El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, realizó al menos 20 desplazamientos en coches oficiales a actos o destinos que no constan en su agenda pública entre mayo de 2025 y abril de 2026, según un informe interno encargado por el presidente insular, Llorenç Galmés. El documento también constata que el dirigente de Vox disfrutó del uso exclusivo de tres vehículos públicos sin que existiera ninguna autorización expresa para ello, aunque los servicios jurídicos concluyen que no puede acreditarse de forma categórica un uso indebido, por lo que el Consell ha decidido archivar el caso sin imponer sanciones.

Así se desprende del informe elaborado por la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes a petición del presidente insular, Llorenç Galmés (PP), para esclarecer la utilización de vehículos oficiales por parte del dirigente de Vox. Entre las facturas incorporadas en los anexos figura el coste de 430 euros por la reposición de unas llaves perdidas de uno de los coches, de las que existían únicamente dos copias que estaban “a disposición exclusiva del conseller”.

Entre los documentos revisados aparece igualmente una factura emitida por una empresa de taxidermia de Toledo para la “naturalización de cuerpo entero de macho de boc balear [macho de la cabra salvaje mallorquina] sobre piedra”. El ejemplar fue recogido personalmente por Bestard, quien viajó en marzo hasta Dènia en ferri y completó el trayecto hasta Toledo conduciendo una furgoneta de las brigadas de su departamento antes de regresar a Mallorca al día siguiente.

El documento, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, concluye que Bestard empleó de manera exclusiva tres coches adscritos a su departamento, una situación para la que no existe ningún “instrumento jurídico, instrucción interna o acto administrativo” que le otorgara ese privilegio, aunque tampoco ninguna norma que lo prohibiera expresamente.

Sobre esta base, el informe considera que, aunque la conducta del vicepresidente “no es apropiada”, no puede afirmarse de manera categórica que incurriera en un uso indebido de los vehículos públicos. El Consell de Mallorca, ante esta conclusión, ha decidido no adoptar ninguna medida contra Bestard y cerrará el caso con una instrucción que regule el uso de vehículos oficiales.

Veinte desplazamientos sin rastro en la agenda pública

La investigación técnica ha reconstruido los movimientos de Bestard cruzando los registros de utilización de los vehículos, los repostajes de combustible y la agenda publicada por el vicepresidente en el Portal de Transparencia.

El resultado revela que entre mayo de 2025 y abril de 2026 se registraron 20 desplazamientos realizados con vehículos oficiales que no aparecen reflejados en su agenda institucional. El mayor número se concentró en mayo de 2025, con seis trayectos de este tipo, aunque los movimientos se repitieron durante los meses posteriores.

Entre esos desplazamientos figuran viajes al aeropuerto, asistencias a acontecimientos deportivos o actos conmemorativos, como un evento por el centenario de la muerte de Antoni Maura. Sin embargo, uno de los episodios que más atención concentra en el informe es el viaje realizado a Madrid en marzo de este año junto a su jefa de gabinete, Julene Valdés, para asistir a la Feria Internacional de Cinegética.

Según la documentación analizada, ambos adquirieron inicialmente billetes de avión entre Palma y Madrid por un importe total de 282 euros. Posteriormente abonaron otros 140 euros para modificar el horario del vuelo de regreso. Finalmente, los pasajes no llegaron a utilizarse.

En su lugar, se reservaron dos billetes de ferri entre Palma y Dénia por un total de 270 euros y continuaron el trayecto hasta Madrid en uno de los vehículos oficiales asignados de manera exclusiva al vicepresidente. Durante su estancia se alojaron tres noches en un hotel de cuatro estrellas situado en el Paseo de la Castellana. El coste total del desplazamiento ascendió a 2.612 euros.

Viajes en barco “por motivos médicos”

La documentación aportada por la jefa de gabinete incluye una relación de desplazamientos efectuados por Bestard desde diciembre de 2024. Los técnicos advierten de que no han podido verificar de forma independiente toda la información facilitada debido a la falta de elementos de contraste.

En varios de esos viajes se hace constar expresamente que el conseller debía desplazarse en barco siempre que fuera posible por prescripción médica. Es el caso del viaje a la feria cinegética de Madrid, de una reunión de la Federación Española de Caza celebrada también en la capital española y de una jornada en el hipódromo de Maó.

El informe médico que justificaría estas circunstancias forma parte del expediente, aunque fue retirado de la versión difundida por contener datos personales.

Sin embargo, los registros examinados por los técnicos también reflejan más de una decena de desplazamientos al aeropuerto para viajar a destinos como Le Mans, Las Palmas, Barcelona, Ibiza o Madrid. En algunos casos consta el motivo del viaje, mientras que en otros no aparece ni en la agenda pública ni en la documentación aportada por el gabinete del vicepresidente.

Viajes sin autorización previa

La asistencia de Bestard y Valdés a la XL Diada Hípica de Maó constituye otro de los puntos destacados del informe. Los técnicos señalan que no consta “ninguna invitación oficial” ni documentación que acredite la participación institucional del vicepresidente en el evento.

Tampoco figura autorización previa ni informe justificativo del desplazamiento. De hecho, el expediente administrativo fue creado varios días después de que se hubiera realizado el viaje.

Según la versión facilitada por el gabinete, ambos se desplazaron en ferri desde Alcúdia a Ciutadella y posteriormente continuaron el recorrido hasta el hipódromo de Maó en uno de los vehículos utilizados de forma exclusiva por Bestard y que, además, carecía de rotulación institucional.

El coste total del desplazamiento fue de 640 euros, incluyendo los billetes de barco y una noche de hotel. Pese a ello, la Secretaría Técnica insiste en que no ha encontrado documentación que justificara oficialmente el viaje.

Una situación similar se produjo durante otro desplazamiento a Madrid para asistir a reuniones de la Federación Española de Caza celebradas entre el 5 y el 8 de abril. Tampoco en este caso consta autorización previa ni informe justificativo, y el expediente administrativo se abrió con posterioridad al viaje. También se incluyen gastos de mantenimiento, como la sustitución de neumáticos y una llanta por valor de 324 euros o una revisión mecánica superior a los 200 euros.

El jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito, finalmente presentó su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción. Lo anunció el miércoles por la noche durante una entrevista televisiva en la que justificó su crecimiento patrimonial mediante una supuesta operación con criptomonedas que mantuvo oculta hasta ahora. Según explicó, entre 2013 y 2018 invirtió unos 200.000 dólares en bitcoins, lo que le reportó una ganancia de 300.000 dólares. Testigos que declararon ante la Fiscalía señalaron que Adorni gastó cerca de 400.000 dólares en los últimos años y adquirió otros 335.000 en nuevas deudas, cifras que contrastan drásticamente con los 73.901 dólares de patrimonio total que había consignado cuando llegó al Gobierno en diciembre de 2023.

Según el relato del alto cargo argentino, el capital conseguido en sus inversiones estuvo almacenado de forma física en un pendrive, por fuera del sistema financiero, como una especie de “trofeo de las operaciones”: “Soy coleccionista de computadoras y cosas viejas”, justificó durante la entrevista televisiva en LaNacion+. De esta manera también reconocía haber evadido al fisco: “Ahorrar en negro era la manera de escaparle a la vieja política”, aseguró.

El ex portavoz presidencial quedó envuelto en un escándalo en marzo pasado, cuando se reveló que su esposa Bettina Angeletti —quien no ocupa ningún cargo público— había viajado a Estados Unidos en el avión presidencial junto a la delegación oficial. Poco después, una investigación de elDiarioAR sumó otro dato: la pareja y sus hijos habían viajado en un avión privado a Uruguay. Este hecho se convirtió en la punta del iceberg de las incongruencias entre un estilo de vida de lujos que no se correspondían con su salario público. A ello se sumaron los llamativos préstamos que le concedieron dos jubiladas para comprar su vivienda.

“No soy chorro”

Además del documento correspondiente al periodo 2025, Adorni entregó las rectificaciones de 2023 y 2024, que incluyen los bienes de su esposa. El jefe de Gabinete asumió que “arrastró un error” al haber evadido al fisco. “Hago un mea culpa, de hecho voy a pagar todo lo que devenga de este error”, dijo.

Con esta nueva presentación, el jefe de Gabinete intenta justificar gastos en inmuebles, viajes y refacciones suntuosas por un total de un millón de dólares. Su defensa se basa en esos “ahorros en negro” acumulados a lo largo de 25 años de trabajo en el sector privado, potenciados por las mencionadas inversiones en bitcoins, una jugada financiera que nadie conocía hasta ahora. “Tenía que demostrar que no era chorro [ladrón], así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la declaración jurada”, explicó.

Ante la consulta sobre el origen de su patrimonio no declarado, Adorni aseguró que el primer dinero que tuvo fue una cantidad en efectivo que apareció en la casa de su padre Jorge, que murió en 2002 –“una plata que encontramos con mi hermano en el departamento”– y que, según su explicación, sumó a los ahorros de su esposa.

Muchas preguntas sin respuesta

Adorni acotó las explicaciones sobre su patrimonio a su trayectoria privada y las ganancias del mercado cripto. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles de dichas operaciones ni se han divulgado los nombres de las billeteras virtuales con las que supuestamente operó. Esa información será presumiblemente requerida en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito en la que avanza el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Sin embargo, la entrevista deja muchas preguntas sin responder: Adorni dijo haber obtenido 500 mil dólares hace 12 años; pero, ¿por qué solo al asumir como cargo del Gobierno decidió gastar en forma frenética? ¿Por qué no usó ese dinero para adquirir el piso en el que vive en Buenos Aires y la casa en el barrio privado a las afueras de la capital, que se compraron con préstamos?

Según las revelaciones periodísticas que complican su situación en los tribunales señalan que, tras asumir como portavoz de Milei, Adorni adquirió un apartamento en el barrio porteño de Caballito —sin vender la vivienda donde ya residía con su familia— y una casa en country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En esta última propiedad, los Adorni iniciaron reformas que, según el propio contratista de la obra, duplicaron el valor de compra del inmueble. Mientras que la vivienda se adquirió por 120.000 dólares —de acuerdo al testimonio del vendedor—, Adorni desembolsó 245.000 dólares en efectivo para las refacciones, incluyendo una cascada en la piscina.

La Justicia también lo investiga por tráfico de influencias debido a contratos celebrados entre la Televisión Pública —organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete— y la productora de su amigo Marcelo Grandio, así como por la contratación de empresas estatales a la consultora +Be, propiedad de su esposa.

Javier Milei apoyó públicamente a su jefe de Gabinete asegurando que le había dado todas las explicaciones del caso: “Lo que me presentó estaba todo en orden”, afirmó en su momento. Adorni, que en la entrevista descartó su dimisión, explicó que “no hizo falta” entregar ninguna prueba al mandatario: “El presidente confió en mí”.

Amnistía fiscal

Su nueva versión desmiente lo que había dicho ante el Congreso en abril, cuando Adorni aseguró textualmente: “Todo lo que tiene que estar declarado está declarado” y “No hubo ocultación alguna”. En la rectificación presentada ahora, el jefe de Gabinete libertario admite explícitamente que tenía medio millón de dólares sin declarar. La estrategia parece clara: prefiere que lo acusen de evasión fiscal antes que de enriquecimiento ilícito o corrupción, bajo el argumento de que tener ahorros en negro es una práctica común entre muchos argentinos.

Incluso es probable que logre regularizar su situación ante el fisco sin mayores consecuencias, ya que los 500.000 dólares no alcanzan los umbrales de evasión punibles por la Ley Penal Tributaria. En diciembre pasado, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal elevó los montos mínimos requeridos para enfrentar una responsabilidad penal por evasión.

El matrimonio Adorni ya solicitó ingresar al régimen de amnistía fiscal impulsado por el Gobierno de Milei. Esta normativa de “inocencia fiscal”, sancionada por el Congreso a comienzos de año, funciona en la práctica como un blanqueo de capitales que exime a los contribuyentes de detallar el origen de los fondos o sufrir revisiones previas sobre su patrimonio en ese período.

Casi siete meses después de que una veintena de jueces y juristas de prestigio de Balears, entre quienes se encuentran los exjueces José Castro y Juan Pedro Yllanes, remitieran una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclamaban, por cuarta vez consecutiva, que el rey Felipe VI anunciase su renuncia a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución, Moncloa ha respondido sin entrar en el fondo de la petición. Lejos de pronunciarse sobre la posibilidad de promover una reforma legal o constitucional en este ámbito, el Gobierno central ha recomendado a los firmantes que trasladen directamente su solicitud a la Casa del Rey.

“Gracias por escribir al presidente del Gobierno. Le contestamos en su nombre”, arranca el mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía. “Acusamos recibo de su escrito y le recomendamos que, si así lo considera, se lo haga llegar directamente a la Casa de Su Majestad el Rey a través de su página web. También puede hacerlo por vía postal remitiendo una carta a Palacio de la Zarzuela”, expresa la misiva dirigiéndose a uno de los firmantes, añadiendo a continuación la dirección donde se ubica la residencia oficial de la Familia Real.

La carta también esquiva pronunciarse respecto a otra de las peticiones que los juristas dirigieron exclusivamente al Ejecutivo central: que el CIS incorpore una pregunta sobre esta materia en sus barómetros. “No habiendo recibido de esa presidencia del Gobierno respuesta a ninguno de los tres escritos que le enviamos antes de los sucesivos discursos de Navidad pronunciados desde 2022, con la misma petición que aquí reiteramos, queremos solicitar también que, a partir de enero de 2026, el CIS incluya entre las preguntas de sus encuestas una que recabe la opinión de la sociedad sobre si debe continuar el privilegio que permite al actual jefe del Estado situarse al margen de la acción de la Justicia en cualquier circunstancia”, comentaron los juristas en su última misiva.

Sondear a la opinión pública

Los solicitantes consideran en esa misma carta que sondear a la opinión pública ayudaría a superar cualquier incertidumbre sobre una posible reforma legal en este sentido: “Esta petición solo depende del Gobierno que usted preside [en referencia a Pedro Sánchez] y la consideramos importante para resolver las dudas que pudieran existir entre los miembros del Congreso y del Senado sobre la reforma legal de un privilegio personal que se mantiene y cuyas consecuencias reales han sido muy negativas para nuestra democracia”.

En este sentido, Moncloa se limita a responder que también “puede enviar su solicitud en relación al cuestionario del Centro de Investigaciones Sociológicas a ese mismo organismo”, facilitando acto seguido el enlace que conduce a la página web del ente demoscópico. “Le agradecemos de nuevo que se haya tomado el tiempo de escribir al presidente del Gobierno. Para él es muy importante conocer las necesidades, inquietudes y reivindicaciones de la ciudadanía. Un cordial saludo”, concluye el escrito.

La respuesta remitida por Moncloa ha generado perplejidad entre los impulsores de la iniciativa. Los promotores cuestionan que Presidencia del Gobierno les remita a la Casa del Rey cuando su reclamación no iba dirigida a la Corona, sino al Ejecutivo, al que consideran competente para impulsar los cambios legales y constitucionales necesarios para poner fin a la inviolabilidad que ampara al jefe del Estado. En sus escritos, los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar.

Los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar

Asimismo, los firmantes muestran su extrañeza por el hecho de que la respuesta se formule como si se tratara de una iniciativa individual, pese a que todos los escritos remitidos hasta ahora identificaban expresamente a los miembros del colectivo y a los juristas que respaldan la reivindicación. A su juicio, la contestación no aclara si el Gobierno comparte la necesidad de revisar este privilegio constitucional, si contempla alguna reforma en este ámbito o si, por el contrario, descarta cualquier modificación.

Ante la falta de pronunciamiento de Moncloa, los juristas han decidido abrir el debate a la ciudadanía mediante una columna de opinión en elDiario.es en la que explican que, antes de decidir los próximos pasos de la iniciativa, desean conocer el parecer de la sociedad sobre la reforma constitucional que vienen reclamando desde 2022. La columna está suscrita por Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes y María Durán.

La propuesta de Carmen Calvo que nunca prosperó

La inviolabilidad del rey es una prerrogativa cuya interpretación ha sido ampliamente discutida por expertos en Derecho Constitucional y otros juristas, quienes consideran que esta figura debería suprimirse por completo o limitarse exclusivamente a los actos realizados en el ejercicio del cargo –no al ámbito privado–.

En su última misiva, a la que tuvo acceso en primicia elDiario.es, los impulsores de la iniciativa recordaban que la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, reconoció en mayo de 2022 que, como vicepresidenta del Gobierno, había llevado a cabo gestiones ante la Casa Real para conocer la opinión del jefe del Estado sobre la posibilidad de una reforma legal destinada, según los juristas, a “suprimir el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que, aseveran los firmantes de la carta, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Sin citarlas expresamente, aludían a las manifestaciones que Calvo realizó a El País en un artículo publicado en mayo de 2022. “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”, manifestó. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia. En unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recoge el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca.

Los firmantes de la carta lamentaban que habían transcurrido más de tres años y medio desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión” sin que se haya producido desde entonces “ningún avance en la justa reforma planteada por quien fue vicepresidenta del Gobierno”. Por ello, reiteraban su petición para que el jefe del Estado, durante el discurso televisado que pronunció el pasado 24 de diciembre, incluyese su renuncia al privilegio de la inviolabilidad.

Carmen Calvo aseguró que el Gobierno estudió la posibilidad de modificar la inviolabilidad del rey: 'Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real'

El precedente de Juan Carlos I

“Una decisión que estamos convencidos sería aceptada por una mayoría suficiente de los representantes elegidos en las últimas elecciones generales”, subrayaban los juristas. “El mismo año en el que estamos celebrando los primeros pasos hacia la democracia tras la desaparición del dictador nos parece un momento muy adecuado para que comience la reforma de un privilegio personal que nunca debería haberse trasladado a la Constitución de 1978 en los términos que permitieron la interpretación realizada por el Fiscal Anticorrupción en marzo de 2022”, recalcaban.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

El Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo

Rex non potest peccare

La inviolabilidad del monarca, amparada por el artículo 56.3 de la Constitución de 1978 –“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”–, es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías –resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)–, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

El juez que instruyó el caso Nóos, José Castro, aseguraba que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado

Varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han puesto de relieve, además, la tensión existente entre la inviolabilidad del rey y el control parlamentario. Una de ellas es la que anuló parte de una resolución del Parlament de Catalunya que reprobaba a Felipe VI por su discurso tras el referéndum del 1‑O de 2017 y que calificaba la monarquía de “institución caduca”: según los magistrados, la reprobación vulneraba el artículo 56.3 de la Constitución porque atribuía al Rey una responsabilidad política que la Constitución no le permite asumir. 

La otra sentencia, que anuló la creación, por parte de la Cámara autonómica catalana, de una comisión parlamentaria de investigación sobre la monarquía, dictaminó que lo que se pretendía era indagar en actividades del rey que, de acuerdo a la Carta Magna, están protegidas por su inviolabilidad y no están sujetas a responsabilidad alguna. Ambos fallos ponían así de manifiesto que la inviolabilidad no es un simple blindaje simbólico, sino un límite legal que impide que cualquier órgano parlamentario pueda ejercer control político o investigar penalmente al rey.

Los sondeos de Suárez a favor de la III República

Cabe recordar que el mismo grupo de juristas que reclama que el rey renuncie a la inviolabilidad remitió en enero del año pasado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que supuestamente el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos darían la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los pormenores que rodean a este asunto permanecen en el agujero negro de los secretos oficiales.

La confección y los resultados de tales encuestas habían dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 –nada menos que 21 años después–, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”.

“Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, comentó tapándose el micro que llevaba en la corbata. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.

Cuando el coche oficial de la líder balear, Marga Prohens (PP), acabó convertido en un amasijo de chapa tras un accidente en las inmediaciones del aeropuerto de Palma, el episodio parecía limitarse a un incidente incómodo dentro del parque móvil del Govern. Sin embargo, el siniestro terminó abriendo una grieta mucho mayor en el corazón del Consolat de Mar, sede de la Presidencia autonómica. Este martes, el jefe de gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, está citado a declarar como investigado por presuntamente alterar las reglas de un proceso selectivo para colocar como chófer oficial a un familiar suyo: el hijo de su primo. El mismo que, apenas unos meses después de acceder al puesto, acabó estrellando el vehículo nada más dejar a la dirigente popular en la terminal.

Jurado no es un cargo secundario. Es la mano derecha de Prohens, uno de sus hombres de máxima confianza y una figura histórica del aparato popular balear. En concreto, la jueza le atribuye la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa. La querella interpuesta contra él por parte de un conductor y funcionario de carrera con más de tres décadas de servicio público apunta también a un delito de tráfico de influencias. Junto a Jurado también está citado a declarar este martes el chófer supuestamente beneficiado.

El relato del denunciante, quien la pasada semana acudió al Juzgado para ratificarla, dibuja un proceso supuestamente manipulado desde dentro para garantizar que la plaza acabara en manos del pariente de Jurado. De acuerdo a la querella, en 2023 se convocó la cobertura de una vacante de chófer mediante concurso de méritos, pese a que el puesto figuraba como de libre designación. El veterano chófer acusa a Jurado de impulsar un cambio de reglas a posteriori en el proceso, al que concurrieron más de 200 aspirantes, para facilitar la contratación del allegado.

El querellante sostiene que, tras una primera baremación en la que el candidato finalmente escogido no habría quedado en primer lugar, se introdujeron modificaciones en las bases para obligar a presentar currículum y permitir que la selección se resolviera en favor de “la persona que la Secretaría General encuentre más adecuada”, un giro que, a su juicio, transformó un concurso de méritos en un procedimiento discrecional.

La denuncia añade que, para justificar ese cambio, se aprobó una instrucción con criterios para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del Boletín Oficial de Balears (BOIB), una herramienta que el denunciante considera “falaz y tendenciosa” y diseñada para reconducir el resultado.

El nuevo chófer fue nombrado conductor personal de la presidenta sin contar siquiera con diez días de antigüedad, según la parte demandante. El 22 de diciembre de 2023, el director de gabinete de la Presidencia del Govern habría reunido a los cinco chóferes del departamento y comunicado que relegaba al denunciante y a otro trabajador. El 10 de enero de 2024 firmó el escrito que oficializaba el relevo, sin contar con el visto bueno de la representación de los trabajadores, de acuerdo a la denuncia.

Despedido y sustituido “por un joven afín sin experiencia”

El funcionario sostiene que la maniobra fue “ilegal, injusta y arbitraria” y subraya que, tras el nombramiento, fue despedido por Jurado como conductor de la presidenta balear para “colocar” en su lugar “a un joven afín sin experiencia”. Se trata de un episodio que el denunciante vincula con un deterioro de su salud mental, dado que a raíz de los hechos padece un cuadro ansioso-depresivo.

En la primavera de 2024, cuando apenas llevaba unos meses trabajando como chófer de la presidencia autonómica, el joven conductor presuntamente beneficiado estrelló el coche oficial mientras conducía solo, según avanzó entonces Diario de Mallorca. Tras dejar a Prohens en el aeropuerto de Palma, el conductor protagonizó un accidente que dejó el vehículo completamente siniestrado. Por este motivo, según la querella, el vehículo fue dado de baja del parque móvil del Govern.

Preguntado sobre esta cuestión tras trascender la interposición de la denuncia, el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, admitió que el Ejecutivo sabía que se había producido un accidente con un vehículo oficial de la presidenta Prohens. “Es cierto que el vehículo quedó en situación de siniestro. Pero fue un accidente. Hubo un accidente. Sí. No tengo mucho más que añadir. Quiero decir: ¿una persona puede tener un accidente? Sí”, se limitó a señalar. “¿Habría sido deseable que no lo tuviera? Sí, pero como en cualquier otro caso”, justificó.

Es a partir de aquel suceso cuando, según sostiene el querellante, comenzaron las irregularidades. Añade, además, que esta situación supuso un perjuicio para las arcas públicas, ya que los vehículos oficiales de la administración pública se sufragan con los impuestos de la ciudadanía balear. El percance probaría, según el demandante, que el conductor presuntamente beneficiado por el proceso no reunía los méritos, aptitudes y capacidades necesarias para la prestación del servicio de chófer oficial.

El denunciante incide en que las bases habrían sido modificadas posteriormente introduciendo criterios que favorecían específicamente al candidato finalmente seleccionado y describe una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” orientada a asegurar la contratación del familiar de Jurado. La jueza instructora ha apreciado suficientes indicios como para citar a declarar al máximo asesor de la presidenta balear como investigado.

El Govern, en defensa de la contratación

Desde el primer momento, el Govern ha defendido la legalidad del procedimiento. El pasado viernes, Costa expresó la “máxima y absoluta tranquilidad” del Ejecutivo después de que, el día anterior, el denunciante ratificara su querella. Desde el Ejecutivo autonómico remiten a estas declaraciones de Costra tras la petición de su versión por parte de elDiario.es.

Al ser preguntado por esta temática, Costa señaló que “el posicionamiento del Govern sigue siendo el mismo”: “No ha cambiado ni un milímetro del que expresamos en su momento y me remitido por tanto a ese pronunciamiento. El Govern tiene la máxima y absoluta tranquilidad, eso sí lo puedo confirmar con total seguridad”. El pasado mes de diciembre, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Mercedes Estarellas, defendió que el procedimiento de sustitución del funcionario a través del bolsín siguió todos los cauces reglamentarios.

Petición de dimisión

Por su parte, el PSIB-PSOE reclamó en enero el cese inmediato de Jurado tras su citación judicial como investigado. El portavoz socialista, Rubén Castro, acusó además a la presidenta balear de intentar esquivar el escándalo. “Que deje de esconderse ante los casos de corrupción que cada vez más salen a su alrededor y que dé explicaciones a la ciudadanía”, aseveró.

“Escuchamos a Prohens desde hace dos años difundiendo mentiras y noticias falsas en relación al PSIB, pero la realidad es que el único partido que tiene a personas investigadas por su gestión durante la pandemia y que tendrán que declarar en juicios por presunta corrupción es el PP de Prohens”, incidió Castro. Entre tales causas, aludieron a la investigación contra el presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), por presunta prevaricación administrativa y coacciones a una funcionaria por el caso de ‘La vida islados’.

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, informó a trabajadores públicos de convocatorias de empleo que estaban a punto de salir. El edil, mano derecha de la alcaldesa María José Catalá, se reunió con los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 en la primavera de 2024 para trasladarles información sobre una serie de plazas que se publicarían en breve y les insta a optar a ellas, según las grabaciones a las que ha tenido acceso elDiario.es. Compromís y el PSPV han trasladado estas informaciones a la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el proceso, y han pedido que se investigue al este concejal.

La Fiscalía Anticorrupción ha admitido la denuncia de Compromís e inicia las diligencias sobre la publicación y adjudicación de varias plazas en organismos públicos dependientes del Ayuntamiento de València y de la Autoridad Portuaria (APV), plazas que se convocaron de forma prácticamente simultánea y que ocuparon extrabajadores de la entidad, que se encontraba entonces en proceso de extinción. La denuncia afecta a la alcaldesa, a las concejalas de Turismo, Paula Llobet, y Deportes, Rocío Gil, y a la presidenta de la APV, Mar Chao.

“Se publican mañana en el Diari Oficial”

En los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es se escucha al concejal hablar con los trabajadores sobre algunas de las plazas que ahora están siendo investigadas. A los pocos minutos de arrancar la reunión, expone: “El proceso está de la siguiente manera: Hay ya dos plazas convocadas en el Boletín Oficial de la Provincia por parte la Fundación Deportiva Municipal. Esas plazas se enviaron al Boletín Oficial del Estado, las ha devuelto diciendo que no procede su convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y se publican mañana, en principio, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, con lo cual se abrirá el el plazo de presentación de solicitudes. Hay otras tres plazas convocadas en la fundación Visit Valencia, que ya ha vencido el plazo de solicitudes y no se ha presentado ninguna. Esta semana, en principio, se publican dos plazas con perfil jurídico en Aumsa”, dice. El edil apunta que todas las plazas son vacantes que ya existen, que no se crea ninguna nueva, y que todo sigue los criterios de cada entidad. “Se ha leído la ley hasta donde se ha podido leer”, les dice.

“Puedo deciros al 90% que van a salir. Y pronto”

Marí Olano habla de unas plazas en la empresa municipal de vivienda, Aumsa, que finalmente no llegaron a crearse. Explica que ha trabajado mucho este aspecto: “Lo de Aumsa no os lo prometo porque me estoy desesperando hasta límites que rozan la mala educación con la gerencia de Aumsa. Por distintas razones se han ido retrasando. Las plazas ya tienen todas las condiciones y sacramentos administrativos que tienen que tener para que se publiquen, pero no... no hay más”. Los trabajadores le preguntan por otras vacantes y Marí Olano les dice que no lo tiene claro porque no son de su compentencia, pero añade: “Las de Aumsa sí que puedo deciros al 90% que van a salir. Y van a salir pronto. Son dos plazas de perfil jurídico”, vuelve a comentar. 

“Es mejor que lo hablemos en privado”

“Si [en] alguna de las plazas de Visit que no ha tenido convocatoria sigue alguien interesado, aunque sea modificando un poco, no en lo esencial, los requisitos de la convocatoria, no de la plaza... pues es una cuestión que soy todo oídos. Yo creo que es mejor que lo hablemos en privado, pero yo estaré encantado de intentar solucionarlo. Os reitero: de la convocatoria, no de la plaza”, recalca el edil, que subraya que las condiciones de la plaza “no se tocan: son las condiciones del puesto” y añade que “hará su propuesta”.

“Se ha leído la ley hasta donde se podía leer”

El edil de Grandes Proyectos da garantías a los trabajadores sobre el proceso y los tranquiliza: “Han intervenido tres secretarios municipales (...) No quiero utilizar la palabra 'forzado', pero se ha leído la ley hasta donde se podía leer y hasta aquí es donde yo creo que se ha podido llegar”, explica. Son entidades en las que “se han podido encontrar vacantes”. “Nosotros nos hemos movido dentro de donde nos podemos mover dentro del margen que nos permite la ley”, insiste más adelante.

Ampliación de la denuncia

Tras la publicación de las conversaciones por elDiario.es, Compromís y el PSPV han señalado al concejal de Grandes Proyectos en su ampliación de denuncia. Ambas formaciones han trasladado las informaciones publicadas por esta redacción a la Fiscalía Anticorrupción, según manifestaron ante los medios. La portavoz de Compromís, formación que inició la denuncia que ha dado pie a la investigación, considera que es una “operación de clientelismo” y que pueden darse delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios. Las grabaciones, plantea, “demuestra[n] que era una operación planificada para cometer fraude de ley desde dentro del gobierno”.

El PSPV también pedirá que se investigue al concejal por un posible delito de revelación de secretos y utilización de información privilegiada y ha pedido que haga pública su agenda. La alcaldesa, por el momento, ha encargado un informe a los servicios jurídicos municipales sobre la adjudicación de la única plaza municipal que llega a ocuparse y defiende que el proceso fue “transparente”.

El Grupo Parlamentario Compromís ha iniciado una ofensiva parlamentaria para fiscalizar hasta el último euro destinado a las oficinas de los antiguos jefes del Ejecutivo valenciano. A través de su síndic, Joan Baldoví, la formación ha registrado una solicitud formal ante el Consell para obtener copia literal de todas las facturas, tiques y documentos que justifiquen los gastos en dietas, alojamientos y desplazamientos de todos los expresidentes entre 2023 y 2026. Esta reclamación se produce después de que saliera a la luz el elevado gasto en combustible de Francisco Camps, cuyo coche oficial generó una factura de 13.076,65 euros en 2024 y ascendió a 14.774,40 euros en 2025.

Baldoví ha calificado la situación de “descontrol total”, denunciando que mientras los valencianos sufragan sueldos de 75.000 euros a los exmandatarios, también deben hacerse cargo de por vida de gastos corrientes como comidas, chóferes las 24 horas y asesores vitalicios. La coalición ha puesto el foco en la necesidad de transparencia, exigiendo el desglose por mes y subconcepto de los consumos de los vehículos asignados, incluyendo no solo la gasolina y los peajes, sino también los servicios de limpieza.

El coste de mantenimiento de estas estructuras es una de las principales críticas de la formación, que cifra en casi un millón de euros el gasto previsto para las oficinas de los expresidentes solo durante el año 2026. Según los cálculos de Compromís, el gasto acumulado desde la creación de estos organismos alcanzará los 8,5 millones de euros al finalizar el presente ejercicio, una cifra que consideran inasumible y propia de un sistema de “privilegios” que debe ser reformado.

Ante lo que consideran un uso injustificado de recursos públicos, Compromís insiste en modificar la Ley de Expresidentes para que la Generalitat solo cubra necesidades logísticas puntuales y debidamente acreditadas. La propuesta de la coalición busca acabar con las oficinas permanentes y el gasto discrecional, limitando el apoyo institucional a actos específicos vinculados con la condición de expresidente o la promoción del autogobierno, evitando así que los ciudadanos costeen de forma vitalicia gastos que el síndic ha tildado de desorbitados.

“Es el proyecto de mayor magnitud de la legislatura”. El 24 de noviembre de 2004, un exultante Jaume Matas, expresidente balear hoy multicondenado, anunciaba por sorpresa la puesta en marcha de la primera línea de metro de Palma. Hasta entonces, la capital balear carecía de una infraestructura que ya había sido planteada por el primer pacto de izquierdas que, entre 1999 y 2003, gobernó en Balears. “Las ciudades modernas de España, Europa y el mundo tienen metro”, proclamaba entonces el líder autonómico del PP, que tomó el testigo de una obra cuyo desarrollo activó en tiempo récord. Sin embargo, lo que se presentó como símbolo de modernidad acabaría convirtiéndose en uno de los proyectos más controvertidos de su mandato: la construcción del metro acabó marcada por el calendario electoral, atravesada por los sobrecostes y lastrada por una ejecución técnica cuestionada sobre la que nunca dejó de planear la sospecha de la corrupción.

Casi dos décadas después, el Govern balear ha anunciado que reforzará la conectividad ferroviaria y ampliará la infraestructura, hoy utilizada por miles de usuarios, con el objetivo de llevarla hasta el hospital de referencia de Balears, el de Son Espases, a las afueras de Palma. Un anuncio que ha devuelto al centro del debate una pregunta que emergió en su momento: hasta qué punto el metro impulsado por el equipo de gobierno de Matas respondió a una necesidad real de movilidad o fue, en esencia, una decisión diseñada para materializarse con un horizonte político concreto.

La línea M1, que a lo largo de 7,5 kilómetros buscaba conectar Palma con la Universitat de les Illes Balears (UIB), fue concebida y ejecutada en poco más de dos años, un plazo inusualmente breve para una infraestructura subterránea de estas características, cuyo desarrollo suele prolongarse durante varios ejercicios y requiere fases previas de estudio, proyecto y ejecución más dilatadas. En abril de 2005, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la licitación de las obras y el 25 de abril de 2007 -33 días antes de las elecciones autonómicas de ese año-, el metro se ponía en marcha. El objetivo de llegar a los comicios con el proyecto en funcionamiento se cumplió con creces. Sin embargo, el símbolo de modernidad duraría poco. Tras las primeras lluvias intensas que cayeron sobre Palma después de su inauguración, el metro colapsó: varias estaciones y tramos quedaron completamente inundados y el servicio tuvo que suspenderse durante diez meses.

El 25 de abril de 2007, apenas un mes antes de las elecciones autonómicas, el metro se ponía en marcha. Sin embargo, el símbolo de modernidad duraría poco: la infraestructura se vio inundada por las primeras lluvias que cayeron tras su inauguración y el servicio quedó suspendido durante diez meses

Las imágenes -andenes anegados, túneles convertidos en canales- no solo ocuparon titulares, sino que sacaron a la luz las deficiencias estructurales del proyecto, que obligaron a intervenir de urgencia y a replantear partes esenciales de la infraestructura. A las deficiencias se sumó el contexto en el que se habían desarrollado los trabajos: una etapa (la legislatura 2003-2007, con Matas fuera ya del Gobierno de José María Aznar) marcada por la construcción de proyectos colosales en los que grandes constructoras se hicieron con contratos millonarios. En el caso del metro, la Fiscalía Anticorrupción llegó a investigar un supuesto fraude de hasta 3,8 millones de euros por pagos de trabajos no ejecutados y facturas sin contrato, pero las diligencias no tuvieron recorrido y acabaron diluyéndose sin consecuencias penales.

Sobrecostes y decisiones aceleradas

La ejecución del metro de Palma se articuló a través de una red de concesionarias integradas en varias Uniones Temporales de Empresas (UTE), un modelo habitual en la obra pública que permite a varias empresas concurrir de forma conjunta pero que también dificulta el seguimiento del proceso y la atribución de responsabilidades. Años después, cuando el gabinete de Jaume Matas se vio salpicado por los fangos de la corrupción, algunos de los actores implicados en aquel proceso apuntaron a que los plazos condicionaron decisiones clave: desde el diseño hasta la ejecución, pasando por la supervisión de las obras. La prioridad política de llegar a tiempo a la inauguración terminó imponiéndose sobre la prudencia técnica, como en otras obras de la época.

Años después, cuando el gabinete de Jaume Matas se vio salpicado por los fangos de la corrupción, algunos de los actores implicados en la ejecución del metro señalaron que los plazos condicionaron decisiones clave: desde el diseño hasta la ejecución, pasando por la supervisión de las obras

Tanto fue así que, si el metro contaba con un presupuesto inicial de 235 millones de euros -una cifra similar a la que se contempla con la ampliación recién anunciada-, el coste final de construcción acabó elevándose a los 343 millones, a los que hubo que añadir cerca de 28 millones en obras de reparación tras las inundaciones. Con el impacto de la financiación y los intereses, la factura total llegó a superar los 500 millones de euros -de acuerdo a los cálculos efectuados por el equipo de gobierno que sustituyó a Matas-, más del doble de lo previsto inicialmente en un proyecto marcado por las decisiones aceleradas y una planificación técnica que acabó revelándose insuficiente. La falta de tiempo también afectó a la evaluación de riesgos geotécnicos, especialmente en una ciudad con zonas inundables y una compleja relación con el nivel freático.

Los trabajos de ejecución se articularon en varias fases. Una de ellas, correspondiente al soterramiento de las vías y a la construcción de la estación intermodal, nodo central de la red, recayó, por 29 millones de euros, en la UTE conformada por FCC, Sampol y Brues, ésta última propiedad del constructor Antonio Pinal. Además de desfilar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por su rol en los 'papeles de Bárcenas', Pinal sería señalado por el exconcejal de Urbanismo Javier Rodrigo de Santos y el extesorero nacional del PP como la persona que había ayudado a financiar la sede del PP balear a cambio de adjudicaciones públicas y terrenos para el desarrollo de sus macroproyectos urbanísticos. No en vano, un informe de la Agencia Tributaria certificó que, bajo el mandato de Matas, el Govern balear había otorgado contratos por un total de 27,2 millones de euros a Construcciones Brues S.A.

Pese al convencimiento del juez instructor, José Castro, de que la formación conservadora había “venido contando con un sistema de financiación estructurado sobre una duplicidad de cajas y contabilidades”, las investigaciones cayeron en saco roto cuando la Fiscalía Anticorrupción reclamó el archivo. Si las confesiones de Rodrigo de Santos y Bárcenas no se vieron refrendadas por datos objetivos ajenos a las mismas, apostillaba el magistrado, se debía a que los autores del supuesto delito se habrían “afanado por hacer las entregas de manera que no dejasen rastro”.

En cuanto a la ejecución de la línea metropolitana, las obras, divididas en tres etapas, se repartieron entre varias UTE. Una de ellas, adjudicada por 35,4 millones, estaba liderada por Dragados, una de las principales filiales del grupo ACS. Al frente de la misma se encontraba Juan Antonio Esteban, entonces delegado territorial de la constructora y hoy concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palma. Su nombre apareció en uno de los grandes casos de corrupción impulsados contra Matas, el de Son Espases, a raíz de las irregularidades cometidas en la adjudicación del mayor hospital de Balears. En el marco de esta macrocausa, Rodrigo de Santos aseguró que el PP balear, bajo el mandato de Matas y con la connivencia del partido a nivel estatal, exigía un 3% en comisiones con cada adjudicación pública.

La concesión del hospital y de otros proyectos -siempre según el testimonio del exconcejal- sería otorgada a quien se comprometiera a abonar el soborno fijado en cada proyecto. Tras un largo proceso plagado de vicisitudes, la construcción y explotación del hospital fueron otorgadas, por 635 millones de euros, a la UTE formada por Dragados, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. Según señaló De Santos, Esteban le había trasladado que Matas había pedido dinero al presidente de ACS, Florentino Pérez. El representante de Dragados negó en su declaración como testigo que su empresa hubiese pagado comisión alguna, puesto que se trataba de una conducta cuya práctica habría sido “imposible” en la constructora. Nunca llegó a ser probado soborno alguno.

En paralelo, en una legislatura marcada por la abusiva externalización de servicios -en la que numerosos técnicos y empresarios tenían acceso a información de las distintas adjudicaciones y cuya trazabilidad resulta, aún hoy, difícil de reconstruir-, el Govern de Matas contrató a una consultora, Global PM, para realizar el seguimiento de las obras del metro. En colaboración con grandes firmas como Prointec, Global PM no fue un actor menor en las grandes adjudicaciones públicas de aquella legislatura, sino una pieza situada en el corazón de los procesos de decisión. Fue también, de hecho, la encargada de elaborar el informe que habría de influir en la valoración de ofertas para la construcción de Son Espases. Como declararían varios testimonios, la mercantil, con el empresario Jesús Peinado al frente, comenzó a operar en Balears de la mano del histórico dirigente del PP balear José María Rodríguez, quien durante años manejó los resortes internos del partido hasta convertirse, para lo bueno y para lo malo, en el principal hombre de confianza de Matas, con quien acabó compartiendo banquillo y condena.

En 2008, la que había sido consellera de Obras Públicas bajo el mandato de Matas, Mabel Cabrer -cuyo nombre, sin llegar a ser imputada ni condenada, apareció en varias investigaciones judiciales relacionadas con la gestión de contratos públicos durante aquella legislatura, como el caso Over, que sacó a la luz la financiación ilegal del PP, ratificada por el Tribunal Supremo-, pidió disculpas por los “fallos” y “equivocaciones” detectados en las obras del metro, pero aseguró que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), encargada de la gestión de la infraestructura, siempre actuó con “total transparencia y la máxima legalidad”.

Un año después, en 2009, el pacte de progrés encabezado, por segunda vez, por el expresidente socialista Francesc Antich, denunciaba ante la Fiscalía Anticorrupción los pagos efectuados por el Ejecutivo de Matas por servicios de asesoría sin cobertura contractual que afectaban a Global PM. Según la documentación remitida, se detectaron facturaciones que podían implicar un cobro duplicado en trabajos relacionados con la supervisión del metro por un importe cercano a los 1,3 millones de euros. Desde la empresa, sin embargo, se trasladó a la Administración que la duplicidad respondía a un error y se ofreció a regularizar la situación mediante compensaciones en facturas pendientes.

La inauguración y el colapso: las inundaciones de 2007

Cuando faltaba poco más de un mes para la celebración de las elecciones autonómicas de mayo de 2007, finalmente echaba a andar la primera línea de metro de Palma, el proyecto que Matas había anunciado como símbolo de avance en la movilidad de la isla, convertido en una de las principales cartas de presentación de la legislatura en el momento en el que ésta encaraba su recta final. Junto al metro fue inaugurada otra gran obra, el velódromo Palma Arena: proyectado con el objetivo de albergar el Mundial de ciclismo en pista de ese año, el expresidente balear ofreció en estas instalaciones su principal mitin de campaña. En Eivissa, el PP presentaba otro de sus proyectos estrella, la autopista, cuya construcción encendió la espita de una de las mayores protestas medioambientales llevadas a cabo en la isla.

Sin embargo, la magnanimidad de los proyectos y la urgencia por finalizarlos no tuvieron el efecto esperado en las urnas. El batacazo electoral de Matas, que lo abocó al abandono de la política para trasladarse a Estados Unidos, dio paso al segundo mandato de izquierdas de Balears, con Antich -que ya había liderado el primer pacte de progrés de la historia democrática balear- de nuevo en la presidencia. En paralelo arrancaba un periplo judicial repleto de escándalos que se alargaría durante prácticamente una década: contratos a dedo, cohechos y desvío de fondos públicos comenzaron a aflorar tras las obras colosales que el exlíder popular convirtió en su seña de identidad en su apuesta por un modelo de crecimiento rápido y electoralmente rentable.

La magnanimidad de los proyectos y la urgencia por finalizarlos no tuvieron el efecto esperado en las urnas. El batacazo electoral de Matas, que lo abocó al abandono de la política para trasladarse a Estados Unidos, dio paso al segundo mandato de izquierdas de Balears, con el socialista Francesc Antich de nuevo en la presidencia

Las controversias en torno al metro no se limitaron a su ejecución. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) puso en evidencia, en 2019, los conflictos contractuales surgidos durante la obra. Entre otros problemas, el fallo revelaba el papel que desempeñó la consultora Global PM tras el colapso del sistema y las graves inundaciones de 2007: SFM tuvo que encargar auditorías técnicas y rehacer la liquidación de las obras. Para ello, recurrió de nuevo a la misma empresa que había brindado asistencia técnica durante la ejecución para que realizase, en esta ocasión, una nueva medición general de la obra.

Este detalle no es menor: significa que la misma estructura técnica que debía haber detectado los problemas durante la construcción fue la encargada después de recalcular y validar las obras ejecutadas en un contexto marcado por deficiencias graves. La resolución, consultada por este periódico, describe cómo, tras las inundaciones, la liquidación inicial -de más de 7,4 millones de euros- fue descartada y sustituida por una nueva propuesta basada en esos trabajos de medición.

Las cifras judiciales del proyecto

El fallo también pone cifras al volumen económico en disputa. La liquidación final aprobada por SFM para la fase I del proyecto ascendió a 6,43 millones de euros tras un complejo proceso en el que incluso se discutió judicialmente el pago de intereses por retrasos en el abono de las certificaciones. Las constructoras Tecsa, Matías Arrom Bibiloni y Dragados llegaron a reclamar 502.861 euros en intereses de demora por el pago tardío de la certificación final de obra que recogía el importe de la liquidación. Sin embargo, los tribunales rechazaron una parte sustancial de esas pretensiones al considerar que no estaban debidamente justificadas ni contaban con la preceptiva cobertura contractual, y solo reconoció parcialmente aquellas partidas acreditadas, evidenciando el grado de improvisación y conflicto que acompañaron a la obra.

Con el paso de los años, el metro de Palma fue consolidándose dentro de la red de transporte ferroviario de Mallorca, ampliando su alcance y convirtiéndose en pieza clave del transporte público de Mallorca. La línea M1 se mantuvo como el eje principal del servicio, con mejoras operativas y de frecuencia destinadas a reforzar su uso cotidiano, especialmente en horas punta y durante el curso universitario, siendo ampliada el año pasado hasta el centro tecnológico Parc Bit. En 2013 fue puesta en marcha la línea M2, cuya ejecución, a diferencia de la M1, no implicó la construcción de nuevos túneles, sino que aprovechó el trazado ferroviario preexistente para enlazar la capital balear con el municipio de Marratxí, ampliando la cobertura del metro de forma rápida y con menor coste. La M2 se integró así en la red como una solución híbrida entre metro y cercanías, reforzando la conexión metropolitana sin necesidad de grandes obras adicionales.

El Govern prevé ahora llevar el metro hasta el hospital de Son Espases, para lo cual contempla una inversión inicial de 230 millones, el inicio de las obras en 2029 y una demanda de tres millones de viajeros anuales. Aquella infraestructura nacida entre prisas forma parte hoy del día a día de miles de usuarios. Pero su origen continúa proyectando una sombra alargada: la de una obra concebida bajo presión política cuyos efectos, técnicos y económicos tardaron años en aflorar.

El Patronato Municipal de Turismo de Castelló ha designado a su nueva gerente en un proceso marcado por la participación de la propia seleccionada en el órgano encargado de elegirla y también en el proceso de rebaja de exigencias. Esther Labaig formaba parte del Consejo Rector del Patronato como vocal en representación de la Generalitat en el momento en que se impulsó el proceso de elección para la plaza de gerente, una posición desde la que se presentó como aspirante, suspendió el proceso inicialmente por no alcanzar el nivel de inglés exigido, y posteriormente votó a favor de rebajar este nivel de idioma, para así, finalmente, poder reincorporarse al proceso selectivo y resultar ganadora de la plaza de gerencia.

Labaig ejerció como Directora General de Turismo durante los primeros meses del gobierno de Carlos Mazón (PP), entre agosto y diciembre de 2023. Fue precisamente durante ese periodo en el Ejecutivo autonómico cuando fue nombrada vocal del Patronato en representación de la Generalitat. Posteriormente mantuvo su condición de vocal como representante de la administración valenciana, como directora del Centro de Turismo (CdT), cargo que ocupaba desde 2008 excepto el paréntesis como Directora General, y que posteriormente abandonó tras no consolidar su plaza.

La secuencia de los hechos queda reflejada en las actas de las sesiones del Consejo Rector de 2025. El 7 de octubre de ese año, la plaza se declaró desierta tras confirmarse que dos de los aspirantes no cumplían con el nivel C1 de inglés original, uno de ellos Esther Labaig. En esa misma reunión, Labaig participó en la votación para “iniciar las actuaciones para una nueva convocatoria revisando los criterios de idoneidad incluidos en las bases, en especial, el criterio del requisito del conocimiento del nivel C1 de lengua inglesa”.

Apenas una semana después, el 14 de octubre de 2025, el Consejo Rector volvió a reunirse con la presencia de Labaig para elevar a la Junta de Gobierno las nuevas bases que fijaban el nivel B2 como suficiente. Una vez modificado el listón idiomático, Labaig volvió a concurrir al proceso. En la resolución final del 27 de febrero de 2026, la propuesta de la Presidencia se inclinó a su favor frente a otros perfiles que sí poseían titulaciones superiores (como el nivel C1 que acreditaba otro aspirante), justificando la decisión en su “conocimiento profundo del sector turístico de Castellón” y su experiencia previa en la dirección del CdT.

El proceso concluyó con la propuesta de “nombrar a doña María Esther Labaig Gallardo (...) para ocupar el puesto de trabajo de Gerente”, con una retribución de 55.237,71 euros anuales. El nombramiento se formalizó destacando que la candidata posee una “visión integral del sistema de gobernanza turística” y una trayectoria adecuada para la implementación del Plan Estratégico de Turismo de la ciudad.

El portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha criticado el la elección afirmando que “no es aceptable primera la reducción del nivel de inglés por un lugar de gerente de patronato de turismo y mucho menos que las bases y la reducción de la exigencia la haya votado la propia candidata que después ya sido gerente”. Garcia, que ha recordado también el caso del concejal de Informática del PP que ha ganado una plaza de funcionario en el área que dirige tras evaluarlo subordinados, ha señalado que el de Begoña Carrasco es “un gobierno de mangoneo”.

elDiario.es ha intentado contactar con Esther Labaig para recabar su postura, pero la gerente todavía no ha respondido.

Una situación de ética como mínimo cuestionable, así se considera el nombramiento definitivo de Francisco Cabañero, actual concejal de Modernización e Informática con el PP en Castelló de la Plana, como funcionario de carrera en el mismo departamento que él dirige. El proceso, aunque legalmente válido, ha despertado duras críticas por la falta de estética ética al haber sido evaluado por personal que depende jerárquicamente de su gestión.

El origen de esta situación se remonta al anterior ejecutivo progresista, que redactó las bases de estabilización para reducir la temporalidad en la administración. Sin embargo, la convocatoria oficial se produjo en junio de 2023, momento en el que Cabañero ya conocía su condición de concejal electo y su inminente entrada en el Gobierno municipal. A pesar de su nueva responsabilidad política, el edil decidió continuar con el proceso para consolidar su plaza técnica en la casa.

El conflicto del tribunal evaluador

Uno de los puntos más críticos de la convocatoria ocurrió en octubre de 2024. Inicialmente, el tribunal encargado de calificar las pruebas estaba compuesto por subordinados directos de su propio departamento de Informática. Tras las protestas de la oposición y las dudas sobre la imparcialidad del proceso, se procedió a una modificación del órgano evaluador.

Finalmente, el tribunal fue sustituido por una funcionaria informática de la Diputación de Castelló y tres funcionarios municipales ajenos al área de Modernización. No obstante, las críticas persisten, ya que estos últimos no dejan de ser subordinados indirectos de Cabañero en su calidad de miembro del Gobierno local.

Críticas de la oposición: “Legal, pero no ético”

Desde Compromís, el concejal Ignasi Garcia ha denunciado la oportunidad del anuncio, señalando que el nombramiento debería haberse hecho público en enero, pero se ha demorado hasta mediados de marzo, coincidiendo con las fiestas de la Magdalena.

“Es un nombramiento legal, pero carece totalmente de ética”, afirma Garcia. “El concejal debería haber dimitido en el momento en que decidió presentarse a una plaza de su propio departamento, pero si no lo hizo entonces, al menos debe hacerlo ahora que el proceso ha concluido”.

Para la formación valencianista, el hecho de que el Gobierno municipal cambiara el tribunal original es la prueba de que “sabían que era un proceso estéticamente inaceptable”. Por el momento, Cabañero mantiene su acta de concejal mientras consolida su futuro como funcionario en la misma administración que hoy lidera políticamente.

La Diputación de Sevilla ha solicitado la convocatoria urgente y extraordinaria del consejo de administración del Estadio de la Cartuja tras conocerse este martes que la jueza del caso Supercopa ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio de la Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo.

Además, ha solicitado que la cita sea presidida por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo (PP). Todo ello, en un momento en el que el Gobierno andaluz se desmarca de su ex alto cargo e insiste en que el encargado directo de pilotar el estadio es el gerente, que no lo nombra la Junta sino el propio consejo de administración. La Guardia Civil concluye que ambos “contribuyeron” al amaño del contrato, a cambio de contraprestaciones económicas, y la jueza les ha imputado.

La sociedad que gestiona el estadio adjudicó una obra para reformar el estadio por valor de 1,1 millones de euros cuando llevaba 45 días en marcha y ya estaba a punto de finalizar. La entidad adjudicataria, Gruconsa, desarrolló así casi todos los trabajos sin ser formalmente la adjudicataria, antes de que la obra fuera licitada, “e incluso con antelación a la designación definitiva por la UEFA de Sevilla como sede de la EURO20”, que se celebró en 2021 al aplazarse la competición por la pandemia de coronavirus.

En cuanto a la reunión solicitada por la institución provincial (que preside Javier Fernández, también secretario general del PSOE en Sevilla), se apunta que el objetivo es “analizar la situación, conocer en detalle las informaciones publicadas y adoptar, en su caso, las decisiones que correspondan para garantizar el correcto funcionamiento y la credibilidad de la institución”.

“Máxima transparencia”

Al hilo, ha pedido a la Junta de Andalucía que la reunión sea presidida por la consejera de Cultura, dada “la relevancia institucional del asunto y la necesidad de ofrecer las máximas garantías de transparencia, rigor y responsabilidad pública”. Así, “ante la gravedad de las informaciones conocidas en las últimas horas”, la institución ha apostillado que considera “imprescindible actuar con la máxima transparencia y responsabilidad institucional”.

El recinto está gestionado por Estadio Cartuja de Sevilla SA (ECSSA), una entidad mercantil, en la cual la Junta es accionista mayoritaria, con el 40% de las acciones. Los otros son el Gobierno de España (25%), el Ayuntamiento de Sevilla (19%), la Diputación de Sevilla (13%), el Real Betis (1,5%) y el Sevilla FC (1,5%).

Por su parte, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP), ha insistido este miércoles (como también ha hecho el PP) que el gerente del estadio de la Cartuja “no es un cargo público de la Junta de Andalucía. No es un cargo ni público ni político”, ha sentenciado. Así se ha pronunciado al ser preguntada sobre si la Junta, como accionista mayoritario del consorcio del Estadio, se plantea el cese del gerente. Sobre si el Gobierno andaluz se personará en la causa, “no nos lo hemos planteado de momento, pero no quiere decir que no la vayamos a hacer”. “Se están valorando todas esas cuestiones. No hay nada decidido”, ha apostillado.

La consejera portavoz ha asegurado que, desde la Junta de Andalucía, se ofrece “máxima colaboración” a la Justicia. “Otros a lo mejor ponen impedimentos; nosotros, cero”, ha concluido España, que ha reconocido que “espero que, a lo mejor, en el futuro pueda haber un consejo de administración con todas las entidades donde se analicen estas cuestiones”.

“Participación directa”

Según el auto judicial, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha autorizado la incautación de “cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos” de ambos investigados para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo pedía en un último informe aportado a la causa.

La instructora Delia Rodrigo señala la “participación directa” de Arrabal y Oviedo, como presidente y gerente de ECSSA respectivamente, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas.

A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles por parte de Arrabal y Oviedo “tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio” para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.

La jueza indica que Arrabal, junto con su mujer, adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros y que Oviedo, en noviembre del mismo año, compró uno en Sevilla por 181.000 euros. Y destaca que tanto Arrabal como Oviedo “ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, la mayoría de ellas vinculadas al sector de la construcción”.

La jueza recuerda que en esta causa investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol. Esos beneficios, añade, podrían haber favorecido al expresidente de la RFEF Luis Rubiales y a directivos y empleados, así como a determinados colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en el país árabe para la explotación hotelera.

Las obras bajo sospecha

Según el auto, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió en abril de 2021 que el estadio de la Cartuja fuera la nueva sede española para la Eurocopa, en sustitución de Bilbao. Tras el anuncio oficial, ECSSA solicitó a la Junta de Andalucía una subvención excepcional “por razón de interés público y social” que la Consejería de Educación y Deportes autorizó por un importe de 4,9 millones de euros, para lo que procedió a una modificación presupuestaria que consistió en desviar fondos que en principio eran para guarderías.

Días después, el 7 de mayo, Arrabal firmó como presidente del Consejo de Administración de ECSSA un documento en el que justificaba la puesta en marcha de expedientes de contratación de obras y servicios vinculados tanto un convenio de asistencia técnica y asesoramiento firmado con la RFEF como a la subvención de la Junta.

Tras la “insuficiencia” de medios declarada por ECSSA para acometer los trabajos, “se reconoció la necesidad de recurrir por concurso” a empresas del sector que pudieran garantizar la “correcta ejecución” de las actuaciones. Finalmente, dos expedientes fueron adjudicados a Gruconsa, indica la magistrada, que precisa que la empresa reflejó en los expedientes su intención de garantizar, en lo posible, los principios de publicidad, concurrencia e igualdad.

Así, Arrabal firmó el 28 de mayo el acuerdo de inicio de los expedientes relacionados con la tematización de la sala de prensa y la adecuación de la zona deportiva por 88.061,99 euros y 816.798,24 euros, respectivamente. Y el mismo día, Oviedo, como gerente de ECSSA y responsable de las contrataciones, firmó la memoria justificativa para la licitación de los dos expedientes, de acuerdo con el auto.

La jueza apunta que las obras relativas a los sistemas de control de accesos e iluminación habrían generado una facturación a la empresa de 2.342.143,87 euros más 122.434,96 euros, “todo ello como consecuencia de sus relaciones con la RFEF”, señala la magistrada. Respecto a la asunción del gasto de los trabajos, la jueza observa que, aunque la RFEF asumió el pago de las facturas, “en repetidas ocasiones” se imputa dicha responsabilidad a ECSSA.

“Quiero decirlo con total claridad: no fue una sentencia justa”. Con esta frase, Iñaki Urdangarin articula la defensa central de Todo lo vivido, el libro en el que reconstruye –y reivindica– su trayectoria empresarial al frente del Instituto Nóos y cuestiona abiertamente las pesquisas que lo llevaron a prisión bajo una pena de cinco años y 10 meses -notablemente inferior a los 19 que reclamó Anticorrupción-. En sus memorias, recién publicadas por Alfaguara, el exduque de Palma arremete con dureza contra aquellos que lo investigaron: “El juez [José Castro], el fiscal [Pedro Horrach] y algunos medios formaron una liga antimonárquica cuyo principal objetivo era yo”. Pese a admitir que “puede que hubiera fallos”, sostiene que ninguno de ellos justificaba la condena que le fue impuesta, marcada, en su opinión, por un contexto judicial y mediático “profundamente ideologizado”: “El objetivo era la caza mayor de una institución a la que yo representaba”.

Diez años después de que el caso Nóos lo sentara en el banquillo de los acusados, y pese al cúmulo de pruebas que los tribunales dieron por concluyentes, el exyerno del rey Juan Carlos se muestra convencido de que “no merecía entrar en la cárcel” y de que la Justicia que él conoció “estaba contaminada”. “Se dice que la Justicia es ciega. Que es igual para todos. No lo fue para mí. Y lo digo sin miedo, con total convicción, porque lo viví en primera persona”, incide en uno de los pasajes. La Audiencia Provincial de Balears primero, y el Tribunal Supremo después, no dijeron lo mismo: las sentencias dictaminaron que incurrió en delitos de prevaricación continuada y malversación, tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos contra la Hacienda Pública por su implicación directa en el desvío de dinero público y por cómo utilizó su posición y sus vínculos para facilitar ese trasvase de fondos.

Se dice que la Justicia es ciega. Que es igual para todos. No lo fue para mí. Y lo digo sin miedo, con total convicción, porque lo viví en primera persona

En este contexto, tampoco escatima reproches hacia la Casa Real, al considerar que la institución actuó “con miedo y precipitación” cuando le pidió que se apartara del Instituto Nóos para contener el desgaste reputacional. “No querían estar en medio de ningún fuego cruzado, ni político ni mediático. Estaban bajo presión. Y mi versión no importaba. La consigna fue clara: hay que cortar por lo sano”, escribe, antes de recordar el momento en que le transmitieron la orden: “Me dijeron: ‘Ponte a un lado’. Y eso me mató. Me mataron”, afirma. Urdangarin lamenta especialmente, más allá de la estrategia institucional, la falta de respaldo humano. “No supieron actuar como familia”, asegura al describir una decisión que, a su juicio, lo convirtió en el eslabón más débil de una crisis que la Corona quiso atajar sacrificándolo públicamente.

No querían [en Casa Real] estar en medio de ningún fuego cruzado, ni político ni mediático. Estaban bajo presión. Y mi versión no importaba. La consigna fue clara: hay que cortar por lo sano. Me dijeron: ‘Ponte a un lado’. Y eso me mató. Me mataron

Seducido por la “dinámica del éxito”

Pero antes de entrar de lleno en el relato del caso que lo condujo al banquillo, Urdangarin rememora sus comienzos en el ámbito empresarial tras retirarse del balonmano, allá por el año 2000. Un terreno en el que, reconoce, no se sentía tan seguro como en la pista, pero por cuyos engranajes se dejó de inmediato seducir, envuelto por “la dinámica del éxito”: “De alguna manera, fui cediendo, dejándome llevar, aceptando dinámicas que, si hubiera sido más consciente, nunca debería haber aceptado”. Tras desplazarse a Londres en su “afán por entender bien los entresijos empresariales” de la consultoría, el exbalonmanista regresó con la idea de profundizar en el mundo del patrocinio deportivo. Fue en la escuela de negocios Esade, en Barcelona, donde conoció a Diego Torres, considerado a la postre pieza central del entramado Nóos.

Con él se embarcaría en una singladura que acabaría situándolos en el epicentro de uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de España y el que por primera vez sentaría en el banquillo a un miembro de la Familia Real, la infanta Cristina, quien acabaría penalmente absuelta, pero condenada -pese a que la sentencia rehúye utilizar de manera explícita esta expresión- como partícipe a título lucrativo de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración cometidos por su exmarido.

La idea de Urdangarin y Torres pasaba por crear una consultoría que ofreciera asesoramiento a las empresas y “tratara directamente con los altos ejecutivos (el lugar desde el que se toman las grandes decisiones estratégicas)”, señala el exduque en sus memorias. Una consultoría, incide, que “cambiase la mirada tradicional del mundo del patrocinio”. Así que, consciente de sus limitaciones en el ecosistema empresarial, abordó al que se convertiría en su socio y le dijo: “Diego, yo he llegado a este mundo con 32 años. Tú llevas muchos más aquí, conoces las dinámicas, los entresijos. Yo necesito entender lo que hay debajo. Necesito tocar la base, saber cómo funcionan los procesos. No quiero ser solo fachada. Quiero ser útil de verdad”. “Yo sí sabía lo que hacía falta para construir un Dream Team desde cero. Pero en la empresa… no tenía esa seguridad”, confiesa.

“Tu valor está en abrir puertas que otros ni imaginarían”

La respuesta de Torres, según el libro, encendió la espita que activó la transición de Urdangarin desde el deporte de élite a la esfera de los negocios: “Tú eres un experto en deporte, conoces ese terreno. Y ese know how nos puede ser útil en muchas ocasiones. Y, además, tienes algo que no se aprende: acceso. Tu valor está ahí. En abrir puertas que otros no podrían ni imaginar. En conectar con las personas adecuadas. Eso es útil. En eso eres bueno. Cada uno tiene que dedicarse a lo que de verdad le corresponde”.

Con estos mimbres, en 2003 fundaron Nóos Consultoría Estratégica. El viento soplaba a favor: cerraron contratos, consolidaron una cartera de clientes que renovaba año tras año y el negocio creció con rapidez. “Me dejé llevar un poco por la dinámica del éxito, confiando en que estábamos haciendo las cosas bien. Me daba seguridad comprobar que las empresas quedaban satisfechas con el servicio, ¡todas renovaban! Si solo hubiesen entrado como clientes por ser yo quien era, no habría sido posible fidelizarlos. Pero continuaban con nosotros y eso debía ser porque las cosas se hacían correctamente. A eso me agarraba en mis momentos de duda”, confiesa Urdangarin. Una “grieta”, como alude a aquella euforia profesional teñida de incertidumbre, “por la que se colaría una tormenta” que -asegura- no supo “ver venir”.

Me dejé llevar un poco por la dinámica del éxito, confiando que estábamos haciendo las cosas bien. Me daba seguridad comprobar que las empresas quedaban satisfechas con el servicio, ¡todas renovaban! Si solo hubiesen entrado como clientes por ser yo quien era, no habría sido posible fidelizarlos. Pero continuaban con nosotros y eso debía ser porque las cosas se hacían correctamente. A eso me agarraba en mis momentos de duda

Pese al terremoto judicial que vendría después, el exduque defiende con ahínco el trabajo que llevaron a cabo en la consultoría frente a las acusaciones -y los hechos probados en sentencia- que apuntaban a que los proyectos que desarrollarían con el tiempo no habían sido justificados y ni tan siquiera ejecutados: “Era serio, profesional, riguroso. No era humo, como algunos llegaron a decir. Me rodeé de gente muy preparada, con un nivel académico altísimo, con experiencia, con talento. El equipo que armamos era sólido. Y nuestro enfoque aportaba un valor real a las empresas con las que trabajábamos”.

Para Urdangarin, el “verdadero problema” es que aquella bonanza económica comenzó a generar en él “unas necesidades y aspiraciones” que hoy, “con la distancia”, asegura que le cuesta reconocer como suyas: “Pero lo fueron. Y tengo que reconocerlo con honestidad, nadie me las impuso, porque si de algo sirve todo este viaje es para aceptar los errores y aprender de ellos”. Fue en esa época cuando la infanta Cristina y él, ya con tres hijos, decidieron cambiarse de casa.

Para Urdangarin, el 'verdadero problema' es que aquella bonanza económica comenzó a generar en él 'unas necesidades y aspiraciones' que hoy, 'con la distancia', asegura que le cuesta reconocer como suyas: 'Tengo que reconocerlo con honestidad, nadie me las impuso, porque si de algo sirve todo este viaje es para aceptar los errores y aprender de ellos'

La mansión de Pedralbes: “El Iñaki de hoy jamás la compraría”

El piso en el que vivían se les había quedado pequeño. “Incluso el rey, en broma, nos decía: 'Ahí no cabéis, chico'. Así que compramos una casa nueva. Una casa grande. Una casa que la prensa bautizó como 'el palacete de Pedralbes', con toda la connotación negativa que esa palabra podía tener para nuestra imagen, aunque no era un palacete, por supuesto, sino una casa adosada. Eso sí, grande. Demasiado grande”, recuerda, asegurando a continuación: “El Iñaki de hoy jamás la compraría. Pero, en según qué circunstancias, es fácil perder la perspectiva”.

Entre las páginas de sus memorias, sin embargo, no menciona en ningún momento la donación de 1,2 millones de euros que el rey emérito le hizo a su hija para adquirir la mansión, unos hechos por los que, a juicio del juez Castro, Juan Carlos I tendría que haber declarado “más como imputado que como testigo”. Tampoco cita los 698.824 euros que -tal como recogió en un informe la Agencia Tributaria- gastó el matrimonio en rehabilitar la vivienda, adquirir mobiliario de lujo y pagar restaurantes y viajes al extranjero a través de Aizoon, la sociedad participada al 50% por ambos cónyuges. Si bien los investigadores apuntaron inicialmente a que Aizoon les valió de 'tapadera' para blanquear los fondos recibidos por el entramado Nóos, los tribunales descartaron finalmente ese extremo, aunque sí consideraron acreditado que la entidad había sido utilizada para deducirse gastos estrictamente personales.

“Teníamos buenos ingresos. Las tasaciones eran disparatadas. Los tipos de interés, bajos. Todo el mundo nos animaba a hacerlo [...]. Más tarde entendí que era un nivel de ambición que había normalizado sin darme cuenta”, prosigue Urdangarin, quien confiesa que en aquel entonces “estaba atrapado, más bien deslumbrado, por un estilo de vida que nunca” había sido el suyo.

Incluso el rey, en broma, nos decía: 'Ahí no cabéis, chico'. Así que compramos una casa nueva. Una casa grande. Una casa que la prensa bautizó como 'el Palacete de Pedralbes', con toda la connotación negativa que esa palabra podía tener para nuestra imagen, aunque no era un palacete, por supuesto, sino una casa adosada. Eso sí, grande. Demasiado grande. El Iñaki de hoy jamás la compraría

Llegan los contratos con la administración

En medio de aquella vorágine, recuerda, “jamás” se le ocurrió que su siguiente paso “fuera entrar en política”: “No me atraía, no lo necesitaba, no lo buscaba. Ni siquiera lo contemplé como una opción, hasta que alguien me lo pidió como un favor personal. Y ahí comenzó otra historia”.

No me atraía [entrar en política], no lo necesitaba, no lo buscaba. Ni siquiera lo contemplé como una opción, hasta que alguien me lo pidió como un favor personal. Y ahí comenzó otra historia

En 2004, apenas un año después de echar a andar Nóos Consultoría Estratégica, València acababa de lograr ser sede de la Copa América de Vela de 2007 -cuya preparación y celebración dejarían un agujero de 454 millones de euros que acabarían asumiendo el Tesoro Público y el ICO-. La propuesta, recuerda Urdangarin, había sido impulsada por Rita Barberá y Francisco Camps, “convencidos de que ese gran evento internacional se traduciría en una proyección inédita para València y su comunidad”. “Pero lo cierto es que, más allá del titular y del entusiasmo político, no tenían un plan claro de cómo optimizar realmente aquella oportunidad”, señala, incidiendo en que la ciudad se convertiría en un “escaparate desaprovechado si no sabían cómo encontrar un retorno positivo para la Comunidad Valenciana”. Asegura que tuvo las primeras noticias de aquello durante una cena familiar en la Zarzuela, donde el rey emérito –siempre según la versión de Urdangarin– se dirigió directamente a él para preguntarle: “Iñaki, ¿tú crees que podrías ayudarlos con esto? Quizá podrías aconsejarlos sobre qué hacer”.

“Lo pensé un momento y le dije que sí, que quizá podríamos ayudar… Al fin y al cabo, era lo que estábamos haciendo con las empresas: estudiar sus necesidades, diseñar planes de patrocinio ajustados a su imagen, generar valor”, recuerda el autor de Todo lo vivido. Consciente, además, de que la vela “era una pasión personal para el rey”, lo comentó con Torres. Fue en ese momento cuando surgió el germen del Instituto Nóos como “un instituto de investigación aplicada, un contenedor de ideas”. Para la Justicia, la entidad que canalizaría las ingentes cantidades de dinero público que recibirían de las administraciones públicas para desviarlos a empresas pantalla como Aizoon y otras mercantiles creadas o utilizadas por ambos exsocios para fragmentar contratos y dificultar la trazabilidad de los fondos. 

Lo pensé un momento [la propuesta del rey emérito de "ayudar" al PP con la Copa América de Vela de 2007] y le dije que sí, que quizá podríamos ayudar… Al fin y al cabo, era lo que estábamos haciendo con las empresas: estudiar sus necesidades, diseñar planes de patrocinio ajustados a su imagen, generar valor

Y así –“sin buscarlo, casi sin quererlo”– fue como, recuerda el rostro más visible del entramado, dio “el primer paso hacia un terreno que ya no era privado, ni solo empresarial o deportivo, sino profundamente institucional y político; y ese camino no tendría vuelta atrás”. Urdangarin recalca todo el trabajo que hubo detrás: “Hasta entonces, habíamos trabajado con empresas privadas, donde el trato era claro, directo: presentabas una propuesta, la negociabas y te la aprobaban o no. Punto. Pero entrar en el ámbito institucional, en las administraciones públicas, era otro mundo. El equipo entero comenzó a trabajar bajo una presión desconocida. La gestión se convirtió en un laberinto. Ahora había que saber en qué fundación o asociación se tramitaba esto o aquello, qué órgano lo aprobaba, qué plazos, qué requisitos, qué mesa lo evaluaba”, recuerda, rebatiendo la “narrativa demagógica” que, en su opinión, arraigaría en los medios años después y que era “muy fácil de viralizar”: “Un millón de euros por tres días”, “Consultorías vacías de contenido”, etc.

Los 3,5 millones de euros del València Summit

Sobre los Valencia Summit, los congresos que entre 2004 y 2006 organizó el Instituto Nóos para maximizar el impacto de la Copa América de Vela y que acarrearon el pago de unos 3,5 millones de euros públicos, asevera que cada uno de ellos “representaba un año entero de trabajo intenso”: “Se sembraron ideas, se generó conocimiento y se plantearon estrategias a largo plazo para que Valencia pudiera mantener y multiplicar el impacto de la Copa de América más allá del evento en sí”. En su sentencia, sin embargo, el tribunal censuró el modo en que se había llevado a cabo la adjudicación de los proyectos -sin concurso y mediante un diseño administrativo que favoreció directamente a la entidad encabezada por Urdangarin y Torres-. No obstante, pese a reconocer que a día de hoy aquellas contrataciones estarían al margen de la ley, la Sala aseveraba que en el momento en que fueron suscritos “la administración se conducía de otro modo”. Con ello, las pesquisas en torno a los València Summit -que arrojaron, entre otras facturas, la que el exduque endosó a la Generalitat para alojar a la princesa Sayn-Wittgenstein, amiga de Juan Carlos I- quedaban finalmente en agua de borrajas y los acusados de la trama valenciana, absueltos de todo cargo.

Se sembraron ideas, se generó conocimiento y se plantearon estrategias a largo plazo para que Valencia pudiera mantener y multiplicar el impacto de la Copa de América más allá del evento en sí

“Organizar un evento de este calibre no es cuestión de alquilar una sala y repartir acreditaciones”, se muestra convencido pese a todo Urdangarin, quien defiende que “un trabajo así no podía pasar desapercibido”, lo que motivó que otras comunidades autónomas –“incluso ciudades internacionales”, asegura– expresaran su “interés en replicar la experiencia”. Una de ellas fue Balears, donde los investigadores elevaron a más de 20 millones de euros los fondos que el Govern, presidido entonces por Jaume Matas (PP), comprometió a favor del entramado Nóos. Entre otros convenios, el Ejecutivo rubricó los vinculados con la realización de dos congresos similares a los de València, los Illes Balears Forum, por cuya organización Urdangarin y Torres percibieron unos 2,3 millones de euros. Según relata el exmarido de la infanta Cristina, el objetivo de los eventos era desestacionalizar el turismo a través del deporte.

Urdangarin asegura que fueron tanto Matas -recién salido de uno de los Ministerios de José María Aznar- como su entonces amigo José Luis 'Pepote' Ballester, director de Deportes del Ejecutivo balear y medallista olímpico de vela, quienes le trasladaron su intención de celebrar en las islas un evento similar a los Valencia Summit, en una de cuyas ponencias había participado el exregatista. “'Pepote' se me acercó entusiasmado tras su intervención como ponente en una de las cumbres: 'Ostras, Iñaki, esto me ha gustado mucho. Yo quiero algo parecido en Balears'”, relata el exduque. Unas manifestaciones que contradicen lo dictaminado por los tribunales, que indican que fue Urdangarin quien aprovechó su amistad con Ballester para “mover la voluntad” tanto de éste como de Matas para obtener los contratos investigados, “orillando toda concurrencia y los condicionantes” que pudieran derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad.

José Luis 'Pepote' Ballester se me acercó entusiasmado tras su intervención como ponente en una de las cumbres: 'Ostras, Iñaki, esto me ha gustado mucho. Yo quiero algo parecido en Balears'

Descarga en el Govern la iniciativa de contratar a Nóos

Haciendo recaer en todo momento en los dirigentes autonómicos el interés por celebrar los foros, el exbalonmanista asegura que, a través de la recomendación efectuada por 'Pepote', “desde el entorno de Jaume Matas, que acababa de asumir la presidencia del Govern de les Illes Balears, se nos pidió estudiar la posibilidad de hacer algo similar en Palma”. Señala, en este contexto, que lo primero que les explicaron fue que el València Summit “estaba diseñado como un ciclo cerrado de tres años, vinculado estratégicamente a la llegada de la America’s Cup, y que su sede exclusiva era València”. “No podíamos repetir ese mismo formato en otro territorio. Pero sí podíamos hacer algo igualmente potente y específico, pensado desde cero para responder a las necesidades concretas de las Balears”, abunda.

En esta línea, recuerda que desde la entidad estudiaron “este desafío” y, “fruto de una reflexión profunda por parte de los miembros del Instituto Nóos”, surgió el objetivo de su siguiente estudio: “¿Cómo desestacionalizar el turismo a través del deporte?”, una cuestión a la que alude en el libro como el “mayor reto estructural del archipiélago”. “Palma se postuló como sede del mismo y así fue como nació el Illes Balears Forum”. Según el exyerno del rey, el diseño estaba inspirado “en la cumbre de Davos, organizada por el World Economic Forum con sede en Ginebra, el prestigioso congreso que estudia la economía y el entorno geopolítico mundial”.

El resultado, subraya, fue “otro evento de altísima calidad, con invitados de talla internacional, al igual que en València”, eludiendo, sin embargo, mencionar las conclusiones que la Justicia alcanzó acerca de las irregularidades que rodearon los convenios para la celebración de los congresos y a la influencia que ejerció el exduque para su consecución. La sentencia alude, en este sentido, a “la voluntariosa y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas [de Urdangarin y Torres] por parte del presidente Matas y su desarrollo, aceptando precios, imponiendo decisiones y sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas”, un comportamiento que, según el tribunal que los juzgó, “pone bien a las claras de manifiesto que se produjo ese sutil, pero patente y efectivo, sometimiento ante la posición del proponente [en alusión a Urdangarin], actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.

La “necesidad” de una “victoria judicial ejemplar”

Urdangarin cuestiona abiertamente la labor del exjuez Castro y del exfiscal Horrach en su pretensión de desentrañar los pormenores de los contratos rubricados con las administraciones públicas. Un procedimiento judicial, el del caso Nóos, que el exduque insiste en desvincular de la macrocausa matriz de la que derivó, el caso Palma Arena, en el que el veterano magistrado concentró sus investigaciones en torno a los megalómanos proyectos, la financiación ilegal del PP, las adjudicaciones irregulares y los contratos a dedo que auspició Matas durante su segunda legislatura (2003-2007). Fruto de sus desmanes, el exdirigente del PP acabaría acumulando una larga cadena de condenas firmes que, en total, terminarían sumando más de ocho años de cárcel y medio siglo de inhabilitación. 

“El juez, el fiscal y algunos medios formaron una liga antimonárquica cuyo principal objetivo era yo, y su visión crítica hacia la institución de la Corona marcó todo el proceso desde el primer momento. No me asusta decirlo. Es mi opinión y lo creo firmemente, me baso en los hechos y en la forma en que todo se desarrolló”, afirma tajante Urdangarin, quien señala que cuando aquéllos “se cruzaron casi por casualidad con el Instituto Nóos durante la investigación a Jaume Matas”, vieron en la vinculación a su figura “una oportunidad”. “Un caso con posibilidades de escalar a los titulares, a los debates públicos. A los libros de historia judicial de este país”, prosigue, para añadir acto seguido: “Como comprendería mucho más tarde, era imposible que yo no terminara en prisión. El foco mediático era tan feroz, la presión política tan evidente, la necesidad de una 'victoria judicial ejemplar' tan urgente, que estaba claro que no iban a soltar ese hueso. Porque la justicia, cuando se convierte en un engranaje de intereses políticos y mediáticos, deja de ser justicia”.

Aferrándose a esta idea, remarca que “nadie parecía interesado en entender qué había detrás: años de trabajo, informes rigurosos, impacto real en las ciudades, posicionamiento internacional”. “Pero un titular es un titular, y cuando mi nombre aparecía junto al de políticos como Jaume Matas o Francisco Camps -que por aquel entonces también estaban siendo señalados por la justicia por causas completamente ajenas a la nuestra-, el ruido mediático aumentaba de forma exponencial”, enfatiza, perseverando en la tesis de que el caso Nóos fue amplificado por un contexto político y mediático que, a su juicio, contaminó la percepción pública y condicionó el desarrollo del proceso judicial.

Cuando [los investigadores] se cruzaron casi por casualidad con el Instituto Nóos durante la investigación a Jaume Matas, vieron en la vinculación a mi figura una oportunidad. La justicia, cuando se convierte en un engranaje de intereses políticos y mediáticos, deja de serlo

Fue en medio de aquel meollo cuando, recuerda, llegó la llamada de la Zarzuela. José Manuel Romero, abogado del rey, le comentó “con firmeza” que “había inquietud”: “Yo intenté explicarles que todo era legal, que los contratos eran correctos, que los proyectos valían exactamente lo que se gastó. Insistí en que podía demostrar las cosas, aclarar las dudas ante quien hiciera falta. Pero no hubo voluntad de escuchar para entender. Para la Casa Real, el desgaste reputacional era (y es) su mayor preocupación”. “Me pidieron que diera un paso al lado. Que dejara el Instituto Nóos. Quitarme del medio fue, para ellos, la solución más eficaz: si me apartaban, si me desvinculaban de los focos, si dejaba de aparecer en titulares, todo se calmaría. Todo estaría bajo control. Decidieron aplicar un cordón sanitario. Pero no funcionó. Porque, en el fondo, yo no era el objetivo. Yo era el eslabón más débil. La pieza más fácil de atacar. Porque lo que algunos buscaban era mucho más. No querían caza menor. Querían caza mayor, como decía Mario, mi abogado”, relata.

Yo intenté explicarles que todo era legal, que los contratos eran correctos, que los proyectos valían exactamente lo que se gastó. Insistí en que podía demostrar las cosas, aclarar las dudas ante quien hiciera falta. Pero no hubo voluntad de escuchar para entender. Para la Casa Real, el desgaste reputacional era (y es) su mayor preocupación

El exduque recrimina que, incluso años más tarde, cuando ya se encontraba fuera del Instituto Nóos y completamente apartado de la Casa Real, además de haber sido juzgado y condenado, las críticas no se detuvieron. “Al contrario, subieron de nivel”, señala, aclarando: “No creo que ser rey o príncipe sea algo fácil. Ni mucho menos. En aquellos momentos, fueron muchas las personas que presionaron a la Corona desde distintos frentes y por diversos motivos, la mayoría interesados. Y, en medio de ese fuego cruzado de tantas opiniones y criterios, tomar una decisión correcta y justa, en una situación en la que está implicada una persona cercana, y que contente a todos, entiendo que es prácticamente imposible”.

Recuerda, con todo, que tras dejar “obligado” el Instito Nóos en marzo de 2006, la Familia Real tampoco le escuchó: “Yo estaba orgullosísimo de lo que habíamos construido. El Instituto Nóos era algo más que un proyecto profesional, había puesto el corazón en aquello [...]. Pero era como clamar en el desierto. No se trataba solo de un caso judicial, se trataba de política, de alta política, me dijeron. Y me lo arrebataron todo. De un plumazo.  En paralelo, la relación con Torres acabó rota. Su salida de Nóos había sido ”precipitada, inesperada, impuesta desde fuera“. ”Tomamos distancia y dejamos de hablarnos“, recuerda. Fue así como, escribe, les ”sorprendió“ a ambos el estallido del caso Nóos.

“No hubo voluntad de delinquir. Nunca la hubo”

Su paso por prisión -de la que salió “con un estigma con el que no es fácil convivir ni avanzar”- ocupa uno de los tramos más introspectivos de Todo lo vivido. En él dibuja el impacto inicial del encierro como una experiencia de desarraigo absoluto: “Miraba cada rincón, cada pared, cada sombra del módulo vacío, y solo podía pensar: aquí. Aquí es donde voy a estar. Solo”. En este sentido, reconoce que, durante los primeros días, no era capaz de sostener la entereza que se esperaba de él, y así se lo transmitió, en su primer día de privación de libertad, al jefe de escolta que había recomendado su ingreso allí, en la cárcel de Brieva (Ávila): “Yo aquí no voy a aguantar. No voy a poder. Estoy solo, completamente solo”. Se sentía, afirma, “suspendido en un limbo, fuera del mundo, fuera de la vida”, atrapado en “un desierto de cemento. Una tumba grande y solitaria”.

Su paso por prisión -de la que salió 'con un estigma con el que no es fácil convivir ni avanzar'- ocupa uno de los tramos más introspectivos de Lo vivido. En él dibuja el impacto inicial del encierro como una experiencia de desarraigo absoluto: 'Miraba cada rincón, cada pared, cada sombra del módulo vacío, y solo podía pensar: aquí. Aquí es donde voy a estar. Solo'

Aquellos años, continúa, supusieron una etapa de ruptura interior: “Cuando estás allí dentro, tienes la sensación de que has desaparecido del mundo”. Habla de la “privación de libertad” y de la “soledad más absoluta”, de un silencio “que pesaba toneladas”, de sentirse “suspendido en un limbo, fuera del mundo, fuera de la vida”. Con el tiempo, sin embargo, fue encontrando asideros. La lectura se convirtió en refugio y reconstrucción interior: desde El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que le enseñó que “siempre queda la libertad de elegir la actitud”, hasta Biografía del silencio, de Pablo d’Ors, o El poder del ahora, de Eckhart Tolle. “Libros que no solo leí, sino que subrayé, resumí y releí una y otra vez”, recuerda.

Al término de sus memorias, y transcurridos casi cuatro años desde que, en abril de 2022, diese por cumplida la totalidad de la condena y quedase en libertad definitiva, Urdangarin apuntala su versión de los hechos: “No hubo voluntad de delinquir. Nunca la hubo”. De nuevo, regresa a la sentencia: fue, a su juicio, “un castigo injusto, desmedido. Un doble castigo”. Y reflexiona, condensando en apenas unas palabras la tesis de su inocencia: “Si yo me hubiese llamado Pérez o Gutiérrez o López, no habría pisado la cárcel. Pero me llamo Iñaki Urdangarin”.

Si yo me hubiese llamado Pérez o Gutiérrez o López, no habría pisado la cárcel. Pero me llamo Iñaki Urdangarin

El libro, con todo, no termina en la celda, sino en el parqué del Palau Blaugrana. El exbalonmanista evoca el debate que se produjo en su día sobre si debía retirarse su camiseta del FC Barcelona y cómo aquello le golpeó “fuerte”. Había formado parte del Dream Team de Valero Rivera, aquel que transformó el balonmano a nivel internacional y con el que había ganado “más de cincuenta títulos”. “Fuimos una generación irrepetible. Entre los años 1996 y 2000 monopolizamos todos los títulos con una autoridad que asombró al mundo del balonmano. Lo que logró aquel grupo no se había visto antes”, rememora páginas atrás. Bajo la dirección de Rivera, el artífice de aquel rompedor proyecto deportivo, aquel vestuario respiraba una misma filosofía: “Esfuerzo, disciplina, compañerismo. El éxito no nos elevaba, nos unía. Fluíamos”. No era solo una suma de talentos, sino un engranaje perfecto, una estructura en la que “cada pieza tenía su importancia” y cuyo ritmo de juego marcó “una revolución”.

El equipo, escribe, llegó a convertirse en “una máquina de destrucción masiva”. La defensa 5-1 ejecutada “a la perfección” y una velocidad de ataque que golpeaba sin descanso descolocaban a los rivales. “No dábamos tregua. Sabíamos lo que hacíamos. Sabíamos lo que éramos”. Tanto, que el vestuario había convertido en lema una consigna que resumía su convicción absoluta: “¡Al 40 x 20 no nos gana nadie!”. Ese espíritu competitivo y esa seguridad colectiva, sugiere, fueron también el molde con el que creyó que podría afrontar los desafíos que vendrían después. En reconocimiento de aquel legado, tanto Josep Maria Bartomeu como Joan Laporta defendieron finalmente que la elástica que había lucido Urdangarin -con el dorsal 7 que convirtió en su seña de identidad- debía permanecer donde estaba en reconocimiento a su legado. “Que esa camiseta permaneciera allí arriba al salir de la cárcel significó mucho para mí”, agradece Urdangarin. Era la prueba, concluye, de que “una persona no se reduce a un solo capítulo de su historia”.

La petición de dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), realizada por Vox en el pleno de este jueves a raíz del escándalo de las adjudicaciones de VPO a cargos de la órbita popular, ha abierto la puerta a la izquierda para poner a prueba la firmeza de la exigencia de la extrema derecha y la salud del pacto entre las formaciones que sostienen el gobierno municipal.

Tras exigir la renuncia del primer edil todas las fuerzas de la oposición —PSPV, Vox, Compromís y Esquerra Unida-Podem—, esta última formación ha puesto sobre la mesa una moción de censura contra Barcala. La iniciativa requiere el apoyo de todos los concejales de la oposición, ya que el PP, con 14 actas, se encuentra en minoría por un solo edil. Esto implica que la mayoría de izquierdas (8 del PSPV, 2 de Compromís y 1 de EU-Podem) necesitaría indispensablemente el respaldo de los 4 concejales de Vox. Hasta ahora, la formación de extrema derecha ha garantizado la viabilidad del ejecutivo como socio preferente, por lo que un acuerdo de este tipo requeriría un ingente esfuerzo de equilibrismo ideológico.

Manolo Copé, portavoz de Esquerra Unida Podem, ha insistido en que iniciar esta ronda de contactos es una cuestión de “responsabilidad democrática” para devolver la normalidad a una institución que considera “secuestrada por una crisis permanente”. En su diagnóstico, el sistema de adjudicación de vivienda pública ha sido utilizado para beneficiar a personas vinculadas al entorno del PP, lo que ha provocado una “pérdida total de credibilidad” de la Alcaldía. La formación subraya que Alicante no puede seguir bajo el mandato de un alcalde desbordado por sospechas de fraude y clientelismo en un derecho tan básico como el acceso a la vivienda.

Desde el grupo municipal recalcan que la iniciativa “no responde a intereses partidistas ni a cálculos electorales”, sino al deber de una oposición responsable. Así lo reiteró Copé: “No se trata de quién ocupa el sillón, sino de cómo devolvemos la normalidad y el gobierno a Alicante. Si todos compartimos el diagnóstico de que el rumbo actual es un callejón sin salida, el paso lógico es explorar, juntos, una alternativa”.

El detonante: el escándalo de las VPO

El origen de esta crisis institucional sin precedentes es el escándalo de las Viviendas de Protección Pública (VPP) en el complejo Les Naus de Playa de San Juan, una promoción en suelo municipal que terminó en manos de cargos del PP, familiares de altos funcionarios y asesores afines. Las irregularidades detectadas —que incluyen alquileres a precios de lujo o intentos de reventa por casi el doble de su valor legal— ya han forzado tres dimisiones de calado: la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la de la directora general municipal, María Pérez-Hickman; y la del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez. Todo ello ocurre en un contexto de máxima tensión, con el caso resonando a escala nacional mientras Aragón celebra elecciones este mismo domingo.

El precedente de 2018

La situación actual guarda una irónica rima histórica con el pasado del propio Luis Barcala. El primer edil accedió al cargo en 2018 mediante una maniobra política que aprovechó la fragmentación del pleno, recuperando la Alcaldía para el Partido Popular gracias al apoyo de una concejala tránsfuga tras la dimisión del anterior alcalde socialista.

Aquel precedente de cambio de mando a mitad de legislatura marca ahora el horizonte de una oposición que, ante un escándalo que ya investiga la Fiscalía, busca la fórmula para que las mayorías en el Salón de Plenos reflejen el rechazo frontal que el Gobierno local recibió en la sesión de este jueves.

Todo comenzó sobre una pista de pádel. La fecha: septiembre de 2003. El escenario: el palacio de Marivent, la residencia veraniega de los reyes que había de convertirse en espacio abierto a la ciudadanía y acabó consolidándose en espacio solo reservado al poder. Entre sus muros, Jaume Matas e Iñaki Urdangarin intercambiaron derechazos, pero también algo más: cada golpe iba afinando una relación de confianza de consecuencias aún inatisbables. El entonces duque de Palma había invitado a quien recién iniciaba su segundo mandato al frente del Govern balear para abordar de manera informal proyectos futuros, el preludio de un negocio que acabaría cristalizando en uno de los mayores escándalos de corrupción y resquebrajando a su paso la imagen pública aparentemente proyectada por la Casa Real hasta entonces.

Más de veinte años después de aquel encuentro -que tanto uno como otro narraron en dependencias judiciales- y transcurrida una década desde que arrancase el juicio del caso Nóos -el nombre bajo el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres agruparon su entramado societario-, las entrevistas que el exduque ha concedido en las últimas semanas con motivo de la próxima publicación de su libroTodo lo vivido han devuelto al primer plano los interrogantes que durante años sobrevolaron las pesquisas: cuánto dinero público salió de las arcas autonómicas, qué parte se consideró ilícita y si, finalmente, las administraciones han recuperado todas esas cantidades. Urdangarin defiende que ya ha pagado por lo que se le juzgó, pero lamenta que el estigma continúa proyectándose sobre su nombre.

La estructura de Nóos emergió de entre los ingentes papeles del caso Palma Arena, la macrocausa en la que el entonces juez José Castro concentró sus investigaciones en torno a las obras faraónicas -marca personal del presidente autonómico que venía de ser ministro de Medio Ambiente con José María Aznar-, las adjudicaciones irregulares y los contratos a dedo que auspició Matas durante su segunda legislatura (2003-2007). Fruto de sus desmanes, el exdirigente balear del PP acabaría acumulando una larga cadena de condenas firmes que, en total, terminarían sumando más de ocho años de cárcel y medio siglo de inhabilitación.  

La trama urdida en torno al Instituto Nóos, articulada como un mecanismo de captación de dinero público mediante contratos sin concurrencia y el aprovechamiento de influencias institucionales, pasó a engrosar la pieza separada número 25 del caso Palma Arena. Aquellas incipientes pesquisas sobre el destino del dinero que el Govern balear había abonado a la entidad aparentemente sin ánimo de lucro por la organización de un foro sobre turismo y deporte celebrado años antes en Palma acabaron destapando un rosario de irregularidades cocinados al margen de cualquier control. Fue una trama que no se limitó a Balears: la Comunitat Valenciana, gobernada entonces por Francisco Camps, se convirtió en el segundo gran escenario donde el Instituto Nóos encontró respaldo institucional para sus proyectos, que también acabaron bajo escrutinio judicial aunque con un desenlace económico y penal diferente al de las islas.

Las cantidades devueltas

Pese a que desde el inicio del caso Nóos las cifras millonarias vinculadas a la causa alcanzaron rápidamente una magnitud que marcaría el relato público del escándalo, no todo el dinero fue declarado ilícito ni todo el gasto público vinculado a los proyectos fue considerado fraudulento: el Tribunal Supremo cuantificó en 445.000 euros el dinero estrictamente malversado por Nóos al señalar que no se había producido la “correlativa contraprestación” por tales pagos. Los servicios a los que obedecían dichas facturaciones, acompañadas de documentos e informes sin utilidad acreditada, no llegaron a ejecutarse, y en esa operativa el alto tribunal atribuyó a Urdangarin una implicación directa, tanto en calidad de inductor como de cooperador necesario.

Con todo, el Supremo cifró en 619.000 euros el daño económico que, en conjunto, debían resarcir vía responsabilidad civil Urdangarin, Torres y, como beneficiaria económica, la infanta Cristina -la Audiencia Provincial de Balears, el órgano que a principios de 2016 juzgó el caso, lo había establecido en 852.287-, al incluir otras partidas que, aun sin encajar plenamente en el delito de malversación, también supusieron un perjuicio para la administración pública.

La Justicia declaró probado que parte de las cantidades defraudadas por Nóos acabaron en empresas pantalla como Aizoon, S.L. -la sociedad de la que Urdangarin era copropietario junto a su exmujer- y otras mercantiles creadas o utilizadas por el entonces yerno del rey Juan Carlos y Diego Torres -a quien los tribunales consideraron pieza central del entramado- para fragmentar contratos y dificultar la trazabilidad de los fondos. Unos hechos por los que no solo fueron condenados penal y económicamente ambos socios, sino también la hermana de Felipe VI como partícipe a título lucrativo de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración cometidos por su exmarido.

Durante la fase de ejecución de la sentencia, sin embargo, sucedió algo atípico: la Audiencia ordenó al Ejecutivo autonómico que devolviera los 201.174 euros que los dos excónyuges habían pagado de más después de que el Supremo acotara de 852.287 a 619.000 euros la valoración jurídica del daño efectivamente causado y probado. De esa cantidad, a la hermana de Felipe VI le correspondía cobrar 68.479 euros y al exduque, 132.695.

La Justicia ordenó al Govern que devolviera 201.174 euros a la infanta y Urdangarín después de que el Tribunal Supremo rebajara la valoración del daño causado y probado a las arcas públicas

Las cifras del caso Nóos, contrato a contrato

En Balears, la mayor cantidad que el Govern de Matas pagó a Nóos fue la correspondiente al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto: solo ese contrato supuso un desembolso global de 18 millones de euros entre 2004 y 2006. A ese importe se sumaron otros convenios, como los vinculados a los Illes Balears Forum -en torno a 2,3 millones de euros-, que situaron el volumen total de fondos públicos comprometidos por encima de los 20 millones.

El patrocinio ciclista fue un gasto políticamente muy controvertido y gestionado con controles laxos, pero la Justicia no lo consideró ilícito en su totalidad. Las magistradas que juzgaron la causa entendieron que existió una contraprestación real, si bien cuestionaron la forma en que se articularon determinados servicios asociados a este contrato, como los relativos a la denominada Oficina del Proyecto, por la que Nóos Consultoría Estratégica llegó a cobrar 293.660 euros de dinero público. A esta cantidad se sumaron los 177.093 euros pagados por el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) por un encargo de asesoramiento y apoyo técnico en materia de turismo que, de acuerdo a la sentencia, no respondía a una necesidad real del organismo público, se articuló al margen de los controles administrativos ordinarios y sirvió como vía para desviar fondos públicos hacia el entramado societario de Nóos. Por ese motivo, incluyó la cantidad abonada en el cálculo del daño económico indemnizable.

El Govern pagó más de 20 millones de euros al Instituto Nóos

Comunitat Valenciana: 3,5 millones sin restitución ni condena

En la Comunitat Valenciana, el gobierno de Camps y el Instituto Nóos firmaron varios convenios que acarrearon el pago de unos 3,5 millones de euros públicos para la organización, entre 2004 y 2006, de los llamados Valencia Summit, cuya adjudicación, señala la sentencia, fue llevada a cabo sin concurso y mediante un diseño administrativo que favoreció directamente a la entidad encabezada por Urdangarin y Torres. El tribunal concluye, sin embargo, que no quedó acreditada la inexistencia de una contraprestación real ni que se produjera un desvío cuantificable que justificara la restitución de fondos públicos como sí ocurrió en Balears.

Tampoco consideró indemnizables los 382.203 euros que la Generalitat abonó al entramado Nóos por trabajos vinculados a los denominados Juegos Europeos, cuyo impulso político -dirigido a reforzar la proyección internacional de la Comunitat Valenciana como sede de grandes eventos deportivos- fue auspiciado por el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del entonces conseller de Cultura y exvicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. Durante sus respectivas declaraciones como testigos, ambos defendieron las bondades de la contratación. Aunque la adjudicación se realizó sin concurrencia pública y el proyecto no acabó culminando tras la irrupción de otras candidaturas, la resolución acreditaba que los trabajos previos sí se llevaron a cabo.

En el archipiélago, los tribunales apreciaron una intervención directa de Urdangarin en el diseño de los proyectos, en la definición de sus contenidos y en la forma de adjudicación, hasta el punto de concluir que su influencia personal fue determinante para orillar los controles administrativos. Esa constatación permitió fijar una responsabilidad penal y económica concreta. En la Comunitat Valenciana, en cambio, la Justicia no dio por acreditado ese mismo grado de dominio del hecho ni un perjuicio económico cuantificable, lo que cerró la puerta tanto a condenas penales como a la restitución de fondos.

En la Comunitat Valenciana, la Justicia no dio por acreditado ese mismo grado de dominio del hecho ni un perjuicio económico cuantificable, lo que cerró la puerta tanto a condenas penales como a la restitución de fondos

Los cinco ex altos cargos valencianos que fueron juzgados por estos hechos fueron además absueltos al no quedar probado que conocieran el carácter fraudulento de la operativa. “Se hacían objetivamente de forma no ajustada a la legislación, una legislación confusa, ambigua y susceptible de exégesis dispares”, apuntaba la resolución, pero “quienes las hacían no tenían conciencia de ello”.

La influencia de Urdangarin

Sobre las relaciones de poder que aprovechó Urdangarin en las islas, la Justicia señaló su amistad con José Luis 'Pepote' Ballester, en aquel entonces director de Deportes del Govern balear, gracias a la cual “consiguió mover la voluntad” tanto de éste como de Matas para obtener uno de los contratos investigados, “orillando toda concurrencia y los condicionantes” que pudieran derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad.

“Más aún -añadía la sentencia-, el desarrollo posterior de la secuencia con la voluntariosa y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas [de Urdangarin y Torres] por parte del presidente Matas y su desarrollo, aceptando precios, imponiendo decisiones y sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas, pone bien a las claras de manifiesto que se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente [en alusión a Urdangarin], actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.

La diferencia entre las cifras millonarias que rodearon el caso Nóos y las cantidades finalmente consideradas no implica, sin embargo, una relativización de los hechos juzgados en torno a la red de sociedades instrumentales urdida por Urdangarin y Torres para obtener contratos públicos de forma irregular y derivar beneficios, una conducta que, de hecho, fundamentó las condenas penales que les fueron impuestas: cinco años y 10 meses de prisión para el primero y cinco años y ocho meses para el segundo. Matas, por su parte, sería condenado a tres años y ocho meses de cárcel por regar de fondos públicos al entramado.

Urdangarin fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión y su socio Torres a cinco años y ocho meses. Matas, por su parte, sería condenado a tres años y ocho meses de cárcel por regar de fondos públicos al entramado

La sentencia, que supuso un punto de inflexión institucional, marcó una frontera nítida entre mala praxis y delito penal, pero también evidenció hasta qué punto las relaciones personales, la confianza y la ausencia de controles efectivos pueden convertirse en un atajo hacia el dinero público. Lo dejó claro el tribunal al aseverar que Urdangarin logró cuantiosas cantidades de fondos de las arcas autonómicas valiéndose de la “situación de privilegio” que “disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado”. Marivent, aquel septiembre de 2003, no fue solo el escenario de un partido de pádel: fue la antesala de un modelo de gestión que acabaría sometido a lupa judicial.

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento de Alicante ha alcanzado este lunes una nueva dimensión judicial. El PSPV, a través de su grupo municipal, ha formalizado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que detalla la presunta comisión de hasta cinco delitos por una presunta trama de adjudicaciones que ya ha provocado ya dos dimisiones en el consistorio. La portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha registrado la denuncia destacando que el gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda para favorecer a personas vinculadas a su propia administración en una promoción construida sobre suelo municipal.

Este entramado de adjudicaciones bajo sospecha señala directamente a figuras clave de la gestión municipal, empezando por la propia exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), quien ostentaba la máxima responsabilidad sobre el suelo de la ciudad hasta que la presión por este caso forzó su salida del ejecutivo. Junto a ella, el escándalo salpica a familiares directos de la exdirectora general —una alta cargo nombrada por el propio alcalde que también ha abandonado su puesto— y a un arquitecto municipal vinculado técnicamente al consistorio, conformando un listado de beneficiarios que ha generado una profunda indignación social.

El escrito presentado ante el Ministerio Público solicita que se investigue si estos hechos son constitutivos de hasta cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa y fraude a la Administración. Según los denunciantes, se habría incurrido en un fraude de ley con relevancia penal al utilizar suelo público cedido por el Ayuntamiento para fines que, lejos de responder al interés general, parecen haber buscado el beneficio privado de cargos del Partido Popular.

Ana Barceló ha calificado la situación de “lamentable”, recordando que en Alicante existen actualmente más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública. La portavoz socialista ha insistido en que las dimisiones de la concejala y la directora general no cierran el caso, sino que confirman la gravedad de una gestión que careció de los controles necesarios. Por ello, el PSPV mantiene la exigencia de que el alcalde convoque un pleno extraordinario y ponga en marcha una comisión de investigación para que la ciudadanía sepa por qué el patrimonio municipal acabó favoreciendo a los propios gestores del Ayuntamiento.

La Audiencia Provincial de Castelló ha dictado un auto contundente que devuelve al primer plano judicial el escándalo de las 134 multas de la zona azul vinculadas al actual responsable de Movilidad, Cristian Ramírez, del PP. Tras el archivo inicial de la causa, el tribunal ha estimado el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista y ha ordenado la reapertura inmediata de la investigación. La justicia considera que el hecho de que más de un centenar de sanciones quedaran sin pagar y acabaran prescribiendo de forma sistemática no puede despacharse como un simple error, apuntando a posibles indicios de relevancia penal.

El núcleo de la investigación se centra en la gestión de las multas que el vehículo utilizado por Cristian Ramírez acumuló presuntamente entre enero de 2023 y enero de 2024. Según la denuncia original presentada por el edil del PSPV, Jorge Ribes, el concejal popular sumó un total de 167 infracciones por aparcar de forma irregular en la zona ORA. De estas, solo abonó 33 en tiempo y forma, dejando una bolsa de 134 sanciones en el aire. La sospecha de la Audiencia radica en la “mágica” caducidad de estos expedientes, ya que, mientras a cualquier ciudadano ordinario se le aplican recargos y embargos, en este caso las sanciones prescribieron sin ser notificadas ni ejecutadas.

El tribunal subraya la necesidad de indagar si esta situación fue fruto de un delito de tráfico de influencias, dada la condición de Cristian Ramírez como máximo responsable del área que supervisa, precisamente, el servicio de estacionamiento regulado. La justicia cuestiona si el cargo público pudo ser utilizado para frenar el proceso recaudatorio. En este sentido, la portavoz socialista, Patricia Puerta, ha recordado que el propio portavoz del PP, Vicent Sales, admitió que el edil acudió a pagar 29 multas acumuladas solo después de que el escándalo estallara en el pleno municipal de enero de 2024.

Este escenario judicial sitúa a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco (PP), en una posición política muy comprometida. Hasta la fecha, Carrasco ha mantenido su apoyo firme a Cristian Ramírez, llegando a afirmar que el concejal ya había pagado por su error al pedir perdón públicamente. Sin embargo, el auto de la Audiencia Provincial establece un punto de inflexión al elevar el caso a una investigación penal por hechos relacionados directamente con la gestión del gobierno municipal.

Desde el Grupo Municipal Socialista, tanto Patricia Puerta como Jorge Ribes han exigido la dimisión inmediata o el cese de Cristian Ramírez, advirtiendo a Begoña Carrasco de que, si no actúa, será ella quien asuma la responsabilidad política de mantener en su equipo a un concejal bajo sospecha de tráfico de influencias. La investigación judicial deberá determinar ahora si existió una instrucción interna o una omisión deliberada para que el responsable de Movilidad eludiera las sanciones que cualquier vecino de la ciudad está obligado a pagar.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la pieza principal del caso Hispano Almería, en concreto la pieza separada que investigaba presuntas contrataciones irregulares de obra pública a través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. La juez da así carpetazo a un caso que cuya investigación se inició en 2014, al considerar que no se aprecian indicios suficientes sobre la comisión de delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, entre otros.

En su auto dictado el pasado 15 de enero, la magistrada Ana Belén Vico incide en el último informe policial emitido sobre las actuaciones urbanísticas y adjudicación de obras a la mercantil en Roquetas de Mar entre los años 2000 y 2010 sin que, del examen de los documentos realizado, se puedan determinar “graves irregularidades” en la contratación.

Del mismo modo, y conforme a la petición de archivo realizada por la Fiscalía, tampoco se han podido determinar plenamente la existencia de operativas por parte de los investigados para la “ocultación” de parte de las ganancias que se habrían obtenido con contratos amañados o posibles delitos contra la Hacienda Pública. Las acusaciones llegaron a pedir la imputación de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y que también fue presidente tanto de la Diputación como del PP almeriense.

La juez llega a subrayar el giro radical dado por la Fiscalía en este caso, tanto que en un último informe –“cuyos fundamentos son íntegramente compartidos por esta Instructora– concluye ”modificando sustancialmente“ sus denuncias anteriores. Tanto, que subraya ahora que ”no se han detectado graves irregularidades“ que puedan ser constitutivas de delito.

Un caso que arrancó en 2014

Las actuaciones se iniciaron en 2014 con base en una serie de recibís, facturas y una libreta de anillas aportadas ante la Fiscalía, que habrían sido encontradas en un contenedor de basura, en las que se recogían supuestos pagos a técnicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Estos indicios llevó al Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de Málaga a realizar un primer informe policial en el que se detectaron “irregularidades” en la tramitación de los 62 procedimientos, aunque el mismo informe apuntaba “la falta de documentación en varios de estos expedientes”, que fue solicitada al Consistorio roquetero. El informe recordaba que en 2003 hubo elecciones municipales, constando la entrega de 36.000 euros asociados a la “campaña electoral Roquetas de Mar”.

Pero con la documentación adicional, la UDEF emitió un segundo informe sobre actuaciones urbanísticas relativos a la adjudicación de obras a la mercantil Hispano Almería en Roquetas de Mar sin que, a raíz de la misma, se apreciaran irregularidades sobre los delitos investigados. A estos informes se unen las “múltiples diligencias de investigación practicadas” entre las que se incluyen las declaraciones de investigados y testificales, además de otras pruebas documentales.

Recibís sin firmar

En este sentido, la jueza incide en que si bien destaca la existencia de unos recibís con la supuesta entrega de cantidades de dinero por los investigados, los mismos “no se encuentran firmados por ninguno de los supuestos receptores”. “Es evidente que es un indicio de delito, pero no se ha podido acreditar, suficientemente, la efectiva entrega/recepción de esas cantidades”, expone la juez, quien además apunta que ninguno de los informes policiales al respecto “acredita con claridad dicho extremo”.

Abunda además en el estudio de la documentación de la diversas sociedades, lo que tampoco ha permitido acreditar “fuera de toda duda” la existencia de esa supuesta entrega de dinero. “Es cierto que alguno de los investigados percibió cantidades de dinero con origen en la mercantil Hispano Almería, pero también lo es que lo fueron, al menos en apariencia, por prestaciones profesionales o negocios que estaban autorizados a realizar”, distingue la instructora.

La juez incide en la “compleja instrucción” llevada a cabo no sólo por la “profusa documental” practicada sino por la toma de declaraciones a investigados, técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, quienes “niegan categóricamente los hechos”.

Sin la “gravedad necesaria”

De este modo, asevera que de lo investigado no se ha podido acreditar, por una parte, irregularidades en la tramitación de los expedientes; y, por otra parte, el supuesto cobro de comisiones desde el Ayuntamiento roquetero para “favorecer a cualquiera de las empresas investigadas en la adjudicación de obras públicas”.

De todo ello, la juez concluye que “no concurren los requisitos expresados para estimar acreditado siquiera indiciariamente que por persona alguna determinada se haya cometido un presunto delito de prevaricación o de cualquier otro ilícito penal, no adoleciendo las posibles irregularidades que pudieran derivarse de los expedientes analizados, de la gravedad necesaria para ser relacionadas con una posible actividad criminal”.

El Ayuntamiento de València que dirige María José Catalá sigue envuelto en la opacidad pese a las advertencias de los organismos estatutarios. El consistorio de PP y Vox desoye al Síndic de Greuges y no trasladará a la oposición la identidad de las empresas con las que trabaja o ha trabajado el concejal apartado de la mesa de contratación, José Marí Olano, tras la resolución del Síndic de Greuges. Marí Olano se ha abstenido en numerosos procesos desde que fue nombrado delegado de contratación en abril, algunos contratos millonarios del consistorio, a los que han concurrido firmas con las que ha trabajado. Fue apartado de esta responsabilidad en diciembre por una cuestión de transparencia, aunque el consistorio sigue negando la información sobre sus relaciones profesionales.

El consistorio envió un escrito al órgano estatutario que encabeza Ángel Luna en el que rechaza la recomendación, motivada por una queja de la concejala del PSPV Elisa Valía, que reclamó que se informara sobre a qué empresas ha asesorado como abogado el edil de contratación -apartado en diciembre-, que puede ejercer la actividad privada, dado que él mismo se abstuvo para evitar incompatibilidades. El Síndic consideró que el Ayuntamiento debía dar esta información aunque no constara en el registro de actividad porque Marí Olano la habría comunicado al abstenerse para que alguien lo comprobara.

El edil cuestionado vuelve a defender que la identidad de las empresas viene amparada por el secreto profesional -“la identidad de las partes es la primera información de toda relación de servicios profesionales”, afirma- y rechaza que sea una información necesaria para la fiscalización de su activiad. Considera que no hace falta saber con qué empresas trabaja para vigilar que la firma o grupo pueda recibir alguna ventaja en procesos de contratación y realiza una comparativa algo hiperbólica: pedir el nombre de empresas con las que ha trabajado el concejal de contratación, argumenta, es como pedir que el concejal responsable de las sanciones detalle sus amistades y enemistades para comprobar que no hay multas de más o de menos, o pedir el nombre de familiares del responsable de tributos para comprobar que no hace la vista gorda en la recaudación de tasas e impuestos municipales.

En el documento remitido al Síndic, suscrito por el concejal cuestionado, el propio Marí Olano realiza un repaso léxico-gramatical de la resolución para concluir que Luna se equivoca en su planteamiento. En primer lugar arranca señalando que la información no se puede facilitar a la oposición porque el concejal nunca se la ha facilitado al Ayuntamiento. El edil, que siempre se ha amparado en el secreto profesional de la abogacía para omitir estos datos, no tiene ningún reparo en reconocer que “nunca la ha comunicado, declarado, manifestado o de cualquier otra forma revelado a órgano unipersonal o colegiado, autoridad o funcionario alguno del Ayuntamiento de Valencia”.

El concejal Marí Olano, blindado por el equipo de gobierno, acude a la Real Academia de la lengua Española para defender su postulado, en un tono que roza la mofa: “Nótese que el Síndico de Agravios utiliza en su argumentación el verbo poder, y lo hace, además, en el modo condicional, podría (...) En la primera acepción del verbo poder como verbo transitivo, el diccionario de la Real Academia Española lo define como ”tener expedita la facultad o potencia de hacer algo“, y verdaderamente el concejal José Marí Olano tenía expedita la facultad o potencia de revelar la identidad de la persona o personas a las que había prestado servicios profesionales. Pero facultad no es deber, y potencia no es acto, por lo que, pudiendo, el concejal no lo hizo”.

Tras el repaso de los modos y tiempos verbales, en el que se explaya explicando el condicional y cuestionando las jerarquías en la administración — “el titular de la Alcaldía no es a ningún efecto el superior jerárquico de un concejal (...) es el concejal -junto con el resto de miembros de la Corporación- el que elige al alcalde, y es el concejal -junto con el resto de miembros de la Corporación- el que puede removerle de su cargo”, afirma en un escrito rajoyesco— Marí Olano apunta que las abstenciones de los concejales no tienen que ser aceptadas o rechazadas, se realizan y punto, y se les sustituye por otro. Explica, además, que solo comunicó las abstenciones a quien debía conocerla para que constara: a la jefa del Servicio de Contratación -quien tramita los procedimientos de contratación-, la secretaria de la Mesa de Contratación y el vicesecretario general del Ayuntamiento, quien ostenta la secretaría de la Junta de Gobierno Local.

Así, concluye Marí Olano, la recomendación es imposible de cumplir “cuando el Ayuntamiento de Valencia no dispone de tal información, que por ende no es pública, ni tiene el derecho o la obligación de reclamársela al concejal José Marí Olano, ni éste tiene el deber de facilitar la referida información al Ayuntamiento de Valencia”. Seguirá sin proporcionar la relación de empresas con las que ha trabajado.

El ya expresidente de la Generalitat Carlos Mazón repartió en su primer ejercicio completo al frente del gobierno valenciano 16,5 millones de euros en publicidad institucional. Fueron 7,5 millones de euros del Consell y 9 del llamado sector público instrumental, las empresas públicas, durante el 2024. La cifra rebaja ligeramente la del año anterior, un híbrido entre el Consell del Botánico y el primer gobierno de PP y Vox, cuando el montante total fue de 17,4 millones de euros.

El ya expresidente Mazón 'regó', como es habitual, a los grandes grupos de prensa, las cabeceras tradicionales de papel y las radios consolidadas, pero aportó una novedad sustancial respecto al mandato de PSPV y Compromís: el crecimiento de algunos medios digitales. El Español, Esdiario y Okdiario han sido los principales beneficiarios en la nueva etapa. En estos casos destaca no solo el volumen publicitario sino su origen: principalmente, de Presidencia de la Generalitat.

El departamento que lideraba Carlos Mazón, de donde pendía la dirección general de promoción institucional, repartió 3,8 millones de euros en 2024. Sin embargo, el gran benefactor de la publicidad institucional en términos absolutos es Turisme Comunitat Valenciana, con más de 6,3 millones de euros en acciones de promoción y publicidad. Tras ellos se encuentra la Conselleria de Sanidad, con 1,9 millones de euros, y Educación, con 1,1 millones de euros en el último ejercicio completo.

El Consell de Mazón fue consolidando el crecimiento de algunos medios digitales, que en la anterior legislatura apenas percibían publicidad institucional. El Español fue el digital más agraciado por la Generalitat Valenciana: recibió 274.000 euros, de los que 129.000 euros vienen directamente de Presidencia de la Generalitat y 88.000 del sector público instrumental. Le sigue Esdiario, que obtuvo un total de 171.542 euros, de los que más de 70.000 proceden directamente de Presidencia. Tras este medio llega el digital OkDiario, que obtuvo 148.000 euros de publicidad institucional. De nuevo, el principal montante llegó directamente desde el departamento que encabezaba Mazón, con 74.395 euros en 2024. En la misma línea, El Debate recibió 88.000 euros, más de un tercio procedente de Presidencia. EDATV (Estado de Alerta, plataforma web) obtuvo casi 25.000 euros.

La prensa de papel y sus versiones digitales siguen dominando la publicidad institucional. Llama la atención Editorial Prensa Ibérica (EPI), que con el Consell de Carlos Mazón se lleva cerca de un millón de euros, de los que la mitad corresponden a su principal periódico, Levante EMV, que entre la publicidad de la web y el papel supera el medio millón de euros. EPI edita también El Periódico Mediterráneo, Superdeporte e Información, con dos televisiones. El diario Información, de referencia en Alicante, se acerca a los 250.000 euros en publicidad institucional.

Le sigue muy de cerca el Grupo Prisa, que bordea el millón de euros entre sus cabeceras de prensa y las radios. El periódico El País recibió en torno a 140.000 euros de publicidad institucional, pero son las radios las que hacen crecer al grupo. Solo la Cadena Ser, con sus múltiples emisoras en la Comunitat Valenciana, supera los 700.000 euros en publicidad institucional, más de un tercio proveniente del sector público instrumental. A la ecuación hay que añadir la Cadena Dial y la emisora musical Los 40 principales, que recibe más de 95.000 euros de la Generalitat Valenciana.

En tercer lugar, se encuentra la Cadena Cope, cuyo grupo también es propietario de Cadena 100. Ambas emisoras superan los 800.000 euros en publicidad institucional. Solo Presidencia aportó 198.000 euros en campañas publicitarias a la emisora conservadora, que recibió también 248.000 euros de las empresas públicas. Onda Cero le sigue de cerca, con 584.000 euros, a los que se suman 33.000 de la emisora Europa FM, del mismo grupo. La preferencia del ya expresident por las radios respecto al resto de medios de comunicación es evidente.

En conjunto, el Grupo Atresmedia/Planeta (de quien dependen La Razón, Onda Cero, Antena 3 y La Sexta) obtuvo más de 1,5 millones de euros, el principal grupo mediático en publicidad institucional valenciana. Mediaset superó los 850.000 euros

El grupo Vocento, que edita Las Provincias y ABC, obtuvo más de 660.000 euros en publicidad institucional. La cabecera preferida en este caso fue Las Provincias, que entre web y papel obtuvo más de medio millón de euros, mientras que ABC rondó los 150.000 euros en publicidad institucional y del sector público.

Respecto a cabeceras nacionales con delegación en la Comunitat Valenciana, el diario El Mundo, que separa su cabecera de Castellón, superó los 420.000 euros, principalmente procedentes de Presidencia, Sanidad y el sector público instrumental. La Vanguardia obtuvo cerca de 190.000 euros, mientras que La Razón percibió unos 148.000.

Son llamativos los recursos que transfirió en publicidad institucional a medios locales como El Periodic, el digital radicado en Borriana y administrado por Magdalena Gutiérrez López, con 179.420 euros; El Periódico de Aquí, con 174.11 euros, o la televisión pública À Punt, que ingresó 379.000 euros.

En cuanto a los nativos digitales, El Confidencial obtuvo cerca de 96.000; la mitad, de las empresas públicas. El Grupo Plaza, editor de Valencia Plaza, Alicante Plaza, Castellón Plaza y la Revista Plaza suma unos 186.000 euros, de los que más de 100.000 proceden de las empresas públicas. elDiario.es recibió 27.241 euros en campañas de las consellerias y 6.550 de empresas públicas, un resultado infinitamente inferior al que han recibido cabeceras con mucha menos audiencia. Todos los datos pueden consultarse en el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha emitido una severa advertencia a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al detectar “incumplimientos muy significativos” en la legalidad de la contratación de emergencia para paliar los daños de la dana de 2024. El organismo fiscalizador pone el foco en las adjudicaciones que hizo el Consell de Carlos Mazón, que tramitó un volumen provisional de contratos por un valor superior a 119 millones de euros hasta junio de 2025 sin la debida justificación ni control.

El informe alerta que, si bien la rapidez era necesaria, la falta de una correcta estimación de precios y de un proyecto constructivo previo ha provocado desviaciones significativas durante la ejecución, obligando a FGV a modificar contratos y generar más gasto.

La Sindicatura subraya que la prisa en la tramitación comprometió principios básicos de la contratación, como la concurrencia y la transparencia. La auditoría encontró que en varios expedientes clave no existe documentación que justifique de manera objetiva la elección de las empresas adjudicatarias, más allá de su capacidad para el inicio inmediato de las obras.

A estas deficiencias se sumaron otras irregularidades, como el fraccionamiento indebido en contratos menores, y un retraso en la formalización de las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), que deberían haberse presentado al inicio de las adjudicaciones, pero se completaron meses después.

Los principales paquetes adjudicados

Las adjudicaciones de mayor cuantía se concentraron en las obras de infraestructuras esenciales para reactivar el servicio ferroviario, siendo la reconstrucción del complejo de València Sud y la rehabilitación de la red de vías los paquetes principales.

El contrato más voluminoso de la muestra fiscalizada fue para la rehabilitación de la playa de vías en València Sud, que alcanzó un importe de 15.939.389 euros (sin IVA). Asimismo, la reconstrucción integral del complejo ferroviario de València Sud se dividió en tres lotes principales, sumando un coste total de 19.023.340 euros (sin IVA).

Adicionalmente, se tramitó un contrato para la reposición de las instalaciones de seguridad ferroviaria en el tramo Sant Isidre-Torrent por 8.813.400 euros, la rehabilitación del puente ferroviario sobre el barranco de Poyo en Paiporta por 4.242.017 euros, y el servicio substitutorio de autobús para el corredor sur, que ascendió a 3.694.959 euros.

Las empresas adjudicatarias

Según los números de los expedientes identificados en el informe se pueden desgranar las empresas que obtuvieron las mayores adjudicaciones.

Vías y Construcciones, S.A. se hizo con el contrato para la rehabilitación de la platja de vies en València Sud, el de mayor importe de la muestra, por 15.939.389 euros.

En cuanto a la reconstrucción del complejo de València Sud, los tres lotes fueron a parar a tres empresas diferentes. Torrescámara C., S.A. se adjudicó el lote principal para el edificio central por 9.496.200 euros, además de obtener el contrato para el puente de Paiporta por 4.242.017 euros.

Por su parte, Víalobra, S.A. ganó el lote para el edificio de operaciones por 4.833.780 euros, y Eigerman Construcción, S.L.U. (que corresponde a Eiffage Infraestructuras) se adjudicó el lote de los edificios de talleres por 4.693.360 euros. Finalmente, Siemens Mobility, S.L.U. fue la principal adjudicataria en sistemas de seguridad, con contratos que sumaron más de 10,5 millones de euros, incluyendo la reposición de instalaciones de seguridad ferroviaria por 8.813.400 euros.

Recomendaciones de la sindicatura

La Sindicatura de Comptes exige a FGV subsanar urgentemente estas deficiencias y dirige al Consejo de Administración una serie de recomendaciones para mejorar la gestión y reforzar el control interno.

Estas medidas incluyen la necesidad de reforzar los medios humanos y técnicos de la unidad de contratación para optimizar la gestión económica. En el ámbito del control interno, señala que se debe incluir entre las funciones del auditor interno la verificación del cumplimiento de los criterios de adjudicación y de las condiciones de ejecución de los contratos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto a pisar la Diputación de Almería. Después de que en 2021 lo hiciese para detener al entonces vicepresidente, Óscar Liria, en esta ocasión ha hecho lo propio con Aureliano García y Fernando Giménez, presidente y vicepresidente del ente provincial respectivamente, y que ha sido suspendido de militancia. Junto a ellos, también ha sido detenido el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Los tres, que son cargos del Partido Popular, están siendo investigados en el marco del 'Caso Mascarillas', que investiga la creación de un entramado para lucrarse ilegalmente a través de la adjudicación de contratos públicos.

Las detenciones, que no han sorprendido en Almería porque hacía tiempo que se sospechaba que se estaban realizando nuevas pesquisas que podrían volver a estrechar el cerco sobre la Diputación, vuelven a situar en el foco lo sucedido durante los peores meses de la pandemia de la Covid-19 en 2020. A los casos conocidos en todo el país como la trama Koldo o el del novio de Ayuso, Alberto González Amador, que presuntamente se lucraron con comisiones por la venta de mascarillas, se sumó también en la primavera de aquel año la institución provincial almeriense. Según la investigación judicial, iniciada en 2021, altos cargos de la Diputación están relacionados con la creación de un entramado para lucrarse a través de la adjudicación de contratos públicos.

En concreto, el entonces vicepresidente, Óscar Liria, habría obtenido dinero ilícito tras sellar un contrato para la compra de mascarillas con una adjudicación urgente con Azor Corporate Ibérica, una entidad controlada por Killian López, amigo suyo de la infancia. Según la investigación de la UCO, aquel contrato se cerró por dos millones de euros y la trama se habría quedado con comisiones que oscilaban entre los 200.000 y los 400.000 euros. De hecho, el propio Liria fue sorprendido con casi 30.000 euros en efectivo en su casa en el momento de la detención. Su tío y su primo fueron sorprendidos con otros 120.000 euros en el maletero de un Mercedes de alta gama. Algo por lo que Liria fue expulsado del Partido Popular y es considerado uno de los principales investigados de la trama.

Según la investigación de la UCO, los miles de euros que habría obtenido Liria de la contratación de los productos sanitarios habrían sido destinados a adquirir un par de vehículos de alta gama para sus familiares, inmuebles e incluso una administración de lotería en Adra a través de terceros. Además, los investigadores centraron sus pesquisas también en otra empresa, llamada Pulconal, que se dedicaba a arreglos de cementerios y parques infantiles. Al parecer, según las pesquisas, esta compañía, también gestionada por Killian López, habría recibido un número considerable de contratos menores en apenas tres años por parte de la Diputación.

Y no sólo eso, la UCO también encontró intercambios de mensajes de WhatsApp entre el propio Killian y Francisco Liria -hermano de Óscar- en los que se preguntaban sobre posibles adjudicaciones durante la primavera de 2020. Adjudicaciones de las que Pulconal presuntamente se retiraba para que los contratos fuesen concedidos a OYC Servicios Urbanos, una empresa de Fines, la localidad del alcalde que acaba de ser detenido, Rodrigo Sánchez.

En total, 17 personas fueron detenidas en ese momento investigadas por cohecho en una trama que investiga desde 2022 el Juzgado de Instrucción 1 de Almería. De hecho, las declaraciones de estos primeros implicados acabaron el pasado mes de marzo, lo que dejaba la investigación en suspenso hasta las detenciones que se han producido ahora del presidente y del vicepresidente de la Diputación de Almería y del alcalde de Fines -tío de Óscar Liria-.

El presidente popular en el foco

La investigación judicial se centra en la compra no solo de mascarillas, sino de equipos de protección y guantes que el propio Aureliano García, ya entonces presidente de la Diputación, habría firmado en abril de 2020 con Azor Corporate Ibérica, una empresa dirigida por Killian López a quien la UCO investigaba entonces por un caso de narcotráfico, venta de armas y blanqueo de capitales. Esa investigación fue archivada por un juzgado en 2023, pero el contrato de las mascarillas se convirtió en motivo de sospecha para la UCO desde el primer momento y el hecho de que lo firmase Aureliano García lo sitúa como objeto de la investigación.

No en vano, García accedió al cargo de presidente de la Diputación de Almería tras la renuncia de Gabriel Amat, hoy alcalde de Roquetas de Mar y uno de los pesos pesados del Partido Popular de Almería. Amat ha aparecido señalado recurrentemente en presuntas tramas de corrupción urbanística en las que ha llegado a ser imputado, pero nunca condenado. De hecho, tanto Óscar Liria como Aureliano García fueron aupados a puestos de responsabilidad tanto en la Diputación como en el Partido Popular durante la dirección de Amat. Es más, García es actualmente el máximo dirigente de los populares andaluces y desde la política local se considera que ambos han estado siempre a la sombra de Amat, siendo este quien mandaría en última instancia.

Pese a que estas nuevas pesquisas estrechan el cerco no solo contra la Diputación de Almería, sino contra la dirección del Partido Popular almeriense, en la que Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, es el secretario, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, dice no tener “ninguna información” y “desconocer las causas” por las que Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez han sido detenidos. Añade, además, que desde los populares almerienses dicen no saber tampoco nada.

Por su parte, Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz, ha asegurado que van a prestar “máxima colaboración ” a la Justicia para que se aclare este nuevo episodio. El PSOE califica los hechos como una prueba de que el PP tiene más agenda en los juzgados que en los despachos tanto en Sevilla -en referencia a la crisis de los cribados- como en Almería. Vox, por su parte, anuncia que harán “todo lo posible” para presentarse como acusación particular.

También desde la oposición de izquierdas en Andalucía y Almería señalan directamente a la responsabilidad del PP por no tener mano dura contra la presunta corrupción. Mientras Antonio Maíllo, coordinador de IU, apunta a que “algo huele a podrido” y que no es “algo puntual”, desde Podemos Almería señalan que “no es un episodio aislado ni un mal sueño del que despertemos sin consecuencias”. Para los morados, “es la prueba palpable de que durante los momentos más duros que vivió nuestra sociedad -cuando miles de familias perdían seres queridos y el personal sanitario luchaba sin medios suficientes- algunos vieron una oportunidad de negocio”.