La juez impulsa la vista oral por el caso El Trompo
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Orotava, Nuria María del Prado Medina Martín ha iniciado el último tramo del procedimiento que podrá desembocar en la celebración del juicio oral contra el alcalde de esta localidad, Isaac Valencia, el empresario Ambrosio Jiménez, el arquitecto municipal, Melecio Tamajón Hernández, el secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos de Tomás Martí y la secretaria accidental, Adela Díaz Morales.
En estos momentos el empresario permanece como imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio mientras que el alcalde y los funcionarios lo están por supuesta prevaricación urbanística. Los hechos se remontan al año 2002 cuando el concejal de la formación política IPO-Los Verdes, José Manuel Hernández Hernández denunció ante el Juzgado que el edificio multiusos y centro comercial conocido como El Trompo se estaba construyendo sobre un suelo rústico potencialmente productivo.
De esta manera ya a principios de 2002 se pudo constatar que se estaba llevando a cabo el alzado del edificio después de los trabajos previos de desmonte y movimiento de tierras. Por decreto del alcalde a finales de ese ejercicio se procedió a la legalización del inmueble que tenía cuatro plantas más sótano y una superficie total de 56.285 metros cuadrados. Desde entonces se mantiene la sospecha de que se había omitido cualquier fase del procedimiento “legalmente establecido para llevar a cabo actuaciones” en este tipo de suelo, “y sustrayendo a otros organismos con competencias en la materia el pronunciamiento que la ley establece” para edificar en estos solares, “a sabiendas de cual iba a ser el resultado”. Tal y como aparece reflejado en un auto emitido hace escasas fechas por la juez.
Según Prado Medina el decreto que otorgó la licencia establecía como condiciones de una parte el cumplimiento de la normativa del Plan Parcial Sector 10 con fundamento de los informes externos y de alguno de los técnicos municipales sin esperar a que se cambiara este planeamiento. De esta manera se otorgó una licencia de legalización que se sospecha que puede ser “contraria a la normativa urbanística aplicable y a la Ley del Suelo canaria e incluso obviando el trámite de calificación territorial y la necesaria obtención previa de la licencia de instalación de actividad”. Por ello, en el auto ahora emitido la titular del Juzgado considera que “el encaje penal de la conducta de los funcionarios podría ser un presunto delito de prevaricación porque la jurisprudencia viene admitiendo la participación en calidad de cooperador necesario en aquellos supuestos del funcionario que participe en un proceso dirigido a la adopción de una resolución con una intervención administrativa”.
La juez refleja que los empleados públicos pudieron participar en mayor o menor grado en la adopción de los acuerdos por medio de los cuales se concedió licencia de obra mayor para la legalización de las obras del proyecto reformado y autorización de primera ocupación y legalización de lo ya construido. La magistrada ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes personadas para que ofrezcan su parecer sobre la apertura del juicio oral y la derivación de la causa judicial a la Audiencia Provincial (AP).
A finales del pasado año la representación de los imputados, Valencia, Tamajón, Tomás y Díaz habían señalado ante esta última instancia judicial que la continuación de las diligencias no sólo era inútil sino incluso perjudicial y consideraban que el arquitecto municipal no podía ser responsable de los hechos que se le atribuían y por ello pedían el archivo de la causa. El presidente de la sección sexta de la Audiencia, Juan Carlos Toro Alcaide, sin embargo rechazó esta petición al considerar que el Juzgado de Instrucción estaba buscando indicios racionales de la presunta comisión de los delitos.
La Audiencia estima también que todavía no se puede descartar la participación de los funcionarios en los hechos que se están investigando y da por constatado que todos ellos estuvieron involucrados de una u otra forma en el caso que ahora se está estudiando. Los imputados también se quejaron de la excesiva duración del procedimiento judicial que se extiende ya por más de una década a lo que el magistrado de la Audiencia responde que se han seguido los trámites habituales con el fin de no convertir esta causa en “papel mojado”. Jiménez, por su parte, también presentó alegaciones que iban en el mismo sentido al indicar que la investigación se había alargado durante demasiado tiempo y que se estaban llevando a cabo pruebas que a su juicio eran innecesarias o repetitivas. Argumentos que son igualmente rechazados por la Audiencia, con lo cual la acusación particular representada por el abogado, Pedro Arcila, considera que en estos momentos se da casi por segura la celebración del juicio.
