Por Ávila, una formación que nació en 2019 tras una escisión del PP abulense, ha perdido este domingo la capital —cuya alcaldía dirige en minoría—, pero resiste en la provincia y conserva su único procurador, Pedro Pascual, a pesar de que sus expectativas eran conseguir un segundo escaño. En la capital, Por Ávila no ha llegado a los 7.000 votos (24,01%), por detrás del Partido Popular, con el 96,21% del voto escrutado en la ciudad, aunque sí ha superado en la provincia el 14% del apoyo (10.919 votos con el 96,33% escrutado). Donde sí ha conseguido ser la primera fuerza ha sido en pequeños municipios como Berrocalejo de Aragona, Mironcillo, Muñomer del Peco, Narrillos del Rebollar, Niharra, Padiernos y Tornadizos de Ávila.

En 2022 Por Ávila superó los 10.000 votos, con el 16,7% del respaldo en la provincia: 13.703 escaños en total, de los cuales 8.482 procedían de la capital abulense, donde gobierna en minoría. Pedro Pascual lleva como procurador desde 2019 (cuando Por Ávila consiguió 9.447 votos) y este año la formación abulense aspiraba a conseguir dos procuradores en las Cortes de Castilla y León.

Pascual, médico de emergencias, ha compatibilizado su escaño con su profesión desde 2019 y en estos años ha puesto especial hincapié en los déficits sanitarios de la provincia abulense. En 2022 Por Ávila estaba negociando los presupuestos autonómicos con la coalición PP-Ciudadanos hasta que Fernández Mañueco adelantó los comicios en mitad del acuerdo presupuestario, lo que ha provocado duras críticas de Por Ávila al presidente autonómico, en quien no creen que se pueda confiar. La intención de Por Ávila era ser decisivos en una negociación postelectoral a partir del 16 de marzo, algo que no parece factible teniendo en cuenta que el PP y Vox podrían sumar 47 escaños de los 42 necesarios para una mayoría de investidura o absoluta.

La derecha y la ultraderecha mejoran en Ávila sus resultados electorales con el 71,7% del voto repartido entre PP (36,13%), Vox (19,37%), Por Ávila (14,06%), Se Acabó la Fiesta (SALF) (1,38%) y Falange (0,17%). En el año 2022 obtuvieron el 68,28% entre PP, Vox, Por Ávila y Falange.

Esta vez sí, Castilla y León ha aguantado cuatro años de legislatura. En este nuevo ciclo electoral, y ante los constantes rumores de un adelanto electoral, Alfonso Fernández Mañueco prometió apurar la legislatura y lo ha hecho.

Ni siquiera ha habido un adelanto técnico: el 15 de marzo era el último día para que Castilla y León celebrase sus comicios y este día se votará. 2.097.768 personas están llamadas a votar este domingo para decidir qué asuntos priorizará la comunidad durante los próximos cuatro años.

¿Cuántos escaños hay en juego?

En las elecciones autonómicas de Castilla y León que se celebran este domingo, 15 de marzo. Están llamados a elegir a los 82 procuradores y procuradoras que conforman las Cortes de Castilla y León. Para lograr una mayoría absoluta en la Cámara se necesitan 42 escaños, una suma que no parece que vaya a alcanzar un solo partido. Estos se distribuyen según la población: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila, Palencia, Zamora y Segovia (7 escaños cada una) y Soria (5). Este año, Segovia tiene un escaño más que en 2022 gracias al empuje de los madrileños y los inmigrantes.

Durante esta legislatura el Gobierno de Castilla y León ha estado en manos del PP, durante los dos primeros años con apoyo de Vox—hasta la ruptura de la formación de extrema derecha en los gobiernos autonómicos por la gestión de los menores migrantes que vivían en Canarias—. Los populares sacaron 31 escaños; el PSOE, 28; Vox obtuvo 13 —aunque luego perdió dos escaños por la expulsión de dos de sus procuradores—; Unión del Pueblo Leonés, tres; Soria ¡Ya!, tres; Unidas-Podemos, un escaño; otro escaño Por Ávila y un último por Ciudadanos, que luego perdió por la expulsión del exvicepresidente autonómico Francisco Igea. Con esa composición, el PP necesitó a Vox para gobernar.

¿Qué dicen las encuestas? 

El escenario parece claro: parece que el partido que podría gobernar sería el PP, si consigue el apoyo de Vox, aunque aún hay muchas incógnitas. Las encuestas prevén que Vox esté por encima del 20% de los votos. Por bloques ideológicos, la derecha sumaría entre 48 y 51 escaños, superando con holgura la mayoría absoluta fijada en 42 procuradores en las Cortes de Castilla y León. El PP volvería a necesitar de un pacto de gobierno para firmar una coalición y parece estar condenado a entenderse con Vox como en 2022.

El PSOE de Carlos Martínez aparecería en segunda posición con cerca del 29-30% de los votos, resistiendo mejor en Extremadura o Aragón. El efecto 'no a la guerra' que han enarbolado Pedro Sánchez y Carlos Martínez también podrían jugar a su favor y el candidato socialista y alcalde de Soria aguantaría el envite. Unión del Pueblo Leonés se movería en torno al 4-5% de los apoyos, cifra suficiente para lograr entre tres y cuatro representantes —todos en León—, lo que supondría un crecimiento respecto a 2022.

Las plataformas provinciales como Soria ¡Ya! podrían alcanzar alrededor de un 1% del voto (1-2 escaños, un representante menos que hace cuatro años) y Por Ávila, con Pedro Pascual repitiendo como procurador. Las candidaturas vinculadas a la coalición de Izquierda Unida-Sumar se situarían alrededor del 3-4%, con opciones de lograr un escaño por Valladolid o quedarse fuera de la Cámara dependiendo del reparto provincial. Podemos no entraría en el hemiciclo, según prácticamente todas las encuestas. También se quedarían fuera propuestas como la de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y otros ex del PP y Ciudadanos (Nueve CyL), Alvise (Se Acabó La Fiesta, que olvidó adaptar a Castilla y León su programa electoral de Aragón) o el propio Ciudadanos, que está teniendo espacio en la televisión pública porque consiguió un escaño en 2022.

¿Históricamente, quién ha gobernado en Castilla y León?

Castilla y León es el mayor granero de votos del PP desde hace 39 años. El Partido Popular lleva en el gobierno desde 1987, aunque en las dos últimas legislaturas ha necesitado coaliciones —salvo los dos últimos años de minoría— con Ciudadanos (2019-2021) y Vox (2022-2024). Esto implica que hay muchos municipios en los que 'siempre' ganan los mismos. Ejemplo de ello es que en Salamanca capital, la última vez que ganó la izquierda unos comicios autonómicos fue en 1983. De hecho, en seis de cada diez municipios de Castilla y León han votado al mismo partido en las últimas seis elecciones autonómicas. El Partido Popular tiene 1.189 feudos, frente a solo 72 municipios socialistas. El PP ha ganado en los últimos veinte años en Salamanca capital, Medina del Campo, Santa Marta de Tormes, Ciudad Rodrigo y Astorga.

¿Cuáles son las particularidades del sistema electoral?

Castilla y León ocupa el 20% del territorio español —es más grande que Portugal—, pero solo vive el 5% de su población. Esto significa que hay poca población y, además, está muy dispersa, en 2.248 municipios, muchos de los cuales ni siquiera superan los 100 habitantes. A esta dispersión, se añade otro factor: el envejecimiento de la población. La edad media en Castilla y León es de 48,6 años, solo por debajo de Asturias. Zamora es la provincia con mayor edad media del país: 51,91 años, según los datos del INE. Por eso no es de extrañar que la despoblación sea el principal problema que ven los castellanos y leoneses, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En estas elecciones habrá 102.033 nuevos votantes, 81.890 que se corresponden con el censo de residentes y 20.143, con el de españoles residentes en el extranjero. El número total de personas con derecho a voto supone 2.097.768 personas en la Comunidad.

En Castilla y León, cada provincia tiene asignado un número inicial de tres procuradores autonómicos, que van aumentando en base a la población: un procurador más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. Como Castilla y León tiene tantas circunscripciones, la clave de la gobernabilidad está en 'los restos': a efectos prácticos, las formaciones necesitarán el 6% del voto para conseguir representación, basándonos en los resultados de otras citas electorales.

¿A qué hora se conocen los datos de participación?

La jornada electoral del 15 de marzo de 2026 en Castilla y León arranca con la apertura de los colegios electorales a las 09:00 y su cierre a las 20 horas, momento a partir del cual comienza el escrutinio de votos. Los datos de participación suelen ofrecerse en varios cortes oficiales: a las 11:30 horas de la mañana -el dato se ofrece a las 12:00 - se publican las cifras parciales sobre cuánta gente ha votado, que se actualiza a las 14 horas —los datos se ofrecen a las 14.30— y las 18:00 —los datos se ofrecen a las 18:30—. La cifra final de participación se conocerá al cierre de las urnas.

En 2022, cuando Castilla y León se 'descolgó' de la convocatoria ordinaria —Mañueco decidió romper con Ciudadanos y retirarse de unas negociaciones presupuestarias con Por Ávila de manera sorpresiva—, la participación fue del 58,75%, un 7% menos que en 2019, cuando entró por primera vez Alfonso Fernández Mañueco como presidente del Ejecutivo.

Puedes seguir toda la información en elDiario.es durante la jornada y consultar todos los datos en el especial electoral.

¿Cuándo se sabrán los resultados? 

A pesar de que en Castilla y León habrá 2.910 locales electorales y 4.470 mesas electorales, se espera que el recuento sea rápido, especialmente en el medio rural, teniendo en cuenta que hay muchos núcleos de población que son pequeños. Solo la incógnita sobre el reparto de los últimos escaños, que se espera que sea muy ajustado en varias provincias, hace aconsejable esperar hasta el final para ver quiénes son los ganadores y perdedores de esta cita con las urnas.

La Junta Electoral Provincial de Ávila ha sancionado al Partido Popular con una multa de 350 euros, por haber solicitado el voto en la tarde del pasado 26 de febrero, en el centro de la capital abulense, unas horas antes de que se iniciara la campaña electoral en Castilla y León.

Esta resolución se produce a raíz de la denuncia presentada por la formación Por Ávila, cuyos responsables consideran que el PP cometió una “infracción electoral”, tras convocar un acto a las 20.00 horas del pasado 26 de febrero en la plaza de Santa Teresa.

El acto “evidencia que la presentación de candidaturas y programa electoral ante los medios de comunicación, se llevó a cabo en la vía pública, por la que transitan ciudadanos, sosteniendo cuatro candidatos a las Cortes de Castilla y León carteles en los que expresamente se pide el voto con la mención 'Vota PP'”, señala la denuncia.

En la misma, Por Ávila afirma que se trataba de “carteles en color azul y con el anagrama identificativo del Partido Popular”, lo que a su juicio pone de relieve la vulneración de las prohibiciones de la Ley Electoral, al realizarse horas antes de que arrancase la campaña.

Una vez analizadas las alegaciones presentadas por el PP de Ávila, la Junta Electoral Provincial ha concluido que los hechos denunciados por XAV son “una petición expresa del voto en periodo no autorizado”, de ahí que le imponga una sanción de 350 euros

La multa es al Partido Popular, según la Junta Electoral Provincial, cuyos miembros consideran que no procede sancionar a los candidatos que portaban los carteles electorales de manera individual, teniendo en cuenta que la organización convocante fue la formación política.

“Se trata de una actuación aislada y no concurre reincidencia, lo que justifica que la sanción se imponga en el tercio medio de la horquilla legal prevista de 100 a 1.000 euros”, señala la Junta Electoral, que explica así la cuantía de 350 euros de multa.

Contra esta resolución cabe la posibilidad de interponer recurso ante la Junta Electoral de Castilla y León.

Pedro Pascual, médico de Urgencias y Emergencias, se presenta de nuevo para ser parlamentario de Por Ávila en la que sería su tercera legislatura en las Cortes de Castilla y León. Lo hace, explica, para reivindicar las necesidades de la provincia en materia sanitaria y de infraestructuras, entre otras.

La formación abulense, que gobierna en minoría el Ayuntamiento de la capital, busca hacerse con un segundo procurador en las elecciones del 15 de marzo y no marca líneas rojas en los futuros pactos postelectorales, que deben negociarse desde el territorio.

¿Qué necesita de manera imperiosa la provincia de Ávila?

Necesita unas buenas comunicaciones, porque eso es lo que hace que la gente se quede a vivir aquí y puedan venir empresas. En Educación... hace 40 años que no se hace un colegio en Ávila. Y es verdad que muere más gente que la que nace, y muchas veces por la inmigración... pues hay más gente. Y luego, sobre todo, la sanidad. Necesitamos que se cumplan los ratios de facultativos, que intentemos que haya pediatras de referencia en las zonas rurales. Y, por supuesto, que no perdamos carteras de servicios en el hospital y que se mejore la cartera de servicios de nuestra atención hospitalaria. Esta es una provincia que no podemos olvidar el sector primario.

¿Por qué debería el ciudadano de Ávila votar a su formación? ¿Qué han conseguido en estas dos legislaturas que pueda servirles?

Gracias a nosotros ha mejorado muchísimo el transporte sanitario, que era una carencia. Este año, al final, se van a establecer las unidades de ictus por las que hemos luchado, parece que se va a realizar el Hospital de Día Oncohematológico, que también lo propusimos... Tenemos que seguir todavía con la Unidad de Dolor, porque lo que se ha hecho no es una unidad de dolor como tal. En cuanto a carreteras, tenemos que seguir luchando, porque no hay ni un solo kilómetro de autoría autonómica en nuestra provincia.

Es verdad que no se ha dejado de lado ni que se lleve a cabo todo el plan territorial. Y sobre todo, también hemos dado mucha tabarra con la subestación eléctrica de Vicolozano, que nos prometieron que iba a estar licitada enseguida, y ahora dicen que la van a licitar, pero es que mientras no esté esa subestación, el polígono de Vicolozano, no se puede hacer nada. El peaje... siempre estamos diciendo que es la Junta de Castilla y León la que también tiene que instar y reclamar al Gobierno central esas mejoras para Ávila, porque si no, siempre nos quedamos atrás.

En estas autonómicas tiene que dar muy claro que en Ávila no se está votando a Mañueco, a Carlos Martínez o a Carlos Pollán, ni a Abascal, ni a Feijóo, ni a Sánchez. Se está votando a procuradores de la provincia

A menudo, desde transformaciones, especialmente las que han estado en el Gobierno, como Partido Popular y Vox, les han acusado a los miembros de Por Ávila de ser victimistas. No sé cómo les responde.

No, victimistas para nada. Es que es así. Es que no todos somos iguales, las nueve provincias no tenemos las mismas ventajas a nivel autonómico. Hay provincias que se olvidan. Será porque a lo mejor han dado menos guerra… Mira, lo curioso es que en Ávila salen siete procuradores. Y resulta que ahora yo que estaba por la calle, me dicen: 'Bueno, que te presentas otra vez, menos mal que hay alguien que...' Y digo: 'no, es que somos siete, no solamente es uno el que habla de Ávila'. Es que hay otros seis que también tienen que hablar de Ávila.

En estas autonómicas tiene que quedar muy claro que en Ávila no se está votando a Mañueco, Martínez o Pollán, ni a Abascal, Feijóo o Sánchez. Se está votando a procuradores de la provincia de Ávila que tienen que defender la provincia de Ávila, no defender los partidos. Es que me interesa mi provincia, pero date cuenta de que los procuradores que salgan del PP, pues lo que diga Mañueco, o lo que diga Génova. Los procuradores que salgan del PSOE, lo que diga Carlos Martínez, o lo que diga Ferraz. Y los procuradores que salgan de Vox, si es que sale alguno de Vox, lo que diga Carlos Pollán, o lo que diga el caballo de Abascal.

Son autonómicas y es muy importante porque las competencias en sanidad, en carreteras autonómicas y en educación son de las comunidades autónomas, no del Estado central. Y ahora a mí lo que me repatea es, por ejemplo, lo que va a pasar en Extremadura y en Aragón: que decidan los extremeños y los aragoneses, no que decida Madrid. He oído que ahora para los pactos va a decidir Madrid. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso que vuelva otra vez a decidir Madrid los pactos autonómicos? O sea, no, no, no. Aquí estamos hablando de la provincia de Ávila. Y lo que importa es la provincia de Ávila. Dentro de la autonomía de Castilla y León.

Ustedes esperan conseguir dos procuradores el 15 de marzo, aunque las encuestas hablan de 0 o 1, según las dos últimas encuestas disponibles.

Mi deseo sería conseguir los siete, porque entonces seríamos siete luchando por Ávila. Pero es verdad que hoy partimos de uno, y claro que queremos sacar dos. Sobre las encuestas... la mejor encuesta es la de la urna. Eso lo tengo clarísimo. Te pongo el ejemplo: cuando se presentó Por Ávila el Ayuntamiento, en la primera legislatura, la encuesta daban dos concejales. Sacó once. Fíjate en la diferencia.

Si PP y PSOE no se hubieran olvidado de los abulenses durante décadas, a lo mejor no hubiera surgido Por Ávila

¿Y por qué cree que se produce esa desafección hacia los partidos políticos más nacionales?

Coño, porque no hacen nada. Es normal, y lo que no sé es cómo no hemos espabilado ante los abuelenses. Estamos al lado de la capital de España, y tenemos unas comunicaciones peores que cuando yo era chico. Antes tardábamos en llegar a Madrid 50 minutos. Ahora tardamos una hora y 50 minutos. ¿Qué me cuentan? Y estamos en el siglo XXI. O sea, no... Y aparte, ¿qué te digo? Me daba igual que ganaran el PP o el PSOE, se han olvidado de que existe Ávila. Y estamos al lado de la capital, ¿eh? Que podíamos ser la leche. Es que estamos más cerca nosotros de Madrid que, por ejemplo, el aeropuerto de Heathrow del centro de Londres. No me digas a mí que aquí no podrías haber hecho un aeropuerto, y una lanzadera a Madrid. Y habríamos descongestionado Madrid-Barajas.

¿Y cree que puede ser una solución política para esta comunidad que cada provincia tenga un partido específico?

Mi solución política es para mi provincia. Y yo creo que Ávila es un sitio fenomenal para vivir si consiguiéramos esas cuatro o cinco cosas que te he dicho. Los demás, no sé lo que necesitan. Yo soy de Ávila, soy abulense. Y sé lo que necesita Ávila. Y es por lo que luchamos. Ojalá no tuviéramos que existir. Si PP y PSOE no se hubieran olvidado de los abulenses durante décadas, a lo mejor no hubiera surgido Por Ávila.

Estaba previsto que ustedes se quedaran fuera de los debates por falta de representación, ¿pero finalmente va a haber debate provincial?

Yo no entiendo muy mucho por qué nos hemos quedado fuera del debate autonómico cuando en Aragón lo han hecho, han metido a todos los que tenían representación parlamentaria. No sé por qué en Castilla y León no lo hacen.

Porque nuestra ley electoral es distinta.

Ya, ya, ya, sí, pero bueno, pero claro, es distinta porque favorece a los de siempre. Entonces, más a mi favor para que luego surja Por Ávila. ¿Entiendes? Es que no lo entiendo. Todo está hecho por el bipartidismo de siempre. Entonces, ¿por qué en Aragón sí y aquí en Castilla y León no? Van a pensar que no queremos, y yo quiero debatir, como supongo que querrán debatir Soria Ya y UPL. Y aquí, en cuanto a nivel provincial, sí, estamos esperando que haya un debate. Pero, de momento, ni PP ni Vox se han definido. No sé a qué tienen miedo.

Muchas de las cosas que nosotros pedíamos en la pasada legislatura se están haciendo desde el Ejecutivo

En una posible negociación postelectoral, ¿cuáles son las líneas rojas de Por Ávila?

Ninguna, además te lo digo rotundamente. Tenemos una libertad de votar todo lo bueno para Ávila. Venga de donde venga. No tenemos ninguna línea roja.

Entonces, si Mañueco les pidiera su apoyo para la investidura, ¿qué le responderían o qué le pedirían?

Lo que nos hace falta en sanidad, lo que nos hace falta en educación, lo que nos hace falta en infraestructuras y lo que nos hace falta para apoyar al sector primario.

¿Y se pueden fiar de la palabra del presidente Mañueco después del adelanto electoral de 2022?

Yo me fié antes de aquel adelanto electoral, cuando me reunía con ellos. Me fié. De hecho, fíjate tú hasta qué punto decían que no eran cosas necesarias lo que pedíamos. Y ahora en esta legislatura, muchas de las cosas que nosotros pedíamos en aquella época, las están haciendo. Las están haciendo ellos desde el Ejecutivo autonómico. Muchas de las cosas que pedíamos y decían que no eran necesarias. Pero te digo que todo lo que se haga ahora, con luz y taquígrafos. Ya no me fío, efectivamente. ¿Cómo me voy a fiar si ya nos engañaron una vez? Nos dijeron que sí y luego, de repente, no sabemos todavía por qué motivo nos dijeron que no. Porque fueron ellos los que dijeron que no.

Y las palabras, se las lleva el viento. Yo todo lo que se queda reflejado... ¿Se queda reflejado en los presupuestos? Perfecto. Pero mientras no se queden reflejados los presupuestos, no... porque ya tengo la experiencia de estos siete años... Anda que no se han aprobado PNL [Proposiciones No de Ley] nuestras por unanimidad y no se ha hecho nada.

Entonces, ¿Habría algo concreto que pediría al candidato que fuera a ser investido?

Sí, sí. Autovía autonómica. Subestación eléctrica de Vicolozano. Centro de Salud de las Hervencias. Que la unidad de dolor sea una unidad de dolor real, como tiene que ser. Finalización inmediata del Hospital de Día Oncohematológico. Cumplimiento de ratios de facultativo en la medicina rural. Pediatra de referencia. Más ciclos de Formación Profesional en Ávila. Y también, a ver, la política de incendios. Ahí habría que sentarse y hablar.

Eso es un mínimo, ¿eh? Luego hay más cosas. Date cuenta de que tenemos unas comunicaciones con el Valle del Tiétar, con la capital, y con el resto de provincias de la comunidad... de pena. Bueno, que no hay comunicaciones.

Nos hemos pasado una legislatura muy polarizada, instando al Gobierno de España cuando tenemos muchas cosas que arreglar en nuestra provincia y en nuestra autonomía

Ya ha vivido una legislatura con una coalición PP-Vox, no sé si ve posible una reedición del pacto y qué cree qué puede suponer.

En política ya me creo cualquier cosa, pero... Lo que a mí, hombre, como abulense y como representante de la provincia de Ávila, me da mucha pena que cuando [PP y Vox] estuvieron juntos, íbamos y presentábamos iniciativas, y las votaban todas en contra. Se separan, y Vox empieza a votar a favor las mismas iniciativas. Y de hecho, el Partido Popular incluso hablaba de la pinza PSOE-Vox. Fíjate hasta qué punto. Pero me parece lamentable y un engaño a los ciudadanos. Cuando han estado juntos, ha sido una política común. Yo creo que la del PP, porque Vox apenas aportaba nada. Y cuando se han querido separar, porque veían que si no el PP los fagocitaba y desaparecían, se han separado y, con su historia de la inmigración, del cambio climático, que no viene muy a cuento aquí a nivel autonómico porque es una cosa a nivel europeo o nacional...

Pero, vamos, es que votar a Vox ahora mismo, es votar al Partido Popular. Porque, por lo que estoy viendo, quien va a llevar la voz cantante es Génova. Al final va a ser más de lo mismo. Unos van a decir que sí a cosas en las que no creen. Ya no saben lo que es en Extremadura el feminismo. Ya no saben lo que es en Aragón el cambio climático. Y ya no saben lo que es o lo que hace la inmigración... Pero lo que interesan son las necesidades de los abulenses y de Castilla y León; no los asuntos europeos o nacionales. Para eso ahí están otros lugares y otros foros donde se tienen que debatir y defender esas cosas.

Nos hemos pasado una legislatura muy polarizada. Todo centralismo: instando al Gobierno de la nación cuando tenemos muchas cosas que arreglar en nuestra provincia y en nuestra autonomía. Entonces, ya te digo, votar ahora Vox es votar al Partido Popular y votar al Partido Popular es votar a Vox.

Por Ávila pretende es salir de ese olvido que nos han mantenido estos 40 años. Porque siguen los mismos desequilibrios territoriales del principio

¿Qué balance hace usted estos 40 años de gobiernos del Partido Popular?

Negativo para la provincia de Ávila. De hecho, te vuelvo a decir lo mismo. Por Ávila, pues lo que pretendemos es salir de ese olvido que nos han mantenido estos 40 años. Porque siguen los mismos desequilibrios territoriales del principio, no se han corregido. Sigue habiendo provincias de primera y de segunda y de tercera. Y el Estatuto Autonómico dice que eso no tiene que ser así. 40 años, eh. Y ahora sacan mil medidas. Coño, ¿qué poco han hecho en 40 años, que necesitan mil medidas más?

Y una última pregunta. ¿Por qué se presentan por Valladolid?

Date cuenta de que, como siempre ha habido un centralismo y ha habido unos desequilibrios territoriales, la gente de Ávila, al final, ¿dónde se va a vivir? Pues donde tiene más oportunidades laborales, más oportunidades de educación y mejoras sanitarias, ¿y dónde está aquí todo centralizado en esta comunidad? En Valladolid. ¿Dónde está descentralizado todo lo más cercano a nivel nacional? En Madrid. Pues se necesita un Por Ávila en Valladolid y posiblemente un Por Ávila en Madrid.

La formación Por Ávila, que cuenta con un procurador en las Cortes de Castilla y León, reclama poder participar en los debates previstos en las elecciones autonómicas del 15 de marzo, al igual que sucedió en los pasados comicios de Aragón.

En este sentido, la formación localista, que está en el Parlamento autonómico desde 2019, solicita estar presente en los debates fijados para los días 3 y 10 de marzo, junto al resto de partidos políticos con representación en la Cámara, según ha informado en nota de prensa XAV.

Para realizar esta propuesta, Por Ávila pone como ejemplo los desarrollados en las elecciones celebradas en Aragón, con el objetivo de “garantizar el pluralismo, la igualdad y la neutralidad informativa”, de ahí que solicite debates “a ocho”.

Este partido ve necesario “garantizar los principios de pluralismo político y social”, así como “la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa” a los que hace referencia el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), con la participación de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria en la XI Legislatura.

Ha recordado que, para los comicios del 15 de marzo, RTVE y Televisión Castilla y León organizarán los debates fijados para los días 3 y 10 de marzo, a los que Por Ávila reclama participar con el procurador y candidato, Pedro Pascual. 

Por Ávila propone la celebración de un debate electoral televisado en La 8 de Ávila en el que participen los cabezas de lista de cada partido que concurren a estos comicios por la provincia de Ávila, respetando los principios de pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad. La formación abulense ha manifestado su deseo de participar en este tipo de debates y en los que propongan los medios de comunicación autonómicos para que los ciudadanos puedan “sacar sus propias conclusiones” sobre la acción o la inacción de las formaciones políticas.

Según ha recordado a través de un comunicado, Ávila reparte 7 procuradores que deberán defender los intereses de los abulenses “por encima de cualquier otro tipo de interés”. “La situación de nuestra provincia hace patente que, durante los últimos 30 años, los representantes de los partidos tradicionales no han hecho los deberes”, ha zanjado la formación, que dirige la alcaldía de Ávila.

Por Ávila ha explicado que un debate en el único canal de televisión local, La 8 Ávila, es una buena opción“ para llegar al mayor número de espectadores” y “favorecer que los abulenses puedan contrastar los programas electorales antes de ejercer su derecho al voto”.

Además, Por Ávila también ha adelantado su deseo de participar en los debates propuestos por los medios de comunicación de ámbito local y autonómico que se propongan entre los candidatos a representar a los abulenses en las Cortes de Castilla y León. Se trataría de una “gran oportunidad” para exponer las líneas maestras de los programas electorales “con transparencia”, bajo la moderación y experiencia periodística de los medios de comunicación, cuyo papel es “vital” para dar a conocer las distintas opciones de voto con las que cuentan los ciudadanos.

Así, esta formación política concurre a las elecciones autonómicas “con propuestas muy necesarias para el progreso de la provincia”, destinadas a revertir la deuda histórica que el Gobierno regional sigue teniendo con Ávila.

Esta mañana, el PSOE también ha mostrado su deseo de debatir mucho y ha hecho hincapié en la importancia de organizar un cara a cara entre Carlos Martínez (PSOE) y Alfonso Fernández Mañueco (PP). En las elecciones de 2022, solo debatieron a escala autonómica los candidatos que tenían grupo propio: Fernández Mañueco, Luis Tudanca (PSOE) y Francisco Igea (Ciudadanos), lo que provocó el rechazo de los miembros del Grupo Mixto (entonces UPL, Podemos y Vox).

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado una reunión el próximo martes 15 de abril con todos los partidos, representantes de los sectores más afectados, agentes económicos y sociales y dirigentes de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) para tratar los aranceles impuestos por Donald Trump e informar de un primer paquete de medidas anunciado en el Consejo de Gobierno del pasado jueves para frenar el impacto arancelario y que supera los 16 millones de euros. Así se ha decidido después de la rueda de reuniones que anunció Fernández Mañueco en el debate de Política General de Castilla y León.

Todos los partidos de Castilla y León salvo Vox —que no ha querido participar en la ronda de reuniones— han respaldado a Mañueco en contra de los aranceles impuestos por Donald Trump (un 20% para la Unión Europea) y en favor de elaborar una nueva Ley de lucha contra la Violencia de Género. Tampoco se ha reunido con el exvicepresidente autonómico y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, al que ha excluido de estas reuniones. Pese a que inicialmente el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, anunció su intención de no acudir, sí ha asistido dada la relevancia económica de la política arancelaria.

El portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, ha defendido que la situación es “complicada” por la decisión del Gobierno de EEUU que afecta directamente a Castilla y León, en concreto, se ha referido a determinados sectores como el de la automoción o el farmacéutico que afecta de forma “directa” a la provincia de León. “Necesitamos ir unidos todos los partidos para buscar minimizar este impacto que afecta fundamentalmente a las bolsas de todo el mundo, ahí nos vamos a encontrar”, ha señalado el portavoz de UPL.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha considerado que las medidas iniciales para hacer frente a esta guerra arancelaria —dotadas en más de 16 millones de euros— son “insuficientes” y ha reclamado medidas “más contundentes” con el fin de proteger las exportaciones, una cuestión sobre la que ve posibilidad de acuerdo. “No es suficiente esa cuantía económica, seguiremos intentando que el Gobierno aporte la mayor cuantía posible”, ha subrayado.

El procurador de Por Ávila en el parlamento autonómico, Pedro Pascual, ha garantizado que la formación a la que representa siempre está abierta al diálogo y ha garantizado su respaldo a un posible acuerdo en contra de los aranceles impuestos por Donald Trump y su apoyo a la Ley contra la Violencia de Género.

Ley contra la Violencia de Género

Otra de las cuestiones sobre la que todos los representantes —salvo Vox— también se han comprometido a trabajar de forma conjunta es en torno a la Ley contra la Violencia de Género. Pese a que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una Proposición de Ley paralela, los de Carlos Martínez han rechazado tramitarla para trabajar en base a la norma de la Junta y lograr “mejorarla” a través de enmiendas. Por ejemplo, el procurador de Unidas Podemos ha anunciado que llevará 60 enmiendas a la norma, ya que, a su juicio, el texto de la Junta es “muy general” y es necesario incidir en algunas cuestiones como la situación de las mujeres en el mundo rural o la puesta en marcha de equipos multidisciplinares.

El responsable de UPL se ha mostrado de acuerdos para buscar canales de entendimiento en torno al Proyecto de Ley presentado por la Junta que ya se tramita en las Cortes. “No puede ser que en Castilla y León, por distensiones políticas, no alcance ese acuerdo en una materia tan importante para León y para Castilla”, ha señalado Luis Mariano Santos.

Sin Presupuestos

Otras cuestiones que se han abordado entre los distintos representantes políticos y el presidente ha sido la prórroga el Presupuesto General de la Comunidad para este 2025 y la posibilidad de que esta situación se alargue también en 2026 al ser año electoral, ante lo que Mañueco ha defendido su intención de aprobar las cuentas, algo que no hace al no sumar apoyos en las Cortes.

Pablo Fernández también ha criticado que Mañueco no haya presentado un Proyecto de Presupuestos para 2025 en las Cortes y, tras asegurar que Mañueco insiste en su intención de presentar las cuentas, “no las va a haber”. “Podemos estar cuatro años seguidos con los presupuestos prorrogados y esa es muy mala noticia para Castilla y León”, ha criticado.

Además, Mañueco ha garantizado al presidente de Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar Sicilia, que el servicio de radioterapia en el Hospital estará en funcionamiento en “mayo o junio”, al tiempo que ha asegurado que funcionará un helicóptero medicalizado en la provincia, aunque, como ha explicado el representante de la formación soriana, no ha concretado nada sobre la Ley contra la Despoblación.

El presidente de la formación soriana ha detallado que el Fernández Mañueco no ha puesto sobre la mesa ninguna cuestión relacionada con la prórroga presupuestaria actual de Castilla y León, aunque sí se ha abordado la situación de la negociación del modelo de la financiación autonómica, donde la Junta cuenta con el apoyo de Soria ¡Ya! en su defensa de que se tengan en cuenta parámetros como la dispersión territorial o la baja densidad de población“.

El diputado autonómico de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha reclamado en su reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que defienda la inclusión de la provincia de Ávila en el Corredor Atlántico, con el fin de que se desarrolle de forma íntegra a su paso por la provincia. Según ha manifestado Pedro Pascual tras la reunión, el presidente se ha mostrado sensible al problema de comunicaciones de la provincia y se ha defendido “hacer todo lo posible” para que Ávila esté comunicada por carretera con la A-6.

Parece que, ahora sí, las Cortes de Castilla y León están dispuestas a abordar las retribuciones de sus parlamentarios, un debate que se ha reabierto después de que los ya exprocuradores de Vox reclamaron el pago correspondiente a enero que les debía el grupo de Vox. El presidente del parlamento, Carlos Pollán (Vox), anunció la semana pasada que ya se había reunido el grupo de trabajo integrado por PP, PSOE y Vox para regular las incompatibilidades y acabar con la “excepcionalidad” que convierte a este parlamento en el único de España donde no todos sus integrantes tienen retribución por su trabajo, una reivindicación en la que coinciden todos los partidos.

En Castilla y León, los procuradores rasos (diputados autonómicos) solo cobran las dietas por acudir a las comisiones y plenos. 220 euros por cada actividad parlamentaria a la que acuden, por lo que los sueldos pueden oscilar entre unos 200 o 500 euros y unos 2.000 euros al mes, en función de a cuántas sesiones acuda. Tras las quejas por la falta de transparencia para conocer los cobros de estos procuradores no liberados, ahora sí se han publicado las indemnizaciones que cobra cada procurador. Entonces, el grupo de Vox decidió pagar una “bonificación” a sus procuradores para que se dedicaran en exclusiva a trabajar como representantes públicos, dejando sus trabajos principales de lado durante esta legislatura.

El grupo parlamentario abona a sus siete procuradores rasos otros 2.025 euros netos que se suman a las dietas que puedan percibir por asistencia, como se ha desvelado después de que los dos exprocuradores expulsados reclamaran que el grupo les debía 2.000 euros correspondientes a enero, una cantidad que pretenden después donar a una asociación o fundación sin ánimo de lucro. Según aclara Vox a este medio, tributan el 19% de IRPF, con un “rendimiento de trabajo” bruto de 2.500 euros.

Ante esta situación, Vox ha intentado reabrir el debate sobre las retribuciones de los representantes públicos que no tienen esa dedicación exclusiva, que solo tienen los miembros de la Mesa de las Cortes, los portavoces del grupo y algunos otros cargos que designan los grupos. En teoría, estos representantes tienen una dedicación exclusiva no deberían poder tener otra fuente de ingresos. Sin embargo, el eurodiputado y exportavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, declaró el pasado verano que cobraba 40.000 euros anuales como “abogado”, algo que justificó a preguntas de elDiario.es porque consideró que sí estaba permitido el “desarrollo de actividades económicas de carácter profesional” como la abogacía.

En el Congreso, los diputados 'rasos' pueden tener otra ocupación distinta de la pública siempre que no se solapen o entren en contradicción previa autorización. En las Cortes de Castilla y León, todos los procuradores —salvo que tengan dedicación exclusiva— pueden trabajar en su puesto habitual.

PP y PSOE también pagan a sus procuradores

Según ha podido confirmar elDiario.es, los procuradores que no tienen dedicación exclusiva también reciben pagos de los grupos Popular y Socialista. Los procuradores 'populares' cobran otros mil euros mensuales —además de sus dietas por asistencia— que el Grupo hace en dos pagos, según confirman fuentes consultadas por elDiario.es. Prácticamente la mitad del dinero que maneja el Grupo se gasta en sueldos y salarios (651.034,75 euros) y en cargas sociales (36.294,53 euros). El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, asegura a este periódico que la cantidad “no llega a los mil euros” aunque “fluctúa” entre procuradores por “cuestiones internas”.

El Grupo Socialista también hace un pago de 710 euros mensuales a los procuradores rasos y de 891 a los que son portavoces en las comisiones del parlamento. “Es una paga con retención de IRPF del 35% y consta en la declaración de la renta, no es un sobresueldo”, sostiene el número 2 del PSOE, Daniel de la Rosa. La semana pasada, el nuevo secretario general, Carlos Martínez, insistió en la importancia de que el parlamento autonómico pagara a los procuradores por su trabajo para que los procuradores tengan “medios materiales y retributivos suficientes” y se deje atrás el actual “régimen de voluntarios”. El Grupo Socialista gastó en 2023 461.373,4 euros en personal (396.892,27 en sueldos y salarios y 64.481,15 en cargas sociales).

El personal eventual del parlamento

Además, las Cortes de Castilla y León cuentan con trabajadores eventuales que son nombrados por el presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán, a iniciativa propia, a petición de los miembros de la Mesa o de los grupos parlamentarios. Los salarios de este tipo de personal —compuesto por siete trabajadores dependientes de Presidencia, nueve que dependen de los miembros de la Mesa y cinco que son asesores del grupo parlamentario— depende directamente del Presupuesto del Parlamento.

Según confirma el parlamento a elDiario.es, es este órgano el que se encarga de las retribuciones de este personal. Entre estos asesores, cuyo sueldo las Cortes se negó a desvelar hace ya unos meses, se encuentran cargos políticos como el presidente de la UPL (Carlos Javier Salgado), el concejal de Administración Local de Ávila (Héctor Sastre), el presidente de Vox Palencia (Matías Recio) o el exprocurador socialista Óscar Álvarez.

Los fondos que luego van al partido político

Ni PP ni PSOE detallan en sus cuentas cuánta partida de sus presupuestos va destinada a financiar el partido. Según su contabilidad de 2023, Vox dio 55.000 euros, UPL y Soria ¡YA! recibieron 149.100 euros cada uno por prestar varios servicios a los procuradores, Por Ávila cobró 50.000 euros, mientras que Podemos recibió 30.240 euros; Izquierda Unida, 17.640; y Alianza Verde, 2.520 euros.

Sin embargo, la información relativa a los gastos presupuestados y ejecutados por los Grupos Parlamentarios no obra en poder de las Cortes de Castilla y León, puesto que los grupos parlamentarios son “los exclusivos titulares” de estos datos y “quienes deciden si abren dicha información o no al conocimiento público”. Con carácter general, todos los grupos publican su contabilidad, aunque no todos con el mismo detalle.

La contabilidad relativa a 2024 aún no está disponible en la web del parlamento, que se actualizó en junio de 2024 con los datos del ejercicio anterior. El Grupo Socialista fue el que más tardó en registrar su contabilidad en el registro de las Cortes. Mientras que el PP, UPL-Soria ¡YA! y el Grupo Mixto lo entregaron en enero de 2024; Vox, en febrero, los socialistas lo registraron a mediados de junio del año siguiente al que correspondían las cuentas.

El parlamento da unas subvenciones a los grupos parlamentarios para su funcionamiento en base al número de representantes. En 2024, la Mesa de las Cortes estableció una subvención fija de 2.890 euros y una variable de 3.660 euros por procurador mensuales. En total, los grupos tuvieron acceso a 3,7 millones de euros que fueron repartidos en función de su tamaño.

Esto significa que el Grupo Popular, que tiene 31 procuradores, recibió 1.396.200 euros ese año. El Grupo Socialista (28 diputados autonómicos), 1.264.400 euros. Por detrás, Vox (que entonces tenía 13 representantes) recibió 605.640 euros y el grupo parlamentario que componen UPL-Soria ¡Ya! (6 diputados) obtuvo 298.200 euros en concepto de subvención. El Grupo Mixto, compuesto por un procurador de Podemos, otro de Por Ávila y el exvicepresidente autonómico, Francisco Igea, tuvo 152.568 euros.

Una página de contabilidad del PP

El Grupo Popular solo publica su cuenta de resultados: una página en la que figuran sus ingresos y gastos, pero no detalla quién percibe esos sueldos o cuáles son los “servicios exteriores” que ha contratado el grupo. Los 'populares' ingresaron casi 1,4 millones de euros en 2023, todos procedentes de esa subvención que concede el parlamento para sus gastos de funcionamiento.

Prácticamente la mitad de ese dinero se gasta en sueldos y salarios y en cargas sociales, pero no se especifica quién cobra qué cantidad. Según el portavoz, el grupo tiene cinco trabajadores propios. También se desglosan otros gastos de la actividad ordinaria: servicios exteriores (204.266,57 euros), tributos (143,88) y otros gastos de gestión corriente (225.000). Además, se incluyen 6.759 euros de la amortización del inmovilizado. En total, en 2023 hubo unos 272.000 euros que quedaron sin consignar a ninguna partida.

El PSOE registra 795.140 euros como “otros gastos”

El Grupo Socialista que hasta ahora capitaneaba Luis Tudanca explica un poco más su contabilidad: en tres folios en vez de en uno, y porque solo se incluye una tabla en cada página. El grupo parlamentario ingresó en 2023 los 1,3 millones de euros previstos y gastó en personal 461.373,4 euros (396.892,27 en sueldos y salarios) y 64.481,15 en cargas sociales.

Desde el partido confirman que la cifra de trabajadores es “variable”, puesto que en 2024 fueron “cinco o seis personas” aunque “actualmente” hay destinadas cuatro.

Al igual que los 'populares', los socialistas también han contratado servicios exteriores, aunque tampoco se detalla a qué empresa (111.677,26 euros). El apartado tributario es idéntico al del PP: 143,88 euros. Al Grupo Socialista le 'sobraron' 67.091 euros sin ejecutar en 2023, según su informe de contabilidad, que se quedan en las arcas para el siguiente ejercicio. También gastaron 795.140,62 euros en el cajón de sastre que es 'otros gastos de gestión corriente'. El año anterior, en 2022, estos 'otros gastos' supusieron un millón de euros para el Grupo Socialista.

El activo del Grupo Parlamentario incluye 46.558 euros entre el no corriente (15.569,72) y el corriente (30.988 euros). También tenían un crédito con una entidad por valor de 12.773 euros, según el informe de contabilidad; unas deudas a corto plazo de 50.682 euros y 8.738 euros de “acreedores varios” y otras cuentas a pagar.

Ocho empleados en Vox y los “complementos” para sus procuradores

Vox tiene el informe más extenso, en el que concreta algunos de los conceptos que los otros grandes grupos no abordaban. Los ingresos del Grupo son esos 605.640 euros, de los cuales se gastaron 412.371 euros en sueldos y salarios. El grupo de Vox tenía ocho trabajadores para su funcionamiento ordinario: un jefe de prensa, un asistente de Comunicación Audiovisual una jefa del área jurídica, dos jefes del grupo de las áreas jurídica y económica, dos asistentes y un asesor jurídico. Vox incluso detalla el sexo de este personal contratado: seis hombres y dos mujeres.

De tesorería, Vox tenía 180.814,65 euros en 2023. El patrimonio neto era de 95.328 euros. El pasivo corriente (de acreedores y otras cuentas a pagar) era de 85.485 euros. Según explicó la semana pasada el grupo Vox, se planteó que todos sus representantes recibieran una cantidad neta de 2.025 euros mensuales si se dedicaban en exclusiva a la “labor de representación”. Es una asignación que llaman “complemento por rendimiento”.

También se gastaron 76.077 euros en “servicios profesionales independientes” como los de gestoría laboral, 64.205 euros por la Seguridad Social a cargo de la empresa, 2.906 euros en gastos de viajes y 1.196 euros en “otros gastos y servicios” asociados a los viajes del grupo. Por debajo del millar de euros hay conceptos como los servicios bancarios (864,6 euros) y la manutención (691,5 euros en un año). Esto significa que hubo 7.672 euros sin ejecutar.

El convenio entre el grupo y el partido político Vox se formalizó en noviembre de 2023: el grupo abonó 55.000 euros al partido político para la “prestación de servicios”. La cuenta bancaria corriente del Grupo Vox empezó el año con 128.831 euros y lo terminó con 180.814 euros.

149.100 euros para los partidos UPL y Soria ¡Ya!

El grupo integrado por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! se divide a partes iguales los 298.200 euros que reciben del parlamento autonómico. Y todo va íntegramente a las arcas del partido y la agrupación de electores, con conceptos como el uso de la sede del partido, el asesoramiento jurídico, la gestión de medios o la manutención.

La Unión del Pueblo Leonés cobra a sus procuradores 22.260 euros al año por utilizar su sede para sus reuniones. El asesoramiento jurídico que proporciona UPL de manera “puntual” suponen otros 13.440 euros al año, así como la elaboración de documentos que ayuden a los procuradores: otros 30.00 euros. UPL cobra otros 30.000 euros a UPL por la elaboración, envío y gestión de comunicados de prensa. También hay otros gastos como la difusión de la gestión de los procuradores (14.400 euros), los gastos en medios con publicidad (20.400), la gestión de la web (14.400) y los gastos de manutención (4.200 euros) de las reuniones que al menos tendrán lugar una vez a la semana con los cargos públicos de las tres provincias que integran la Región Leonesa.

Soria ¡YA! replica el modelo de UPL, aunque las cuantías varían. Así la agrupación ofrece el uso de su sede por 35.780 euros anuales, el asesoramiento jurídico y técnico (27.738), la elaboración de documentos como ayuda a los trabajos (27.738), la elaboración y envío de comunicados de prensa (27.738 euros), la difusión de la gestión de los procuradores (11.040 euros), el mantenimiento de la web (11.040 euros) y la manutención (8.026 euros) de las reuniones con cargos públicos y representantes de asociaciones, fundaciones y colectivos.

El Grupo Mixto

El Grupo Mixto está integrado solo por tres procuradores (Pablo Fernández, Pedro Pascual y Francisco Igea) y recibe anualmente 152.568 euros para los gastos de su funcionamiento. De estos, 46.461 euros se van en gastos de personal (35.182 en sueldos y 11.279 para la Seguridad Social). También hay otros gastos de gestión corriente (100.800 euros) que son las aportaciones a los partidos y coaliciones a las que pertenecen los procuradores. Podemos recibió 30.240 euros según la contabilidad, en la que también figuran los ingresos a Izquierda Unida (17.640 euros) y Alianza Verde (2.520), las tres formaciones que integran Unidas Podemos y a las que representa Pablo Fernández. Por Ávila recibió 50.400 euros por parte del Grupo Mixto. Además, hay servicios de gestoría y auditoría (1.118), los servicios de profesionales independientes (318 euros) y los servicios bancarios (240).

El 13 de febrero de 2022 los resultados electorales en Castilla y León dejaron claras al menos un par de cuestiones: que el PP de Alfonso Fernández Mañueco se equivocó al confiar en las encuestas que le daban la mayoría absoluta si adelantaba los comicios; y que, su victoria en las urnas, lejos de la mayoría absoluta, hizo que se abriera la veda para que los 'populares' negociaran con la extrema derecha para lograr pactos de gobierno. Aun así, tres años después, Mañueco es el único superviviente de los principales líderes autonómicos.

Castilla y León estrenó hace tres años un nuevo paradigma en la política española. Los 31 procuradores que obtuvo el Partido Popular le dejaban a 10 escaños de la mayoría absoluta. Mañueco obtuvo dos representantes más que cuando gobernaba con Ciudadanos, pero el PP obtuvo su peor resultado histórico en las elecciones autonómicas: el 31,43% de los votos, 0,06 puntos menos que en 2019.

Al líder 'popular' solo le quedaba Vox para negociar, que con 13 procuradores había barrido a Ciudadanos de la escena dejando tan solo al exvicepresidente, Francisco Igea, como el 'último de Filipinas' del partido exsocio del PP. Al descalabro de Ciudadanos, que pasó de 12 a un único escaño, se le sumó la bajada del PSOE, que se dejaba 7 procuradores y pasaba a tener 28 escaños. Los otros ganadores del 13F fueron Soria ¡YA!, que entraban en el parlamento autonómico con tres procuradores y UPL, que mejoró sus resultados en León pasando de un representante a tres. Unidas Podemos perdía un procurador y se quedaba con la única presencia de Pablo Fernández gracias a que se presentó por Valladolid y no por León, su provincia de origen. Por Ávila repetía resultado y mantenía su único escaño.

Fernández Mañueco convocó las elecciones el 21 de diciembre. En un movimiento inédito, destituyó a los consejeros de Ciudadanos mediante el Boletín Oficial de Castilla y León de ese día y anunció la disolución de las Cortes y el adelanto electoral a través de Twitter. A su vicepresidente y socio le pilló en antena y sin ser notificado previamente. “Que sepas que estás cesado y voy a convocar elecciones, me habría gustado que fuera de otra manera”. Esto fue lo que el presidente de la Junta dijo a Igea, según el ex de Ciudadanos. El relato que construyó el PP de Mañueco para justificar el movimiento fueron unas supuestas conversaciones entre el PSOE, Ciudadanos y Por Ávila para impulsar una moción de censura y que los partidos siempre negaron.

Desde un primer momento, el PP negoció con Vox, descartando al PSOE de Luis Tudanca tras una reunión de cinco minutos. El reparto de las instituciones dejaría a Vox dentro del gobierno con las consejerías de Agricultura y Ganadería; Cultura y Turismo, e Industria, Comercio y Empleo, además de la Vicepresidencia que ocuparía el ahora dimitido de todos sus cargos Juan García-Gallardo. El recién llegado a la política y desconocido candidato de Vox irrumpía en la administración autonómica que tanto criticaba en una cartera sin funciones ejecutivas y aumentando el gasto político. En las negociaciones, los 'populares' cedieron la Presidencia de las Cortes de Castilla y León a Vox, como ya hicieran la legislatura anterior con Ciudadanos y Luis Fuentes, que ahora es delegado para el Corredor Atlántico. El leonés Carlos Pollán ocupó la Presidencia de la Mesa, con sendas vicepresidencias del PP (Francisco Vázquez) y PSOE (Ana Sánchez).

En la oposición, el PSOE, que todavía recordaba cómo en 2019 rozó con los dedos el cambio de color en la Junta. Ciudadanos lo impidió. Y el PSOE pasó de ganar las elecciones y ser la fuerza mayoritaria con 35 procuradores a los 28 representantes en poco más de dos años. Soria y León fueron las provincias donde los socialistas se dejaron dos representantes respectivamente por el empuje de la UPL y la irrupción de la plataforma Soria ¡YA! en el escenario electoral autonómico. El desgaste del PSOE a nivel nacional, que se materializó en las elecciones municipales y las generales posteriores, hizo que los socialistas perdiesen un procurador en las provincias de Salamanca, Segovia y Valladolid. No obstante, fue la primera fuerza en Burgos, León, Palencia y Valladolid.

Pacto de gobierno PP-Vox

La XI legislatura echó a andar con un acuerdo de gobierno en el que introducían puntos como la “inmigración ordenada” que dejarían ver cómo la xenofobia era una constante en las políticas a aplicar, en concreto en las Consejerías de Vox aunque el propio presidente Mañueco se le complicó explicar este término. El 'popular' detallaba el 11 de marzo de 2022, un día después de firmar con Vox, en qué consistía su pacto. En ese documento se introdujeron medidas de Vox como la elaboración de una ley de violencia intrafamiliar; un modelo educativo “libre de adoctrinamiento ideológico”, tener “siempre presentes a las víctimas del terrorismo” y promover “una inmigración ordenada”, entre otras medidas.

Las primeras medidas aplicadas cargaban contra el Diálogo Social, otro de los ámbitos que la extrema derecha trató de dinamitar. El primer recorte de Vox, que tenía competencias sobre Empleo, Comercio e Industria, fue anunciado en junio de 2022: un tijeretazo de más de 20 millones en programas para la formación entre los que se incluían a personas inmigrantes y emigrantes. En esa rueda de prensa se criticaba a los sindicatos, mientras que Gobierno de España y el consejero de Economía y Hacienda, del PP, se afanaban en intentar frenar el cierre de las factorías del Grupo Siro en Castilla y León, una competencia directa de Vox.

García-Gallardo y Vox hicieron campaña diciendo que iban a reducir el gasto político, pero al llegar al Ejecutivo autonómico se incrementó el número de altos cargos y su consiguiente coste para las arcas públicas y llegó a nombrar como jefe de gabinete a un primo de su padre.

El nuevo gobierno de PP y Vox vivió también el verano del 2022 la polémica de los incendios forestales que arrasaron Castilla y León. En total se quemaron más de 87.000 hectáreas, y de ellas más de 56.000 se produjeron en los incendios de la Sierra de la Culebra y su entorno, en la provincia de Zamora. Por esos fuegos cuatro personas perdieron la vida, dejando en evidencia la necesidad de mejorar el plan de prevención de incendios forestales autonómico, aunque no hubo dimisiones. Vox propuso un concierto solidario para recaudar fondos que se acabó cancelando en una de sus ocurrencias más criticadas nada más llegar al poder.

Casi un '155' por el protocolo antiaborto

La aplicación del artículo 155 de la Constitución Española ha planeado varias veces por el cielo de Castilla y León. La primera, por los recortes en el Servicio de Relaciones Laborales. Y la otra ocasión, a raíz de la tormenta que levantó el anuncio del vicepresidente de la Junta, sin competencias en Sanidad, de la creación de un nuevo protocolo antiaborto en el que, entre otras cosas, se iba a ofrecer a las mujeres gestantes escuchar el latido del feto para buscar la reflexión de la madre en la sexta semana de gestación. El propio Mañueco, en un acto de campaña para las municipales con el candidato del PP, Jesús Julio Carnero, desvelaba esta amenaza para acusar a Pedro Sánchez de “chantajear” y “amenazar” a la Comunidad.

El Gobierno mandó un requerimiento a la Junta por la presentación del plan: presentación de García-Gallardo (aunque era un tema de Sanidad, competencia del PP), que no un asunto aprobado en el Consejo de Gobierno, como se encargó de matizar Carriedo. El portavoz, como cada vez que ha tenido que responder por las polémicas de Vox, aseguraba que lo anunciado por García-Gallardo —en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y con él compartiendo escena—eran solo “declaraciones políticas completamente ajenas a la aprobación de normas”.

El Gobierno de España entendió que se podía tratar de una coacción a las mujeres y que no se puede alterar el protocolo de atención a embarazadas. Es por eso que avisó con retirar a Castilla y León las competencias en Sanidad y de acudir a los Tribunales. El PP, según informó elDiario.es, se retractó aludiendo que era algo que se había interpretado erróneamente. A día de hoy, la nota de prensa, elaborada por la Consejería de Sanidad, sigue colgada en la web la Junta. Según Vox, dicho plan estaba dentro de los acuerdos de gobierno y se iba a aplicar.

El protocolo antiaborto fue un punto de inflexión entre la relación de PP y Vox e incluso, como ha llegado a reconocer García-Gallardo, entre el entonces vicepresidente y su propio partido. Este diario publicó un cruce de palabras en el despacho entre Mañueco y García-Gallardo por la polémica. El presidente llamó al vicepresidente "liante”, quien, según testigos, no se arredró y le calificó de “cobarde”.

Ataque al Diálogo Social

Otra de las grandes 'hazañas' del consejero de Empleo, Mariano Veganzones (Vox), fue tratar de suprimir el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), una herramienta para gestionar los conflictos laborales y evitar las judicializaciones y que financia la Junta de Castilla y León. Solo en 2022, el SERLA tramitó 4.500 procedimientos de conflictos laborales individuales en Valladolid y 341 expedientes colectivos en toda Castilla y León. De estos últimos, 54 eran previos a una convocatoria de huelga, y en el 50% de los mismos se llegó a un acuerdo para evitar el parón.

Veganzones consiguió, según acusaron CCOO y UGT, una “quiebra financiera y técnica” que restó la posibilidad de ofrecer mediación en los conflictos individuales entre trabajadores y empresas. El consejero redujo en enero de 2023 a la mitad la cantidad consignada de unos 800.000 euros a 400.000 euros y las consecuencias no se hicieron de esperar. En julio de 2024, los trabajadores del Serla fueron avisados del desahucio de su sede, además de los impagos de varios meses de sus nóminas. UGT y CCOO calculaban en febrero de 2024 que el Serla no había podido celebrar 500 mediaciones por los recortes.

El conflicto escaló tanto que acabó con que los sindicatos pidieran al Gobierno aplicar un '155' —obligar a la Comunidad a acatar una ley que no quiere aplicar— a la Junta. El propio Ejecutivo central llegó a mandar varios requerimientos para recuperar el funcionamiento del Serla y los sindicatos llevaron a las instituciones europeas la problemática. Solo la salida de Vox del gobierno autonómico ha permitido que el PP vuelva a sentarse a hablar de recuperar la financiación del Diálogo Social.

Algo que también dejó la Consejería de Empleo de Veganzones es la gran cantidad de “ceses a petición propia” desde su toma de posesión a su salida. El área de Industria, Comercio y Empleo acumuló cerca de 40 dimisiones o ceses. De ellos, tres han sido gerentes del Ecyl y una docena de altos cargos como la coordinadora de Servicios de Economía Social y Autónomos en noviembre de 2022, el director general de Industria en marzo de 2023, el cese del coordinador de servicios de la Dirección General de Industria “por razones de interés público” o el jefe de Intermediación y Orientación Laboral de Empleo en octubre de 2023, entre otros.

Otras salidas de las carteras de Vox fueron la del director general de Relaciones con la Sociedad Civil y comisionado de las víctimas del terrorismo en junio o la de uno de los asesores de García-Gallardo, Yesurún Moreno, tras ocho meses en el cargo en el que había sustituido a otra asesora que dimitió. Además de la directora general de Coordinación e Interacción Social de la Junta de Castilla y León, Montserrat Lluís.

Ley de Violencia Intrafamiliar

La llegada de Vox supuso que el PP tendría que desarrollar desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades una Ley de Violencia de Intrafamiliar. La idea de la derecha radical populista es crear una normativa “que igualase a todas las víctimas”. Mañueco defendía que tanto la Ley de Autonómica de Violencia de Género como la defendida por su socio iban a “coexistir”.

En el debate parlamentario, Vox ha dado muestras de qué tipo de igualdad quiere para las mujeres a través de políticas para crear una “región maternal” de “mujeres madres y trabajadoras” y acusándolas a la par de “utilizar la ley de Violencia de Género para quedarse con la custodia de los hijos”.

García-Gallardo trató de diluir la violencia machista dentro de la violencia intrafamiliar e impuso a toda la Junta acudir a minutos de silencio “por cualquier tipo de violencia”. El anuncio lo realizó tras conocerse un crimen machista. “A partir de ahora, la Junta de Castilla y león recordará a la todas las víctimas de violencia intrafamiliar, sin distinción de género ni de parentesco”, anunciaba en Twitter.

El PP trató de jugar al despiste con una nueva Ley contra la Violencia de Género —Castilla y León ya cuenta con una previa que data de 2010— para dilatar los tiempos a la hora de presentar la norma de Violencia Intrafamiliar. Las victorias de Vox en esta cuestión incluyen una ampliación presupuestaria hasta los 500.000 euros para 2023 dirigidos a luchar de forma específica contra la violencia en el ámbito de la familia, una cifra que también se repitió en 2024. La medida fue celebrada por García-Gallardo y también por Jorge Buxadé, que aseguraba que con esa cuantía buscaban “eliminar el adoctrinamiento” y “acabar con el concepto de violencia de género”.

Sin un texto firme, a Vox le entró la prisa y culpaba a órdenes de Génova, mientras que el PP alegaba que la norma estaba en procesos de información pública. Era septiembre de 2023 y según la consejera de Familia, Isabel Blanco (PP), estaban “en un proceso de elaboración de ese primer borrador, teniendo en cuenta las aportaciones y las diferentes reuniones”.

Vox volvió a meter prisa enviando un mes después un borrador y Blanco replicó que estaban acompasando la Ley de Violencia de Intrafamiliar con la Ley de Autonómica de Violencia de Género. De momento, el Ejecutivo autonómico cree que su ley de Violencia de Género podrá estar en vigor en 2025 — a falta del trámite parlamentario y que no cuenta con la mayoría en las Cortes—, mientras “sigue” trabajando en Ley de Violencia de Intrafamiliar ya con Vox fuera del gobierno.

La bronca en las Cortes

Otro de los focos de la polémica se ha vivido en las Cortes de Castilla y León. En los plenos se ha podido ver cómo el presidente de la Junta hizo una 'peineta' mientras la procuradora socialista Rosa Rubio estaba en el atril y después de que le reprochase su falta de atención. En las imágenes, que ha tuiteado la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, se ve cómo Mañueco abandona el hemiciclo mientras mira a su bancada y con una media sonrisa exhibe el dedo corazón y lo mueve arriba y abajo. Mañueco dijo que es algo involuntario y en que verlo como ese gesto como obvio “es una opinión”.

Más gestos: García-Gallardo fue acusado de realizar el gesto de 'felación' en tres ocasiones dirigida a dos procuradoras socialistas, según afirmó la portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez Urbán. García-Gallardo negó “rotundamente” y ha asegurado que se trataba de un gesto “de llorar”.

Otro de los esperpentos vividos en el parlamento de Castilla y León se produjo cuando PP y Vox votaron en contra de su propia Ley de Medidas que acompaña al Proyecto de Presupuestos de Castilla y León para 2024. La votación tuvo que repetirse y las cuentas autonómicas no entraron en vigor hasta mayo.

El presidente Carlos Pollán también ha tenido su protagonismo. El representante de Vox permitía aprobar una votación para la terna de jueces para el Tribunal Superior de Justicia a propuesta del PP, a pesar de que ha habido menos votos a favor que en contra porque fue la única lista presentada. No estaba muy claro siquiera cómo iba a ser la votación, motivo por el que el PSOE ha pedido al Consejo General del Poder Judicial revisar las “irregularidades” en la terna y valora si acudir a los tribunales.

Pollán ha liderado también el veto a la celebración institucional del Orgullo LGTBI. Con el presidente de Vox en la Mesa se suprimió la colocación de la enseña así como la proyección e iluminación del edificio del parlamento autonómico, que en esas fechas, con otros partidos al frente, sí hizo. Para el presidente de las Cortes: “las banderas oficiales de las Cortes son las de España y la de Castilla y León. No hay otras”. La negativa de la ultraderecha chocó con el Grupo Socialista, que lleva colocando en las ventanas de sus despachos la enseña LGTBI a pesar de las amenazas de ordenar a los servicios de seguridad de la Cámara que retiren la bandera.

En cuanto al debate parlamentario, las polémicas han girado en torno al exportavoz y exvicepresidente autonómico Juan García-Gallardo. En su primera intervención se encargó de hacer gestos a los procuradores intervinientes. Además, también ha sido criticado por sus comentarios hacia una parlamentaria con discapacidad; cuando acusó a las mujeres de ser unas “desalmadas” para quedarse la custodia de los hijos; cuando insultó a su predecesor Francisco Igea en sede parlamentaria; cuando mostró su transfobia al aprobarse la ley Trans o cuando vinculó la falta de mano de obra con supuestas ‘paguitas’.

El exportavoz se ha mostrado muy beligerante con el PSOE. En diciembre acusaba a los socialistas de ser “el partido más corrupto de España” e iba más allá: “De los 145 años de historia criminal —del PSOE— solo se vio interrumpida durante 36 años que ustedes no pudieron robar. ¿Adivine usted qué años fueron esos? —sin hacer mención expresa al franquismo—”. Precisamente, uno de sus insultos preferidos durante estos tres años ha sido definir a los socialistas como partido con “historia criminal”.

Otro cambio que se ha vivido en las Cortes, donde llegó en 1999, es la salida de Raúl de la Hoz de la Portavocía del Grupo Popular al Parlamento Europeo, en su lugar el cargo lo ostenta Ricardo Gavilanes. Francisco Igea acabó rompiendo con Ciudadanos para pasar al Grupo Mixto. Esta situación derivó en que PP y Vox le quitase la dedicación exclusiva, bajo la excusa del “transfuguismo”. Una suma de acciones que pasaron desde que el Grupo Mixto al que pertenece con Unidas Podemos, perdiese una de las dos portavocías que tenía, dotadas con dedicaciones exclusivas por más de 90.000 euros anuales.

Con todo esto se pudo ver cómo a Igea se le quebraba la voz cuando en abril de 2024, durante el Pleno de Presupuestos, el Partido Popular omitió decir nada sobre las enmiendas que presentaba. Con la salida de De la Hoz, con Ricardo Gavilanes al frente, la situación se ha ido relajando al menos en el aspecto de las formas.

Esta será la última legislatura para Igea y quizás para Luis Tudanca. El portavoz socialista, tras no conseguir gobernar después de tres elecciones, ha dejado la secretaría general del PSOE de Castilla y León. Tras un largo proceso de sucesión, el llamado a sustituir al burgalés es el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, que el próximo 21 de febrero será ratificado en el congreso autonómico en el que se nombrará a una directiva autonómica. Tudanca seguirá como portavoz de forma indefinida, según anunció el propio Martínez, al igual que el resto de cargos dentro del Grupo Parlamentario.

Desde 2022, el parlamento autonómico ha aprobado 19 leyes y decretos ley. De ellos, siete han sido Decretos Ley entre los que se incluyen la aprobación de medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos; medidas urgentes sobre Prevención y Extinción de Incendios Forestales. En rango de ley han sido validados los presupuestos para 2023 y 2024, la regulación del procedimiento de designación de senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León; modificación de la Ley de Juego y Apuestas de Castilla y León; o apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León. Pendientes de salir al debate parlamentario están iniciativas como la Proposición de Ley de “igualdad real y efectiva” de las personas LGTBI+ en la Comunidad, realizada por el PSOE

Ruptura del pacto de gobierno

Si la irrupción de Vox ha marcado el escenario político de Castilla y León, su salida del gobierno sirvió para volver a la casilla de salida en muchos ámbitos. Tras 813 días de pacto, el presidente de Vox Santiago Abascal anunciaba el 11 de julio de 2024 que “los acuerdos están rotos y retira el apoyo parlamentario”. “Los vicepresidentes anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición”, sentenció. Al día siguiente, García-Gallardo salía a anunciar su decisión ante la “incomprensión” de Mañueco. El motivo de la ruptura: la acogida de menores migrantes.

De los tres consejeros y vicepresidente de Vox, solo se quedaron en su cargo el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. Mañueco tuvo que cesar a los titulares de Empleo y Agricultura al ser afiliados de Vox, ya que estos no presentaron su dimisión. Solo Santonja, al no pertenecer a ningún partido, siguió con su cartera.

El PP perdía los apoyos en las Cortes para sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria y Vox engrosaba la oposición como tercera fuerza con sus 13 procuradores. Ahora los 'populares' tienen que negociar para que su acción de gobierno pase el control del poder legislativo. Desde la ruptura, y sin plenos en julio y agosto de 2024 y en enero de 2025, las Cortes solo han aprobado una iniciativa parlamentaria, una Proposición de Ley de los grupos Vox y Popular sobre la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León. Es la primera ley, y de momento única, que tenían pendiente los exsocios de gobiernos de aprobar.

Tras la ruptura quedaba otro de los grandes favores del PP a Vox para lograr su apoyo: la Ley de 'Concordia' de Castilla y León, presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox Castilla y León como sustituta de la normativa de Memoria Histórica. Esta, atendiendo a la estrategia planteada por Vox a nivel nacional, buscaba equiparar la Segunda República con la Guerra Civil y el Franquismo a la par que diluía la condena expresa a la represión o eludía el término 'dictadura', además de otros aspectos que los colectivos memorialistas consideraron lesivos. Al final, PP y PSOE votaron juntos en contra para rechazar la tramitación de la Proposición de Ley de Concordia.

Otra cuestión a dirimir es la Proposición de Ley presentada por el PP y Vox para realizar una modificación en el Ecyl para, en esencia, reducir el organigrama al suprimir los cargos de gerente y del vicepresidente del organismo para crear un único cargo. El objetivo, según Vox, era dar a la gestión del empleo una “mayor agilidad”, al contar con un único secretario general, y evitar duplicidades en materias como inserción laboral, el autoempleo y el emprendimiento.

La falta de apoyos también se hace notar de cara a presentar los Presupuestos hasta final de legislatura. A pesar de que la abstención del PSOE facilitase a la Junta tener el techo de gasto no financiero para elaborar las cuentas autonómicas para 2025, el PP no ha registrado ningún anteproyecto de ley para que se negocie y tramite en las Cortes. La estrategia, según el portavoz del Ejecutivo autonómico, reside en tener los apoyos suficientes garantizados antes de comenzar el trámite en el parlamento, y no negociar en las comisiones correspondientes. En las negociaciones, la única formación dispuesta a hablar con los números suficientes ha sido el PSOE, mientras que Vox ha mostrado su oposición a negociar nada.

Ante esto, la Junta ha decidido prorrogar los presupuestos para 2025. Con Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta es la quinta vez, de los seis años que lleva, que se ha tenido que recurrir a esta fórmula.

Salida de Tudanca y de García-Gallardo

El 7 de enero Tudanca anunciaba, después de meses de rumores, que daba un paso al lado de la secretaría general del PSOE de Castilla y León. Desde León y Valladolid, Alfonso Cendón y Óscar Puente habían apostado por un nombre en la sucesión: el alcalde de Soria, Carlos Martínez para lograr una victoria para llegar al gobierno de Castilla y León. El nuevo líder de los socialistas ha asegurado que toca hacer “un rearme ideológico” y realizar una fuerte apuesta por las políticas públicas como escudo y espada para revertir las desigualdades territoriales y combatir el discurso de la derecha radical populista. Todo ello con un escenario electoral que depende de Fernández Mañueco.

García-Gallardo daba la sorpresa la semana pasaba tras renunciar tanto a la Portavocía de Vox como a sus cargos internos. El burgalés anunciaba su salida de la política con críticas a la directiva nacional y tras dudar en firmar la expulsión de dos procuradores críticos con el rumbo del partido. A la salida del exvicepresidente se suman las de los diputados autonómicos Javier Bernardo Teira Lafuente y Ana Rosa Hernando, tras haber pedido a la dirección nacional que se celebren primarias y “volver a los principios fundacionales y raíces” de la formación. En su caso, ambos han anunciado que mantendrán el acta y pasarán a ser no adscritos.

Escenario electoral

Con los partidos de la oposición en un momento de reestructuración, Fernández Mañueco tiene en su mano el convocar elecciones, que con el calendario en la mano deberían celebrarse en febrero del 2026. El presidente de la Junta lleva meses repitiendo la frase de que espera “agotar la legislatura”, aunque la duda es si ya está agotada al tener que prorrogar presupuestos, no tener mayoría parlamentaria para sacar adelante iniciativas y ver a la oposición en un momento delicado.

El pleno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado este viernes, a propuesta de Vox, controlar los “empadronamientos ilegales o irregulares”, en una moción que ha salido adelante con el apoyo de Por Ávila (XAV), que gobierna en el consistorio de la capital.

Por su parte, el grupo municipal del PP se ha abstenido, mientras que el PSOE ha votado en contra de una iniciativa que ha llegado al pleno modificada respecto a la presentada inicialmente por Vox, que hablaba de “combatir los empadronamientos irregulares”, proponiendo inspecciones y visitas domiciliarias por parte de la Policía Local y “canales de denuncias anónimas”.

Este último punto ha sido suprimido y el de las inspecciones y visitas domiciliarias cambiado respecto a la propuesta planteada por Vox, que en el texto de la propuesta presentada hace referencia a la “llegada masiva de inmigración irregular” que se ha producido en España durante los últimos años.

Desde su punto de vista, esta política ha generado un “efecto llamada que ha conducido a un aumento significativo de inmigrantes ilegales y, en consecuencia, un aumento de la inseguridad en los barrios”, aunque el portavoz municipal de esta formación, José Manuel Lorenzo, ha reconocido que “el empadronamiento funciona correctamente en Ávila”, si bien “no está de más medidas a mayores”.

En el mismo sentido, el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno de XAV, José Ramón Budiño, ha asegurado que “no hay un problema” en este aspecto, si bien ha dicho no verle inconveniente al hecho de aprobar una moción que pretende contribuir a “mejorar” la gestión.

La gestión aprobada con las críticas de PP y, especialmente PSOE, pide que “se implementen medidas de colaboración con las autoridades competentes para verificar la veracidad de la información proporcionada en los registros de empadronamiento”.

Asimismo, plantea que “se trabaje en colaboración con otras instituciones y organizaciones, a través de los servicios sociales y organismos de inmigración, para compartir información relevante y coordinar esfuerzos en la detección y prevención de empadronamientos ilegales o irregulares”, para “adoptar las medidas pertinentes, conforme al marco legal de la aplicación”.

Según ha comentado Lorenzo, con los empadronamientos ilegales “se abre la puerta a los servicios municipales, ayudas y subsidios, para los cuales es condición 'sine qua non' estar empadronado”, lo que a su juicio supone “un fraude a la administración”.

Por otra parte, el pleno ha aprobado, con los votos a favor de XAV, PP y PSOE y el rechazo de Vox, una moción presentada por el grupo socialista con el objetivo de realizar un estudio de viabilidad para, cuando se amplíe el cementerio municipal, crear un espacio destinado a la población musulmana y que esté abierto también a otras confesiones con las que el Estado español mantiene acuerdos.

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual Muñoz, ha retirado del Orden del Día del Pleno la pregunta al Gobierno que iba a formular este martes y ha abandonado el Hemiciclo en la mitad de la sesión de control para llegar al partido de la Copa del Rey que enfrenta en la ciudad amurallada al Real Valladolid y al Real Ávila Club de Fútbol, conjunto que preside el político abulense.

Pascual Muñoz sí estuvo presente en su escaño del Grupo Mixto durante los primeros minutos de este Pleno ordinario, por lo que lo parlamentarios perciben dieta, escaño que dejó después para regresar a Ávila para asistir al partido que empezaba a las 19.00 horas en el Estadio Municipal Adolfo Suárez.

El procurador de Por Ávila registró el pasado viernes, 29 de noviembre, la pregunta de control al Gobierno que dirigía en concreto al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para conocer los plazos que maneja para licitar el robot quirúrgico Da Vinci para el Complejo Asistencial de Ávila, una cuestión que fue retirada por él mismo este lunes a las 11.45 horas.

La cuestión que planteaba Pascual Muñoz era la última de las veinte preguntas que se formulan en cada Pleno, una menos en esta ocasión por la ausencia también de su compañero de Grupo y procurador por Valladolid Francisco Igea.

Por Ávila, que gobierna en minoría el Ayuntamiento de la capital abulense, ha sacado adelante este martes el presupuesto de 2025 con la abstención de los tres ediles de Vox y gracias al voto de calidad del alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, tras producirse un empate a 11 entre PP -7- y PSOE -4- y XAV -11-.

De esta manera, se ha cumplido el compromiso alcanzado por estas dos formaciones, que certificaron un acuerdo, primero de medidas fiscales, que incluyen un incremento del 7% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) —el gobierno municipal propuso el 9,9—, y ahora con la aprobación de las cuentas del próximo año.

Son unos presupuestos que ascienden a 65.485.946,38 euros, un 2,1% más que el actual, cuya entrada en vigor se produjo a mediados de este año, después de que el regidor se sometiera a una cuestión de confianza, que perdió, pero que sirvió para que entraran en vigor las cuentas, al no prosperar una moción de censura.

A cambio de la abstención, Vox ha logrado que salgan adelante lo que el partido de Santiago Abascal denomina “medidas de ejemplaridad política” que, entre otras cosas, implican el recorte del 10% a las retribuciones del equipo de gobierno; a las asignaciones por asistencia a plenos, comisiones informativas y juntas de gobierno y a las percepciones del personal eventual adscrito al gabinete de Alcaldía y a los grupos políticos.

También recogen el recorte del 25% en la dotación económica asignada a los grupos políticos municipales a partir del 1 de enero de 2025, dejando vacante el puesto de personal eventual rotatorio entre los cuatro grupos políticos hasta que finalice el presente mandato.

A todo ello se suma la reducción del 50% de la partida de gastos protocolarios del Ayuntamiento en los presupuestos de 2025 y la eliminación de la partida destinada a sindicatos y patronal.

En el pleno de este martes, la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Ángela García Almeida, ha precisado, al igual que el portavoz municipal de Vox, José Manuel Lorenzo, que se trata de un “acuerdo puntual”, no de mandato.

García Almeida ha defendido unos presupuestos “sociales”, que incrementan en 800.000 euros la partida de ayuda y comedor a domicilio, hasta alcanzar los 3,2 millones, al mismo tiempo que duplican las cuantías destinadas a ayudas y subvenciones, tras los recortes de este año.

Lorenzo ha señalado que se trata del “mejor presupuesto posible, dadas las circunstancias”, lo que supondrá un “ahorro anual” para las arcas municipales de 150.000 euros, por las medidas de “ejemplaridad política”.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Jorge Pato, ha acusado a Vox de ser “un felpudo al servicio del equipo de gobierno”, al tiempo que les ha recriminado que sean “cómplices” de que “no se recuperen las subvenciones” que fueron recortadas.

Además, ha pedido a los tres ediles de Vox que sean “coherentes” votando a favor de la subida de impuestos y no absteniéndose, pese a que esta formación se negó el año pasado a aprobar esta medida que también figuraba en su programa electoral.

El portavoz del PSOE, Arturo Barral, ha calificado de “sainete” el pacto entre XAV y Vox, que permite aprobar unos impuestos “desmesurados”, con el apoyo de tres ediles que están “más fuera que dentro” de la formación de Santiago Abascal.

Los concejales de Vox han pactado con Por Ávila, que gobierna en la capital abulense, una abstención que permitirá sacar adelanten tanto nuevas medidas fiscales, con una subida del IBI incluida, como las cuentas del municipio para el 2025.

Los tres ediles de Vox en el Ayuntamiento de Ávila propiciarán con su abstención una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 7%, aunque Por Ávila inicialmente planteaba un incremento de este gravamen del 9,9% en la negociación de las ordenanzas fiscales, ligadas al presupuesto municipal de 2025.

A cambio de la abstención de Vox en esta y el resto de propuestas de modificación de ordenanzas, Por Ávila admite lo que el partido de Santiago Abascal denomina “medidas de ejemplaridad política”.

Esas medidas implican el recorte del 10% a las retribuciones del equipo de gobierno; a las asignaciones por asistencia a plenos, comisiones informativas y juntas de gobierno y a las percepciones del personal eventual adscrito al gabinete de Alcaldía y a los grupos políticos, entre otras medidas.

También incluye el recorte del 25% en la dotación económica asignada a los grupos políticos municipales a partir del 1 de enero de 2025, dejando vacante el puesto de personal eventual rotatorio entre los cuatro grupos políticos hasta que finalice el presente mandato.

A todo ello se suma la reducción del 50% de la partida de gastos protocolarios del Ayuntamiento en los presupuestos de 2025 y la eliminación de la partida destinada a sindicatos y patronal.

Acuerdo supervisado trimestralmente

Este acuerdo, que será supervisado trimestralmente por una comisión de seguimiento, se produce a última hora, coincidiendo con la celebración de la Comisión Informativa de Hacienda, antes del pleno que este jueves deberá dar el primer paso ante la aprobación del presupuesto de 2025 el próximo mes de noviembre.

El año pasado, la falta de acuerdo de Por Ávila -11 ediles- con PP -7-, PSOE -4- y Vox, abocó al alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, a someterse a una moción de confianza que ganó y aprobar unos presupuestos que, no obstante, no pudo sacar adelante con la subida impositiva que planteaba, entrando en vigor a mediados de 2024.

Ahora, Por Ávila se asegura con la abstención de los tres concejales de VOX que puedan salir adelante, tanto el proyecto de ordenanzas fiscales, como posteriormente las cuentas del próximo año, cuyo presupuesto total asciende a 65,3 millones de euros, según el proyecto inicial, lo que supondría un incremento del 2,1% respecto al presupuesto actual, que ha implicado diversos recortes, entre ellos a asociaciones y colectivos de la ciudad.

La aprobación del actual tras el acuerdo alcanzado implica, entre otras cosas, la “recuperación de las cuantías, en la medida que económicamente sea posible, de las líneas de subvenciones dirigidas al tejido asociativo, social y deportivo de la ciudad”, así como la eliminación de las listas de espera en dependencia y ayuda a domicilio.

30 puntos del acuerdo

El acuerdo, que incluye 30 puntos incluye medidas de reactivación del turismo, la industria y el comercio, así como la elaboración de una nueva RTP, pendiente desde hace años, la aprobación de un nuevo pliego de transporte urbano, prorrogado actualmente, y el retorno de las ayudas de emergencia social para las personas vulnerables.

Además, XAV y Vox han acordado “impulsar durante el mandato la minoración de impuestos, tasas y contribuciones espaciales a aquellos comercios que acrediten, como corresponde, que su actividad económica se haya visto gravemente afectada de forma prolongada por la realización de obras en los barrios de la ciudad”.

En el mismo sentido, “impulsar” igualmente “deducciones e incentivos fiscales en los impuestos municipales, como el IBI, ICIO, IAE y a aquellos emprendedores que decidan iniciar cualquier actividad empresarial en locales comerciales cerrados o en las zonas comerciales más deterioradas de la ciudad”.

Entre las medidas que figuraban en el anteproyecto presentado por el equipo de gobierno de Por Ávila, figura recargar con un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios de más de cuatro inmuebles, que los tengan desocupados durante, al menos, dos años.

El procurador autonómico de Soria ¡Ya! Ángel Ceña ha asegurado que la ruptura de PP y Vox en la Junta supone un nuevo capítulo en la política de Castilla y León y una “oportunidad de oro” para que el PP comience a realizar una política “útil” que de prioridad a las necesidades de la Comunidad y siempre “en beneficio” de los ciudadanos. Ceña ha asegurado que el reparto de menores migrantes es solo “una excusa” para romper el pacto en gobiernos autonómicos pero no es el motivo real de la ruptura. 

“Apoyamos la necesidad de que exista un plan de organización en cuestiones migratorias pero creemos que el acogimiento de 21 menores asignados a Castilla y León no es un motivo suficiente para romper un gobierno en plena legislatura”, ha expuesto Ceña.

La formación soriana está dispuesta a colaborar con todos los partidos de las Cortes para garantizar que los intereses de los ciudadanos de la provincia y de la Comunidad sean prioritarios y ha instado a los partidos a “trabajar juntos” en temas esenciales como la lucha contra la despoblación, la sanidad, la natalidad y las infraestructuras, ha insistido Ceña.

Para el movimiento ciudadano, la ruptura ha sido una muestra más de su “poco compromiso” con los ciudadanos y con unos resultados “decepcionantes”.  Del mismo modo, Ceña ha destacado la importancia de aprovechar esta nueva situación política para conseguir que los próximos años sean “más productivos y beneficiosos”. 

Desde la Plataforma, han mostrado su seguridad ante la continuidad de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta hasta finalizar la legislatura ya que cuenta con unos presupuestos aprobados y con posibilidad de prórroga con el apoyo de otros partidos. 

“Tenemos la esperanza de que esta situación cambie y se empiece a gobernar con diálogo y centrados siempre en lo mejor para la Comunidad. La política nacional no puede ser protagonista en los gobiernos autonómicos. Dejemos de ser partidistas y comencemos a luchar en beneficio de Castilla y León”, ha concluido Ceña.

Por Ávila lamenta que la provincia siga sin consejeros

El vicepresidente de Por Ávila y alcalde de la capital abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha lamentado que la salida de Vox del Gobierno autonómico no haya servido para que haya algún responsable abulense del PP que entre a formar parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. “Lamentamos que ninguno de los nuevos consejeros del Consejo de Gobierno sean de Ávila”, ha señalado a los periodistas Sánchez Cabrera ante una remodelación del Ejecutivo que no ha supuesto la entrada de ningún representante del PP abulense.

Desde su punto de vista, esto demuestra que tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como el PP de Castilla y León “siguen dando la espalda a Ávila”, algo que a los representantes de XAV les “entristece mucho”.

“Pensábamos que en este momento, con la incorporación de nuevos consejeros, podría ser una oportunidad para que alguien de Ávila estuviera en ese Consejo de Gobierno”, ha apuntado el número dos de XAV, antes de añadir: “El PP de Ávila tendrá gente preparada para ocupar esos espacios y que pueda defender en el Consejo de Gobierno lo que necesitan Ávila y su provincia”.

Respecto a la decisión adoptada por el partido presidido por Santiago Abascal, el regidor abulense se ha limitado a decir que “ellos sabrán”, ya que se trata de “una decisión propia de un partido”, que Por Ávila “respeta”.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de Por Ávila, ha perdido la cuestión de confianza y el PP ha propuesto a PSOE y Vox negociar la presentación de una moción de censura en los 30 días naturales que se abren de plazo para ello, ya que, de lo contrario, el regidor quedará ratificado y los presupuestos de 2024 aprobados.

El Ayuntamiento de Ávila ha celebrado este jueves un pleno extraordinario, ligado a una cuestión de confianza, que al no salir adelante las cuentas del presente ejercicio Sánchez Cabrera ha perdido con 14 votos en contra -PP (7), PSOE (4) y Vox (3)- y 11 a favor de los ediles de Por Ávila, que gobierna en minoría.

Se han confirmado así las previsiones tras el pleno de presupuestos del pasado lunes, en el que el resultado de la votación fue el mismo, aunque en esta ocasión la oposición ha sumado un voto más que entonces, ya que la concejala del PP y portavoz popular en el Senado, Alicia García, no estuvo por tener que asistir a la Comisión de Comunidades de la Cámara Alta.

“Ahí tienen la posibilidad de plantear una moción de censura”, ha señalado el regidor, tras conocerse el resultado de la votación final, dirigiéndose a unos grupos de la oposición a los que, de no dar ese paso, les ha pedido que renuncien por escrito a ello para acortar los tiempos, de manera que el presupuesto entre en vigor antes de agotar el plazo de 30 días naturales.

Las palabras de Jesús Manuel Sánchez Cabrera se han producido después de una última intervención del portavoz municipal del PP, Jorge Pato, en la que ha invitado a PSOE y Vox a “ser la muleta de Por Ávila” o “tener la valentía y la altura de miras y trabajar por la ciudad”.

En este sentido, ha mostrado un papel en el que figuran las firmas de los siete ediles del PP apoyando esa moción de censura que “está en su mano”.

“Negociemos”, ha señalado Pato, refiriéndose a PSOE y Vox, con los que sí sumarían mayoría absoluta, pese a que los socialistas ya dijeron hace semanas que no apoyarían esta iniciativa a la que los tres ediles de la ultraderecha sí se han mostrado dispuestos a apoyar.

En su última intervención, el portavoz popular ha dicho: “Demos forma y demostremos que la política bien empleada es un instrumento al servicio de la ciudadanía”.

Tras estas palabras, el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño, ha reprochado al Partido Popular que en su momento acusaran a XAV de ser “la muleta del 'sanchismo'” y que ahora los populares estén dispuestos a negociar con los socialistas para presentar una moción de censura, junto a Vox.

“No tienen ningún tipo de escrúpulos. Son unos mentirosos compulsivos”, ha concluido Budiño, antes de una votación final que ha cumplido con el guión establecido, después de un debate en el que tanto el alcalde, como el teniente de alcalde han retado a la oposición a presentar la moción de censura.

Previamente, José Ramón Budiño se ha referido al PSOE para indicar a sus cuatro concejales el “buen momento” actual para que “valoren con su masa electoral y social que XAV no sea una marca incómoda para desarrollar políticas que vayan en su ideario”.

Por su parte, la portavoz socialista, Eva Arias, ha acusado al equipo de gobierno de “incumplir los acuerdos” alcanzados cuando apoyaron una subida de la tasa de basuras, al tiempo que ha justificado su oposición a subir un 10 por ciento el IBI, no porque su grupo esté “en contra de los impuestos”, pero “de una forma progresiva”.

El portavoz municipal de Vox, José Manuel Lorenzo, ha criticado la “situación de debilidad” de un equipo de gobierno que “ha perdido” su “confianza”, al actuar desde el “despotismo”.

En la intervención inicial, el alcalde había pedido a los tres grupos “acabar con el bloqueo”, al tiempo que les ha vuelto a ofrecer participar en el gobierno municipal desde dentro, con un acuerdo de mandato o presentando una moción de censura.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se someterá este jueves, 11 de abril, a una cuestión de confianza para aprobar los presupuestos tras el rechazo en el pleno del lunes del montante de más de 68 millones de presupuesto presentado por el equipo de gobierno de Por Ávila y que rechazó en bloque la oposición.

Así lo ha anunciado este martes el equipo de gobierno del Ayuntamiento en rueda de prensa, en la que se han detallado los pormenores del pleno extraordinario que se celebrará este jueves.

De esta forma, el regidor se someterá a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal consolidado y aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2024.

La votación de este punto se realizará mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos, dejando en último lugar al alcalde-presidente, y en la votación, cada miembro de la Corporación, al ser llamado, deberá responder 'sí', 'no' o 'me abstengo'.

El alcalde de Ávila ha recordado que el proyecto de presupuesto no ha contado con enmienda alguna presentada por ninguno de los tres grupos de la oposición (Popular, Socialista y Vox), salvo a la totalidad devolutiva que, además, han sido rechazadas; y pide a todos, dice, “altura de miras”, para que los partidos miren por el bien de la ciudad y no piensen en las elecciones que son dentro de tres años, dice.

Si en el pleno del jueves, el equipo de Gobierno pierde la cuestión de confianza, los grupos tendrán un plazo de 30 días, desde el día siguiente al de la celebración del pleno, para presentar una moción de censura.

El primer edil también ha señalado que, en el caso de que no se vaya a presentar una moción de censura, las formaciones pueden presentar un escrito renunciando a esta posibilidad y, de esta manera, se pueden acelerar los plazos para que el presupuesto pueda entrar en vigor cuanto antes. No obstante, en el caso de que no se presente una moción y los grupos políticos tampoco presenten escrito alguno, transcurridos los 30 días establecidos, el presupuesto se aprobará de manera automática.

El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Ávila, José Manuel Lorenzo, ha señalado que “lo único duro es la cara del alcalde” de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de Por Ávila, quien vinculó la ruptura de negociaciones para aprobar los Presupuestos de 2024 al hecho de que se hubiese impuesto el ala “dura” de esa formación.

Lorenzo se ha dirigido en rueda de prensa al regidor para recriminarle a él y al equipo de gobierno el hecho de que “nunca tuviera una voluntad negociadora”, al tiempo que le ha hecho responsable de los posibles recortes en servicios sociales, anunciados en su momento, tras no prosperar la propuesta de ordenanzas fiscales.

“El único que bloquea el Ayuntamiento de Ávila es el señor Sánchez Cabrera”, ha añadido el portavoz municipal de Vox, quien ha pedido al alcalde “que se vaya por falso y mentiroso”.

José Manuel Lorenzo ha señalado que Vox no rompió las negociaciones, sino que “no se llegó a un acuerdo”, después de compartir 14 de las 15 propuestas de Vox, exceptuando la que solicitaba la desaparición de dos de las ocho liberaciones de los ediles, tras haber planteado inicialmente este partido la rebaja de hasta cuatro liberados.

Ante el nuevo debate de las ordenanzas fiscales, que plantean las mismas subidas que las ya rechazadas a finales de 2023, aunque en esta ocasión se votarán una a una, Lorenzo que afirmado que “sin ejemplaridad política, no puede haber subida de tasas”.

“El responsable de cualquier recorte, tiene nombre y apellidos”, ha añadido el portavoz municipal de Vox, en referencia al alcalde de Ávila.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de Por Ávila, ha dado por rotas las negociaciones con los tres concejales de Vox, después de que estos presentaran la semana pasada un documento que incluía quince propuestas para sacar adelante las cuentas municipales del presente ejercicio.

El regidor ha responsabilizado al “ala dura” de Vox de que las negociaciones iniciadas hace unos días, no hayan prosperado, lo que ha hecho “perder el tiempo” a la corporación, ya que mientras una parte del grupo estaba dispuesta a acordar, el que ha denominado “ala más conservadora” ha sido la que “ha vencido, dentro de esa batalla interna que tiene” esta formación.

En este sentido, hace referencia a las discrepancias del grupo municipal y del procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León con el nombramiento del expresidente de CEOE Ávila, Juan Saborido, como nuevo responsable provincial de Vox en la provincia.

Estas “desavenencias internas” son las que en opinión del alcalde, se encuentran detrás de la decisión de Vox de romper “esta misma mañana” las negociaciones, ya que esta formación defendía la necesidad de adoptar sus quince propuestas “tal cual se habían presentado”.

“Nosotros, como equipo de gobierno, no lo podíamos asumir”, ha afirmado Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que ahora inicia otra fase, después de que a finales de 2024 no salieran adelante las Ordenanzas Fiscales que planteaba el equipo de gobierno, que gobierna en minoría.

El rechazo de las mismas por parte de PP -7 ediles-, PSOE -4- y Vox -3-, ha obligado a prorrogar unos presupuestos que, con la ruptura de las negociaciones con Vox se prolongarán aún más en el tiempo, al iniciarse un nuevo proceso.

En este sentido, el alcalde ha indicado que su grupo pretende repetir el debate de Ordenanzas Fiscales del pasado mes de noviembre, aunque ahora con la diferencia de que cada una de ellas será votada de forma independiente.

“Todos los grupos van a tener la oportunidad de retratarse”, ha apuntado Sánchez Cabrera, quien ha señalado que de no cambiar la situación actual, no tiene miedo a someterse a una moción de confianza, tal y como anunció a finales de 2023.

Ante esta situación, ha acusado a los tres grupos de la oposición de “bloquear la ciudad”, antes de lamentar que haya “concejales que no viven en Ávila y que tienen el Ayuntamiento como hobby”.

Al respecto, ha fijado sus críticas en la nueva portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien sigue manteniendo su acta de concejala, tras abandonar en el último pleno la portavocía del grupo municipal.

En este contexto, el regidor ha recordado que lleva “dos semanas sin acudir” a la Junta de Gobierno Local.

El presidente de Por Ávila y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital, José Ramón Budiño, ha expresado su confianza en poder llegar a un acuerdo con el grupo municipal de Vox que posibilite sacar adelante los Presupuestos del Consistorio para 2024.

Tras dar a conocer los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, Budiño se ha expresado de esta forma al ser preguntado en rueda de prensa por las quince propuestas planteadas por Vox para “contribuir a la aprobación” de las cuentas de este año, tras ser prorrogadas las de 2023 ante la falta de acuerdo con el resto de grupos políticos: PP y PSOE.

Después del rechazo de la propuesta de ordenanzas fiscales que planteó a finales del año pasado Por Ávila, que gobierna en minoría el Consistorio de la capital, la única posibilidad de alcanzar un acuerdo se ciñe a Vox, cuyas tres abstenciones sería suficientes para que salieran adelante los Presupuestos municipales de 2024.

“Ahora mismo, confío que se pueda llegar a un acuerdo; pero es una confianza realista, no optimista”, ha respondido el presidente de Por Ávila sobre si ve más cerca la aprobación de las cuentas o la cuestión de confianza a la que el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se refirió a finales del pasado mes de noviembre.

Entre las propuestas de Vox, divididas en tres partes -ejemplaridad política y pública, medidas económico-sociales y demandas ciudadanas- figuran reducción de liberados y de gastos protocolarios; reducción a la “mínima expresión” de toda partida destinada a sindicatos y patronal o una partida de apoyo al comercio.

Asimismo, plantea la reducción de tasas e impuestos para los comercios que acrediten que su actividad se ha visto afectada por las obras, así como que no se apliquen recortes a los “más afectados por la crisis” y deducciones e incentivos fiscales para los nuevos emprendedores.

A todo ello, Vox suma otras medidas como la eliminación de la Zona de Bajas Emisiones o la “demora en su implementación”, junto a la recuperación de “al menos” un 30 por ciento de las plazas de aparcamiento eliminadas en la zona centro.

Estas y otras medidas, hasta quince, son planteadas por Vox como “indispensables” para apoyar unos Presupuestos cuya aprobación “urge muchísimo”, según José Ramón Budiño, quien ha agradecido que uno de los tres grupos de la oposición haya realizado propuestas, si bien en este caso considera que se trata de un documento “más de acuerdo de gobierno que presupuestario”.

Después de expresar su deseo de que en la negociación prime el “sentido común” y la “altura de miras”, el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno ha señalado que las nuevas cuentas, que se verán lastradas por la no aprobación de las ordenanzas fiscales, estén aprobadas en el primer trimestre de este año.

Dispuesto a estudiar el “encaje legal” de algunas propuestas, José Ramón Budiño ha mostrado la disposición de su grupo a negociar con Vox porque “el tiempo apremia”.

Respecto a la propuesta de reducir dos de los ocho liberados municipales -uno de ellos la portavoz del PSOE-, Budiño ha contrapuesto esta medida con el apoyo de Vox en el Ayuntamiento de Segovia al incremento de liberados “de 7 a 10”.

El Partido Popular gana en las capitales de Valladolid, Burgos, León y Palencia, donde el PSOE fue la lista más votada en las elecciones locales del 28 de mayo, a pesar de que PP y Vox pactaron en Valladolid y en Burgos para evitar que los socialistas se hicieran con la Alcaldía con un gobierno en minoría (como en Palencia y León).

El bipartidismo ha mejorado sus resultados en la ciudad de Valladolid respecto a 2019 e incluso respecto a las elecciones municipales, en las que el PP habría superado en un concejal al PSOE. De hecho, dos de los actuales concejales irán al Congreso —el líder de la oposición, el socialista Óscar Puente y la número 2 del PP, Mercedes Cantalapiedra— y el alcalde, Jesús Julio Carnero, irá al Senado.

En Burgos sucede algo parecido: el bipartidismo sale reforzado y, si el electorado se hubiera comportado igual, el PP habría sido la lista más votada en la capital burgalesa, en la que actualmente gobiernan el coalición PP y Vox. En Palencia capital solo mil votos separan al vencedor PP frente a un PSOE que ha conseguido más votos que en mayo pero que ha bajado a segunda fuerza.

El partido que más ha crecido en la capital leonesa ha sido el Partido Popular (27.212 votos), al que no ha afectado su división interna. En la capital ha conseguido 6.000 votos más que en 2019 y 11.000 más que hace unos meses en las elecciones de mayo. Los 22.000 votos del PSOE no han sido suficientes para posicionarse como primera fuerza.

En Soria (donde el PSOE lleva cinco mandatos municipales), los socialistas han vuelto a ganar, aunque solo le han sacado 500 votos al PP.

Los partidos locales se hunden

Los partidos locales han fracasado en su intento por entrar en el Congreso. Se presentaban a las elecciones de este 23J con la intención de irrumpir en el Congreso como ya hicieron en las Cortes de Castilla y León el año pasado o con buenos resultados en las locales de mayo. Sus resultados les avalaban: Soria ¡YA! sacó en febrero de 2022 tres procuradores, Unión del Pueblo Leonés otros tres y Por Ávila uno. Vamos Palencia consiguió tres concejales que resultaron claves para decidir qué partido dirigía la Alcaldía.

El caso de Soria ¡YA! era el más esperanzador. En los comicios de 2022 ganaron en su provincia al PP y al PSOE, dejándoles con solo un procurador cada uno. En 2023 decidieron no presentarse a las municipales para centrarse en la carrera al Congreso y el Senado. Había buenas sensaciones, con encuestas que les daban un representante para la Cámara Baja y presentaban a Ángel Ceña Tutor como cabeza de lista, la cara y voz en las Cortes autonómicas de la formación, pero los votantes esta vez no les han dado su apoyo.

Mientras que en 2022 recibieron 18.390 y les situaban como primera fuerza, este domingo han bajado hasta los 9.626, que, en una circunscripción de tres como Soria, les ha dejado a 5.150 papeletas de conseguir el tan ansiado diputado, que ha caído del lado del PSOE. En el Senado, resultado similar puesto que el aspirante con más apoyos se queda a 3.000 sufragios del último escogido, también socialista.

En León, la Unión del Pueblo Leonés buscaba llegar a Madrid. Este partido capitaliza las aspiraciones regionalistas en la provincia y en estos comicios ha doblado sus apoyos pasando de los 9.588 en 2019 a 22.499. Pese al gran crecimiento, se quedan muy lejos de obtener representación, necesitando por lo menos otras 23.000 papeletas para desembarcan en el Congreso. La situación para el Senado es parecida ya que, aunque el número uno, Javier Callado, ha obtenido más votos no optará a entrar en la Cámara Alta porque habría necesitado 53.588 sufragios más.

El fenómeno de Por Ávila no ha conseguido saltar las barreras de Castilla y León. La formación que nació por una escisión del PP provincial tiene como hitos electorales haber llegado por dos ocasiones a las Cortes autonómicas ya haber conseguido las Alcaldía de la capital.

Para el 23J buscaban la machada, pero al igual que UPL se quedan fuera por mucho. Eso sí, aumentan sus votos un 32% (de 5.416 en 2019 a 7.321 este 23J) aunque ven todavía lejos poder competir en el Senado y el Congreso. En la Cámara Alta se han quedado a 14.761 apoyos, mientras que en la Alta a 19.160. Con estos resultados, Por Ávila es la cuarta fuerza en su provincia, por detrás de PP, PSOE y Vox.

Otros partidos de corte local o en contra de la despoblación tampoco han podido aspirar a influir en el bipartidismo casi estricto que ha dejado estas elecciones en Castilla y León. Vamos Palencia aspiraba a mejorar sus resultados en las municipales, que, con 4.177 votos, les propinó tres concejales en la capital.

En sus primeras generales han obtenido 1.898 apoyos para el Congreso, muy lejos de los 33.183 que marca el último diputado, y en el Senado 3.158, también a un mundo de los 34.272 que marca el PSOE para el último representante. Las plataformas de la España Vaciada tampoco han sabido capitalizar el descontento en las zonas rurales y apenas han obtenido apoyos este 23J.