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El PP vota junto al PSOE para rechazar la Ley de Concordia de Castilla y León que pactó con Vox

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Juan García-Gallardo (i), interviene, ante la silla vacía del presidente de la Junta, ausente durante ese momento, en la sesión plenaria del pleno de las Cortes de Castilla y León en la que se vota sobre la admisión o no a trámite de la proposición de Ley de Concordia que presentaron en abril pasado PP y Vox, cuando aún gobernaban juntos, y de la que ahora recelan los populares.

Alba Camazón

Valladolid —

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Crónica de un decaimiento anunciado. El Partido Popular ya lo anunció la semana pasada y ha cumplido su palabra: ha votado este miércoles junto al Partido Socialista para rechazar la tramitación de la Proposición de Ley de Concordia que negoció con Vox en Castilla y León cuando ambos partidos gobernaban en coalición. Eso sí, ni el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ni su vicepresidenta, ni su portavoz —entre otros consejeros— han estado presentes durante el debate. Ni siquiera ha estado el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes. Solo han retornado al hemiciclo después de la intervención de Vox, PSOE, el Grupo Mixto y UPL para escuchar a su portavoz en la Comisión de Agricultura, Óscar Reguera Acevedo, que es quien ha defendido la posición del PP. Vox se ha quedado solo en defensa de esta norma, que equiparaba a las víctimas de la guerra civil y del franquismo con otras personas que fueron asesinadas durante la II República y abarcaba el plazo entre 1931 y 1978.

La Proposición de Ley omitía una condena a la dictadura franquista y pretendía prohibir la difusión pública de imágenes, documentos o cualquier otro material sobre la identidad de cualquier persona involucradas en el proceso de recuperación, incluidas las víctimas y sus familiares. También incluía a las víctimas del terrorismo, pero no se concretaba el periodo de tiempo, y prescindía de las asociaciones memorialistas porque consideraba que se produciría un “conflicto de intereses” en la Comisión de Exhumaciones.

Pero el PP no ha justificado este rechazo por el cuerpo del texto, que hace meses defendía Fernández Mañueco, sino por la necesidad de que la Proposición de Ley fuera revisada por el Consejo Consultivo, una institución autónoma que vela por la observancia de todo el ordenamiento jurídico. Además, el Partido Popular acusa al PSOE y a Vox de hacerle “una pinza” en su contra por querer debatir la Proposición de Ley que presentaron PP y Vox cuando gobernaban juntos.

Reguera Acevedo ha asegurado que la Proposición de Ley es “constitucional”, pero ha recordado que el Gobierno está desarrollando varios reglamentos y que la norma de Aragón ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad, como podría ocurrir con la de la Comunitat Valenciana. “Ese informe [el del Consejo Consultivo] parece resultar imprescindible para continuar la tramitación de esa Proposición de Ley. El Grupo Popular consideró no prioritaria su tramitación y de no disponer de este informe, la prudencia aconseja esperar”, ha afirmado el 'popular', que ha acusado a Vox de “coquetear” con el resto de la oposición, especialmente con el Partido Socialista, con quien —según Reguera Acevedo— vive “un nuevo idilio”. “Si continúan así, mejor que se casen. No sigan ocultando su relación, porque todos la sabemos”, ha pedido el 'popular' al PSOE y a Vox, que han votado en sentido contrario en el debate.

Vox: “¿Por qué murió Franco con el afecto de tantos españoles?”

El exvicepresidente autonómico y portavoz de Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, ha calificado la postura del PP de “incomprensible” y le ha recordado que gobierna en minoría. También se ha preguntado por qué la junta de Castilla y León (en concreto, Mañueco y su consejero de la Presidencia) dieron su criterio favorable a esta norma y presentaba “dudas”.

García-Gallardo, que ha presentado esta Proposición, ha apostado por “recuperar el abrazo de la transición” y ha recordado “el horror incivil de la guerra”, que “impresionó al mundo” por su “crueldad”. También se ha preguntado qué pasó antes del conflicto para que la Iglesia Católica “apoyara” a Franco o por qué no intervinieron franceses ni británicos. “¿Y por qué murió Franco con el afecto de tantos españoles?”, ha interrogado a la cámara parlamentaria antes de negar que pretenden “recuperar el régimen autoritario” para después atacar al bipartidismo que ha llevado “a esta tiranía aparentemente democrática”.

El portavoz de Vox ha reprochado al PSOE que vote en contra de tramitar esta norma y les ha acusado de sentirse “herederos” de los 140 años de historia del PSOE y de “personajes siniestros y malvados” como Indalecio Prieto y Largo Caballero.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha hecho referencia precisamente a estas declaraciones —que ha tildado de “barbaridad”— y ha afeado al ausente Fernández Mañueco que metiera a vox en el Gobierno y lleve años de “inestabilidad y traiciones” en Castilla y León. “Esta ley pretende institucionalizar la nostalgia del franquismo, invisibiliza a las víctimas e ignora a familias y asociaciones, atenta cohntra los deberes de Justicia, Verdad y Reparación”, ha resumido el líder socialista.

Ante las críticas por no condenar la dictadura franquista, García-Gallardo ha enumerado una serie de decisiones del régimen que no condena: “mantenernos neutrales en la Segunda Guerra Mundial, acoger a miles de refugiados judíos, ni el crecimiento económico e industrial, ni la apertura al exterior ni las reformas sociales y en materia laboral que se hicieron en el régimen anterior a 1978, al igual que la persecución religiosa de los católicos, ni el golpe de estado de octubre de 1934; y tampoco reivindico los excesos de la guerra civil ni los excesos de la posguerra, el asesinato de Lorca, el bombardeo de Gernika ni la limitación de derechos civiles, políticos y sindicales que sí queremos defender”.

Tudanca ha hecho hincapié en que García-Gallardo haya hablado de “excesos” durante la guerra civil y la posguerra. “Un exceso es cuando usted se pasa comiendo, lo otro fue un genocidio”, ha reivindicado el portavoz socialista, que también se ha preguntado: “Cómo es posible que en el año 2024 haya un parlamentario de un régimen democrático que sea capaz de discutir que no vivimos en una democracia plena, no condenar el franquismo y sentirse orgulloso de que yo se lo llame [franquista]”.

“Había interés en demonizar al franquismo y todo lo que lo rodeó; y hemos acabado castigando cualquier opinión favorable del régimen anterior a 1978 bajo la etiqueta de apología del franquismo”, ha protestado el exvicepresidente autonómico.

UPL, Soria ¡YA! y el Grupo Mixto rechazan tramitar la Ley

No solo PP y PSOE han votado en contra de tramitar la Ley de Concordia, también lo han rechazado la UPL, Soria ¡YA! y el Grupo Mixto (Por Ávila, Podemos y el exvicepresidente Francisco Igea).

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha criticado que PP y Vox presentaran esta Proposición de Ley “sabiendo que iba a ser polémica” y que buscaba “enfrentamientos” y ha apostado por hablar de “auténticos problemas” de Castilla y León como la despoblación y el envejecimiento. Pascual también ha asegurado que cree que últimamente a las Cortes vienen más a 'radicalizarse' que a 'encontrarse'. “No nos van a encontrar en esa radicalización”, ha afeado el abulense.

El exvicepresidente autonómico Francisco Igea ha considerado “absolutamente inadmisible” que la Ley de Concordia pretendiera “condenar al silencio a las familias cuando se producen las exhumaciones”. Igea ha recordado que dos de sus tíos murieron en el alto de los leones. “Durante 40 años mi abuelo, mi familia tuvo el reconocimiento que no han tenido quienes aún siguen en las cunetas. Eso es la concordia: ponerte en el corazón del otro”, ha lamentado.

Desde Podemos, Pablo Fernández se ha alegrado de que este miércoles las Cortes hayan “mandado” esta Ley “al cubo de la basura”. Fernández se ha dirigido directamente a García-Gallardo: “¿Sabe por qué murió tranquilamente el cerdo de Franco? Porque encarcelaban, torturaban a los centenares de miles de demócratas que se dejaron la vida y la sangre y sudor por traer la democracia a este país”.

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, ha recordado el acuerdo que se alcanzó en 2019 con el Gobierno de Juan Vicente Herrera en materia memorialista. “No sé si era el mejor del mundo, pero probablemente era la senda por la que se tenía que continuar”, ha recalamado Luis mariano Santos, que ha ironizado con que Vox no buscara el consenso de la cámara cuando tenía la mayoría parlamentaria con el PP. “En Política es obligatorio negociar aunque esté en posición de dominio, porque si no pueden suceder cosas como las que están pasando ahora mismo”, ha señalado.

Una norma que quería derogar un decreto del PP

La Proposición de Ley de Concordia, que presentaron PP y Vox, no tiene por qué pasar por el Consultivo, un organismo del que es consejero el expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera, que promovió el vigente Decreto de Memoria Histórica que la Proposición de Ley pretendía derogar. Si la norma hubiera sido propuesta por la Junta de Castilla y León sí habría sido necesaria esa supervisión del Consejo Consultivo. El PSOE pidió que de todas maneras la norma fuera revisada por el Consultivo, algo que apoyó el PP en mayo —sabiendo que el voto de calidad del presidente de las Cortes, de Vox, evitaría este trámite—.

El Grupo Popular respaldó la petición del Partido Socialista de que esta norma pasara por el Consultivo —un trámite que no es obligatorio— y que rechazó el presidente del parlamento autonómico Carlos Pollán en la Mesa de las Cortes. Y la semana pasada en la Junta de Portavoces, lo solicitó esta vez el PP en un intento por dilatar la tramitación de la norma mientras intentaba negociar los Presupuestos autonómicos de 2025. Cuando no consiguió que la Mesa volviera sobre un asunto zanjado, pidió —en el turno de ruegos y preguntas— la retirada de su propia Proposición de Ley.

La Mesa acordó que el pleno parlamentario debía debatir la toma en consideración de la Proposición de Ley este miércoles tal y como estaba previsto, una decisión en la que el PP se quedó solo y que fue respaldada por Vox y el PSOE, que defendió que “la posición de fondo” no debía impedir “la posibilidad de debate”.

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