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Las dos ex cargos del PP cobraban del sindicato de Cádiz

CATIS / NUEVO ESCÁNDALO EN LA SANIDAD CANARIA

Expedían títulos de la Essscan a sabiendas de su falsedad y a cambio de dinero.

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Las dos ex directoras de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan), Inmaculada Acosta Artiles y María Rosa de Haro Brito, nombradas por el PP de Canarias durante la etapa de Mercedes Roldós al frente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, llegaron a percibir dinero del sindicato ficticio SIT de Cádiz, dentro de la trama dedicada a expedir titulaciones académicas falsas que ha sido desarticulada por la Guardia Civil en Cádiz, Badajoz y Canarias.

Inmaculada Acosta, junto a Mercedes Roldós y José Manuel Soria.

Inmaculada Acosta, junto a Mercedes Roldós y José Manuel Soria.

La operación Catis se desató en Cádiz el 27 de octubre pasado, después de casi un año de acopio de pruebas por parte de la investigación policial y judicial. Y tras la detención de seis personas ese día -el secretario general, la coordinadora, el tesorero y tres empleados del denominado Sindicato Independiente de Trabajadores (SITCA)-, de los registros realizados en el domicilio de Eladio Patricio Gracia Sádaba, secretario general del SIT en privisión provisional desde entonces, y en la propia sede del sindicato ficticio, de la documentación hallada se determinó una nueva operación el 23 de noviembre.

Fue ese día cuando se produjo la detención de Inmaculada Acosta Artiles, ex secretaria general del Servicio Canario de Salud entre julio de 2007 y abril de 2008 y desde entonces hasta octubre pasado directora de la Essscan.

La investigación judicial que lleva adelante Instrucción 4 de Cádiz la señala como la persona que firma los diplomas a los alumnos del SITCA. A sabiendas de que los mismos no se han realizado, durante diferentes fechas y a cambio de cierta cantidad de dinero pagado por el sindicato, autoriza la expedición de esas titulaciones con el logotipo de la Escuela canaria.

Inmaculada Artiles, concejal electa del PP en el Ayuntamiento de Telde en 2007 - renunció a su acta para hacerse cargo de la secretaria general que ahora ostenta Lourdes Quesada, implicada en el caso de la hemodiálisis-, fue la única detenida en Canarias. Sin embargo, su antecesora en el cargo, María Rosa de Haro Brito, figura en el sumario como imputada no detenida por los mismos motivos que Inmaculada Artiles: firmar diplomas de la Essscan a sabiendas de su falsedad y a cambio de cierta cantidad de dinero pagado por el sindicato.

La tercera imputada canaria en esta operación, también por falsedad documental, es Carmen Nieves Cáceres Pérez. En su calidad de secretaria general de la Escuela -hasta abril de 2008- es la persona que ratifica y firma en 2004 un acuerdo de colaboración con el SITCA, inédito hasta la fecha, sobre la formación que debía impartir el sindicato en Cádiz bajo el paraguas legal de la Essscan. La investigación considera que por su cargo debería tener conocimiento de que las titulaciones supuestamente son fraudulentas.

Oposiciones y bolsas de trabajo andaluzas bajo sospecha

El caso Catis podría tener derivaciones ilícitas por presuntos accesos fraudulentos a la función pública. En el sumario del caso figura unas presuntas consecuencias ilícitas de la obtención fraudulenta de titulaciones homologadas tanto por la Essscan como la mercantil extremeña Previn Consultores SL, en su mayoría diplomas ficticios principalmente del denominado Curso Básico de Riesgos Laborales.

Se derivaría de ello que estas titulaciones falsas que reportaron al menos 1.4660.533,30 euros al SITCA entre 2007 y 2009, valoradas posteriormente en la Bolsa de Trabajo de la Junta de Andalucía, sobre todo para acceder a puestos de trabajo en el sector sanitario, supondría un grave riesgo en los casos de que un falso alumno accediera a un puesto de trabajo para el cual no estaría capacitado.

Entre esos puestos de trabajo, los requisitos exigían conocimiento en riesgos laborales, primeros auxilios, manejo de aparatos sanitarios complejos, entre los cuales quedarían afectados cientos de opositores a concursos públicos de los últimos años, en especial de la Junta de Andalucía.

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