con mayoría cualificada mediante un pacto con la oposición—.

Pero los cambios legales en los medios gallegos no se quedan ahí: desaparecen el Consello de Informativos y el estatuto de redacción que, en 15 años, la CRTVG nunca había llegado a crear. Estos órganos fueron sustituidos por un Consello Asesor en el que el PP puede controlar la práctica totalidad de los nombramientos. Además, por primera vez, se abría la puerta a utilizar otros idiomas distintos al gallego en las emisiones al exterior de la comunidad. La ley encontró una enorme contestación: la oposición, los sindicatos, el Colexio de Xornalistas, la Mesa del Audiovisual —de la que acabarían por descolgarse las grandes empresas reunidas en el Cluster—y un conjunto de 40 entidades que presentaron su propia Iniciativa Legislativa Popular para “Liberar a Galega”.

Aprobada la ley en solitario, se abrió el proceso para elegir al director general. El PP no quiso hablar de nombres hasta que se agotó el plazo para presentar candidatura. Su propuesta, minutos antes de la hora límite, cayó como una auténtica bomba: Concha Pombo, responsable de informativos durante los siete años anteriores y que tuvo sus primeras responsabilidades como jefa de prensa de un consejero de Fraga.

Tanto dentro de la casa como en el exterior, los críticos señalan a Pombo como la máxima responsable de la manipulación y del régimen de censura que denuncian insistentemente. La oposición habló de la opción “más radical posible”. El Parlamento —es decir, la mayoría absoluta popular— ya ha aprobado su candidatura y todo indica que su nombramiento al frente de la CSAG, que es como se ha rebautizado la corporación desde la nueva ley, se hará efectivo antes del verano.

Las purgas de Ayuso en Telemadrid

Pero tal vez el territorio donde los conservadores han desplegado su agenda con mayor contundencia sea en Madrid, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, culminó a finales de 2024 el camino que había iniciado en 2021, con su primera mayoría absoluta, para controlar la televisión y despojarla de la independencia que le había dotado su predecesora en el cargo, Cristina Cifuentes y su gobierno de coalición con Ciudadanos.

En el caso de Telemadrid, la primera medida de Ayuso tras el adelanto electoral que supuso la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, hasta entonces su socio de Gobierno, fue una ley para cargarse a la anterior dirección (elegida por consenso) y hacerse con el control del ente público tras dos años de quejas sobre la independencia de la cadena regional, una purga declarada recientemente ilegal por el Tribunal Supremo. Un año después, de nuevo con la connivencia de Vox, la dirigente del PP sacó adelante otra ley para poder nombrar por mayoría simple de la Asamblea al director general, que hasta entonces requería una mayoría reforzada.

Y con la ley de finales de 2024, Ayuso dio una nueva vuelta de tuerca para que el control fuera absoluto y dejar bajo mínimos la capacidad de fiscalización de la oposición. El consejo de administración pasó de cinco a siete consejeros y el PP tiene cuatro, lo que le otorga mayoría absoluta también en el ente público. De esta forma, la ley cambió el sistema de elección de la figura del director general “para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo” y estableció que sea “la Junta General de Accionistas de Radio Televisión Madrid a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad” quien lo nombre.

Es decir, que solo fue necesaria la nueva mayoría del PP para escoger como director a José Antonio Sánchez, un votante confeso del Partido Popular, que en 2015 se encargó de recordarlo durante una comisión en el Parlamento: “Voto al PP y seguiré votando al PP” fue su respuesta cuando se le reprochó que hubiera cobrado en calidad de asesor del Partido Popular cuando ejercía como periodista.

Semejante adscripción partidista se hace patente en los informativos convertidos en instrumento de propaganda de Ayuso y azote del Gobierno central y de la oposición de izquierdas, pero también en programas de entretenimiento que ensalzan la figura de la presidenta. Pese a ello, Ayuso solo ve falta de pluralidad en TVE, a la que acusa de estar en una campaña continua contra ella y su entorno, por informar del fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador.

El PP centra sus críticas en TVE

Mientras en À Punt, el nuevo Gobierno del PP y Vox ha desmontado en tiempo récord el sistema de garantías heredado del Botànic; en la CRTVG gallega, el mandato conservador se ha perpetuado más de una década gracias a reformas que consolidan el control partidista; y en IB3, el reciente cambio de dirección ha desatado una cascada de dimisiones y protestas, el Partido Popular centra sus críticas en TVE.

Entretanto, Feijóo, que ha vivido siete años de protestas contra la manipulación de los medios públicos, donde algunos altos cargos han sido condenados por perseguir a trabajadores críticos, carga contra Televisión Española, en la última semana por la protesta del canal público contra la organización del festival de Eurovisión sobre la participación de Israel y el sistema del televoto. Feijóo aseguró que “Eurovisión es el nuevo Franco para el Gobierno”, como antes había reprochado a Sánchez el fichaje de Broncano y su equipo para La Revuelta.

En las últimas semanas no ha sido solo el PP, también el Consejo de Informativos ha abierto una investigación sobre la contratación de dos nuevos programas de infoentretenimiento, los que presentan Javier Ruiz y Jesús Cintora, tras recibir quejas internas de sus trabajadores para que “se ajusten a los criterios de rigor, independencia, pluralismo, neutralidad e imparcialidad” que deben regir en los medios públicos y establezcan diferencias claras entre la información y la opinión, como informó Vertele.

Texto elaborado con informaciones de Iñigo Aduriz, Sergi Pitarch, Luis Pardo, Pablo Sierra del Sol y Esther Ballesteros.

Las portavoces de Más Madrid y el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Mastre y Reyes Maroto, han hecho sendos llamamientos para acudir a los cines a ver 7291. Este documental de Juanjo Castro, que analiza las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, podrá verse en los cines Verdi de Chamberí los próximos días 13 de noviembre, 20 de noviembre y 12 de diciembre.

Maestre ha anunciado incluso que su formación pedirá formalmente que Telemadrid ofrezca “este documental importantísimo para la memoria madrileña, con información que toda España y todo Madrid tiene que conocer y que, por tanto, la televisión pública de todos los madrileños y madrileñas tiene que emitir de forma inmediata”.

Para la líder de la oposición en Cibeles, esta película reivindica “la memoria y la dignidad de las víctimas de la gestión de Isabel Díaz Ayuso y del PP en las residencias de Madrid durante el covid”. Durante sus declaraciones a los medios de comunicación en un pase de prensa del largometraje, Maestre ha cargado duramente contra los “Protocolos de la Vergüenza” y ha recordado, frente las polémicas declaraciones de Ayuso en la Asamblea de Madrid, que “no se iban a morir igual”.

“Este documental nos trae el recuerdo de las 7.291 personas que murieron en residencias, para que no se olvide su memoria, pero también para que no se vuelva a producir. Las víctimas solo piden justicia, dignidad, verdad y reparación”, ha señalado por su parte Reyes Maroto. La concejala cree que el documental supone “un antes y un después que nos obliga a los políticos a tomar medidas para que no se vuelvan a producir este tipo de protocolos”.

Un análisis con material de archivo y testimonios desgarradores

El documental analiza las circunstancias que llevaron a la Comunidad de Madrid a impedir que los ancianos enfermos con covid acudieran a los hospitales desde las residencias públicas. Esta decisión está explicada con detenimiento, partiendo de los testimonios de todos sus protagonistas: el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, directores de residencias o responsables políticos. Castro incluye también comparecencias públicas del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o de la propia Ayuso.

Aunque los testimonios más desgarradores son los que ofrecen los familiares de los fallecidos, ya sea a cámara o durante la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, que el metraje recoge parcialmente.

7291 ha encontrado enormes dificultades en su proceso de financiación, producción y distribución, pero finalmente podrá verse en los Cines Verde de Chamberí (calle Bravo Murillo, número 28) a la espera de una posible expansión futura a más salas de la capital y a otras ciudades. Las proyecciones serán en tres días distintos, con dos pases por jornada a las 20.30 y 22.10: el miércoles 13 de noviembre, el miércoles 20 de noviembre y el jueves 12 de diciembre. Las entradas pueden adquirirse en este enlace. Además de acercarlo a la ciudadanía, la intención de Juanjo Castro y el resto del equipo es que el documental pueda calificar para la próxima edición de los Premios Goya y otros galardones cinematogrñaficos del país.

Telemadrid, la cadena pública de la Comunidad de Madrid, ha recibido duras críticas después de publicar un mensaje en redes en el que reproduce propaganda del Ejército de Israel, que acusa a seis reporteros de Al Jazeera en Gaza de pertenecer a Hamás y a la Yihad Islámica.

“Los periodistas son parte del ala militar de Hamás que opera como vanguardia de la guerra de propaganda de Hamás contra Israel”, dice Telemadrid en un tuit que acompaña con la foto de los seis periodistas palestinos y con el ‘emoji’ de la bandera de Israel. En su artículo, la cadena madrileña se limita a replicar las acusaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y da la identidad de los reporteros señalados en el pasquín del Ejército como “afiliados a las alas militares de Hamás o de la Yihad Islámica”.

El tuit ha sido matizado con una nota de los lectores en X, que apuntan que “la información es del Ejército israelí, sin datos que corroboren las acusaciones” y que Telemadrid lo presenta “como una verdad y un hecho verídico, en lugar de señalar que es solo la opinión del Ejército”. “Israel ya ha mentido en otros casos similares”, indica la nota de contexto.

Un “pretexto para más violencia contra los periodistas”

La propia cadena Al Jazeera ha rechazado “categóricamente” las acusaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que acusan a varios de sus periodistas de “terroristas”. “Se basan en pruebas fabricadas”, asegura el canal catarí en un comunicado publicado anoche. “Estas acusaciones forman parte de un patrón de hostilidad hacia Al Jazeera, derivado de su inquebrantable compromiso de transmitir la verdad sobre Gaza y otros lugares”, explica la cadena en el texto. Y advierte: “Al Jazeera teme que estas acusaciones puedan servir como pretexto para más violencia contra los periodistas”. 

Al menos 128 reporteros o trabajadores de medios de comunicación han muerto en la Franja de Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, según sus siglas en inglés), que también ha condenado –y desmentido– en sus redes sociales las acusaciones del Ejército de Israel contra estos reporteros.

“No es la primera vez que Israel hace afirmaciones de este tipo no probadas y sin evidencias creíbles. Tras matar al corresponsal de Al Jazeera Ismail Al Ghoul en julio, las FDI produjeron previamente un documento similar que contenía información contradictoria al sostener que Al Ghoul, nacido en 1997, obtuvo un rango militar en Hamás en 2007, cuando solo tenía 10 años”, indica el Comité para la Protección de los Periodistas en X.

El historial de los ataques de Israel contra Al Jazeera y sus trabajadores viene de lejos. A principios de octubre, dos operadores de cámara de la cadena, Ali Al-Attar y Fadi Al Wahidi, fueron heridos de gravedad por ataques aéreos de Israel en Gaza, hasta el punto de que varias ONG exigieron a Israel autorizar su evacuación. El pasado mes de septiembre el Ejército hebreo asaltó las oficinas del canal catarí en Ramala y ordenó su cierre. En diciembre de 2023, Israel mató a un cámara de Al Jazeera en un bombardeo en Gaza y la policía agredió a un fotógrafo en Jerusalén. En mayo de 2022, las fuerzas israelíes mataron a la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh de un disparo en la cabeza.

La televisión pública madrileña Telemadrid minimizó o silenció las noticias sobre la condena por corrupción a Alfredo Prada, exvicepresidente de Esperanza Aguirre, la investigación judicial por soborno a la vicepresidenta de la Asamblea regional, Ana Millán, y la filtración de datos policiales por la que un juzgado investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, según denuncian los sindicatos mayoritarios del ente público, CCOO, CGT y UGT, en un comunicado en el que ironizan sobre las decisiones editoriales. “Por lo que sea, han pasado sin pena ni gloria”, señala el escrito.

Alfredo Prada fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Justicia y hombre de confianza de Esperanza Aguirre de 2005 a 2011. La semana pasada, la Audiencia Nacional lo condenó a siete años de cárcel por prevaricación y malversación por su responsabilidad en el despilfarro en el fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia, que el Gobierno autónomo trata ahora de resucitar. Telemadrid dio cuenta de la noticia, señalan los sindicatos, “en unas breves colas de 20 segundos”, pero sin mencionar ni a Aguirre ni al PP, y refiriéndose a Prada como “vicepresidente y exconsejero madrileño”, sin mayor contexto.

Las centrales de trabajadores del ente emplean el sarcasmo para explicar lo sucedido: “Cuando imputan a un vicepresidente es, sin duda, noticia. Cuando imputan al segundo pues ya llueve sobre mojado. Pero cuando condenan al tercero, como es el caso de Esperanza Aguirre, pues la noticia, informativamente, claro, ya no tiene interés”.

La condena a Prada se trató brevemente, pero se cubrió. Menor cabida aún tuvieron las noticias sobre Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos, investigada por soborno durante su etapa como concejala de Juventud y hoy número 3 del PP madrileño, además de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Las referencias a la asunción de la investigación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid figuran en la cobertura de las quejas de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante el debate sobre el estado de la región, en el duodécimo párrafo en una nota en la web del ente público.

El escrito sindical analiza este hecho, de nuevo en tono irónico: “Los informes de la UCO incluyen cobros de los familiares de Ana Millán abonados por empresas adjudicatarias de su concejalía, así como numerosos ingresos en efectivo en las cuentas de la propia concejala. Veremos en que queda, pero indudablemente, se trata de una noticia de calado, sobre la que, a partir de ahora, nuestros servicios informativos seguro que harán un seguimiento exhaustivo”.

“Nos sorprende que no haya sido objeto de interés”

El tercer hecho noticioso en litigio es la investigación de la supuesta filtración de dos denuncias de agresiones sexuales en Alcalá de Henares difundidas por altos cargos del PP en Madrid. Una magistrada ha llamado a declarar por ello a la alcaldesa, Judith Martín, pero Telemadrid no lo aborda. Los representantes de los trabajadores lo analizan con acidez: “Nos sorprende que esta noticia no haya sido objeto del interés de nuestros editores, porque en los últimos meses han mostrado un extraordinario interés por las filtraciones de los datos en poder de la administración, con noticias, día sí y día también, relacionadas con este tema”. 

Fuentes sindicales señalan que no solo se obvia la noticia, sino que se le “da la vuelta”, con la cobertura de otra denuncia a cargo del gobierno municipal, de momento sin recorrido judicial: una supuesta adjudicación de contratos a familiares del PSOE durante el anterior mandato.

CCOO, con siete delegados, UGT y CGT (con tres representantes, respectivamente), tienen mayoría en el comité de empresa de la televisión pública madrileña, en el que también está representado Sindicato Independiente, con cuatro delegados, y que no suscribe el comunicado.

El mandato de José Antonio Sánchez al frente de la Radio Televisión de Madrid ya es definitivo. Este miércoles ha sido nombrado por la Junta General de Accionistas de la cadena autonómica, después de llevar tres años dirigiendo el ente como administrador provisional. La designación llega después de que el Consejo de Administración de RTVM los propusiera la semana pasada gracias a los votos del PP, con mayoría absoluta. Vox se abstuvo y la izquierda (Más Madrid y PSOE) votó en contra.

Sánchez ratifica un puesto al que llegó en 2021, después de la segunda victoria electoral de Ayuso y gracias al apoyo de Vox para su primer nombramiento. En su currículum consta el cargo de director general de RTVE de 2002 a 2004 con Aznar en la presidencia del Gobierno y presidente de RTVE de 2014 a 2018, durante la etapa de Rajoy. En Telemadrid es recordado como el que llevó a cabo el ERE que despidió al 74% de la plantilla en el año 2013, despidiendo a 860 trabajadores.

José Antonio Sánchez inicia a partir de este miércoles su cargo como director general por un plazo de cuatro años, informa la propia Telemadrid en una nota de prensa. Votante confeso del Partido Popular, en 2015 se encargó de recordarlo durante una comisión en el Parlamento: “Voto al PP y seguiré votando al PP” fue su respuesta cuando se le reprochó que hubiera cobrado en calidad de asesor del Partido Popular cuando ejercía como periodista.

Telemadrid cerró 2023 con un 4,9% de audiencia media, según datos oficiales de Kantar, el peor dato a lo largo de los tres años de mandato de José Antonio Sánchez y la cifra más baja registrada por la cadena autonómica desde el año 2017.

El director general de Telemadrid, Jose Antonio Sánchez, ha asegurado este martes durante la comisión de control del ente público madrileño que se ha celebrado en la Asamblea de Madrid, que los informativos de la cadena se hicieron eco del bulo sobre el cobro de una subvención por parte de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, porque había sido publicada por “un medio de comunicación”, en alusión a The Objective, “dirigido por uno de los grandes periodistas de reconocido prestigio de este país”, en referencia a Álvaro Nieto, en el que además colaboran “dos figuran que han tenido un importante papel en la reciente historia de España, como son Juan Luis Cebrián y Felipe González”. Sánchez ha mencionado al expresidente aunque no es un colaborador habitual del mencionado medio.

Al comprobar bastante después que la información no era cierta, Sánchez ha indicado que rectificaron. “Somos conscientes del error cometido”. “Se pueden cometer fallos, somos seres humanos”, ha zanjado. El responsable de Telemadrid respondía así al diputado de Más Madrid, Pablo José Padilla, que le ha preguntado este martes en la comisión de la Asamblea de Madrid del ente público “qué mecanismos utiliza Radio Televisión Madrid para verificar la información que difunde”.

La pregunta del diputado de Más Madrid fue registrada a raíz de que la cadena de televisión pública madrileña incluyera en su informativo del domingo, 7 de abril, la reproducción de una noticia de The Objective que trataba de vincular de forma falsa una subvención a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enmarcada en medio del entramado del llamado caso Koldo. “El Gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez”, tituló el medio, aunque en realidad se trataba de otra persona con su mismo nombre y apellido.

Posteriormente Telemadrid emitió una rectificación de 24 segundos para reconocer que no comprobó si la subvención que el citado diario atribuyó falsamente a Gómez había sido concedida realmente a la mujer del presidente del Gobierno, algo que, según reconoció la dirección del ente, “Telemadrid no había podido acreditar”.

En su comparecencia de este martes, Sánchez se ha defendido y ha añadido que “el número de noticias que Telemadrid emite al día se cuenta por cientos” y “los bulos y las noticias falsas se intentan verificar por los profesionales” con “herramientas que les brinda la tecnología y con búsquedas inversas para reforzar este autocontrol”. Pero luego ha reconocido que “eso no garantiza nunca la infalibilidad o el error”. “Si se produce algún fallo porque somos seres humanos, se rectifica”, ha señalado. 

Las “loas a Ayuso”

El diputado de Mas Madrid le ha replicado que “cualquier medio con solvencia podía haber desmentido en cinco minutos el bulo simplemente con búsquedas en Google”, y ha querido saber si “a partir de ahora van a poner en cuarentena la informaciones de este medio”, en referencia de nuevo a The Objetive. Después, le ha recordado que no es la primera vez que los informativos de Telemadrid se ha hecho eco de otros bulos y que lo siguen haciendo. Por enumerar alguno ha señalado la acusación que hicieron a su grupo, Más Madrid, y a su líder y hoy ministra de Sanidad, Mónica García, de “no haber condenado los atentados de Hámas”. O el “bulo racista del asesinato de la plaza de Tirso de Molina de una mujer”, que Telemadrid atribuyó a un inmigrante. O ahora las informaciones que están dando sobre las acampadas de estudiantes en la universidad de Madrid tachándolas de “antisemitas”.

Padilla ha lamentado después que los informativos de Telemadrid cada vez dediquen más “loas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso” y “más ataques a la oposición”. Dicho esto, ha reprochado al administrador de Telemadrid que el director de informativos, José Antonio Álvarez Gundín, no haya querido dar la cara en la Asamblea. “Con los más de 96.000 mil euros al año que cobra, no habría estado de más que compareciera ya que no es mal salario”, ha aseverado. “El señor Gundín estaría encantado de estar aquí y de dar todas las explicaciones oportunas pero como soy su jefe le he dicho que no viniera, y que el que da la cara soy yo. Pero él hubiera estado feliz y encantado”, ha replicado Sánchez, que ha añadido además que el intenso trabajo de Gundín se lo ha impedido, ya que “debe estar llevando a toda la redacción” y “elevando como hace a diario el prestigio de los informativos”. 

Sánchez ha utilizado su ironía para cerrar su respuesta a Padilla al que ha “agradecido” que exponga “esas ideas tan claras que tiene” y lo haga “con tanta simpatía y gracejo”.  

El director de informativos de Telemadrid, José Antonio Álvarez Gundín, ha rechazado comparecer en la Asamblea de Madrid para explicar qué llevo a la televisión pública madrileña a publicar una información falsa de The Objective que acusaba a la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, de haber obtenido una subvención del gobierno, cuando en realidad la beneficiaria era otra persona con el mismo nombre y apellido.

Telemadrid se hizo eco de ese bulo el domingo 7 de abril y dos días después reconoció que la cadena no había podido “verificar” que la identidad de la subvencionada y de la esposa de Sánchez coincidiesen. Ese mismo día, Más Madrid registró la solicitud de comparecencia de Gundín para que diese cuenta de “los mecanismos de verificación de información que utilizan los servicios informativos” del ente público. El directivo rechazó la solicitud de comparecencia a través de un correo electrónico el pasado 7 de mayo, según ha adelantado El País y ha comprobado elDiario.es.

“En respuesta a su amable invitación, les informo que no puedo aceptar la misma, dado que todas las cuestiones referentes a esta sociedad son contestadas por su Administrador Provisional”, despacha Gundín, que en el pasado dirigió los informativos de RTVE y fue subdirector de Opinión de La Razón. El Administrador Provisional, que sí comparecerá en la comisión de la Asamblea de Madrid que fiscaliza al ente público, es José Antonio Sánchez, con una trayectoria muy ligada al Partido Popular, de quien es reconocido votante.

El bulo sobre Begoña Gómez no es el más reciente traspiés deontológico de Telemadrid. La Junta Electoral pidió a la cadena el pasado 30 de abril que evitase referirse al presidente como “ese Sánchez” en su cuenta de la red social X, donde enlazaban una pieza en la que se acusaba al mandatario de caer en la crispación de la que Sánchez se quejaba en la carta a la ciudadanía con la que anunció que se tomaba una pausa de cinco días para decidir si seguía la frente del cargo. La fórmula “puede tener una acepción de menosprecio”, según razonaba la junta electoral, preocupada por “mantener la neutralidad informativa”.

El PP de Isabel Díaz Ayuso tiene un control férreo sobre Telemadrid que ha ido afianzando con cambios normativos en las últimas convocatorias electorales. Con la última reforma legal, vía exprés, se aseguró la mayoría en el Consejo de Administración del ente y que el nombramiento del próximo director general no se vote en la Asamblea de Madrid.

La Junta Electoral Central ha admitido el recurso que interpuso el PSOE de Madrid contra la decisión de la Junta Electoral Provincial de Madrid que descartó abrir expediente a la radiotelevisión pública madrileña por el uso el pasado 25 de abril en un titular de la expresión “ese Sánchez, que ahora se queja de la crispación”. La Junta Electoral provincial consideró el pasado 30 de abril que esta noticia no tenía relevancia electoral y que, por lo tanto, no procedía a retirarla de la página web.

Ahora, la Junta Electoral Central revoca aquella decisión de la junta provincial, que instó a Telemadrid a no utilizar más ese tipo de expresiones aunque decidió que no procedía ni su retirada ni la apertura de un expediente. También considera que la expresión “ese Sánchez” supone objetivamente un “trato despectivo” al Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, por lo que declara que el mensaje es “contrario al principio de neutralidad informativa” y estima el recurso del Partido Socialista.

Entre los acuerdos de la Junta Electoral se establece que Telemadrid deberá retirar la expresión “ese Sánchez, que ahora se queja de la crispación, trata así a sus rivales” por entender que se vulnera la neutralidad informativa de los medios de comunicación públicos y a su deber de objetividad. Además, se ordena a la junta provincial que inicie el expediente sancionador correspondiente contra los responsables de la corporación pública madrileña que autorizaron y publicaron el artículo mencionado.

En su acuerdo, los magistrados de la institución electoral recuerdan que sigue en vigor la decisión de la junta provincial que ya exigió a Telemadrid que, en el futuro, se abstenga de utilizar términos o expresiones de la misma naturaleza. En su resolución, la Junta Electoral ha tenido en cuenta que la campaña electoral de las elecciones europeas ya había sido convocada, un argumento que exponían los socialistas y que no había sido aceptado por la Junta Electoral Provincial.

Al día siguiente de que Pedro Sánchez publicase una carta a la ciudadanía pidiendo tiempo a los españoles para decidir si dimitía o no a causa de lo que calificó de “operación de acoso y derribo” contra su esposa, Telemadrid llevó a sus informativos una breve pieza en la que presentaba al presidente del Gobierno como “muy crítico” con sus oponentes y recordaba sus carcajadas en la sesión de investidura al hilo de la supuesta victoria electoral de Alberto Núñez Feijóo. El vídeo figura también en la página web de Telemadrid con el titular “Sánchez, que ahora se queja de la crispación, trata así a sus rivales”. La cuenta del canal en Twitter (ahora X) publicó a los pocos minutos el enlace al fragmento añadiendo un demostrativo: “Ese Sánchez que ahora se queja de la crispación, trata así a sus rivales”. Iba acompañado de una foto sonriente del líder socialista en la tribuna del Congreso de los Diputados.

La Junta Electoral Provincial de Madrid ha instado a Telemadrid a que evite referirse al presidente del Gobierno como “ese Sánchez” y “se abstenga de utilizar términos o expresiones de la misma naturaleza”. La exigencia a la televisión pública regional llega tras una reclamación del PSOE, que se quejaba de una publicación de la cuenta del ente en la red social X con ese tenor que remitía a una pieza de un informativo de la cadena.

Al día siguiente de que Pedro Sánchez publicase una carta pidiendo tiempo a los españoles para decidir si dimitía o no a causa de la “operación de acoso y derribo” contra su esposa, Telemadrid llevó a sus informativos una breve pieza en la que oponía que el presidente del Gobierno había sido muy crítico con sus oponentes y recordaba sus carcajadas en la sesión de investidura al hilo de la supuesta victoria electoral de Alberto Núñez Feijóo. El vídeo figura también en la página web de Telemadrid con el titular “Sánchez, que ahora se queja de la crispación, trata así a sus rivales” La cuenta del canal en X publicó a los pocos minutos el enlace al fragmento añadiendo un demostrativo: “Ese Sánchez que ahora se queja de la crispación, trata así a sus rivales”. Iba acompañado de una foto sonriente del líder socialista en la tribuna del Congreso de los Diputados.

La resolución, adelantada por El País, asegura que el comentario no tiene incidencia electoral “en relación a las elecciones europeas en curso” y no procede retirarlo, pero, citando a la definición de la Real Academia Española, advierte de que “puede tener una acepción de menosprecio” y que Telemadrid deberá evitar ese tipo de manifestaciones “en lo sucesivo” a fin de “garantizar la debida neutralidad informativa”. El PSOE consideraba la información en cuestión “falta absoluta de objetividad, tendenciosa y partidista”. La falta de neutralidad de Telemadrid es una acusación constante de la oposición en la Asamblea Regional, más aún desde que el PP forzarse un cambio legal para garantizar que la elección del nuevo director general del ente se adecúe a sus intereses.

La decisión de la junta provincial se conoce después de que la junta de zona mandase retirar las dos lonas con que Más Madrid recuerda a los 7.291 mayores fallecidos en residencias madrileñas sin ser trasladados a hospitales. La formación ha anunciado que recurrirá esta decisión.

La junta insiste en que no se pueden inaugurar obras en campaña

La Junta Provincial también da la razón al PSOE, enmendando a la junta de zona, a raíz de la “reinaguración” el pasado 26 de abril, tras varios años cerrado, de un teatro en Galapagar, donde gobiernan PP y Vox. La junta de zona alegaba que era una actuación local sin relevancia europea, pero la instancia superior resuelve que la prohibición es absoluta salvo en casos de eventos regulares o periódicos.

Muchos de los chistes son fenómenos lingüísticos, pura lengua. Todas las profesiones tienen sus chistes de consumo interno. Los más hilarantes desbordan los límites profesionales y fluyen al exterior. Me gusta mucho este de los anestesistas:

―¿Qué le dice el anestesista al cirujano si ve que va lento en el quirófano? Date prisa, que se acabó lo que sedaba.

Ese fenómeno lingüístico que activa el chiste, “sedaba” / “se daba”, se llama calambur. El término viene del francés ―es un galicismo―, según el Diccionario académico, que lo define así: “Agrupación de varias sílabas de modo que alteren el significado de las palabras a que pertenecen, como en este es conde y disimula”.

No fue un conde, fue una reina quien experimentó en carne propia y sin ser consciente de ello uno de los ejemplos más famosos de calambur. Se atribuye al escritor ―entre otras cosas, satírico― Francisco de Quevedo, que habría ganado una apuesta soltándole a la reina este pareado al tiempo que le ofrecía dos flores, una en cada mano.

―Entre un clavel y una rosa,

Su Majestad escoja.

La reina era, según algunos de los que lo cuentan, Margarita de Austria, esposa de Felipe III. Según otros, Isabel de Francia, primera esposa de Felipe IV. El calambur: “escoja” / “es coja”. Fuera Margarita o fuera Isabel, parece que la reina tenía esa discapacidad.

El calambur es frecuente en la literatura, no solo en la satírica. Es muy eficaz, te pega un latigazo en el cerebro. Mira en estos versos de Gloria Fuertes:

“La guerra no se para,

la guerra nos separa“.

Los nombres propios, unos ciertos y otros inventados, han sido objeto de mucho calambur: Aitor Tilla, Aitor Menta, Alex Tintor, Ketty Pazo… Y de un nombre propio cierto ciertísimo surgió uno de los calambures más hilarantes que recuerdo.

En abril de 2007, con Esperanza Aguirre de presidenta autonómica de Madrid, la cadena regional pública Telemadrid lanzó una campaña publicitaria de autopromoción en la que los principales presentadores y periodistas de sus programas aparecían sujetando un espejo en lugares emblemáticos de la comunidad, con el lema “Espejo de lo que somos”.

Poco tardaron algunos en ver un calambur en el lema y convertirlo en “Espe jode lo que somos”, lo que generó una cierta polémica.

La creativa publicitaria responsable de la campaña, Blanca Gomará, de Publicis, tuvo que salir a dar explicaciones, y contó que en la primera propuesta que le hizo a Telemadrid el lema era “Reflejo de lo que somos”. Luego se supo que fue la dirección del ente público quien lo cambió. ¿De modo intencionado, por alguien que no era de la cuerda de Aguirre? “No fue para nada intencionado. En la cadena hay una lucha política en la que la agencia ni entra ni sale. No queremos echar más leña al fuego”, añadió Gomará.

Caramba con el calambur. Pocas figuras retóricas son capaces de activarnos el cerebro con la eficacia que lo hace esta. Ni de darle mensajes delicados a una reina o a una lideresa.

Telemadrid ha emitido una rectificación en la que reconoce que se hizo eco, sin confirmar, de una noticia que atribuía falsamente una subvención pública a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En una intervención en su informativo de este martes, la cadena pública reconoce que no ha sido capaz de vincular la subvención que difundió un medio digital el lunes con Gómez.

La noticia que difundió ayer la cadena pública madrileña había sido publicada horas antes por el digital 'The Objective', que afirmaba en el titular: “El Gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez”. La cadena pública madrileña repicó la información, con el presentador Pedro J. Rabadán afirmando que era “nuevas revelaciones sobre la actividad de la esposa del presidente Sánchez”.

La información del digital esperaba al primer párrafo –después de vincular el titular y la foto principal claramente con la pareja de Pedro Sánchez– para explicar que el nombre al que se asociaba la subvención “coincide precisamente con el de la mujer del presidente Pedro Sánchez”. “Distintas fuentes sostienen que la mujer de Sánchez habría sido beneficiaria de algún tipo de subvención”, añadía más adelante. El entorno de Gómez ha negado que recibiera ninguna subvención y los datos se corresponden, por contra, con el de una empresaria hostelera de Cantabria.

Este martes el Telenoticias de la cadena pública madrileña ha rectificado esa información. “Telemadrid no ha podido acreditar este extremo ni que la beneficiaria tenga relación alguna con el presidente del Gobierno”, afirma ahora su página web, citando las palabras textuales del presentador durante 24 segundos de intervención.

Tras una oleada de críticas y horas después de la rectificación de Telemadrid, el propio 'The Objective' ha publicado en la red social X una “aclaración” en la que asegura que “en ningún momento se ha atribuido a la esposa del presidente del Gobierno la concesión de subvención alguna”. Pese a que la propia información estaba ilustrada por una imagen de Begoña Gómez, el diario digital asegura que lo que pretendía denunciar es que había una persona “con el mismo nombre que la mujer de Sánchez” en la que “se ocultan todos los datos”. “Nuestro periódico en aras de la transparencia quiso hacer notar a los lectores esta anomalía”.

La cadena de televisión pública de la Comunidad de Madrid, Telemadrid, incluyó en su informativo de este domingo la reproducción de una noticia de The Objective que trataba de vincular de forma falsa una subvención a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “El Gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez”, tituló el medio.

En realidad, la subvención a la que se refería el citado diario se otorgó a una mujer con el mismo nombre y primer apellido que la pareja del jefe del Ejecutivo. Se trata, en concreto, de la dueña de un restaurante de Cantabria que recibió ayudas del Ejecutivo regional y que nada tiene que ver con la esposa de Sánchez.

Pero Telemadrid dio la noticia como si la ayuda fuera para ella. “Este domingo tenemos nuevas revelaciones sobre la actividad de la esposa del presidente Sánchez”, dijo el presentador del informativo, Pedro J. Rabadán. “El Gobierno oculta el importe de una subvención del propio Ejecutivo en nombre de Begoña Gómez”, añadió, mientras detrás de él se veía una imagen de Sánchez y otra de su pareja. “Para el PP las actividades de Begoña Gómez que la vinculan al Gobierno son una inmoralidad”, añadió.

La difusión del bulo tuvo lugar apenas 24 horas después de que la propia Telemadrid interrumpiera su programación el sábado para emitir parcialmente la boda del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida (PP), con Teresa Urquijo. La cadena pública de los madrileños ofreció dos avances informativos a lo largo de la mañana: antes de que los novios entraran en la iglesia y cuando estos abandonaron el templo convertidos ya en marido y mujer.

En total, la televisión pública madrileña realizó 65 minutos de retransmisión en directo sobre un acontecimiento que el mismo Pedro J. Rabadán, encargado de la narración, calificó como “la noticia del día y la boda del año”. “Vamos a escuchar cómo les recibe Madrid”, propuso Rabadán cuando los novios salieron de la iglesia. “Es una imagen que no nos vamos a cansar de ver hoy”, comentó.  

La amplia cobertura del evento por Telemadrid ha originado diversas críticas por parte de los grupos de izquierda de la oposición municipal, Más Madrid y PSOE, por el “uso partidista” de los ejecutivos autonómico y municipal de la televisión pública madrileña.

La sentencia de la Justicia europea que ha puesto límites al abuso de la interinidad laboral en España ya tiene sus efectos en los tribunales. Un juzgado de Madrid ha decidido reconocer como fijo a un trabajador de Telemadrid que ha encadenado hasta cinco contratos temporales en los últimos años en la televisión pública madrileña. El propio juez reconoce en su sentencia ganada por el sindicato CGT que, hasta ahora, su criterio era diferente pero que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión son de aplicación obligada y que, en este caso, reconocerle como indefinido no fijo “no supondría suficiente sanción” para Telemadrid por hacerle encadenar años de contratos temporales.

Esta sentencia llegó apenas un día después de que el tribunal de Luxemburgo hiciera pública su resolución, un duro golpe al abuso de los interinos de larga duración en las administraciones públicas, explicando que la solución era convertir en fijos a miles de personas en esa situación. Unos días antes, un trabajador de Telemadrid había llevado al ente público madrileño a juicio con alegaciones similares.

Su caso, según ha podido saber este periódico, es el de uno de tantos trabajadores afectados por el ERE de Telemadrid que afectó a más de 860 trabajadores y que en 2014 fue declarado improcedente por el Tribunal Supremo. Volvió a trabajar para la cadena, pero encadenando contratos temporales para cubrir determinados eventos: la Misa de San Isidro o la victoria del Real Madrid en la Champions League, entre otros. Desde 2018 trabajaba con uno de estos contratos temporales, a través de una bolsa de empleo, pero ya sin especificar una cobertura concreta.

Los sindicatos llevan años peleando para que estos trabajadores sean reconocidos al menos como indefinidos no fijos, una figura habitual con la que los tribunales convalidan casos de abuso de temporalidad o interinidad en las administraciones públicas. Este juzgado empieza por establecer que la cláusula de temporalidad de su último contrato era “fraudulenta”.

Y explica claramente que, “hasta el día de ayer”, su criterio hubiera sido reconocerle como indefinido no fijo, algo que ha hecho “en innumerables ocasiones”. Pero que la sentencia del TJUE conocida unas horas antes lo cambia todo.

Un “cambio trascendental”

Esta sentencia, reconoce el juzgado madrileño de lo social, “implica un cambio trascendental al respecto”. Las medidas tomadas en España para paliar el abuso de la interinidad, reconoce el juez, “no resultan suficientemente efectivas para castigar el abuso de las Administraciones Públicas y del Sector Público en general han realizado de la contratación temporal”. Y por primera vez reconoce la fijeza a un trabajador en estas circunstancias, en este caso de Telemadrid.

Las sentencias del TJUE como ésta, añade, son de obligada aplicación. “Debe prevalecer, incluso, frente a la jurisprudencia que interprete la normativa nacional, incluso con rango constitucional”. Por tanto, explica, “debemos cambiar nuestro criterio ya que el reconocimiento del actor como indefinido no fijo no supondría suficiente sanción” a Telemadrid. Se le reconoce de forma explícita la condición de “fijo” en Radio Televisión Madrid.

Es una sentencia recurrible ante el Tribunal Superior de Madrid y, después, todavía lo será ante el Tribunal Supremo. La decisión, la primera conocida tras la resolución del TJUE, va mucho más allá de lo dicho hasta ahora en casos similares por el Tribunal Supremo. La Sala de lo Social, recuerda esta nueva sentencia, ha sido “taxativa” al entender que el carácter fraudulento de un contrato “no basta para que el trabajador tenga la consideración de fijo, debiendo declararse como indefinido no fijo”. Aunque, como en este caso, se haya accedido a través de una bolsa de empleo temporal.

Isabel Díaz Ayuso cierra su primer año con mayoría absoluta aprobando tres de los proyectos más importantes y polémicos de su incipiente mandato. Coincidiendo con el día de la lotería, la Asamblea de Madrid celebró este viernes un pleno extraordinario que ha dado luz verde a los presupuestos de 2024 –los segundos que ha podido sacar adelante en cinco años desde que es presidenta–, y que aprobó las modificaciones de las leyes trans y LGTBI, lo que supone en la práctica el primer retroceso en derechos del colectivo respecto de una ley aprobada con otro gobierno del PP en la Puerta del Sol, el de Cristina Cifuentes.

El rodillo de su mayoría absoluta también permitió este viernes a Ayuso, antes de las vacaciones de Navidad, aprobar otra de las leyes más discutibles desde que está al frente de la Puerta del Sol: una reforma legislativa de 15 normas con la que de un plumazo se hará con el poder total de Telemadrid y controlará el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas, todos órganos necesarios para la fiscalización de su Gobierno. Con esta reforma legislativa, la dirigente del PP también podrá otorgarse un sueldo vitalicio para cuando deje de ser presidenta.

La oposición ha acusado al PP de tener comportamientos similares a “partidarios de las dictaduras” y de “totalitarismo”. El PSOE ha anunciado que llevará esta modificación legal tramitada por la vía de urgencia al Tribunal Constitucional.

Las leyes trans y LGTBI

En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha– para en la práctica derogar las leyes autonómicas respaldadas por el PP en 2016. Vox ha apoyado ambas modificaciones legales.

En la ley trans, se elimina el concepto de identidad de género, se marca que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicita que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. En educación se eliminan los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.

En el caso de la ley ante la LGTBIfobia se retocan aspectos sanitarios, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Una de las partes centrales de la reforma es el ámbito educativo, que concentra cinco de los veinte artículos derogados, entre ellos el que ataja el acoso escolar. En concreto, el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI sale del currículo en los centros educativos. 

El poder total en Telemadrid

Gracias a una ley contenedor, que modifica 15 leyes el último día antes de navidad, con medio país pendiente de la lotería, Ayuso logra hacerse con el poder total de Telemadrid y culmina un camino que inició tras las elecciones de 2021. La primera medida de Ayuso tras el adelanto electoral –que supuso la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, hasta entonces su socio de Gobierno– fue una ley para cargarse a la anterior dirección de Telemadrid (elegida por consenso) y hacerse con el control del ente público tras dos años de quejas sobre la independencia de la cadena regional, una purga declarada recientemente ilegal por el Tribunal Supremo. Un año después, de nuevo con la connivencia de Vox, la dirigente del PP sacó adelante otra ley para poder nombrar por mayoría simple de la Asamblea al director general, que hasta entonces requería una mayoría reforzada.

Con la nueva ley, Ayuso da una nueva vuelta de tuerca para que el control sea absoluto y dejar bajo mínimos la capacidad de fiscalización de la oposición. De entrada, plantea que el consejo de administración pase de cinco a siete consejeros. Actualmente, como todos los grupos deben estar representados en el mismo, el PP cuenta con dos consejeros, Más Madrid con uno, el PSOE con uno y Vox con otro.

Pasando a siete consejeros, el PP tendrá cuatro, lo que le otorgará mayoría absoluta también en el ente público. De esta forma, la ley cambia el sistema de elección de la figura del director general “para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo” y establece que será “la Junta General de Accionistas de Radio Televisión Madrid a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad” quien lo nombre. Es decir, la nueva mayoría del PP sin que tenga que pasar por una votación en la Asamblea de Madrid.

Ayuso nombrará y controlará el Consejo de Transparencia

Hacerse con el control del Consejo de Transparencia evitará en el futuro a Ayuso situaciones como la de tener que acudir a los tribunales para impedir que se conozca su expediente académico, como ha ocurrido después de que el órgano determinase que debía ser público. Con la ley aprobada este viernes “se elimina su dependencia de la Asamblea” y será el Gobierno quien designe a dedo al ahora único integrante del organismo.

Hasta ahora, el Consejo de Transparencia y Participación lo formaban tres consejeros propuestos por el Pleno de la Asamblea de Madrid que se eligieron por un procedimiento de mayoría reforzada de tres quintos. Estos tres miembros estaban en el cargo por un periodo de seis años, y se distribuían rotatoriamente la presidencia cada dos años. Con la nueva ley aprobada este viernes solo habrá un responsable máximo de este órgano elegido por el Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia que en la actualidad es Miguel Ángel García. Es decir, será la propia Ayuso quien decida la persona que estará al frente del organismo.

La ley modificada gracias a la mayoría absoluta del PP exigía además diez años de experiencia profesional acreditada en actividades relacionadas con el sector público, la transparencia y el acceso a la información pública. Ahora este requisito ya no será imprescindible, con lo cual podría nombrarse a cualquier exdiputado del PP que jamás haya tenido relación ni actividad alguna con la transparencia o el sector público.

Otro de los cambios que se introducirá será añadir al nuevo Consejo las competencias de protección de datos. La idea es situar en el mismo nivel la protección de datos que la transparencia, de modo que los conflictos de intereses recaerán en el nuevo Consejo, cuando hasta ahora no era así. Por ello cambiará de nombre y pasará a llamarse Consejo de Transparencia y Protección de Datos. 

También se elimina el régimen sancionador contemplado en la norma para las Administraciones que incumplen la normativa en materia de transparencia, que fue una exigencia de PSOE y Ciudadanos, después de los casos que protagonizaron los expresidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Control de la Cámara de Cuentas

No es la única forma que ha encontrado Ayuso para quitarle al parlamento regional cualquier capacidad de control al Gobierno. El PP ha planteado una reforma de la ley que regula la Cámara de Cuentas que elimina la mayoría reforzada de dos tercios para elegir a los consejeros.

La Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad en 2019 una propuesta de Podemos para modificar la norma, que llevaba desde 1999 sin tocarse, para reducir el número de consejeros de siete a tres y reforzar las mayorías para elegirlos con el fin de que fueran más independientes, con tests de idoneidad. Aquella ley tenía algunos desajustes que había que modificar, según reconocieron todos los grupos, pero el PP de Ayuso lo ha aprovechado para eliminar el sistema de elección parlamentario y que sea el Gobierno regional quien elija directamente a los consejeros que luego tendrán que fiscalizar su gestión económica.

Los gerentes de los hospitales serán elegidos a dedo

La ley, que modifica hasta 15 textos legislativos, también incluye “devolver al Consejo de administración del Sermas la posibilidad de ejercer las competencias que le son propias y poder elegir, de entre los mejores, a los gestores de los hospitales, agilizando los nombramientos y ofrecer así una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de cada centro hospitalario”. Esto implica que los directores gerentes y territoriales ya no serán elegidos por un “proceso de igualdad, mérito y capacidad” sino por el Consejo de Administración del Sermas. Se elimina la limitación del mandato a cinco años.

Todas estas cuestiones, tramitadas por la vía de urgencia, se han aprobado este viernes en la Asamblea de Madrid. Cada una de estas reformas legales va en la línea de limitar la labor de fiscalización a su Gobierno por parte de la oposición y de otros organismos públicos.

El informe elaborado por una de las letradas de la Asamblea de Madrid, al que ha tenido acceso esta redacción, pone en duda la constitucionalidad de algunos de los cambios que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere realizar sobre el funcionamiento de la televisión pública regional, que el PP ha plasmado en una Proposición de Ley registrada bajo el amplio nombre de “medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de las instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid” pero que afecta hasta a 15 textos legislativos.

El PP ha decidido finalmente enmendar esta modificación de la ley de Telemadrid para evitar los “problemas” legales que ven los servicios jurídicos. Mediante esta Proposición de Ley, conocida como ley 'ómnibus' por el conjunto de textos a los que afecta, el Gobierno regional, entre otras cosas, podrá hacerse hacerse con el control de Telemadrid, la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia. Cada una de estas reformas legales va en la línea de limitar la labor de fiscalización al gobierno regional por parte de la oposición, así como de otros organismos públicos. La norma se tramitará por la vía de urgencia, lo que acorta los plazos e impide que el resto de grupos de la Asamblea de Madrid puedan presentar enmiendas.

El informe, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, consta de 41 páginas y está firmado por una de las letradas de la Cámara. En él se reconoce que este sistema de reformas es constitucional, aunque “reprochable desde el punto de vista de la técnica legislativa”. Sin embargo, duda de que alguno de los cambios planteados en la elección de los órganos de gobierno de Telemadrid puedan estar amparados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Madrid ya que “serían contrarios al control parlamentario” de los medios de comunicación de titularidad pública. En concreto, pone en cuestión que el director general del ente pase a ser elegido por el Gobierno restando esta atribución al Consejo de Administración, cuyos miembros sí elige la Asamblea.

Con la nueva reforma que plantean en el PP, Ayuso da un nueva vuelta de tuerca para que el control sea absoluto y la fiscalización por parte de la oposición sea mínima. De entrada, plantea que el consejo de administración pase de cinco a siete consejeros. Actualmente, como todos los grupos deben estar representados en el mismo, el PP cuenta con dos consejeros, Más Madrid con uno, el PSOE con uno y Vox con otro. Si se pasa a siete, el PP con su mayoría absoluta tendrá cuatro, lo que le otorgará mayoría absoluta.

De esta forma, la ley cambia también el sistema de elección de la figura del director general “para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo” y establece que será “la Junta General de Accionistas de Radio Televisión Madrid a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad” quien lo nombre. Es decir, la nueva mayoría del PP sin que tenga que pasar por una votación por la Asamblea de Madrid.

La oposición, incluida Vox, ha criticado la ley por su contenido y por la manera de tramitarla. El portavoz de los socialistas, Juan Lobato, acusó a la presidenta regional de registrar una norma que va “contra la fiscalización, la transparencia” y de querer “colar por la puerta de atrás el desmantelamiento de la Cámara de Cuentas o la posibilidad de un Telemadrid plural”.

Por su parte, la anterior portavoz de Más Madrid, Mónica García, ahora ministra de Sanidad, alertó en su día de que la ley incluye el “asalto definitivo” a Telemadrid, modifica la fiscalización de la Cámara de Cuentas y afecta al Consejo de Transparencia, por el que la oposición “consigue más información de la que da la Comunidad”. “También hacen una modificación del suelo, que supongo que es para lo de siempre, para volver a liberalizar suelo y que sea para los de siempre. En definitiva, la dictadura por la puerta de atrás, la presidenta que ha hablado de las dictaduras por la puerta atrás, lo que nos ha colado son 15 modificaciones legislativas todas por procedimiento de urgencia y algunas de lectura única”, remató.

Segunda decisión del Tribunal Supremo que sanciona la purga en la dirección de Telemadrid perpetrada por el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en 2021. Los jueces, según ha sabido elDiario.es, han decidido confirmar la improcedencia del despido de Jaime García Treceño, en ese momento adjunto al director de informativos en la cadena pública madrileña. Un auto que llega poco después de que la misma sala de lo social confirmara la improcedencia del despido de Jon Ariztimuño, director de informativos. Ambos deben ser indemnizados.

Treceño llegó al ente público, como Ariztimuño, en mayo de 2017, después de años desarrollando su carrera periodística en el periódico El Mundo. Abandonó Telemadrid cuatro años después, cuando la primera medida del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo de Vox, fue sustituir a la dirección que había llegado a Pozuelo de Alarcón tras un acuerdo entre el mismo PP y Ciudadanos.

Treceño fue uno de los antiguos cargos intermedios de Telemadrid que llevó su despido ante los tribunales, y como en el caso de Ariztimuño, los jueces del Tribunal Supremo han rechazado el último recurso de la cadena pública y han confirmado que su salida fue un despido irregular. Ni tenía poder sobre la empresa ni desarrollaba sus funciones con “plena autonomía”. No era, por tanto, parte de la alta dirección como alegó Telemadrid para justificar la purga basándose en la nueva ley que puso en marcha el ejecutivo madrileño.

Como en el caso de Ariztimuño, Telemadrid combatió la sentencia que dio la razón al antiguo adjunto al director de informativos con otro caso, el de una directiva despedida de un hospital público canario, y como en el caso de Ariztimuño sus argumentos no han tenido éxito.

En este caso Telemadrid no ha sido condenada en costas, mientras que en el otro pleito fue condenada a pagar hasta 300 euros además de las indemnizaciones y los intereses, aunque la defensa del extrabajador de Telemadrid ha solicitado una aclaración al Supremo sobre ese punto.

La purga de 2021 en Telemadrid

La primera medida del ejecutivo madrileño tras la victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en 2021 fue buscar el apoyo de Vox para reformar Telemadrid y, entre otras cosas, sacar a la dirección de informativos que había llegado a la cadena pública en 2017 fruto del acuerdo entre el PP de Cristina Cifuentes y Ciudadanos. Además de la dirección de informativos, fue despedida la jefa de Nuevos Proyectos y el director general de Contenidos Audiovisuales, entre otros cargos de Telemadrid.

El ente público quedó entonces en manos de José Antonio Sánchez, hoy imputado en el caso Titella, tras la salida de José Pablo López como director general. Y las cartas de despido de los altos cargos y cargos intermedios explicaban que su despido se basaba en que su supuesta condición de alta dirección de la cadena ligaba su puesto al del cesado director general.

Los tribunales han estudiado media docena de casos y han concluido que ni siquiera el puesto de Jon Ariztimuño, entonces director de informativos, podía considerarse como parte de la alta dirección de la cadena pública, y que los despidos son improcedentes, lo que implica el pago de una indemnización para los afectados.

Un auto de la sala de lo social del Tribunal Supremo de finales del mes de septiembre, firmado por el ponente Sebastián Moralo, La Fiscalía, en este trámite que pone punto y final al caso, había pedido que el recurso de Telemadrid fuera rechazado.

Más Madrid carga contra la “purga” de Telemadrid

Según recoge la agencia EuropaPress, la improcedencia de los despidos en Telemadrid en 2021 ha llegado este jueves a la Asamblea de Vallecas. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha pedido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que pida “perdón” por los “haber purgado ilegalmente” al exdirector de Informativos de Telemadrid, Jon Ariztimuño, por “haber cometido el pecado nada más y nada menos que de no corromper la televisión pública y ponerla a su servicio”.

Así lo ha lanzado durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, donde a renglón seguido la jefa del Ejecutivo madrileño ha indicado que se trata de “un despido improcedente” que es lo que suele ocurrir en algunas ocasiones.

“Lo grave es que hubiera sido nulo. ¿Sabe lo que de verdad por ejemplo ha sido nulo? Todos los despidos que ha puesto en marcha Rosa María Mateo, que de manera ilegal puso 70 periodistas y 18 tertulianos en la calle o los ha relegado de puesto ¿Esa purga en Radio Televisión Española no la comenta? ¡Ah, qué interesante, señoría!”, ha espetado a continuación.

El Tribunal Supremo ha anulado la primera gran medida que Isabel Díaz Ayuso tomó de la mano de Vox tras su aplastante victoria en las elecciones de 2021: el asalto a la dirección de Telemadrid. Según ha sabido elDiario.es, la sala de lo social ha confirmado que el despido del antiguo director de informativos de la cadena, Jon Ariztimuño, fue improcedente y que el periodista, ahora en Televisión Española, debe ser indemnizado. El despido fulminante de Ariztimuño es el primero que llega a manos del Supremo después de que los tribunales hayan declarado que otras salidas forzosas de distintos cargos del ente público madrileño también fueron ejecutadas de forma irregular por la nueva dirección de Telemadrid.

La reforma de Telemadrid fue la primera acción del tándem de Partido Popular y Vox después de los comicios de mayo de 2021. Una medida que puso la cadena de televisión en manos de José Antonio Sánchez, expresidente de RTVE y responsable de un ERE que se llevó por delante a 860 trabajadores del ente público madrileño y que el Supremo declaró improcedente. El primer paso, después del cese de José Pablo López como director general, fue sacar de los despachos de Pozuelo de Alarcón a la dirección y cargos intermedios que habían llegado en 2015 fruto del acuerdo del PP de Cristina Cifuentes y Ciudadanos.

Recibió la carta de despido el hasta entonces director de informativos pero también el adjunto al director, la jefa de Nuevos Proyectos o el director general de Contenidos Audiovisuales, entre otros. El motivo era el mismo en todos: tenían un contrato de alta dirección y su estancia en Telemadrid estaba ligada a la del ya desaparecido José Pablo López. Ese mismo argumento se volvió en contra de la nueva dirección cuando los afectados llevaron su caso a los tribunales: aunque tuvieran contratos de alta dirección tenían una relación laboral ordinaria con la televisión pública y sus despidos eran improcedentes. Debían ser readmitidos o indemnizados con miles de euros.

Según ha podido comprobar elDiario.es, la sala de lo social del Tribunal Supremo acaba de declarar firme la improcedencia del despido del exdirector de informativos, Jon Ariztimuño, que tras su salida de Telemadrid llegó a Televisión Española después de ser el candidato mejor valorado en un proceso de selección abierto por la propia RTVE. Los jueces han rechazado el último recurso de la cadena pública madrileña, que buscaba comparar el caso de su exdirector de informativos con el de una directiva de un hospital canario despedida a finales de la década de los años noventa.

El auto del Supremo, de este mes de septiembre, rechaza los argumentos de Telemadrid porque intentaba comparar supuestos “distintos” para buscar el aval judicial al despido de Ariztimuño. En su caso, el Tribunal Superior de Madrid fue contundente al afear que la cadena pública hubiera integrado a “todo tipo de cargos intermedios” bajo el “paraguas” de la alta dirección cuando, en realidad, no eran altos directivos de la cadena y no podían ser despedidos sin más.

En su caso, los jueces también constataron que Ariztimuño no fue despedido el día en que guardó sus cosas en una caja y se fue, sino cuando se prescindió del director general unos días antes, pagando menos dinero en su finiquito. “Curiosa tesis de la empleadora de todas maneras que decide unilateralmente cuándo tiene que dejar de pagar su retribución, con independencia si ha notificado la extinción contractual y dándole un carácter retroactivo”, reprochó el TSJ de Madrid en una sentencia revelada por este periódico el pasado mes de diciembre.

Telemadrid recurrió sentencias desfavorables por estos despidos y está por ver si el Tribunal Supremo avala más en los próximos meses. En segunda instancia, los argumentos de los jueces de lo social fueron muy similares: “La relación que unía al demandante con la demandada era de carácter común y su extinción constituye un despido improcedente”, decía una de estas resoluciones. En este proceso, además, Telemadrid es condenada en costas a pagar hasta 300 euros.

Una televisión pendiente del Constitucional

La purga ejecutada por José Antonio Sánchez, cuyos efectos prácticos sanciona el Tribunal Supremo, vino acompañada de una reforma que Isabel Díaz Ayuso consiguió aprobar con la abstención de la ultraderecha. Entre otras alegaciones, la presidenta regional afirmó que mantener Telemadrid cuesta “casi dos Zendales por legislatura”. Ese año el ente público madrileño cerró sus cuentas con superávit y desde la llegada de la dirección saliente su audiencia llegó a repuntar un 25% con respecto a la etapa anterior.

Esa reforma está en manos del Tribunal Constitucional. Durante su aprobación, la oposición de la Asamblea de Madrid denunció que Isabel Díaz Ayuso buscaba regresar a la “época oscura” de Esperanza Aguirre en lo relativo a la dirección de la cadena pública de televisión y radio. El control definitivo del ente público llegó este año cuando, nuevamente con la ayuda de Vox, el PP sacó adelante una segunda reforma por la vía de urgencia para poder nombrar a un director general definitivo en Telemadrid.

Diversos puntos de estas sucesivas reformas han sido llevadas ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición. El PSOE, por ejemplo, recurrió la tramitación de urgencia o de lectura única que se ha utilizado para impulsar estas dos normas que, según ha denunciado la oposición en diversas ocasiones, ha servido para que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso controle la dirección el ente público. Los recursos fueron admitidos a trámite hace un año por el tribunal de garantías y están pendientes de sentencia.