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Favores ‘normales’

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Al fin y al cabo: ¿no se le criticó por lo mismo al juez Parramón cuando descubrió en aquellas escuchas telefónicas que su jefe, el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Martín, mantenía secretas relaciones de presunto tráfico de influencias con el narcotraficante Rafael Bornia? ¿No hubiera sido mejor para su futuro callarse a tiempo, dar carpetazo a la investigación, centrarse exclusivamente en el caso Eólico, en vez de remitirlo al TSJC? Ahora, en medio de este estruendo apadrinado por el miedo de los que se saben en pecado y con su extraordinaria impunidad cortada en jirones, se nos viene a la memoria que los incentivos regionales se han venido repartiendo digitalmente, a gusto de los gestores de Coalición Canaria, sin que jamás se desatase un escándalo. El que un empresario elegido por el régimen aguardase en su oficina por una oferta del político de turno es normal; el que ese político se presentase en el despacho de un empresario y le anunciase el regalo por la cara de 3.000 millones de las antiguas pesetas, también; el que la clase política negociase la compra de una empresa para un consejo de administración compuesto por destacados señores que aparecen con sus consoladoras dádivas en campaña electoral, es de sobra conocido y, por lo tanto, costumbre asumida y aceptada. ¿En cuántos encuentros públicos no se le acercan al presidente empresarios de todas las tendencias y cada uno de ellos le cuenta lo suyo, la marcha de su negocio, lo que para él sería necesario que el gobierno hiciese para mejorar su cuenta de resultados? ¿Acaso a un destacado empresario no le fue bloqueada su participación en el Palacio de Congresos de Maspalomas porque interfería los planes de otros emprendedores tinerfeños?... Y ¿qué porcentaje de amiguismo hay en las decisión presidencial de favorecer los negocios de su amigo Pedro Luis Cobiella y, por el contrario, en entorpecer los de los propietarios de la clínica de Meloneras, entre los que se cuentan sus desafectos Mario Rodríguez, Sergio Alonso y Germán Suárez?... ¿Dónde está la separación en el Archipiélago entre el arte de la política y los puros intereses empresariales? ¿Nos vale como ejemplo el 20% que a nivel de comisión política se exigía en Telde? ¿El chanchulleo que se pasea con absoluta libertad en el caso Eólico? ¿La graciosa elección de los empresarios del gas? ¿La graciosa elección de los empresarios para el Istmo? ¿El pelotazo supuestamente pactado entre empresarios y políticos en el caso de Las Teresitas?... Sobre el asunto que nos ocupa. El empresario Santana Cazorla está hasta el cuello por la herencia de Björn Lynn en Anfi Tauro. Ya se sabe que Lynn era un derrochador encantador que presumía hasta de lo que no tenía. Las deudas son cuantiosas, los números rojos aparecen de debajo de las piedras y, de repente, descubre que su tabla de salvación reside en las 3.600 camas que un día el noruego “arregló” con Soria tras aquel sospechosísimo “viaje del salmón”. Para que esas 3.600 camas especiales, al margen de la moratoria en vigor, reciban el aprobado cuenta con el apoyo del PP, y necesita el de CC. El Gobierno debe formular una posición favorable, y que esa posición sea posteriormente avalada por el Parlamento. Pero el ejecutivo tiene otra visión: repartir salomónicamente las camas entre Eustasio López y él, de modo que a Cazorla le tocarían entre 1.600 y 1.700. Es decir: si cada cama en el Sur cuesta cuatro millones de las antiguas pesetas, y Cazorla tenía un comprador preparado (¿Sheraton?), calculen el tamaño de la operación, sobre todo hagamos el cómputo de los millones de euro que se pierden. Lo cierto es que Santiago Santana llama en varias ocasiones a Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente, y cada llamada es un reproche, una continuo requerimiento para que acceda a darle las 3.600 camas. Su tono es duro, implacable, da la sensación de que alguien le prometió un tesoro y ahora quieren engañarlo (¿quién?: ¿Soria o el gobierno de CC?). El consejero le responde invariablemente que lo están estudiando, que intentarán hacer lo que puedan, que será muy difícil llegar a esa cantidad. Insiste Santana con el director de Comunicaciones, Salvador Iglesias. Son cinco o seis llamadas. Iglesias asegura que él nunca se sintió amenazado, pero lo que se entrevé es que el empresario está hondamente preocupado, que para él es un asunto de vida o muerte, así una y otra vez hasta que requiere la intervención directa del presidente. Con Adán Martín habla una sola vez. A consecuencia de esa conversación Martín le desbloquea el contacto con Berriel y es Berriel quien le aguardaba en su despacho hace dos lunes para una cita que nunca se celebró. Un colaborador suyo se lo anunció a las diez de la mañana: Santana Cazorla ha sido detenido en el aeropuerto por la policía. Una pregunta para terminar: ¿por qué temas de carácter administrativo no se sustancian como en otros lugares mediante cartas, informes por escrito, correspondencia entre las dos partes? El presidente de una autonomía seria, ¿se pone al teléfono y escucha a un empresario, del que ya sabe por su jefe de gabinete que le va a proponer un trato de favor?

Francisco J. Chavanel

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