El Gobierno ultima los detalles de un Real Decreto-Ley que pretende llevar este martes al Consejo de Ministros con el objetivo de acelerar la tramitación de solicitudes, denegaciones y devoluciones de migrantes en la ciudad de Ceuta. El borrador de la norma, adelantado por El País y al que ha accedido elDiario.es, plantea la aprobación de una suerte de suspensión temporal de garantías básicas del derecho al asilo, que se salta algunos de los límites legales establecidos por el ya duro Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Varias fuentes jurídicas expertas en derecho de asilo alertan de que el decreto, tal y como está redactado el borrador inicial, vulnera el “principio de no devolución”, clave en el derecho internacional, y pone en riesgo el derecho a la tutela jurídica efectiva, amparado en la Constitución Española.

El texto plantea un marco de tramitación acelerada que afecta con carácter retroactivo a las peticiones de protección internacional presentadas desde el 30 de julio y que se encuentren pendientes de resolución. El texto que ultima el Ejecutivo diseña un circuito de tramitación exprés ideado para acelerar al máximo la resolución de expedientes y agilizar las expulsiones desde Ceuta. El Gobierno, consciente de que uno de los principales escollos para acelerar los retornos es el cuello de botella que pueden crear las peticiones de asilo, está intentando reducir a golpe de decreto garantías del derecho al asilo, que no solo estaban incluidas en la legislación española, sino que están contempladas en los reglamentos ligados al Pacto Europeo de Asilo y los convenios internacionales firmados por España.

En el terreno administrativo, la norma elimina intermediarios al capacitar directamente a la Dirección General de Protección Internacional para resolver peticiones sin pasar por el filtro de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que incluye también la presencia de Acnur en el proceso. Al mismo tiempo, impone la inadmisión de entrada para quienes pidan asilo siete días después de haber recibido una orden de devolución y permite archivar solicitudes por “desistimiento implícito” —sin dar opción a subsanar— si el migrante abandona el centro de acogida o no responde a un trámite en un plazo de entre 5 y 10 días.

El texto impacta en las garantías procesales del solicitante. El decreto contempla que, cuando una persona resida en un centro de acogida masificado o no acredite una dirección concreta, la resolución no se le notificará en mano ni por correo, sino a través de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A esto se suma un tijeretazo drástico a los plazos para acudir a los tribunales: el margen para interponer un recurso contencioso-administrativo frente a una denegación en frontera se reduce a tan solo cinco días naturales.

El borrador restringe al mínimo el derecho de los migrantes a permanecer en territorio español mientras se resuelve su solicitud de asilo, lo que permitiría su devolución aunque aún no exista una respuesta definitiva a su petición. Según el texto, los solicitantes pueden perder “su derecho de permanencia, independientemente de su nacionalidad” de manera automática quienes consideren que suponen “un peligro para el orden público o la seguridad nacional”. La clave es el amplio margen que deja la norma para poder considerar que un migrante en Ceuta supone un peligro para el orden público: “Se entenderá que se da esta circunstancia en caso de las personas que se hayan comportado de manera violenta o amenazante en el centro o dispositivo de acogida; o que, fuera de los mismos, promuevan o participen en altercados, tumultos, o actos que supongan cualquier actividad sancionable administrativa o penalmente por poder afectar al orden público o seguridad ciudadana”.

En este sentido, el texto veta expresamente la aplicación de un principio hasta ahora incuestionable en el derecho internacional: el principio de no devolución, por el cual ninguna persona puede ser retornada a un país donde su integridad física, su vida o dignidad corra peligro, así como aquellos Estados donde no se garantice que el solicitante no acabe expulsado al lugar de donde huye.

Así, el proyecto establece que “el principio de no devolución no podrá ser invocado en caso de excepción o pérdida del derecho por peligro para el orden público o la seguridad nacional, o cuando la persona cuente con una sentencia desfavorable firme sobre la resolución de su solicitud o solicitudes anteriores o cuando, habiendo tenido la oportunidad de recurrir las resoluciones anteriores, no lo hubiera hecho”. Eso sí, para retirar el derecho de permanencia por riesgo al orden público o la seguridad requerirá un acto previo de privación acordado explícitamente por la persona titular del Ministerio del Interior.

El texto contradice así los límites establecidos en el Reglamento europeo que regula los procedimientos de asilo. Si bien el marco comunitario permite restringir o hacer excepciones al derecho de permanencia durante el procedimiento o los recursos en casos de seguridad u orden público, sí exige de manera explícita que cualquier medida se aplique “sin perjuicio del principio de no devolución”. La norma comunitaria prohíbe expresamente que la denegación de permanencia conduzca a una expulsión automática hacia un país donde la vida de la persona corra peligro o pueda sufrir tratos degradantes o tortura.

Interior no ha respondido a las preguntas de elDiario.es porque se trata de un texto que aún no es definitivo. Entretanto, desde Acnur España, un organismo que asesora a las autoridades en temas de asilo y refugio, remarcan que han conocido la preparación del decreto “a través de los medios de comunicación”. “Por el momento, no hemos recibido información oficial ni hemos sido consultados sobre su contenido, por lo que sería prematuro pronunciarnos sobre medidas concretas, que a priori, podrían ser preocupantes”, señalan fuentes de la agencia especializada.

Así, estas mismas fuentes hacen hincapié en que “agilizar los procedimientos y preservar las garantías no son objetivos incompatibles”. “Deben garantizarse en todo momento principios esenciales como el de no devolución y el acceso a un recurso efectivo, asegurando que las necesidades de protección se evalúen adecuadamente antes de proceder a un retorno ya sea directo o indirecto”, señalan. “Dicho esto, los retos de la gestión migratoria –incluida la actual crisis en Ceuta– no deberían traducirse en una reducción de las garantías del procedimiento de protección internacional”, agregan las fuentes de la agencia de la ONU en España, que muestran su disposición a las autoridades “para contribuir a medidas que permitan reforzar la eficacia del sistema preservando plenamente estas garantías”.

Según cuatro fuentes jurídicas especializadas en asilo y refugio, la propuesta del Ejecutivo, además de apurar los márgenes de restricción previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), entra en colisión con el reglamento sobre procedimientos de asilo, sobrepasando las propias directrices fijadas por Bruselas y contraviniendo salvaguardas de derechos humanos fundamentales.

La prohibición de la no devolución

Añadir excepciones al principio de no devolución choca con el marco legal europeo, según las fuentes jurídicas consultadas. “El principio de no devolución siempre se puede invocar. Es un principio de derecho internacional que está en vigor independientemente de la normativa concreta y que se proclama para cualquier persona que vaya a sufrir tratos degradantes o cuya vida esté en peligro. En las excepciones que pone el PEMA, cuando a una persona se le deniega por seguridad y orden público, siempre se conserva el principio de no devolución”, apunta Elena Muñoz, la responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (una de las ONG que forma parte del sistema de acogida del Gobierno).

Diego Boza, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y especialista en inmigración, considera que el texto no tiene encaje legal: “La propuesta me parece ilegal por resultar contraria a los Reglamentos europeos y las leyes nacionales”, sostiene el experto. “En cuanto a los Reglamentos europeos, la referencia a la no invocación del principio de non-refoulement resulta contraria al Reglamento 2024/1348, pero también a toda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, añade.

“La no invocabilidad del principio de no devolución es la disposición más grave y no tiene encaje posible”, coincide Patricia Fernández Vicens, abogada experta en migraciones que ha estado detrás de denuncias como la que frenó la expulsión de menores desde Ceuta en 2021, un caso por la que acabaron condenadas por prevaricación la entonces delegada del Gobierno en la ciudad y la exvicepresidenta de Ceuta. “El artículo 10.4.c), el artículo 56 y el artículo 68.3 arrancan con 'sin perjuicio del principio de no devolución'; el artículo 68.7 exige que el tribunal pueda autorizar la permanencia cuando se invoque. Es una norma de ius congens. Quebranta directamente el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 33 de la Convencion de Ginebra”.

Recorte del recurso

Los expertos alertan de riesgo de incurrir en una vulneración de la tutela jurídica efectiva, amparada en la Constitución española y en la legislación internacional. “El recorte del plazo del recurso contencioso-administrativo no encuentra cobertura en la norma europea”, indica Boza. “Al reducir los plazos del recurso a cinco días naturales, la persona no se va a enterar y se le van a pasar los plazos”, coinciden desde la organización especializada en asilo. “En cinco días, con un sábado y un domingo de por medio, es imposible que el abogado pueda ver el caso, redactar el recurso y pedir medidas cautelares. La tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental, se ve bastante afectada”, continúa.

“El recurso en el plazo de cinco días es un absoluto invento. El plazo para ese tipo de decisiones es del artículo 46.1 de la LJCA: dos meses. El PEMA dispone plazo más reducidos para otras cosas, pero no para eso”, señala Fernández Vicens.

En la práctica, este acortamiento de plazos dificulta de forma extrema la interposición de recursos con plenas garantías. El plazo legal estándar en el sistema español es de diez días o un mes según la vía. Al reducir el margen a cinco días naturales —con fines de semana de por medio—, el solicitante dispone de un lapso mínimo para localizar asistencia jurídica, solicitar turno de oficio, estudiar el expediente y articular la demanda ante los tribunales.

A este obstáculo se suma la generalización de las notificaciones a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el artículo 6 del borrador, si el solicitante indica direcciones en zonas geográficas o en centros de acogida sobreocupados, la notificación se realizará de forma exclusiva por anuncio en el BOE, asumiéndose legalmente como efectuada a la primera publicación.

“La notificación por BOE es solo un último recurso, cuando la persona está ilocalizable”, explica Muñoz, de CEAR. “Si esas personas están en un dispositivo de acogida público, están localizables, por lo que no te puedes acoger al BOE. Esa notificación no es válida si no se ha intentado la notificación personal dos veces, mañana y tarde. Notifican por el BOE para que no te enteres”. Ante este patrón de indefensión, Boza sostiene que “el ministro Marlaska con esta propuesta pretende ir más allá, saltándose el ordenamiento jurídico y los procedimientos existentes”.

La normativa comunitaria para crisis

Desde las organizaciones sociales recuerdan que la propia legislación comunitaria ofrece alternativas que no pasan por el recorte de derechos: “No se entiende por qué hacen esto cuando tienen un instrumento como el Reglamento de Crisis que habla de que, cuando hay una situación de gran llegada o tensión en la capacidad de acogida o gestión, se puede pedir ayuda a la Comisión Europea para que te flexibilicen los plazos por los cauces previstos”.

En la misma línea, Boza cuestiona que el Gobierno no aplique los cauces legales habilitados en la normativa comunitaria para crisis migratorias, ya de por sí duros y cuestionados por organizaciones de derechos humanos. “Para situaciones de este tipo el Pacto habilitó el Reglamento de Crisis, pero España no lo ha querido activar. Ese Reglamento de Crisis establece el máximo de recorte de derechos que la UE contempla y el Ministerio del Interior con esta propuesta pretende ir más allá de lo legalmente permitido”, remata.

“El reglamento (UE) 2024/1348 no admite regímenes procedimentales territoriales distintos dentro de un Estado; el único cauce para apartarse de sus reglas ante una llegada masiva es el reglamento 2024/1359 (crisis y fuerza mayor), que exige solicitud del Estado, propuesta de la Comisión y decisión de ejecución del Consejo, y tasa las excepciones (registro hasta cuatro semanas, fronterizo ampliado, etc.)”, recalca también Fernández Vicens.

El dipòsit de pasteres de Ses Salines es va convertir aquest dimarts en l'escenari triat pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, per reclamar al Govern central que freni l'arribada de persones migrants a les illes. El PSIB-PSOE li ha recriminat que “posés” davant diverses de les embarcacions, acusant-lo de “deshumanitzar-les” i de convertir els menors migrants en “munició política”. “Els menors no són una fotografia per alimentar el conflicte entre partits”, asseveren els socialistes.

Galmés va aprofitar la seva presència al costat de les pasteres per anunciar una carta a Pedro Sánchez en la qual reclama que la pròxima reunió d'alt nivell entre Espanya i Algèria, prevista per a l'octubre, es tradueixi en “mesures urgents i concretes” per frenar les arribades a Balears. Entre les seves peticions inclou reforçar la cooperació amb Algèria, impulsar polítiques en origen i facilitar els procediments de retorn de menors migrants quan existeixin familiars que puguin fer-se càrrec d'ells.

La portaveu socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha qüestionat aquest dimecres les imatges difoses i ha reclamat al mateix temps a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que concreti el nombre de menors migrants que es troben sota tutela de la institució. “No és acceptable que el PP de Mallorca converteixi els menors migrants en material de confrontació política”, ha assenyalat Cladera, que ha acusat el Consell de presentar a aquestes persones fonamentalment com a “xifres” dins de les seves reivindicacions a l'Executiu central.

El PSIB sosté que les reclamacions de Galmés es produeixen en un context en el qual Vox, soci del PP al Consell Insular, manté una posició més restrictiva respecte a l'acollida de menors migrants. Els socialistes recorden que la formació de Santiago Abascal ha defensat que la capacitat ordinària d'acollida de menors estrangers sigui zero.

“Almenys, en la foto de davant de les pasteres, Galmés no apareix rient com va fer mesos enrere”, ha afirmat Cladera, en referència a unes imatges anteriors del president del Consell que els socialistes ja havien criticat.

La portaveu socialista considera que el PP ha d'aclarir si pretén desenvolupar una política pròpia en matèria migratòria o si, per contra, està adoptant posicions cada vegada més pròximes al discurs de Vox. Cladera ha reclamat que la resposta institucional combini el control de les fronteres i la lluita contra les xarxes de tràfic de persones amb la protecció dels drets dels migrants i, especialment, dels menors.

Crítiques a la gestió dels menors

El PSIB també ha retret al Consell la seva posició respecte a l'acollida de menors migrants i ha qüestionat la seva participació en els mecanismes de coordinació entre administracions. Cladera ha criticat que el PP reclami recursos a l'Estat mentre, segons els socialistes, “boicoteja” determinades reunions de coordinació i rebutja assumir nous menors procedents d'altres comunitats autònomes. També ha qüestionat que el Consell prioritzi les directrius polítiques del PP estatal davant els recursos econòmics disponibles per reforçar l'atenció a les persones migrants.

Els socialistes reclamen que la gestió migratòria s'abordi de manera coordinada entre les administracions autonòmica, insular i estatal, així com amb les institucions europees. “Una societat democràtica, europea i solidària ha de ser capaç de controlar les fronteres, combatre les màfies i ordenar els fluxos migratoris sense perdre mai la humanitat”, ha afirmat Cladera.

Així mateix, considera que el debat s'hauria de centrar en la capacitat de les administracions per respondre a les arribades, garantir l'atenció dels menors i disposar de recursos suficients, en lloc de convertir les pasteres en un nou escenari d'enfrontament polític. “El PP ha de decidir si vol governar des de la responsabilitat o si prefereix competir amb Vox en el terreny del discurs més dur contra les persones migrants”, ha conclòs Cladera.

El depósito de pateras de Ses Salines se convirtió este martes en el escenario elegido por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para reclamar al Gobierno que frene la llegada de personas migrantes a las islas. El PSIB-PSOE le ha recriminado que “posara” ante varias de las embarcaciones, acusándolo de “deshumanizarlas” y de convertir a los menores migrantes en “munición política”. “Los menores no son una fotografía para alimentar el conflicto entre partidos”, aseveran los socialistas.

Galmés aprovechó su presencia junto a las pateras para anunciar una carta a Pedro Sánchez en la que reclama que la próxima reunión de alto nivel entre España y Argelia, prevista para octubre, se traduzca en “medidas urgentes y concretas” para frenar las llegadas a Balears. Entre sus peticiones incluye reforzar la cooperación con Argelia, impulsar políticas en origen y facilitar los procedimientos de retorno de menores migrantes cuando existan familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha cuestionado este miércoles las imágenes difundidas y ha reclamado al mismo tiempo al Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que concrete el número de menores migrantes que se encuentran bajo tutela de la institución. “No es aceptable que el PP de Mallorca convierta los menores migrantes en material de confrontación política”, ha señalado Cladera, que ha acusado al Consell de presentar a estas personas fundamentalmente como “cifras” dentro de sus reivindicaciones al Ejecutivo central.

El PSIB sostiene que las reclamaciones de Galmés se producen en un contexto en el que Vox, socio del PP en el Consell Insular, mantiene una posición más restrictiva respecto a la acogida de menores migrantes. Los socialistas recuerdan que la formación de Santiago Abascal ha defendido que la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros sea cero.

“Al menos, en la foto de delante de las pateras, Galmés no aparece riendo como hizo meses atrás”, ha afirmado Cladera, en referencia a unas imágenes anteriores del presidente del Consell que los socialistas ya habían criticado.

La portavoz socialista considera que el PP debe aclarar si pretende desarrollar una política propia en materia migratoria o si, por el contrario, está adoptando posiciones cada vez más próximas al discurso de Vox. Cladera ha reclamado que la respuesta institucional combine el control de las fronteras y la lucha contra las redes de tráfico de personas con la protección de los derechos de los migrantes y, especialmente, de los menores.

Críticas a la gestión de los menores

El PSIB también ha reprochado al Consell su posición respecto a la acogida de menores migrantes y ha cuestionado su participación en los mecanismos de coordinación entre administraciones. Cladera ha criticado que el PP reclame recursos al Estado mientras, según los socialistas, “boicotea” determinadas reuniones de coordinación y rechaza asumir nuevos menores procedentes de otras comunidades autónomas. También ha cuestionado que el Consell priorice las directrices políticas del PP estatal frente a los recursos económicos disponibles para reforzar la atención a las personas migrantes.

Los socialistas reclaman que la gestión migratoria se aborde de manera coordinada entre las administraciones autonómica, insular y estatal, así como con las instituciones europeas. “Una sociedad democrática, europea y solidaria ha de ser capaz de controlar las fronteras, combatir las mafias y ordenar los flujos migratorios sin perder nunca la humanidad”, ha afirmado Cladera.

Asimismo, considera que el debate debería centrarse en la capacidad de las administraciones para responder a las llegadas, garantizar la atención de los menores y disponer de recursos suficientes, en lugar de convertir las pateras en un nuevo escenario de enfrentamiento político. “PP debe decidir si quiere gobernar desde la responsabilidad o si prefiere competir con Vox en el terreno del discurso más duro contra las personas migrantes”, ha concluido Cladera.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha insistido este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en que la Comunidad es “tierra de acogida” a la vez que ratificaba la intención del vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán (Vox), de deportar a “todos” los menores no acompañados que está tutelando, 164. Para ello tirará del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería que establece que “las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos”.

“Que es una tierra de acogida lo demuestran los datos de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, los que vienen a trabajar y a integrarse. Es la línea en que queremos seguir, no ha cambiado, inmigración legal y ordenada que se integra social y laboralmente”, ha afirmado. Lo que no ha explicado Fernández Carriedo es quién llevará el peso de esas negociaciones con los países de origen de los menores, de cuántos países se trata, o el coste estimado de esos procedimientos que pretenden aplicar porque “los menores migrantes con quienes mejor están es con sus familias”. Aunque se le ha preguntado varias veces por qué ahora ha decidido devolver a todos los menores y no antes, el portavoz se ha escudado en que pretenden beneficiarlos. Finalmente, sí ha llegado a asegurar que ya otras veces han recurrido la acogida, pero no ha aclarado cuántas veces y cuántos de esos recursos acabaron con la deportación de un menor.

Fernández Carriedo se ha escudado en que se han superado las capacidades de acogida de Castilla y León, de 130 plazas, ya que ahora tutelan a 164 menores no acompañados. Respecto al coste estimado de las deportaciones ha comentado que “eso no es lo importante” y que es un procedimiento que “tendría que haber liderado España”, por lo que la Junta no se va a quedar parada “ante la inacción del Gobierno”.

Posteriormente, ha precisado que las deportaciones se estudiarán “caso por caso”. La Junta de Castilla y León se ha comprometido a facilitar más datos sobre los recursos que se presentaron en años anteriores.

El fantasma de una nueva avalancha migratoria sobre Balears ha vuelto al debate político, pero las cifras dibujan por ahora un escenario mucho menos excepcional. Mientras el PP reclama al Gobierno central explicaciones por un informe policial sobre llegadas de migrantes al archipiélago -que los conservadores interpretan como una confirmación de que las islas se encuentran bajo una alerta de “alto riesgo” ante una posible “entrada masiva” de migrantes-, la ruta argelina se mantiene prácticamente estable: 4.934 personas llegaron por vía marítima entre enero y agosto, apenas un 1,7% más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio del Interior.

Frente al temor a que puedan desembarcar de golpe “100 o 200 pateras” -en palabras del presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí-, las entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señalan que la ruta está “más o menos controlada”, como señala la directora general de esta organización, Mónica López, en declaraciones a elDiario.es.

La polémica saltó durante la semana pasada. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez negó que la Policía Nacional hubiera advertido de un “riesgo alto” en la ciudad autónoma en los días previos a la crisis fronteriza en Ceuta, si bien confirmó la existencia de un informe que se refería a la Península y a Balears: “Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí”, fueron sus palabras. El documento fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional.

Menos de 24 horas después, la líder autonómica, Marga Prohens, compareció de forma extraordinaria para solicitar “por todos los canales formales” información acerca del informe policial al que se refería Sánchez. La dirigente conservadora acusó al Ejecutivo central de “ocultar” una información que, a su juicio, comprometía la seguridad de las islas, y reclamó saber qué hizo el Estado desde que tuvo conocimiento de ella y por qué no fue comunicada a las autoridades baleares. “Creemos que es muy grave la ocultación de esta información tan sensible al Govern de las Illes Balears”, insistió Prohens.

Después de que saliera a la luz esta información, Vicent Marí (PP), presidente del Consell d’Eivissa, aseguró en una entrevista a Periódico de Ibiza y Formentera que tenía “pesadillas” alrededor de la idea de que pudieran “llegar aquí 100 o 200 pateras de golpe”, extremo que nunca ha ocurrido desde que se consolidara la ruta argelina. “Estamos asistiendo a un goteo constante de pateras desde una ruta consolidada que es Argelia, aunque el Gobierno lo niegue. Ya llegan más migrantes en patera a Baleares que a Canarias, con lo cual está claro que es una ruta consolidada”, afirmó Marí. Esta travesía se ha consolidado como el cruce migratorio más transitado para llegar a España, superando a la ruta atlántica hacia Canarias, así como a los trayectos desde el norte de Marruecos, como informó elDiario.es.

“La ruta está más o menos controlada”

“Nosotros entendemos que quien tiene esa información o quien puede tener esas alertas, lógicamente, es el Gobierno, el Ministerio del Interior y el CNI -que depende del Ministerio de Defensa-”, responde la portavoz de CEAR, a la pregunta sobre si considera posible que lleguen, de un plumazo, centenares de cayucos a las costas pitiusas. “Creo que las cifras respecto al año anterior suponen un incremento de unas 80 personas, con lo cual parece que esa ruta está más o menos controlada”. “Sobre que pudiera haber una previsión de llegadas de muchas embarcaciones, nosotros desde luego desconocemos el dato”, incide López.

La directora general de CEAR explica que la respuesta institucional que se ha ofrecido cuando se ha producido la llegada de embarcaciones precarias a los archipiélagos canario y balear “ha funcionado”. López diferencia así la acción gubernamental como consecuencia de la crisis -fronteriza primero y humanitaria después- de Ceuta, que considera “lenta”. “Balears sí que es verdad que el verano pasado tuvo una crisis importante de capacidad de acogida para las personas que estaban llegando”, reconoce. “Se han realizado traslados [de migrantes adultos] a la península y creo que la situación está más o menos normalizada”, añade.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia explican a este diario, en cuanto a los menores, que las derivaciones están reguladas por el Real Decreto-ley 2/2025. “No opera en Balears porque no está en contingencia migratoria extraordinaria. Solo en Canarias, Ceuta y Melilla. Son 2.000 los menores trasladados desde esos territorios desde esos tres territorios de la península en los últimos 12 meses”, aseguran.

La lectura e interpretación que hace el Govern acerca de los datos, sin embargo, es otra. Fuentes de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local afirman a este diario que incluso con los informes quincenales del Ministerio [del Interior], se demuestra que “se mantiene la tendencia al alza”, debido a la subida del 1,7%. La Conselleria compara estos datos con los de la ruta canaria, que se reduce un 57,4%. “Es decir, en Balears llegan ya prácticamente las mismas personas que a Canarias, que ha pasado de unas 12.000 el año pasado por estas fechas a poco más de 5.000”, puntualizan.

El Govern balear ve una tendencia al alza

Además, el Govern del PP -que legisla en en minoría con apoyos puntuales de Vox- considera que los informes quincenales “pueden variar mucho” de una quincena a otra, por varios motivos: mala mar, embarcaciones que han llegado dos días más tarde o porque las llegadas de los últimos días del mes entran en un informe o en el siguiente. “Querer concluir que ‘ya estamos mejor’ con estos datos es, como mínimo, precipitado”, consideran. A juicio del Ejecutivo autonómico, hay que tomar como referencia el último informe anual de riesgos de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), de junio, que señala que durante el primer trimestre de 2026 las llegadas cayeron un 40% en Europa y un 60% a través de la ruta canaria. En paralelo, aseguran que la ruta argelina hacia Balears sube un 17%, aunque este dato no aparece en el informe.

Concretamente, sobre la ruta del Mediterráneo occidental –que es más amplia que la argelina porque abarca Marruecos, Mauritania y Senegal, además de Argelia–, el informe señala que se espera que “continúe una tendencia estable y ligeramente al alza”, durante este 2026. Y añade que lo más destacable, en este sentido, es “el creciente uso de la ruta más larga y peligrosa entre Argelia y las Illes Balears, cada vez más utilizada por migrantes somalíes, malienses y guineanos”, nacionalidades que anteriormente estaban más asociadas a las rutas del Mediterráneo central y de África occidental.

El último informe de Frontex señala "el creciente uso de la ruta más larga y peligrosa entre Argelia y las Illes Balears, cada vez más utilizada por migrantes somalíes, malienses y guineanos", nacionalidades anteriormente más asociadas a las rutas del Mediterráneo central y de África occidental

El informe de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) atribuye estos cambios al endurecimiento de los controles en Libia, Túnez y Mauritania, que está desviando los flujos hacia Argelia “como punto de partida alternativo”. “La propia Argelia es tanto país de origen como de tránsito, y los argelinos representaron cerca del 54% de las detecciones en la ruta del Mediterráneo occidental en 2025”. Las causas son el desempleo juvenil estructural y el descontento de la población con la clase política, a juicio de la agencia europea.

El Ejecutivo insiste: “El ritmo de llegadas es inasumible”

“Ojalá pudiéramos decir que la tendencia está bajando. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra”, afirma la Conselleria de Presidencia. Las fuentes consultadas señalan, así, que la tendencia al alza continúa y que este ritmo de llegadas “es inasumible para un territorio como Balears”. Añaden que a 9 de septiembre han contabilizado 484 personas en más de una veintena de cayucos.

En este 2026 han llegado casi 5.300 personas, según el recuento del Govern. “Además, están los 916 menores que tutelan actualmente los consells insulars, cuando la capacidad ordinaria establecida por el Estado es de 434”, apuntan. Por todo ello, el Ejecutivo autonómico reclama que Frontex tenga “una presencia permanente en las fronteras marítimas de las islas”.

Ojalá pudiéramos decir que la tendencia está bajando. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra

Conselleria balear de Presidencia

El Ministerio del Interior, por su lado, explica a este diario que, a 31 de agosto de 2025, el incremento de llegadas en comparación con el año anterior ascendía al 78%. “Desde entonces la tendencia ha ido descendiendo progresivamente. Terminó 2025 en un ascenso del 24,5% y la tendencia durante 2026 ha sido de desaceleración hasta alcanzar algunos descensos o subidas leves”, apuntan. Así, Interior señala que se aplica “una política migratoria preventiva, basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas”. Una acción que, a juicio del Gobierno, está funcionando y que “evita en origen el 40% de las salidas irregulares”.

El Ministerio del Interior explica que se está aplicando “una política migratoria preventiva, basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas"

La repatriación colectiva de menores es ilegal

El posicionamiento de las administraciones autonómicas –el PP gobierna en todos los consells insulars, y también en el Govern– es que los menores no acompañados “tienen que estar con sus padres”. “Pensar que podemos acoger a todo el mundo, eso es estar equivocado. Hay que ayudar a estos países en origen. Los menores no tienen que estar en centros de acogida aquí en Ibiza o en cualquier otro lugar de España. Tienen que estar con sus padres”, afirmó Marí. Y añadió que si hace falta hay que “ayudar” a los países de origen para evitar la llegada de migrantes.

Independientemente de cuál sea la gestión que ejerza el Estado así como las comunidades autónomas para recibir la llegada de menores, la repatriación colectiva es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo. Lo que puede hacer el Govern –ya lo ha hecho, sin éxito– es pedir la modificación del sistema de reparto, regulado por el Decreto-ley 2/2025, que es la normativa que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia.

En este sentido, López recuerda que para que los menores puedan volver con sus padres, hay que “cumplir unos estrictos procedimientos para no devolver a los menores a un contexto en el que no pueden estar”. “La premisa de que los niños siempre están mejor con sus padres no se cumple en todos los casos. Pero ni con niños migrantes ni con niños españoles”, advierte la directora general de CEAR.

En la misma línea, explica que hay que tener en cuenta “el interés superior del menor”, ya que en la legislación de un Estado de derecho tiene que haber “procedimientos que garanticen que esos niños no van a ser devueltos a un espacio en el que no se les va a tratar conforme al derecho”. Irene Graíño, técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, coincide: cualquier repatriación que se realice a niñas, niños y adolescentes “debe realizarse a través del procedimiento adecuado que está establecido siguiendo todas las garantías necesarias, escuchando a las niñas, niños y adolescentes y realizando una determinación del interés superior del menor”.

Las entidades piden “solidaridad interterritorial”

En cuanto a las crisis de acogida que se puedan generar debido a la llegada de menores, Graíño hace un llamamiento a todas las administraciones públicas para que “se comprometan con el principio de solidaridad interterritorial y que se activen, en este sentido, los mecanismos para activar soluciones que permitan, por ejemplo, traslados a la península de niñas, niños y adolescentes”. El mes pasado, el Gobierno y las comunidades autónomas se reunieron para abordar la atención a los menores en Ceuta, pese al plantón de tres comunidades gobernadas por el PP y cuyos responsables de Infancia son de Vox.

“Estamos muy preocupadas porque todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad sin tener un acceso adecuado a agua, alimentación y alojamiento adecuado, sin poder cubrir sus necesidades básicas e igualmente sin poder tener acceso digno y adecuado a la atención sanitaria”, lamenta Graíño, en referencia a la crisis humanitaria de Ceuta. Además, recuerda que todavía “hay muchísimas niñas que siguen sin estar identificadas debidamente de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico”. “Esto debe realizarse con la máxima premura posible debido a que es una garantía para que puedan acceder al resto de sus derechos”, apunta.

Estamos muy preocupadas porque todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad sin tener un acceso adecuado a agua, alimentación y alojamiento adecuado y sin poder cubrir sus necesidades básicas

Irene Graíño — Técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia

La directora general de CEAR, sin embargo, cree que el problema “no está en el reparto que se hace de los menores”, sino que está “en que las comunidades autónomas se niegan a asumir ese reparto”. “Ese, para mí, es el verdadero problema. Es un problema de facto. Ha pasado con Canarias, está pasando con Ceuta: hay comunidades autónomas que se niegan a asumir a esos menores en caso de que se activase la necesidad de reparto”, lamenta López.

La portavoz de CEAR señala que, al final, todo tiene que ver con “las políticas europeas, no solo con las españolas y no solo con las de las comunidades autónomas”. El contexto actual es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aunque las políticas de externalización de fronteras y securitarias son anteriores. López señala que el control de fronteras para impedir la llegada de migrantes lleva produciéndose, al menos, desde la década de los 2000. Entre ellos, cita los acuerdos de la UE y España con Mauritania, Marruecos y Turquía.

“Es una consecuencia de esa política de externalización de fronteras que para nosotros ha fracasado. Porque si estamos viviendo crisis migratorias como la que hemos vivido el mes pasado en Ceuta después de 20 años de políticas de externalización de fronteras y de control migratorio, es que algo está fallando”, advierte. CEAR propone, desde el principio de la crisis fronteriza que derivó en una crisis migratoria, el traslado de los migrantes a la península. “Ha funcionado en el caso balear y canario”. Así se evitaría que ciudades como Ceuta, o como podría pasar en el archipiélago canario –que tienen una frontera y un territorio limitado– “colapsen o tengan problemas de convivencia”, concluye.

El fantasma d’una nova allau migratòria sobre les Balears ha tornat al debat polític, però les xifres dibuixen, ara per ara, un escenari molt menys excepcional. Mentre el PP reclama al Govern central explicacions per un informe policial sobre les arribades de migrants a l’arxipèlag –que els conservadors interpreten com una confirmació que les illes es troben sota una alerta de “risc alt” davant una possible “entrada massiva” de migrants–, la ruta algeriana es manté pràcticament estable: 4.934 persones van arribar per via marítima entre gener i agost, només un 1,7% més que en el mateix període de 2025, segons dades del Ministeri de l’Interior.

Davant la por que puguin desembarcar de cop “100 o 200 pasteres” –en paraules del president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí–, entitats com la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) assenyalen que la ruta està “més o menys controlada”, com assenyala la directora general d’aquesta organització, Mónica López, en declaracions a elDiario.es.

La polèmica va esclatar durant la setmana passada. En una compareixença al Congrés dels Diputats, el president del Govern, Pedro Sánchez, va negar que la Policia Nacional hagués advertit d’un “risc alt” a la ciutat autònoma els dies previs a la crisi fronterera a Ceuta, si bé va confirmar l’existència d’un informe que es referia a la Península i a les Balears: “També s’ha dit que la Policia Nacional havia advertit una setmana abans d’un risc alt a Ceuta. I no és correcte. Aquest informe va existir, però parlava exclusivament de les arribades marítimes a la península i a les Illes Balears i no, per tant, a la frontera de Ceuta”, van ser les seves paraules. El document va ser elaborat pel Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF), dependent de la Policia Nacional.

Menys de 24 hores després, la líder autonòmica, Marga Prohens, va comparèixer de manera extraordinària per sol·licitar “per tots els canals formals” informació sobre l’informe policial a què es referia Sánchez. La dirigent conservadora va acusar l’Executiu central d’“ocultar” una informació que, al seu parer, comprometia la seguretat de les illes, i va reclamar saber què va fer l’Estat des que en va tenir coneixement i per què no es va comunicar a les autoritats balears. “Creiem que és molt greu l’ocultació d’aquesta informació tan sensible al Govern de les Illes Balears”, va insistir Prohens.

Després que aquesta informació sortís a la llum, Vicent Marí (PP), president del Consell d’Eivissa, va assegurar en una entrevista al Periódico de Ibiza y Formentera que tenia “malsons” al voltant de la idea que poguessin “arribar aquí 100 o 200 pasteres de cop”, fet que mai no ha succeït des que es va consolidar la ruta algeriana. “Estem assistint a un degoteig constant de pasteres procedents d’una ruta consolidada que és Algèria, encara que el Govern ho negui. Ja arriben més migrants en pastera a les Balears que a les Canàries, de manera que és evident que és una ruta consolidada”, va afirmar Marí. Aquesta travessia s’ha consolidat com el creuament migratori més transitat per arribar a Espanya, per sobre de la ruta atlàntica cap a les Canàries, així com dels trajectes des del nord del Marroc, com va informar elDiario.es.

“La ruta està més o menys controlada”

“Nosaltres entenem que qui té aquesta informació o qui pot tenir aquestes alertes, lògicament, és el Govern, el Ministeri de l’Interior i el CNI –que depèn del Ministeri de Defensa–”, respon la portaveu de CEAR quan se li pregunta si considera possible que arribin, de cop, centenars de cayucos a les costes pitiüses. “Crec que les xifres respecte de l’any anterior suposen un increment d’unes 80 persones, de manera que sembla que aquesta ruta està més o menys controlada”. “Sobre el fet que pogués haver-hi una previsió d’arribada de moltes embarcacions, nosaltres, des de CEAR, desconeixem la dada”, insisteix López.

La directora general de CEAR explica que la resposta institucional que s’ha ofert quan s’ha produït l’arribada d’embarcacions precàries als arxipèlags canari i balear “ha funcionat”. López diferencia així l’actuació governamental a conseqüència de la crisi –primer fronterera i després humanitària– de Ceuta, que considera “lenta”. “És cert que les Balears l’estiu passat van tenir una crisi important de capacitat d’acollida per a les persones que arribaven”, reconeix. “S’han fet trasllats [de migrants adults] a la península i crec que la situació està més o menys normalitzada”, afegeix.

Fonts del Ministeri de Joventut i Infància expliquen a aquest diari, pel que fa als menors, que les derivacions estan regulades pel Reial decret llei 2/2025. “No opera a les Balears perquè no es troben en contingència migratòria extraordinària. Només a les Canàries, Ceuta i Melilla. Són 2.000 els menors traslladats des d’aquests territoris des d’aquests tres territoris de la península en els darrers dotze mesos”, asseguren.

La lectura i interpretació que fa el Govern sobre les dades, però, és una altra. Fonts de la Conselleria de Presidència, Coordinació de l’Acció de Govern i Cooperació Local afirmen a aquest diari que, fins i tot amb els informes quinzenals del Ministeri [de l’Interior], es demostra que «es manté la tendència a l’alça», a causa de l’increment de l’1,7%. La Conselleria compara aquestes dades amb les de la ruta canària, que es redueix un 57,4%. “És a dir, a les Balears ja arriben pràcticament les mateixes persones que a les Canàries, que han passat d’unes 12.000 l’any passat per aquestes dates a poc més de 5.000”, puntualitzen.

El Govern balear veu una tendència a l'alça

A més, el Govern del PP –que governa en minoria amb suports puntuals de Vox– considera que els informes quinzenals “poden variar molt” d’una quinzena a l’altra, per diversos motius: mala mar, embarcacions que han arribat dos dies més tard o perquè les arribades dels darrers dies del mes entren en un informe o en el següent. “Voler concloure que ‘ja estem millor’ amb aquestes dades és, com a mínim, precipitat”, consideren. A parer de l’Executiu autonòmic, cal prendre com a referència l’últim informe anual de riscos de Frontex (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes), del juny, que assenyala que durant el primer trimestre de 2026 les arribades van caure un 40% a Europa i un 60% a través de la ruta canària. Paral·lelament, asseguren que la ruta algeriana cap a les Balears augmenta un 17%, tot i que aquesta dada no apareix a l’informe.

Concretament, sobre la ruta de la Mediterrània occidental –que és més àmplia que l’algeriana perquè inclou el Marroc, Mauritània i el Senegal, a més d’Algèria–, l’informe assenyala que s’espera que “continuï una tendència estable i lleugerament a l’alça” durant aquest 2026. I afegeix que el més destacable, en aquest sentit, és “l’ús creixent de la ruta més llarga i perillosa entre Algèria i les Illes Balears, cada vegada més utilitzada per migrants somalis, malians i guineans”, nacionalitats que anteriorment estaven més associades a les rutes de la Mediterrània central i de l’Àfrica occidental.

L'últim informe de Frontex assenyala "el creixent ús de la ruta més llarga i perillosa entre Algèria i les Illes Balears, cada vegada més utilitzada per migrants somalis, malians i guineans", nacionalitats anteriorment més associades a les rutes de la Mediterrània central i de l'Àfrica occidental

L’informe de Frontex (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes) atribueix aquests canvis a l’enduriment dels controls a Líbia, Tunísia i Mauritània, que està desviant els fluxos cap a Algèria “com a punt de partida alternatiu”. “La mateixa Algèria és tant país d’origen com de trànsit, i els algerians van representar prop del 54% de les deteccions a la ruta de la Mediterrània occidental el 2025”. Les causes són l’atur juvenil estructural i el descontentament de la població amb la classe política, segons l’agència europea.

L'Executiu insisteix: “El ritme d'arribades és inassumible”

“Tant de bo poguéssim dir que la tendència està baixant. Però, malauradament, la realitat és una altra”, afirma la Conselleria de Presidència. Les fonts consultades assenyalen, així, que la tendència a l’alça continua i que aquest ritme d’arribades “és inassumible per a un territori com les Balears”. Afegeixen que, fins al 9 de setembre, han comptabilitzat 484 persones en més d’una vintena de caiucs.

Aquest 2026 han arribat gairebé 5.300 persones, segons el recompte del Govern. “A més, hi ha els 916 menors que actualment tutelen els consells insulars, quan la capacitat ordinària establerta per l’Estat és de 434”, apunten. Per tot plegat, l’Executiu autonòmic reclama que Frontex tingui “una presència permanent a les fronteres marítimes de les illes”.

Tant de bo poguéssim dir que la tendència està baixant. Però, malauradament, la realitat és una altra

Conselleria balear de Presidència

El Ministeri de l’Interior, per la seva banda, explica a aquest diari que, fins al 31 d’agost de 2025, l’increment de les arribades en comparació amb l’any anterior ascendia al 78%. “Des d’aleshores la tendència ha anat baixant progressivament. El 2025 va acabar amb un augment del 24,5% i la tendència durant el 2026 ha estat de desacceleració fins a assolir algunes davallades o pujades lleus”, apunten. Així, Interior assenyala que s’aplica “una política migratòria preventiva, basada en la cooperació bilateral amb els països d’origen i trànsit de la migració en la lluita contra les màfies que trafiquen amb persones”. Una actuació que, segons el Govern, està funcionant i que “evita en origen el 40% de les sortides irregulars”.

El Ministeri de l'Interior explica que s'està aplicant “una política migratòria preventiva, basada en la cooperació bilateral amb els països d'origen i trànsit de la migració en la lluita contra les màfies que trafiquen amb persones"

La repatriació col·lectiva de menors és il·legal

La posició de les administracions autonòmiques –el PP governa a tots els consells insulars, i també al Govern– és que els menors no acompanyats “han d’estar amb els seus pares”. “Pensar que podem acollir tothom és estar equivocat. Cal ajudar aquests països d’origen. Els menors no han d’estar en centres d’acollida aquí a Eivissa o en qualsevol altre lloc d’Espanya. Han d’estar amb els seus pares”, va afirmar Marí. I va afegir que, si cal, s’han d’“ajudar” els països d’origen per evitar l’arribada de migrants.

Independentment de quina sigui la gestió que exerceixin l’Estat i les comunitats autònomes per rebre l’arribada de menors, la repatriació col·lectiva és il·legal, segons la jurisprudència dictada pel Tribunal Suprem. El que pot fer el Govern –ja ho ha fet, sense èxit– és demanar la modificació del sistema de repartiment, regulat pel Decret llei 2/2025, que és la normativa que va aprovar el Govern per a la creació del sistema obligatori de repartiment de menors migrants en situacions d’emergència.

En aquest sentit, López recorda que, perquè els menors puguin tornar amb els seus pares, cal “complir uns procediments estrictes per no retornar els menors a un context en què no puguin estar”. “La premissa que els nens sempre estan millor amb els seus pares no es compleix en tots els casos. Però ni amb nens migrants ni amb nens espanyols”, adverteix la directora general de CEAR.

En la mateixa línia, explica que cal tenir en compte “l’interès superior del menor”, ja que en la legislació d’un estat de dret hi ha d’haver “procediments que garanteixin que aquests nens no seran retornats a un espai on no seran tractats d’acord amb el dret”. Irene Graíño, tècnica d’incidència política de la Plataforma d’Infància, coincideix: qualsevol repatriació que es faci de nenes, nens i adolescents “s’ha de realitzar mitjançant el procediment adequat que està establert, seguint totes les garanties necessàries, escoltant les nenes, nens i adolescents i fent una determinació de l’interès superior del menor”.

Les entitats demanen “solidaritat interterritorial”

Pel que fa a les crisis d’acollida que es puguin generar a causa de l’arribada de menors, Graíño fa una crida a totes les administracions públiques perquè “es comprometin amb el principi de solidaritat interterritorial i que s’activin, en aquest sentit, els mecanismes per activar solucions que permetin, per exemple, trasllats a la península de nenes, nens i adolescents”. El mes passat, el Govern i les comunitats autònomes es van reunir per abordar l’atenció als menors a Ceuta, malgrat el boicot de tres comunitats governades pel PP i els responsables d’Infància de les quals són de Vox.

“Estem molt preocupades perquè encara hi ha moltes nenes, nens i adolescents en situació de carrer, en una situació d’extrema precarietat i vulnerabilitat, sense tenir un accés adequat a aigua, alimentació i allotjament adequat, sense poder cobrir les seves necessitats bàsiques i igualment sense poder tenir un accés digne i adequat a l’atenció sanitària”, lamenta Graíño, en referència a la crisi humanitària de Ceuta. A més, recorda que encara “hi ha moltíssimes nenes que continuen sense estar identificades degudament d’acord amb el que estableix el nostre ordenament jurídic”. “Això s’ha de fer amb la màxima celeritat possible, perquè és una garantia perquè puguin accedir a la resta dels seus drets”, assenyala.

Estem molt preocupades perquè encara hi ha moltes nenes, nens i adolescents en situació de carrer en una situació d'extrema precarietat i vulnerabilitat sense tenir un accés adequat a aigua, alimentació i allotjament adequat i sense poder cobrir les seves necessitats bàsiques

Irene Graíño — Tècnica d'incidència política de la Plataforma de la Infància

La directora general de CEAR, però, creu que el problema “no és en el repartiment que es fa dels menors”, sinó que està “en el fet que les comunitats autònomes es neguen a assumir aquest repartiment”. “Aquest, per a mi, és el veritable problema. És un problema de facto. Ha passat amb les Canàries, està passant amb Ceuta: hi ha comunitats autònomes que es neguen a assumir aquests menors en cas que s’activés la necessitat de repartiment”, lamenta López.

La portaveu de CEAR assenyala que, al final, tot té a veure amb “les polítiques europees, no només amb les espanyoles i no només amb les de les comunitats autònomes”. El context actual és el Pacte Europeu de Migració i Asil, tot i que les polítiques d’externalització de fronteres i de caràcter securitari són anteriors. López assenyala que el control de fronteres per impedir l’arribada de migrants es duu a terme, almenys, des de la dècada dels 2000. Entre d’altres, cita els acords de la UE i Espanya amb Mauritània, el Marroc i Turquia.

“És una conseqüència d’aquesta política d’externalització de fronteres que, per a nosaltres, ha fracassat. Perquè si vivim crisis migratòries com la que hem viscut el mes passat a Ceuta després de vint anys de polítiques d’externalització de fronteres i de control migratori, és que alguna cosa està fallant”, adverteix. CEAR proposa, des del principi de la crisi fronterera que va derivar en una crisi migratòria, el trasllat dels migrants a la península. “Ha funcionat en el cas balear i canari”. Així s’evitaria que ciutats com Ceuta, o com podria passar a l’arxipèlag canari –que tenen una frontera i un territori limitat–, “col·lapsin o tinguin problemes de convivència”, conclou.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha convertit aquest divendres el Consolat de Mar en l’escenari d’un nou xoc amb l’Executiu de Pedro Sánchez. La líder autonòmica ha comparegut de manera extraordinària per sol·licitar “per tots els canals formals” informació sobre un informe policial que, segons va assenyalar Sánchez aquest dijous al Congrés, es referia, una setmana abans de la crisi de Ceuta, a les arribades marítimes de migrants a la Península i a Balears. La dirigent del PP ha acusat el Govern central d’“ocultar” una informació que, al seu parer, comprometia la seguretat de les illes, i ha reclamat saber què va fer l’Estat des que en va tenir coneixement i per què no va ser comunicada a les autoritats balears.

“Creiem que és molt greu l’ocultació d’aquesta informació tan sensible al Govern de les Illes Balears”, ha insistit Prohens, qui, interpel·lada sobre una possible ofensiva conjunta amb altres presidents autonòmics del PP, ha assegurat que encara no ha parlat amb els seus homòlegs de Múrcia i de la Comunitat Valenciana, tot i que ha admès que es tracta d’un problema que afecta tot l’arc mediterrani.

En concret, durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la situació de Ceuta, Sánchez va negar que la Policia Nacional hagués advertit d’un “risc alt” a la ciutat autònoma, si bé va confirmar l’existència de l’informe i va precisar que aquest es referia a la Península i a Balears: “S’ha dit també que la Policia Nacional havia advertit una setmana abans d’un risc alt a Ceuta. I no és correcte. Aquest informe va existir, però parlava exclusivament de les arribades marítimes a la Península i a les Illes Balears i no, per tant, a la frontera ceutina”, van ser les seves paraules.

El document citat pel president s’emmarca en la informació elaborada pel Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF), dependent de la Policia Nacional, en els dies previs a la crisi de Ceuta. Sánchez va explicar que l’organisme va redactar notes els dies 28 i 29 de juliol i va defensar que cap d’aquestes no permetia anticipar el que finalment va ocórrer.

Prohens, tanmateix, ha anat més enllà de les paraules de Sánchez i les ha interpretat com una confirmació que Balears es trobava sota una alerta d’“alt risc” davant una possible “entrada massiva” d’immigració irregular que, segons la líder autonòmica, “compromet la seguretat de les nostres illes”.

La presidenta balear ha explicat que les manifestacions de Sánchez sobre l’informe van provocar al Govern “primer sorpresa i després fonda preocupació” per la possibilitat que se’ls estigués ocultant informació. No obstant això, ha reivindicat la singularitat de les Balears per la seva condició insular, la seva proximitat a la costa africana i la limitació dels seus recursos, i ha posat com a exemple la situació de Formentera, que, segons ha denunciat, ha obligat el Govern a aportar més de 10 milions d’euros per garantir uns serveis que no són competència autonòmica. Sense aquesta ajuda, ha sostingut, el Consell de Formentera estaria “pràcticament en fallida”.

Prohens ha avançat que sol·licitarà “per tots els canals d’informació, per tots els canals formals” informació sobre les comunicacions de la Policia Nacional i també “directament al president del Govern d’Espanya”. “També demanarem explicacions sobre per què no se’ns ha informat degudament, amb transparència i des de la responsabilitat i lleialtat institucional que s’hauria de requerir quan parlem de la protecció i del control de les nostres fronteres i de la seguretat dels ciutadans de les Balears”, ha insistit.

La qüestió adquireix encara més rellevància, ha subratllat, tenint en compte que Sánchez es va reunir amb ella al Consolat de Mar el passat 29 de juliol, tot just un dia abans de l’entrada massiva de persones migrants a Ceuta. “No només no se’ns va informar, sinó que va dir que les xifres d’arribades d’immigració irregular a les nostres costes millorarien”, ha insistit la líder conservadora.

En aquesta línia, Prohens ha subratllat que la qüestió fonamental ara no és únicament qui va rebre aquests documents, sinó quina resposta va donar el Govern central una vegada en va tenir coneixement. “Què es va fer després d’aquesta alerta? Quins serveis extraordinaris, des d’abans del 30 de juliol, ara, a principis de setembre, s’han posat en marxa?”, s’ha preguntat la presidenta balear, que ha insistit que vol conèixer si es van activar plans específics, quins mitjans policials es van reforçar, quins recursos extraordinaris es van posar a disposició de les Balears i si es van fer gestions amb els països d’origen o de trànsit per evitar noves arribades. També ha plantejat que s’aclareixi si es va activar Frontex a les Balears i ha reclamat que l’agència europea tingui una presència permanent a les fronteres marítimes de les illes.

Prohens: “Jo no acuso de res”

Així mateix, preguntada sobre si el Govern estudia emprendre algun tipus d’acció legal contra l’Executiu central, Prohens ha rebaixat el to i ha centrat la seva resposta en l’exigència d’informació. “Jo no acuso de res”, ha respost, per insistir després que el que considera imprescindible és rebre els informes i conèixer quines mesures es van adoptar després de l’alerta. La presidenta ha definit l’assumpte com una qüestió que transcendeix l’enfrontament entre partits i ha situat la seguretat de les Balears al centre de la seva reivindicació.

La dirigent popular ha reivindicat un pla específic per a les Balears, més mitjans humans i materials per a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i l’activació de Frontex per al control de les fronteres marítimes. Ha tancat la seva compareixença amb un advertiment dirigit al Govern central: si es tracta de protegir les fronteres i garantir la seguretat de les illes, ha dit, el Govern mantindrà “la mà estesa” per col·laborar; però “si se’ns oculta informació, si no s’actua, si es mira cap a una altra banda mentre s’arrisca la seguretat dels nostres ciutadans, ens trobaran al davant”.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha convertido este viernes el Consolat de Mar en el escenario de un nuevo choque con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La líder autonómica ha comparecido de forma extraordinaria para solicitar “por todos los canales formales” información acerca de un informe policial que, según señaló Sánchez este jueves en el Congreso, aludía, días antes de la crisis de Ceuta, a la llegada de personas migrantes por vía marítima a la Península y a Balears. La dirigente del PP ha acusado al Gobierno central de “ocultar” una información que, a su juicio, comprometía la seguridad de las islas, y ha reclamado saber qué hizo el Estado desde que tuvo conocimiento de ella y por qué no fue comunicada a las autoridades baleares.

“Creemos que es muy grave la ocultación de esta información tan sensible al Govern de las Illes Balears”, ha incidido Prohens, quien, interpelada acerca de una posible ofensiva conjunta con otros presidentes autonómicos del PP, ha asegurado que todavía no ha hablado con sus homólogos de Murcia y la Comunitat Valenciana, aunque ha admitido que se trata de un problema que afecta a todo el arco mediterráneo.

En concreto, durante su comparecencia en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la situación de Ceuta, Sánchez negó que la Policía Nacional hubiera advertido de un “riesgo alto” en la ciudad autónoma, si bien confirmó la existencia del informe y precisó que éste se refería a la Península y a Balears: “Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí”, fueron sus palabras.

El documento citado por el presidente se enmarca en la información elaborada por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, en los días previos a la crisis de Ceuta. Sánchez explicó que el organismo redactó notas los días 28 y 29 de julio y defendió que ninguna permitía anticipar lo que finalmente ocurrió.

Prohens, sin embargo, ha llevado más allá las palabras de Sánchez, interpretándolas como una confirmación de que Balears se encontraba bajo una alerta de “alto riesgo” ante una posible “entrada masiva” de inmigración irregular que, a juicio de la líder autonómica, “compromete la seguridad de nuestras islas”.

La presidenta balear ha explicado que las manifestaciones de Sánchez acerca del informe provocaron en el Govern “primero sorpresa y después honda preocupación” por la posibilidad de que se les estuviera ocultando información. No obstante, ha reivindicado la singularidad de Balears por su condición insular, su proximidad a la costa africana y la limitación de sus recursos, y ha puesto como ejemplo la situación de Formentera, que, según ha denunciado, ha obligado al Govern a aportar más de 10 millones de euros para garantizar unos servicios que no son competencia autonómica. Sin esa ayuda, ha sostenido, el Consell de Formentera estaría “prácticamente en quiebra”.

Prohens ha avanzado que solicitará “por todos los canales de información, por todos los canales formales” información sobre las comunicaciones de la Policía Nacional, y también “directamente al presidente del Gobierno de España”. “También pediremos explicaciones sobre por qué no se nos ha informado debidamente, con transparencia y desde la responsabilidad y lealtad institucional que se debería requerir cuando hablamos de la protección y del control de nuestras fronteras y de la seguridad de los ciudadanos de Balears”, ha incidido.

La cuestión adquiere aún más relevancia, ha subrayado, teniendo en cuenta que Sánchez se reunió con ella en el Consolat de Mar el pasado 29 de julio, apenas un día antes de la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta. “No solo no se nos informó, sino que dijo que las cifras de llegadas de inmigración irregular a nuestras costas mejorarían”, ha insistido la líder conservadora.

En esta línea, Prohens ha subrayado que la cuestión fundamental ahora no es únicamente quién recibió esos documentos, sino qué respuesta dio el Gobierno central una vez que tuvo conocimiento de ellos. “¿Qué se hizo después de esta alerta? ¿Qué servicios extraordinarios, desde antes del 30 de julio, ahora a principios de septiembre se han puesto en marcha?”, se ha preguntado la presidenta balear, quien ha insistido en que quiere conocer si se activaron planes específicos, qué medios policiales fueron reforzados, qué recursos extraordinarios se pusieron a disposición de Balears y si se realizaron gestiones con los países de origen o tránsito para evitar nuevas llegadas. También ha planteado que se aclare si se activó Frontex en Balears y ha reclamado que la agencia europea tenga una presencia permanente en las fronteras marítimas de las islas.

Prohens: “Yo no acuso de nada”

Asimismo, preguntada sobre si el Govern estudia emprender algún tipo de acción legal contra el Ejecutivo central, Prohens ha rebajado el tono y ha centrado su respuesta en exigir información. “Yo no acuso de nada”, ha respondido, para insistir después en que lo que considera imprescindible es recibir los informes y conocer qué medidas se adoptaron después de la alerta. La presidenta ha definido el asunto como una cuestión que trasciende el enfrentamiento entre partidos y ha situado la seguridad de Balears en el centro de su reivindicación.

La dirigente popular ha reivindicado un plan específico para Balears, más medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la activación de Frontex para el control de las fronteras marítimas, cerrando su comparecencia con una advertencia dirigida al Gobierno central: si se trata de proteger las fronteras y garantizar la seguridad de las islas, ha dicho, el Govern mantendrá “la mano tendida” para colaborar; pero “si se nos oculta información, si no se actúa, si se mira hacia otro lado mientras se arriesga la seguridad de nuestros ciudadanos, nos encontrarán enfrente”.

La Fiscalía General del Estado ha contabilizado un total de 23 agresiones sexuales en Ceuta en el marco de la reciente crisis migratoria. Según los datos facilitados a elDiario.es, la cifra refleja un repunte respecto a los 16 casos registrados hasta el pasado jueves, entre los cuales se incluyen cinco agresiones constitutivas de violación (agresión sexual con penetración).

En cuanto al perfil de las víctimas, nueve son menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Asimismo, entre las denuncias contabilizadas por la Fiscalía se encuentra la agresión a un varón perteneciente al colectivo LGTBI.

Hasta el momento, las investigaciones han permitido identificar a ochode los presuntos autores: cuatro de nacionalidad marroquí, tres ciudadanos españoles y un individuo de nacionalidad belga. La identidad del resto de los implicados continúa siendo desconocida.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en las últimas semanas en que la situación en Ceuta tras la entrada, hace un mes, de miles de migrantes es una “crisis humanitaria”. A esas personas, que llevan semanas durmiendo a la intemperie, dice, “no hay que confinarlas, sino asegurarles un espacio seguro donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o epidemiológicos que sean pertinentes”.

Esos espacios son los que han comenzado a habilitarse en los últimos días. García cifra en unos 3.800 los migrantes alojados ya en estos recursos, espera que se pueda dar alojamiento en las siguientes jornadas a otras mil personas y que “en dos o tres semanas” todos los migrantes estén bajo techo y “en condiciones dignas”.

¿Cómo valora las situaciones de violencia que se han vivido en las últimas horas en Ceuta, con los intentos de impedir el reparto de ayuda humanitaria y el asalto a los campamentos donde están las personas migrantes?

Lo primero es la condena rotunda a esa violencia racista, que tiene un guion orquestado por la derecha y la ultraderecha de este país. Estaba claro que después de discursos racistas, segregatorios y de bulos sanitarios, como el del señor Feijóo, y de una semántica de confinamiento, invasión y enfermedades se iba a utilizar ese marco para generar violencia. El PP está alterando la convivencia para intentar desestabilizar al Gobierno y no se dan cuenta de que están impidiendo una solución para normalizar la vida de los ceutíes.

¿Cómo se puede contrarrestar ese guion y esos discursos xenófobos que menciona?

Hay una espiral macabra en la que, cada vez que intentamos denunciar esos discursos, se nos acusa de violentar o de decir que están en boca de quien no están. Los discursos xenófobos y racistas han estado y siguen estando en boca de la ultraderecha, seguida de un PP que se ha subido a ese carro. Los migrantes no traen enfermedades, las tienen por las condiciones de hacinamiento. No hay que confinarlas, hay que ayudarlas, cuidarlas y asegurarles un espacio donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o los epidemiológicos que sean pertinentes.

¿Qué ha hecho el Gobierno en este mes para paliar esas condiciones de hacinamiento?

Hemos demandado, desde el primer momento, que esa gente sea realojada. Durante las dos primeras semanas ha habido una actitud, digamos, de desidia por parte de la ciudad de Ceuta, porque jugaban la carta de la expulsión. Esa expulsión, si la hay, no puede estar por encima de los derechos humanos ni de la legislación nacional e internacional, que es lo que nos pide el PP. Nos acusan de llegar tarde, pero nunca vamos a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos. Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo, no podremos garantizar los procedimientos sanitarios ni de extranjería para recuperar la normalidad de la población.

¿El Gobierno central no tiene capacidad para alojar de forma rápida a estas personas?

No, sin el consentimiento y la cesión de lugares de la ciudad de Ceuta. En 2021, cuando se realojaron temporalmente a unas 8.000 personas, la ciudad cedió una serie de espacios que ahora niega, como pueden ser los polideportivos. Entonces hubo una agilidad para sacar a la gente de la situación de calle que no hemos visto ahora. Es cierto que ha habido un cambio de actitud y gracias a las demandas de los diferentes ministerios, se han avenido a que haya emplazamientos seguros donde llevar a cabo todas estas labores. Es imposible filiar a la gente, hacer reagrupación familiar o un estudio epidemiológico en una playa.

¿Qué expectativas tiene para las para los próximos días? ¿Cuándo se podrá realojar a todo el mundo?

Ya están alojadas en torno a 3.800 personas y en la próxima semana se habilitarán otros mil espacios más. Para eso necesitamos esa colaboración, que ahora sí estamos teniendo, de la ciudad de Ceuta. Sin realojos, no hay nada de lo demás. No nos pueden acusar de llegar tarde a espacios que no están cedidos o a cosas que no podemos hacer en la playa.

¿Entiende que exista la sensación de que el Gobierno llega tarde cuando se crea un mando único un mes después del inicio de la crisis? ¿Qué aporta ese mando único esta semana, que no hiciera falta hace dos o tres semanas?

Que no hubiera un mando único no significa que todas las instituciones no hayamos estado trabajando de manera colaborativa. Todos los departamentos ministeriales nos hemos reunido personalmente con la ciudad de Ceuta para trasladar nuestras demandas que, vuelvo a insistir, pasaban porque nos cedieran espacios. Este mando único nos permite pasar a la siguiente fase y agilizar la disposición y la coordinación de esos espacios y el seguimiento de los diferentes expedientes.

Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos

¿Tiene el Gobierno un calendario para dar por resuelta esta crisis?

Primero tiene que haber un calendario de realojos. Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos. A partir de ahí, hay determinados procedimientos que durarán más o menos. Para eso hemos aumentado los recursos en funcionarios, turnos de oficio, los sanitarios y hemos dotado a Ceuta de 25 millones de euros a través de la Conferencia sectorial de infancia. ¿Qué respuesta tiene el PP para que tres de sus comunidades no fueran a esa Conferencia para ayudar a Ceuta? Con una mano están utilizando el sufrimiento legítimo de la población ceutí y con la otra, les niegan la solución.

¿Qué evidencia científica hay en torno a una medida como la de confinar a las personas migrantes, como propuso Feijóo?

El señor Feijóo no es epidemiólogo porque no quiere y porque está dotado de una profunda ignorancia y mala fe. Confunde términos como confinar y aislar —para lo que existen unos protocolos concretos, en Ceuta y en cualquier territorio de España—, pero no es inocente en absoluto. Nos lleva a esa nube semántica de marginar, expulsar, invadir… que justifica una respuesta bélica y violenta. Identificar migración con enfermedades, con delincuencia y con inseguridad es el ABC de la internacional ultraderechista para deshumanizar a estas personas.

¿En este momento, cuál es el riesgo sanitario para la población ceutí?

Según la evaluación de riesgos que hemos hecho desde el primer momento, es bajo. Hemos separado muy bien los circuitos en los que hemos atendido la emergencia humanitaria de la vida cotidiana. No se ha suspendido ni una cirugía, ni una consulta, ni ha habido una disminución del acceso a las urgencias o los centros de salud. Hemos aumentado los recursos y hay una serie de puntos de asistencia fuera del sistema sanitario, en los que colaboran Médicos del Mundo y Cruz Roja de manera absolutamente ejemplar y que ahora están siendo atacados, algo que ya hemos visto en otras partes del mundo.

Es compatible la sensación de sobreesfuerzo de los profesionales con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario

Ha evitado hablar de “colapso” del sistema sanitario en Ceuta. Su diagnóstico no coincide con la descripción que hacen algunos profesionales. ¿A qué se deben estas discrepancias?

Has usado la palabra perfecta: diagnóstico. No se puede diagnosticar, bajo ningún parámetro, un colapso sanitario. No es que haya evitado la palabra, es que la niego. Tenemos un hospital al 50% de sus capacidades donde, a día de hoy, hay 13 migrantes ingresados. Por supuesto que ha habido un sobreesfuerzo, pero la palabra colapso no es real, es un bulo. Parte del alarmismo que quieren imponer determinados sectores que anhelan ese colapso.

Eso no quiere decir que no haya habido un sobreesfuerzo por parte de los profesionales, que han impedido ese colapso. Cuando dicen que están cansados y agobiados, es así, y ese esfuerzo y esa saturación personal, vivida de manera subjetiva, es la que ha impedido el colapso, porque desde el minuto uno se empezaron a reorganizar los servicios y las urgencias. Es compatible la sensación de sobreesfuerzo y de una situación extraordinaria con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario.

¿Comparte el análisis de que Marruecos es un socio fiable? ¿Qué papel ha jugado en esta crisis?

Es evidente que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país, que está relacionado con un intento de desestabilización que, si abrimos el foco, va más allá de nuestra propia frontera y en el que, es evidente, Marruecos tiene una responsabilidad. Es evidente también que ese intento de desestabilizar al Gobierno y al país tiene anclajes con la ultraderechización internacional, con Trump y Netanyahu.

¿Cree que es un ataque de Trump y Netanyahu a través de Marruecos?

Ha habido un ataque a la soberanía nacional con una crisis migratoria, lo cual es perfectamente compatible con un intento de desestabilizar a un gobierno progresista y a nuestro país. Nadie puede poner en duda que parte de este conflicto tiene un plano internacional y geopolítico. Es absolutamente indudable, como lo es el papel de la derecha en nuestro país. El jueves, el señor Aznar decía que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país. ¿Y de qué lado se han puesto? De Trump, de Netanyahu… siempre del lado de quien quiere desestabilizar al país a través del Gobierno. Es bastante antipatriota que estén en ese juego.

La situación de Ayuso es insostenible. Ha ido saltando de ático en ático, pretendiendo que fuéramos los madrileños quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece

Al margen de la crisis de Ceuta, en el plano autonómico, la gran polémica ha sido la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de 6,3 millones que se iba a destinar a “reuniones” oficiales. ¿Cree que faltan explicaciones?

Faltan todas y no falta ninguna. Han dado todas las explicaciones, incluso explicaciones absolutamente contradictorias, que vienen a explicar que la situación de Ayuso es insostenible. Se ha regido por un velo de impunidad durante todos los años que ha estado gobernando y que han sido una estafa de primer orden a los madrileños y las madrileñas. Ha ido saltando de ático en ático sin pisar el suelo, pretendiendo que fuéramos los demás quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece.

Uno de los argumentos para no presentar el expediente de la compra es que afectaba a terceras personas, en este caso a la vendedora, que ya ha dado permiso para hacerlo público. ¿Qué esperan encontrar en ese documento?

La obscenidad. El expediente nos puede decir cuál es la letra pequeña, pero la señora Ayuso ha estado jugando al monopoly con el dinero de los madrileños y está en una situación absolutamente insostenible. Tiene muy difícil explicar por qué ha puesto a la Comunidad de Madrid a defender sus intereses y su vida de lujo.

Feijóo ha dicho que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que dar explicaciones sobre el ático, ¿cree que la presidenta sale debilitada dentro del PP?

El Partido Popular también está cansado de la señora Ayuso. Ha hecho ‘clic’ y es insostenible, pero es la gota que colma el vaso. Era indefendible durante la pandemia, el contrato de su hermano, el ático en el que vivía, la comisión que se llevó su pareja y los dos millones defraudados a Hacienda, el flujo de dinero a Quirón desde que gobierna… Es absolutamente insostenible todo, pero, como con todas las personas que tienen idilios sátrapas, hay una gota que colma el vaso.

La presidenta ha dedicado las últimas semanas a recorrer los pueblos afectados por los incendios. A usted no se la ha visto tan presente en ese día a día madrileño. ¿Cree que le puede perjudicar en el próximo ciclo electoral en el que le disputará la Comunidad?

La señora Ayuso va a hacerse fotos mientras no soluciona problemas. Donde tiene que hacerse una foto es con los bomberos que le reclaman recursos, buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. Con esos nos hemos reunido nosotros y con quienes demandan desde hace tiempo que no se quiebren ni se vulneren los servicios públicos de nuestra región, pasando por la sanidad, la educación, la contención de los incendios, nuestros servidores públicos… No hay una sola área de servicio público en nuestra comunidad que no haya sido mermada, atacada o recortada por la señora Ayuso. Los incendios son una buena prueba de su mala gestión. Nosotros primero gestionamos y luego ya veremos si procede o no hacerse la foto.

¿Sigue teniendo la intención de continuar en el Ministerio hasta la convocatoria de elecciones?

Sigo teniendo la intención de terminar mi trabajo en el Ministerio. Nos quedan varias cosas muy importantes por hacer. Obviamente, contamos con la dificultad añadida de unas comunidades, que son las verdaderas gestoras de la sanidad pública, que obstaculizan las transformaciones que necesita nuestro Sistema Nacional de Salud, pero seguimos en el empeño. Necesitamos que las listas de espera sean transparentes y trazables, reorganizar el itinerario formativo de los profesionales, tenemos que dar un empujón a esas leyes que ya están en el Congreso, la de medicamentos, la del tabaco, etc.

Quedan apenas unos meses para que termine la legislatura y la aritmética parlamentaria no es todo lo fácil que le gustaría al Gobierno. ¿Es optimista respecto a ese trabajo que les queda?

La aritmética del Congreso se alinea cuando hablamos de problemas y se aglutina en torno a la defensa de la salud, que va más allá de los intereses partidistas. Es cierto que, en ese camino, a veces se cruza el interés del PP por boicotear las mejoras y transformaciones de nuestro sistema sanitario para su propio interés, pero tenemos estos próximos meses para dar el todo por el todo.

Los sindicatos médicos dijeron en junio que, si no se atendían sus demandas, irían a una huelga indefinida en septiembre. ¿Ha habido avances este verano para resolver el conflicto sobre el Estatuto Marco?

En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular, que son las que se niegan a reducir las guardias de 24 horas. Y son las comunidades autónomas con las que muchos sindicatos han negociado mejoras avaladas o inspiradas en el Estatuto Marco. Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

Las comunidades también le han pedido que retire ese texto. ¿Se lo ha planteado en algún momento?

Las comunidades están en contra del Estatuto Marco por lo contrario que los sindicatos. Los profesionales reclaman el fin de las guardias de 24 horas y yo soy la primera persona en una institución que habla del fin de las guardias de 24 horas, mientras las comunidades han pedido por escrito en sus informes quitar los artículos que se refieren a la mejora de las condiciones. Por ejemplo, Madrid y Baleares nos han dicho que es imposible quitar las guardias de 24 horas.

Usted es médica y fue una de las caras visibles de la Marea Blanca. Si tuviera que volver mañana al hospital, ¿la Mónica García de 2012 estaría contenta de hacerlo bajo las condiciones del nuevo Estatuto Marco?

Espero volver al hospital en algún momento, porque me encanta mi trabajo, y espero no tener las mismas condiciones que cuando me fui. Tardé 10 años en tener una plaza fija y espero que, cuando vuelva, mis compañeros tengan oposiciones cada dos años. Entraba a las guardias a las 8 de la mañana y, cuando vuelva, espero entrar a las tres de la tarde y, en lugar de hacer 24 horas, poder hacer 17 o que mi jefe de servicio pueda organizarlas en torno a 12 horas.

Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras.

Esta semana hemos adelantado en elDiario.es que la Agencia Española de Nutrición publicó un informe con recomendaciones a mujeres con menopausia con datos obtenidos en hombres. ¿Cómo se puede paliar esa brecha en la investigación y la atención médica a las mujeres?

Ese informe pertenece a una cartera que no es la nuestra. Desde el Ministerio hemos puesto mucho énfasis en los sesgos de género en sanidad y medicina y no se puede extrapolar ese informe a la práctica clínica real. Los sesgos han existido siempre y hay un trabajo de fondo que los tiene muy identificados e intenta revertirlos, tanto en las investigaciones como en las sociedades científicas y, por supuesto, en las consultas. Lo que es bastante increíble es que se sigan manteniendo en algunos lugares. No solo como ministra, sino antes, he asistido a bastantes fotos que hablan de este tema y hemos puesto de relieve que estos sesgos no afectan solo a las mujeres con menopausia —una de las entidades biológicas menos estudiadas y atendidas—, sino también al infradiagnóstico de enfermedades cardiovasculares o el sobrediagnóstico de la enfermedad mental. Eso está ahí y ha sido estructural, pero creo que se está trabajando desde muchos lugares para que ese sesgo de género termine.

Entrevista completa:

Fa poc més d’un any que ho va deixar i ara ja ho pot contar. Després de sortir de la pitjor guàrdia de la seva vida, mentre intentava processar el que acabava de viure, Tomeu Lladó es va dir a si mateix: “Fins aquí. Ho deix. No puc més”. Feia quinze anys que estava enrolat a Salvament Marítim, la majoria a bord de la Salvamar Mimosa de Portocolom (Mallorca), i només li faltaven dos anys per jubilar-se.

Durant els darrers dies de guàrdia, Lladó va participar en cinc operacions en què varen ser rescatades 112 persones. Entre una sortida i l’altra, va continuar fent feina en el manteniment de l’embarcació, va dormir tot just unes hores i va romandre disponible les 24 hores, tal com exigia el seu torn. “El cas que va fer vessar el tassó, que em va fer veure que no ho podia suportar més, va ser quan ens va trabucar davant els nassos una pastera de tan plena de gent que anava”, conta al principi de la conversa que va mantenir recentment amb elDiario.es, sense deixar gaire espai per als preàmbuls sobre la seva vida anterior a Salvament Marítim.

Lladó sempre ha fet feina a la mar. En una primera etapa de quinze anys com a mestre d’aixa; després, com a pescador professional en llaüt, l’embarcació tradicional de fusta de la qual és un ferm defensor. Després de diverses feines en embarcacions de neteja i control de costes, va començar a cobrir baixes a Salvament Marítim, passant per les bases de Ciutadella, Alcúdia i, finalment, a Portocolom, ca seva.

Allà va fer de mariner a la Salvamar Mimosa, una embarcació governada les 24 hores del dia per dues tripulacions que s’alternen cada setmana i que estan formades per un patró, un mecànic i dos mariners. Per la seva ubicació, l’embarcació intervé habitualment en els rescats del sud de Mallorca i de l’entorn de Cabrera, un dels principals punts de la ruta migratòria que connecta Algèria amb les Balears.

El cas que va fer vessar el tassó, que em va fer veure que no ho podia suportar més, va ser quan ens va trabucar davant els nassos una pastera de tan plena com anava

Tomeu Lladó — Extripulant de Salvament Marítim

La càrrega de feina ha crescut. El 2020 varen arribar per mar a les Illes Balears 1.464 persones; el 2024 en varen ser 5.846 i el 2025, 7.279, segons les xifres recopilades a partir de les informacions de la Delegació del Govern. Les dades mostren que, el 2025, Formentera va ser el punt on es varen localitzar més embarcacions; però, a Cabrera —on actua sobretot la Mimosa— s’hi varen concentrar més persones: 3.037 en 144 barques.

La consolidació de la ruta, especialment a partir del 2020, va incrementar la feina, sosté Lladó. “No varen canviar els torns, ni els descansos ni el salari”, diu. La situació i el clima laboral a la majoria de les bases de l’arxipèlag són avui “tensos”, per dir-ho “amb elegància”. Els treballadors en actiu prefereixen no parlar amb els mitjans i tenen por de possibles represàlies per part de la Direcció de SASEMAR (Salvament Marítim). “L’empresa”, com l’anomenen ells, ja ha sancionat sense sou i feina a patrons que han optat per aturar el vaixell per donar un descans mínim a la tripulació després de jornades consecutives de dia i de nit sense relleu. Tomeu Lladó, en canvi, ja no té gens de por. Perquè la seva por durant els darrers anys era que sonàs el telèfon per haver d’anar “a pasteres”.

La consolidació de la ruta migratòria entre Algèria i les Balears, especialment a partir del 2020, va incrementar la feina. 'No varen canviar els torns, ni els descansos ni el salari', assenyala Lladó.

La telefonada que ho va canviar tot

De caràcter reservat, com se sol atribuir als illencs, Lladó fa servir la ironia quan fa mal i somriu quan la cosa es posa seriosa. Just així continua el relat d’aquella nit. A les 22.20 del 2 de desembre de 2024, després de la jornada habitual de feina a la base i d’atendre una altra emergència entre les 15.00 i les 18.00, es va activar de nou l’operatiu per rescatar una embarcació localitzada a 4,7 milles al sud de Santanyí. Segons va informar després la Delegació del Govern, hi varen intervenir Salvament Marítim, el Servei Marítim Provincial i les dotacions de la Guàrdia Civil de Felanitx, Santanyí i Campos.

De caràcter reservat, com se sol atribuir als illencs, Lladó fa servir la ironia quan fa mal i somriu quan la cosa es posa seriosa

La Mimosa va arribar a la zona cap a la una de la matinada del dia 3. La Guàrdia Civil ja hi era “amb una embarcació tipus zòdiac, custodiant la pastera” i il·luminant-ne els ocupants amb un focus. Tot just arribar, Lladó i els companys varen advertir que haurien d’actuar amb molta cura: “No hi havia ni un centímetre quadrat buit a la barca”. L’embarcació duia un motor d’uns 250 cavalls, molt més potent del que és habitual. “Normalment, duen un motor de 25, 30 o 40 cavalls com a màxim”, explica.

Tomeu sosté que el protocol que es va aplicar aquella nit l’havien repetit fins a l’extenuació: després de situar-se a una distància prudent —per no provocar l’impuls de sortir precipitadament de l’embarcació i comprometre’n l’estabilitat—, s’hi varen acostar a poc a poc mentre els comunicaven “que el rescat es faria d’un en un per evitar ensurts”. Després varen fermar l’embarcació “per proa i per popa” perquè quedàs ben arrambada a la Salvamar Mimosa. Mentrestant, la Guàrdia Civil es va situar darrere d’ells mirant el rescat. Les tres barques varen quedar en línia.

“A mesura que començàvem a fer baixar la gent, allò s’anava enfonsant”, recorda. Els ocupants passaven a la Mimosa per la proa. El pes del motor i de les persones que encara quedaven a popa feia baixar cada vegada més aquella part de la barca. Lladó ho repeteix: “S’enfonsava, s’enfonsava. A poc a poc. S’enfonsava”.

No recorda que hi hagués mala mar, però sí una mica d’onatge. A bastament perquè una glopada d’aigua salada entràs a la precària embarcació i “la desestabilitzàs”. Llavors es varen sentir els crits:

—Ràpid, ràpid! Cap endavant! —cridava la tripulació de la Mimosa.

Després, la desgràcia: “La barca va trabucar de costat, cap a la banda contrària de la nostra embarcació, i ens va mostrar la quilla”, recorda. Els qui encara no havien pogut baixar varen caure a l’aigua. No duien armilles salvavides i dos varen quedar atrapats davall la barca, amb l’embarcació capgirada damunt ells.

'La barca va trabucar de costat, cap a la banda contrària de la nostra embarcació, i ens va mostrar la quilla', recorda. Els qui encara no havien pogut baixar varen caure a l’aigua. No duien armilles salvavides i dos varen quedar atrapats davall la barca, amb l’embarcació capgirada damunt ells

“No m’amollis”

La majoria va aconseguir pujar a la Mimosa pel seu compte. “Però un home va quedar atrapat entre les dues barques”, rebent els cops de la seva embarcació, que continuava fermada a la Mimosa. “Jo li vaig donar la mà per ajudar-lo a pujar, però no podia aguantar gaire”, relata Tomeu Lladó.

“Era gros i jo l’agafava amb una mà. Amb l’altra m’havia d’aferrar a la barana per no caure a l’aigua”. Mentre intentava sostenir-lo, cercava la ganiveta dins la butxaca per tallar el cap i evitar que la barca el continuàs colpejant.

—No m’amollis —li deia l’home.

—No t’amollaré —responia Lladó.

'No m’amollis', li deia l’home. 'No t’amollaré', responia Lladó.

S’entenien perquè l’home, que era algerià, parlava francès i els coneixements que tenien d’aquella llengua es varen afinar gràcies al llenguatge atàvic de l’adrenalina i la por. Mentrestant, “jo veia una maneta davall la pastera”; un dels qui hi havien quedat davall intentava sortir, “però veia la nostra quilla i no trobava la sortida”. La barca colpejava l’home que sostenia Lladó, i ell demanava ajuda, sense èxit, als companys, que encara ajudaven els altres a pujar. Li va tocar esperar.

“En un moment donat, mentre estàvem aferrats, em va demanar si tenia fills”, relata Tomeu. “Sí, li vaig contestar. Dues filles”. I ell va respondre: “Jo també. No m’amollis”“. Aquí el relat es romp. Lladó és un home que parla amb la boca petita, però mira amb força, amb els ulls ben oberts. ”Encara m’afecta. Ho vaig passar molt malament“, diu i, amb aquells ulls vidriosos a punt de rompre, continua el relat amb un somriure de disgust. Finalment —continua—, el cap de proa ”es va rompre i ja no va rebre cops“. Els joves que havien quedat davall la barca ”varen sortir aviat: un va anar directe a la Mimosa i l’altre, visiblement desorientat, va partir nedant cap a l’horitzó“.

'En un moment donat, mentre estàvem aferrats, em va demanar si tenia fills', relata Tomeu. ''Sí'', li vaig contestar. 'Dues filles”. I ell va respondre: 'Jo també. No m’amollis'

Quan els companys varen ajudar a pujar l’home que sostenia, varen tallar el cap de popa. “La barca es va enfonsar com un plom. Plop! Encara deu ser allà”. L’home que nedava en direcció contrària va acabar virant i també va ser rescatat. “Sort que eren joves i sabien nedar. Rescatam molta de gent que no en sap”. Les 25 persones que viatjaven a bord —24 homes i una dona— varen sobreviure.

Ja a terra, l’home a qui Tomeu Lladó no va amollar la mà li va dir: “Tu es comme mon grand-père” o, traduït: “Em va dir que era com el seu padrí; a sobre, em va fer quedar com un vell”, diu sorneguer i clarament afectat, per provocar un somriure després del relat.

L'home a qui Tomeu Lladó no va deixar anar la mà li va dir: 'Tu es comme mon grand-père', o, traduït: “Em va dir que era com el seu padrí; a sobre em va fer quedar de vell”, diu sorneguer i clarament afectat, per provocar un somriure després del relat

El rescat que ho canviaria tot per a Lladó no seria ni el darrer ni el primer del seu torn de guàrdia. Per exemple: del 29 de novembre fins al dia del rescat, havien assistit, fora de l’horari habitual, tres embarcacions amb 69 persones a bord.

Aquella nit, la nit clau, varen sortir a les deu del vespre i varen arribar a la base entre les tres i les quatre de la matinada. L’endemà, sense gairebé haver dormit, varen començar les tasques habituals —aquell dia relacionades amb el combustible—. A les 12.00 els varen cridar per assistir una nova embarcació precària: 18 persones rescatades. A les 18.00 va arribar a terra. Aquell mateix horabaixa va acabar el torn sense saber que seria el darrer.

24 hores pendents del telèfon

El problema principal insisteix, no és únicament la duresa de cada sortida, sinó l’acumulació. “Les guàrdies són exactament les mateixes: set dies seguits, pendents les 24 hores, amb resposta immediata. Però la càrrega de feina s’ha multiplicat” des de la consolidació de la ruta migratòria.

El problema principal, insisteix Lladó, no és únicament la duresa de cada sortida, sinó l’acumulació: 'Les guàrdies són exactament les mateixes: set dies seguits, pendents les 24 hores, amb resposta immediata'

Lladó també es queixa que l’empresa consideri descans allò que per a ells continua sent feina. Quan no atenen una emergència, “no estan simplement asseguts dins una oficina”, diu, i enumera les tasques: “Netejar i posar a punt l’embarcació, fer-ne el manteniment, preparar caps, revisar material, comprar aigua, calcetins o roba eixuta per a les persones rescatades i demanar les mantes a la Creu Roja. Sempre, sempre, sempre hi ha coses per fer”, recalca. Per això sosté que “l’empresa hauria de tenir, com a mínim, una altra tripulació”.

El juliol de 2025, Salvament Marítim va anunciar oficialment un reforç específic per a les Balears durant l’estiu mitjançant la incorporació de la Guardamar Concepción Arenal, un augment de la disponibilitat de les llanxes de la Creu Roja i un dispositiu format per sis Salvamars, una Guardamar, un remolcador, un helicòpter i quatre llanxes concertades. La nota de premsa emesa aleshores per l’organisme explica que l’objectiu era respondre a l’increment de l’activitat nàutica i de les intervencions d’emergència durant l’estiu.

El juliol de 2025, Salvament Marítim va anunciar oficialment un reforç específic per a les Balears durant l’estiu mitjançant la incorporació de la Guardamar Concepción Arenal, un augment de la disponibilitat de les llanxes de la Creu Roja i un dispositiu format per sis Salvamares, una Guardamar, un remolcador, un helicòpter i quatre llanxes concertades

Tanmateix, Lladó lamenta que la guàrdia durant el període estival es converteixi en un estat d’alerta permanent. “Un se’n va a dormir pensant que el telèfon sonarà i ja dorm malament”, diu l’extripulant, que ara té 60 anys. “Als 40, si no pots dormir, no dorms. Però ara és diferent”: quan l’avís arriba de matinada, després d’un dia de feina, “et cau l’ànima als peus”.

Una anàlisi publicada el 2025 per Erik Monreal Bringsvaerd, catedràtic de Dret del Treball de la Universitat de les Illes Balears, qüestiona el règim de jornada aplicat al personal de flota de Salvament Marítim. Segons explica, durant els períodes d’embarcament els treballadors romanen disponibles les 24 hores. Quan acaben l’horari ordinari al port, continuen de guàrdia telefònica i no poden rebutjar els avisos: només disposen de 20 o 30 minuts per preparar l’embarcació, amollar els caps i sortir a la mar.

Lladó lamenta que la guàrdia en període estival es converteixi en un estat d'alerta permanent. 'Un es fica al llit pensant que el telèfon sonarà i ja dorm malament', diu l'extripulant, que té ara 60 anys. 'Als 40, si no pots dormir, no dorms. Per a mi ara és diferent': quan l'avís arriba de matinada, després d'un dia de feina, 'se't cau l'ànima als peus'

El mateix conveni col·lectiu del Personal de Flota de l’Entitat Pública Empresarial Societat de Salvament i Seguretat Marítima (Sasemar) estableix per a les Salvamares períodes d’embarcament de set dies i considera que, dins aquestes jornades, el temps de feina al port correspon a l’horari habitual, mentre que “la resta d’hores fins a les vint-i-quatre de cada dia” té la consideració de “temps de disponibilitat per a serveis a la mar”.

Monreal calcula que aquest sistema podria generar jornades anuals de més de 4.300 hores. Una jornada de 40 hores setmanals equival a unes 1.800 hores de feina efectiva a l’any. Es tracta d’una interpretació jurídica, no d’una il·legalitat declarada pels tribunals, però centra l’atenció en què s’ha de considerar temps de feina i què es pot computar com a descans.

La tasca dels tripulants de Salvament Marítim es basa en el salvament de vides humanes i la lluita contra la contaminació marítima. No només rescaten persones en la ruta migratòria, sinó que també atenen embarcacions d’esbarjo, turistes i professionals de la pesca, per esmentar-ne alguns exemples. Fan a la mar les feines que a terra duen a terme les ambulàncies, els bombers i les grues de remolc de vehicles. Els períodes de guàrdia i descans varien segons el tipus de vaixell.

Lladó reclama que, després d’una jornada llarga de rescats, la tripulació sigui rellevada per companys descansats. “Hem arribat a fer 14, 17 o fins a 19 hores de feina en un període de 24 hores. Sense dormir, amb el risc que això comporta per a la gent que rescatam i per a nosaltres mateixos”.

Lladó reclama que, després d'una jornada llarga de rescats, la tripulació sigui substituïda per companys descansats. 'Hem arribat a fer 14, 17 o fins i tot 19 hores de feina en un període de 24 hores. Sense dormir, amb el risc que comporta per a la gent que rescatem i per a nosaltres mateixos'

“Això no ho fa cap equip d'emergència del món”

“Això no ho fa cap equip d’emergència del món”, afirma, posant l’exemple dels bombers: qualsevol cos sotmès a emergències necessita torns i descansos reals. Proposa, invocant “la llei que regula les guàrdies de la mar”, que es “respecti el màxim de 14 hores de feina efectiva en un període de 24 hores i que després s’activi un relleu”.

Però el seu malestar més profund té a veure amb la preparació i l’atenció psicològica. Els veterans ensenyen l’ofici a bord, segons Lladó, però apunta que ningú els prepara per gestionar una embarcació plena de persones en pànic, infants en estat de xoc o la possibilitat que algú mori davant ells.

“Tu entres com a mariner ras, però això no té res a veure amb ser un mariner normal i corrent”, afirma Tomeu. Hi ha un servei psicològic al qual poden telefonar, però, segons explica, no hi ha seguiment després de les situacions límit: “El psicòleg l’haurien d’enviar abans, per preparar-nos com a mínim”.

'Tu vas com un mariner de tercera, però això no té res a veure amb ser un mariner qualsevol', afirma Tomeu. Hi ha un servei psicològic al qual poden trucar, però, segons explica, no hi ha seguiment després de les situacions límit: 'Al psicòleg l'haurien d'enviar abans, per preparar-nos com a mínim'

“Això no ho fa cap equip d’emergència del món”, afirma, posant l’exemple dels bombers: qualsevol cos sotmès a emergències necessita torns i descansos reals. Proposa, invocant “la llei que regula les guàrdies de la mar”, que es “respecti el màxim de 14 hores de feina efectiva en un període de 24 hores i que després s’activi un relleu”.

Però el seu malestar més profund té a veure amb la preparació i l’atenció psicològica. Els veterans ensenyen l’ofici a bord, segons Lladó, però apunta que ningú els prepara per gestionar una embarcació plena de persones en pànic, infants en estat de xoc o la possibilitat que algú mori davant ells.

“Tu entres com a mariner ras, però això no té res a veure amb ser un mariner normal i corrent”, afirma Tomeu. Hi ha un servei psicològic al qual poden telefonar, però, segons explica, no hi ha seguiment després de les situacions límit: “El psicòleg l’haurien d’enviar abans, per preparar-nos com a mínim”.

La resposta de Salvament Marítim

Després de la publicació d'aquest reportatge, Sasemar ha contactat amb elDiario.es per “expressar el seu reconeixement a tots els professionals que desenvolupen la seva labor a Salvament Marítim”. En el seu correu, des de Salvament Marítim admeten que “l'activitat desenvolupada a Balears ha experimentat un important increment en els últims anys”, tant per l'augment de les emergències marítimes com per les operacions de rescat de persones migrants, i defensen haver “reforçat les seves capacitats operatives” amb la incorporació d'una unitat Guardamar —amb “16 tripulants repartits en dos torns de treball” i “capacitat per operar 24 hores ininterrompudament”—. Afegeixen, així mateix, que “totes les unitats de tipus Salvamar que realitzen serveis de caràcter migratori compten amb un tripulant addicional a les seves embarcacions”.

També apunten que les condicions laborals de la flota estan regulades per la normativa vigent i pel conveni col·lectiu de Sasemar, que contempla “tant el treball efectiu com els períodes de disponibilitat propis d'un servei d'emergència permanent”. L'entitat assenyala a més que compta amb “el suport d'una empresa de psicologia” que ofereix “atenció telefònica, videotrucades i visites presencials” per a la flota, els centres de coordinació i les seves famílies, i assegura que continuarà “analitzant les necessitats operatives de les seves bases” i “escoltant les aportacions dels seus professionals”.

La organización de ayuda a personas migrantes Alarm Phone ha alertado de la desaparición de 26 personas que viajaban a bordo de una patera con rumbo a Balears desde Argelia.

Según ha informado la organización en un mensaje publicado en su cuenta de X, la embarcación partió de Tipasa, en la costa argelina. A bordo viajaban, según la información recabada por Alarm Phone, al menos 26 personas migrantes que trataban de alcanzar el archipiélago.

La alerta se produce apenas unos días después del naufragio de otra patera en la ruta entre Argelia y Balears en el que murieron 28 personas. La embarcación había zarpado de Boumerdés y llevaba a bordo a 32 migrantes. Solo cuatro de ellos fueron rescatados con vida.

Alarm Phone tuvo conocimiento el pasado lunes de que cuatro pasajeros de esa patera habían sido rescatados. Las otras 28 personas habrían perdido la vida durante la travesía por la conocida como ruta argelina, una de las principales vías de llegada irregular de migrantes a las Islas.

Boumerdés es, además, uno de los puntos habituales de salida de embarcaciones con destino a Balears, según recoge un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En el nuevo caso, Alarm Phone ha señalado que Salvamento Marítimo está realizando labores de búsqueda en el mar para tratar de localizar a los 26 migrantes, aunque por el momento no han sido encontrados.

La organización, que documenta y alerta sobre emergencias y naufragios de personas migrantes en el Mediterráneo, ha advertido en los últimos días de varios incidentes en esta ruta, marcada por las largas travesías y el elevado riesgo de naufragio.

Hace poco más de un año que lo dejó y ahora ya puede contarlo. Tras salir de la peor guardia de su vida, mientras intentaba procesar lo que acababa de vivir, Tomeu Lladó se dijo a sí mismo: “Hasta aquí. Lo dejo. No puedo más”. Llevaba 15 años enrolado en Salvamento Marítimo, la mayoría de ellos a bordo de la Salvamar Mimosa de Portocolom (Mallorca), y solo le quedaban dos años para jubilarse.

En sus últimos días de guardia, Lladó participó en cinco operaciones en las que fueron rescatadas 112 personas. Entre una salida y otra, siguió trabajando en el mantenimiento de la embarcación, durmió apenas unas horas y permaneció disponible las 24 horas, como exigía su turno. “El caso que colmó el vaso, que me hizo ver que no podía soportarlo más, fue cuando nos volcó delante de nuestras narices una patera de lo llena que iba”, cuenta al principio de la conversación que recientemente mantuvo con elDiario.es, sin dejar mucho espacio para los preámbulos sobre su vida anterior a Salvamento Marítimo.

Lladó ha trabajado siempre en la mar. Una primera etapa de quince años como mestre d’aixa –carpintero de ribera–; después como pescador profesional en llaüt, la embarcación tradicional de madera de la que es un firme defensor. Tras varios trabajos en embarcaciones de limpieza y control de costas, empezó a cubrir bajas en Salvamento Marítimo, pasando por las bases de Salvamento en Ciutadella, Alcúdia, y ya por último en Portocolom, su hogar.

Ahí trabajó como marinero en la Salvamar Mimosa. Una embarcación gobernada 24/7 por dos tripulaciones que se alternan cada semana y que están formadas por un patrón, un mecánico y dos marineros. Por su ubicación, la embarcación interviene habitualmente en los rescates del sur de Mallorca y del entorno de Cabrera, uno de los principales focos de la ruta migratoria que conecta Argelia con Balears.

El caso que colmó el vaso, que me hizo ver que no podía soportarlo más, fue cuando nos volcó delante de nuestras narices una patera de lo llena que iba

Tomeu Lladó — Extripulante de Salvamento Marítimo

La carga de trabajo ha crecido. En 2020 llegaron por mar a las Illes Balears 1.464 personas; en 2024 fueron 5.846 y en 2025, 7.279, según las cifras recopiladas a partir de las informaciones de la Delegación del Gobierno. Los datos muestran que, en 2025, Formentera fue el punto donde se localizaron más embarcaciones; sin embargo, en Cabrera (donde actúa sobre todo la Mimosa) se concentraron más personas: 3.037 en 144 barcas.

La consolidación de la ruta, especialmente a partir de 2020, incrementó el trabajo, sostiene Lladó. “No cambiaron los turnos, los descansos ni el salario”. La situación y el clima laboral en la mayoría de las bases del archipiélago es a día de hoy “tenso”, siendo “elegantes”. Sus trabajadores activos prefieren no hablar en los medios, y tienen miedo a posibles correctivos por parte de la Dirección de SASEMAR (Salvamento Marítimo). “La empresa”, como la refieren ellos, ya ha sancionado sin empleo y sueldo a patrones que han optado por parar el barco para dar un descanso mínimo a la tripulación tras jornadas de día y noche consecutivas sin relevo. Tomeu Lladó, en cambio, ya no tiene ningún miedo. Porque su miedo durante los últimos años era que le sonara el teléfono para ir “a pateras”.

La consolidación de la ruta migratoria entre Argelia y Balears, especialmente a partir de 2020, incrementó el trabajo. “No cambiaron los turnos, los descansos ni el salario”, señala Lladó

La llamada que lo cambió todo

De carácter reservado, como suele atribuirse a los isleños, Lladó usa la ironía cuando duele y sonríe cuando la cosa se pone seria. Justo así continúa su relato de aquella noche. A las 22.20 horas del 2 de diciembre de 2024, tras la jornada habitual de trabajo en base y después de atender otra emergencia entre las 15.00 y las 18.00 horas, se activó nuevamente el operativo para rescatar una embarcación localizada a 4,7 millas al sur de Santanyí. Según informó después la Delegación del Gobierno, intervinieron Salvamento Marítimo, el Servicio Marítimo Provincial y los puestos de la Guardia Civil de Felanitx, Santanyí y Campos.

De carácter reservado, como suele atribuirse a los isleños, Lladó usa la ironía cuando duele y sonríe cuando la cosa se pone seria

La Mimosa llegó a la zona hacia la una de la madrugada del día 3. La Guardia Civil ya estaba allí “con una embarcación tipo zodiac, custodiando la patera” y alumbrando a sus ocupantes con un foco. Nada más llegar, Lladó y sus compañeros advirtieron de que tendrían que actuar con mucho cuidado: “No había un centímetro cuadrado vacío en la barca”. La embarcación llevaba un motor de unos 250 caballos, mucho más potente de lo habitual. “Normalmente llevan un motor de 25, 30 o 40 caballos como mucho”, explica.

Tomeu sostiene que el protocolo que se aplicó aquella noche lo habían repetido hasta el agotamiento: después de haberse situado a una distancia prudencial (para no provocar el impulso de salir apresuradamente de la embarcación y comprometer su estabilidad), se aproximaron lentamente mientras les comunicaban “que el rescate sería de uno en uno para evitar sustos”. Luego amarraron la embarcación, “por proa y por popa”, para que quedara bien arrimada a la Salvamar Mimosa. Mientras tanto, la Guardia Civil se situó detrás de ellos viendo el rescate. Las tres barcas quedaron en línea.

“A medida que comenzamos a bajar a la gente, eso se iba hundiendo”, rememora. Los ocupantes pasaban a la Mimosa por la proa. El peso del motor y de quienes todavía permanecían en popa hacía descender cada vez más aquella parte de la barca. Lladó lo repite: “Se hundía, se hundía. Poco a poco. Se hundía”.

No recuerda que hubiera mala mar, pero sí algo de oleaje. Suficiente para que un lengüetazo de agua salada entrara en la precaria embarcación y “la desestabilizara”. Entonces se escucharon los chillidos:

—¡Rápido, rápido! ¡Hacia delante! —gritaba la tripulación de la Mimosa.

Acto seguido, la desdicha: “La barca se dio vuelta de lado, hacia el lugar contrario de nuestra barca, enseñándonos la quilla”. Los que aún no habían podido bajar cayeron al agua. No llevaban chalecos salvavidas y dos quedaron atrapados bajo el casco, con la embarcación volcada sobre ellos.

"La barca se dio vuelta de lado, hacia el lugar contrario de nuestra barca, enseñándonos la quilla", recuerda el extripulante. Los que aún no habían podido bajar cayeron al agua. No llevaban chalecos salvavidas y dos quedaron atrapados bajo el casco, con la embarcación volcada sobre ellos

“No me sueltes”

La mayoría consiguió subir a la Mimosa por su cuenta. “Pero un hombre quedó atrapado entre las dos barcas”, recibiendo los golpes de su embarcación, que continuaba atada a la Mimosa. “Yo le di la mano para ayudarle a subir, pero no podía aguantar mucho”, relata Tomeu Lladó.

“Era grande y yo lo agarraba con una mano. Con la otra tenía que sujetarme a la barandilla para no caer al agua”. Mientras intentaba sostenerlo, buscaba una navaja en el bolsillo para cortar el cabo y evitar que la barca continuara golpeándolo.

—No me sueltes —le decía el hombre.

—No te soltaré —respondía Lladó.

—No me sueltes —le decía el hombre —No te soltaré —respondía Lladó

Se entendían porque el hombre, que era argelino, hablaba francés y los conocimientos que tenían de esa lengua se afinaron gracias al lenguaje atávico de la adrenalina y el miedo. Mientras tanto, “yo veía una manita bajo la patera”; uno de los que había quedado debajo intentaba salir, “pero veía nuestra quilla y no encontraba la salida”. La barca golpeaba al hombre que sostenía Lladó, y él pedía apoyo, sin éxito, a sus compañeros que estaban ayudando aún a subir a los otros, y le tocó esperar.

“En un momento dado, agarrados, me preguntó si tenía hijos”, relata Tomeu. “Sí, le contesté. Dos hijas. Y él respondió: 'Yo también. No me sueltes'”. El relato aquí se rompe. Lladó es un hombre que habla con la boca pequeña, pero mira fuerte, con los ojos muy abiertos. “Aún me afecta. Lo pasé muy mal”, dice, y con esos ojos vidriosos a punto de quebrar, sigue el relato con una sonrisa de disgusto. El cabo de proa “finalmente rompió, y cesaron los golpes”. Los chicos que habían quedado bajo la barca “salieron al poco: uno fue directo a la Mimosa y el otro, visiblemente desorientado, salió a nado hacia el horizonte”.

"En un momento dado, agarrados, me preguntó si tenía hijos", relata Tomeu. "Sí, le contesté. Dos hijas. Y él respondió: 'Yo también. No me sueltes'"

Cuando sus compañeros ayudaron a subir al hombre al que sostenía, cortaron el cabo de popa. “La barca se hundió como un plomo. ¡Plop! Aún debe de estar ahí”. El hombre que nadaba en dirección contraria acabó virando y también fue rescatado. “Suerte que eran jóvenes y sabían nadar. Rescatamos a mucha gente que no sabe”. Las 25 personas que viajaban a bordo –24 hombres y una mujer– sobrevivieron.

Ya en tierra, el hombre al que Tomeu Lladó no le soltó la mano le dijo: “Tu es comme mon grand-père”, o, traducido: “Me dijo que era como su abuelo; encima me hizo quedar de viejo”, dice socarrón y claramente afectado para provocar una sonrisa después del relato.

El hombre al que Tomeu Lladó no le soltó la mano le dijo: 'Tu es comme mon grand-père', o, traducido: “Me dijo que era como su abuelo; encima me hizo quedar de viejo”, dice socarrón y claramente afectado para provocar una sonrisa después del relato

El rescate que lo cambiaría todo para Lladó no sería el último ni el primero de su turno de 14 días. Por ejemplo: del 29 de noviembre al día del rescate, habían asistido, fuera de horario habitual, a tres embarcaciones con 69 personas a bordo.

Esa noche, la noche clave, salieron a las diez de la noche y llegaron a la base entre las tres y las cuatro de la madrugada. A la mañana siguiente, sin apenas haber dormido, iniciaron sus labores habituales (ese día relacionadas con el combustible). A las 12.00 horas les llamaron para asistir a una nueva embarcación precaria: 18 personas rescatadas. A las 18.00 llegó a tierra. Esa misma tarde acabó su turno sin saber que era el último.

24 horas pendientes del teléfono

El problema principal, insiste, no es únicamente la dureza de cada salida, sino la acumulación. “Las guardias son exactamente las mismas: siete días seguidos, pendientes las 24 horas, con respuesta inmediata. Pero la carga de trabajo se ha multiplicado” desde la consolidación de la ruta migratoria.

El problema principal, insiste Lladó, no es únicamente la dureza de cada salida, sino la acumulación: 'Las guardias son exactamente las mismas: siete días seguidos, pendientes las 24 horas, con respuesta inmediata'

Lladó también se queja de que la empresa considere descanso lo que para ellos sigue siendo trabajo. Cuando no están en una emergencia, “no están simplemente sentados en una oficina”, dice, y enumera las labores: “Limpiar y puntar la embarcación, hacer mantenimiento, preparar cabos, revisar material, comprar agua, calcetines o ropa seca para las personas rescatadas y pedir las mantas de Cruz Roja. Siempre, siempre, siempre hay cosas que hacer”, recalca. Por eso sostiene que “la empresa debería tener, como mínimo, otra tripulación”.

En julio de 2025, Salvamento Marítimo anunció oficialmente un refuerzo específico para Balears durante el verano mediante la incorporación de la Guardamar Concepción Arenal, un aumento de la disponibilidad de las lanchas de Cruz Roja y un dispositivo compuesto por seis Salvamares, una Guardamar, un remolcador, un helicóptero y cuatro lanchas conveniadas. La nota de prensa emitida entonces por el organismo explica que el objetivo era responder al incremento de la actividad náutica y de las intervenciones de emergencia durante el verano.

En julio de 2025, Salvamento Marítimo anunció oficialmente un refuerzo específico para Balears durante el verano mediante la incorporación de la Guardamar Concepción Arenal, un aumento de la disponibilidad de las lanchas de Cruz Roja y un dispositivo compuesto por seis Salvamares, una Guardamar, un remolcador, un helicóptero y cuatro lanchas conveniadas

Sin embargo, Lladó lamenta que la guardia en periodo estival se convierta en un estado de alerta permanente. “Uno se acuesta pensando que el teléfono sonará y ya duerme mal”, dice el extripulante, que tiene ahora 60 años. “A los 40, si no puedes dormir, no duermes. Para mí ahora es diferente”: cuando el aviso llega de madrugada, después de un día de trabajo, “se te cae el alma a los pies”.

Un análisis publicado en 2025 por Erik Monreal Bringsvaerd, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de les Illes Balears, cuestiona el régimen de jornada aplicado al personal de flota de Salvamento Marítimo. Según explica, durante sus periodos de embarque los trabajadores permanecen disponibles las 24 horas. Al terminar su horario ordinario en puerto, continúan de guardia telefónica, y no pueden rechazar los avisos, disponiendo de únicamente 20 o 30 minutos para preparar la embarcación, largar cabos y hacerse a la mar.

Lladó lamenta que la guardia en periodo estival se convierta en un estado de alerta permanente. 'Uno se acuesta pensando que el teléfono sonará y ya duerme mal', dice el extripulante, que tiene ahora 60 años. 'A los 40, si no puedes dormir, no duermes. Para mí ahora es diferente': cuando el aviso llega de madrugada, después de un día de trabajo, 'se te cae el alma a los pies'

El propio convenio colectivo del Personal de Flota de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) establece para las Salvamares periodos de embarque de siete días y considera que, dentro de esas jornadas, el tiempo de trabajo en puerto corresponde al horario habitual, mientras que “el resto de horas hasta las veinticuatro de cada día” tiene la consideración de “tiempo de disponibilidad para servicios en la mar”

Monreal calcula que este sistema podría generar jornadas anuales de más de 4.300 horas. Una jornada de 40 horas semanales equivale a unas 1.800 horas de trabajo efectivo al año. Se trata de una interpretación jurídica, no de una ilegalidad declarada por los tribunales, pero pone el foco en qué debe considerarse tiempo de trabajo y qué puede computarse como descanso.

La labor de los tripulantes de Salvamento Marítimo se basa en el salvamento de vidas humanas y la lucha contra la contaminación marítima. No solo rescatan en la ruta migratoria, sino que atienden embarcaciones de recreo, turistas y profesionales de la pesca, por nombrar algunos ejemplos. Realizan en la mar los trabajos que llevan a cabo en tierra las ambulancias, bomberos y grúas de remolque de vehículos. Los periodos de guardia/descanso varían según el tipo de barco.

Lladó reclama que, después de una jornada larga de rescates, la tripulación sea sustituida por compañeros descansados. “Hemos llegado a hacer 14, 17 o hasta 19 horas de trabajo en un periodo de 24 horas. Sin dormir, con el riesgo que comporta para la gente que rescatamos y para nosotros mismos”.

Lladó reclama que, después de una jornada larga de rescates, la tripulación sea sustituida por compañeros descansados. 'Hemos llegado a hacer 14, 17 o hasta 19 horas de trabajo en un periodo de 24 horas. Sin dormir, con el riesgo que comporta para la gente que rescatamos y para nosotros mismos'

“Esto no lo hace ningún equipo de emergencia del mundo”

“Esto no lo hace ningún equipo de emergencia del mundo”, afirma, poniendo el ejemplo de los bomberos: cualquier cuerpo sometido a emergencias necesita turnos y descansos reales. Propone, invocando “la ley que regula las guardias de la mar”, que se “respete el máximo de 14 horas de trabajo efectivo en un periodo de 24 horas y activar después un relevo”.

Pero su malestar más profundo tiene que ver con la preparación y el cuidado psicológico. Los veteranos enseñan el oficio a bordo, según Lladó, pero apunta que nadie los prepara para gestionar una embarcación llena de personas en pánico, niños en estado de shock o la posibilidad de que alguien muera ante ellos.

“Tú vas como marinero raso, pero esto no tiene nada que ver con ser un marinero normal y corriente”, afirma Tomeu. Existe un servicio psicológico al que pueden llamar, pero, según explica, no hay seguimiento después de las situaciones límite: “El psicólogo lo tendrían que mandar antes, para prepararnos como mínimo”.

'Tú vas como marinero raso, pero esto no tiene nada que ver con ser un marinero normal y corriente', afirma Tomeu. Existe un servicio psicológico al que pueden llamar, pero, según explica, no hay seguimiento después de las situaciones límite: 'Al psicólogo lo tendrían que mandar antes, para prepararnos como mínimo'

Sus quejas, insiste, “no son solo mías”. Asegura que varios compañeros de la flota balear han comenzado a presentar reclamaciones sobre la manera en que se contabilizan el trabajo y los descansos. La denuncia coincide con la posición expresada públicamente por CCOO, que el pasado 29 de junio reclamó más medios para Salvamento Marítimo en Balears, la puesta en marcha efectiva de una zona SAR propia del archipiélago –el área marítima asignada para coordinar operaciones de búsqueda y rescate–, la renovación de la flota –especialmente de las Salvamar– y un incremento de recursos humanos y materiales ante el aumento de la presión migratoria y del tráfico marítimo recreativo en verano. El sindicato también pidió mejorar las condiciones físicas, laborales, higiénicas y de salud mental del personal encargado de los rescates.

Después de su último servicio, Lladó inició el periodo de descanso que le correspondía. El 10 de diciembre tenía que volver a embarcar, pero no estaba bien. Fue al médico y recibió la baja. Había hablado con su familia y entendió que no podía volver. Lo cuenta como una imposibilidad física: “No podía”, dice contundente, como si le hubieran preguntado por qué no levantaba una piedra de tres toneladas.

Después de poco más de un mes de baja médica, llamó a la empresa y le comunicó que se iba; no le ofrecieron ningún apoyo psicológico extra. El 14 de febrero de 2025 cerró su etapa en Salvamento Marítimo. Le faltaban dos años para jubilarse. Ahora vive de ahorros y cuida de un huerto. Volvió al mar y lee con atención lo que viven sus excompañeros. Hace unos días conoció el hallazgo de cuatro cuerpos de migrantes cerca de donde vio volcar esa barca. “Cuando veo que todo continúa igual o peor que cuando dejé el trabajo, creo que tomé una buena decisión”.

La respuesta de Salvamente Marítimo

Tras la publicación de este reportaje, Sasemar ha contactado con elDiario.es para “expresar su reconocimiento a todos los profesionales que desarrollan su labor en Salvamento Marítimo”. En su correo, desde Salvamento Marítimo admiten que “la actividad desarrollada en Balears ha experimentado un importante incremento en los últimos años”, tanto por el aumento de las emergencias marítimas como por las operaciones de rescate de personas migrantes, y defienden haber “reforzado sus capacidades operativas” con la incorporación de una unidad Guardamar —con “16 tripulantes repartidos en dos turnos de trabajo” y “capacidad para operar 24 horas ininterrumpidamente”—. Añaden, asimismo, que “todas las unidades de tipo Salvamar que realizan servicios de carácter migratorio cuentan con un tripulante adicional en sus embarcaciones”.

También apuntan que las condiciones laborales de la flota están reguladas por la normativa vigente y por el convenio colectivo de Sasemar, que contempla “tanto el trabajo efectivo como los periodos de disponibilidad propios de un servicio de emergencia permanente”. La entidad señala además que cuenta con “el apoyo de una empresa de psicología” que ofrece “atención telefónica, videollamadas y visitas presenciales” para la flota, los centros de coordinación y sus familias, y asegura que continuará “analizando las necesidades operativas de sus bases” y “escuchando las aportaciones de sus profesionales”.

La entrada de decenas de miles de personas en Ceuta hace ya dos semanas ha provocado las críticas de la oposición a la gestión del Gobierno antes, durante y después de una crisis que ha derivado en un problema humanitario por la presencia de entre 5.000 y 8.000 personas en la ciudad autónoma. Pero las derechas no han tenido suficiente con los hechos y han recurrido a la difusión de bulos, falsedades o medias verdades y exageraciones para afianzar sus arremetidas contra el Ejecutivo.

El pasado 3 de agosto abrió fuego el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien acusó al Gobierno de haber dado una “respuesta pusilánime, tardía y acomplejada” a la crisis, que tildó de “ocupación masiva” del territorio español.

Desde entonces, las declaraciones no han hecho más que aumentar de intensidad. Este jueves, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, actuó como portavoz del partido. Desde Barcelona, criticó el teórico silencio de la ministra de Sanidad, Mónica García, “que niega la crisis sanitaria consecuencia de esta invasión” que padece Ceuta, y añadió que había “criaturas”, en referencia a mujeres menores de edad, “que han sido agredidas sexualmente en los centros sanitarios de la ciudad autónoma”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (de quien dependen orgánicamente los tribunales ceutíes) ha informado oficialmente de tres agresiones sexuales, ninguna con las características denunciadas por De los Santos con respecto a haber tenido lugar en un centro sanitario.

El viernes, el dirigente del PP reiteró que Sanidad “sigue sin aclarar los refuerzos” enviados para paliar el crecimiento de las atenciones médicas y “sin reconocer un claro caso de alarma sanitaria”. Pero un día antes, el jueves, el Ministerio informó de que el pico de atención sanitaria se produjo el 30 y 31 de julio, los días de la entrada de migrantes, con 1.149 asistencias.

Desde entonces, según Sanidad, las cifras han bajado a las 300 y 400 asistencias diarias. “El Hospital Universitario de Ceuta cuenta con 175 camas y ahora tiene una ocupación en torno al 63%”, apuntó el Ministerio este jueves, pese a que desde el PP se ha insistido que el centro “está colapsado”.

Alentar el miedo a los extranjeros

Todos y cada uno de los dirigentes del PP que han actuado de voceros desde que se produjo la crisis han alentado el miedo a los extranjeros entre la población ceutí. Es una estrategia habitual en las derechas, que utilizan la xenofobia y el racismo como combustible electoral, y que dirigen tanto contra adultos como contra menores.

De los Santos ha pedido en varias ocasiones en las últimas jornadas “devolver a los 11.000 ciudadanos marroquíes que siguen pululando por la ciudad de Ceuta”, un dato que tampoco bebe de ninguna fuente oficial. El Gobierno cree que quedan entre 5.000 y 8.000 personas —Vivas lo eleva a entre 8.000 y 11.000—, pero no todas marroquíes, sino en su mayoría originarios de países del África Subsahariana. El portavoz del PP pidió “un espacio para confinar” a estas personas, “que siguen deambulando poniendo en peligro a la población”.

Pero la derecha no solo recurre a hipérboles. También a la mentira. De los Santos afirmó el viernes que el Gobierno no ha enviado “ni un refuerzo a la seguridad” de Ceuta. La verdad es que desde finales de julio, según informó Interior apenas unas horas antes, hay 880 policías nacionales en la ciudad autónoma, 270 más que el 30 de julio. A ellos se suman un total de 714 guardias civiles, un incremento de 200 agentes. Además, el Ministerio de Defensa ha desplegado al Ejército.

Pero no solo De los Santos ha tirado de xenofobia para señalar a los migrantes que han entrado en Ceuta. Su compañera Alma Ezcurra, quien visitó la ciudad autónoma el pasado miércoles, aseguró ante los periodistas que la playa del Trampolín (donde sobreviven hacinados y sin ayuda cientos de personas) “podría parecer que es una playa de Marruecos o una playa de Mali, pero resulta que es una playa española”.

“Lo que está ocurriendo en Ceuta en este momento es una invasión”, zanjó. La única invasión militar en democracia de un territorio español se produjo en 2002, cuando precisamente Marruecos envió a su ejército al islote de Perejil y reclamó su soberanía. Al frente del Gobierno estaba José María Aznar.

Contra los menores

La legislación española impide la devolución de los menores migrantes que se encuentran solos salvo que haya una identificación exacta de la familia y que el propio niño quiera regresar, ya que en muchos casos proceden de hogares desestructurados o donde son víctimas de violencia, abusos o explotación.

Ezcurra se preguntó ante los medios “qué sentido tiene que un país soberano europeo, con 50 millones de habitantes, le pida a una ciudad de 80.000 que sostenga ella sola, y con una escasísima presencia del Estado, la soberanía y la seguridad nacional”. La dirigente del PP dijo también que los menores deben regresar a Marruecos, obviando la legislación. Unas palabras similares a las planteadas esta semana por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Pero Ezcurra olvida que esa solidaridad que reclama para Ceuta es negada de forma sistemática por las 11 comunidades autónomas que gobierna el PP, cuatro de ellas en coalición con Vox. Los compañeros del presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, han hecho oídos sordos a sus peticiones de ayuda y no quieren acoger a los menores, aunque la ley les obliga.

Este jueves se produjo una reunión técnica entre el Gobierno y las comunidades para abordar este asunto. Los responsables de Vox no acudieron, por lo que tres autonomías presididas por el PP plantaron al Ejecutivo. El resto se negó a debatir sobre el posible reparto en los sistemas de acogida y solo aceptaron hacerlo sobre la transferencia de un crédito extraordinario de 25 millones para Ceuta.

Eso no impidió al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP sostener que “si hay menores no acompañados en Ceuta, es por culpa del Gobierno de España”. “Todos los menores tienen que retornar a su país de origen, ya sea a sus familias o a sus sistemas de protección”, añadió De los Santos esta misma semana. Y apuntó que “el Gobierno de Marruecos dice que quieren que los reciban”, es decir, su retorno. “Si el Gobierno de España quiere, estas personas se pueden marchar todas”, apuntó, pese a lo que dice la legislación sobre los menores y los solicitantes de asilo.

Unas afirmaciones que choca con las propias palabras de Ezcurra, quien aseguró que “cuando 70.000 personas entran en una frontera de manera ilegal y violenta, a toque de silbato, y al día siguiente 60.000, aproximadamente, regresan por donde han venido a toque de silbato, hay alguien que está tocando el silbato, ya sea por acción u omisión”. Y ese “alguien”, añadió, es Marruecos, “responsable de lo que ha sucedido”. Desde 2012 existe un acuerdo de repatriación de menores a Marruecos. En 14 años, el país norteafricano no ha aceptado a ninguno.

De perfil con Marruecos, apoyo a Italia

El PP ha cambiado sus declaraciones sobre Marruecos en función del día. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, afirmó el pasado lunes: “Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos”. Su ‘número dos’, Miguel Tellado, también fue suave al sostener que “es imprescindible esclarecer qué ha fallado en la cooperación con Marruecos”, además de mostrarse partidario de que ambos países tengan “unas relaciones basadas en el respeto mutuo, la cooperación y la buena vecindad”.

Incluso la propia Ezcurra, con un perfil más duro en esta crisis, aseguró tras hablar del “toque de silbato” que España debía replicar al ministro de Justicia de Marruecos, quien planteó que su país no renuncia a la soberanía de Ceuta y Melilla. Inmediatamente, apostilló: “A mí no me corresponde entrar en debates ni en polémicas con el ministro de Justicia marroquí”.

Ezcurra también defendió que “Marruecos es un país seguro” para el retorno de los menores que han entrado solos en España. Para ello utiliza la normativa europea, que señala que Marruecos es un país desde el que se pueden tramitar solicitudes de asilo. El problema es que Marruecos no acepta la devolución de aquellas personas que no reconoce como nacionales, lo que impide el retorno automático que señala el PP.

El PP no ha dado respiro al Gobierno español, pero a quien sí ha defendido es al italiano, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, ha utilizado internamente la crisis de Ceuta y ha provocado una crisis diplomática al establecer controles aduaneros con España en los aeropuertos y puertos.

La medida del Gobierno de ultraderecha fue respondida por España, que también ha activado los mismos controles. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó esta decisión mientras defendió a Meloni. Y llegó a decir, falsamente, que España “ha prohibido la entrada a los italianos”.

“Información privada” y “vergonzante” sobre Pedro Sánchez

En su labor de oposición, el PP ha exigido comparecencias del Gobierno urgentes ante el Senado, cámara que controla con su mayoría absoluta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dio alas a la solicitud al ponerse por carta a disposición del presidente del Senado, Pedro Rollán, aunque no en la fecha que le habían impuesto.

La Cámara Alta la volvió a convocar para el próximo día 18, sin pactarlo previamente con Defensa, y Rollán aseguró ante los medios que Robles había aceptado acudir ese día a dar explicaciones. Esa confirmación nunca se produjo. Finalmente, la ministra ha declinado ir la semana que viene porque necesita “más tiempo para prepararla con rigor”.

Robles se ha convertido así en la mejor o peor ministra del Gobierno para el PP, según el día y el portavoz. Ante su visita a Ceuta, Ezcurra dijo que tenía “una bolita de cristal” y que su previsión era que la ministra de Defensa iba “a decirles a los ceutíes y a todos los españoles que ella no tenía competencias”.

No solo no dijo eso, sino que Robles defendió en la ciudad autónoma que Ceuta “es españolísima”. Este viernes, Jaime de los Santos dijo: “Por fin una ministra defiende la españolidad”. Un día antes, el titular de Exteriores había visitado la ciudad autónoma, convirtiéndose en la primera vez en democracia que el titular de ese departamento visita Ceuta.

De los Santos también ha tenido tiempo estos días para dar pábulo a una de las informaciones sin contrastar que más éxito han tenido en los últimos años: que Marruecos tiene información confidencial con la que chantajear a Pedro Sánchez.

El vicesecretario de Educación e Igualdad aseguró el jueves: “Dicen (sic) que está totalmente preso del Gobierno de Marruecos porque tendrían (sic) datos más vergonzantes (sic) personales que podrían (sic) haber extraído de un teléfono móvil”. Lo volvió a repetir el viernes: “La relación entre los centros de inteligencia español y marroquí, ¿cuándo se ha roto? ¿Cuando Pedro Sánchez acabó con la política exterior? ¿Cuando Pedro Sánchez, después de tomar cargo en vez de hacer un viaje a Marruecos lo hizo a otro lugar? ¿O cuando le tienen arrinconado porque poseen algún tipo de información privada que le dejaría en el peor de los lugares?”.

Efectivamente, Marruecos utilizó el programa israelí Pegasus para espiar a altos dirigentes españoles y europeos, pero no hay constancia de que se robara “información vergonzante” del presidente del Gobierno.

El PP no está solo en esta tesis. Su socio de Gobierno de ultraderecha también sostiene que Marruecos tendría vídeos de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, ya fallecido, con imágenes de “los perversos caprichos de un número indeterminado de clientes asiduos que eran políticos, sobre todo socialistas”.

Un diputado del partido que lidera Santiago Abascal ha llamado a “cazar” inmigrantes, lo que no ha supuesto la más mínima crítica por parte del PP, que ha visto en esta crisis otra oportunidad de golpear al Gobierno con la mirada puesta en el ciclo electoral de 2027.

Nueva jornada de tensión en la frontera de Ceuta. Las fuerzas marroquíes han asegurado que han interceptado este sábado a 294 migrantes que intentaban alcanzar la frontera de Ceuta. Además según fuentes de Seguridad marroquí consultadas por EFE, han detenido a 61 personas sospechosas de incitación y promoción de llamadas a la migración irregular a través de las redes sociales.

Estas cifras llegan después de que las fuerzas de Seguridad de Marruecos hayan asegurado esta mañana que han frustado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de la urbe fronteriza de Fnideq (Castillejos en español). Horas después, EFE ha podido constatar que alrededor de una treintena de personas fueron interceptadas tras intentar cruzar la frontera en esta zona.

Las retenciones se registraron en una zona montañosa de las inmediaciones de Fnideq. Fuentes de Seguridad marroquíes indicaron a EFE que el incidente se registró en una zona montañosa, en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta. Según las mismas fuentes, los agentes marroquíes dispersaron a los migrantes, que siguen en la zona.

Según fuentes de seguridad marroquíes consultadas por EFE, al menos 294 migrantes han sido interceptados durante los operativos de este sábado, entre ellos 248 subsaharianos y 46 de nacionalidad marroquí.

Posteriormente, las fuerzas de Seguridad marroquíes cargaron contra decenas de migrantes. Los efectivos han utilizado gases lacrimógenos para dispersarlos y están ayudados por helicópteros, según constató EFE. Después de que periodistas de EFE y RTVE tomasen imágenes de las cargas policiales, el máximo representante local del Ministerio del Interior marroquí les exigió abandonar la ciudad de Castillejos bajo amenaza de retirarles sus acreditaciones profesionales y equipos de trabajo y finalmente fueron expulsados.

Este nuevo intento de salto se produce en un fin de semana marcado en rojo en Ceuta. Tras la tragedia de los pasados días 30 y 31, cuando decenas de miles de personas cruzaron a pie y a nado al enclave español con al menos 141 muertos, según organizaciones humanitarias, se había detectado en redes sociales una convocatoria para un nuevo cruce masivo para este sábado 15 de agosto.

Estos movimientos en Fnideq llegan después de que la madrugada y las primeras horas de la mañana de este sábado han transcurrido en la frontera de Ceuta con normalidad y calma con la presencia de un importante despliegue policial. Los controles se mantienen en las principales carreteras de acceso a Castillejos, en especial en las procedentes de Tetuán y Tánger.

La noche ha transcurrido además con una densa niebla sobre el entorno fronterizo, aunque sin que se hayan producido, hasta el momento, movimientos significativos de personas hacia el vallado y la costa ceutí. Durante la madrugada se intensificaron las tareas de vigilancia en las inmediaciones de la frontera con Ceuta, tanto en tierra como en el mar, con la intervención de lanchas rápidas de la Marina Real marroquí y drones.

La frontera de Ceuta, en calma

A pocos kilómetros, la frontera del Tarajal se encuentra en calma desde primera hora de la mañana de este sábado. Miles de efectivos participan en un despliegue de seguridad sin precendentes que ha organizado Rabat. La Marina Real marroquí ha activado seis embarcaciones semirrígidas en el mar. En tierra, miles de agentes de las Fuerzas Auxiliares controlan el perímetro fronterizo, apoyados por efectivos de la Gendarmería, que protegen la zona del monte.

Marruecos cuenta también con una nueva barrera metálica de unos cuatro metros de altura en las proximidades de la frontera. Las concertinas han sido instaladas desde principios de esta semana, y se ha levantado en la vía que conecta Fnideq con el paso fronterizo de Ceuta y busca impedir que posibles concentraciones de personas puedan aproximarse directamente al entorno fronterizo.

El dispositivo no se ha limitado al perímetro fronterizo. Según han informado los medios de comunicación marroquíes y ha podido confirmar Europa Press, los controles se han extendido hasta la localidad más próxima a la frontera, Castillejos, a apenas dos kilómetros del perímetro marroquí. Allí se ha establecido un primer filtro de seguridad. “Castillejos está tomada por los militares y los gendarmes”, ha asegurado un ceutí que ha viajado a Marruecos estos días atrás.

En paralelo, el despliegue en el lado español también se mantiene desde la pasada noche. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil se encuentra en el mar con sus embarcaciones, mientras en tierra controlan la frontera tanto militares como agentes de la Policía Nacional.

El refuerzo en ambos lados se produce después de que el 30 de julio se produjera la entrada masiva de 80.000 personas, según ha referido la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su visita a Ceuta el pasado miércoles.

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha reclamado este jueves que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) y Vox acaten la ley en lo que respecta al reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta, algo que también es “un imperativo ético y moral”.

Peláez ha asistido a la jornada 'Europa en Asturias: cuatro décadas de transformación' en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en la que también han participado los eurodiputados Jonás Fernández (PSOE) y Susana Solís (PP).

El consejero ha asegurado que lo sucedido en la ciudad autónoma ha supuesto una “enorme crisis humanitaria”, con niños y niñas que “están ahora mismo abandonados a su suerte”.

La petición de Sumar

Por otro lado, el Movimiento Sumar Asturies ha reclamado este jueves al Gobierno del Principado que ponga a disposición del Ejecutivo central “todos los recursos posibles” para la acogida de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta al considerar que se trata de una “crisis humanitaria”.

El diputado, Xabel Vegas, ha defendido que la atención a estos menores debe ser una responsabilidad compartida por todas las autonomías y ha instado al presidente del Principado, Adrián Barbón, a situarse “al frente de las comunidades solidarias y respetuosas con los Derechos Humanos”.

Vegas también ha criticado la postura de Vox en materia migratoria y ha instado al Partido Popular a desmarcarse de los planteamientos de la formación.

El dirigente de Sumar ha emplazado además al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, a aclarar su posición sobre esta cuestión y ha asegurado que debe decidir “si quiere situarse del lado de la moderación o del lado del extremismo ultraderechista”.

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, espera que el Ejecutivo autonómico (PP) colabore con el de España (PSOE-Sumar) en la acogida de menores tras la crisis en Ceuta y, aunque no ha dado una cifra concreta de cuántos podrían llegar a la comunidad, ha asegurado que la región “puede asumirla”.

“Reclamo y defiendo que Cantabria sea una tierra de acogida”, ha reivindicado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha afirmado que la región puede acoger a estos menores porque, según ha justificado, durante estos meses “han sido muy pocos los niños que han llegado” a Cantabria, a lo que ha unido que el Gobierno de España ha dado financiación para pagar íntegramente los gastos que puedan conllevar.

En concreto, el delegado del Gobierno se ha referido en este punto a la financiación de los trasladados desde Ceuta, Melilla y Canarias, que “hacen su vida” en la comunidad y que “incluso algunos han conseguido integrarse plenamente y ya están trabajando”.

Así, ha instado a hacer “un esfuerzo de solidaridad” en el conjunto del país y ha apelado específicamente a que Cantabria “defienda los derechos humanos y los derechos de los niños”.

Cantabria “sobrepasada”, según inclusión social

Sin embargo, en un comunicado remitido este miércoles a Europa Press, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, aseguró que la capacidad de acogida de la región “se encuentra sobrepasada desde hace tiempo” y advirtió que el sistema actual “no puede asumir una mayor presión”. A pesar de ello, afirmó que el Ejecutivo autonómico “seguirá cumpliendo la ley”.

Al hilo, Casares ha pedido “desterrar” del debate público discursos de odio y el “enfrentamiento de unos contra otros”, y ha pedido trabajar por “la integración plena de estos niños” en la comunidad.

“Espero que así sea y que el Gobierno de Cantabria no se sume una vez más a la estrategia del Partido Popular de confrontación contra el Gobierno de España”, ha dicho al respecto, porque esto “no va de confrontar”, sino que “va de garantizar los derechos de los niños y de las niñas como exige y pide las Naciones Unidas”.

Información sobre plazas disponibles

Por otra parte, en un comunicado, el PSOE de Cantabria ha exigido al Gobierno regional que informe “ahora” de cuántas plazas va a poner a disposición de los menores de Ceuta, y no lo haga dentro de unos días porque “no puede seguir mirando para otro lado mientras cientos de niños duermen en una nave industrial habilitada de urgencia en El Tarajal”, ha sentenciado su secretario de Política Migratoria, Mor Talla.

Así todo, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Socialista registrará una iniciativa en el Parlamento regional para que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga informe “con datos actualizados” de las plazas, los recursos técnicos y el personal disponible en la red cántabra de protección de menores.

“No pedimos generosidad, pedimos que se cumpla la ley y que se cumpla con estos niños. Cantabria tiene recursos, tiene profesionales capacitados y tiene, sobre todo, la obligación moral de no dar la espalda a quien más lo necesita”, ha sostenido Talla.

Almenys dues persones han mort i 19 més -entre elles diverses dones- han pogut ser rescatades amb vida aquest dimarts després del naufragi d'una patera al sud de Cabrera en què viatjaven unes 30 persones. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim mantenen actiu un ampli dispositiu marítim i aeri per mirar de localitzar els ocupants que continuen desapareguts.

El dispositiu es va activar a les 12.10 hores, quan Salvament Marítim va alertar de l'albirament de dos nàufrags a vuit milles al sud-est de Cabrera, segons ha informat la Delegació del Govern a les Balears. Un helicòpter Helimer es va desplaçar fins a la zona i va rescatar tots dos supervivents, dues persones d'origen subsaharià, que van ser traslladades a l'Hospital Universitari Son Espases.

Paral·lelament, el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil va desplegar un operatiu de recerca que va permetre rescatar, entre les 12.30 i les 14.30 hores, 12 supervivents més i recuperar dos cossos sense vida, que posteriorment van ser traslladats al port de la Colònia de Sant Jordi. Tres de les persones rescatades presentaven cremades i símptomes d'esgotament, per la qual cosa van rebre assistència sanitària, mentre que una d'elles també va ser evacuada a Son Espases.

Al mateix temps, l'helicòpter Helimer va localitzar i rescatar tres persones més, que van ser traslladades a l'Hospital Son Llàtzer després d'aterrar a l'aeroport de Palma.

Fins al moment, el balanç de l'operatiu és de 17 persones rescatades amb vida —14 homes i tres dones d'origen subsaharià—, dues persones mortes i una desena de desapareguts.

Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, el naufragi es va produir al voltant de les 07.00 hores de dilluns, quan l'embarcació es va enfonsar a vuit milles de Cabrera. Els investigadors consideren que podria tractar-se d'una de les pateres la desaparició de la qual havia estat comunicada a Salvament Marítim i en què viatjaven unes 29 persones.

Les tasques de recerca continuen amb la participació de mitjans aeris i marítims de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim. En el dispositiu participen l'helicòpter de la Unitat Aèria de la Guàrdia Civil, dues embarcacions del Servei Marítim, la Salvamar Mimosa, el remolcador Marta Mata i un helicòpter Helimer.

El naufragi es coneix poques hores després d'una altra tragèdia produïda en la ruta migratòria cap a les Balears. Aquest mateix dimarts, dos supervivents rescatats al sud-oest de Mallorca van relatar que 17 persones van morir després de romandre 15 dies a la deriva en una pastera que intentava arribar a l'arxipèlag. Tots dos van arribar amb vida en estat de desnutrició i deshidratació, mentre Salvament Marítim manté també un dispositiu per intentar localitzar possibles víctimes d'aquella embarcació.

Les arribades de pasteres a les Balears s'han intensificat durant els darrers anys, especialment en les rutes que parteixen del nord d'Àfrica i d'Algèria amb destinació a Mallorca, Eivissa, Formentera i Cabrera. Les organitzacions especialitzades en migracions fa mesos que alerten de l'augment dels naufragis i de les desaparicions en una de les rutes més perilloses de la Mediterrània occidental.

Al menos dos personas han fallecido y otras 19 -entre ellas varias mujeres- han podido ser rescatadas con vida este martes tras el naufragio de una patera al sur de Cabrera en la que viajaban unas 30 personas a bordo. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo mantienen activo un amplio operativo marítimo y aéreo para tratar de localizar a los ocupantes que todavía permanecen desaparecidos.

El dispositivo se activó a las 12.10 horas, cuando Salvamento Marítimo alertó del avistamiento de dos náufragos a ocho millas al sureste de Cabrera, tal como han informado desde la Delegación del Gobierno en Balears. Un helicóptero Helimer acudió a la zona y rescató a ambos supervivientes, dos personas de origen subsahariano, que fueron trasladadas al Hospital Universitario Son Espases.

De forma paralela, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil desplegó un operativo de búsqueda que permitió rescatar, entre las 12.30 y las 14.30 horas, a otros 12 supervivientes y recuperar dos cuerpos sin vida, trasladados posteriormente al puerto de la Colònia de Sant Jordi. Tres de las personas rescatadas presentaban quemaduras y síntomas de agotamiento, por lo que recibieron asistencia sanitaria, mientras que una de ellas fue evacuada también a Son Espases.

Al mismo tiempo, el helicóptero Helimer localizó y rescató a otras tres personas, que fueron trasladadas al Hospital Son Llàtzer tras aterrizar en el aeropuerto de Palma.

Hasta el momento, el balance del operativo asciende a 17 personas rescatadas con vida -14 hombres y tres mujeres de origen subsahariano, dos personas fallecidas y diez desaparecidas.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el naufragio se produjo alrededor de las 07.00 horas del lunes, cuando la embarcación se hundió a ocho millas de Cabrera. Los investigadores consideran que podría tratarse de una de las pateras cuya desaparición había sido comunicada a Salvamento Marítimo y en la que viajaban unas 29 personas.

Las labores de búsqueda continúan abiertas con la participación de medios aéreos y marítimos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo. En el dispositivo participan el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil, dos embarcaciones del Servicio Marítimo, la Salvamar Mimosa, el remolcador Marta Mata y un helicóptero Helimer.

El naufragio se produce apenas unas horas después de otra tragedia en la ruta migratoria hacia Balears. Este mismo martes, dos supervivientes rescatados al suroeste de Mallorca relataron que 17 personas murieron tras permanecer 15 días a la deriva en una patera que intentaba alcanzar el archipiélago. Ambos llegaron con vida en estado de desnutrición y deshidratación, mientras Salvamento Marítimo mantiene también un dispositivo para tratar de localizar posibles víctimas de aquella embarcación.

Las llegadas de pateras a Baleares se han intensificado durante los últimos años, especialmente en las rutas que parten del norte de África y Argelia con destino a Mallorca, Eivissa, Formentera y Cabrera. Las organizaciones especializadas en migraciones llevan meses alertando del aumento de naufragios y desapariciones en una de las rutas más peligrosas del Mediterráneo occidental.

Un total de 17 persones migrants han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de Balears després de passar 15 dies a la deriva, segons el testimoni dels dos únics ocupants d'origen magribí que han pogut ser rescatats al sud de Mallorca.

Els dos supervivents, que presentaven signes de desnutrició i deshidratació, han estat traslladats a l'Hospital Universitari Son Espases, a Palma.

La Delegació del Govern ha informat que el rescat es va produir cap a les 03.00 hores d'aquest dimarts, quan Salvament Marítim va localitzar una embarcació a 12,68 milles al sud-oest de Mallorca amb només dos ocupants amb vida. Tots dos van necessitar assistència sanitària a causa del seu estat físic i van ser evacuats a l'Hospital Universitari Son Espases.

Segons la informació facilitada per Salvament Marítim, van ser els mateixos supervivents els qui van explicar que la pastera havia partit amb 19 persones a bord i que havia romàs 15 dies a la deriva. Durant aquest temps, segons el seu relat, 17 ocupants van morir abans que arribés el rescat.

Després de conèixer aquest testimoni, Salvament Marítim va mobilitzar un helicòpter per rastrejar la zona on havia estat localitzada l'embarcació i va emetre un avís als navegants amb l'objectiu de localitzar possibles supervivents o restes del naufragi.

En una altra intervenció desenvolupada també durant la matinada, a les 05.15 hores, Salvament Marítim va rescatar 15 persones més d'origen magribí que viatjaven en una pastera localitzada a 30 milles al sud-oest d'Eivissa.

Fonts de l'organisme han explicat a Europa Press que l'àrea de recerca s'ha fixat a unes 15 milles al sud-oest de Cala Figuera, a Palma, entre Eivissa i Mallorca, i que s'estendrà cap al sud-oest.

Les mateixes fonts han assenyalat que va ser el ferri Rosalind Franklin, de Baleària, que cobreix la ruta Barcelona-Algèria, el que va donar la veu d'alarma i que, segons el testimoni dels dos supervivents, els cadàvers van ser llançats a la mar a mesura que anaven morint.

Investiguen si és una de les pasteres desaparegudes al juliol

Per la seva banda, l'ONG Caminant Fronteres tracta de determinar si la pastera en què van morir les 17 persones correspon a una de les cinc embarcacions que l'organització va donar per desaparegudes el mes de juliol passat, en les quals viatjaven un total de 76 persones.

La portaveu de l'entitat, Helena Maleno, ha explicat que l'organització està contrastant aquesta possibilitat a través dels familiars de les persones desaparegudes, amb l'objectiu de comprovar si l'embarcació rescatada coincideix amb alguna de les alertes registrades durant les darreres setmanes.

Amb tot, Maleno ha advertit que la verificació serà complexa a causa de l'estat en què han arribat els dos supervivents, que continuen hospitalitzats amb signes de desnutrició i deshidratació. L'activista ha assenyalat que caldrà esperar que el seu estat de salut millori per poder reconstruir amb més precisió la travessia i confirmar la identitat de l'embarcació.

En una altra intervenció desenvolupada també durant la matinada, a les 05.15 hores, Salvament Marítim va rescatar 15 persones més d'origen magribí que viatjaven en una pastera localitzada a 30 milles al sud-oest d'Eivissa.

Armengol reclama una resposta comuna de la UE

Després de conèixer la notícia, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha expressat aquest dimarts la seva “consternació” per la mort de les 17 persones migrants i ha reclamat una resposta comuna de la Unió Europea per fer front a aquest tipus de tragèdies.

En un missatge difós a les xarxes socials, la també expresidenta del Govern de les Illes Balears ha defensat que el drama migratori a la Mediterrània requereix una resposta “coordinada, conjunta i serena” per part dels estats membres de la Unió Europea, alhora que ha apel·lat a frenar “els discursos extremistes i d'enfrontament”.

“Els meus pensaments són ara mateix amb les famílies de les víctimes, que les van veure partir del seu país amb l'esperança de trobar una vida millor i que ara han d'afrontar la incertesa i el dolor d'esperar notícies seves”, ha assenyalat.

Armengol també ha traslladat el seu reconeixement al personal de Salvament Marítim i a la resta de professionals que van participar en el dispositiu de rescat i en l'assistència sanitària prestada als dos supervivents.

Prohens demana un pla específic per a Balears

Per la seva banda, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamat al Govern central un pla específic per fer front a l'emergència migratòria a les Balears.

“No podem normalitzar aquesta tragèdia. El Govern d'Espanya no pot continuar mirant cap a una altra banda. Exigim un pla específic per afrontar l'emergència migratòria que viuen les Illes i actuar, d'una vegada per totes, davant aquest drama humanitari”, ha escrit.

La presidenta balear ha lamentat que “la cara més dura de la crisi migratòria” hagi tornat a colpejar l'arxipèlag i ha advertit que “les màfies continuen jugant amb la vida de persones desesperades”. Finalment, ha qüestionat el discurs del Govern central sobre l'evolució dels fluxos migratoris: “Només qui nega la realitat i defuig la seva responsabilitat pot dir que les xifres milloren”, ha conclòs.